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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado Ponente
AP7365-2016
Radicación 47742
(Aprobado Acta No. 338).
Bogotá D.C., octubre veintiséis (26) de dos mil dieciséis (2016).
VISTOS:
Resuelve la Sala si admite o no la demanda de casación presentada por el defensor de RVC.
HECHOS:
Aproximadamente desde cuando tenía 6 años de edad, la niña YYY1, nacida en mayo de 1995, fue objeto de tocamientos y besos en sus genitales por parte de RVC, compañero de su progenitora. Ya cuando cumplió 12 años la accedió carnalmente en múltiples ocasiones en su residencia ubicada en la carrera (…) sur de Bogotá, situaciones que en forma detallada la menor relató a la esposa de su tío, MRCR, el 16 de noviembre de 2009, quien las puso en conocimiento de las autoridades.
ACTUACIÓN PROCESAL:
En audiencia realizada el 16 de septiembre de 2013 en el Juzgado 23 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se impartió legalidad a la captura de RVC y la Fiscalía le imputó la comisión de los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos en concurso homogéneo sucesivo. En la misma oportunidad le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Presentado el escrito de acusación, el 10 de septiembre de 2014 se realizó la correspondiente audiencia, en la cual la Fiscalía imputó las referidas conductas punibles.
Surtida la fase del juicio, el Juzgado 14 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá profirió fallo el 10 de junio de 2015, condenando a VC a 162 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor del concurso homogéneo de delitos de actos sexuales con menor de 14 años y lo absolvió por el concurso de accesos carnales abusivos. Le negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria.
La Fiscalía y la defensa impugnaron la sentencia. El Tribunal Superior de Bogotá la revocó parcialmente respecto de la absolución a través del fallo recurrido en casación, expedido el 11 de diciembre de 2015 y entonces, tasó la pena en 252 meses de prisión y 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
LA DEMANDA:
El defensor formuló un cargo por violación del debido proceso derivada de la afectación sustancial de su estructura y la garantía debida a las partes.
En su acreditación señaló que el Tribunal de Bogotá desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014, pues no ordenó el trámite del recurso de apelación contra el fallo condenatorio proferido por primera vez en segunda instancia y únicamente dio curso a la impugnación extraordinaria de casación.
Se violaron los artículos 8-2 de la Convención de San José de Costa Rica, 14-5 del Pacto de Nueva York, 6, 8, 10 y 20 de la Ley 906 de 2004 y 29 de la Constitución Política.
En suma, se privó a RV, aduce el defensor, de impugnar el fallo condenatorio proferido por el Tribunal, motivó por el cual se vulneró su derecho a la defensa. Entonces, solicitó anular la actuación desde “el evento procesal de la expedición del fallo de condena de segunda instancia, de fecha 11 de diciembre de 2015, para que se modifique la parte resolutiva, en su numeral segundo, parte segunda”, de modo que se establezca la procedencia del recurso ordinario contra dicha providencia de condena, para “tener la oportunidad de que su caso en vía de apelación sea estudiado por el superior, sin el apego a los formalismos y tecnicismos que le son propios al recurso extraordinario”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Según el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurso de casación se encuentra dispuesto para cuestionar la falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas, el quebranto del debido proceso y las garantías debidas a las partes, así como los errores en la apreciación de las pruebas sobre las cuales se ha edificado el fallo de segundo grado.
Entonces, si el actor en este asunto sólo censuró que no fue otorgada a la defensa la posibilidad de interponer recurso de apelación contra el fallo de condena proferido por primera vez por el Tribunal, es claro que erró el sendero para atacar la sentencia desfavorable a los intereses de su representado, en cuanto desdeñó el recurso de casación legalmente dispuesto para exponer su inconformidad y a la par propuso un recurso de apelación inexistente e imposible de activar según lo ha señalado esta Sala.
Además, como el demandante se limitó a reprochar el trámite posterior al fallo de segundo grado pero no atacó la sentencia, la acreditación de la materialidad del delito o la responsabilidad de su asistido ni tampoco la legitimidad del proceso, las pruebas, etc., encuentra la Corte que no debió acudir al recurso de casación, pues le correspondía simple y llanamente proponer la nulidad de dicha actuación que consideraba irregular, se reitera, en la medida que no cuestionaba el trámite anterior a tal providencia o lo decidido en ella, máxime si ni siquiera dejó constancia de su interés en interponer el recurso de apelación que echa de menos.
En efecto, en virtud del principio de legalidad contenido en el artículo 6 de la mencionada legislación procesal, que cita el recurrente, “Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio”, de manera que para comenzar, resulta por lo menos inconsistente solicitar a la Sala que honre dicho principio, para acto seguido demandar el trámite de un recurso ordinario de apelación no previsto por el legislador para los fallos de segundo grado.
Ahora, como ya se ha definido en otras actuaciones (Cfr. CSJ AP, 12 jul. 2016. Rad. 48012, CSJ AP, 24 ago. 2016. Rad. 48546, CSJ AP, 14 sep. 2016. Rad. 48512 y CSJ AP, 14 sep. 2016. Rad. 48675, entre otras), en cuanto la legislación procesal penal no prevé el recurso de apelación contra fallos de segunda instancia, carece la Corte de competencia reglada para definir su implementación y tanto menos está habilitada para actuar como tribunal de apelación en tales casos.
La Corte Constitucional en sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004 por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias y difirió sus efectos a un año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015. A su vez, en la sentencia de revisión de tutela SU-215 del 28 de abril de 2016, al delimitar los efectos y alcances de aquel fallo de constitucionalidad precisó que: (i) Surte efectos desde el 25 de abril de 2016. (ii) Opera respecto de sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria. (iii) Aunque en ella sólo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de tales decisiones dispuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal. (iv) La Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancias de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal.
Sobre el particular, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sesión del 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el cual señaló que “La impugnación en todos los casos de la primera condena dictada en el proceso penal es irrealizable porque ni esta Corte ni ninguna otra autoridad judicial en el país cuenta con facultades para definir las reglas que permitan poner en práctica la aspiración de la Corte Constitucional expresada en la sentencia C 792 de 2014”, además, “no está al alcance de la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de la justicia ordinaria y órgano de cierre, la creación de un superior jerárquico que revise las sentencias de sus Salas especializadas”.
No hay duda que una orden como la contenida en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que sólo puede adelantar el Congreso, por cuanto implica suplir un déficit legal normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos judiciales y la redistribución de competencias, entre otros aspectos2.
Desde luego, no sobra puntualizar que como ya lo manifestó esta Sala respecto de otra decisión de la Corte Constitucional, se advierte que tiene “poca familiaridad con el instituto de la casación”3, como a continuación se explica.
Básicamente, la Corte Constitucional considera que “el recurso de casación no satisface los estándares del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) no todas las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser inadmitido a discreción cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de la casación, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparación integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislación común; (ii) el tipo de examen que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa en el marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para efectuar revisar (sic) integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla general, en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista”.
Al respecto se tiene que en el ámbito de la comisión de delitos – como ocurre en este asunto – y conforme al artículo 181 de la Ley 906 de 2004, todas las sentencias de segunda instancia son susceptibles del recurso de casación, de modo que con la referida legislación ya no se distingue entre casación común y excepcional. Ahora, si los fallos de segundo grado por contravenciones penales no son susceptibles de tal impugnación, ello en nada desdibuja el problema abordado, en cuanto corresponde a otra hipótesis.
Es cierto que la demanda de casación puede ser inadmitida cuando se considere que la revision judicial no es necesaria para los fines de tal impugnación, pero no se trata de una potestad arbitraria o caprichosa, en cuanto exige que del contexto del escrito “se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso”, en consecuencia, corresponde a una facultad reglada y fundamentada que sustancialmente no recorta en modo alguno las garantías y derechos del impugnante.
Al respecto señaló esta Sala4: “Como puede verse el recurso extraordinario de casación en la Ley 906 de 2004 es eminentemente reglado, y el hecho de que la Corte deba superar los defectos de la demanda para decidir de fondo atendiendo los fines de la impugnación, no significa que el recurso sea discrecional o excepcional sino que se le dota de la libertad de selección del libelo, en todo caso sujeta a parámetros claramente establecidos por la ley”.
Por el contrario, el inciso 3º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal señala que “atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, (la Corte) deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”. Se trata de un mecanismo dispuesto para dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, que sin duda rebasa los alcances del recurso ordinario de apelación, en cuyo marco no es posible que el superior supere las falencias de una impugnación, en cuanto está sometido, de una parte, a la exigencia de adecuada sustentación so pena de imponerle declararlo desierto y, de otra, al principio de limitación, según el cual, el funcionario de segundo grado está sujeto a los temas propuestos por el recurrente y a aquellos inescindiblemente atados a éstos.
Debe recordarse que en la teoría general del proceso los recursos, entre ellos el de apelación y casación, cuentan con dos supuestos ineludibles. En primer lugar, deben ser propuestos, es decir, tienen carácter rogado, pues no hay lugar a tramitarlos de manera oficiosa, sino a pedido del interesado.
Y en segundo término, quien los propone debe tener legitimación en el proceso, esto es, contar con la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, además de legitimación en la causa o interés, que surge cuando la decisión es de alguna manera desfavorable a quien la impugna, y se pierde, cuando el interesado demuestra conformidad con lo que en ella se decide.
Como afirma la Corte Constitucional, en orden a demostrar que el recurso de casación es insuficiente al compararlo con el apelación, que “cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparación integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislación común”, se advierte que el tema civil no corresponde al derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias, según se colige del artículo 29 de la Constitución al señalar que “toda persona (…) tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria”, el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto dispone que “toda persona inculpada de delito tiene el (…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” y el artículo 14-5 del Pacto de Nueva York al establecer que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, máxime si así es expresamente aceptado en la misma sentencia C-792 de 2014.
En efecto, el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias se limita al ámbito punitivo. En la Observación General No. 32, el Comité Derechos Humanos señaló que “la garantía (…) no se aplica a los procedimientos para determinar los derechos y obligaciones de carácter civil ni a ningún otro procedimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal”.
No es acertado afirmar que “el tipo de examen que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa en el marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida”, pues si el recurso de casación se encuentra dispuesto para censurar la falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas, la vulneración del debido proceso y las garantías debidas a las partes, además de los yerros en la apreciación de las pruebas que sirvieron de pábulo a la sentencia de segunda instancia, no se advierte qué aspecto del fallo podría quedar por fuera del amplio espectro de tales causales.
Ahora, como también la Corte Constitucional señala que en la casación “el juez no tiene plenas potestades para revisar integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo”, encuentra la Sala que contrario a tal aserto, el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 establece que “En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”, de modo que esta Corporación cuenta con la facultad oficiosa de ocuparse de temas ajenos a los propuestos por el recurrente, mientras que en virtud del principio de limitación, cuando el superior resuelve el recurso de apelación, debe someterse, como ya se advirtió, a los temas objeto de impugnación y a aquellos inescindiblemente vinculados.
Tampoco es cierto lo manifestado por la Corte Constitucional al indicar que “en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista”. Se reitera, el inciso 2º del artículo 184 del estatuto procesal penal dispone lo contrario, a diferencia del recurso de apelación.
Entonces, si el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias comporta que todo fallo penal condenatorio pueda ser impugnado por el sancionado; que la controversia pueda ocuparse del contenido de la decisión judicial, así como de sus fundamentos normativos, fácticos y probatorios, en procura de conseguir una revisión integral del asunto y del fallo condenatorio; y que los planteamientos del impugnante sean estudiados por una instancia judicial diferente de la que lo condenó, para que sean por lo menos dos funcionarios los que determinen la responsabilidad penal y la sanción, considera la Corte que tales exigencias son satisfechas sobradamente por el recurso de casación, según se puntualiza a continuación.
1. Como ya se advirtió, todas las sentencias proferidas por delitos, como en este caso, son susceptibles del recurso de casación.
2. La controversia propuesta por el condenado no reprocha únicamente la decisión judicial, pues las causales de casación permiten cuestionar sus fundamentos normativos, como ya fue dicho, por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas, además de los fundamentos fácticos y probatorios por vía de censurar, de una parte, la violación del debido proceso y las garantías en el curso de la actuación y, de otra, los errores en la apreciación de las pruebas en las cuales fue sustentada en segunda instancia la condena.
3. Desde luego, con tal examen de la Corte en el recurso de casación, se consigue que los argumentos del sentenciado sean dilucidados por otra instancia y que por lo menos dos pronunciamientos judiciales determinen la responsabilidad penal y la correspondiente punibilidad.
No en vano el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aceptado que el recurso de casación, en cuanto comporte el análisis detallado y minucioso del caso, de los hechos, las pruebas y las normas, así como de las irregularidades planteadas por el condenado, es apto y eficaz para concluir que no se violó el artículo 14-5 del Pacto de Nueva York5.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado sobre el tema que “independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una sentencia errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho”6.
Dado que la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014 citó los ejemplos de Costa Rica y Argentina, en los cuales el recurso de casación no fue considerado eficaz para impugnar fallos de condena, advierte la Sala que en la misma providencia se explicó por qué tales mecanismos, sustancialmente diversos de la casación reglada en el sistema colombiano, quebrantaron el Pacto: Respecto del caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, “los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior (…) sino limitado”.
Por su parte, en el caso Mohamed vs Argentina la Corte Interamericana consideró que el recurso federal de casación no era eficaz, accesible y de suficiente amplitud para que la condena fuera revisada, en cuanto “las causales que condicionan la procedencia de dicho recurso están limitadas a la revisión de cuestiones referidas a la validez de una ley, tratado, norma constitucional o a la arbitrariedad de una sentencia, y excluye las cuestiones fácticas y probatorias, así como de derecho de naturaleza jurídica no constitucional (…) esas causales limitaban per se la posibilidad del señor Mohamed de plantear agravios que implicaran un examen amplio y eficaz del fallo condenatorio”.
Entonces, advierte la Sala que la Corte Constitucional descartó la eficacia del recurso de casación dispuesto en el sistema procesal colombiano sin detenerse a constatar sus bondades, en especial su evolución, en el entendido que no tiene los mismos alcances formales y rigidos que en las décadas de los ochenta y noventa, sino que a partir de la Constitución de 1991 y en especial de este siglo, ha sido desarrollado y ampliado en procura de asegurar efectivamente los derechos fundamentales y el derecho material, al punto que la Corte tiene facultades oficiosas para disponer su guarda y respeto.
Ahora, aunque el legislador dispuso ciertas exigencias para acceder a la casación, en verdad no se trata de requisitos ajenos a la razón o desproporcionados, sino de unos mínimos de coherencia, orden y claridad en el planteamiento de las censuras por parte de los impugnantes, sin que incorrecciones tales como la falta de nominación de los errores en la apreciación de las pruebas, la indebida ordenación prioritaria de los cargos (principio de prioridad), la insuficiente propósición jurídica completa, la no identificación de los sujetos procesales, la falta de síntesis de los hechos o la indebida construcción de los cargos, entre otras, conlleve necesariamente su inadmisión.
Por el contrario y ello lo acreditan los precedentes judiciales de los últimos años, es frecuente que la Sala disponga superar los defectos de la demanda de casación para entrar a conocer del asunto, o bien, que acuda a su facultad oficiosa para casar fallos en los cuales se considera violado el debido proceso o las garantías debidas a las partes e intervinientes, inclusive, cuando se ha vulnerado indirectamente la ley por indebida apreciación de las pruebas y, en consecuencia, disponer la correspondiente enmienda7.
Puede concluirse con relación al derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias, que el recurso de casación, como el de apelación, cumplen cometidos protectores de los derechos de los condenados, en varios aspectos aquél con mayor posibilidad efectiva de cobertura.
Así las cosas, en concordancia con lo dicho al inicio de las consideraciones, ante la circunstancia evidente de que el defensor no atacó en casación el fallo de segundo grado, sino que propuso dar trámite a un recurso de apelación no establecido en la ley contra el fallo del Tribunal, la Sala inadmitirá la demanda presentada en nombre de RVC.
Contra este auto procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 y las reglas que ha definido la Sala de manera pacífica en pronunciamientos anteriores.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado RVC.
Contra esta determinación procede el mecanismo de insistencia, en los términos definidos pacíficamente por la jurisprudencia de la Sala.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACLARACIÓN DE VOTO
Casación. Tema: Impugnación Especial
Radicado. 47742
Procesado: RVC
Acta No. 338 de 26 de octubre de 2016
Respeto el criterio mayoritario de la Sala. No me queda duda que la decisión adoptada y la mía obedecen a las convicciones jurídicas que definen la postura asumida en la providencia que se aprueba y la del suscrito en la inconformidad que manifiesto con el voto.
Mi discrepancia radica en que a mi juicio a partir del 25 de abril de 2016 debe tramitarse y resolverse la impugnación contra la primera condena emitida por los Tribunales, en virtud de lo dispuesto en la sentencia C-792 de 2014, complementada con la sentencia SU-215 del 28 de abril de 2016, proferidas por la Corte Constitucional.
La sentencia C-792 de 2014 dispuso en el numeral 2º de la parte resolutiva «EXHORTAR al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena» por lo que la única interpretación que puede hacerse de dicha decisión es que la impugnación procede contra todas las sentencias condenatorias ante el superior del juzgador que impuso la condena.
En la sentencia en cita dispuso la Corte Constitucional «se dispondrá que en caso de que el legislador incumpla el deber anterior, se entenderá que procede la impugnación de los referidos fallos ante el superior jerárquico (sic) o funcional de quien impuso la condena». A esta última afirmación en la decisión se hizo un llamado a pie de página con el número 141, del que en lo pertinente se trascribe: «… esta Corporación ha señalado la necesidad de que al interior de organismos judiciales colegiados como la Corte suprema de Justicia, se diferencie orgánicamente la función de investigación y la función de juzgamiento, cuando ambas han sido atribuidas a esta corporación. De manera análoga, en estas hipótesis se debe garantizar la revisión de los primeros fallos condenatorios que se dictan en el marco de un juicio penal por instancias que carecen de superior jerárquico.»
Para el suscrito no tiene discusión que con las decisiones de la Corte Constitucional de marras se creó el derecho a impugnar la primera condena proferida por los Tribunales y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la impugnación de la primera condena proferida por los Tribunales, la Carta Política y la Ley 906 de 2004 regulan las autoridades judiciales que tienen la condición de superior funcional para resolver las impugnaciones, apelaciones o el recurso de casación.
No riñe con la Constitución Política que por jurisprudencia se establezcan las reglas para darle trámite a la impugnación en los términos en que lo ordenó la Sentencia C-792 de 2014 y SU-215 de 2016 para las primeras condenas proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
En consecuencia, la primera condena del Tribunal debe notificarse y durante el término de ejecutoria establecido por la ley procesal penal para recurrir la decisión, las partes deben manifestar si interponen recurso de casación o impugnación.
Como los recursos son rogados, si no se hace manifestación, en los términos señalados en el párrafo anterior, la sentencia queda ejecutoriada. De llegar a recurrirse puede expresarse que se interpone únicamente casación o simultáneamente impugnación y casación.
Si solamente se interpone impugnación debe remitirse al superior funcional, como el ad quem es el Tribunal, la remisión debe hacerse a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que ésta de plano la resuelva con plena competencia.
Si únicamente se interpone recurso de casación se resolverá exclusivamente éste pues por voluntad del condenado o su defensor se renunció a agotar la impugnación como medio de protesta contra la decisión adoptada.
Si se manifestó el deseo de recurrir en casación e impugnación, fenecido el término de ejecutoria del fallo que impuso la primera condena se debe correr traslado simultáneo para sustentar la casación y la impugnación, por el término previsto por la ley para el primero y luego la Corte debe resolverlos conforme a la técnica y la competencia que a cada uno le corresponde, lo que debe hacerse en la misma providencia, dado que la que resuelve la impugnación no tiene recurso extraordinario.
En cuanto a la primera condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, la solución no es idéntica a la de los Tribunales.
La estructura constitucional vigente no establece un superior funcional para la Corte Suprema de Justicia y esta Corporación está prevista como órgano superior de cierre de la jurisdicción ordinaria, ámbito al que pertenece la primera condena, por tal razón el único autorizado por el ordenamiento jurídico para establecer la autoridad y el trámite para resolver la impugnación contra decisiones de la Sala de Casación Penal es el Congreso de la República a través de un acto legislativo, entidad a la que se le otorgó 1 año para proceder de conformidad y omitió el cumplimiento de su deber.
Es absolutamente imposible para la Corte Suprema de Justicia sustituir la voluntad del constituyente para crear un superior jerárquico y funcional de dicha Corporación en materia penal, la Corte Constitucional ha reiterado que ni siquiera el congreso puede hacer reformas que desconozcan la voluntad del constituyente primario de 1991 y desnaturalicen y modifiquen la estructura sustancial del Estado colombiano conforme a la Carta Política aprobada, así se ha ratificado, entre otras, en resiente decisión que declaró inexequible el acto legislativo 02 de 2015 sobre la reforma para el equilibrio de poderes.
Por tanto, la situación de la doble conformidad de la primera condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia tiene creado el recurso de impugnación pero conforme a la Carta Política es absolutamente imposible su trámite y decisión, lo que solamente podrá hacerse cuando el Congreso de la República cumpla con la orden que le impartió la Corte Constitucional.
Cordialmente,
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado
Fecha ut supra
1 No se registra el nombre de la niña en aplicación del numeral 8º del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
2 CSJ AP, 18 may. 2016. Rad. 39156 y CSJ AP, 25 may. 2016. Rad. 37858, entre otras.
3 CSJ SP, 22 jun. 2016. Rad. 42930.
4 Auto del 24 de noviembre de 2005. Rad. 24323.
5 Caso Pérez Escolar c. España. Comunicación 1156/2003.
6 Caso Mohamed vs Argentina. Sentencia del 23 de noviembre de 2012.
7 Sentencia del 25 de agosto de 2004. Rad. 21829, entre otras.