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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
SP16269-2015
Radicación N° 46325
Aprobado Acta Nº 424
Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015).
Resuelve la Corte de oficio acerca de la eventual violación de garantías constitucionales en el proceso seguido a CAQT, por el delito de actos sexuales con menor de catorce años en concurso con incesto.
I. SÍNTESIS FÁCTICA Y PROCESAL
1. Entre julio de 2009 y abril de 2010, en una vivienda ubicada en el municipio de Chía (Cundinamarca), la menor D.M.Q.G. fue objeto por parte de su progenitor, CAQT, de caricias lujuriosas en la vagina y otras partes íntimas, ataques que la joven agraviada (quien nació el 21 de octubre de 1995) terminó por denunciar ante la Personería Municipal de Chía y la Comisaria de Familia de esa localidad1.
2. El 19 de octubre de 2010 fue legalizada la captura del indiciado con ocasión de los hechos relatados, y en la misma diligencia, ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le formuló la respectiva imputación, la cual en la audiencia de acusación (celebrada el 30 de mayo de 2011) quedó definida en sus extremos fáctico y jurídico con la atribución al procesado de los delitos de actos sexuales con menor de catorce años, agravados, e incesto, cometidos en concurso homogéneo y a la vez heterogéneo, de conformidad con los artículos 31, 209, 211, numeral 2º, y 237 de la Ley 599 de 2000, modificada la primera conducta por la Ley 1236 de 2008, artículos 5 y 72
3. Con sujeción a lo anterior y tras la celebración del juicio oral y público, el 12 de marzo de 2015 en el Juzgado Penal del Circuito de Ubaté, su titular profirió sentencia contra QT por los delitos atribuidos en la acusación, y en tal virtud lo condenó a la pena principal de ciento veinte (120) meses de prisión y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; además, le negó los subrogados penales por expresa prohibición legal, pronunciamiento del cual apeló la asistencia técnica del precitado3.
4. El 5 de mayo de 2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó la decisión reseñada, providencia frente a la cual el mismo sujeto procesal interpuso el recurso de casación, cuya demanda no fue admitida por la Corte mediante decisión del pasado 30 de septiembre, en la cual también ordenó que, agotado el trámite subsiguiente, la actuación debía regresar al despacho para proveer acerca de la posible violación de garantías derivada de la prescripción de la acción penal por el delito de incesto4.
II. CONSIDERACIONES
5. La primera regla general acerca de la prescripción se encuentra expresada en la Ley 599 de 2000, artículo 83, inciso primero, de acuerdo con la cual, la acción penal se extingue en un tiempo igual al de la pena máxima dispuesta por la ley para el delito respectivo, si es privativa de la libertad, lapso que de todas formas no puede ser inferior a cinco (5) años, ni exceder de veinte (20).
Sin embargo tal precepto se halla exceptuado por varias hipótesis legales introducidas unas antes de la fecha en que ocurrieron los hechos aquí juzgados y otras con posterioridad a los mismos. Se trata de situaciones fácticas relacionadas con: (i) los delitos de desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, entre otros5; (ii) las conductas punibles que atentan contra la integridad y formación sexual, y la de incesto, cuando la víctima es un menor de edad6, y (iii) los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio o con ocasión de sus funciones7.
6. Ahora bien, el artículo 84 la misma legislación penal sustantiva (Ley 599 de 2000) establece una segunda regla general, por cuya virtud el término de prescripción empieza a contarse, para los delitos instantáneos desde el día de su consumación, en los tentados o permanentes desde la perpetración del último acto, y en las conductas punibles de comisión por omisión a partir de cuando haya cesado el deber de actuar; además, la norma establece que cuando se trate de varios hechos punibles juzgados dentro de un mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para cada uno de ellos.
7. A su turno el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, consagra una tercera regla general que con sujeción a la reforma hecha a esa disposición por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, debe ser leída o fijada de dos maneras, dependiendo de la ritualidad procesal que gobierne el juzgamiento de los delitos respectivos.
Por lo tanto, en situaciones de conductas punibles dilucidadas por los trámites consagrados en la Ley 600 de 2000, el término de prescripción previsto en la primera regla se interrumpe o suspende con la resolución de acusación o su equivalente, debidamente ejecutoriada, y a partir de entonces comienza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, sin que ese nuevo cómputo o conteo pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10)8.
Y en tratándose de delitos cuyo enjuiciamiento está gobernado por las ritualidades de la Ley 906 de 2004, en armonía con el artículo 292 de esa codificación procesal, el lapso de prescripción de la acción penal al que alude la primera regla, se interrumpe con la formulación de la imputación, momento desde el que empieza a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad del señalado en el citado artículo 83 de la Codificación Penal Sustantiva, sin que pueda ser inferior a tres (3) años.
Ese segundo cálculo o recuento, según lo dispuesto en el artículo 189 del aludido Régimen Procesal Penal, se suspende nuevamente con la emisión de la sentencia de segunda instancia, y empieza a correr por un nuevo periodo que no puede ser superior a cinco (5) años.
8. Para el presente asunto resulta de importancia la excepción introducida a la regla señalada en el artículo 83 del Código Penal, mediante el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007, según la cual “Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad”.
Tal circunstancia, como de manera expresa se indicó en la exposición de motivos9, en realidad implica una doble excepción:
En primer lugar, respecto de marco o hito de referencia para establecer el término de prescripción fijado en el inciso primero del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, pues para los delitos señalados en la citada modificación, no es el de la pena máxima prevista para cada uno, sino un plazo fijo y común igual a veinte (20) años para todos.
Y en segundo lugar, en relación con el momento a partir del cual debe empezar a contabilizarse ese lapso extintivo de la acción penal, pues en esos eventos no se toma como referencia la regla general del artículo 84 de la Ley 599 de 2000, sino la fecha en que la víctima adquiera la mayoría de edad, tras lo cual se inicia el computo del término últimamente aludido.
Ambas excepciones, según los motivos acogidos por el legislador en los correspondientes debates, fueron justificadas en que para ese entonces (año 2006) los tipos penales contra la libertad, integridad y formación sexual ( Código Penal, Titulo VI, Libro Segundo) y el de incesto (artículo 237 ídem), tenían asignadas unas penas máximas de prisión que oscilaban entre cuatro (4) y quince (15) años, lo cual favorecía que por lo complejo y en ocasiones tardío de su descubrimiento —por tratarse de infracciones cometidas “a puerta cerrada” y sin testigos diferentes al agraviado y el agresor— la acción penal se extinguiera sin que el aparato judicial tuviera la oportunidad de ejecutar adecuadamente su potestad.
Así mismo como fundamentó de las comentadas excepciones se invocó la norma Constitucional (artículo 44) que obliga a dispensar a los menores de edad protección frente a toda forma de abuso sexual —entre otras clases de maltrato— con el propósito de hacer efectiva la garantía de su desarrollo armónico e integral en el ejercicio de sus derechos, en la que están obligados a asistirlo la Familia, la Sociedad y el Estado, máxime cuando por expreso mandato legal los derechos humanos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes10.
Y en conexión con lo anterior también se arguyó la necesidad de hacer operante el mandato superior (artículo 229) de acceso a la administración de justicia, en procura de una tutela judicial idónea y real para los derechos prevalentes de los menores de edad.
A este respecto se agregó una justificación desde el punto de vista práctico, sustentada en estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la cual del total de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual contra niños, niñas y adolescentes, sólo entre el 5 y 10 % llegan a conocimiento de las autoridades judiciales, bajo índice de investigación que se atribuyó precisamente a que “…por tratase de menores de edad, sus agresores normalmente logran intimidarlos, y evitan [así] que las autoridades investiguen y sancionen la conducta…”11, además que “…cuando estos menores se convierten en adultos y adquieren discernimiento suficiente para para identificar el abuso y sus derechos frente a los victimarios, la acción penal ya ha prescrito y no es posible por parte de las autoridades adelantar la persecución penal”12.
9. Ahora bien, como la reforma introducida con la Ley 1154 de 2007, artículo 1º, prevé que el término de veinte (20) años para que se configure la prescripción de la acción penal en esos eventos empieza a contarse desde cuando la víctima alcanza la mayoría de edad, surge la pregunta de ¿cómo se ve afectado el cómputo de ese lapso, cuando el aparato judicial del Estado, antes de que cumplirse ese referente temporal, promueve el ejercicio de la acción penal?
Las hipótesis para responder ese interrogante son:
(I) En primer lugar, con estricta sujeción a la literalidad de la norma, que no corre término de prescripción, en ningún caso, mientras el ofendido no cumpla la condición de ser mayor de edad.
(II) De otra parte, que la comentada reforma estableció un plazo, semejante a la figura de caducidad de la denuncia, en beneficio del menor de edad víctima de los respectivos delitos, por cuya virtud la noticia criminal acerca de la ocurrencia del hecho, indistintamente de cual sea su fuente, puede presentarse incluso en el último día en el que expira la condición temporal, y a partir de ese acto empieza a correr la prescripción, pero no en el término de veinte (20) años, sino con sujeción a la regla general ordinaria del inciso primero del artículo 83 de la Ley 599 de 2000.
(III) Y por último, una posición intermedia, consistente en que si el Estado adquiere conocimiento de la ocurrencia del supuesto típico (por el medio que sea, denuncia de la víctima o de un tercero, etc.) y el organismo competente antes de que se venza el plazo señalado en la norma (20 años contados a partir de la mayoría de edad del ofendido), con ocasión de su función adopta o materializa la emisión de un pliego de cargos en firme o formula imputación, tales actos procesales inaplazablemente generan o aparejan la consecuencia asignada en la ley13, esto es, suspenden o interrumpen el término extintivo de la acción penal, el cual empezará a correr de nuevo por la mitad de veinte (20) años.
10. La Sala anticipa que esta última solución es la que acogerá, dado que la primera no consulta con el necesario equilibrio de derechos que debe garantizarse en el proceso penal a las partes e intervinientes, y desconoce el carácter de sanción que reviste la prescripción de la acción penal frente a la inactividad o desidia del aparato judicial.
Y la segunda al reconocer unos efectos que se apartan de los motivos expresados por el legislador, en últimas crea una norma distinta de la puesta en vigor, la cual si bien en unos supuestos sería favorable a la víctima, en otros acorta los términos de prescripción en perjuicio de ésta, contraviniendo los fines que pretende proteger la reforma en cuestión.
En efecto, la voluntad del legislador fue la de fijar en veinte (20) años el término de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el de incesto, cuando la víctima es un menor de edad, igualando de esa manera los distintos lapsos que en esas precisas hipótesis punibles estaban determinados por la pena máxima de prisión, y que, como ya se indicó, en aquel entonces fluctuaba en cantidades inferiores, situación que aún hoy se mantiene, ya que a pesar de las posteriores reformas legislativas encaminadas a intensificar las penas en esa materia14, sólo unos pocos comportamientos igualan o superan tal límite15, mientras que en la mayoría es de 1616, 1417, 1318, 819, 420 o 321 años, e incluso uno está reprimido con sanción no privativa de la libertad22.
Ahora bien, que el término común y especial de veinte (20) años para que opere la extinción de la acción penal respecto de las conductas punibles señaladas en el precepto, empiece a contabilizarse desde cuando la víctima cumple la mayoría de edad, constituye una excepción concebida para que surta plenos efectos en la fase de investigación, pues de esa manera se garantiza al agraviado que si no pudo acceder al aparato judicial penal en procura del con digno castigo del responsable, bien porque siendo menor fue intimidado y no denunció y nadie lo hizo en su nombre, o ya porque esa condición le impidió tener conciencia del ataque y de la posibilidad de obtener tutela de sus derechos, pueda hacerlo una vez alcance la edad que lo habilita para el ejercicio pleno de sus garantías, sin que el tiempo transcurrido hasta ese momento haya extinguido la facultad punitiva Estatal (o esté cerca de hacerlo) y, por contera, su derecho de acceso a la Administración de Justicia.
También dicha excepción favorece al organismo titular de la acción penal, pues es claro que al tener conocimiento del suceso delictivo, bien por denuncia directa del menor agraviado o por otros medios, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás delitos a los que se aplica la regla dispuesta en el artículo 84 de la Ley 599 de 2000, para la investigación y determinación de la ocurrencia de la conducta típica goza de un lapso que se extiende hasta veinte (20) años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad con el fin de que adelante las pertinentes actividades esclarecedoras.
Esa es la exegesis que corresponde a las dos excepciones introducidas con el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007 frente a las reglas generales de prescripción consagradas en los artículos 83 y 84 del Código Penal, pues una tal comprensión, de una parte, satisface la posibilidad de que la noticia acerca de la ocurrencia del hecho punible pueda llegar al aparto judicial dentro de un amplio espacio temporal, haciendo así efectivos los derechos del sujeto pasivo del delito.
Y de otra, igualmente se garantiza que la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, ejerza su facultad constitucional y legal como está obligada a hacerlo en relación con todos hechos delictivos de los que tiene conocimiento: esto es, cuando tenga los elementos materiales probatorios y evidencias idóneas que le permitan sustentar con solvencia y probabilidad de éxito una atribución de responsabilidad penal contra determinado ciudadano; con mayor razón respecto de los delitos a que se refiere la norma comentada, justamente para resguardar los derechos superiores del menor agraviado, con el fin de evitar someterlo a inadmisibles e ineficaces procesos de revictimización en los que suele terminar convertido el proceso penal en esos casos.
Sin embargo, es imperioso puntualizar que una vez la Fiscalía General de la Nación pone en movimiento sus atribuciones como titular de la acción penal en busca de la declaración judicial de responsabilidad del presunto agresor del menor, ya sea antes de que éste cumpla la mayoría de edad o con posterioridad a ese hito (sea cual fuere el medio por el que tuvo conocimiento del suceso delictivo), y en desarrollo de esa potestad materializa alguno de los actos procesales con incidencia en la extinción de la facultad sancionadora del Estado, esto es, la resolución de acusación (Ley 600 de 2000) o la formulación de imputación (Ley 906 de 2004), el término de prescripción se interrumpe por mandato expreso de la ley, y debe comenzar a correr de nuevo por lapso determinable, el cual no es otro que el de la mitad de veinte (20) años, plazo especial y común fijado por el legislador para las referidas conductas punibles.
11. Las razones expuestas permiten desestimar la interpretación que prohíja la segunda hipótesis planteada, ya que en aquélla se le atribuye a la presentación de la denuncia o noticia criminal, efectos que en manera alguna se extraen de los motivos considerados por el legislador al expedir la Ley 1154 de 2007, menos de la literalidad del respectivo precepto, o de otra disposición penal adjetiva o sustantiva.
Es que al acto de denuncia frente a las conductas punibles incluidas en la señalada reforma, la ley en general no le concede trascendencia distinta a la ser un mecanismo que permite el aparato judicial conocer la probable ocurrencia de un hecho eventualmente lesivo de un bien jurídico tutelado, pero no le apareja consecuencia alguna respecto del efectivo ejercicio de la facultad punitiva del Estado, máxime en relación con comportamientos delictivos que, per se, son investigables en forma oficiosa, sea cual fuere el medio por el que lleguen a su dominio, mientras el transcurso del tiempo no haya extinguido esa potestad.
Repárese en que de acuerdo con la exégesis en cuestión, si la queja penal se presenta incluso el último día en que expira el plazo de veinte (20) años contados desde la mayoría de edad de la víctima, en ese momento es que se activa el término de prescripción, pero no el especial y común fijado por el legislador, sino el que de manera general y ordinaria prevé la ley 599 de 2000 en su artículo 83, inciso primero, y por lo tanto fluctuaría entre un mínimo de cinco (5) años y un máximo de veinte (20), según la pena de prisión máxima prevista para el respectivo delito.
Aun cuando con el referido entendimiento a primera vista parece que la fase de investigación es más amplia, ello sólo se verificaría sí la denuncia se presenta en la condición que fijada dicha hipótesis, ya que en los demás eventos, por el contrario, el plazo de extinción de la acción penal se recortaría en contra del expreso mandato legal.
En efecto, cuando la noticia criminal ocurre luego de ocurrido el hecho, al poco tiempo, o en todo caso antes de que la víctima cumpla la mayoría de edad, a partir de ese momento se activaría el cómputo de la prescripción, fenómeno que en consecuencia, en la fase de investigación vendría a materializarse en distintos lapsos entre veinte (20) y (5) cinco años, los cuales, dependiendo de la edad del menor y el delito, se vencerían antes de que éste alcanzara la mayoría de edad o, de todas formas, antes de cumplirse el término de veinte (20) años contados desde ese hito previsto en la ley.
Además, con posterioridad a la consolidación de un pliego de cargos o de la formulación de imputación, bajo el entendimiento que fluye de la aludida hipótesis, el plazo para la extinción de la acción penal oscilaría entre cinco (5) y diez (10) años (si se trata de asuntos regidos por la Ley 600 de 2000) o entre tres (3) y diez (10) años (si son procesos tramitados con sujeción a la Ley 906 de 2004), con claro desconocimiento del termino previsto en la Ley 1154 de 2007.
Lo antes puntualizado permite advertir que la comentada exegesis del artículo 1º de la citada Ley, se aparta sin razón atendible de las excepciones que implica el precepto en cuanto a término y momento del cómputo de la prescripción de la acción penal, propiciando que en la mayoría de los delitos allí señalados dicho fenómeno jurídico se verifique en forma contraria a la voluntad del legislador.
12. De otra parte, la exégesis según la cual ningún término de prescripción corre mientras no se cumpla la condición de llegar la víctima a la mayoría de edad, solo es aceptable en tanto no se haya iniciado investigación o iniciada ésta no se hubiese consolidado un pliego de cargos (resolución de acusación o su equivalente en firme) o la formulación de imputación, según el sistema de procedimiento penal que corresponda.
Y ello es así, en primer lugar, porque como ocurre frente a los demás plazos extintivos de la acción penal consagrados en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, y desde una perspectiva simplemente práctica, no produce efecto relevante alguno en función de la reforma del artículo 1º de la Ley 1154 de 2007, aducir que el término de prescripción de veinte (20) años no se activa sino a partir del momento en que la víctima cumpla la mayoría de edad, así el órgano investigador haya hecho uso de sus atribuciones legales materializando los comentados actos de impulso de la acción penal.
Repárese en que con sujeción al procedimiento reglado en los Estatutos Adjetivos de 2000 (Ley 600) y 2004 (Ley 906), la inobservancia de los plazos en que deben cumplirse determinadas actuaciones origina consecuencias ineludibles o a las que no es oponible la comentada circunstancia exceptiva.
Así, verbi gracia, haciendo abstracción de los diferentes eventos en que las citadas legislaciones prevén la libertad del procesado ante el vencimiento de los términos, importa destacar que cuando el cierre de la investigación se produce por fenecimiento del plazo fijado en la ley para la instrucción o por imposibilidad de recaudar o practicar pruebas, ello obliga a que la duda se resuelva en favor del sumariado con la consecuente preclusión de la investigación (Ley 600 de 2000, artículos 329, 395 y 399 inciso segundo).
De manera similar, tras la formulación de la imputación la Fiscalía General de la Nación dispone de unos plazos perentorios para, valga la redundancia, formular acusación o solicitar preclusión, y en el evento de dejar vencer los respectivos términos el agente del Ministerio Público y la defensa quedan habilitados para solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión (Ley 906 de 2004, artículos 175, 294 y 332, numeral 7º, los dos primeros modificados por los artículos 49 y 55 de la Ley 1453 de 2011).
Ahora bien, si por virtud del ejercicio de la acción penal en esas condiciones, se llega, por ejemplo, a una sentencia absolutoria en firme antes de que la víctima alcance la mayoría de edad, la excepción que consagra el precepto se torna inane ante la fuerza del principio de cosa juzgada, el cual impide volver a someter al presunto infractor a un nuevo juzgamiento por los mismos hechos.
Si, por el contrario, se obtiene declaración penal de responsabilidad del procesado con sentencia en firme antes que el menor agraviado alcance la mayoría de edad, pues igual la cláusula exceptiva en comento es inoficiosa, dado que luego de un pronunciamiento de tal naturaleza, o bien se inicia el cumplimiento efectivo de la pena, o bien empieza a computarse el término de prescripción de la sanción de conformidad con los artículos 88, numeral 4, 89 y 90 de la Ley 599 de 2000.
En segundo lugar, los motivos que sustentan la expedición de la reforma consagrada en el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007, ni expresa ni tácitamente aluden a la posibilidad de extender sus efectos a otros fenómenos debidamente reglados en el ordenamiento jurídico, como lo es, justamente, la suspensión del término prescriptivo de la acción penal, regulado, para los delitos juzgados por la metodología de la Ley 600 de 2000, en el original inciso primero del artículo 86 de la Ley 599 del mismo año, y para las conductas punibles investigadas con las formalidades de la Ley 906 de 2004, en el artículo 6º de la Ley 890 de 2004 (el cual modificó el inciso primero del artículo 86) en armonía con el artículo 292 de éste Estatuto Procesal.
Las normas jurídicas son mandatos dirigidos a todos los integrantes de una sociedad, que llevan implícito el carácter de obligatoriedad e imperatividad mientras otros preceptos de igual o superior jerarquía no los revoquen, subroguen o suspendan. Ante la coexistencia en un sistema jurídico de normas que en su efectiva aplicación implican una aparente contradicción (antinomias) acerca del supuesto de hecho que regulan, la doctrina coincide en que las herramientas para la solución del conflicto son los llamados criterios de jerarquía, temporalidad y especialidad.
Aplicando este último rasero, como se indicó párrafos atrás (supra 8), la reforma de la Ley 1154 de 2007, artículo 1º, está referida como excepción a las reglas generales de la prescripción de la acción penal en cuanto a término23 en el que opera y momento24 a partir del cual se computa el respectivo plazo, mientras que el artículo 86, inciso primero (original), de la Ley 599 de 2000, y el mismo precepto pero modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, en armonía con el 292 de la Ley 906 de ese año, regula en forma especial un supuesto de hecho diferente, a saber: la suspensión o interrupción del aludido fenómeno cuando ocurren o se concretan determinados actos procesales.
Entendido así el ámbito de aplicación y eficacia de las normas en cuestión, se despeja o desaparece la virtual antinomia, garantizándose que las mismas surtan los efectos para los cuales están destinadas por voluntad del legislador.
Una consideración adicional debe hacerse en respaldo de la tesis adoptada, desde la perspectiva del necesario equilibrio de los intereses contrapuestos en el proceso penal, pues no cabe duda que si bien al Estado a través de su aparato judicial le compete garantizar el restablecimiento del orden jurídico mediante la investigación juzgamiento y castigo del infractor de la ley penal, el cumplimiento de tal misión no puede hacerse avasallando los derechos fundamentales del sujeto pasivo de esa facultad, la cual debe ser ejercida a través de un desarrollo procesal que tutele en igualdad de condiciones los derechos inherentes al Estado-víctima, y los del procesado, a quien, entre otras prerrogativas, le asiste la de ser juzgado sin dilaciones injustificadas.
Tal ponderación debe propender porque se realicen en planos de igualdad las garantías de las partes e intervinientes en el proceso penal, velando porque ese equilibrio sea real en cada etapa de la actuación y en cada una de sus instituciones, de modo que no sean desconocidos los derechos del encausado como tampoco enervado el eficaz ejercicio de la potestad punitiva estatal.
Consecuente con lo anterior, la hermenéutica aquí decantada respecto del artículo 1º de la Ley 1154 de 2007 no solo consulta con los motivos que tuvo el legislador para adoptar esa reforma, sino que además responde al necesario equilibrio de derechos que debe garantizarse a las partes e intervinientes en el proceso penal, en particular frente al instituto jurídico de la prescripción, acerca del cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la de esta Sala han coincidido en señalar que tiene una doble función:
«…de un lado obra a favor del procesado, quien se beneficia de la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica, pues no puede quedar sujeto permanentemente a la imputación que se ha proferido en su contra; por otro, implica para el Estado una sanción frente a su inactividad… el fundamento de la prescripción de la acción penal se encuentra en el principio de la seguridad jurídica, ya que su finalidad esencial está íntimamente vinculada con el derecho que tiene todo procesado de que se le defina su situación jurídica, pues ‘ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad’»25.
13. En ese orden de ideas, al aplicar la tesis aquí acogida con relación a los procesos adelantados bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004, según su artículo 292 en armonía con la Ley 890 de 2004, artículo 6º, una vez formulada la imputación el tiempo necesario para que se consolide la extinción de la acción penal es igual a la mitad de los distintos términos señalados en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.
Esto significa entonces que en tratándose de los delitos a los que se refiere la excepción contenida en el inciso 2º26 de la norma últimamente citada, el plazo será de quince (15) años; para los relacionados en el inciso 3º27, diez (10) años, y para las conductas punibles determinadas en su inciso 6º, será la mitad de la pena de prisión máxima consagra para la respectiva infracción penal, incrementada en la mitad28.
En los demás eventos, es decir, los regulados en el inciso primero del artículo 83 del Código Penal, la estimación del término de prescripción a partir de la imputación es igual a la mitad de la sanción máxima privativa de la libertad consagrada para el correspondiente delito, la cual en caso de ser superior a veinte (20) años de todas formas se ajusta a ese límite, y por lo tanto ese lapso no puede exceder de diez (10) años ni ser inferior a tres (3) años, como perentoriamente lo ordena el artículo 292 de la Ley 906 de 2004.
Respecto de las conductas punibles sancionadas con pena no privativa de la libertad, la acción penal se extinguirá en la fase de investigación transcurrido un plazo de cinco (5) años29, y a partir de la imputación ese lapso se reduce a tres (3) años según lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004.
Impera aclarar que cuando se trate de procesos penales seguidos contra los sujetos activos calificados a los que alude el inciso 6º del artículo 83 del Código Penal, por delitos sancionados con pena no privativa de la libertad, el incremento en el término de prescripción que establece ese precepto, se aplica en la fase de investigación sobre el lapso de cinco (5) años indicado en el inciso cuarto de la norma, y tras la imputación el aumento opera en la proporción respectiva en función del monto de tres (3) años consagrado en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004.
Finalmente, una consideración adicional debe hacer la Sala acerca del fenómeno jurídico de la prescripción, ya que según el artículo 189 de la Ley 906 de 2004, el proferimiento de la sentencia de segunda instancia suspende el término extintivo de la acción penal que con anterioridad a ese acto venía computándose, y a partir del señalado hito el lapso empieza a correr de nuevo, sin que en esta ocasión tal cálculo “pueda ser superior a cinco (5) años”.
La citada norma al ser interpretada en contexto y de manera sistemática con la regla prevista en el artículo 292 de la citada Codificación Penal Adjetiva, permite concluir que atendida la expresión verbal “podrá” allí empleada, es posible que el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal se configure luego del fallo de segundo grado, eventualmente, en un término inferior a cinco (5) años, pero en ningún caso exceder de ese límite, y la frontera mínima para que se configure la extinción de la faculta punitiva del Estado, se halla establecida justamente en el segundo precepto, al indicar que la institución en cuestión no puede operar antes de tres (3) años.
Tal intelección del artículo 189 de la Ley 906 de 2004, permite afirmar que respecto de las excepciones consagradas en los incisos 2º y 3º del artículo 83 del Código Penal, el plazo para la prescripción de la acción penal en los correspondientes delitos es siempre de cinco (5) años.
En cuanto a las conductas punibles comprendidas en la regla general del inciso primero del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, y las previstas en la excepción del inciso 6º de ese precepto, luego de hacer la correspondiente reducción a la mitad que ordena el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, el término para la extinción de la acción penal una vez proferida la sentencia de segunda instancia fluctuará entre un mínimo de tres (3) años y un máximo de cinco (5) años.
Y por último, frente a los delitos sancionados con pena no privativa de la libertad30, la prescripción de la acción penal tras el fallo de segundo grado se materializará transcurrido un plazo de tres (3) años.
14. Recapitulando, todo lo antes expuesto puede sintetizarse de la siguiente manera:
I. La modificación que introdujo la Ley 1154 de 2007, artículo 1º, a los artículos 83 y 84 de la Ley 599 de 2000, implica que el término de prescripción de la acción penal frente a los delitos a los que se refiere esa disposición es de veinte (20) años contados a partir de cuando la víctima cumpla la mayoría de edad.
II. Durante ese lapso, puede la víctima denunciar (o un tercero) la ocurrencia del hecho, y el órgano encargado de la persecución penal ejercer sus funciones para el esclarecimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del suceso.
III. Si en vigencia del plazo señalado en el precepto, la Fiscalía General de la Nación materializa una resolución de acusación o la formulación de imputación (dependiendo del régimen procesal penal de que se trate), el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal se interrumpe y comienza a correr de nuevo por la mitad del término común indicado en la norma, es decir, tendrá una duración diez (10) años.
IV. Cuando se trate de asuntos rituados con las formalidades previstas en la Ley 906 de 2004, una vez emitida la sentencia de segunda instancia, el término últimamente aludido se interrumpe de nuevo, y comienza a computarse por un plazo de cinco (5) años.
V. En este último evento, respecto de las conductas punibles distintas a las señaladas en Ley 1154 de 2007, artículo 1º, la acción penal con posterioridad a la sentencia de segunda instancia prescribirá en un lapso no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años.
15. Así las cosas, se tiene que en el presente asunto al procesado QTse le atribuyó en la acusación el delito de actos sexuales con menor de catorce años, en concurso con el de incesto, conducta punible descrita en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000, a la que el legislador le asignó un marco punitivo que oscila entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro (4) años de prisión, extremos a su vez incrementados en una tercera parte y en la mitad, respectivamente, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, lo cual arroja unos nuevos límites de un (1) año y cuatro (4) meses, de una parte, y seis (6) años por la otra.
Sin embargo, el máximo de pena así establecido para esa conducta punible no es el vinculante para el cómputo de la prescripción de la acción penal, sino el plazo fijado por el legislador en el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007, es decir, veinte (20) años.
Y dado que el acto procesal de formulación de imputación en este asunto se llevó a cabo el 19 de octubre de 2010, es palmario que entre esa fecha y la de emisión del fallo de segundo grado, pronunciado el 5 mayo de 2015, no transcurrió un plazo superior a diez (10) años, tiempo que es el necesario para que de acuerdo con el artículo 83, inciso 3º, de la Ley 599 de 2000, en armonía con el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 y 6º de la Ley 890 de 2004, se extinga la facultad punitiva del Estado respecto del delito de incesto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
NO CASAR la sentencia de 5 de mayo de 2015 emitida en este asunto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que confirmó la proferida contra CAQT, en calidad de autor del delito de actos sexuales con menor de catorce años, en concurso con el de incesto.
Contra esta providencia, no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
PRESIDENTE
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Hechos extraídos de los fallos de primero y segundo grado. Para preservar los derechos de la menor víctima en este caso se omite expresar su nombre completo.
2 Carpeta principal, folios, 10-14, 17-20, 31-33, 36 y 48.
3 Ídem, folios 97-100, 140, 141, 145, 146, 171, 174-203 y 207-210.
4 Cuaderno del Tribunal, folios 12-23 y 28-42. Cuaderno de la Corte, folios 6-25.
5 Ley 1309 de 2009, artículo 1, modificado por la Ley 1426 de 2010, artículo 1, modificado por la Ley 1719 de 2014, artículo 16.
6 Ley 1154 de 2007, artículo 1.
7 Ley 1474 de 2011, artículo 14.
8 Acerca de este plazo de la prescripción en el juicio en asuntos gobernados por la Ley 600 de 2000, ha de tenerse en cuenta los desarrollos jurisprudenciales recientes en eventos en los que la conducta punible es cometida por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas. Cfr. CSJ AP 21 oct. 2013, rad. 39611.
9 Gaceta del Congreso, AÑO XV-Nº 414, de 29 de septiembre de 2006, pág. 15-17, Proyecto de Ley 137. Las mismas razones fueron reiteradas y aceptadas sin objeciones las ponencias para los dos debates de que fue objeto esa iniciativa legislativa, como puede verificarse en las Gacetas del Congreso AÑO XV-Nº 488 de 27 de octubre de 2006, pág. 7 y 8; AÑO XV-Nº 642 de 7 de diciembre de 2006, pág. 6-8, y AÑO XVI-Nº 04 de 23 de enero de 2007, pág. 3-5.
10 Ley 1098 de 2006, artículos 7, 8, 9 y 10.
11 Gaceta del Congreso, AÑO XV-Nº 414, de 29 de septiembre de 2006, pág. 15-17, Proyecto de Ley 137.
12 Ídem.
13 Ley 599 de 2000, artículo 86 y Ley 906 de 2004, artículo 292, respectivamente.
14 Leyes 1236 y 1258 de 2008 y Leyes 1329 y 1336 de 2009.
15 Código Penal, artículos 205, 207, inciso primero, 208, 210, inciso primero, 213, 213A, 217A y 218.
16 Ídem, artículos 206, 207, inciso segundo, y 210, inciso segundo.
17 Ídem, artículos 217 y 219A.
18 Ídem, artículos 209 y 214.
19 Ídem, artículo 219.
20 Ídem, artículo 237.
21 Ídem, artículo 210A.
22 Ídem, artículo 219B.
23 Ley 599 de 2000, artículo 83, inciso primero.
24 Ídem, artículo 84.
25 Cfr. CC C-176/94 y CC C-401/10, citadas en CSJ AP. 23 may. 2012, rad 34180.
26 Ley 1309 de 2009, artículo 1, modificado por la Ley 1426 de 2010, artículo 1, modificado por la Ley 1719 de 2014, artículo 16.
27 Adicionado por la Ley 1154 de 2007, artículo 1.
28 Según la modificado hecha por el artículo 14 la Ley 1474 de 2011.
29 Ley 599 de 2000. Artículo 83, inciso cuarto.
30 Ley 599 de 2000. Artículo 83, inciso cuarto.