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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
SP16258-2015
Radicación No. 45463
Aprobado Acta No. 424
Bogotá D.C., veinticinco (25) noviembre de dos mil quince (2015).
VISTOS
La Corte resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de octubre de 2014, respecto de los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTÚZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ y LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, ex integrantes del Bloque Catatumbo de las AUC.
ANTECEDENTES FÁCTICOS
Con el propósito de facilitar el cabal entendimiento de las conductas objeto de juzgamiento en este proceso, su gravedad e incidencia en las comunidades afectadas por ellas, antes de adoptar la decisión correspondiente, la Corte estima indispensable referirse al marco histórico en el cual tuvieron desarrollo.
Para ello recurrirá a lo establecido, de manera general por la Sala en anteriores oportunidades sobre la génesis y desarrollo de los denominados grupos paramilitares1. En lo particular, es decir en lo atinente al Bloque Catatumbo, se apoyará en lo consignado por el Tribunal de instancia en el fallo recurrido, con fundamento en la actuación donde se origina.
Inicio de las autodefensas
Si bien el fenómeno de violencia en Colombia es bastante anterior, diferentes estudios sobre la evolución del paramilitarismo2, coinciden en ubicar como punto de partida de este tipo de organizaciones3, la expedición del Decreto Legislativo 3398 de 1965, destinado a organizar la defensa nacional, preceptiva expedida por el Gobierno como respuesta al surgimiento de grupos subversivos durante la década de 1960 y a su constante y perturbador accionar4.
Entre las motivaciones dadas a este decreto, adoptado como legislación permanente5 por la Ley 48 de 1968, se consignaron: la ausencia de un instrumento legal para articular la seguridad interior y exterior de la nación; la obligación estatal de procurar el bienestar y protección de los asociados; la necesidad de unir los órganos del poder público y «las fuerzas vivas de la nación» para enfrentar la acción subversiva de grupos extremistas y la importancia de enterar a la población colombiana de la movilización y la defensa civil, temas que, por su trascendencia, no incumbían de manera exclusiva a las Fuerzas Armadas6.
Los artículos 25 y 33 del decreto mencionado, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos7, prohijaron la aparición de los llamados Grupos de Autodefensa, en tanto el primero de ellos, permitía al Gobierno Nacional utilizar ciudadanos, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, en actividades tendientes a reestablecer la normalidad, mientras el segundo facultó al Ministerio de Defensa Nacional para amparar como de propiedad particular, cuando lo estimara conveniente, armas consideradas como de uso de las Fuerzas Armadas.
El efecto de tales disposiciones, dijo ese alto Tribunal, se tradujo en que particulares ajenos a esas instituciones, podían utilizar armas de uso privativo, es decir, las destinadas a efectuar operaciones de ataque, no sólo de defensa y, adicionalmente, cumplir funciones de seguridad.
En vigencia del decreto citado, surgieron diferentes grupos con el propósito inicial de protegerse de las acciones de la guerrilla, entre ellos la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAM, creada en 1984, cuya influencia se extendió a los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra. Esta organización, además de defenderse de la subversión, estructuró todo un sistema orientado a atacarla militarmente con la pretensión de erradicarla8 y, luego, a través del Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, trató de extender su experiencia como ideología política9.
Sólo unos años antes, en 1981, se había constituido el MAS, — Muerte a Secuestradores —, movimiento fundado por miembros de los carteles del narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, para defenderse del secuestro10. ACDEGAM replicó el modelo del MAS, para ese momento trasladado por sus creadores al Magdalena medio con el fin de proteger sus propiedades, adquiridas en forma masiva en esa zona, donde fundaron los primeros grupos armados, particularmente en Puerto Boyacá11, destino de mercenarios israelíes e ingleses traídos para entrenar militarmente a sus miembros.
De la mano del narcotráfico, el esquema de estas organizaciones, que adoptaron el nombre de Autodefensas, llegó a otras zonas del país y, así, se entronizó en Urabá y en el sur de Córdoba bajo la dirección de Fidel Castaño Gil, quien convirtió su finca Las Tangas, ubicada en Valencia, Córdoba, en centro de entrenamiento de su grupo armado, reconocido luego bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU12.
La estrategia de paz implementada por el Gobierno Nacional, entre 1982 y 1986, consistente en los diálogos y negociaciones con las fuerzas insurgentes, no impidió la multiplicación de los grupos de autodefensa, cuyas numerosas y cruentas acciones, muchas de ellas dirigidas contra ex integrantes de la guerrilla que habían sido indultados, determinaron en abril de 1989, la expedición, al amparo del estado de sitio, del Decreto 0815 a través del cual se suspendió la aplicación de los artículos 25 y 33, parágrafo 3°, del Decreto Legislativo 3398 de 1965.
Esta decisión fue justificada en la existencia de bandas de sicarios, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa o de justicia privada, paramilitares, responsables de actos perturbadores del orden público.
Además, se dijo, al interpretar esas normas surgió en algunos sectores de la opinión pública confusión en torno a su alcance y finalidades, en tanto «…se pueden llegar a tener como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resulten actuando al margen de la Constitución y las leyes…», proceder reprochado por el Gobierno Nacional.
De igual forma, se enfatizó, los operativos orientados a restablecer el orden público son función exclusiva del Ejército, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado.
En sentencia N° 022 del 25 de mayo de 1989, la Sala Plena de esta Corporación declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 3° del Decreto 3398 de 1965, al considerar que se oponía al monopolio de las armas de guerra deferido por el Ordenamiento Superior al Gobierno Nacional, responsable de mantener el orden público y restablecerlo cuando es turbado, «…fórmula que tenía un sentido histórico y que ahora adquiere una renovada significación ante los problemas que suscitan las diversas formas de la actual violencia».
No obstante, en 1994, mediante el Decreto 356 se autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural, CONVIVIR, cuyo propósito era colaborar con la Fuerza Pública acopiando información para prevenir las actividades de la insurgencia; además, propendía por organizar las comunidades como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, con el fin de proporcionar la vigilancia y la seguridad privada a sus miembros o asociados en el área donde la respectiva comunidad tuviera su sede13.
La proliferación de este tipo de organizaciones fue inmediata, de manera que para abril de 1997, 507 nuevas CONVIVIR tenían la aprobación de la Superintendencia de Vigilancia Privada y existían, además, cerca de 300 empresas de seguridad particular, cuya justificación era permitir que civiles prestaran servicios especiales de vigilancia, contando para ello con armas de uso restringido de las Fuerzas Militares. Esta situación facilitó a los grupos paramilitares aumentar su poder y control territorial en zonas como Córdoba, Urabá, Magdalena Medio, Sucre, Sur de Bolívar, Putumayo, Cauca, Meta y Caquetá14.
Para ese momento, en lo atinente al tema de esta sentencia, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lideradas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, habían consolidado su poder, tras aliarse, a principios de esa década, con el Cartel de Cali y el grupo de los PEPES — Perseguidos por Pablo Escobar —, para enfrentar a este narcotraficante.
Dicha organización, convertida en la estructura paramilitar más sólida, extendió su accionar a todo el territorio nacional y Carlos Castaño, como su máximo líder, inició un proceso de unificación de esos grupos, los cuales bajo su mando, se consolidaron en 1997 como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC15.
El crecimiento del paramilitarismo así organizado y su dominio territorial, fue favorecido por el progresivo poderío económico originado en las contribuciones cobradas a empresarios, terratenientes, ganaderos y dueños de tierras; cuotas extorsivas; porcentajes exigidos a las autoridades administrativas por concepto de contratación estatal, así como en el narcotráfico, actividad que se convirtió en su principal fuente de ingresos y a la cual deben adicionarse el despojo de las tierras de quienes desplazaban y el hurto de combustible, entre otras fuentes de recursos.
En cuanto a las actividades de dichos grupos, éstas se orientaban a combatir la guerrilla y a sus reales o supuestos colaboradores y simpatizantes, recurriendo para ello a unos concretos patrones delictivos, comunes en todas las zonas donde estos grupos tuvieron influencia, tales como torturas, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres selectivas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, delitos sexuales, entre otros.
La estadística de estas acciones y de sus víctimas, elaborada por la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación16, informa, fundada en los datos acopiados en desarrollo del proceso de desmovilización, 57.883 hechos confesados.
Según la misma fuente, 40.161 de estos sucesos corresponden a homicidios, 2.574 a reclutamientos, 7.020 a desapariciones forzadas, 17.914 a desplazamientos forzados, 2.847 a extorsiones, 5.017 a secuestros, 135 a delitos de violencia sexual, 946 a episodios relacionados con destrucción y apropiación de bienes protegidos, 2.034 a casos de tortura, 599 de constreñimiento ilegal, 2.464 a contribuciones arbitrarias, 895 a actos de terrorismo, 4.109 a hurtos, 673 a lesiones personales, 72 a toma de rehenes y 191 de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Importa advertir que si bien la Fiscalía aclara que estos datos también incluyen información de acciones reconocidas por desmovilizados individuales pertenecientes a grupos subversivos, no puede obviarse que el proceso de desmovilización adelantado hasta hoy cobija en mayor medida a las 40 estructuras paramilitares que se acogieron a él17 y que sólo 14 de éstas, integradas por 203 postulados, han confesado 6.737 hechos que generaron 14.621 víctimas, según reseña el ente acusador en su plan de priorización de 201418.
La actividad cumplida por estos grupos ilegales contó, desafortunadamente, con el apoyo de algunos servidores públicos de diversas instituciones y niveles, así como de otros ciudadanos, quienes por acción u omisión la promovieron o facilitaron, circunstancia acreditada en los concretos casos fallados por esta Sala19 y por otras instancias de la justicia nacional, algunos mencionados en la sentencia objeto del recurso, en la cual se enumeran, a espacio, con fundamento en información allegada por la Fiscalía, los funcionarios públicos del nivel departamental y municipal a quienes se investiga o se ha sancionado por su relación con las autodefensas20.
El bloque Catatumbo
Para asegurar su presencia en el territorio nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia se estructuraron a través de bloques, integrados a su vez por frentes, comandados unos y otros por individuos de absoluta confianza de la Casa Castaño, que ejecutaban las directrices dispuestas por sus superiores.
Sin desconocer que, como se esboza en el fallo impugnado, el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ estuvo vinculado en la dirección del denominado Bloque Norte, cuyo accionar se cumplió prioritariamente en los departamentos de Atlántico, Guajira, Magdalena y Cesar, al igual que en la del Bloque Héroes de los Montes de María, con influencia en la región del mismo nombre ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre21, la Sala se centrará en el denominado Bloque Catatumbo sobre el cual versa el fallo parcial impugnado.
Respecto de la zona del mismo nombre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señaló en octubre de 2004:
La región del Catatumbo se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, en el noroccidente del país y se extiende hasta Maracaibo en la República de Venezuela. La región está demarcada por zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río Catatumbo y está conformada por los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama. Limita por el norte y por el occidente con la República de Venezuela, por el oriente con el sur del departamento de Cesar, por el sur con los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario. La población estimada de la región según cifras del DANE para 2004, es de 176.472 habitantes, siendo Tibú, El Carmen, Convención y Sardinata, en su orden, los municipios más poblados del Catatumbo.
El principal factor generador de violencia en la actualidad, que ha incidido de manera determinante en la degradación del conflicto armado, lo constituye la disputa entre organizaciones armadas al margen de la ley por el control de la zona que representa grandes ventajas estratégicas para los grupos armados ilegales por su localización en la frontera con Venezuela, así como por el paso del oleoducto Caño Limón – Coveñas; la producción coquera, las explotaciones carboníferas, de oro, mármol y caliza, la existencia de corredores que comunican el oriente con el norte del país y la cercanía en el norte con la Serranía del Perijá que provee una salida hacia los departamentos de La Guajira, Bolívar y César.
La guerrilla ha tenido presencia en esta región desde cerca de treinta años y a pesar de los ataques directos e indirectos de los grupos de autodefensas y de los operativos de la Fuerza Pública, ha logrado mantener su influencia aprovechando las características montañosas y selváticas de algunas zonas de la región22. Los grupos de autodefensas, por su parte, se han asentado principalmente en las zonas planas y selváticas, tanto en la frontera con el sur del Cesar, como en los márgenes derecho e izquierdo del río Catatumbo, en las cabeceras municipales, algunos corregimientos de municipios ubicados en la zona montañosa y algunas áreas rurales con cultivos de coca. Desde estos lugares, organizan sus incursiones a las zonas rurales donde la influencia de las guerrillas es mayor23.
Sobre el origen del Bloque Catatumbo, la actuación cuenta con la versión del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, quien confirma que, como dijo la Fiscalía24, en 1998 los hermanos Vicente y Carlos Castaño, comandantes de las AUC concluyeron que la zona fronteriza con Venezuela ubicada en Norte de Santander representaba una retaguardia estratégica para el ELN y las FARC, grupos subversivos que decían combatir. Sobre el particular, la sentencia confutada hizo la siguiente cita:
(01:11:11) El “BLOQUE CATATUMBO” nace de una idea del comandante Carlos Castaño. Dentro de la guerra irregular, lo primero que uno hace es mirar de donde se financia el enemigo de la nación colombiana: la guerrilla, y uno de los mayores focos generadores de economía para las guerrillas estaba en Norte de Santander, además de ser estratégico por ser limítrofe al país vecino de Venezuela, por donde ingresaban armas y sacaban droga y narcotraficaban y hacían una serie de situaciones, que se convertía en una retaguardia estratégica tanto militar, económica, como política, porque de allí emanaban directrices del Bloque y del estado mayor de él, conformado por las FARC en esa área y por el ELN,- porque además ahí quedaba el comando central del ELN, el COCE – en un sitio conocido como la Bogotana donde pasaba el cura guerrillero y donde pasaban varios de los comandantes de la ELN y FARC en esta zona, Timochenko incluso está en esa área (…)25.
Según la misma decisión26, la Fiscalía acreditó que desde comienzos de la década de 1980, la presencia guerrillera en Norte de Santander era muy activa, motivada por el potencial minero, la actividad económica regular, al igual que la clandestina, representada por el contrabando y el narcotráfico al que se dedicaron grandes extensiones de selva, principalmente en la región del Catatumbo.
Reseñó que en las tres últimas décadas, el sur y centro oriente del departamento fue ocupado progresivamente por el Frente 33 de las FARC; el nororiente fue copado por el ELN, dedicado a afectar la infraestructura petrolera del país, si bien este grupo se expandió también al sur y centro del departamento donde realizó tomas armadas con escalas terroristas a poblaciones. A su vez el EPL hacía presencia con su Frente Libardo Mora Toro, en municipios como El Carmen, Convención, Teorama, el Tarra, Tibú, San Calixto, Hacarí, Ocaña, La Playa, Abrego, entre otros.
Los propósitos que para las AUC justificaban su ingreso a la región del Catatumbo, fueron señalados por MANCUSO GÓMEZ, así:
(01:16:04) 1. Quitarle el área a la guerrilla para reinsertarla o para entregarlas plenamente insertadas a las instituciones del país.
2. Ejercer nosotros el control como autoridades de facto.
3. Quitar el abastecimiento económico que tenía.
4. Quitarle el poder a la guerrilla y asumir nosotros el control territorial y ejercer como autoridades judiciales, militares, políticas, etc.”27.
A partir de esa precisión, el a quo discierne que el objetivo común de dicho ingreso era la disputa de las AUC con la guerrilla y clasifica las razones indicadas en políticas, económicas y geográficas.
El objetivo político, afirma, se centró en la noción que tenía el grupo del concepto de autodefensa, atribuible, en palabras del postulado MANCUSO GÓMEZ, a organizaciones …que se autodefiendan no solo militarmente sino políticamente, y defiendan a una región y a su gente y le busquen solución a los problemas que le aquejan, iniciando por el bien básico y esencial de la seguridad personal y colectiva, que es el fundamento de los demás bienes, y también buscarle solución a los problemas sociales, económicos y políticos, iniciando con aquellos bienes básicos insatisfechos para ir escalando en la solución de los mismos28.
Las autodefensas, según el mismo postulado, difieren de los paramilitares, en que éstos «no están defendiendo a las regiones ni a las poblaciones de esas regiones. (…) Ellos, los paramilitares y los narcos solo están interesados en satisfacer sus intereses particulares y las actividades del narcotráfico».
Esa percepción sobre la razón de ser de las AUC, llevó entonces a sus comandantes, entre ellos el postulado MANCUSO GÓMEZ, a considerar políticamente necesario, trasladar su accionar a una zona copada por movimientos guerrilleros para enervarlos.
La ideación del Bloque Catatumbo estuvo también determinada por razones económicas y geográficas, según el mismo individuo, por cuanto desde 1980, los cultivos de coca y el control ejercido por la subversión en ese territorio generaban a estos grupos abundantes recursos a los que pretendían acceder las AUC, organización que, según la Fiscalía29, consideraba indispensable «…consolidar un corredor que dividiera al norte del centro del país y uniera el Urabá con el Catatumbo y el departamento de Arauca y crear puntos de apoyo para golpear las retaguardias de las guerrillas en otras zonas del país y obviamente lucrarse de la producción y comercialización del narcotráfico…».
Como señala el fallo impugnado, en entrevista publicada en El Tiempo el 15 de marzo de 1999, Carlos Castaño Gil, comandante de las AUC, luego de referirse al tema del despeje y a las negociaciones de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, anunció la incursión de su grupo en el Catatumbo, así:
Ahora, este año va a haber fuerte confrontación con el Eln. Nuestras tropas están avanzando en este momento hacia el norte, en Santander, y el mayor escenario de confrontación se va a establecer en las riberas del río Tarra, donde permanecen Gabino y Antonio cuando no están vacaneados en el extranjero.
El país tendrá que entender lo que va a suceder allí. Ahí está el Estado Mayor, el Coce, y ellos se van a ver obligados a replegarse por Sardinata hasta el río Guarumito, en jurisdicción de territorio venezolano, en inmediaciones de Puerto Santander.
Fundado en la información aportada por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ en audiencia del 20 de diciembre de 2006, allegada como material probatorio por la Fiscalía en la audiencia de control formal y material de cargos, sesión de 24 de julio de 2012 y en el escrito de formulación de cargos presentado por la misma entidad30, el Tribunal a quo reseña que en marzo de 2009 Castaño y SALVATORE MANCUSO se reunieron en Córdoba con un grupo de combatientes, concretamente en la finca La 35 o en La Acuarela, donde funcionaban escuelas de adiestramiento de las AUC.
Dicho grupo fue reentrenado, llevado a Tierralta, Córdoba, y a mediados de mayo empezó su traslado al Catatumbo, efectuado en 8 o 10 camiones que albergaron a cerca de 220 hombres, quienes al mando del capitán retirado del Ejército Nacional Armando Pérez Betancourt, alias Camilo, atravesaron los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar.
El arribo de los miembros del Bloque Catatumbo a la que sería su zona de influencia, fue descrito como sigue por el Tribunal, a partir del mismo fundamento.
El 27 de mayo de 1999 en horas de la noche, salieron de Pelaya, y entraron al corregimiento El Platanal, haciendo una estación en las fincas Peralonso y El Piñal, donde pasaron la noche, y recibieron apoyo de otro grupo de dieciocho hombres comandado por alias RICARDO o WILLIAM CHAMORRO VILLANUEVA, cabo del ejército, gente del BLOQUE SUR de Bolívar.
En total se aproximó un grupo de 280 hombres, que a las siete de la noche del 28 de mayo iniciaron la última travesía apoyados, esta vez, con gente de JUANCHO PRADA del frente Héctor Julio Peinado Becerra, entre ellos los comandantes de Ocaña JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR, NOÉ JIMÉNEZ ORTIZ, y LEONARDO ENRIQUE SÁNCHEZ BARBOSA, encargados de coordinar el paso hasta el Alto del Poso; lo hicieron con la colaboración del Teniente ESCOBAR, jefe de inteligencia o del B2 del batallón Santander y un sargento conocido como DON JAIME, de nombre desconocido. Adelante de los camiones iban otros dos vehículos y una motocicleta ocupados por el personal de apoyo, incluidos los miembros del Ejército, y al menos cuatro guías, alias ANDRO o ANDRES desmovilizado del EPL, alias NICARAGUA exguerrillero de ELN, alias LA RANA, dos para La Gabarra, alias CABEZA DE MOTOR y alias LUCHO31.
En el sitio Sanín Villa, antes de Ocaña, en un retén del Ejército los abordaron, pero lograron superarlo después de dialogar con el comandante. Siguieron, llegaron a Río de Oro (Cesar) y como tenían que pasar frente a la Estación de Policía, también coordinaron, y llegaron a la ciudad de Ocaña, se aprovisionaron de combustible y el Teniente ESCOBAR verificó el paso frente al Batallón Santander diciéndoles que el comandante de la patrulla, un sargento no se quiso transar y se vio obligado a coordinar con el comandante de la Unidad Militar, CR. RINCÓN. En Ábrego uno de los camiones presentó fallas y el personal lo trasbordaron al resto de camiones, y siguieron, precisando que en el primer camión iba ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, y llevaba como guía un soldado del Batallón Saraguro de Tibú, alias BRAYAN o GEOVANNY VELÁSQUEZ ZAMBRANO. Pasaron por un lado del casco urbano del municipio de Sardinata y aclarando, el día sábado 29 de mayo llegaron a La “Y” de Astilleros, municipio El Zulia. En ese lugar se encontraron con un retén militar permanente adscrito al Grupo Mecanizado No. 5 Maza de Cúcuta, y el teniente comandante de la patrulla intentó detenerles el paso al detectar que no eran militares, sino un grupo armado ilegal, el comandante del retén confrontó a Armando Alberto Pérez Betancourt y después de un diálogo facilitan el paso, igualmente superaron el control que usualmente hacía la policía nacional de la Estación Refinería, vía obligada para arribar a La Gabarra.
El paso de la caravana por Norte de Santander, estuvo coordinado con altos mandos del Ejército Nacional, mencionando a alias DAVID 250, al parecer familiar de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, como baluarte para la obtención de los “permisos”.
Los ilegales no contaron que a pocos kilómetros de Refinerías, en el puente Carboneras y muy cerca de la vereda Socuavo Norte, la guerrilla los iba a emboscar, resultando muertos y heridos varios paramilitares. Como represalia a esta acción, en la vereda Socuavo Norte, ARMANDO ALBERTO PÉREZ BETANCOURT ordenó montar un retén, inmovilizando por varias horas vehículos y centenares de personas, procediendo a asesinar y desaparecer a más de quince pobladores y uno que otro guerrillero, con el apoyo de miembros del Ejército Nacional acantonado en la zona, exactamente del Batallón Saraguro cuyo comandante, el Mayor MAURICIO LLORENTE CHÁVEZ, hoy condenado a cuarenta años de prisión, ha reconocido que superiores suyos facilitaron el ingreso de las autodefensas. Estos hechos fueron conocidos como la Masacre del Socuavo en el cual se documentaron la muerte y desaparición de aproximadamente quince personas, aunque se dice que fueron señalados por los guías que los acompañaban, lo cierto es que previo a quitarles la vida, a muchos de ellos, los despojan de sus haberes.
(…) Al día siguiente, domingo 30 de mayo, recibieron apoyo de la patrulla militar adscrita al Batallón Saraguro, al mando del capitán JAVIER ESCOBAR, a quien según el Mayor MAURICIO LLORENTE CHÁVEZ envió a enfrentarlos, capturarlos o darlos de baja y terminaron uniéndoseles, protegiéndolos hasta el lugar previsto donde luego de masacrar otras personas, les permitieron montar la base y el puesto de mando, pocos kilómetros antes del caserío de La Gabarra.
Además de la masacre del 29 de mayo de 1999, se documentaron otras acciones empleadas como manera de someter a la comunidad: la masacre del 17 de julio de 1999, resultando once personas muertas en plena cabecera del municipio de Tibú. Según el postulado ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, comandante del grupo perpetrador, contó con la colaboración del comandante del Batallón Contraguerrilla No. 46 Héroes de Saraguro, Mayor MAURICIO LLORENTE CHÁVEZ.
Luego se produce la masacre del 21 de agosto de 1999 con más de treinta personas muertas en el caserío La Gabarra, donde según EDILFREDO ESQUIVEL RUIZ, contaron con la colaboración del personal de la base del Ejército Nacional al mando del Capitán CAMPUZANO, hoy condenado. Repitieron su accionar criminal en la modalidad de masacres el 6 de abril de 2000 en el municipio de Tibú, barrios El Triunfo y La Pista, donde murieron 21 personas y otras cuatro quedaron gravemente heridas.
También comandado por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, entre enero y febrero de 2000 incursionaron al corregimiento Filo Gringo, municipio El Tarra, Norte de Santander, no sin antes asesinar y desaparecer a más de diez personas, una de las víctimas menor de edad embarazada de quien dicen le sacaron el feto. Al llegar a Filo Gringo toda la población había abandonado el caserío, solo una pareja de ancianos que no tuvieron para donde irse quedaron allí; en la retirada los ilegales incineraron las viviendas. El 5 de agosto de 2000, también bajo el mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, instalaron un falso retén en la vía entre Sardinata y Cúcuta, y haciéndose pasar como miembros de la guerrilla con brazaletes de ELN, detuvieron vehículos e interceptaron a ocho personas (8) a quienes acribillaron y despojaron de sus pertenencias. (…)
A los pocos días de incursionar el ex comandante Armando Alberto Pérez Betancourt, dentro del caserío de La Gabarra, montó su propia oficina con todas las comodidades que sobresalían a lo común, cerca de la Estación de Policía, donde atendía sus funciones delincuenciales, especialmente el manejo del narcotráfico, la logística de la organización y atendía a la comunidad que acudía para que le solucionara los problemas y les diera información por la suerte de sus familiares, es decir sustituyó a las autoridades civiles y policiales.
La organización del bloque Catatumbo respondía a una jerarquía definida, contaba con estatutos de constitución y régimen disciplinario, reformados y aprobados en la Segunda Conferencia Nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia32, los cuales permitían el ascenso de sus miembros en esa estructura33 y, especialmente, estableció y aplicó unos específicos métodos de lucha, a través de los cuales buscó consolidar el control político, militar, social y económico de su zona de influencia.
Acorde con lo informado por los postulados en sus versiones, reseñadas en el escrito de formulación de cargos, el bloque Catatumbo, tuvo una cúpula conformada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, al igual que por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, encargado de la estrategia política y militar que debía cumplirse en Norte de Santander, labor que adelantaba desde Montería.
Dependiendo en forma directa de esa estructura, dada la unidad de mando característica de las AUC, ARMANDO ALBERTO PÉREZ BETANCOURT, alias Camilo, ejerció ya en el terreno y desde su integración, la máxima comandancia del mencionado bloque, apoyado, entre diciembre de 1999 y abril de 2000, por Doménico Mancuso, alias Lucas, quien se encargaba, según su pariente SALVATORE, de coordinar con precisos integrantes de la fuerza pública, la ayuda que les atribuye.
Iniciando enero de 2000, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, alias Mauro o Jerarca 5, se integró al grupo y reemplazó a ARMANDO ALBERTO PÉREZ BETANCOURT durante el mes de vacaciones que tomó; alias Mauro asumió luego como segundo mando, posición que ocupó hasta el 17 de julio del mismo año cuando ésta fue adquirida por DIEGO FERNANDO FINO RODRÍGUEZ, alias Marlon, quien lo desplazó al tercer mando. Este esquema se conservó hasta la desmovilización del bloque.
Con sustento en las versiones de los postulados, se conoce que el Bloque Catatumbo estuvo integrado por cerca de 400 hombres, organizados en tres frentes:
(i) La Gabarra, comandado por ARMANDO ALBERTO PÉREZ BETANCOURT o Camilo;
(ii) Tibú, cuyas operaciones iniciaron a finales de octubre de 2000, tuvo su sede en el municipio del mismo nombre y bajo el mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, alias Mauro, actuó en su casco urbano, en sus corregimientos Campo Dos y Pacelli, al igual que en Las Mercedes, Luis Vero, San Martín de Loba, La Victoria, corregimientos de Sardinata.
(iii) Fronterizo o Fronteras, integrado al Bloque el 20 de diciembre de 2001, su influencia se extendió a Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Los Patios, el Zulia, la provincia de Pamplona34 y los municipios de Arboledas, Salazar, Gramalote y Sardinata. Estuvo comandado por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, alias el iguano, Raúl o Pedro Fronteras, miembro de las AUC desde 1996. El 5 de mayo de 1999 llegó a la ciudad de Cúcuta como parte del grupo de justicia privada de EDGAR CERCADO, alias Papo, y luego se integró de lleno al accionar delictivo del Frente Fronteras35.
Los frentes estaban organizados en compañías de choque con un promedio de 200 integrantes, divididas a su vez en 6 grupos de 30 a 35 individuos, asignados a escuadras de 10 o 12 sujetos. Además, existía un bloque móvil liderado por RUBÉN DARÍO ÁVILA MARTÍNEZ, alias FELIPE, con actividades en el municipio de El Tarra; un grupo al mando de alias FABIÁN, para la seguridad de ARMANDO ALBERTO PÉREZ BETANCOURT o Camilo; un grupo urbano de 15 individuos en La Gabarra, inicialmente al mando de alias el gato, luego crispeta y por último, bachiller, estructuras que contaron con el soporte administrativo o logístico de alias Guarín y alias GACHA.
Con la pretensión de «…combatir el enemigo de la nación colombiana, para retomar esos territorios para la nación y para quitarle las finanzas de las que se abastecía la guerrilla y para quitarle el fortín político, militar y económico que ellos tenían…»36, el Bloque Catatumbo definió y ejecutó contra la población civil de su área de influencia, métodos de dominio consistentes en masacres, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, despojo de ganado y bienes, exacciones cobradas a empresas, gremios y comerciantes de Cúcuta por el frente Fronteras.
De forma paralela incursionó en el narcotráfico, actividad que, señala la Fiscalía en forma general a partir de lo informado por el postulado MANCUSO GÓMEZ37, cada año produjo al Bloque las siguientes cantidades de cocaína por número de hectáreas controladas: en 1999, 7.500 kg por 2.400 ha; en 2000, 21.000 kg por 3.500 ha; en 2001, 30.000 kg por 5.000 ha; en 2002, 32.400 por 5.400 ha; en 2003, 18.500 kg por 3.000 ha y en 2004, 11.000 kg por 2.200 ha.
El mismo ex comandante señaló que buena parte de los recursos obtenidos del tráfico de narcóticos se destinó al sostenimiento de ese ejército ilegal, en las cuantías que indica.
El grupo ilegal, con 1.435 miembros, 988 armas largas, 71 armas cortas, 55 armas de acompañamiento, 13 granadas y 287.444 municiones, se desmovilizó en la finca Brisas de Sardinata, corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú, el 10 de diciembre de 2004, bajo el mando del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.
En el anterior escenario se cumplieron los hechos materia de esta sentencia parcial, comunes a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, JIMMY VILORIA VELÁZQUEZ y LENIN GIOVANNY PALMA BERMUDEZ.
Los cargos formulados por el Fiscal 41 Delegada ante Tribunal de Distrito, adscrita a la Unidad Nacional de Justicia y Paz, aceptados por los postulados son los siguientes, los cuales fueron agrupados por la Colegiatura de primera instancia acorde con los patrones de macro criminalidad señalados por la Fiscalía:
1. Incursiones a municipios y caseríos como manera de intimidación a la población civil para ejercer y mantener control territorial
Cargo Nº 5. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; actos de terrorismo; violación de habitación ajena.
En la madrugada del 10 de enero de 2001, hombres uniformados y fuertemente armados del Frente Fronteras de las Autodefensas, comandado por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, incursionaron violentamente en la población de Lourdes (Norte de Santander). Mientras unos atacaban con fusiles las instalaciones de la Estación de la Policía Nacional, otros, apoyados por un guía, se dirigieron a la vivienda del señor Antonio Jerez y preguntaron por su hijo Wilson Ramiro Jerez Sanabria. Como no se encontraba obligaron al padre a llevarlos a la casa donde su hijo convivía con su familia; de allí lo sacaron y lo llevaron hasta la salida del pueblo por la vía que conduce al municipio de Sardinata y frente a la cancha fútbol le propinaron múltiples impactos de arma de fuego, con los que le causaron la muerte.
El mismo grupo de hombres entró a la vivienda del joven Jesús David Aponte Urbina, lo interrogaron por unas armas, registraron la casa y salieron con él, obligándolo a señalarles la casa de alias “El Gato”; de allí lo trasladaron a Telecom, lo transportaron en la camioneta donde llevaban a Jerez Sanabria, de forma que pudo observar el momento en que le quitaron la vida; después lo dejaron en libertad. En el hecho participó JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ.
Cargo Nº 7. Homicidio en persona protegida; secuestro agravado; actos de terrorismo; aborto sin consentimiento.
Entre la noche del 13 de enero de 2001 y la madrugada del día siguiente, un grupo de hombres del Frente Fronteras, comandado por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, movilizados en tres camionetas, incursionaron en el corregimiento La Curva, municipio de Bucarasica (Norte de Santander), asaltaron la finca Media Libra de Eluduvina Carreño Estupiñan. En la calle observaron un automóvil ocupado por María Fernanda Carreño Estupiñan, embarazada, y su esposo José Hernán Mejía Mejía, quienes fueron conducidos junto con Andelfo Lozano Riveros a la finca La Palmita, donde los asesinaron con múltiples disparos de arma de fuego.
El mismo grupo armado sustrajo de la Escuela Patio Barrio a dos personas más, quienes corrieron la misma suerte de los antes mencionados. De ellas sólo se logró identificar a Alirio Ropero Galván, mientras que la otra, correspondía a una mujer de aproximadamente 18 años de edad.
Para aterrorizar y generar zozobra en la comunidad, fijaron en las paredes de las viviendas avisos y grafitis de contenido amenazante que anunciaban la llegada de las Autodefensas a la región y conminaban a la población a que los apoyaran. En este hecho participó JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ.
Cargo Nº 9. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; despojo en campo de batalla; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
El 12 de octubre de 2000, integrantes del Frente Fronteras de las Autodefensas al mando de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA llegaron a la casa de Luis Ernesto Mantilla Niño ubicada en Sardinata (Norte de Santander), lo sacaron bajo promesas de empleo, lo obligaron a abordar un vehículo y horas después apareció sin vida en el kilómetro 3 de la vía que conduce a Lourdes. El cuerpo presentaba múltiples heridas producidas con proyectiles de arma de fuego; fue despojado de sus pertenencias.
A los cuatro días de la ceremonia fúnebre, otros sujetos del grupo armado ilegal volvieron a la casa del occiso y a Miriam Rodríguez Lázaro, esposa, le pidieron las llaves del local donde funcionaba el taller de ornamentación y saquearon todos los elementos de trabajo, avaluados en setenta millones de pesos.
Cargo Nº 10. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; tortura en persona protegida; actos de terrorismo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 23 de diciembre de 2001, un grupo de 230 hombres del Bloque Catatumbo, en cumplimiento de las órdenes directas de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ y JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ de tomarse el corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata (Norte de Santander), montaron un retén en el punto conocido como El Placer o Las Vegas, donde interceptaron a los señores Luis Felipe Hernández Gómez, Jorge Vaca Colmenares y Abilio Guzmán Pinto Camelo, a quienes señalaron de colaborar con la guerrilla, motivo por el cual los asesinaron con múltiples disparos de armas largas (fusiles). A Jorge Vaca Colmenares, le dispararon por la espalda cuando intentaba huir.
Cargo Nº 11. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada en circunstancias de mayor punibilidad.
El 27 de diciembre de 2001, un grupo del Bloque Catatumbo incursionó en el corregimiento Luis Vero de Sardinata con el objetivo de dar muerte y desaparecer a Orfelina Pérez Ureña, propietaria de un negocio y de quien decían era hermana del comandante de las FARC alias “Flaminio”. En presencia de sus dos menores hijos la sacaron contra su voluntad de la casa, la condujeron a las afueras del pueblo donde la mataron y desaparecieron su cuerpo, sin que a la fecha se conozca el sitio donde fue inhumada.
Cargo Nº 16. Homicidio en persona protegida; actos de terrorismo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de enero de 2001, por órdenes de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, un grupo del Frente Fronteras integrado, entre otros por JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ incursionaron en el municipio de Gramalote (Norte de Santander) con la finalidad de asesinar al ex concejal de ese municipio Oscar Enrique Niño Ramírez, a quien ubicaron en el establecimiento ubicado en la calle 5 No. 6- 29 o Calle Real.
El señor Pedro Antonio Pérez Gómez gritó desde la calle que no se lo llevaran porque era una buena persona y los miembros del grupo armado también lo obligaron a que los acompañara. Los condujeron a otro lugar del pueblo, donde los ataron y sometieron contra el piso en posición de cúbito dorsal, para enseguida asesinarlos con disparos de arma de fuego. Luego se trasladaron a la vivienda de Benedicto Velandia y como no respondió dispararon contra la casa. Al marcharse pintaron insignias de las A.U.C. en los muros de la vivienda y en la mayoría de la localidad de Gramalote.
Cargo Nº 21. Homicidio en persona protegida; actos de terrorismo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 30 de noviembre de 2001, entre las 4 y 5 a.m., a 200 metros de la vía que del municipio de El Zulia conduce al corregimiento de Campo Alicia, a la altura del caserío El Salto, hombres del Frente Fronteras al mando de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, instalaron un retén e inmovilizaron varios vehículos ocupados por José Alirio Mandón Suárez, José Leonidas Quintero, Deleizer Mantilla Picón, Yesid Alberto Yáñez Soto y Carlos Andrés Oliveros, a quienes bajaron y amarraron de las manos.
Al parecer, una de estas personas informó que en el automotor llevaban armas y al revisar encontraron 2 fusiles y 5 pistolas. A los mencionados señores los asesinaron con disparos de arma de fuego calibre 9 mm. Así mismo, incineraron los carros Dodge Dart, taxi, placas URC-405 y Ford modelo 53, con placas URI-285 de propiedad de Deleizer Mantilla Picón.
Cargo Nº 36. Homicidio en persona protegida; actos de barbarie; violación de habitación ajena en circunstancias de mayor punibilidad.
El 24 de noviembre de 2001 a las 10:20 a.m., dos integrantes del grupo paramilitar de Salazar de las Palmas, al mando de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ingresaron de manera violenta al inmueble distinguido con el número 9–63 del barrio El Páramo de dicho municipio, donde vivían Rosa Alexandra Carrillo Díaz, Nelly Carrillo Díaz y Johanna Silva Carrillo, a quienes les dispararon con armas calibre 9 mm. Rosa Alexandra Carrillo Díaz perdió la vida en el lugar, mientras que Nelly y Johana alcanzaron a ser conducidas vivas al hospital de la localidad, donde fueron alcanzadas por los mismos agresores y en presencia del personal médico las ultimaron.
Cargo Nº 42. Homicidio en persona protegida; actos de terrorismo; violación de habitación ajena en circunstancias de mayor punibilidad.
El 28 de junio de 1999, sujetos fuertemente armados, entre ellos JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ incursionaron a la vereda Santa Cecilia del corregimiento El Salado e ingresaron de manera violenta al inmueble número K – 42, identificaron a Jorge Eliécer Rosas Luna, quien aparecía en una lista de personas para asesinar. Éste dormía con su hija de 4 años y después de quitarla de sus brazos, en presencia de la niña, le dispararon hasta causarle la muerte.
Durante la incursión, fijaron letreros en los muros de la casa de la víctima y de otras viviendas del sector con mensajes contentivos de amenazas contra la población como “MUERTE ACCU A LOS SAPOS VIVAN LAS AUTODEFENSAS ACCU”.
Cargo Nº 59. Homicidio en persona protegida; secuestro agravado: actos de terrorismo; despojo en el campo de batalla; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
El 31 de julio de 1999, en una acción planeada directamente por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ y ejecutada en compañía de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ y David Hernández, alias “39”, arribaron en helicóptero a las veredas Los Cuervos y Puerto Barrancas del corregimiento La Gabarra, municipio Tibú (Norte de Santander).
En el lugar se dividieron en dos grupos, uno con SALVATORE MANCUSO GÓMEZ en la vereda Los Cuervos y otro con JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ en la vereda Puerto Barrancas, apoyado por el grupo Los Atacadores al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ. Procedieron a montar retenes fluviales en el río Catatumbo para inmovilizar a los pobladores que se transportaban en canoas y obligarlos a participar en una reunión en la cual les dieron a conocer la presencia del grupo ilegal en la región y amenazaron de muerte a quienes apoyaban a la guerrilla.
Posteriormente despojaron de sus pertenencias a algunos de los retenidos, de una cantidad indeterminada de base de coca y más de cien millones de pesos. En la referida maniobra le quitaron la vida a Jorge Páez Garzón (también lo despojaron de una canoa de su propiedad), Edison Alberto Galván Flórez y José Ángel Contreras Rincón, en la vereda Los Cuervos; y en la vereda Barrancas, a Luis Antonio Padilla y Luis Jesús Contreras Torrado, todos de oficio bogas o transportadores fluviales.
Cargo Nº 61. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; actos de terrorismo; desplazamiento forzado de población civil; despojo en campo de batalla en circunstancias de mayor punibilidad.
El 14 de agosto de 1999, aproximadamente 40 hombres armados y uniformados, entre ellos ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, llegaron a la finca de la familia Guerrero García, ubicada en el sector Campo Tres, vereda La Esmeralda, corregimiento Campo Dos, municipio Tibú, y sacaron de la casa a Apolinar Contreras, Ana Judith Guerrero Contreras, Abelino Guerrero García, Luis Antonio Guerrero Contreras, Eugenia Contreras y Miguel Alberto Guerrero Contreras, los llevaron a un palo de mango, les amarraron las manos atrás y les dijeron que venían por el ganado y los vehículos.
Una vez terminaron de sustraer el ganado, regresaron a la finca y se llevaron a Abelino Guerrero García y a Luis Antonio Guerrero Contreras y a los 20 minutos se escuchó una fuerte explosión seguida de disparos. Le prendieron fuego a un rancho, muy cerca al sitio donde quedaron parcialmente incinerados los cuerpos de Abelino y Luis Antonio. Por estos hechos, la familia salió desplazada hacia Tibú. Los miembros del grupo armado ilegal despojaron a las víctimas de 200 cabezas de ganado, 10 gallinas, una herramienta y todos los alimentos perecederos que tenía en la alacena, también hurtaron dos carros, un Willis modelo 1961 con placa IW-5093 y una camioneta modelo 1994 con placa SCG-930 de Venezuela.
Cargo Nº 62. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; tortura en persona protegida; despojo en campo de batalla; actos de terrorismo; violación de habitación ajena con circunstancias de mayor punibilidad.
El 21 de agosto de 1999, en la vereda Petrolea, corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú, un grupo de Autodefensas, armado y uniformado de manera similar a los militares, algunos de ellos encapuchados, al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, ingresaron al caserío, sacaron de sus casas a los pobladores, los obligaron a participar en una reunión y después de tratarlos de auxiliadores de la guerrilla, escogieron y dieron muerte con disparos de arma de fuego a Benjamín Remolina Lindarte, David Hernández Jaimes, Luis Daniel Villamizar Contreras y Omar Orlando Pérez, de quienes sólo se pudieron recoger sus cuerpos al siguiente día.
A David Hernández Jaimes, lo despojaron de trescientos mil pesos y a Benjamín Remolina Lindarte de dinero y artículos de su negocio. Igualmente, fueron retenidos Jair Moncada, los profesores Pablo Bonilla y Ángel María, los conductores Luis Murillo y Nelson Reyes, y los hermanos Javier Villamizar Contreras, Abel Villamizar Contreras, Víctor Manuel Contreras, Víctor García y Tato Santander.
Cargo Nº 63. Homicidio en persona protegida; secuestro simple agravado; despojo en campo de batalla; deportación expulsión traslado o desplazamiento forzado de población civil en circunstancias de mayor punibilidad.
El 21 de agosto de 1999, David García Manosalva se desplazaba de la vereda Miraflores hacia la vereda Campo Giles del corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú, cuando miembros de las autodefensas al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ lo retuvieron, lo amarraron y ejecutaron frente a la gruta de la Virgen, en el sitio conocido como Patagallinas. Junto a él dieron muerte a otras dos personas identificadas como Pedro Pablo Torres y José de Jesús Gutiérrez Vargas, a quienes sacaron de la finca donde trabajaban.
Cargo Nº 65. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; actos de terrorismo; desplazamiento forzado de la población civil; despojo en campo de batalla; utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, todo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 10 de junio de 2001, en la vereda Puerto Palmas del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, integrantes del Bloque Catatumbo al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ instalaron un retén a orillas del río Catatumbo y obligaron a detenerse a quienes por allí transitaban.
Alrededor de cincuenta personas fueron retenidas contra su voluntad; al cabo de dos horas a la mayoría le permitieron alejarse, salvo a Samuel Darío Jaimes Cruz, Ciro Antonio Reyes Pinilla y Antonio María Meza Ardila, a quienes mantuvieron en cautiverio. A Ever Reyes Molina, Ciro Eduardo Reyes Molina y Noriel Reyes, los condujeron hasta una casa donde permanecieron dos horas más. Al medio día liberaron a los tres últimos, mientras que a los tres primeros los asesinaron con disparos de arma de fuego. Posteriormente saquearon la tienda de abarrotes de Samuel Darío e Isabel Ruiz; igualmente se apoderaron del ganado, canoas de motor y otros bienes de propiedad de Ciro Antonio Reyes y sus hijos. Atemorizados por los hechos, optaron por desplazarse de la zona.
Cargo Nº 76. Homicidio en persona protegida; tortura en persona protegida; secuestro simple agravado; actos de terrorismo; despojo en el campo de batalla; violación habitación ajena en circunstancias de mayor punibilidad.
El 1º de diciembre del año 2001, a la vivienda de Miguel Ángel Rodríguez López, Geovanny Rodríguez López y Yoneisi Rodríguez López, ubicada en el Kilómetro 14 de la vía Tibú – La Gabarra, llegaron hombres del grupo urbano de las autodefensas al mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, quienes los sacaron de sus habitaciones junto a Víctor Manuel Rodríguez, visitante ocasional. Luego los ataron y los ejecutaron uno a uno con elementos contundentes como garrotes y piedras que les descargaron sobre sus cabezas. A Víctor Manuel Rodríguez, lo requisaron, lo despojaron de tres millones de pesos y lo dejaron en libertad con la advertencia que debía guardar silencio. La señora Olga López Ochoa, madre de los occisos intentó llegar hasta el lugar, pero un miembro del grupo se lo impidió, a pesar de lo cual dice haber escuchado los gritos de sus hijos.
Cargo Nº 79. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; tortura en persona protegida en circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de mayo de 2000, José Belén Páez Rosso, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Río Nuevo del Corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú, se encontraba en su finca con su esposa Blanca Carrillo Mogollón, cuando un grupo de hombres al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, llegó y luego de preguntar por él, lo acostaron boca abajo, lo ataron de pies y manos, lo internaron por un matorral, donde lo golpearon. Al siguiente día lo metieron a un rancho donde permaneció varias horas, luego lo obligaron a abordar un camión y al caer la tarde, en un paraje solitario, fue hallado su cuerpo.
Cargo Nº 81. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; actos de terrorismo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 30 de julio de 2000, Cesar Augusto Noriega participaba de una fiesta en el Club Barquito del municipio de Tibú, cuando irrumpió un comando de hombres que portaban armas largas, quienes atropellaron y dañaron todo a su paso, agredieron y amenazaron a los participantes del evento, a las mujeres las llevaron a la cancha de microfútbol y a los hombres después de hacerles quitar la camisa, los obligaron a meterse a la piscina del balneario, mientras les apuntaban con los fusiles para vigilar sus movimientos.
Luego se marcharon del lugar con Cesar Augusto Noriega Osorio, a quien señalaban como auxiliador de la guerrilla. Al amanecer, por los lados de la planta de tratamiento del agua potable de Tibú, en el barrio Divino Niño, encontraron su cuerpo con heridas producidas con armas contundentes y de fuego
Cargo Nº 86. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; actos de terrorismo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 7 de julio de 2000, en la primera incursión de las autodefensas al municipio de Sardinata, aproximadamente cuarenta hombres fuertemente armados y uniformados, al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, ingresaron a los barrios El Poblado y Centenario donde retuvieron a más de quince personas y las condujeron al parque de La Virgen. Por señalamiento de Alex Cobos, dejaron a Gonzalo Pereira Lindarte y Guzmán Rodríguez Vergel, a quienes dieron muerte.
Entre las personas retenidas y conducidas al parque de La Virgen se han identificado a Hernando Edwin Castañeda, Oscar Torres Fiallo, Roque Arteaga Vaca, Sergio María Camacho Flórez, Luis Ramón Gutiérrez Rey, José David Pérez Rozo, Humberto Peñaranda, Luis Alfonso Camacho Flórez, Jesús Alirio Cristancho, Jesús Iván Tolosa, Evaristo Julio Garavito, Luis Antonio Támara Tarazona y Miguel Rosales Ibarra.
Cargo Nº 100. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; tortura en persona protegida; despojo en campo de batalla; destrucción y apropiación de bienes protegidos; desplazamiento forzado de población civil; represalias en circunstancias de mayor punibilidad.
El 25 de julio de 2000, hombres armados con fusil, ametralladoras M-60, granadas, uniformados de camuflado y otros de civil, portando brazaletes con la sigla AUC incursionaron al caserío del corregimiento Campo Alicia, municipio El Zulia. Reunieron a la comunidad en el Colegio Básico y a los docentes los obligaron a salir de las aulas, los interrogaron sobre su vinculación laboral y les dijeron que a partir de ese momento tenían que trabajar con ellos; luego, se dirigieron a la sede de TELECOM, destruyeron las ventanas, se apropiaron de dinero en cuantía de $1.200.000 y con artefactos explosivos causaron daños a la sede.
De la reunión sacaron a Carmen Belén Sandoval Sandoval, promotora de salud, sindicada de apoyar a la guerrilla, a Teodoro Galvis Hernández y Germán Galvis Flechas; aproximadamente a un kilómetro los mataron con disparos de arma de fuego. Para salir de la zona se apoderaron de dos automotores, entre ellos un campero de propiedad de Marcelino Martínez.
2. Homicidios y desapariciones forzadas por no compartir el actuar criminal del grupo armado ilegal
Cargo Nº 12. Homicidio en persona protegida en circunstancias de mayor punibilidad; constreñimiento a apoyo bélico.
El 10 de noviembre de 2000, José Espíritu Lizarazo Ramos desde Sardinata abordó un bus de servicio público con destino al corregimiento Las Mercedes de la misma municipalidad. En el sitio conocido como La Virgen era esperado por miembros del grupo urbano de autodefensas comandado por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, quienes lo bajaron del automotor y en presencia de los ocupantes le dispararon múltiples proyectiles de arma de fuego que le produjeron la muerte.
Cargo Nº 19. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; represalias, todo en circunstancias de mayor punibilidad.
El 1º de agosto de 2002, Jairo Genes Gómez Ariza, contratista de la Fundación Catatumbo -Proyecto Cacao- con sede en el Municipio de Tibú, fue abordado por 8 hombres vestidos de civil que lo llevaron a la vía Los Patios donde lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
Cargo Nº 73. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; despojo en campo de batalla en circunstancias de mayor punibilidad.
El 4 de abril de 2003 los integrantes del grupo urbano de las autodefensas de Tibú sacaron de las instalaciones de la Fundación para el Desarrollo del Catatumbo FUNDESCAT, a la doctora Martha Estela Viancha Rangel, abogada discapacitada (ausencia de pierna derecha), asesora jurídica de la entidad; la obligaron a subir a un vehículo en el que la condujeron a la pista del aeropuerto de la localidad donde, luego de conversar por algunos minutos con el comandante paramilitrar Richard Pitalua Martínez alias “Chamba”, le causaron la muerte con disparos de una pistola 9 mm. y la despojaron de sus objetos personales.
Cargo Nº 24. Homicidio en persona protegida; actos de barbarie, concurren en circunstancias de mayor punibilidad.
El 6 de octubre de 2003, sobre las 11:30 p.m., el doctor Alfredo Enrique Flórez Ramírez, asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, abandonó las instalaciones del Palacio Municipal con destino a su residencia, cuando fue interceptado por dos sujetos del Frente Fronteras que se transportaban en una motocicleta, los cuales le dispararon con una pistola calibre 9 mm causándole la muerte.
Cargo Nº 26. Homicidio en persona protegida consumado y en grado de tentativa; concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 1º de noviembre de 2003, en la calle 14 con avenida 0 de la ciudad de Cúcuta, el doctor Jaime de Jesús Arango Muñoz, superintendente de Ecopetrol en Tibú, y su menor hija Clara Inés Arango Delgado fueron atacados con armas de fuego por integrantes del Frente Fronteras que se movilizaban en motocicletas. Arango Muñoz perdió la vida y la niña quedó herida.
Cargo Nº 31. Homicidio en persona protegida; secuestro simple en circunstancias de mayor punibilidad; violación de habitación ajena; represalias.
El 19 de agosto de 2000, siendo las 10:30 p.m., Leónidas Quintero Mendoza y Martha Cecilia Hernández Luque, presidenta de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de El Zulia y candidata al Concejo de la localidad, se encontraban en su residencia ubicada en el paraje el Triunfo de dicho municipio, cuando varios sujetos armados del Frente Fronteras los sacaron contra su voluntad, los condujeron al sector de Urimaco donde funcionaba el basurero público de Cúcuta y los asesinaron tras dispararles con armas de fuego calibre 9 mm.
Cargo Nº 43. Homicidio en persona protegida; secuestro simple, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 29 de octubre de 1999, en horas de la madrugada, integrantes del Frente Fronteras sacaron del centro de diversión Rumichaca a Wilson Javier Villamizar y lo condujeron al anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta, sector Las Polleras, barrio Aguas Calientes, donde le propinaron múltiples disparos con arma de fuego, por la sospecha de que les hacía seguimiento para que el D.A.S. los capturara
Cargo Nº 74. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; tortura en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 24 de abril de 2001, llegaron a la residencia de Félix Casadiego Parra, ubicada en el barrio Miraflores de Tibú, integrantes del grupo urbano de las autodefensas. Como no lo encontraron, lo ubicaron en un billar sobre la vía al cementerio donde lo obligaron a subirse a un vehículo y lo trasladaron a la casa de Richard Pitalua Martínez. Allí lo retuvieron por espacio de dos días y al tercero lo sacaron y le causaron la muerte con varios impactos de arma de fuego. Su cuerpo fue abandonado en el sitio los Higüeros, vereda Campo de Yuca de esa localidad, donde fue encontrado por sus familiares el día 27 de abril de 2001.
Cargo Nº 75. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; obstaculización de tareas sanitarias o humanitarias, concurren circunstancias de mayor punibilidad; represalias; tortura en persona protegida.
El 10 de julio de 2001, Feliciano Casadiego Rincón se encontraba en una caseta del municipio de Tibú consumiendo cerveza. Al notar la presencia del paramilitar José del Carmen Jaime Solano, que había participado en la muerte de su hijo Félix Casadiego Parra, le reclamó airadamente siendo golpeado por aquél en el brazo izquierdo, motivo por el cual fue llevado al Hospital San José, de donde fue sacado por integrantes del grupo urbano y después de mantenerlo retenido, en horas de la noche le causaron la muerte con arma de fuego.
Cargo Nº 96. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; represalias, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 18 de junio de 2001, Alejandra Liliana Torres Riaño salió de su casa a las 8 de la noche a realizar una llamada telefónica y cuando regresaba fue abordada por miembros del grupo urbano de autodefensas de Tibú al mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, quienes se la llevaron hasta la finca Altamira del barrio Los Pinos donde le dieron muerte con arma de fuego. La asesinaron porque supuestamente daba información al ejército sobre el movimiento de las Autodefensas.
3. Acciones con multiplicidad de víctimas
Cargo Nº 20. Homicidio en persona protegida consumado y en grado de tentativa, concurren circunstancias de mayor punibilidad; actos de terrorismo.
El 3 de abril de 2002, a las 6:15 p.m., JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA y cuatro integrantes del Frente Fronteras, entre ellos LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, armados con pistolas nueve milímetros, ingresaron al inmueble de la calle 9ª No. 16 N – 20 barrio Cecilia Castro de la ciudad de Cúcuta, donde funcionaban unos billares, y dispararon en forma indiscriminada porque supuestamente allí se reunían integrantes de bandas delincuenciales y consumidores de droga. Perdieron la vida Luis Fernando Bonilla Acuña, Aramis Ortiz Sepúlveda, Javier Rincón Vargas, Helena Cárdenas Pérez y Marino Rentería Cuero, y resultaron lesionadas Luz Esther Vargas Gómez y Jenny Carolina Villamizar, menor de 10 años de edad. En el lugar fijaron letreros alusivos a las Autodefensas en los que anunciaban actos contra la población civil, con textos como: «RODARÁN CABEZAS», «FUERA VICIOSOS», «MUERTE A VICIOSOS», «MUERTE A RATAS», «FUERA ZORRAS», entre otros.
Cargo Nº 27. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad; violación de habitación ajena.
El 13 de marzo de 2002, en la casa de la avenida 1º No. 10 – 45 barrio Carlos Ramírez París de la ciudad de Cúcuta, integrantes del Frente Fronteras al mando de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, con la participación de LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, ingresaron violentamente y ejecutaron con múltiples disparos a Ángel María Rivera Quintero, Gabriel Rivera Quintero, Luis Jesús Rivera Quintero y Luis Antonio Meza Cárdenas.
Cargo Nº 28. Homicidio en persona protegida consumado y en grado de tentativa; concurren circunstancias de mayor punibilidad; simulación de investidura o cargo.
El 19 de marzo de 2002, en el separador de la avenida 1ª con calles 4ª y 5ª, a la altura de la ciudadela Juan Atalaya de la ciudad de Cúcuta, Juan de Jesús Alcibíades Gerardino, Miguel Ángel Méndez, Juan Bohormita y José Ismael Santos Amaya, fueron interceptados por tres individuos armados pertenecientes al Frente Fronteras, entre ellos LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, quienes se hicieron pasar como miembros de la Fiscalía General de la Nación, les solicitaron una requisa y los pusieron con las manos arriba; posteriormente, les pidieron documentos de identificación y cuando bajaron las manos les dispararon con pistolas 9 mm.
En esta acción quedaron sin vida los tres primeros y gravemente herido José Misael Santos Amaya. Por el lugar transitaba la niña de escasos seis años de edad A.P.G.B., acompañada de su progenitora Martha Ballesteros, quien como consecuencia del ataque resultó gravemente herida al ser impactada por un proyectil que se alojó en su cabeza, el que le produjo la muerte cuatro días después en el hospital Erasmo Meoz. El ciudadano José Ismael Santos Amaya, fue objeto de similar atentado contra su integridad personal, luego de que a través de engaños fuera sacado de su residencia por integrantes del grupo armado ilegal quienes lo trasladaron a un lugar en donde le dispararon, pero logró escapar del atentado y se dirigió a una institución médica para ser atendido.
Cargo Nº 29. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 5 de mayo de 2002, en la avenida 52 N° 18 – 27 del Barrio Antonia Santos de la ciudad de Cúcuta, en los billares El Cóndor, Jairo Barbosa Pérez, Adalbert Alberto Pardo Arias, Cristian Alexis Monsalve Solano y Miguel Ángel Flórez Carreño fueron sorprendidos por tres sujetos armados pertenecientes al Frente Fronteras, quienes sin mediar palabra dispararon armas automáticas tipo pistolas calibre 9 mm y 45 mm, hasta dejarlos sin vida. Acto seguido, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ sacó del lugar a los perpetradores.
Cargo Nº 30. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 18 de mayo de 2002, en el sitio conocido como restaurante Natilan de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, José Luis Santander Amaya, Willington Eduardo Rubio Tolosa y Mauricio Pacheco Pérez fueron asesinados por tres sujetos del Frente Fronteras, entre ellos, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, quienes se movilizaban en motocicletas.
Cargo Nº 45. Homicidio y tortura en persona protegida; secuestro simple, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de abril de 2000, en vía pública de la avenida 7ª B Canal frente al No. 5 N-33 del barrio Sevilla de Cúcuta, Germán Ortiz Aguilar, Fabio Caviedes Guevara y Jorge Yovanni Ruíz Guiza, fueron ejecutadas con disparos de arma de fuego, tipo pistola 9 mm, por integrantes del Frente Fronteras, entre ellos JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO.
Cargo Nº 48. Homicidio en persona protegida; despojo en campo de batalla; violación de habitación ajena, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 2 de agosto de 2000, en el inmueble de la Manzana 5 Lote 19-1, barrio Atalaya de Cúcuta, fueron asesinados Jefferson Ospina Ropero, Raúl José Contreras Galvis y Jairo Omar Morantes Jaimes, por hombres pertenecientes al Frente Fronteras, entre ellos, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO.
Cargo Nº 53. Homicidio en persona protegida; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 18 de diciembre de 2000, en la manzana 14 Lote 8 Primera Etapa de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, Alirio de Jesús Suescún Flórez, Edgar Suescún Flórez y Emel Arturo Yaruro Flórez fueron asesinados. Este último salía de su casa en motocicleta en compañía de su menor hija de 7 años de edad, cuando se acercaron dos hombres armados del Frente Fronteras, entre ellos, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, quienes lo obligaron a bajar de la moto y ordenaron que la menor entrara a la casa, luego, procedieron a dispararle en varias ocasiones. Ejecutado el hecho despojaron a las víctimas de la motocicleta, un celular y una pulsera.
Cargo Nº 84. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 3 de septiembre de 2000, Omar Alirio Parada, Raúl Álvarez Velásquez y Henry Álvarez Velásquez estaban hospedados en un hotel del centro de Tibú y de allí fueron sacados contra su voluntad por miembros del grupo urbano de las autodefensas, que los condujeron hasta la vereda Las Delicias, sector de la Hamaca, les dieron muerte con disparos de pistola 9 mm y los despojaron de sus pertenencias.
Cargo Nº 99. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; despojo en campo de batalla; actos de terrorismo, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 5 de agosto de 2000, en el sitio conocido como San Roque, sobre la vía Cúcuta-Sardinata, miembros del Bloque Catatumbo comandados por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, colocaron un falso retén donde detuvieron y requisaron los vehículos que pasaban, al tiempo que identificaban a sus pasajeros, de los que seleccionaron a Ovidio Díaz Fuentes, Nelson Duarte Flórez, Ramón Gómez Palacio, Óscar Arnoldo Jaimes Celis, John Jairo Guevara García, Carmen Emiro Sánchez Coronel, María Josefa Canal Rodríguez, Orangel Mendoza Contreras, José Antonio Guerrero Baena, quienes fueron ejecutados con armas largas y cortas. Además, los despojaron de sus pertenencias; para confundir, usaron brazaletes del E.L.N.
4. Desapariciones forzadas con la finalidad de ocultar evidencia.
Cargo Nº 66. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 22 de Febrero de 2000, Javier Silva Sánchez se encontraba en el Puerto Maderero del corregimiento La Gabarra de Tibú a bordo de una canoa para dirigirse a la vereda Caño Guadua, cuando fue interceptado por miembros del grupo urbano de las autodefensas, quienes contra su voluntad lo obligaron a trasbordar a otra canoa, lo condujeron a la vereda Caño Guadua y lo entregaron al comandante paramilitar de la zona, quien se encargó de darle muerte y, al parecer, enterrar el cuerpo en fosa común, pues se desconoce el lugar donde fue dejado.
Cargo Nº 67. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad; violación de habitación ajena.
El 12 de marzo de 2000, Fernando Cely Díaz fue sacado de una residencia ubicada en el corregimiento La Gabarra de Tibú por cinco sujetos armados del grupo urbano de las autodefensas vestidos de civil, que lo trasladaron hasta la orilla del río Catatumbo, donde Edilfredo Esquivel Ruíz le causó la muerte y arrojó su cuerpo a las aguas.
Cargo Nº 71. Homicidio en persona protegida, desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 6 de junio de 2000, Luis David Mariño Sierra salió de la finca El Cedral, zona rural de La Gabarra de Tibú, al sector del comercio del mismo corregimiento y de regreso, en el puerto principal sobre el río Catatumbo, dos miembros del grupo urbano de las autodefensas, lo llevaron río abajo hasta una cacaotera donde lo hicieron descender y le dispararon con pistola calibre 9 mm.; su cuerpo fue lanzado al rio Catatumbo, sin que hasta la fecha se haya recuperado.
Cargo Nº 72. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; actos de terrorismo; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 29 de abril de 2000, en la calle principal del corregimiento La Gabarra de Tibú, Juan José Durán Pabón fue abordado y retenido contra su voluntad por integrantes de las autodefensas que lo llevaron en una camioneta y lo condujeron a orilla del río Catatumbo, donde fue asesinado y su cuerpo lanzado a las aguas del río. A la fecha no ha sido posible la recuperación de su cadáver. En la misma época, el grupo comandado por Abel Miro Manco Sepúlveda, despojó a la familia de la víctima de 106 reses, bajo el argumento de que los animales eran propiedad de la guerrilla.
Cargo Nº 78. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad; tortura en persona protegida.
El 1º de mayo de 2000, José Daniel Hernández Contreras llegó a casa de sus padres en el barrio Kennedy de Tibú, guardó el vehículo de servicio público con el que trabajaba. En ese momento, integrantes del grupo de autodefensas asentados en la zona bajo la comandancia paramilitar de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ se lo llevaron y lo condujeron hasta la vereda Campo Tres, donde lo asesinaron; se desconoce el lugar donde reposa el cuerpo.
Cargo Nº 68. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 2 de mayo de 2000, Marcos Elías Rojas Ortiz trabajaba en el sitio Puente Río Nuevo Presidente, corregimiento de Campo Dos de Tibú, ayudando a transbordar a las personas porque la guerrilla había tumbado el puente. Hasta allí llegaron miembros de las autodefensas comandados por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, siendo señalado por Nubia Peñaranda Quintero como colaborador de la guerrilla, motivo por el cual lo obligaron a subirse en una camioneta para después desaparecerlo, sin que se conozca su paradero.
En similares condiciones, el 3 de mayo de 2000, fueron desaparecidos los señores Hugo Alberto Miranda Durán, Simón Roa Contreras y Juan José Hernández Acevedo. Se dice que fueron enterrados en fosa común, sin que haya información del lugar.
Cargo Nº 82. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; secuestro simple; despojo en campo de batalla; desplazamiento forzado de población civil; actos de terrorismo, concurren circunstancias de mayor punibilidad; violación de habitación ajena.
El 29 de mayo de 2000, José Nelson Pérez Ortega salió en la motocicleta de su propiedad, de su casa ubicada en la parcela No. 6 de la vereda Campo Tres, Corregimiento Campo Dos de Tibú, al caserío a comprar algunos víveres. A las 3:00 p.m., arribaron a la citada vivienda cuatro paramilitares en dos motocicletas, incluida la de Pérez Ortega, quienes ordenaron a Martha Rubiela Zapata Areiza que abandonara la zona y por ello se vio obligada a desplazarse con sus hijos menores hacia la ciudad de Santa Marta, sin que se conozca el paradero de su esposo.
Ese mismo día llegaron a Campo Tres, Juan Galán Trespalacios y otros tres paramilitares, en dos motocicletas, incluida la de José Nelson Pérez, se estacionaron frente a una caseta cercana a la escuela y preguntaron por Pedro Nel Hernández. Como no se encontraba, retuvieron a José Nixon Hernández, a quien subieron a un camión y lo llevaron hasta el sitio donde se hallaba su padre y procedieron a darles muerte. Luego amenazaron a los familiares y por ello salieron de la zona Gladys María Ortega Rodríguez, Elizabeth Cassiani con tres hijos menores y Martha Rubiela Zapata Areiza y sus dos hijos. Los agresores sacaron de la finca Galicia 64 cabezas de ganado.
Cargo Nº 80. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 6 de junio del año 2000, Orlando Herrera Ovalles acudió al caserío Petrolea acompañado de dos empleados para atender un daño eléctrico reportado en el sector. Una vez allí, hombres comandados por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ interceptaron el vehículo en el que se movilizaba, lo retuvieron para posteriormente darle muerte con arma de fuego y desaparecer el cadáver.
Cargo Nº 85. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 5 de septiembre del año 2000, Nerio Buitrago Torres se encontraba en el estadero La Cigarra de Tibú en compañía de su esposa Ofelia Remolina, cuando fue abordado por tres miembros de las autodefensas, quienes lo obligaron a subirse a un vehículo. Ella los siguió y como no pudo alcanzarlos, se dirigió a la Policía, donde expuso lo sucedido, sin encontrar el apoyo que requería. Ante esta situación, la familia inició su búsqueda, fueron a Campo Dos y hablaron con JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, comandante paramilitar en la zona, quien luego de consultar una lista manifestó que sus hombres no lo tenían.
Según los familiares, Nerio llevaba en su poder un millón de pesos y una cadena de oro, elementos de los que fue despojado, al igual que de una motocicleta. José del Carmen Jaime Solano, postulado en Justicia y Paz, manifestó ante el Fiscal 174 de la Subunidad de Exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz, que fue sacado de una fuente de soda, lo introdujeron en un carro y lo llevaron para la Finca de los Pinos y en ese lugar fue desaparecido.
Cargo Nº 64. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad; actos de terrorismo.
El 22 de septiembre de 2000, Jesús Alejandro Osorio Contreras, vendedor de tinto en las calles de Tibú, fue interceptado por miembros del grupo urbano de las autodefensas comandado por JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, que lo obligaron a subir a un vehículo y lo desaparecieron. El postulado Edilfredo Esquivel Ruíz señaló que lo decapitaron y enterraron cerca al Barrio Los Pinos, del mismo municipio.
Cargo Nº 6. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; tortura en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
En enero de 2001, Juan de Jesús Guerrero Barón y Carlos Julio Flórez se dirigieron al municipio de Puerto Santander (Norte de Santander) con el propósito de trabajar en agricultura. En cumplimiento de órdenes de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, fueron sacados de la finca donde laboraban por integrantes del Frente Fronteras y conducidos al corregimiento La Esperanza, donde fueron entregados al grupo paramilitar comandado por Harold Enrique Arce Graciano, quien después de interrogarlos, los asesinó con disparos de fusil, siendo enterrados en fosa común.
Cargo Nº 87. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; tortura en persona protegida; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 20 de septiembre de 2001, Roque Noriega Bayona salió de trabajar de un asadero de pollos que administraba en el centro de Tibú, cuando fue interceptado y retenido contra su voluntad por miembros del grupo urbano de las autodefensas que lo llevaron al sector conocido como Recta Los Higuerones, en la vía a El Tarra, donde lo amarraron de las manos, lo torturaron, le causaron la muerte con una herida en el cuello con arma corto punzante y lo enterraron a orillas del río Tibú. El cuerpo fue hallado el 29 del mismo mes y año.
Cargo Nº 89. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 4 de febrero de 2001, Luis Arsenio Garay Peñaranda se encontraba en el parque principal de Tibú en su actividad de vendedor ambulante, cuando llegaron varios miembros de las autodefensas que por orden de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ lo llevaron hasta el barrio La Esperanza, le causaron la muerte y desaparecieron el cuerpo.
Cargo Nº 94. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad; tortura en persona protegida.
El 14 de febrero 2001, Ramón María Becerra Ardila fue abordado y retenido en la zona céntrica de Tibú por hombres del grupo urbano de las autodefensas bajo el mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, que lo condujeron hacia la trocha entre el barrio La Esperanza y la vereda La Serena, donde le dieron muerte con arma de fuego. El cadáver fue encontrado con señales de tortura el 22 de febrero de 2001 por la Fiscalía Local en una fosa común con otros cuerpos.
Cargo Nº 90. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 16 de febrero de 2001, Tito Chacón Rivera fue abordado por miembros del grupo urbano de las autodefensas que lo condujeron entre el barrio La Esperanza y la vereda La Serena, donde lo degollaron y descuartizaron. Seis días después, el cuerpo fue encontrado en fosa común.
Cargo Nº 93. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; tortura en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 17 de febrero 2001, Expedito Carrero Albarracín se encontraba en el perímetro urbano de Tibú cuando fue retenido contra su voluntad por hombres pertenecientes al grupo urbano de las autodefensas comandado por JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, que lo condujeron hasta la trocha entre el barrio la Esperanza y la vereda La Serena, donde le dieron muerte con arma cortante, mediante degollamiento y posteriormente lo enterraron en fosa común.
Cargo Nº 95. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; actos de terrorismo; violación de habitación ajena.
El 17 de marzo de 2001, Cleofe Angarita Amaya, de 75 años de edad, fue sacado violentamente de su casa del barrio El Limón de Tibú por miembros de las autodefensas al mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTÚZ. El 13 de junio de 2008, la Fiscalía exhumó los restos humanos del citado en la finca La Granjita, sector Divino Niño y Villa Paz, de la misma municipalidad.
Cargo Nº 2. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad; represalias.
William Marino Walles Villafañe trabajaba como vigilante de Ecopetrol en la sede Tibú y el 29 de mayo de 2001, luego de terminar su turno y dirigirse a su residencia fue desaparecido por integrantes del grupo urbano del Bloque Catatumbo al mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ. El 14 de febrero de 2009 los restos óseos fueron exhumados de una fosa común en predios de la Finca Altamira, Barrio Los Pinos de Tibú.
Cargo Nº 91. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; desaparición forzada; tortura en persona protegida; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 11 de febrero de 2001, Juan Bautista Flórez Moncada, su esposa Carmen Aminta Flórez Blanco y su hija Esther Flórez Flórez atendían un puesto de venta en la plaza de mercado de Tibú. Al lugar arribaron cinco miembros del grupo urbano de las autodefensas que le solicitaron a Juan Bautista que los acompañara; ante su negativa lo trasladaron junto con su hija a una vivienda donde permanecieron retenidos por tres días. El lunes siguiente fueron separados y se permitió a Esther retornar a su hogar. Ocho días después se tuvo conocimiento que en la vereda La Serena se habían hallado dos cuerpos, entre ellos el de Juan Bautista que presentaba heridas en el cuello causadas con arma blanca.
Cargo Nº 92. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, tortura en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 14 de febrero de 2001, Samuel Soto Durán fue abordado y retenido contra su voluntad por miembros de las autodefensas en el centro de Tibú. De allí fue trasladado al sitio conocido como Paloquemao donde le dieron muerte con arma blanca, lo descuartizaron y enterraron en fosa común. El 22 de febrero del mismo año, el padre de la víctima encontró la fosa y procedió a sacarlo.
Cargo Nº 97. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; secuestro simple agravado; tortura en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
En julio de 2001, Celis María Ascanio Ortiz y Alba Esther Guerrero Claro se hospedaban en un hotel del Municipio de Tibú cuando fueron retenidas por miembros del grupo urbano de las autodefensas que las trasladaron a la residencia del comandante paramilitar JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, donde las recluyeron durante 15 días mientras las interrogaban. Finalmente, les dieron muerte con arma de fuego. El cuerpo de Celis María Ascanio se encontró en la vía que de Tibú conduce a Campo Yuca; el de Alba Esther Guerrero Claro no se ha recuperado.
Cargo Nº 33. Homicidio agravado; desaparición forzada; hurto calificado y agravado, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 9 de enero de 2002, los jóvenes Sair Eduardo López Ramírez y Luis Alberto García Ramírez salieron de la casa en una motocicleta Suzuki FR-80 de placas PES 63 con destino a Ureña (Venezuela) a realizar un trabajo de carpintería y desde ese momento los familiares no volvieron a saber de ellos. La investigación de la Fiscalía determinó que fueron retenidos y asesinados por los paramilitares del Frente Fronteras, sus cuerpos fueron incinerados en improvisados hornos diseñados por el grupo paramilitar. La motocicleta fue sustraída y los familiares la vieron en poder de las Autodefensas en Villa del Rosario, pero no se atrevieron a reclamarla.
Cargo Nº 37. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 6 de abril del 2002, en el corregimiento La Parada del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), Moisés Flórez Soledad y Elvis Luis Vargas Jaimes (menor de 15 años) fueron retenidos por integrantes del Frente Fronteras que los condujeron al corregimiento de Juan Frío, sin que se volviera a tener noticia de su paradero.
Cargo Nº 38. Homicidio agravado; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 22 de junio de 2002, Jaime Alain Escalante Castellanos se despidió de su progenitora Bernarda Castellanos y le dijo que salía con destino al Centro Comercial Alejandría, sin que desde ese momento volviera a tener noticia de su paradero.
La investigación de la Fiscalía permitió conocer que fue retenido por Alexander Ardila Lindarde, Cabo de la Policía Nacional, distinguido en las autodefensas con el alias de “El Cabo Ardila” o “Mascotica”, quien junto con Elmer Darío Atencia González alias “Polocho”, lo llevaron al sótano del centro comercial y éste último, se encargó de conducirlo al sector de Juan Frío del municipio de Villa del Rosario, donde lo asesinaron y desaparecieron en los hornos crematorios diseñados por ellos.
Cargo Nº 22. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 27 de octubre de 2002, Luis Óscar Gualdrón Goyeneche se dirigía a su residencia ubicada en la carrera 15 No. 14-67 barrio Primero de Mayo de Villa del Rosario, pero nunca se volvió a saber de él. La investigación permitió conocer que fue abordado por integrantes del Frente Fronteras que en cumplimiento de órdenes impartidas por ARMADO RAFAEL MEJÍA GUERRA alias “Hernán”, comandante paramilitar de la zona, lo llevaron hasta Juan Frío donde lo asesinaron e incineraron su cuerpo en un horno crematorio.
Cargo Nº 1. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 30 de agosto de 2010 el investigador del C.T.I. Carlos Alberto Pinzón Gil, junto a Carolina Osma Claro, se dirigieron hacía la entrada principal de la Represa Incora del municipio El Zulia para reunirse con Carlos Enrique Rojas Mora, Carlos Andrés Palencia González y Luis Fernando Madera comandantes del Frente Fronteras. En desarrollo del encuentro, éste último disparó su arma de fuego contra las mencionadas personas; los cuerpos fueron recogidos por el carro de una funeraria de El Zulia y en el trayecto el vehículo fue interceptado por hombres de la citada organización que se llevaron los restos.
5. Victimización de servidores públicos
Cargo Nº 2. Homicidio en persona protegida; represalias, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
En las horas de la mañana del 1º de noviembre de 2001, el doctor Carlos Arturo Pinto Bohórquez, Fiscal Especializado de Cúcuta, se dirigía hacía su oficina ubicada en el Palacio de Justicia, cuando fue interceptado por dos integrantes del Frente Fronteras que se transportaban en una motocicleta, quienes accionaron un arma de fuego contra el funcionario hasta dejarlo sin vida.
Según la investigación, el doctor Pinto Bohórquez fue declarado objetivo militar porque en criterio de los paramilitares, únicamente los investigaba a ellos. Así mismo, se estableció que Alexander Ardila Lindarte, Cabo de la Policía de Tránsito de Cúcuta, hizo seguimientos y transportó el arma utilizada para el hecho delictivo. La acción criminal fue ordenada directamente por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA
Cargo Nº 3. Homicidio en persona protegida consumado y en grado de tentativa; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; actos de terrorismo; represalias, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 28 de julio de 2001, a las 6:40 p.m., la doctora María del Rosario Silva Ríos, Fiscal Especializada de Cúcuta, en compañía de su esposo Ernesto Rodríguez Beltrán y sus dos menores hijos, salió de la Clínica San José de Cúcuta. En ese momento, cuatro miembros del Frente Fronteras se acercaron al automotor y dispararon contra la funcionaria causándole la muerte e hiriendo a los otros ocupantes del automotor.
Cargo Nº 4. Homicidio en persona protegida consumado y en tentativa; represalias, concurren circunstancias de mayor punibilidad; actos de terrorismo; desplazamiento forzado de población civil.
La noche del 12 de febrero de 2001, el doctor Ángel Iván Villamizar Luciani, rector de la Universidad Libre de la Seccional Cúcuta, en compañía de un grupo de seguridad, abandonó la institución académica y en la calle 7ª N frente al inmueble No. 7 E–152 del barrio Ceiba II de Cúcuta, fueron interceptados por un vehículo ocupado por integrantes del Frente Fronteras, entre ellos, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ, quienes descendieron y dispararon armas de fuego. Producto del intercambio de disparos, se produjo el deceso del académico y lesiones a los escoltas Rafael Méndez Cárdenas, Benjamín Quintero Barrera y Jesús Aparicio Vera, este último detective del D.A.S. a quien sindican de haber colaborado con el grupo armado ilegal.
Cargo Nº 35. Homicidio en persona protegida consumado y en tentativa; represalias; actos de terrorismo, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 20 de septiembre de 2001, a las 7:50 p.m., en la avenida 1ª con calle 19 del barrio Blanco de la ciudad de Cúcuta, el doctor Jesús David Corzo Mendoza se desplazaba en su vehículo en compañía de su progenitora Danielle Mendoza Corzo, cuando fueron interceptados por otro automotor, ocupado por dos integrantes del Frente Fronteras, quienes dispararon en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte a Corzo Mendoza y heridas a su familiar.
La orden fue dada por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA porque la víctima fue uno de los investigadores del C.T.I. que intervino en su captura del 16 de noviembre de 2000 y, además, judicializó a miembros de la organización en Ocaña. En el seguimiento de la víctima participó el entonces Subintendente de la Policía Nacional Alexander Ardila Lindarte.
Cargo Nº 39. Homicidio en persona protegida; represalias; actos de terrorismo; daño en bien ajeno, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 24 de marzo de 2003, a la 1:30 a.m., en la avenida 8ª frente al inmueble N° 6 N–21 del barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta, un vehículo de servicio público taxi de placas URK-362 explotó en plena vía. En el baúl se encontró incinerada una persona de sexo masculino con quemaduras de tercer nivel en el 95% de la superficie corporal. Se estableció que era el ex investigador del C.T.I de Cúcuta Milton Eduardo Márquez Meza que había participado en la captura de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA el 16 de noviembre de 2000.
La víctima había sido trasladada a la Seccional de Florencia (Caquetá) y luego de ser declarada insubsistente el 11 de marzo de 2002, regresó a Cúcuta, donde se dedicó a conducir el taxi de propiedad de la señora Zenaida Ochoa. Se ha establecido que el hecho fue ejecutado por los integrantes del Frente Fronteras, entre ellos LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ.
Cargo Nº 8. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; represalias; desplazamiento forzado de población civil; actos de terrorismo; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el D.I.H.; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 5 de diciembre de 2000, Marco Antonio Quintero Chaparro, corregidor de Las Mercedes del Municipio de Sardinata, fue citado por el grupo urbano del Frente Fronteras al sitio conocido como La Piscina, donde lo recriminaron por no haberlos apoyado en la intención de entrar a Las Mercedes y por haber avisado al Ejército Nacional que los enfrentó y lesionó a JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ. Con autorización de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, lo condujeron al parque La Virgen, donde lo asesinaron con arma de fuego; la familia de la víctima salió desplazada de la región.
6. Homicidio o desaparición forzada por no contribuir con la financiación del grupo armado ilegal
Cargo Nº 57. Homicidio en persona protegida; exacciones o contribuciones arbitrarias, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
Los días 3 y 6 de diciembre de 2002, un grupo de hombres del Frente Fronteras, entre ellos, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, ingresaron a la central de abastos Cenabastos de Cúcuta; en la primera calenda ubicaron a José Joaquín Fierro Ortega, Dinael Rincón Suárez y Luis Esteban Patiño Osorio y les dieron muerte con armas de fuego; en la segunda, asesinaron a José Ascencio Osorio Castellanos y Andrés Osorio Castellanos. La Fiscalía afirmó que los precitados venían siendo víctimas de exigencias económicas y se habían negado a pagarlas.
7. Homicidios en connivencia con la fuerza pública
Cargo Nº 60. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas militares, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 11 de agosto de 1999, en la vereda Vetas, sobre la vía al corregimiento La Gabarra de Tibú, Néstor Alfonso Campo Sánchez, Eder Alonso Álvarez Lara, Diomar Barrios Vega y otro más de sexo masculino sin identificar hasta el momento, se desplazaban en un vehículo de servicio público que resultó inmovilizado por integrantes del grupo liderado por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ.
Los condujeron al sitio El Mirador en donde los obligaron a vestir uniformes del Ejército Nacional y luego fueron llevados al sector Vetas Central, donde los dejaron a cargo de otro grupo paramilitar que los entregó a una patrulla del Batallón No. 46 Héroes de Saraguro del Ejército Nacional, comandada por el Teniente Daladier Rivera Jácome, que procedió a ejecutarlos en estado de indefensión y a presentar el hecho como una operación de combate.
8. Homicidio y desaparición forzada de personas con el fin de despojarlas de sus haberes y pertenencias
Cargo Nº 15. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; destrucción y apropiación de bienes protegidos; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 19 de agosto de 2000, Herminio Córdoba Palacio fue sacado de su vivienda por integrantes del grupo urbano de las autodefensas comandado por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ. Lo trasladaron hasta el sitio Los Higuerones sector Paloquemao sobre la vía que de Tibú conduce al Municipio El Tarra, en donde lo asesinaron con múltiples disparos. Producido el deceso, los victimarios ocuparon la vivienda de su propiedad ubicada en la carrera 7ª con calle 6ª No. 5-28-30-32 barrio Libertador y se apropiaron de todos los enseres, siendo utilizado como lugar de diversión pública porque se instaló la discoteca ECLIPSE, administrada por los comandantes del grupo urbano. El inmueble fue abandonado después de la desmovilización.
Cargo Nº 69. Homicidio en persona protegida; secuestro simple; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 24 de mayo de 2000, en la vía que del municipio de El Zulia conduce a Tibú, ramal la Angelita, finca Las Salinas, un grupo de autodefensas comandadas por ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, asesinó a David Enrique Bermúdez Benítez, Pablo Rojas Parra y Pablo Antonio Carreño Buitrago, quienes trasportaban víveres del supermercado La Canasta Familiar de Tibú en un vehículo tipo camión de placas FBI-882. El automotor fue abandonado sin la mercancía en el sector de la Llana, Campo Dos.
Cargo Nº 70. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 4 de febrero de 2000, Mario Alfonso Ruiz Galvis fue retenido por miembros del grupo urbano de las Autodefensas en corregimiento La Gabarra y fue llevado al puerto El Caracol, lo despojaron de la suma de $6’000.000, le dispararon y arrojaron el cuerpo al río Catatumbo. El cadáver fue encontrado por la familia tres días después frente a la finca El Remolino.
Cargo Nº 83. Homicidio en persona protegida; desaparición forzada; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 12 de octubre de 2000, Jairo Guerrero Galvis resultó afectado en su integridad en un accidente doméstico en la finca El Suspiro de Tibú, por lo que se desplazó a Cúcuta para recibir atención médica. El bus en que se transportaba fue retenido por integrantes de las autodefensas al mando de ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ que hicieron descender a sus ocupantes y, momentos después, le dieron muerte al citado ciudadano y su cadáver fue abandonado. Los dolientes aseguraron que la víctima llevaba consigo $500.000, para los gastos médicos, los cuales no fueron encontrados.
Cargo Nº 98. Homicidio en persona protegida; despojo en campo de batalla; desplazamiento forzado de población civil, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 14 de mayo de 2004, hombres armados del grupo urbano de las autodefensas de Tibú al mando de JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ asesinaron a Andrés Meneses Castro en la vereda Campo Seis, carretera Tibú y El Tarra, cuando se movilizaba en una camioneta de su propiedad cargada de víveres que vendía en las tiendas de la región.
El señor Juan de Dios Montaguth Navarro que casualmente transitaba por el sector, también fue asesinado para que no atestiguara sobre esos hechos. La familia de esta víctima debió salir desplazada hacia Venezuela ante amenazas contra su vida.
Cargo Nº 88. Homicidio en persona protegida; secuestro simple agravado; desplazamiento forzado de población civil; actos de terrorismo; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de septiembre de 2002, Elías Beltrán Eslava y José Antonio Beltrán Quintero se dirigieron a realizar diligencias personales a Tibú; de regreso, en la vereda Llano Grande de Campo Dos, fueron asesinados por hombres armados comandados por JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTÚZ.
A los 15 días, integrantes del grupo de autodefensas arribaron a la finca de la familia Beltrán Eslava y, por orden del comandante paramilitar de la zona, se llevaron 105 reses. Bajo amenazas de muerte desplazaron a María Stella Rangel Villamizar, Elías Beltrán Rangel, Tatiana Beltrán Rangel, Rosa Amelia Quintero Rivera, José Antonio Beltrán Eslava, Reinel Beltrán Quintero, Uriel Beltrán Quintero, Ezequiel Beltrán Quintero y Javier Beltrán Quintero.
9. Homicidios selectivos del Frente Fronteras
Cargo Nº 13. Homicidio en persona protegida consumado y en tentativa, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 16 de enero de 2002, Sor María Ropero Albernia en compañía de varios familiares se encontraba en su residencia ubicada en la calle 31 No. 8–32 Barrio La Hermita de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta. Al lugar arribaron integrantes del Frente Fronteras, entre otros, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, que le dispararon en repetidas ocasiones hasta ocasionarle la muerte. Resultaron lesionados Francisco José Montoya Herrera (cuñado) y la menor Marisela Montoya. La víctima era madre comunitaria, presidenta del sindicato de dicha asociación e integrante de la JAC del barrio.
Cargo Nº 14. Homicidio en persona protegida; actos de terrorismo, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 15 de mayo de 2002, José Pérez Gaona fue asesinado por miembros de las autodefensas cuando atendía una caseta de venta de bebidas ubicada en el barrio La Victoria de Cúcuta. La ejecución del ciudadano provino de LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, comandante en la zona de Atalaya.
Cargo Nº 17. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 26 de abril de 2002, en el Barrio Doña Ceci de Cúcuta, José Evelio Quintana Pineda estaba dentro del camión Ford 1964 de placas venezolanas No. 583 SAI frente al restaurante El Kiosco. En ese momento fue sorprendido por dos sujetos armados del Frente Fronteras que por orden de LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ le dispararon en seis oportunidades hasta causarle la muerte.
Cargo Nº 18. Homicidio en persona protegida; represalias, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 22 de abril de 2004, dos sujetos perteneciente al Frente Fronteras, por orden de Armando Rafael Mejía Guerra -comandante paramilitar de Villa del Rosario-, ingresaron al colegio Nuevo Palo Gordo Norte de ese Municipio y ubicaron al rector Juan José Guevara Maturana, a quien le dispararon en la cabeza con pistola calibre 9 mm, producto de lo cual falleció.
Cargo Nº 25. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 12 de diciembre de 2001, Rosa Haydee Esteban Rodríguez culminó su jornada laboral como Registradora Municipal de Salazar de las Palmas y se desplazó en un vehículo de transporte intermunicipal al municipio de Arboledas donde residía. Miembros del Frente Fronteras comandado por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, retuvieron el automotor, identificaron a la prenombrada, quien fue ultimada con disparos de arma de fuego a la altura de la cabeza. Conductor y pasajeros fueron obligados a recoger el cuerpo y llevarlo hasta Arboledas donde debían informar de la autoría del hecho a la comunidad y a las autoridades.
Cargo Nº 34. Homicidio en persona protegida; desplazamiento forzado de población civil, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 31 de octubre de 2003, el doctor Jairo Ernesto Obregón Sabogal atendía a algunos clientes en su oficina de abogado ubicado en la calle 17 No. 4 – 21 de la ciudad de Cúcuta, cuando José Gregorio Díaz Acevedo alias “La Churca”, le disparó con pistola 9 mm causándole la muerte. El actuar delictivo generó el desplazamiento de Aura Elena Obregón Conde, hija del obitado.
Cargo Nº 40. Homicidio en persona protegida; secuestro simple, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 9 de enero de 2000, Baudilio Soto Peña salió de su vivienda ubicada en el barrio las Américas de Cúcuta a realizar una llamada telefónica siendo interceptado por JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y JIMMY VILORIA, que lo condujeron al establecimiento público El Cabrito Dorado, ubicado en la vía que de Cúcuta conduce a Patillales, donde fue ultimado.
Cargo Nº 41. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 11 de noviembre de 2000, Carlos Julio Soto Carvali se encontraba en la avenida 7ª con calle 5ª barrio Sevilla de Cúcuta, cuando JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y alias “Cusumbo” dispararon contra su humanidad provocándole la muerte.
Cargo Nº 44. Homicidio en persona protegida; actos de terrorismo; violación de habitación ajena, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 27 de diciembre 1999, en la zona céntrica de Villa del Rosario, tres sujetos pertenecientes al Frente Fronteras, entre ellos JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, se dirigieron a un estanco donde preguntaron por el propietario. Como no se encontraba, ordenaron el cierre de los establecimientos de la cuadra. A Reynaldo Gómez García, conocido como “El Morado”, le dispararon hasta causarle la muerte; igual suerte corrió Daniel Ibáñez Manosalva propietario de unas licoreras, que al escuchar los disparos se dirigió al sitio. Al abandonar el lugar fijaron un letrero anunciando la presencia de las Autodefensas.
Cargo Nº 47. Homicidio agravado, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 23 de febrero de 2000, el joven Sergio Alexander Caicedo Reyes fue citado a la parte alta del barrio Alfonso López de la ciudad de Cúcuta, por el sujeto conocido como “El Negro Peligro” con quien lideraba una banda delictiva que se hacía pasar por autodefensas. En el lugar, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO alias “Chaca” le propinó veinte impactos de bala que le causaron la muerte. El “Negro Peligro”, identificado como Juan Gildardo López, fue asesinado en la Cárcel Modelo de Cúcuta el 18 de mayo de 2000, tras recibir 79 heridas con arma corto punzante.
Cargo Nº 49. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 12 de agosto de 2000, en la calle 11 con Avenida 5ª Esquina del barrio Motilones de la ciudad de Cúcuta, Alirio Ortiz Cantor, vigilante del sector, y Rosalba Jaimes, residente, fueron asesinados por integrantes del Frente Fronteras, entre ellos JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y alias “Carepuño”.
Cargo Nº 50. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 11 de agosto de 2000, en la calle 8ª Norte frente al No. 2 E-92 del barrio Ceiba II de Cúcuta, José Álvaro Hernández Cuevas fue asesinado por dos hombres pertenecientes al Frente Fronteras identificados como JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO alias “Chaca” y alias “José”, quienes se movilizaban en una motocicleta conducida por el primero.
Cargo Nº 51. Homicidio agravado; secuestro simple, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 30 de septiembre de 2000, Divinson Aldemar García Durán salió de la casa de un familiar en el barrio Lomitas de Cúcuta con destino al mercado La Victoria de esa ciudad. Allí fue retenido y sacado del lugar en contra de su voluntad por dos integrantes del Frente Fronteras, identificados como JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO alias “Chaca” y Andrés Robledo Rivas alias “El Gringo”, quienes lo asesinaron y dejaron el cuerpo en el corregimiento Patillales, vía que de Cúcuta conduce a Puerto Santander.
Cargo Nº 52. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de diciembre de 2000, en la calle 24 con avenida 23, Barrio Nuevo de Cúcuta, laboraban como vigilantes los señores José Omar Mendoza y Alonso Angarita. A las 2:00 a.m. llegó al lugar un vehículo de vidrios oscuros en cuyo interior se movilizaban Richard, Carlos Arturo Núñez, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y alias “Arley”, quienes llamaron a los vigilantes y les disparan con una Mini Uzi hasta dejarlos sin vida.
Cargo Nº 55. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 16 de enero de 2001, en un bar conocido como El Rincón de los Abuelos, ubicado en el local No. 20, en la calle 5ª No. 6-86 de Cúcuta, José Enrique García fue asesinado por un hombre del Frente Fronteras, identificado como Jaime de Jesús Sánchez Salgado (fallecido) alias “Meneco”, quien le propinó varios disparos con arma de fuego calibre 9 mm. La orden fue emitida por JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, porque la víctima estaba incluida en la lista de personas suministrada por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA.
Cargo Nº 56. Homicidio en persona protegida, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de marzo de 2001, al barrio 20 de julio de Villa del Rosario, llegaron sujetos pertenecientes al Frente Fronteras identificados como José Ignacio Rivera alias “Gonzalo” y alias “Julio” (sin identificar), quienes siguiendo órdenes de Armando Rafael Mejía Guerra alias “Hernán”, dieron muerte con arma corto punzante al menor de 17 años Edwin Cetina Crispín.
Cargo Nº 58. Homicidio en persona protegida; secuestro simple agravado; despojo en campo de batalla, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 31 de enero de 2001, en el Municipio de El Zulia, Orlando Villamizar, quien se dedicaba a reparar llantas de carro en un taller de su propiedad, con el pretexto de prestar un servicio fue llevado mediante engaños a las afueras del pueblo donde lo esperaba el comandante de las Autodefensas, Ángel Celis Ibarguen Figueroa, alias “Polocho”, “el negro”, Francisco Mosquera Córdoba, alias “niche 26”, Gilma Mena Cabrera alias “Balsudito” y otros, quienes le dispararon con arma de fuego calibre 9 mm hasta causarle la muerte. Lo despojaron de una bicicleta, una cadena, tres anillos de oro, y la cartera con el dinero del producido del día.
10. Homicidios y desapariciones de integrantes del propio grupo armado ilegal por indisciplina e incumplimiento de convenios.
Cargo Nº 23. Homicidio agravado, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 22 de octubre de 1999, en vía pública de Cúcuta, Belisario Ruíz Quintero recibió varios disparos de parte de JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO alias “Chaca” que le causaron la muerte. El postulado aseguró que la víctima hizo parte del grupo “los polleros” donde era conocido con los alias de “Belisario” o “Presidente”, grupo que se integró a las autodefensas. Como Ruíz Quintero desobedeció el mandato que prohibía secuestrar y extorsionar, “Gustavo 18” dio la orden de ejecutarlo, pues, además, integraba la lista elaborada por JORGE IVÁN LAVERDE de personas que debían ser asesinadas.
Cargo Nº 54. Homicidio agravado; desaparición forzada; tortura, concurren circunstancias de mayor punibilidad.
El 13 de diciembre de 2000, José Agustín Barrera Díaz transitaba por la avenida 11 con calle 13 barrio La Libertad de Cúcuta, cuando fue abordado por JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO alias “Chaca”, Andrés Robledo Rivas y Jaime de Jesús Sánchez Salgado, integrantes del Frente Fronteras, quienes lo llevaron hasta el corregimiento San Faustino, donde JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA lo interrogó sobre unas armas que había acordado entregar a las Autodefensas, al no obtener respuesta satisfactoria, le ordenó a alias “Guacharaco” (sin identificar) que lo ejecutara, desmembrara y enterrara en una fosa común del sector, sin que hasta la fecha haya sido posible ubicar los restos.
11. Cargo de narcotráfico
Cargo Nº 77. Conservación o Financiación de Plantaciones; Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes; Destinación Ilícita de Muebles o Inmuebles; Tráfico de Sustancias para el Procesamiento de Narcóticos, en circunstancias de agravación punitiva; Existencia, Construcción y Utilización Ilegal de Pistas de Aterrizaje.
El postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ desde 1996 al 10 de diciembre de 2004, realizó actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes. Desde cada uno de los determinados frentes de los que hacían parte, los postulados que se relacionan a continuación, desplegaron actividades encaminadas a que la aludida actividad ilícita fuera la mayor fuente de financiación de las Autodefensas: JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA mientras fungió como miembro del grupo de Autodefensas Norte de Santander de mayo de 1999 a mayo 2004. JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ desde enero del año 2000 al 10 de diciembre de 2004. ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ desde el 29 de mayo de 1999 a agosto de 2003 cuando hizo parte del Bloque Catatumbo, lo propio aconteció cuando el postulado perteneció al Bloque Mineros desde octubre 2003 hasta enero 2006.
12. Uso indebido de uniformes e insignias de las fuerzas militares
Cargo Nº 101. ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, desde febrero de 1994 hasta que se desmoviliza en enero de 2006 con el Bloque Mineros, utilizó uniformes con características similares a las del Ejército Nacional.
13. Cargo de concierto para delinquir
Cargo Nº 102. El accionar delictivo de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ inició en mayo de 1992 en el departamento de Córdoba con apoyo del Mayor del Ejército Nacional Walter Fratini, con quien conformó un grupo de justicia privada auspiciado por ganaderos de esa región. Producido el deceso del oficial en el año 2003, el postulado continuó la ejecución de ilicitudes al margen de la ley con un grupo especial organizado por ex soldados y militares de la Brigada XI. En mayo de 1994, después de la muerte de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente Castaño unieron tales organizaciones. En 1999 MANCUSO GÓMEZ asumió funciones como Comandante del Bloque Catatumbo, las cuales concluyen el 10 de diciembre de 2004 con su desmovilización.
JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ se incorporó a las Autodefensas Unidas de Colombia en septiembre de 1998. Desde enero de 2000 bajo las órdenes de MANCUSO GÓMEZ se encargó de preparar a los hombres que ingresarían al Bloque Catatumbo al que se integró de lleno; se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004.
ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia a comienzos de 1994, donde le asignaron el alias de “Junior”; luego de entrevistarse con Carlos Castaño, se desempeñó como radio operador y comandante de grupos del Bloque Catatumbo hasta su desmovilización que se produjo el 20 de enero de 2006.
JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ ingresó a la ilegalidad el 4 de marzo de 1995, cuando contaba con 14 años de edad; inicialmente se desempeñó como escopetero. A partir del 15 de mayo de 1999, por orden de los hermanos Castaño y de SALVATORE MANCUSO arribó a Cúcuta para conformar un grupo del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, en el cual ocupó el cargo de Inspector hasta su desmovilización el 10 de diciembre de 2004.
JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO ingresó a las autodefensas en abril de 1998 donde desempeñó varias actividades hasta llegar a ser comandante de un grupo especial encargado de atentar contra personalidades de la región. Se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004.
14. Hechos controlados material y formalmente en relación del postulado LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ.
Cargo Nº 1. En marzo del año 1999 inició la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia en Norte de Santander con el Bloque Catatumbo bajo el mando de SALVATORE MANCUSO, quien creó el Frente Fronteras bajo la comandancia de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, a cuyo mando estuvo LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, quien se desempeñó como sicario y posteriormente como comandante de grupo en el área metropolitana de Cúcuta. También delinquió en el departamento de Cundinamarca entre el 17 de julio de 2003 hasta el 10 de enero de 2004. Luego regresó a Norte de Santander donde continuó como comandante del grupo urbano del Frente Fronteras, en los sectores de Juan Atalaya, Belén La Libertad y Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, así como en el municipio de Villa del Rosario y Salazar de las Palmas. El cargo de concierto para delinquir agravado comprende los hechos acaecidos entre el 10 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2004.
Cargo Nº 2. Homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y actos de terrorismo.
El 10 de febrero de 2002 LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otro integrante del Frente Fronteras ingresaron a la vivienda de José Luis Silva Arias, conocido como “Chelín”, ubicada en la manzana 4, lote 10 de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, a quien le propinaron varios disparos con arma 9 mm que le ocasionaron la muerte.
Cargo Nº 3. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, agravado; actos de terrorismo.
El 11 de Febrero de 2002, en la ciudad de Cúcuta, Jorge Cáceres Ovalle conducía el taxi de placas SYV – 776 y transportaba al menor José Luis Moreno, siendo interceptado por la motocicleta ocupada por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y Helmer Darío Atencia González alias “Polocho” quienes accionaron armas de fuego ocasionándoles la muerte. PALMA BERMÚDEZ indicó que el proceder delictivo se concretó porque el menor al parecer participó en una extorsión.
Cargo Nº 4. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares; violación de habitación ajena; actos de terrorismo.
El 12 de Marzo de 2002, en los barrios Antonia Santos y los Olivos de la ciudad de Cúcuta, un grupo de cerca de 20 hombres pertenecientes a las AUC ingresaron violentamente a los domicilios de las familias Balaguera y Quintero, siendo asesinados Marco Tulio Balaguera y José del Carmen Quintero, señalados de integrar grupos subversivos. El postulado PALMA BERMÚDEZ confesó estos homicidios y manifestó que recibió la orden de alias “Mascota” y alias “Teniente Roso” como política trazada por JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA.
Cargo Nº 5. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, agravado; violación de habitación ajena; actos de terrorismo.
El 13 de marzo de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, en compañía de tres individuos pertenecientes al Frente Fronteras, ingresó a la residencia ubicada en la avenida 1ª No. 10-45 de Cúcuta y ultimó con arma de fuego a Ángel María Rivera Quintero, Gabriel Rivera Quintero, Luis Jesús Rivera Quintero y a Luis Antonio Meza Cárdenas a quienes consideraban integrantes de grupos subversivos.
Cargo Nº 6. Homicidio en persona protegida consumado y tentado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 19 de marzo de 2002, en vía pública de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, Juan de Jesús Álvarez Gerardino, Miguel Ángel Méndez, Juan Bohormita Durán y José Ismael Santos Amaya fueron abordados por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros dos integrantes de las autodefensas; los requisaron y les dispararon hasta terminar con la vida de los tres primeros pues el último resultó lesionado. La menor de seis años, Angie Paola González Ballesteros, fue alcanzada por las balas y como consecuencia de las lesiones que le fueron ocasionadas días después falleció. Según el postulado, la orden era ultimar a las personas que estuvieran en compañía de Juan Bohormita Durán, integrante de un grupo delincuencial de la zona.
Cargo Nº 7. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; violación de habitación ajena.
El 19 de marzo de 2002 en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta, un grupo de aproximadamente veinte hombres del Frente Fronteras, entre ellos LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, sacaron de sus residencias a Luis Manuel Gómez Pérez y a Sergio Armando Sotelo, los trasladaron a una cancha de fútbol donde fueron asesinados. La explicación vertida por el postulado señala una operación de “limpieza social”.
Cargo Nº 8. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; violación de habitación ajena.
El 30 de marzo de 2002 LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otro integrante del Frente Fronteras, ingresaron violentamente a la vivienda de José Armando Rodríguez Rey donde lo ultimaron con arma de fuego; lo sindicaban de informar a las autoridades sobre los integrantes de la organización ilegal.
Cargo Nº 9. Homicidio agravado; homicidio agravado en la modalidad tentada; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
El 3 de abril de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y tres integrantes del Frente Fronteras arribaron a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Cecilia Castro de Cúcuta donde operan unos billares y sin mediar palabra accionaron sus armas, resultando muertos Luis Fernando Bonilla Acuña, Aramis Ortiz Sepúlveda, Javier Rincón Vargas, Helena Cárdenas Pérez y Marino Rentería Cuero; lesionadas Luz Esther Vargas Gómez y la menor Jeimy Carolina Villamizar. Con el ánimo de amedrentar a la ciudadanía, se fijaron grafitis con inscripciones como: “RODARAN CABEZAS”, “FUERA VICIOSOS”, “MUERTE A RATAS”, “FUERA ZORRAS”.
Cargo Nº 10. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares; toma de rehenes; tortura en persona protegida; violación de habitación ajena; destrucción y apropiación de bienes protegidos.
El 16 de abril de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ conformaba un grupo de aproximadamente 20 hombres de las AUC que con listado de personas presuntamente pertenecientes a grupos guerrilleros, ingresaron al barrio Belisario Betancourt de Cúcuta y procedieron a sacar de sus viviendas alrededor de 70 personas. Del grupo fueron apartados Carlos Arturo Castro Jiménez y Jorge Barco Garnica. A este último le amputaron su oreja derecha y en cuatro oportunidades le propinaron puñaladas en el tórax. Al percatarse de la presencia policial, el grupo ilegal les cegó la vida con armas 9 mm. y fusil 5.56. En la huida en un automotor hurtado tomaron como escudo a la población civil retenida.
Cargo Nº 11. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 26 de abril de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros integrantes de las AUC dieron muerte a José Evelio Quintana Pinera que se encontraba a bordo del vehículo camión FORD 1964 de placas Venezolanas SAI 583 en el barrio Doña Ceci de Cúcuta. Se adujo la pertenencia del occiso a las bases de la guerrilla.
Cargo Nº 12. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; hurto calificado y agravado; violación de habitación ajena.
El 4 de mayo de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros integrantes de las autodefensas ingresaron a la casa de la manzana 33, Lote 20, barrio Palmeras parte alta de Cúcuta, donde operaba un expendio de droga administrado por Genarina Gómez Arévalo, que había sido advertida para que dejara dicha actividad; le dispararon hasta ultimarla y hurtaron un televisor.
Cargo Nº 13. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 5 de mayo de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros integrantes de las AUC arribaron al establecimiento público del barrio Antonia Santos de Cúcuta, y sin mediar palabra dispararon armas calibre 9 mm. contra Jairo Barbosa Pérez, Adalbert Alberto Pardo Arias y Miguel Ángel Flórez hasta acabar con su vida, bajo la excusa de que delinquían en la zona.
Cargo Nº 14. Homicidio en persona protegida; tortura en persona protegida; toma de rehenes; violación de habitación ajena; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 5 de mayo de 2002, un grupo de las AUC liderado por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ retuvo, torturó y dio muerte a Edwin Alejandro Santiago Acero, John Wilmer Torres Rodríguez y Marcelino Alsina Ortega, éste último fue sustraído de la vivienda de su abuela. Los cuerpos sin vida fueron hallados en el relleno sanitario Urimaco de Cúcuta. Los acusaban de pertenecer a la subversión.
Cargo Nº 15. Homicidio en persona protegida; tortura en persona protegida; toma de rehenes; violación de habitación ajena; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 10 de mayo de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros individuos sustrajeron de manera violenta de la vivienda ubicada en la calle 6ª No. 2-02 del barrio Motilones de Cúcuta a Luis Eustorgio Mantilla García, cuyo cuerpo sin vida se halló en el barrio Seis de Enero con heridas de arma de fuego. Se adujo que integraba un grupo delincuencial.
Cargo Nº 16. Homicidio en persona protegida; actos de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares; daño en bien ajeno.
El 15 de mayo de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros dos integrantes de las autodefensas se trasladaron al barrio Victoria donde funcionaba un establecimiento comercial de propiedad de José Pérez Gaona, a quien ultimaron con la utilización de armas pistola calibre 9 mm. Posteriormente, retornaron al lugar para destrozar el negocio con una granada de fragmentación. La acción delictiva se ejecutó con el argumento que el mencionado fungía como colaborador de la subversión.
Cargo Nº 17. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 18 de mayo de 2002 en el lugar denominado Natilan, barrio Atalaya, fueron asesinados José Luis Santander Amaya, Willington Eduardo Rubio Tolosa y Mauricio Pacheco Pérez por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y dos integrantes de las autodefensas con armas calibre 9 mm. Adujeron que los occisos extorsionaban a comerciantes.
Cargo Nº 18. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 20 de mayo de 2002, Kennedy Hernando Silva Rolón, Ever Eduardo Ortega y Diego Alexander Ortiz Andrade se encontraban jugando futbol en la cancha del barrio Cundinamarca de Cúcuta y al notar la presencia sigilosa de varias personas en un vehículo blanco se retiraron del lugar; sin embargo, cuadras más adelante fueron alcanzados y asesinados. LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ indicó haber integrado el grupo que les dio muerte, pues eran consumidores de alucinógenos y conforman un grupo delincuencial.
Cargo Nº 19. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.
El 23 de mayo de 2002, en la parte alta del sector del Seis de Enero de Cúcuta, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y cinco integrantes de las AUC fueron hostigados por otro grupo armado, ataque que repelieron con fusiles; en desarrollo del fuego cruzado se produjo el deceso de Pedro Rafael Vejar y Mario Hernández Parada, personas que transitaban por la vía pública.
Cargo Nº 20. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 5 de junio de 2002, en la vía pública del barrio Carora de Cúcuta departían Héctor Enrique Torres Bayona y Jesús Eliécer Morantes Rolón, cuando arribaron LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otro integrante de las AUC que procedieron a accionar sus armas de fuego calibre 45 mm. hasta ocasionarles su muerte. Se adujo su presunta pertenencia a una organización delincuencial de la zona.
Cargo Nº 21. Homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
El 8 de junio de 2002, dos sujetos integrantes de las AUC identificados como LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y Helmer Darío Atencia González lanzaron una granada M 26 debajo del puente ubicado en el canal de la calle 5 con avenida 8, ocupado por indigentes, con la finalidad de asesinar y causar daño indiscriminadamente a las personas que allí se encontraran, acción delictiva que causó la muerte a “Chaolin”, “Jobo” o “El Karateka” y heridas a Mercedes de La Rosa Atehortua Arias y a Orley Alfonso Velásquez Cáceres.
Cargo Nº 22. Homicidio agravado consumado y en tentativa.
El 13 de junio de 2003, en el barrio Los Alpes de Cúcuta, Gerson Alex Solano Pacheco, Ramón Alfonso Jacome Pacheco y Juan Carlos Jiménez recibieron disparos provenientes de sujetos que se movilizaban en una motocicleta, ocasionándole la muerte al primero y lesiones a los restantes; el segundo falleció en el centro hospitalario a donde fue remitido. LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ señaló que coordinó el accionar delictivo porque las víctimas eran señaladas como delincuentes.
Cargo Nº 23. Homicidio agravado en circunstancias de mayor punibilidad.
El 23 de junio de 2002 los hermanos Jesús María, José Ángel y Aníbal Castro Núñez estaban departiendo en un establecimiento de billares del barrio Ermita de Cúcuta, lugar a donde arribó LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y tres integrantes de las AUC que los sacaron del lugar y los hicieron tender en el piso donde los ejecutaron con armas calibre 9 mm, pues supuestamente pertenecían a la subversión.
El referido hecho delictual estuvo precedido del apoderamiento de dos camiones de la Empresa de Aseo Proactiva Oriente S.A. guiados por Hamilton Alexander Casadiego Mendoza y Édgar Sarmiento Sepúlveda que fueron retenidos, amordazados, amenazados y compelidos a recoger a los agresores en el lugar en donde cometieron el crimen.
Cargo Nº 24. Homicidio en persona protegida; tentativa de homicidio en persona protegida.
El 24 de junio de 2002 un grupo comandado por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ se desplazó en dos motocicletas al billar ubicado en el barrio 28 de Febrero de Cúcuta y los parrilleros accionaron indiscriminadamente sus armas de fuego calibre 9 mm, ocasionando el deceso de Ramón Elías Peñaranda Ortiz, John Fredy Daza Vanegas y Edilson Peñaranda Ortiz y heridas al menor de 12 años Juan Carlos Carrascal Barbosa.
Cargo Nº 25. Homicidio en persona protegida consumado y tentado.
El 1 de julio de 2002 en el barrio San Miguel de Cúcuta, fue asesinado Rolando Yesid Soto por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, señalado de pertenecer a la banda delincuencial de la “Zurca” y de lanzar una granada de fragmentación en el barrio Carora que terminó con la vida de una mujer embarazada. También resultó lesionado Yefrey Gutiérrez.
Cargo Nº 26. Homicidio agravado consumado y en grado de tentativa.
El 17 de septiembre de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros integrantes de las AUC, en los barrios La Victoria y el Desierto de Cúcuta ultimaron con arma de fuego calibre 9 mm. a los vigilantes Luis Alberto Herrera, José Ramiro Acevedo, Andrés Pedraza Meneses y Henry Rubelio Sánchez Ortega y heridas a Manuel Uribel Flórez, a quienes señalaban de colaborar con la subversión.
Cargo Nº 27. Homicidio en persona protegida.
El 30 de noviembre de 2002, miembros de las autodefensas, entre ellos LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, se dirigieron a la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta y dispararon sus armas calibre 9 mm. y 38, contra Óscar Armando Salcedo y José Darío Fernández que fallecieron en el acto. Fueron ultimados por su presunta pertenencia a los grupos subversivos.
Cargo Nº 28. Homicidio Agravado consumado y en tentativa.
El 12 de noviembre de 2002, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y cuatro integrantes de las autodefensas arribaron al establecimiento billares “La Cristalina” ubicado en el barrio Bellavista de Cúcuta, y accionaron sus armas en forma indiscriminada contra las personas que allí departían, proceder que ocasionó el fallecimiento de Jorge Alexander Sanabria Camacho, Nelson Omar Peñalosa García y Adalberto Rojas Ortiz, así como lesiones a Helder Reales Mojica y Yoni Alberto Gómez. El ataque se sustentó en que con frecuencia allí se presentaban inconvenientes.
Cargo Nº 29. Homicidio en persona protegida y exacciones o contribuciones arbitrarias.
Por su negativa a cancelar “cuotas extorsivas” establecidas para financiar la guerra y obtener protección por parte de la organización, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros integrantes de las autodefensas, en la madrugada de los días 3 y 6 de diciembre de 2002 ingresaron al galpón de Cenabastos de Cúcuta. En la primera fecha ultimaron a José Ascencio Fierro Ortega y a Dinael Rincón Suárez. En la segunda, a José Ascencio y Andrés Osorio Castellanos; así mismo, Luis Esteban Patiño Osorio.
Cargo Nº 30. Homicidio en persona protegida; secuestro simple agravado; hurto calificado y agravado; violación de habitación ajena; tortura en persona protegida.
Gerson Gallardo Niño, estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta; Carlos Celis Suescún, odontólogo; y Edwin Ariel López Granados, estudiante y profesor de la referida institución educativa, fueron retenidos por un grupo de autodefensas los días 3, 12 y 13 de abril de 2003, respectivamente, el primero en el Centro Comercial Bulevar de Cúcuta, el segundo en su consultorio odontológico y el tercero, en su lugar de residencia de donde fue sustraído un televisor marca Kendo, un VHS marca Panasonic, dos grabadoras Sony, un computador Clon Pentium, un teléfono inalámbrico, la suma de $400.000 mil pesos, y una tarjeta debito con la que al parecer retiraron de la respectiva cuenta bancaria la suma de $150.000 mil pesos.
El 7 de junio de 2003, en el kilómetro 18 de la vía que de Tibú conduce al corregimiento de la Gabarra, fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas, presentando impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La retención y ejecución de los ciudadanos en mención, fue materializada por LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros integrantes de las autodefensas, bajo el argumento de que sus nombres se encontraban relacionados en un computador incautado a la guerrilla.
Cargo Nº 31. Homicidio en persona protegida; secuestro agravado; violación de habitación ajena; tortura en persona protegida.
El 6 de marzo de 2003, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y otros dos integrantes del Frente Fronteras cuando se desplazaban en un taxi por el barrio Kennedy de Cúcuta, procedieron a dispararle a la buseta de servicio público de placas URG 067 guiada por José Uriel Sánchez quien estaba acompañado por Jorge Obdulio Zúñiga, quienes fallecieron; el ayudante Reinaldo Jaimes Botello sobrevivió, pero fue asesinado tres días después en el barrio el Rosal. El accionar se justificó porque las víctimas supuestamente participaron en el atentado terrorista al Centro Comercial Alejandría de esa ciudad.
Cargo Nº 32. Homicidio en persona protegida; violación de habitación ajena.
El 10 de marzo de 2003, LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ y Helmer Darío Atencia González ingresaron a la vivienda de Jaime Lázaro Moreno ubicada en el barrio Antonia Santos de Cúcuta y procedieron a dispararle hasta ocasionarle su muerte.
LOS POSTULADOS
De acuerdo con la sentencia del Tribunal a quo, las personas juzgadas ostentan los siguientes datos de identidad:
SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, se identifica con cédula de ciudadanía Nº 6.892.624, nació el 17 de agosto de 1964 en Montería (Córdoba), realizó estudios superiores en Administración Agropecuaria, estuvo casado con Martha Elena Dereix. Ingresó a las Autodefensas en enero de 1991 y es conocido con los alias de “Mono Mancuso”, “Santander Lozada”, “Uno Quince”, “Manuel” y “Triple Cero”; fue extraditado el 13 de mayo de 2008 y se encuentra recluido en NORTHERN NECK REGIONAL JAIL, en la ciudad de Warsaw – Virginia – Estados Unidos.
JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 72.204.351, nació el 21 de octubre de 1974 en Barranquilla (Atlántico), estudió la primaria en el Colegio Colón de Barranquilla, el bachillerato en el Colegio Militar Alcosure de la misma ciudad, ingresó a la Escuela Militar José María Córdoba de Bogotá en el año 1994, allí permaneció por espacio de 3 años; se desempeñó como Subteniente del Ejército Nacional en el Batallón Bomboná de la Brigada XIV en Puerto Berrio (Antioquia) de donde desertó en septiembre de 1998. Ingresó a las Autodefensas en octubre de 1998 en San José de Nus (Antioquia), conocido con los alias de “Mauro” o “el Viejo Mauro”, comandó el Frente Tibú, fue instructor militar de la escuela La 35, luego dirigió las escuelas de instrucción militar en El Diamante y Los Guayabos y en la zona del Catatumbo. Se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de Barranquilla.
JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 71.985.935, nació el 12 de septiembre de 1976 en Turbo (Antioquia); fue reclutado por las Autodefensas en Turbo a los 17 años, vinculado formalmente en noviembre de 1996 cuando tenía 20 años, conocido con los alias de “El Iguano”, “Sebastián”, “Raúl” y “Pedro Fronteras”, ocupó el cargo de comandante del Frente Fronteras con influencia en el área metropolitana de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario, Zulia, Gramalote, Aguas Claras, La Floresta, Distrito de Riego, Banco Arenas, La Silla, Vigilancia, La Y de Astilleros, Sardinata, Conejo, Salazar de las Palmas, El Ran, Roganvalia, Chinácota, Pamplona, Cucutilla, Los Patios, Juan Frío, La Arboleda y Guaramito. Actualmente se encuentra recluido en la Cárcel de Itagüí.
ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 98.597.623, nació el 10 de mayo de 1972 en San Pedro de Urabá (Antioquia), prestó servicio militar en el Batallón Vélez de la Brigada 17 de Carepa y ostentó el grado de Dragoneante. Ingresó a las Autodefensas a comienzos de 1994 en San Pedro de Urabá y es conocido con los alias de “Junior” o “Mauricio”; fungió como comandante a cargo de las incursiones al Catatumbo. Se encuentra recluido en la Cárcel de Itagüí.
JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.185.278, nació el 31 de agosto de 1965 en Clemencia (Bolívar), prestó servicio militar en el Batallón 33 de Junín en Montería (Córdoba), fue soldado voluntario en la Brigada Móvil Nº 2 con la cual recorrió todo el nordeste Antioqueño, el sur de Bolívar y parte del Norte de Santander y de Sucre, en 1992 pidió la baja. Ingresó a las Autodefensas en mayo de 1999, aunque desde abril de 1998 hacía parte de un grupo de justicia privada en Cúcuta (Norte de Santander), es conocido con los alias de “Chaca” o “Rumichaca”. Actualmente está recluido en la Cárcel Modelo de Cúcuta.
JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 98.600.876, nació el 28 de septiembre de 1980 en San Pedro de Urabá (Antioquia). Ingresó a las Autodefensas en junio de 1995, a los 15 años de edad, es conocido con el alias de “Jairo Sicario”, se desempeñó como inspector de las Autodefensas en Pamplona, participó en los homicidios de compañeros de las A.U.C. y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel de Itagüí.
LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ, se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 88.229.608, nació el 12 de Julio de 1977 en Cúcuta (Norte de Santander), es padre de tres hijos menores de edad. Fue reclutado en 1991 por las milicias de la guerrilla del E.L.N., época en la que tenía 14 años de edad, donde estuvo hasta 1995 aunque mantuvo vínculo con esa organización hasta el año 2000 cuando lo declararon objetivo y por eso, en marzo del mismo año, ingresó a las autodefensas. Es conocido con los alias de “Alex”, “Carlos” y “Erick Estic Luna Camacho”, operó en el Frente Fronteras en Cúcuta en los barrios Atalaya, Belén, La Libertad, Aeropuerto y en los municipios de Villa del Rosario y Salazar de las Palmas. Actualmente se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 8 de noviembre de 2011 la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTÚZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, JIMMY VILORIOA VELÁSQUEZ. El de LENIN GEOVANNY PALMA BERMÚDEZ fue radicado el 17 de abril de 2009.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá avocó el conocimiento del trámite el 18 de mayo de 2012, momento a partir del cual adelantó las audiencias orientadas a legalizar la aceptación de cargos. Posteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1592 de 2012, ajustó el procedimiento para realizar la audiencia concentrada.
Entre el 17 de junio y el 4 de septiembre de 2013 la magistratura adelantó el incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas.
Finalmente, el 31 de octubre de 2014 profirió sentencia respecto de la cual el Ministerio Público, la Fiscalía y los apoderados de algunas víctimas interpusieron el recurso de apelación que se procede a desatar.
PROVIDENCIA IMPUGNADA
Sea lo primero advertir que el magistrado Eduardo Castellanos Roso enuncia en su salvamento de voto que la parte resolutiva de la sentencia que fue (sic) leída en audiencia pública del 31 de octubre pasado, no corresponde con el fallo aprobado final fue (sic) allegado a mi despacho el día anterior. La parte resolutiva del proyecto tenía 52 numerales, pero de manera extraña en el acto de comunicación la Magistrada Ponente excluyó y recompuso la parte resolutiva sin que en mi caso se me hubiera advertido de tal situación.
Sin embargo, a partir del desarrollo que imprime a este hecho, se concluye que dicha variación se limita a la supresión, en la parte resolutiva del texto definitivo del fallo, de la orden de expedir copias para investigar la selección del doctor Mario Iguarán Arana como Fiscal General de la Nación.
En consecuencia, su inconformidad no se orienta a destacar otros cambios en el contenido del fallo ni a señalar su inexistencia, sobre la cual no hay duda, en tanto fue suscrita por todos los integrantes de la Sala de decisión, doctores Alexandra Valencia Molina — ponente —, Eduardo Castellanos Roso y Lester María González Romero.
La multiplicidad de temas abordados en las 811 páginas de la sentencia parcial38 determina que en este acápite sólo se reproduzca la parte resolutiva del fallo, pues en la parte considerativa se extractarán los temas materia de impugnación y se expondrá la decisión de la Corte en torno a ellos. Las decisiones adoptadas por el Tribunal son las siguientes:
PRIMERO: DECLARAR que los señores SALVATORE MANCUSO GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.892.624 de la ciudad de Montería (Córdoba); JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 72.204.351 de Barranquilla (Atlántico); JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.985.935 del municipio de Turbo (Antioquia); ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 98.597.623 de San Pedro de Urabá (Antioquia); JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.185.278 de Clemencia (Bolívar); y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 88.229.608 de Cúcuta (Norte de Santander; son penalmente responsables por los hechos que fueron objeto de conocimiento de esta Sala.
SEGUNDO: DECLARAR que los hechos que motivaron la formulación de cargos y la condena en contra de los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ, fueron cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) conforme con el grupo de hechos presentados por la Fiscalía, el cual NO OSTENTA EL CARÁCTER DE PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: DISPONER la acumulación jurídica de las penas impuesta en la justicia ordinaria a los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LA AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ, en los términos y condiciones consignadas en la parte considerativa de esta sentencia.
CUARTO: CONDENAR a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ a las penas principales de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y doscientos cuarenta (240) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; al haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de: (i) concierto para delinquir agravado; (ii) actos de terrorismo; (iii) homicidio en persona protegida; (iv) homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; (v) tortura en persona protegida; (vi) toma de rehenes; (vii) destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH); (viii) hurto calificado y agravado; (xi) exacción o contribuciones arbitrarias; (x) secuestro simple y agravado; (xi) desaparición forzada; (xii) actos de barbarie; (xiii) deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; (xiv) tratos inhumanos y degradantes; (xv) represalias; (xvi) obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; (xvii) despojo en campo de batalla; (xviii) simulación de investidura o cargo; (xix) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; (xx) destinación ilícita de muebles o inmuebles; (xxi) tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; (xxii) conservación o financiación de plantaciones y; (xxiii) existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
QUINTO: CONDENAR a JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ a las penas principales de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa; doscientos cuarenta (240) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de: (i) actos de terrorismo (ii) homicidio en persona protegida, (iii) tortura en persona protegida, (iv) destrucción y apropiación de bienes protegidos por el DIH, (v) secuestro simple y agravado, (vi) desaparición forzada, (vii) deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, (viii) tratos inhumanos y degradantes; (ix) obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, (xi) despojo en campo de batalla, (xii) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; (xiii) destinación ilícita de muebles o inmuebles; (xiv) tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; (xv) conservación o financiación de plantaciones; y (xvi) existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
SEXTO: CONDENAR a JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA; a las penas principales de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa; y doscientos cuarenta (240) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de: (i) actos de terrorismo, (ii) homicidio en persona protegida (iii) homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; (iv) tortura en persona protegida, (v) destrucción y apropiación de bienes protegidos por el DIH, (vi) hurto calificado y agravado; (vii) secuestro simple y agravado (viii) desaparición forzada (ix) deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, (x) tratos crueles, inhumanos y degradantes, (xi) experimentos biológicos en persona protegida (xii) represalias, (xiii) despojo en campo de batalla, (xiv) tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; (xv) conservación o financiación de plantaciones y; (xvi) existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
SÉPTIMO: CONDENAR a ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, a las penas principales de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y doscientos cuarenta (240) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de (i) concierto para delinquir agravado, (ii) actos de terrorismo, (iii) homicidio en persona protegida, (iv) tortura en persona protegida, (v) destrucción y apropiación de bienes protegidos, (vi) secuestro simple y agravado, (vii) desaparición forzada, (viii) deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, (ix) tratos inhumanos y degradantes en persona protegida, (x) represalias, (xi) despojo en campo de batalla, (xii) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; (xiii) destinación ilícita de muebles o inmuebles; (xiv) tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; (xv) conservación o financiación de plantaciones y; (xvi) existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
OCTAVO: CONDENAR a JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO, a las penas principales de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, veintitrés mil (23.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y doscientos cuarenta (240) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de: (i) concierto para delinquir agravado, (ii) actos de terrorismo, (iii) homicidio en persona protegida, (iv) homicidio en persona protegida en modalidad tentativa, (v) tortura en persona protegida, (vi) secuestro simple y agravado, (vii) desaparición forzada, (viii) deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, (ix) tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, (x) represalias, (xi) despojo en campo de batalla.
NOVENO: CONDENAR a LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ a las penas principales de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, treinta y cuatro mil ciento cincuenta punto siete (34150.7) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y doscientos cuarenta (240) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de: (i) concierto para delinquir agravado, (ii) actos de terrorismo, (iii) homicidio en persona protegida, (iv) homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa, (v) toma de rehenes, (vi) destrucción y apropiación de bienes protegidos, (vii) hurto calificado y agravado (viii) exacciones o contribuciones arbitrarias (ix) secuestro simple y agravado, y (x) tratos inhumanos y degradantes.
DÉCIMO: LEGALIZAR el cargo de narcotráfico respecto de los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA e, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ.
DÉCIMO PRIMERO: DECLARAR a los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ como elegibles al beneficio de la alternatividad penal consagrado en los artículos 3 y 10 de la Ley 975 de 2005.
DÉCIMO SEGUNDO: SUSPENDER la pena privativa de la libertad impuesta a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ y en su lugar imponerles la pena alternativa de ocho (8) años o de ochenta y cuatro (84) meses de prisión efectiva de la libertad. La que debe ser efectiva en un centro de reclusión bajo las condiciones impuestas en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO TERCERO: IMPONER a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ, la obligación de suscribir un acta en la que se comprometan a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza, durante el tiempo que permanezcan privados de la libertad y luego de adquirir la libertad a promover la paz de alguna manera y la reconciliación del país.
DÉCIMO CUARTO: NO CONCEDER a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ ningún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por prohibición expresa del parágrafo del artículo 29 de la ley 975 de 2005.
DÉCIMO QUINTO: EXCLUIR al postulado JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ del proceso de Justicia y Paz, por los argumentos que fueron expuestos en la parte motiva de esta decisión.
DÉCIMO SEXTO: ABSTENERSE de decidir sobre la excepción por inconstitucionalidad presentada por los representantes de víctimas.
DÉCIMO SÉPTIMO: RECONOCER a las víctimas directas del accionar delictivo del Bloque Catatumbo la reparación integral de los perjuicios en los términos y condiciones señalados en la parte motiva y en el cuadro liquidatorio que hace parte de este fallo y en los términos de la ley 975 de 2005 y en las condiciones en las que se pronunció o en los términos en los que se pronunció la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad del artículo respectivo de la ley 1592 de 2012.
DÉCIMO OCTAVO: CONDENAR en forma solidaria a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ, al pago de perjuicios materiales y morales en los términos reconocidos y cuantificados en la parte considerativa y cuadros que hacen parte de la liquidación de esta decisión.
DÉCIMO NOVENO: NEGAR las pretensiones indemnizatorias presentadas por el apoderado del menor D. A. Martínez Díaz por las razones esbozadas en lo pertinente.
VIGÉSIMO: INVOLUCRAR a la Unidad Administrativa para la Reparación de las Víctimas para que haga parte de la relación del daño colectivo y valore de manera preferente si las comunidades afectadas con el accionar del Bloque Catatumbo deben ser incorporadas a la reparación colectiva en los términos de la ley 1448 de 2011.
VIGÉSIMO PRIMERO: REMITIR a la Unidad Administrativa para la Reparación de las Víctimas, las peticiones como medidas de satisfacción presentadas en forma individual por los representantes de víctimas y por las mismas víctimas directas, medidas de satisfacción que también hicieron parte del cuerpo de esta decisión.
VIGÉSIMO SEGUNDO: DECLARAR la extinción del derecho de dominio de los bienes ofrecidos para la reparación de las víctimas y que fueron relacionados en el acápite respectivo de esta sentencia. Para el cumplimiento de lo anterior, en firme el fallo, se oficiará a la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente y se comunicará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación de las Víctimas y al Fondo para la reparación de las víctimas para los fines pertinentes. Así mismo, se dispone que por secretaría se elaboren las comunicaciones a la dirección Nacional de estupefacientes en Liquidación y a las autoridades judiciales que adelantan los procesos de extinción del derecho de dominio respecto de los bienes y dineros entregado por Martha Helena Dereix, Adolfo Arrieta, y Benito Osorio Villadiego en la forma indicada en la parte motiva de este fallo.
VIGÉSIMO TERCERO: NO DECRETAR la extinción del derecho de dominio con relación a los derechos posesorios ofrecidos por el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ respecto del predio denominado “La Escuelita”, lote de mejoras 1, 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7, y 8 de conformidad con lo esbozado en las consideraciones de esta decisión.
VIGÉSIMO CUARTO: ORDENAR al Comando Conjunto de las Fuerzas militares y por medio de este a quien sea competente, presentar a la Sala un informe acerca de las hojas de vida y trayectoria dentro de las institucionalidad castrense de quienes fueron nombrados en esta decisión como miembros de las fuerzas militares de quienes se dijo fueron colaboradores de los grupos de autodefensa y luego integrantes del Bloque Catatumbo y sus frentes, conforme lo analizado en la parte motiva de esta decisión.
VIGÉSIMO QUINTO: COMPULSAR COPIAS ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, respecto a la información presentada en el cuerpo de esta decisión.
VIGÉSIMO SEXTO: COMPULSAR COPIAS ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las indagaciones tendientes a dilucidar la participación de personas pertenecientes al comercio, gremios económicos, casas de cambios, empresas prestadoras de servicios públicos y otras entidades como TERMOTASAJERO, y demás personas que se dice financiaron y auspiciaron la llegada y consolidación del Bloque Catatumbo. Esto, en los términos del artículo 46 de la ley 1448 de 2011.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: COMPULSAR COPIAS ante la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, o la entidad que se propone el proyecto de ley que la restructura, para que se investiguen las conductas punibles en que haya podido incurrir el señor LUIS CAMILO OSORIO, por su desempeño como Fiscal General de la Nación entre 2001 y 2005 en lo relativo a la designación y permanencia en el cargo, como directora seccional de Fiscalías de Cúcuta de quien se identificara como Ana María Flórez.
VIGÉSIMO OCTAVO: COMPULSAR COPIAS ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta vinculación y colaboración de los directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para 1999 a 2003 con el bloque Catatumbo de las AUC.
VIGÉSIMO NOVENO: COMPULSAR COPIAS en lo pertinente con destino a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la Superintendencia de Sociedades en el procedimiento surtido con relación a la liquidación de la empresa L´enoteca Atlántico S.A. en los términos esbozados en estas consideraciones.
TRIGÉSIMO: COMPULSAR COPIAS en lo pertinente con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, en la administración de los bienes entregados por los postulados de conformidad con lo analizado en precedencia.
TRIGÉSIMO PRIMERO: COMPULSAR COPIAS de lo pertinente con destino a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que se investiguen las posibles irregularidades en que pudo haber incurrido la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior en la administración de los proyectos productivos agroindustriales de Tierralta (Córdoba), proyecto respaldado por el gobierno nacional, actividad que según el ente instructor presentó la pérdida de más de mil millones de pesos, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TRIGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación de las Víctimas para que elabore y presente una iniciativa legislativa donde se codifique o se implemente la afectación del patrimonio de las personas jurídicas que de alguna forma se les demuestre haber colaborado y auspiciado el nacimiento, expansión o permanencia del fenómeno paramilitar, especialmente en lo que tiene que ver con el Bloque Catatumbo de las AUC, con el fin que estas afectaciones patrimoniales tengan como destino el Fondo para la Reparación de las Víctimas.
TRIGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, para que presente una iniciativa legislativa donde se legisle acerca de la posibilidad de afectar las vigencias futuras de las entidades territoriales en las que tuvo alto impacto la presencia paramilitar. Regiones en las que tuvo lugar la consolidación y expansión de estos grupos armados ilegales, con el fin de garantizar o de comprometer a las autoridades encargadas de estas entidades territoriales para que nunca más se vuelva a permitir la permanencia de estos grupos en las regiones que estén liderando.
TRIGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR al Congreso de la República para que profiera una legislación que tipifique el delito de “ofensa” con el fin de establecer la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que en sus declaraciones o manifestaciones puedan generar discursos de odio o estigmatización, tal como quedó explicado en la parte de consideraciones de esta decisión..
TRIGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas para que las víctimas directas e indirectas sean diagnosticadas de manera inmediata a través de la red de salud pública con presencia en los municipios donde se encuentre ubicados.
TRIGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral de las víctimas para que implemente inmediatamente un programa de atención psicológica individualizada para las víctimas del conflicto armado, un programa que sea especializado y posiblemente coordinado con el Ministerio de Salud y desarrollado por las secretarias departamentales y municipales de salud que hayan sido capacitados en temas de conflicto armado y específicamente se ubiquen estos centros en los lugares de origen de las víctimas.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, para que dispongan lo necesario para que las diferentes entidades que administran o participan del sistema de seguridad social en salud a nivel nacional, departamental y municipal, sean informadas del padecimiento de las víctimas del conflicto armado y en esa medida privilegien y presten los servicios médicos necesarios para atender las secuelas físicas y psiquiátricas de las víctimas así no estén cubiertas estas personas por el régimen subsidiado de salud al que se encuentren afiliados. Los costos de este procedimiento deberán estar a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA.
TRIGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se priorice en todos los municipios de Norte de Santander una estrategia de prevención del reclutamiento ilícito, conforme a lo previsto en el documento CONPES 3673 de 2010.
TRIGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integra a las Víctimas, para que previo estudio de campo, el servicio nacional del SENA evalúa la necesidad y pertinencia de implementar programas técnicos y tecnológicos dirigidos a la personas afectadas por el conflicto armado interno en las zonas del departamento de Norte de Santander.
CUADRAGÉSIMO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que las Universidades públicas y privadas de Norte de Santander y los departamentos aledaños permitan que los jóvenes víctimas del conflicto armado que reúnan los requisitos académicos puedan acceder a los cupos estudiantiles de manera prioritaria para adelantar sus estudios profesionales.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que el Ministerio de Educación nacional gestione becas, ya sea con instituciones privadas o a través del ICETEX para que las víctimas directas e indirectas, especialmente los jóvenes víctimas del conflicto armado interno que reúnan los requisitos, puedan acceder a los estudios superiores.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a las autoridades administrativas y especialmente a la Unidad Administrativa para la Reparación para que a través de las gobernaciones de Norte de Santander y Cesar intervengan los municipios de su jurisdicción para fortalecer la producción de riqueza y auto sostenimiento con planes de desarrollo y se vinculen presupuestos anuales que incluyan un rubro particular que no desmejore las inversiones y a existentes.
CUADRAGÉSIMO TERCERO: DISPONER que los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO y LENIN GIOVANNI PALMA BERMÚDEZ, permanezcan en ese reconocimiento que públicamente hicieron de su arrepentimiento y compromiso de no reincidir en la comisión de conductas punibles. Estas manifestaciones tuvieron lugar reiteradamente en las sesiones de audiencia y considera la Sala importante lograr la difusión de estas manifestaciones, al igual, que las manifestaciones de reconciliación que tuvieron lugar respecto de muchas víctimas hacia ellos.
CUADRAGÉSIMO CUARTO: DISPONER de actividades en las que se faciliten escenarios colectivos de reconciliación entre postulados y víctimas que permitan la redignificación de las víctimas de acuerdo a los programas que se han implementado por las autoridades que participan dentro de esta temática.
CUADRAGÉSIMO QUINTO: ORDENAR a todas las entidades en cuya cabeza se encuentran las acciones de reparación, presentar mediante su representante legal o su delegado un informe a esta Sala acerca de la planeación y ejecución de las medidas que serán tomadas para tener en cuenta las decisiones que en vía de reparación han sido anunciadas en esta decisión.
CUADRAGÉSIMO SEXTO: SOLICITAR a la Fiscal General de la Nación, la elaboración de un informe acerca de los avances en las investigaciones surgidas con ocasión al presente fallo o derivadas de los requerimientos de investigación mencionados en este fallo, informe que tendrá lugar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y el avance de esas investigaciones tendrá que hacer parte del seguimiento a la sentencia o a la ejecutoria de esta sentencia, tal y como lo señala la ley.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: REMITIR COPIA DE ESTA DECISIÓN a las Fiscalías encargadas de las investigaciones que se adelantan contra Doménico Mancuso conocido con el alias de “Lucas” y a Armando Alberto Pérez Betancourt alias “Camilo”.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO: EN FIRME ESTA DECISIÓN REMITIR al juzgado de ejecución de penas de justicia y paz la sentencia para su seguimiento, ejecución y vigilancia.
CUADRAGÉSIMO NOVENO: EN FIRME esta decisión expídanse las copias de la misma ante las autoridades correspondientes.
QUINCUAGÉSIMO: Contra esta decisión procede el recurso de apelación que se surtirá ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, y los artículos 68 ibídem y 32-3 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de octubre de 2014.
Las impugnaciones
En atención a que el Ministerio Público solicita declarar la nulidad de lo actuado a partir de la elaboración del contexto incluido en la sentencia, la Sala emprenderá el estudio de dicho planteamiento de manera prioritaria, pues en caso de prosperar tornaría nugatorio cualquier pronunciamiento sobre los demás motivos de la alzada. De igual forma, varios apoderados de víctimas requieren que se nulite parcialmente la actuación porque el a quo no se pronunció sobre la pretensión indemnizatoria de algunas de ellas.
Para una mejor comprensión se identificarán los temas objeto de inconformidad y a continuación se plasmarán las consideraciones y la decisión de la Sala sobre el particular.
1. Nulidades propuestas
1.1. El contexto consignado en la sentencia excede los temas debatidos en las audiencias y las pruebas aducidas en el trámite
El Ministerio Público cuestiona el contexto incluido en la sentencia porque se configuró con base en fuentes ajenas al trámite transicional, no debatidas por los intervinientes. En tal sentido, añade, se analizaron hechos y patrones de criminalidad declarados en otras sentencias, obviando los criterios previstos en el artículo 162 de la Ley 906 de 2004 para el traslado probatorio, precepto aplicable en virtud del principio de complementariedad.
Acerca de lo anterior, los defensores de los postulados39 consideran que el proceso no está afectado de nulidad, dada la naturaleza especial del trámite transicional donde deben prevalecer los derechos de las víctimas, con mayor razón cuando la parte recurrente estuvo presente en toda la actuación sin manifestar objeción alguna al acopio probatorio, de manera que convalidó lo actuado, pues el contexto fue definido de forma conjunta y cuando las partes no estuvieron de acuerdo sobre lo sucedido se dejaron las dos versiones en el expediente, sin que el impugnante se opusiera a ello.
1.2. El Tribunal carece de competencia para determinar la responsabilidad del Estado en el fenómeno paramilitar
El delegado de la Procuraduría General de la Nación considera que el Tribunal no tiene competencia para pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado en la conformación, consolidación y expansión de los grupos paramilitares, menos aun cuando las conclusiones en torno a ese aspecto las obtiene a partir de generalizaciones sin particularizar cuáles entidades o funcionarios contribuyeron a ese accionar.
La Justicia Transicional, agrega, está instituida para juzgar a los miembros de los grupos delincuenciales sometidos a la Ley 975 de 2005 y no a los miembros del Estado, cuyas conductas deben ser investigadas por la justicia ordinaria. Por ello, el fallo vulnera los derechos al debido proceso, juez natural y derecho de defensa cuando afirma, sin ningún fundamento, que el paramilitarismo fue parte de la política estatal.
Y aunque es probable la vinculación de algunos integrantes de instituciones públicas con grupos al margen de la ley, ello no comporta la existencia de políticas públicas orientadas a favorecerlos. En forma subsidiaria pide revocar las afirmaciones que apuntan al establecimiento de responsabilidad estatal.
Frente a lo anterior, los defensores destacan que la parte resolutiva del fallo no declaró la responsabilidad del Estado, razón por la cual carece de fundamento el reproche del impugnante.
Consideraciones de la Sala
i. Del contexto en Justicia Transicional
La macrocriminalidad, entendida como fenómeno que trasciende el ámbito de la empresa criminal para incursionar en un aparato delincuencial organizado y jerarquizado, orientado a desarrollar múltiples frentes delictivos dentro de una amplia cobertura geográfica, no puede ser investigada en forma tradicional como si se tratara de una gran cantidad de hechos aislados. Precisa por ello, de una respuesta judicial capaz de articular todos esos comportamientos, necesidad que ha llevado al surgimiento de la noción de contexto.
En relación con ésta, la Ley 1592 de 2012 dispone en su artículo 10:
Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda develar (sic) los contextos, las causas y los motivos del mismo; la información que surja de los procesos de Justicia y Paz deberá ser tenida en cuenta en las investigaciones que busquen esclarecer las redes de apoyo y financiación de los grupos armados organizados al margen dela ley.
A su vez, en su artículo 13 prevé:
Con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter vinculante y serán de público conocimiento. Los criterios de priorización estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la Fiscalía General de la Nación adoptará mediante resolución el Plan Integral de Investigación Priorizada. (negrillas y subrayas fuera de texto).
Y acorde con el artículo 2.2.5.1.2.2.2 del Decreto 1069 de 201540:
Para efectos de la aplicación del procedimiento penal especial de justicia y paz, el contexto es el marco de referencia para la investigación y juzgamiento de los delitos perpetrados en el marco del conflicto armado interno, en el cual se deben tener en cuenta aspectos de orden geográfico, político, económico, histórico, social y cultural. Como parte del contexto se identificará el aparato criminal vinculado con el grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo y financiación.
Estas definiciones develan al contexto como un método de análisis orientado a establecer las causas y motivos del conflicto, el accionar del grupo delictivo, identificar su estructura y a los máximos responsables, así como las redes de apoyo y financiación.
De igual forma, señalan que la identificación del contexto corresponde a un objeto de la investigación, sin que pueda tenérsele como medio de acreditación autónomo.
En ese orden, el contexto corresponde a una herramienta que facilita el derecho a la verdad, del cual son titulares tanto la víctima como la sociedad, pues apunta a que se determine de manera precisa cómo tuvieron ocurrencia los hechos en general, sus autores, sus motivos, las prácticas utilizadas, los métodos de financiación, las colaboraciones internacionales, estatales o particulares recibidas, a fin de que salga a la luz pública ese acontecer soterrado que debe exponerse a la comunidad para que implementen los correctivos necesarios en orden a impedir la reiteración de tales sucesos, así como establecer dónde se encuentran los secuestrados y los forzosamente desparecidos, amén de integrar de la manera más fidedigna posible la memoria histórica.
El análisis de contexto tiene su origen en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sustentado en la flexibilización probatoria en favor de las víctimas, propuesta en procesos donde (i) no se sanciona a individuos sino a Estados, (ii) hay inversión de la carga de la prueba y (iii) corresponde al país demandado desvirtuar el contexto y, con ello, su responsabilidad internacional, aspectos todos que impiden trasladar, sin más, ese examen al derecho penal interno de índole individual.
En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos distingue el proceso por responsabilidad estatal surtido en esa instancia, de las actuaciones judiciales penales adelantas al interior de los Estados, en los siguientes términos:
134. En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El Derecho Internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones.
135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. (Sentencia Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 julio 1988). (Negrillas fuera de texto original)
El proceso transicional procura individualizar tanto a los determinadores como a los autores materiales y cómplices de los delitos, también llamados “agentes de la primera zona”41; igualmente, a quienes los financiaron, seleccionaron las víctimas o se beneficiaron con la comisión de esas conductas, es decir, “los agentes de la segunda zona”, e inclusive, a los ciudadanos pasivos que por miedo o simpatía con tales comportamientos se plegaron a los perpetradores y cuyo testimonio resulta importante para arribar a la verdad, esto es, los “agentes de la tercera zona”.
Lo anterior implica que no se confunda el objetivo de la investigación, esto es la verdad, con su prueba. El contexto es un propósito, pues aún demostrado el cuadro conjunto de un proceder macrocriminal, de allí no se pueden establecer, sin más, responsabilidades, ni es en sí mismo un medio de acreditación, dado que, por el contrario, su conformación debe nutrirse de las fuentes que a la postre demuestran los otros objetivos del proceso, esto es, de las pruebas legal y válidamente aportadas, como por ejemplo, estudios de técnicos y peritos, declaraciones, etc.
Por ello no resulta aconsejable que sin una juiciosa y ponderada evaluación previa, se acuda en la construcción del contexto a toda suerte de documentos, indagaciones o estadísticas, pues resulta innegable que cada uno de ellos contiene una carga ideológica transversal, capaz de distorsionar o hacer más o menos fiable su aporte. Por tanto, si se acogen esos elementos, será necesario que en la decisión el juzgador exprese, sin ambages, por qué tal o cual fuente denota imparcialidad, seriedad, hondura y aproximación efectiva a la reconstrucción de la verdad y, ahí sí, proceda a extractar apartes que le sirvan para edificar el contexto.
Desde luego, si ya en otras sentencias que han cobrado ejecutoria se ha establecido un contexto, por ejemplo, respecto del proceder macrocriminal de determinado grupo armado al margen de la ley, no habría necesidad de construir otro, salvo que nuevos elementos de convicción no ponderados en aquellas decisiones, permitan arribar a otras apreciaciones capaces de afinar o robustecer el contexto ya elaborado.
Con fundamento en lo expuesto, es pertinente puntualizar que si la responsabilidad penal es individual, el contexto no puede corresponder a una prueba, en tanto, se reitera, aquél da cuenta de un conjunto de situaciones, de un cuadro, de un proceder que no basta por sí mismo para derivar responsabilidad penal a persona alguna.
El contexto ayuda a comprender, pero es insuficiente e impertinente para atribuir, pues estar inmerso en un contexto de macrocriminalidad no releva al ente acusador de acreditar individualmente la responsabilidad penal por tener la carga de la prueba.
Tampoco es un espacio ilimitado, en el cual los funcionarios judiciales puedan declarar la responsabilidad de personas o instituciones no vinculadas debidamente al trámite, sobre todo, si se tiene en cuenta que la justicia transicional no es competente para derivar ese tipo de atribuciones porque su objeto se circunscribe a juzgar a los postulados por el Gobierno Nacional al proceso de Justicia y Paz.
ii) Del caso concreto
Acorde con el principio de complementariedad previsto en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, “para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal”, de manera que los principios que informan el decreto de las nulidades son de innegable aplicación en el procedimiento de Justicia y Paz.
Uno de ellos es el de trascendencia, según el cual sólo se acude a esta medida extrema si la irregularidad de carácter sustancial afecta garantías de los sujetos procesales o las bases fundamentales de la actuación.
Revisado el fallo en cuestión no se advierte vulneración de derechos esenciales de las partes e intervinientes o afectación de la estructura propia del proceso transicional en punto de la elaboración del contexto, motivo por el cual la pretensión anulatoria será desestimada.
La Corte en diversas oportunidades (CSJ AP 12/02/09, Rad. No. 30998, 31/08/11, Rad. No. 36125, 23/07/14, Rad. 43005, entre otros) ha señalado que el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz busca facilitar la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de forma que ostenta una naturaleza especial y diversa a la de los estatutos punitivos vigentes.
La condición sui generis del proceso transicional se origina en que la actuación se inicia a instancias del desmovilizado cuando libre y voluntariamente solicita su postulación al trámite y, una vez verificadas por el Gobierno Nacional las exigencias legales, inicia la etapa judicial, la cual se funda en la confesión de sus crímenes, situación que necesariamente conlleva la emisión de sentencia de carácter condenatorio.
En ese orden, el establecimiento de lo acontecido empieza con la confesión del postulado, prosigue con la necesaria actividad de verificación e investigación de la Fiscalía y continúa con la legalización de cargos, en la audiencia concentrada, donde las víctimas e, incluso la magistratura, pueden complementar y/o cuestionar el contexto presentado, evento en el cual surgirá la necesidad del decreto probatorio a efectos de construir entre todos la verdad que se incluirá en la sentencia.
Entonces, la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos (art. 21 de la Ley 1591 de 2012, modificatorio del 19 de la Ley 975 de 2005), es el escenario idóneo para confrontar y ajustar el contexto presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre la actividad del grupo armado al margen de la ley, sus causas y motivos, construido a partir de la confesión de los postulados, de los aportes de las víctimas y de los actos de investigación realizados por el ente acusador, el cual finalmente será integrado a la sentencia.
La magistratura debe velar porque la verdad consignada en el fallo se ajuste a las causas, motivos, consecuencias y tipología de la especie de violencia perpetrada por el grupo armado al margen de la ley examinado en cada caso en particular, de acuerdo con lo debatido y probado en el proceso y conforme a lo decantado por la jurisdicción en sentencias ejecutoriadas referidas a la misma estructura delictiva. No obstante, dicha facultad no comporta la posibilidad de estructurar contextos genéricos y especulativos a partir de percepciones particulares de los hechos.
Conforme lo establece el artículo 15 de la Ley 975 de 2005, la reconstrucción de lo acontecido constituye misión primordial del trámite transicional a efectos de materializar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad e impedir la repetición de los patrones de criminalidad develados.
Con todo, la Sala ha reconocido la necesidad de flexibilizar el acopio de la verdad ante la complejidad de la reconstrucción de los hechos dado el elevado número de delitos cometidos, el lapso transcurrido y la degradación del conflicto, la barbarie de los métodos utilizados en la ejecución de las conductas, la muerte de algunos victimarios, las deficiencias en el registro de las personas y de los bienes, entre otros factores. Precisamente por ello, se imponen exámenes de contexto y la disminución de exigencias probatorias respecto de la comprobación del relato del postulado y del daño causado (CSJ AP 21 septiembre 2009, Rad. No. 32022).
En el caso examinado, el Ministerio Público solicita que «no se valide el contexto presentado en la Sentencia, por no estar soportado en los elementos materiales probatorios que se aportaron en desarrollo del proceso y en consecuencia ser especulativo y proceder del conocimiento privado y no hacer parte del proceso todos aquellos elementos que de manera subjetiva fueron introducidos por la magistratura».
Como se decantó en el acápite anterior, el contexto es una herramienta para materializar el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en tanto permite establecer de manera precisa cómo tuvieron ocurrencia los hechos. De esta manera, comprende el estudio de las causas, desarrollo y consecuencias del fenómeno de violencia y criminalidad generado por el grupo organizado al margen de la ley al que perteneció el postulado que se juzga.
Es cierto que en la reconstrucción del contexto de la violencia paramilitar, la magistratura se apoyó en anteriores pronunciamientos judiciales y en textos de sociología y violentología; sin embargo, esa situación no está proscrita en la normativa nacional ni infringe el debido proceso transicional. Por el contrario, el inciso tercero del artículo 15 de la Ley 975 de 2005 indica que la información que surja de los procesos de Justicia y Paz deberá ser tenida en cuenta «en las investigaciones que busquen esclarecer las redes de apoyo y financiación de los grupos armados al margen de la ley».
Si los datos obtenidos en el trámite transicional sirven para fundar nuevas investigaciones, los contextos expresados en fallos ejecutoriados pueden ser incluidos en otras decisiones, dado el carácter público de las sentencias y la doble presunción de acierto y legalidad que las acompaña.
Con mayor razón cuando a través de las diversas sentencias, muchas de ellas parciales respecto de un mismo postulado o estructura delictiva, se pretende construir un marco de referencia del conflicto armado colombiano para entender sus causas, desarrollos y consecuencias con el propósito de evitar su repetición.
Si en un fallo ejecutoriado ya se estableció cómo surgió y operó un grupo ilegal, no existe ningún obstáculo legal o práctico para que sea considerado en otras actuaciones relacionadas con la misma estructura delictiva. Por el contrario, complementa los patrones de criminalidad examinados y el contexto del caso concreto.
Tratándose del trámite de Justicia y Paz, dado que se procura reconstruir causas y desarrollos de la violencia que por más de medio siglo ha azotado a la Nación, resulta aceptable acudir a textos especializados que pueden contribuir a ilustrar puntuales aspectos del contexto, sin que por ese hecho se incurra en afectación del debido proceso, como lo pregona el impugnante.
Con todo, la magistratura debe evaluar el material utilizado para evitar la distorsión de los hechos al incluir lecturas sesgadas de los mismos y, por ello, debe explicar por qué razón la fuente utilizada muestra imparcialidad y capacidad de acercarse a la reconstrucción de la verdad.
No obstante, la posibilidad de establecer el marco de referencia dentro del cual operó la estructura delictiva, no significa que el juzgador pueda consignar en el fallo hipótesis genéricas de carácter especulativo como la denominada “teoría del reloj de arena”42, expuesta en los apartados 538, 540 y 550 a 575, a partir de la cual se afirma la responsabilidad institucional del DAS, Policía, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ecopetrol, Termotasajero, empresas y gremios de comerciantes en el actuar criminal del Bloque Catatumbo en el Departamento de Norte de Santander. Nótese lo expuesto por el a quo:
“538. Los altos mandos referenciados y nombrados anteriormente, pertenecientes a las instituciones legalmente constituidas (Policía, Ejército, DAS, Fiscalía), se reitera, con jurisdicción y competencia en el departamento de Norte de Santander, pertenecieron a la red criminal del BLOQUE CATATUMBO junto con su organización política, financiera y militar. (…)
540. La Sala considera que estos miembros de la red ilícita del BLOQUE CATATUMBO, que a su vez pertenecieron a instituciones estatales y que, en razón a la entidad de sus cargos, fueron cabeza o integraron la cúpula de la red ilícita, deben responder penalmente como lo hacen quienes están en la cabeza, dirigen, o están en la cúpula de los aparatos organizados de poder”43.
“556. En este sentido, considera la Sala que puede imputarse a los miembros del Ejército nacional (sic) con jurisdicción en Norte de Santander, con poder de mando, los delitos ejecutados por el ala militar del BLOQUE CATATUMBO, como autores mediatos en virtud de aparatos organizados de poder, pues ha quedado clara su pertenencia a la organización ilegal(…).”
557. Igual imputación debe hacerse respecto (sic) los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado como el DAS en la ciudad de Cúcuta, cuyas funciones en la red criminal del BLOQUE CATATUMBO consistieron también en dejar pasar las estructuras militares sin impedirlo y pasar información a tales estructuras sobre personas de la población civil …”.
558. Así mismo puede imputarse a los miembros de las empresas, gremios de comerciantes etc., como autores mediatos los delitos ejecutados por los miembros del ala militar del BLOQUE CATATUMBO; pues la función de aquellas empresas y gremios fue aportar recursos a la red del BLOQUE CATATUMBO para que prestaran “servicios de seguridad”, e informar movimientos de personas contra quienes posteriormente tal estructura militar realizó acciones violentas44.
Como se ve, son afirmaciones genéricas que no pueden tener como soporte los apartes de la sentencia donde se particulariza el apoyo de determinados funcionarios del Estado al Bloque Catatumbo, pues a partir de éstas lo único que puede predicarse es la posible responsabilidad de aquéllos, pero no de las instituciones a las cuales pertenecieron.
Sin sustento probatorio que corrobore las conclusiones esbozadas en contra de las instituciones estatales, gremios o empresas privadas, lo dicho en torno a la supuesta responsabilidad institucional queda como especulaciones de la Colegiatura, inadmisibles en la pretendida construcción de un contexto.
La Corte no ignora la relación que existió entre algunos integrantes de entidades públicas con el Bloque Catatumbo, como los citados por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ45 en su versión libre; sin embargo, ello no implica que las instituciones en sí mismas puedan ser señaladas de contribuir al funcionamiento del paramilitarismo, máxime cuando muchos de sus miembros fueron víctimas del accionar criminal del Bloque Catatumbo, precisamente por investigar u oponerse a su presencia en la región, por ejemplo los fiscales, el defensor público, —luego rector universitario— y los investigadores asesinados en la ciudad de Cúcuta (cargos 2, 3, 35, 39 y 8).
Es cierto que al establecer el contexto se deben reseñar los sucesos que rodearon el nacimiento y funcionamiento del grupo ilegal, incluidos los que develen complicidad de los integrantes de las instituciones públicas; no obstante, esa obligación no se puede confundir con la de juzgar a instituciones y personas que no han sido parte de la actuación, como ocurrió en este evento donde se afirmó la responsabilidad de varias entidades y se indicó cómo debía imputarse a sus integrantes aduciendo la autoría mediata.
Esas afirmaciones resultan genéricas y no ostentan el rigor propio de las decisiones judiciales, razón por la cual no pueden hacer parte del contexto, pues en lugar de evidenciar el nexo aducido, confunden al ubicar en un mismo nivel, sin mayor precisión ni discernimiento, a múltiples instituciones, funcionarios e integrantes de la sociedad civil.
De otra parte, tal como lo pregona el Ministerio Público, la justicia transicional no está instituida para declarar la responsabilidad estatal por las fallas (por acción u omisión) de sus instituciones o funcionarios.
La Ley de Justicia y Paz tiene como objetivo «facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación», propósito en el cual establece un procedimiento para investigar, procesar, sancionar y otorgar beneficios judiciales a los desmovilizados, respecto de los delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a esas estructuras delictivas.
Recuérdese que la responsabilidad penal recae sobre personas naturales debidamente individualizadas e identificadas en relación con un hecho concreto que han realizado consciente y voluntariamente (derecho penal de acto). En el evento examinado, no se sabe respecto de cuál funcionario pregona el a quo la autoría mediata ni por cuáles de los múltiples hechos sancionados.
Y aunque ninguno de los cincuenta numerales que conforman la parte resolutiva de la sentencia, declara la responsabilidad del Estado en la creación y fortalecimiento de los grupos armados organizados al margen de la ley, en los apartados 538, 540 y 550 a 575 se consignan afirmaciones que dan por sentado, se itera, de manera genérica, que el DAS, la Fiscalía, el Ejército, la Policía y los gremios de la región hicieron parte del Bloque Catatumbo.
Incluso se menciona la obligación de los directores seccionales del DAS y de la Fiscalía General de la Nación de pedir excusas públicas a la sociedad colombiana (apartado 575), expresar su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y mencionar a los responsables de designar en sus cargos a quienes resultaron miembros del Bloque Catatumbo.
Esa orden, no incluida en la parte resolutiva del fallo, es ajena a la justicia transicional, pues ese tipo de mandatos sólo puede adoptarse en los procesos donde el Estado sea parte y tenga la oportunidad de defenderse, valga decir, a nivel interno ante la jurisdicción contencioso-administrativa y a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A propósito de las órdenes dictadas por este Tribunal internacional, cuya competencia aceptó el Estado colombiano por haber suscrito y posteriormente ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos a través de la Ley 16 de 1972, recuérdese que su jurisdicción abarca los Estados partes y, por ende, es natural que los fallos de responsabilidad contengan este tipo de mandatos, situación que, por manera alguna, resulta asimilable a la de los Tribunales y jueces internos, quienes no pueden invadir órbitas funcionales que constitucionalmente no les son propias.
Sobre la responsabilidad de los Estados partes que se genera por suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, son claras las siguientes disposiciones contenidas en su texto:
“Artículo 62. (…) 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial (…).
Artículo 68. 1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado…” (subrayas fuera de texto).
De lo anterior se infiere que las sentencias dictadas en virtud de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana surten efectos vinculantes para los Estados partes en litigio en cuanto han reconocido o reconozcan dicha jurisdicción, por declaración o convención especial.
No es viable equiparar la competencia del juez penal interno con la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque según la Convención la responsabilidad de los Estados es de carácter principal, mientras en el ámbito interno de justicia transicional es subsidiaria frente a las víctimas en punto de la indemnización de perjuicios, como lo enfatizó la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006. Y en materia de responsabilidad del Estado y de sus integrantes sólo los tribunales competentes pueden establecerla (Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo).
En consecuencia, aunque la Corte no declarará la nulidad solicitada por el Ministerio Público en tanto no hay afectación de derechos fundamentales de las partes e intervinientes ni de la estructura básica del proceso transicional, sí aclara que los apartados 538, 540 y 550 a 575 de la parte considerativa del fallo, exceden la competencia del Tribunal para señalar la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas mencionadas en la sentencia y por ello no tienen la potencialidad de sustentarlo.
1.3. El incidente de identificación de afectaciones no se ajustó a los lineamientos de la sentencia C-286 de 2014.
El Ministerio Público aduce que el incidente de identificación de afectaciones debió ajustarse al de reparación integral en los términos de la sentencia C-286 de 2014, que en su opinión dejó sin efectos el fallo C-180 del mismo año, para evitar confusiones sobre el procedimiento a aplicar.
Ello porque en la actuación surtida en el Tribunal la mayoría de representantes de víctimas no formularon las reclamaciones en debida forma, pues se limitaron a enunciar la pretensión sin acompañarla de las pruebas respectivas.
Así mismo, porque no se invitó a conciliar a los intervinientes como lo dispone el inciso final del artículo 23 de la Ley 975 de 2005 ni se resolvió sobre el daño colectivo, porque su estudio se trasladó a la Unidad Administrativa para la Reparación de Víctimas. Por lo anterior, pide decretar la nulidad del incidente por estar viciado el trámite procesal que se le imprimió.
Consideraciones de la Sala
1. Acorde con el original artículo 23 de la Ley 975 de 2005, en el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, la víctima o su apoderado expresará «de manera concreta la forma de reparación que pretende» e indicará «las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones». La Sala de conocimiento «examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios», si esta fuere la única solicitud.
Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que haya aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.
Este precepto fue modificado por los cánones 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, de manera que el trámite pasó a denominarse incidente de identificación de afectaciones causadas, cuya principal característica consistía en que prohibía a la judicatura tasar los daños, pues los mismos serían reparados por la Unidad Especial para la Reparación de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, conforme a los parámetros previstos en la Ley 1448 de 2011.
Mediante sentencia C-180 del 27 de marzo de 2014 la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones «las cuales en ningún caso serán tasadas» del inciso 4 del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, y el apartado «y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar» del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
Y en sentencia C-286 del 20 de mayo del mismo año, el Tribunal Constitucional declaró inexequibles: a) los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 1592 de 2012; b) la expresión «y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas» contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa; c) los artículos 33, 40 y 41 de la citada ley. De esta forma, se reincorporó al ordenamiento jurídico patrio el texto original del artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
En el caso examinado, el incidente de identificación de afectaciones46 se realizó en los meses de agosto y septiembre de 2013 bajo los parámetros de la Ley 1592 de 2012, normativa vigente para esa época. No obstante, al iniciar el trámite la magistratura señaló47, ante el anunció de los apoderados de víctimas de acudir a la excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 23 y 24 ibídem, que la solicitud sería resuelta al final del procedimiento, razón por la cual debían tasar sus afectaciones y demostrarlas aportando la prueba del parentesco y del daño causado.
En cumplimiento de esa premisa, los defensores de víctimas formularon las pretensiones indemnizatorias y entregaron los documentos base de la reclamación, los cuales fueron trasladados a la defensa material y técnica, sin que se presentara oposición.
Conocidos los fallos de constitucionalidad citados48, por sustracción de materia, el Tribunal se abstuvo de resolver en la sentencia la excepción de inconstitucionalidad y procedió a valorar los daños causados con base en las pruebas aportadas, pues consideró que el incidente se ajustó a los lineamientos del artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
Pues bien, la Sala desestimará la censura porque la forma como se desarrolló el trámite incidental permitió a las víctimas formular su pretensión indemnizatoria y aportar los medios probatorios respectivos49. De esta manera, aunque estaba vigente la reforma introducida por la Ley 1592 de 2012 que prohibía tasar las afectaciones, el Tribunal otorgó la posibilidad de valorar y probar los daños, situación que se identifica con el componente central del incidente de reparación integral del artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
Es cierto que la situación apareja algún grado de confusión porque en ese momento el Tribunal debía circunscribirse a identificar afectaciones, no obstante lo cual autorizó la formulación de pretensiones indemnizatorias. Con todo, esa circunstancia no resultaba violatoria de ninguna garantía y a la postre permitió a la Colegiatura tasar los daños con base en lo solicitado y probado, en armonía con el canon 23 de la Ley 975 de 2005, reincorporado al ordenamiento jurídico nacional a partir del 22 de mayo de 201450.
No sobra precisar que, contrario a lo manifestado por el impugnante, las sentencias C-286 y C-180 de 2014 no se contraponen sino que se complementan, pues la primera de ellas determinó «Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-180 de 2014…».
Por tanto, en la práctica, se cumplió con el objetivo del incidente de reparación integral, motivo por el cual no se declarará la nulidad postulada por cuanto no se vulneraron garantías fundamentales ni se afectó la estructura del debido proceso transicional.
2. El recurrente también radica la nulidad en que no se propició la conciliación prevista en el trámite de reparación integral del artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
Este reproche tampoco prospera porque cuando se surtieron las audiencias pertinentes (agosto a septiembre de 2013) esa figura no estaba prevista en el incidente de identificación de afectaciones. Por ende, su ausencia no puede considerarse violatoria del debido proceso por cuanto obedeció a la aplicación de la ley que en ese momento se presumía conforme con los mandatos superiores y estaba en vigor (Ley 1592 de 2012, artículos 23 y 24).
Según el principio de trascendencia, quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que el vicio afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la actuación. En otras palabras, debe evidenciar con suficiencia cómo el sentido de la decisión habría de ser sustancialmente diverso si no se hubiera incurrido en la irregularidad procedimental.
En este caso, la pretensión de anular la actuación para que se invite a los postulados y a las víctimas a conciliar, no cumple con la carga argumentativa de demostrar la vulneración de derechos fundamentales, con mayor razón cuando los interesados directos no presentan ningún reparo sobre ese aspecto.
Aún más, retrotraer la actuación en procura de propiciar fórmulas conciliatorias comportaría mayor vulneración de los derechos de las víctimas, expectantes por obtener una pronta satisfacción de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y a acceder a las garantías de no repetición declaradas en el fallo por hechos ocurridos hace más de diez años.
3. Según el impugnante, el Tribunal, con apoyo en el parágrafo 4º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, se abstuvo de pronunciarse sobre la reparación del daño colectivo pretendida por el Ministerio Público y ordenó su remisión a la Unidad de Reparación de Víctimas51, decisión que por su ilegalidad impone anular la actuación.
Frente a lo anterior, la Sala observa que la Colegiatura de primera instancia sí se refirió a la pretensión del Ministerio Público en torno al daño colectivo, al punto que consignó sus conclusiones en los folios 803 y 804 del fallo. Y aunque erradamente se apoyó en un precepto que había sido retirado del ordenamiento jurídico por la sentencia C-286 de 2014, hizo suyas las recomendaciones que sobre ese tópico formuló el delegado de la Procuraduría.
Así, en la parte resolutiva del fallo dispuso exhortar a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas para que «implemente inmediatamente un programa de atención sicológica individualizada para las víctimas del conflicto armado»52 y coordine con el SENA la ejecución de programas técnicos y tecnológicos dirigidos a las personas afectadas por el conflicto armado en la zona de Norte de Santander53, decisiones que coinciden con lo pretendido por el Ministerio Público.
Aún más, la Colegiatura de primera instancia motu proprio señaló otras medidas orientadas a procurar el resarcimiento de la colectividad de la zona del Catatumbo, como las contenidas en los numerales 37, 38, 40, 41 y 42. Por ende, el diagnóstico del daño colectivo ocasionado a las comunidades de esa región fue incorporado al proceso durante la audiencia de identificación de afectación y se incluyó en la sentencia, lo cual descarta la irregularidad pregonada.
Y aunque el estudio fue remitido a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ello obedeció a la necesidad de cumplir lo preceptuado en los artículos 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011 que ordena a esa entidad empoderarse de la reparación del daño colectivo.
Por lo anterior, no se decreta la nulidad propuesta por el Ministerio Público.
1.4. El Tribunal no se pronunció sobre algunas pretensiones indemnizatorias
La apoderada de víctimas Claudia Liliana Guzmán Sánchez impetra la nulidad parcial de la actuación por cuanto el Tribunal olvidó cuantificar los daños causados a algunas víctimas cuya pretensión indemnizatoria se planteó en forma oportuna, situación que no puede corregirse por la Corte sin afectar el principio de la doble instancia.
En igual sentido, los representantes de víctimas Álvaro Maldonado Chaya, Yucely Cañizares Pacheco, Lucila Torres de Arango y Ruby Stella Castaño Sánchez aducen que la primera instancia pretermitió pronunciarse sobre algunas de las solicitudes de indemnización, motivo por el cual impetran la adición del fallo o su revocatoria parcial.
Por tratarse de censuras sobre ausencia de decisión, se resolverán en este acápite por ser el pertinente con ese tipo de falencias.
Consideraciones de la Sala
La Corte ha decantado que también en materia transicional cuando se omite resolver una petición elevada oportunamente por las partes, tal yerro no puede ser enmendado en sede de segunda instancia, en tanto se pretermitirían las reglas básicas de un proceso debido, porque el superior funcional está habilitado para corregir los yerros del a quo, pero bajo el presupuesto necesario de que este se haya pronunciado en uno u otro sentido (SP 12/12/12, Rad. 38222; SP3950 19/03/14; AP2226 30/04/14, entre otras).
Ello porque la Sala, como juez de segunda instancia, no puede reemplazar lo inexistente, esto es, mal puede adicionar, corregir o revocar lo que no se decidió. En ese orden, la competencia de la Corte sólo surge después de que el juez de primer grado adopte una determinación susceptible de cuestionamiento por las partes, para que, así, enfrentados los dos criterios, pueda resolver lo que en derecho corresponda.
Respecto de los casos reseñados por los impugnantes, la Sala encuentra lo siguiente:
i) Álvaro Maldonado Chaya afirma que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la petición de indemnización de Ana Milena Quintero Suárez, esposa de Carlos Celis Suescún víctima directa del hecho 30.
En el folio 627 del fallo se relaciona como víctima indirecta a la señora Quintero Suárez en su condición de cónyuge; sin embargo, en el cuadro que condensa las indemnizaciones decretadas (folio 797) se incluyó a Linda Alexandra Rondón Ortega en la misma calidad (aportó escritura de matrimonio civil). Revisada las diferentes carpetas, la Sala encuentra que las dos mujeres adujeron similar relación con el fallecido, situación que motivó la inconsistencia detectada.
Entonces, como las solicitudes fueron mezcladas y una de las peticionarias quedó sin solución de su pretensión, se decretará la nulidad a efectos de que el a quo dilucide el punto.
ii) Yucely Cañizares Pacheco indica que el fallo no se pronunció sobre la solicitud de reparación del hecho victimizante de desplazamiento forzado de Ana Dilia Villamizar Velásquez, Yendri Milena Quintero Villamizar y Angie Marcela Quintero Villamizar.
Examinados los folios 583, 584 y 739 de la sentencia, así como la carpeta correspondiente a la formulación de la pretensión indemnizatoria de dicho grupo familiar, la Sala encuentra que efectivamente el a quo no se pronunció sobre la petición de compensar el desplazamiento forzado consignada en el escrito respectivo. Por ello, se anulará parcialmente para que la primera instancia decida el punto.
Esta litigante también aduce que el Tribunal se abstuvo de resolver la solicitud de que el servicio médico de Ecopetrol atienda las afectaciones a nivel emocional de Nancy Patiño de Wallens, esposa de la víctima directa William Marino Wallens Villafañe.
Pues bien, el estudio de la carpeta de formulación de pretensiones de la señora Patiño de Wallens indica que en verdad se solicitó la medida señalada, la cual no fue resuelta, motivo por el cual se anulará parcialmente para que la primera instancia decida el punto.
iii) Claudia Liliana Guzmán Sánchez refiere que el a quo no se pronunció sobre las siguientes peticiones de reparación:
a) Ángelo y Rafael Méndez Castro hijos de Rafael Ángel Méndez Cárdenas víctima directa del hecho 4.
En el folio 734 del fallo se observa que a los citados ciudadanos se les reconoció indemnización por parte del Tribunal en cuantía de $21.730.537,66 y $26.654.538,11, respectivamente, situación que impone desestimar la solicitud de nulidad.
b) Mabel y Brayan Quintero hijos de la víctima Benjamín Quintero del hecho 4.
Igual situación se presenta con relación a éstas dos personas porque en el folio 735 se les asignó un pago de $32.562.163,56 y 34.980.568,07, respectivamente. En consecuencia se deniega la anulación propuesta.
c) Jesús Aparicio Vera víctima directa del punible de homicidio imperfecto (hecho 4).
Este ciudadano fue relacionado en las páginas 580 y 734 de la sentencia; sin embargo, no se le asignó indemnización a pesar de haberse incoado solicitud en tal sentido ni se explicó la razón de esa situación. Por tanto, se anulará parcialmente para que la primera instancia decida el punto.
d) A Deiver Sánchez Lizarazo y a María Misay Lizarazo Ramos no se les reconoció como víctimas indirecta de José Lizarazo Ramos (caso 12).
Es cierto que a pesar de referir a Deiver Sánchez Lizarazo como víctima en el folio 529, en el acápite pertinente no liquidó su pretensión, sin explicar por qué razón, motivo por el cual se anulará parcialmente para que el a quo decida.
En la carpeta de pretensiones la doctora Guzmán Sánchez no incluyó a la señora Misay Lizarazo como víctima indirecta, imponiéndose negar su petición anulatoria, con mayor razón cuando aportó certificado de defunción, según el cual aquella falleció el 21 de septiembre de 1999, un año antes de que su hermano fuera asesinado por el Bloque Catatumbo (10 noviembre de 2000).
e) Yeniree Ruiz Arenas y Jeffson Arbey Ruiz Arenas hijos de Belisario Ruiz Quintero víctima directa del hecho 24.
A folio 776 del fallo se observa que a los citados ciudadanos se les reconoció indemnización por parte del Tribunal en cuantía de $10.089.902,88 y $23.836.281,46, respectivamente. Por ello, se desestima la nulidad invocada.
f) Juan de Jesús Guerrero Páez hijo de la víctima directa Juan de Jesús Guerrero Barón (hecho 6).
En folio 712 del fallo se observa que el Tribunal liquidó en favor de Guerrero Páez la suma de $61.918.355,05, situación que impone desatender la pretensión porque sí fue resuelta.
g) No se reconoció a Erika Cárdenas Páez, hija de la víctima directa Maritza Cárdenas Peña (hecho 20), pues son dos personas diferentes, una es Erika y la otra es Juliana.
No asiste razón a la impugnante, en la medida que el registro civil, recaudado por la Fiscalía en la carpeta No. 494524, señala que el nombre de esta víctima indirecta es Erika Yuliana Cárdenas Pérez a quien la primera instancia reconoció la suma de $11.643.551,86 como indemnización. Además, la litigante no aportó registro civil que demuestre su afirmación, esto es, que se trata de dos personas diversas. En consecuencia, no se acoge la solicitud de la apoderada de víctimas.
h) No se reconoció a Luz Dary y Yolima Oliveros Parra hermanas de la víctima directa Carlos Andrés Oliveros Parra (caso 21).
La afirmación de la abogada pretermite considerar que el Tribunal señaló (folio 485) que no atendía la pretensión resarcitoria de estas dos personas porque ya fueron indemnizadas por iguales hechos en la sentencia del 2 de diciembre de 2010, proferida en contra de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA en la cuantía allí indicada, argumento no rebatido por la impugnante. Por ende, no se accede a nulitar la actuación por este hecho.
iv) Ruby Stella Castaño Sánchez pregona la omisión del Tribunal frente a la solicitud resarcitoria de María Estela Rangel Villamizar, compañera de Elías Beltrán víctima de homicidio en persona protegida (hecho 88), respecto de 105 cabezas de ganado que perdió.
A folio 596 del fallo, el Tribunal señaló: Con relación a la pretensión indemnizatoria por la pérdida de unos bienes, habrá de decirse que no se acreditó objetivamente la preexistencia y propiedad de los mismos, así como tampoco se allegaron elementos de convicción que permitan calcular o determinar su valor actual, razón por la que no habrá lugar al reconocimiento por dicho concepto.
De esta manera la Colegiatura de primera instancia sí se pronunció frente a tal pretensión, sólo que no la encontró probada, situación que no fue controvertida por la recurrente quien no señala con qué medio de convicción se estableció la preexistencia de los semovientes ni la Sala lo observa de la revisión de la carpeta correspondiente. En consecuencia, no se accede a la petición de la recurrente.
v) Lucila Torres de Arango aduce que el fallo omitió pronunciarse sobre la petición de indemnización de José Julián Hernández Jaimes hijo de la víctima directa Juan José Hernández Acevedo (hecho 68).
Es cierto que a pesar de referir a Hernández Jaimes como víctima en el folio 557, en el acápite pertinente no se liquidó su pretensión, sin explicar por qué razón, motivo por el cual se anulará parcialmente para que a quo decida.
En suma, en algunos de los eventos atrás reseñados, el Tribunal faltó a las formas del debido proceso al omitir pronunciarse sobre las pretensiones resarcitorias. La afectación de los derechos de estas víctimas es manifiesta y, por ende, exclusivamente respecto de ellas se declarará la nulidad de lo actuado, a efectos de que el a quo proceda a decidir las solicitudes oportunamente radicadas.
La Corte no puede suplir la falta y reconocer los derechos reclamados, en tanto tal mecanismo vulneraría el principio y derecho fundamental constitucional de la doble instancia, porque lo censurado no es una decisión en uno u otro sentido, sino precisamente le ausencia de pronunciamiento.
2. Impugnaciones de fondo
2.1. Los hechos confesados por los postulados no contribuyeron a develar patrones de criminalidad
El Ministerio Público afirma que los hechos confesados por los postulados no permitieron develar lo realmente acontecido. No entiende por qué razón si del Bloque Catatumbo se desmovilizaron 1437 hombres, sólo entregaron 988 armas largas, 71 cortas, 55 de acompañamiento y 13 granadas, situación que debió influir en los requisitos de elegibilidad y permanencia en el trámite de Justicia y Paz.
Igual situación refiere frente al delito de narcotráfico, punible imputado y legalizado, pero respecto del cual no se profundizó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, como si se tratara de un punible de ejecución permanente, sin serlo.
En tal sentido, afirma, resulta improcedente legalizar el cargo de narcotráfico a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ desde 1996 hasta su desmovilización el 10 de diciembre de 2004 porque la sentencia debe circunscribirse a los hechos cometidos por el grupo paramilitar en Norte de Santander. Lo anterior además por cuanto el Tribunal no valoró que el postulado enfrenta un proceso en Estados Unidos por ese delito.
Por lo anterior, pide revocar la condena y legalización de cargos del delito de narcotráfico respecto de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA e ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ.
Los no recurrentes54 se oponen a esa petición porque comportaría desconocer el contexto del conflicto y jurisprudencia que ha explicado cómo esa actividad fue usada para el fortalecimiento de los actores armados al margen de la ley. Y aunque la conducta punible se imputa por un lapso determinado, ello obedece a la imposibilidad de particularizar cada operación delictiva.
Consideraciones de la Sala
1. Contrario a lo afirmado por el recurrente, los acontecimientos narrados por los postulados permitieron evidenciar la forma cómo se conformó y operó el Bloque Catatumbo de las AUC.
De ello dan cuenta las múltiples citas de los hechos reseñados por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ55, JORGE IVÁN LAVERDE56, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTÚZ57, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ58, RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO59 y JIMMY VILORIA VELÁSQUEZ60, con fundamento en las cuales el Tribunal construyó los capítulos correspondientes al origen del paramilitarismo y, en particular, del Bloque Catatumbo, así como su expansión y consolidación en la zona de Norte de Santander.
A partir de las confesiones de los postulados la sentencia pudo reconstruir y develar el contexto del surgimiento y consolidación del Bloque Catatumbo, así como las modalidades delictivas usadas por esa estructura ilegal. Precisamente por ello, la Colegiatura de primera instancia declaró satisfechos los requisitos de elegibilidad, situación que no se modifica por las puntuales críticas del recurrente.
Aún más, la clasificación de los cargos consignada en la sentencia refleja el esfuerzo de la magistratura por aproximarse a los patrones macrocriminales utilizados por dicha estructura delictiva, tal como lo señaló la Colegiatura a quo:
777. Como se referenció, la Sala se encontraba en el desarrollo de las audiencias de control de legalidad formal y material de cargos (ley 975/05), cuando tuvo lugar la promulgación de la ley 1592 de 2012, que dio origen al tema objeto de análisis en este acápite “patrones de macrocriminalidad”.
778. Conforme a ello, la determinación que se asumió por parte de esta Corporación fue acoplar la presentación de la Fiscalía que en un primer momento se denominó políticas de grupo a una aproximación del naciente término políticas de macrocriminalidad, que en la medida de lo razonable, empírico y factible se acoplara a los retos que propone la ley 1592 de 2012.
779. Pensar en un criterio positivo o negativo frente al planteamiento que presentó la Fiscalía, como producto de una sentencia en justicia y paz, conforme a los desarrollos conceptuales que actualmente han tenido lugar, resulta incompatible con el ejercicio que tuvo lugar en este asunto, por cuanto la conceptualización de los patrones de macrocriminalidad en el sub lite, resultaba prematura en la dinámica procesal referenciada, máxime si se atiente a que (i) el sub judice no ostenta la categoría de un caso priorizado y que, como ha sido anunciado, (ii) al momento de la dinámica de aproximación de los patrones de macrocriminalidad, estaba ausente el desarrollo conceptual que contempla, entre otros, el Decreto Reglamentario 3011 de 2013. (…)
786. En suma, debe pronunciarse que bajo los parámetros actuales de patrones de macrocriminalidad, los establecidos en esta sentencia antes que una definición de los mismos, se constituyen en una aproximación de tales, pues el ejercicio de su establecimiento hasta ahora se empieza a evaluar por parte de la magistratura con base en el trabajo previo realizado por la Fiscalía. Por lo tanto en esta decisión no se establecieron con la claridad necesaria conforme el ordenamiento jurídico transicional, los denominados patrones de macrocriminalidad. (Subrayas fuera de texto).
El concepto de «patrón de macrocriminalidad»61, de reciente incorporación al sistema jurídico transicional62, demanda la fijación de las prácticas y modos de operación criminal desarrollados de manera repetida en determinado territorio, acorde con las pautas definidas en el artículo 2.2.5.1.2.2.4. del Decreto 1069 de 2015.
Su determinación, además de ilustrar el contexto, resulta importante porque posibilita acceder a la sentencia anticipada, tal como lo señala el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 200563:
Parágrafo. Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro-criminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. (…). (subrayas fuera de texto).
Entonces, aunque no se establecieron patrones macrocriminales en los términos y con las consecuencias previstas en la normatividad transicional vigente, la magistratura sí procuró acercarse a dicho concepto clasificando las conductas delictivas según sus características comunes.
En ese orden, las versiones de los postulados sobre los acontecimientos que rodearon la creación, desarrollo y operación del Bloque Catatumbo sí permitieron a la judicatura establecer el contexto de lo sucedido y develar las modalidades delictivas desplegadas por la estructura criminal, deviniendo infundada la crítica del impugnante.
2. De otra parte, la discordancia entre el número de desmovilizados (1437) y el de armas entregadas (1115), encuentra explicación en que no todos los integrantes del grupo ilegal ejercieron funciones operativas, como relataron los procesados, de manera que la conjetura del recurrente carece de sustento, dada la ausencia de elementos de prueba que evidencien, por ejemplo, que el grupo ilegal ocultó parte de su arsenal.
3. Tampoco es cierto que las confesiones de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, ISAÍAS MONTES HERNANDEZ y JOSÉ BERNARDO LZOADA ARTÚZ no hayan develado lo realmente acontecido en relación con el narcotráfico en la zona. Por el contrario, permitieron establecer la activa participación del Bloque Catatumbo en la comisión de ese delito, al punto que esa actividad constituyó su principal fuente de financiación.
Así, con base en las declaraciones de los postulados, se estableció que en un inicio la participación del grupo ilegal se concretó al cobro del “impuesto de gramaje”, situación que mutó en forma inmediata porque tomaron el control del proceso de producción y venta del alcaloide, en tanto compraban la hoja de coca a los campesinos, la procesaban en laboratorios propios y vendían la cocaína a otros narcotraficantes encargados de exportarla64.
En tal sentido, la Fiscalía refirió que MANCUSO GÓMEZ, LAVERDE ZAPATA, MONTES HERNÁNDEZ y LOZADA ARTÚZ son responsables, a título de autores mediatos, del procesamiento y venta de 116.000 kilos de cocaína producidos en la zona de su influencia entre el 1999 y 2004.
Los artículos 10.5 y 11.6 de la Ley 975 de 2005 buscan evitar que personas dedicadas exclusiva o preponderantemente al narcotráfico se beneficien de la pena alternativa, objetivo que debe ser garantizado por los operadores judiciales mediante el examen estricto, riguroso y minucioso de los contextos y medios de prueba adosados a la actuación.
Ello porque como lo decantó la Sala65, ningún delito ha sido excluido del trámite de justicia transicional, por manera que en punto del narcotráfico se debe examinar si la estructura delincuencial se estableció exclusivamente para el tráfico de estupefacientes y si los hechos delictivos de ese orden fueron cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a la citada organización ilegal.
Hecha esta precisión, se advierte que SALVATORE MANCUSO GÓMEZ inició su comportamiento delictivo en Montería en enero de 1991 cuando conformó un grupo de autodefensas que delinquió en esa zona, pero sólo a partir del año 1996 se involucró en el narcotráfico, inicialmente en el departamento de Córdoba y con posterioridad en Norte de Santander como comandante del Bloque Catatumbo, creado por orden de la casa Castaño para combatir y exterminar la guerrilla ubicada en el departamento fronterizo y arrebatarle su principal fuente de financiación. Entonces, la estructura delictiva no se constituyó exclusivamente para traficar estupefacientes y el narcotráfico se ejecutó durante y con ocasión de la pertenencia a la citada organización ilegal.
En consecuencia, como lo señaló el a quo, se satisface el requisito de elegibilidad del numeral 10.5 de la Ley 975 de 2005 en tanto el grupo organizado al margen de la ley al que pertenecieron MANCUSO GÓMEZ, LAVERDE ZAPATA, MONTES HERNÁNDEZ y LOZADA ARTÚZ no se estableció con el fin exclusivo o preponderante de llevar a cabo actividades de narcotráfico o enriquecimiento ilícito.
4. Sobre la inquietud esbozada por el representante del Ministerio Público relativa a la existencia de un proceso por narcotráfico contra MANCUSO GÓMEZ en los Estados Unidos, corresponde indicar que ese hecho no impide ejercer la jurisdicción nacional, en tanto no se adujo ni se probó circunstancia alguna que tenga tal efecto66.
En ese orden, lo expuesto por el Procurador no pasa de ser una observación a la que no dio sustento ni puede tenerse como una inconformidad con la sentencia que habilite un puntual pronunciamiento en esta instancia.
Y aunque las conductas relacionadas con narcotráfico son de orden transnacional, no son más graves y lesivas que los delitos de lesa humanidad legalizados, vale decir, masacres, homicidios en persona protegida, tortura, desaparición y desplazamiento forzados, entre otros.
5. Con todo, asiste razón al impugnante al cuestionar la forma en que el Tribunal de primera instancia legalizó los cargos por narcotráfico en la medida que carecen de la concreción e individualización que ese tipo de comportamientos ilícitos demandan.
En efecto, la sentencia legaliza los delitos de conservación o financiación de plantaciones (art. 375), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376), destinación ilícita de muebles o inmuebles (art. 377), tráfico para el procesamiento de narcóticos (art. 382) y existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje (art. 385), cometidos por MANCUSO GÓMEZ desde 1996 al 10 de diciembre de 2004; LAVERDE ZAPATA de mayo de 1999 a mayo de 2004; MONTES HERNÁNDEZ del 29 de mayo de 1999 a agosto de 2003; y LOZADA ARTÚZ entre enero de 2000 a diciembre de 2004.
Esa decisión se apoya en los precedentes jurisprudenciales sobre la materia y en la transcripción de apartes de la intervención de la Fiscalía67 a partir de lo cual colige:
1107. Conforme a lo anterior, y atendiendo a los aportes jurisprudenciales que fueron esgrimidos, resulta preciso advertir que la ocurrencia de la actividad del narcotráfico nació de la “necesidad de incrementar los ingresos y las cuotas que permitan el sostenimiento de los miembros de la organización”; premisas como esta permiten aseverar que efectivamente el narcotráfico fungió como una actividad que se desarrolló al interior del Bloque Catatumbo, es decir, surgió durante y con ocasión de su pertenencia al denominado BLOQUE CATATUMBO, el cual se creó con los fines antisubversivos que han sido aludidos.
1108. Verificados los lineamientos que ha trazado el alto Tribunal para la legalización de esta actividad delictual, la Sala encuentra que el sustento fáctico que fue presentado en el sub lite se corresponde con las conductas descritas argüidas por la Fiscalía Delegada. En tal sentido se legalizaran los delitos descritos en el art 375, 376, 377, 382 con circunstancias de agravación punitiva descritas en el art. 384 numeral tercero, y art 385 respecto del cargo Nº 77, se reitera, cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado68.
Sin embrago, la sentencia no particulariza las situaciones de tiempo modo y lugar en que cada tipo penal se configuró ni las circunstancias modales y de agravación imputadas, pues no explica cómo se concretaron los delitos, qué participación tuvieron los postulados en cada uno de ellos, qué verbo rector infringieron, entre otros aspectos que necesariamente deben individualizarse.
Así, por ejemplo, no se indica cuántas pistas de aterrizaje usaron o construyeron ni sus lugares de ubicación, qué bienes inmuebles se destinaron para ese propósito, cuántas operaciones de tráfico de estupefacientes llevaron a cabo y de qué manera; quiénes además de los desmovilizados intervinieron, entre otros muchos interrogantes.
Y aunque los postulados indicaron en términos generales la forma como se desplegó el narcotráfico en la zona, la Fiscalía no precisó la imputación fáctica correspondiente a cada tipo penal, falencia no detectada por el Tribunal al legalizar los cinco hechos punibles imputados.
En efecto, a partir de las versiones de los postulados, principalmente de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, se develó el contexto dentro del cual el Bloque Catatumbo desarrolló esa actividad, incluido el suministro de cifras globales de extracción de alcaloides. Con todo, la atribución de responsabilidad penal respecto de cada delito imputado demanda la particularización y prueba de los elementos del tipo penal, siendo insuficiente el contexto para fundar la sanción penal.
También resulta improcedente legalizar cargos por hechos ajenos al Bloque Catatumbo69, como lo hizo el Tribunal en punto del narcotráfico, en tanto el análisis fáctico y probatorio de la sentencia se circunscribió a examinar el accionar de ese grupo ilegal, así como el espacio geográfico de Norte de Santander, y no lo acaecido en otros departamentos con antelación a 1999.
Y si bien es posible que en una sentencia parcial expedida en la jurisdicción transicional se legalice un delito cometido en diferentes periodos y en diversos bloques o frentes, verbigratia, el concierto para delinquir o el narcotráfico, en esos eventos la Fiscalía debe especificar las condiciones temporo-modales en que se concretó cada uno de ellos, pues no basta con una descripción genérica, como la señalada en la acusación examinada.
Con mayor razón cuando los delitos de conservación o financiación de plantaciones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico para el procesamiento de narcóticos; y existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje se materializan cada vez que se conjuga alguno de los verbos rectores incluidos en el tipo penal en tanto son punibles de mera conducta que demandan la prueba de cada uno de sus elementos descriptivos.
En ese orden, se revocará la legalización de los cargos respecto de los aludidos delitos porque carecen de imputación fáctica concreta e individualizada que evidencie la modalidad de su configuración, la fecha de la misma, la cantidad de veces en que se cometió, la participación y el verbo rector conjugado por cada postulado, entre otros aspectos esenciales.
En consecuencia, la Fiscalía deberá ahondar y precisar los cargos referidos a esos punibles a efectos de presentar a la magistratura una acusación que determine los aspectos que se echan de menos.
2.2. La solicitud al Congreso de la República de tipificar el delito de “ofensas” excede la competencia del Tribunal
El Procurador 2, Judicial II, pide revocar el exhorto orientado a que se legisle respecto de los llamados “discursos de odio” porque representa una intromisión en la funciones del legislativo y, además, comporta la imposición de límites, más allá del respeto de los derechos humanos, a la labor de los periodistas a quienes de forma genérica no se les puede hacer responsables de la expansión paramilitar por la difusión de su ideología.
Consideraciones de la Sala
La norma que establece la competencia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de Justicia y Paz es el artículo 32 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 28 de la Ley 1592 de 2012, según el cual:
Competencia funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de Justicia y Paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley.
Este precepto debe complementarse con el inciso cuarto del artículo 16 de la misma normatividad70, disposición que en términos similares señala:
El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.
Pues bien, como acto final de juzgamiento, tras agotarse la dinámica del proceso de Justicia y Paz, el Tribunal debe dictar sentencia cuyo contenido se encuentra regulado en el artículo 24 ibídem71, conforme al cual:
De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
Del contenido de las disposiciones citadas se colige que la competencia del Tribunal al momento de dictar sentencia se circunscribe a: (i) legalizar cargos e individualizar la pena ordinaria y la alternativa en contra de los postulados, (ii) fijar compromisos de comportamiento, (iii) determinar las obligaciones de reparación moral y económica a favor de las víctimas (medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y, (iv) decretar la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
Ahora, de acuerdo al canon 1º, la Ley de Justicia y Paz busca «facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad la justicia y la reparación».
Entonces, al dictar sentencia la magistratura transicional ostenta la potestad de decretar todas las medidas dirigidas a sancionar a los responsables de los crímenes y reparar a las víctimas de manera integral por el daño causado con las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos aceptadas por los postulados.
En ese orden, la competencia del Tribunal se desborda cuando adopta medidas alejadas de esos objetivos y de las facultades expresamente conferidas, como la contenida en el numeral 34 del fallo, por cuyo medio exhorta al Congreso de la República «para que profiera una legislación que tipifique el delito de ofensa con el fin de establecer la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que en sus declaraciones o manifestaciones puedan generar discursos de odio o estigmatización, tal como quedó explicado en la parte de consideraciones de esta decisión».
En efecto, exhortar al Congreso de la República para que tipifique un delito e indicarle las características que el mismo debe reunir (acápites 284 a 299) excede las facultades concedidas en la Ley de Justicia y Paz a los magistrados, con mayor razón cuando esa decisión no se relaciona directamente con ninguno de los aspectos que por mandato legal deben incluirse en la sentencia.
Además, esa determinación comporta asumir asuntos del resorte exclusivo de otra rama del poder público, en tanto los artículos 154, 155 y 156 del ordenamiento Superior precisan quiénes tienen la iniciativa legislativa, sin que incluya a los Tribunales de Distrito Judicial.
En consecuencia, se revocará la determinación contenida en el numeral 34 del fallo.
2.3. El Tribunal no tiene competencia para imponer obligaciones a otras entidades
El Procurador Judicial 2 impetra revocar el exhorto relacionado con las medidas de rehabilitación (tratamientos sicológicos y siquiátricos a las víctimas) porque excede la competencia asignada al Tribunal, en tanto no está facultado para imponer obligaciones a otras entidades estatales y, además, crea expectativas en las víctimas que quizás no puedan ser satisfechas.
Consideraciones de la Sala
En punto de la reparación de víctimas la Sala de Conocimiento del Tribunal está revestida de facultades para ordenar en la sentencia medidas de restitución (art. 46), indemnización (art. 44), rehabilitación (art. 47), satisfacción, no repetición (art. 48) y medidas de reparación colectivas (inc. 8, art. 8°) en su favor, como taxativamente lo establece el artículo 43, cuando advierte que: «El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes» y del canon 45, según el cual, «las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento».
Adicionalmente, el inciso final del artículo 8° de la misma ley consagra el derecho-principio a la reparación de las víctimas: «Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley».
De esta manera, al dictar sentencia la magistratura transicional ostenta la potestad de decretar todas las medidas dirigidas a la reparación de las víctimas, con la salvedad que cuando en su materialización involucran a otras entidades estatales, su formulación debe hacerse por la vía del exhorto, como forma de respetar la independencia que debe existir entre los poderes públicos.
La Corte ha explicado la situación en los siguientes términos (SP 27/04/11, Rad. No. 34547):
Ante esta realidad surge el interrogante de si la autoridad judicial dentro del proceso de justicia y paz puede “ordenar” a estas entidades su ejecución, tal como se dispuso en la sentencia impugnada.
Para la Sala la respuesta es negativa, porque tal proceder resquebraja el postulado de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política, fundante y estructural del Estado Democrático de Derecho al que adscribe la misma Carta Fundamental en su artículo primero, por lo que no puede el juez, bajo ninguna circunstancia, arrogarse funciones que constitucionalmente no le son deferidas.
En consecuencia, el procedimiento correcto para conciliar el principio democrático de separación de poderes adoptado en la Constitución Política, los derechos de las víctimas y las facultades de las autoridades judiciales dentro del régimen transicional de justicia y paz, cuando tales medidas de reparación involucran a entidades del Estado de cualquier nivel, esto es, nacional, departamental o municipal, es exhortarlas para su cumplimiento, con lo cual, además, se satisfacen los estándares internacionales en punto del contenido de tales medidas, principalmente desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus últimos fallos.
Exhortar significa “Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo”72. En ese orden, no se trata de una imposición sino de la exposición motivada de una serie de acciones que la magistratura considera fundamentales para materializar las medidas de reparación individual y colectiva de las víctimas, y que las entidades deben considerar de manera prioritaria, agotando las exigencias presupuestales y de procedimiento interno para concretarlas.
En consecuencia, no asiste razón al impugnante al censurar que el Tribunal exhortara a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctima (numerales 35 a 37) en tanto la magistratura transicional está facultada para pronunciarse sobre las medidas necesarias para concretar la reparación integral de las víctimas, incluido el tratamiento sicológico y siquiátrico cuestionado.
Además, en cumplimiento de las pautas jurisprudenciales vigentes, la solicitud se elaboró a manera de exhorto y se dirigió a una entidad involucrada directamente en la reparación de las víctimas. En ello no puede verse la creación de falsas expectativas, como sugiere el recurrente, pues el Estado en su conjunto está obligado a contribuir a superar la vulnerabilidad manifiesta de aquellas, como lo prevé el artículo 14 de la Ley 1448 de 201173.
De otra parte, resulta contradictoria la postura del recurrente porque dentro de la solicitud de reparación del daño colectivo impetró establecer programas de ayuda sicológica como el dispuesto por la Colegiatura a quo, de suerte que no se ve por qué razón censura que se hayan ordenado. En consecuencia, no se revocarán las exhortaciones 35 a 37.
2.4. Ubicación de los bienes entregados para la reparación
El delegado del Ministerio Público considera extraño que la mayoría de bienes entregados para la reparación de víctimas se encuentre en los departamentos de Córdoba y Bolívar, no Norte de Santander donde delinquió el Bloque Catatumbo, circunstancia omitida por el Tribunal, que tampoco consideró las dificultades en la administración de los mismos, hecho por el cual debieron compulsarse copias como se hizo en el caso de la L’enoteca.
En razón de lo anterior, cuestiona si los postulados cumplieron con el requisito del artículo 10.2 de la Ley 975 de 2005 y si los bienes entregados satisfacen los requerimientos necesarios para reparar a las víctimas.
Consideraciones de la Sala
Acorde con la sentencia C-370 de 2006, los requisitos de elegibilidad consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 son condiciones de accesibilidad a los beneficios otorgados a la Ley de Justicia y Paz. En materia de bienes, el numeral 10.2 prevé como condición previa que los postulados entreguen todos los conseguidos de forma ilegal y, posteriormente, con el fallo por medio del cual se los declara responsables, deben responder con su patrimonio obtenido lícitamente, como lo precisó el Tribunal Constitucional:
Los requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 parcialmente demandados, son requisitos ‘para acceder a los beneficios que establece la presente ley’, es decir, son condiciones de accesibilidad. En estas circunstancias no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte de su patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le pertenecen y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino una devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien – o al Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no exista una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes producto de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser entregados como condición previa para acceder a los beneficios que establece la Ley 975/05. El legislador puede establecer ese requisito de elegibilidad, tanto para la desmovilización colectiva como para la desmovilización individual. Por estas razones la Corte no encuentra inexequibles las expresiones ‘producto de la actividad ilegal’ del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley y ‘producto de la actividad ilegal’ del numeral 11.5 del artículo 11 de la misma Ley. Así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
En el evento examinado el recurrente no formula ningún reparo frente a la decisión del a quo, pues se limita a mencionar su extrañeza porque los bienes entregados para la reparación se encuentren en zonas diferentes a Norte de Santander. Esa situación no comporta incumplimiento de las obligaciones de los postulados y se explica en que MANCUSO GÓMEZ es natural de la región noroccidental de Colombia, lugar donde posaba como ganadero, circunstancia que le permitió invertir los recursos mal habidos sin mayores inconvenientes.
Con todo, lo importante para el requisito de elegibilidad del artículo 10.2 es que el postulado entregue los bienes producto de la actividad ilegal, sin importar la zona del país o del exterior donde los tenga.
Ahora, las falencias en la administración de los bienes entregados no pueden afectar la permanencia de los postulados en el proceso transicional en tanto son responsabilidad de los entes que los tienen a cargo, situación que debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación con independencia de que la magistratura compulse o no copias.
En ese orden, como el recurso no plantea ningún argumento concreto que permita pensar que los sentenciados incumplieron la obligación de entregar los bienes obtenidos en forma ilegal, la Sala no se adentrara en el examen del requisito de elegibilidad. No obstante, si se llegase a demostrar que alguno de los postulados incumplió esta exigencia, la Fiscalía deberá iniciar el trámite de exclusión correspondiente.
2.5. No se debió reconocer como víctimas a quienes no probaron el parentesco
El delegado del Ministerio Público considera que la prueba sumaria aplica para acreditar la condición de víctima pero no para evidenciar el daño padecido, el cual debe demostrarse con los medios probatorios idóneos, de forma que no basta con la simple afirmación del perjudicado sobre la materialización del perjuicio. Y si bien la Ley 1448 de 2011 se refiere a esa clase de medios de convicción, no aplica al proceso transicional, sino a la reparación administrativa allí regulada.
En ese orden, censura el reconocimiento como víctimas de las personas que no aportaron el registro civil para demostrar el parentesco con la víctima directa, obligación que el Tribunal trasladó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, entidad cuyas funciones están previstas en la ley y no pueden modificarse por órdenes judiciales.
En consecuencia, pide revocar el reconocimiento de la calidad de víctimas que el Tribunal efectuó subsanando las falencias probatorias aduciendo el principio de buena fe.
Consideraciones de la Sala
La Colegiatura de primera instancia74 determinó liquidar los perjuicios ocasionados a un grupo de ciudadanos que adujeron la condición de víctimas sin aportar el registro civil que demostrara su parentesco con la persona asesinada por el Bloque Catatumbo. De igual forma, les impuso la obligación de acreditar esa calidad ante el Fondo de Reparación de Víctimas como condición del pago de las indemnizaciones ordenadas.
Pues bien, esa determinación resulta contraria al ordenamiento jurídico por cuanto desconoce la obligación de probar la condición de víctima y el daño padecido cuando se formula una pretensión indemnizatoria ante la jurisdicción.
Ello por cuanto no se aportó ninguna prueba, aunque fuese sumaria, sobre el grado de parentesco que unía a los peticionarios con la víctima directa del delito, situación que imposibilitaba su reconocimiento.
El Decreto 315 de 2007, reglamentario de la Ley 975 de 2005, vigente durante el trámite de la audiencia concentrada, estableció las siguientes obligaciones a cargo de las víctimas:
Artículo 3. Para intervenir en las investigaciones que se adelanten de acuerdo con la Ley 975 de 2005, en los términos previstos en este decreto, las víctimas deberán acreditar previamente esa condición ante el Fiscal delegado…que conozca la investigación, mediante la identificación personal y la demostración del daño sufrido como consecuencia de las acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizados por uno o varios miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan decidido acogerse al procedimiento y beneficios de las Ley 975 de 2005.
Artículo 4. La demostración del daño directo a que se refiere el artículo 5 de la Ley 975 de 2005, así como los artículos 1 y 2 del presente decreto, se podrá realizar mediante algunos de los siguientes documentos: (…)
e) Certificación que acredite o demuestre el parentesco con la víctima, en los casos que se requiera, la que deberá ser expedida por la autoridad correspondiente.
Esta última obligación tiene hoy plena vigencia, en tanto fue reproducida en similares términos en el Decreto 1069 de 2015, reglamentario del Sector Justicia y del Derecho75.
El registro civil, documento idóneo para demostrar el parentesco, es de fácil consecución, de suerte que su no aporte en los más de cinco años que perduró la actuación evidencia falta de diligencia o interés del solicitante o de su apoderado, omisión que no puede suplirse suponiendo esa calidad ni trasladando la obligación de verificar ese aspecto a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas.
Es cierto que la justicia transicional, en aplicación de los principios de buena fe (art. 5 Ley 1448 de 2011) y pro homine, ha flexibilizado los estándares probatorios aplicados a las peticiones resarcitorias permitiendo la verificación del daño a partir de hechos notorios (art. 177 del C.P.C.), juramento estimatorio (art. 211 del C.P.C.), modelos baremos, presunciones y reglas de la experiencia. Con todo, no se ha eliminado la necesidad de demostrar la condición de víctima y el daño padecido con el accionar criminal.
Así, el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, en lo pertinente, preceptúa:
Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. (subrayas fuera del texto original).
Entonces, el legislador dispuso la necesidad de que la víctima ofrezca o solicite pruebas sobre su calidad de ofendida y su pretensión indemnizatoria, de forma que si no acredita la condición aducida, no pude ser reconocida ni puede ordenarse el resarcimiento invocado en tanto las sentencias deben estar soportadas en elementos de convicción legal, oportuna y válidamente incorporados.
Ello porque la flexibilización probatoria no equivale a la ausencia de prueba. Y a pesar de que los postulados están obligados al pago de las indemnizaciones ordenadas en Justicia y Paz, eventual y subsidiariamente, podrían afectarse recursos públicos, situación que demanda de la judicatura la corroboración probatoria de que quien aduce la condición de víctima, en verdad lo sea.
La Corte Constitucional en reciente pronunciamiento ratificó la necesidad de probar en justicia transicional los perjuicios aducidos y, obviamente, la condición de víctima:
Desglosando la jurisprudencia de esta Corte, se tiene que existen importantes y decisivas diferencias entre la vía de reparación judicial y la administrativa: (i) Las reparaciones por vía judicial pueden ser por vía de la jurisdicción penal o contencioso administrativa. (ii) La reparación dentro del proceso penal se caracteriza porque (a) se desprende del incidente de reparación integral, que busca la investigación y sanción de los responsables del delito, a partir del establecimiento de la responsabilidad penal individual en cada caso en concreto; (b) tiene efecto solo para las víctimas que acuden al proceso penal; (c) debe demostrarse dentro del proceso la dimensión, cuantía y tipo del daño causado; (d) debe poderse demostrar, identificar, tasar o cuantificar el daño para poder determinar de manera proporcional e integral el monto a indemnizar a las víctimas, así como las diferentes medidas de reparación integral, tales como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación simbólica, las garantías de no repetición; (e) la reparación que se concede en vía judicial penal está basada en el criterio de restituo in integrum, mediante el cual se pretende compensar a las víctimas en proporción al daño que han padecido; (f) los responsables patrimoniales primordiales de la reparación son los victimarios, y solo subsidiariamente, en caso de que el victimario no responda, o no alcance a responder totalmente, responde subsidiariamente el Estado; (g) la reparación por vía judicial que nos ocupa, en el marco de la justicia transicional, se puede dar en nuestro sistema jurídico, en el proceso penal de justicia y paz, a través de un incidente de reparación integral previsto dentro del proceso penal especial de justicia transicional, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. (C-286 de 2014)
Téngase en cuenta que la indemnización dispuesta por la justicia transicional es de carácter judicial, no administrativa, motivo por el cual el Tribunal debe ocuparse prioritariamente de verificar la calidad aducida, por ser condición sine qua non para reconocer y ordenar el pago resarcitorio, obligación que no puede trasladarse a instancias administrativas, como impropiamente lo determinó la Colegiatura a quo.
Y si bien la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas tiene a su cargo el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa de la Ley 1448 de 2011, ello no implica que esté autorizada legalmente para establecer y verificar esa situación frente a quienes acuden a un proceso judicial.
En armonía con la postura de la Sala, la Corte Constitucional ratificó la necesidad de que la víctima demuestre su pretensión indemnizatoria, con mayor razón el parentesco que corrobore su afectación:
Concluyó la Sala que la providencia cuestionada tampoco incurrió en defectos procedimental y fáctico al abstenerse de decretar y practicar pruebas de manera oficiosa para establecer la propiedad de los predios, pues en este caso no concurrían las condiciones que activan la obligación del juez de hacer uso de su facultad inquisitiva, dado que (i) la calidad de propietarios fue controvertida desde el inicio del proceso por las entidades demandadas en reparación directa; (ii) los accionantes no mostraron una actitud diligente para satisfacer la carga probatoria que les correspondía, no explicaron las razones para no aportarla oportunamente, ni solicitaron su práctica dentro de las oportunidades probatorias correspondientes; (iii) los demandantes en el proceso de reparación directa no se encontraban en circunstancias de indefensión que meritasen la intervención oficiosa del juez para ordenar la práctica de las pruebas; y (iv) los estándares de buena fe y traslado de carga de prueba, establecidos en los artículos 5 y 78 de la Ley 1448 de 2011 en principio aplican para la reparación por vía administrativa y para los procesos de restitución de tierras, sin que puedan trasladarse, sin más, a los procesos de reparación directa que se adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa. SU-636 7 octubre 201576. (subrayas propias)
En consecuencia, se revocará el reconocimiento como víctimas y pago indemnizatorio dispuesto frente a las personas enlistadas en los párrafos 479 a 481 de la sentencia.
2.6. No procede el reconocimiento como víctimas de los familiares de los integrantes de los grupos armados al margen de la ley
El Procurador Judicial pide revocar el reconocimiento de las víctimas indirectas de los homicidios de Belisario Ruiz Quintero y Agustín Barrera Díaz (hechos 23 y 54) y las indemnizaciones decretadas en su favor porque éstos ingresaron voluntariamente al conflicto y constituye un contrasentido ubicarlas en igualdad con quienes sin tener relación con el mismo sufrieron graves afectaciones en sus derechos.
Consideraciones de la Sala
El Tribunal reconoció como víctimas indirectas a los familiares de Belisario Ruíz Quintero (hecho 23) y José Agustín Díaz Barrera (hecho 54), integrantes del Bloque Catatumbo, asesinados por sus compañeros por no cumplir las directrices de la organización y no dar cuenta de unas armas que se había comprometido a suministrar, respectivamente. El a quo razonó que cuando fueron asesinados se encontraban en situación de indefensión y no estaban en combate, circunstancia que los convierte en personas protegidas por el DIH y por ello no aplica la prohibición del parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
Pues bien, la Corte revocará la determinación impugnada por cuanto desconoce el mandato legal vigente según el cual, para efectos de la justicia transicional, los familiares de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley no pueden ser considerados como víctimas indirectas. El precepto citado establece:
Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.
Esta regla es aplicable al proceso de Justicia y Paz por cuanto la normatividad en la cual está inserta tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en su artículo 3º, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales77.
La Corte Constitucional en sentencia C-253A de 2012 avaló la exequibilidad del inciso primero del citado parágrafo78 precisando que el propósito del canon 3º de la Ley 1448 de 2011 no es definir o modificar el concepto de víctima porque esa condición responde a una realidad objetiva, sino identificar, dentro del universo de las víctimas, a aquellas que serán destinatarias de las medidas especiales de protección previstas en la normativa transicional.
Bajo el mismo criterio, agrega la Sala, resulta razonable la exclusión de los afectados indirectos con los perjuicios sufridos por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que voluntariamente ingresaron a esas estructuras delictivas y se expusieron a múltiples riesgos.
Aún más, debe precisarse que el precepto no excluye a los familiares de la posibilidad de acceder a los derechos a la verdad, justicia y reparación. De hecho, los dos primeros se garantizan dentro del marco del denominado proceso de Justicia y Paz y el tercero ante la justicia ordinaria.
Ello es así porque el hecho generador del daño ocurrió cuando el afectado directo se encontraba por fuera del ámbito de legalidad, situación que difiere de quienes sufrieron perjuicios a pesar de respetar y cumplir con la normatividad. La Corporación se pronunció con antelación de la siguiente manera:
Que la norma cuestionada hubiese fijado unos criterios de diferenciación, no infringe el postulado de la igualdad, sino que, dentro de la libertad de configuración que le es permitida, el legislador estableció parámetros para fijar razonables diferencias entre iguales, conforme con los cuales quien en forma voluntaria integre un grupo al margen de la ley y en desarrollo de su actividad ilegal reciba un perjuicio, no puede pretender acceder a unos procedimientos expeditos de reparación en idénticas condiciones de quien, actuando dentro de la legitimidad es perjudicado en sus derechos.
En los dos supuestos existen perjudicados, lo cual les genera derechos de reclamar y acceder a la reparación, desde donde existe igualdad de protección estatal, pero sucede que esa situación en la cual voluntariamente se puso el integrante del grupo armado ilegal comporta que este deba reclamar sus derechos a través de las vías comunes, en tanto que quien se ajustó a la legalidad se encuentra habilitado para acudir a la reparación de que se trata en este asunto, contexto dentro del cual no se presenta discriminación alguna, sino un válido parámetro de diferenciación que deriva como consecuencia exclusiva del actuar libre del integrante de la organización armada ilegal. (CSJ AP2226-2014).
En igual sentido, la Corte Constitucional precisó:
“…a partir del contexto de la ley y del mismo artículo en el que se inserta la expresión, así como de los antecedentes legislativos, se puede concluir que no se niega la posibilidad de que los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley puedan, a su vez, en ciertas circunstancias, ser víctimas, y que el sentido del parágrafo demandado es el de contribuir a delimitar el universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección contenidas en la ley, en los términos del primer inciso de su artículo 3º”.
Así, como se ha señalado, de la disposición demandada no se desprende que los integrante de los grupos armados organizados al margen de la ley, cuando sean víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, no puedan acceder a los mecanismos de verdad, justicia y reparación previstos en el ordenamiento jurídico, sino que no son beneficiarios de las medidas de protección especial previstas en la Ley 1448 de 2011, lo cual impone la necesidad de establecer cuáles son ellas.
De este modo concluye la Corte que el parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, en cuanto dispone que no serán considerados víctimas los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, no es contrario a la Constitución, en la medida en que (i) no implica negar, de manera general, la condición de víctimas que pueden tener los integrantes de esos grupos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno; por consiguiente, (ii) no los priva de la posibilidad de acceder, con la plenitud de las garantías, a las instancias ordinarias que el ordenamiento jurídico ha previsto para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; ni, (iii) los sustrae del marco de protección previsto en el DIH y el DIDH y (iv) comporta, únicamente, su exclusión de un conjunto especial de medidas de protección, complementarias y de apoyo, que se han previsto en la ley en beneficio que quienes, encontrándose dentro de la legalidad han sido víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno. (C-253 A de 2012). (Subrayas fuera de texto).
En ese orden, resulta claro que la normatividad transicional vigente no cobija con las prerrogativas especiales en ella consagradas a los miembros de los grupos organizados a la margen de la ley ni a sus familiares por los perjuicios indirectos originados en las afectaciones de aquellos.
El Tribunal señala que Ruiz Quintero y Barrera Díaz se encontraban en situación de indefensión, circunstancia que los convierte en personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
Nada más alejado de la realidad porque al proceso no se allegó ninguna evidencia de que estuviesen heridos, enfermos o fuesen náufragos79, prisioneros de guerra80, población civil81o hubiesen depuesto las armas. Por el contrario, de acuerdo a lo señalado en la actuación, eran miembros activos de la estructura delictiva. Y si bien cuando los asesinaron no estaban en combate, sí permanecían dentro de la organización y compartían sus idearios.
Por demás, la mayor parte de los homicidios se concreta aprovechando la indefensión de la víctima, circunstancia que debe ser ponderada al momento de la tipificación y condena del delito, pero que no comporta la inclusión en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, dada la equivocación argumentativa del a quo, se impone revocar la indemnización decretada en favor de estos grupos familiares.
2.7. No procede el reconocimiento de algunas víctimas por la extemporaneidad de la solicitud
El Ministerio Público pide revocar el reconocimiento como víctimas de Yury Emilia Martínez y el menor D.A. Martínez Díaz porque su solicitud fue extemporánea, esto es, se presentó con posterioridad al cierre del incidente de reparación integral y, además, contiene inconsistencias probatorias y de representación.
Consideraciones de la Sala
En los apartados 1603 a 1617 el Tribunal analizó la petición presentada por el apoderado de Yury Emilia Martínez Díaz, quien adujo ser compañera permanente de la víctima directa José Daniel Hernandez Contreras (hecho 78) y madre del menor D.A. Martínez Díaz, presuntamente hijo del obitado.
La Colegiatura a quo, a pesar de que la solicitud se presentó con posterioridad al incidente de reparación, reconoció y ordenó la indemnización en favor de la señora Martínez Díaz porque demostró sumariamente la condición aducida, mas no así en favor del menor de quien no existía evidencia sobre su calidad de hijo de Hernández Contreras.
La Sala revocará esta determinación por cuanto la pretensión indemnizatoria fue radicada ante el Tribunal a quo el 28 de julio de 2014, esto es, con posterioridad al incidente de reparación realizado entre el 1º de agosto y el 4 de septiembre de 2013. De esta manera, la pretensión es extemporánea y su reconocimiento afecta el debido proceso transicional.
En efecto, acorde con el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, la oportunidad para acudir a la judicatura a acreditar la calidad de víctimas y solicitar el resarcimiento de los daños causados por el accionar de los grupos armados al margen de la ley es la audiencia de reparación integral, de manera que si se deja pasar esta etapa procesal, deberá acudirse a otras instancias en procura de satisfacer la pretensión indemnizatoria.
Habilitar momentos diferentes a los previstos en la ley para radicar peticiones de resarcimiento resquebraja la estructura del proceso transicional porque se muta la naturaleza oral por un trámite escrito en el que se ordenan traslados por fuera de audiencia y se pretermite la posibilidad de que los postulados se pronuncien respecto de las mismas.
Y si bien en el fallo se indica una posible omisión de la Fiscalía, la Sala no observa tal falencia porque la parte interesada se abstuvo de acudir al trámite incidental, carga procesal que no se suple con la acreditación provisional otorgada por la Fiscalía, en tanto debe hacerse parte en el proceso, identificar las afectaciones y demostrar los daños sufridos82.
Por demás, en el proceso figuran varias declaraciones que señalan que JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ CONTRERAS era soltero y vivía con sus padres al momento de la muerte, situación que debió ser dilucidada en la oportunidad procesal pertinente; no obstante la tardanza de la parte interesada en acudir al proceso transicional impidió que se aclarara el asunto mediante el aporte de pruebas que demostraran el vínculo y el daño causado.
En consecuencia, se revocará el reconocimiento extemporáneo de Yury Emilia Martínez Díaz y la indemnización ordenada en su favor.
2.8 Impugnación de la Fiscalía
El delegado de la Fiscalía General de la Nación solicita revocar el numeral 22 de la sentencia por cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta que algunos bienes ya habían sido objeto de extinción de dominio y otros no hacen parte del proceso transicional, con lo cual se vulneraron los principios de la cosa juzgada y el debido proceso.
En tal sentido, señala, en la sentencia proferida en contra de JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA se declaró la extinción de dominio de los predios Villa Amalia, El Chimborazo, Carare, San José (Guamo-Bolívar), El Bongo, Las Pampas, Nueva Delhi, Villa Nueva, La Guaira, Esperanza II, Providencia, Paz Verde, La Gloria, Cumbia 3, Esperanza I, Pollo Fiao, Vizcaya, El Escondido, San José, Villa Rosa y Mi Refugio. Por ello, pide revocar la declaratoria de extinción de dominio
De igual forma, pide excluir el Lote No 2 Manzana A y los predios Costa Azul, La Delicias, La Dicha, El Guayabo, Buenos Aires, La Fuente, Los Almendros y La Gloria que figuran a nombre de Martha Elena Dereix (ex–esposa de MANCUSO GÓMEZ) porque hacen parte de la sentencia del 30 de enero de 2014 emitida por el Juzgado Segundo Especializado en Extinción de Dominio.
De otra parte, afirma, se decretó la extinción de dominio de bienes no afectados con medida cautelar en el proceso transicional, así: a) La suma de $62’000.000 producto de la venta del local de la carrera 5ª No. 62B-15 M.I. 140-75569; b) Los inmuebles Puerto Escondido y Halicarnaso, ofrecidos por MANCUSO GÓMEZ para la reparación de víctimas, pero que no han sido afectados con medida cautelar en el marco de justicia transicional, aunque sí en el trámite de extinción de dominio.
Por ello, aduce, no puede ser definida su situación en Justicia y Paz, máxime cuando sobre ellos existe solicitud de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras.
Consideraciones de la Sala
1. La primera censura del ente acusador se circunscribe a señalar la afectación del principio de cosa juzgada en tanto el Tribunal decretó la extinción de dominio sobre bienes que ya habían sido materia de igual medida en la sentencia parcial dictada contra JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA.
Pues bien, la Corte verificó que el 2 de diciembre de 2010 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió contra el citado postulado fallo condenatorio en el que decretó la extinción de dominio sobre los inmuebles Vizcaya (M.I. 140-106465), Carare (M.I. 062-12266) y San José (Guamo Bolívar, M.I. 062-06254).
El 6 de junio de 2012 esta Corporación83 desató la impugnación propuesta por diferentes sujetos procesales y, entro otras decisiones, dispuso:
a) Revocar la extinción ordenada frente al predio San José (Guamo Bolívar);
b) Confirmar la de Vizcaya (M.I. 140-106465) y Carare (M.I. 062-12266);
c) Adicionar el fallo ordenando la extinción de dominio de los siguientes fundos: San José (Tierralta M.I. 140-85134), Providencia (M.I. 140-21220), Esperanza I (M.I. 140-105381), Mi Refugio (M.I. 140-107254), Villa Amalia (M.I. 062-0016733), El Bongo (M.I. 062-0010155), Nueva Delhi (M.I. 140-15288), Villa Nueva (M.I. 140-31267), La Guaira (M.I. 140-0031268), Pollo Fiao (sin folio), Cumbia 3 (M.I. 140-105385), Villa Rosa (140-85132), Las Palmas y El Cortijo.
En consecuencia, asiste razón a la Fiscalía al pregonar la afectación de la cosa juzgada en tanto ya se había dispuesto su extinción de dominio en el fallo citado. Por tanto, se revocará la orden de extinguir el dominio exclusivamente frente a los siguientes bienes: Vizcaya (M.I. 140-106465); Carare (M.I. 062-12266); San José (Tierralta M.I. 140-85134), Providencia (M.I. 140-21220), Esperanza I (M.I. 140-105381), Mi Refugio (M.I. 140-107254), Villa Amalia (M.I. 062-0016733), El Bongo (M.I. 062-0010155), Nueva Delhi (M.I. 140-15288), Villa Nueva (M.I. 140-31267), La Guaira (M.I. 140-0031268), Pollo Fiao (sin folio), Cumbia 3 (M.I. 140-105385), Villa Rosa (M.I. 140-85132).
No sucede lo mismo frente al inmueble San José (Guamo Bolívar) porque la extinción de dominio decretada por el a quo fue revocada en segunda instancia; tampoco se vulnera la cosa juzga respecto de los predios Chimborazo, Las Pampas, Esperanza II, Paz Verde, La Gloria y El Escondido porque sobre ellos nada se resolvió en el citado fallo.
En consecuencia, en relación con estos predios se confirma la decisión contenida en el numeral Vigésimo Segundo de la sentencia.
2. La Fiscalía también pide excluir del fallo los siguientes bienes cuya extinción de dominio decretó el 30 de enero de 2014 el Juzgado Segundo Especializado en Extinción de Dominio: Lote No 2 Manzana A (M.I. 140-46272), Costa Azul (M.I. 140-108660), La Delicias (M.I. 140-5157), La Dicha (M.I. 140-41606), El Guayabo (M.I. 140-6059), Buenos Aires (M.I. 140-2614), La Fuente (M.I. 140-96803), Los Almendros (M.I. 140-96804) y La Gloria (M.I. 140-68442), los cuales figuran a nombre de Martha Elena Dereix (ex–esposa de MANCUSO GÓMEZ).
En el aludido fallo84 se dispuso:
PRIMERO. DECLARAR la extinción del derecho de dominio a favor de la Nación, sobre los bienes inmuebles distinguidos: con las matrículas inmobiliarias de No. 140 75569, 140 46272; No. 140 5157; No. 140 41606; No. 140 6059; No. 140 2614; No. 140 96803; No. 140 96804; No. 140 68442 y No. 140 108660 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. (…).
CUARTO. ORDENAR la tradición de los inmuebles 140 46272; No. 140 5157; No. 140 41606; No. 140 6059; No. 140 2614; No. 140 96803; No. 140 96804; No. 140 68442 y No. 140 108660 a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –, de acuerdo con lo normado en el artículo 16 de la Ley 1295.
En consecuencia, asiste razón al impugnante al solicitar la revocatoria parcial del fallo en punto de los bienes reseñados en tanto ya fue decretada su extinción de dominio en favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
3. Por último, el recurrente cuestiona que se haya decretado la extinción de dominio frente a bienes no afectados con medida cautelar en el proceso transicional, como lo exige el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, con mayor razón cuando existe solicitud de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras respecto de los inmuebles.
Pues bien, según informe de la Fiscalía No. 0001336 del 8 de octubre de 2012, la señora Martha Elena Dereix Martínez dentro del trámite de extinción de dominio No. 4128 ofreció entregar la suma de $62’000.000 correspondiente a la venta del local de la carrera 5 No. 62B-15 M.I. 140-75569. Sin embargo, nunca concretó el suministro del dinero. No obstante, el Juzgado Segundo Especializado en Extinción de Dominio, en sentencia del 30 de enero de 2014, extinguió el derecho de dominio que sobre ese bien invocaba Jaime Roberto Maroso Pontiggia, comprador del inmueble.
En ese orden, era al interior del citado proceso donde debía resolverse el destino del inmueble y del producto de su venta, como en efecto sucedió, pues en ningún momento ha hecho parte de esta actuación transicional en la medida que no fue ofrecido o denunciado por los postulados para la reparación de víctimas ni fue objeto de medida cautelar que lo vinculara a esta actuación. Por ende, se debe revocar la orden de extinción de esa suma de dinero.
En cuanto a los bienes Puerto Escondido y Halicarnaso, ofrecidos para la reparación de víctimas por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ85, se observa que ostentan medida cautelar proferida dentro del trámite de extinción de dominio 4739 y no fueron afectados por cuenta de este proceso.
Por ende, será en la jurisdicción señalada donde se resolverá sobre ellos, con la salvedad de que si se comprueba que pertenecieron a miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, se deberá ordenar su tradición a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Como corolario de lo anterior, se revocará la extinción de dominio decretada respecto de la suma de $62.000.000 y frente a los predios Puerto Escondido y Halicarnaso.
2.9. No se indemnizaron los gastos funerarios
Las apoderadas de víctimas Lucila Torres de Arango y Ruby Stella Castaño Sánchez consideran que el Tribunal debió reconocer a las víctimas indirectas los gastos en que incurrieron con ocasión del fallecimiento de su familiar. Ello porque ese tipo de expensas se presumen legalmente y no requieren de ningún tipo de prueba.
En particular, la doctora Castaño Sánchez, refiere los hechos 73, 75, 81, 76, 83, 82, 84, 86, 87, 88, 97, 92, 91, 93, 95 y 100 y la doctora Torres de Arango a los hechos 55, 56, 58, 59, 62, 63,64, 65, 67, 68, 69, 64, 70 71.
Consideraciones de la Sala
Es bien sabido que dentro de los objetivos esenciales de la Ley de Justicia y Paz, según se desprende del contenido de su artículo 1º, se encuentra aquél encaminado a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En tal sentido, el artículo 8º de la mencionada normatividad, preceptúa que el derecho a la reparación de las víctimas comprende las acciones tendientes a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, y precisa que la indemnización «…consiste en compensar los perjuicios causados por el delito…».
Implica lo anterior que la misión fundamental de la ley de Justicia y Paz consiste en contribuir a la reconciliación nacional, bajo la premisa previa e ineludible de garantizar a las víctimas verdad, justicia y reparación con ocasión de los perjuicios causados por el delito.
En orden a definir los conceptos básicos que estructuran la indemnización que corresponde a las víctimas, es necesario acudir no sólo al principio de complementariedad del artículo 62 de la Ley 975 de 2005, sino también a los ordenamientos jurídicos afines a la naturaleza del proceso de Justicia y Paz y a las orientaciones de la jurisprudencia, en cuanto algunos aspectos relacionados con el tema continúan sin regulación.
Dentro de dichos lineamientos, para efectos del reconocimiento y liquidación del daño emergente con ocasión de los gastos funerarios a que se ven avocadas las víctimas indirectas en los casos de homicidio, necesariamente ha de acudirse a la regla jurisprudencial contenida en múltiples fallos de esta Sala y del Consejo de Estado, según la cual debe presumirse, en los casos de homicidio, que existió un detrimento patrimonial mínimo consistente en los costos funerarios a los que se vieron obligadas las víctimas indirectas, expensas que emergen directamente del crimen perpetrado y que deben ser reparadas por el victimario.
De acuerdo con lo anterior, es claro que como en los casos resaltados por las apoderadas recurrentes, no se aportaron elementos de convicción suficientes que permitieran ofrecer certeza sobre la existencia de tales perjuicios en cabeza de las víctimas indirectas, es necesario dar aplicación la regla jurisprudencial en mención, y en consecuencia, presumir que existió un detrimento patrimonial mínimo consistente en los respectivos costos del sepelio que debieron sufragar las víctimas indirectas.
Atendiendo dicha premisa, el monto que se reconocerá en virtud de esta presunción será de $600.000, suma que corresponde a la cuantía media demostrada por las víctimas a las que el Tribunal a quo les reconoció ese rubro, la cual deberá ser debidamente indexada86.
Así las cosas, la providencia impugnada se modificara en orden a reconocer indemnización por concepto de daño emergente a cada uno de los grupos familiares señalados por las recurrentes, en los términos anteriormente descritos.
2.10. No se consideró el abandono forzado de bienes por las víctimas
La doctora Torres de Arango afirma que el Tribunal omitió analizar y resarcir el abandono de tierras y bienes posterior al asesinato. Por ello, pide reconsiderar la indemnización decretada respecto de los núcleos familiares de los hechos 61, 63, 65 y 68 en relación con los cuales se legalizaron los cargos de desplazamiento forzado y despojo de bienes.
Consideraciones de la Sala
La Sala reitera cómo, acorde con el canon 23 de la Ley 975 de 2005, en el trámite de reparación integral deben demostrarse los daños materiales y morales recibidos como consecuencia del delito cometido por el grupo organizado al margen de la ley, acorde con los parámetros de flexibilización probatoria (no eliminación probatoria) previstos en la jurisprudencia transicional.
En ese orden, respecto del hecho 6187 el Tribunal a quo dispuso reconocer al grupo familiar la suma de $1.500.000 por gastos fúnebres en tanto fueron acreditados. De igual forma, señaló que respecto de los demás bienes que se dice eran de propiedad de los extintos, no se reconocerá valor resarcitorio por los mismos, toda vez que no se demostró su preexistencia, la que debió acreditarse con la documentación pertinente expedida por las autoridades respectivas y por tanto, no resultan de juicio las declaraciones extra juicio, que se insisten, carecen de respaldo probatorio.
Igual determinación adoptó frente a la solicitud de resarcir la pérdida de bienes en el hecho 6388, 6589 y 6890, esto es, las denegó porque no se acreditó la existencia de los bienes relacionados por los peticionarios
Entonces, el Tribunal no omitió pronunciarse sobre las pretensiones resarcitorias. Por el contrario, las desestimó porque no las encontró probadas, argumento que la recurrente no rebatió, por ejemplo, evidenciando que sí suministró la prueba de la existencia de los bienes. En ese orden, no se revocará la determinación del a quo, con mayor razón cuando en las carpetas respectivas no se observan medios de convicción sobre los bienes aducidos.
De otra parte, no se formuló pretensión resarcitoria frente al punible de desplazamiento forzado, razón por la cual el Tribunal no se pronunció al respecto. Por ende, no se configura la falencia atribuida al fallo.
2.11. No se reconoció la dependencia económica de algunas víctimas indirectas
La abogada Torres de Arango pide que se reconozca que «existía alguna dependencia económica de sus hijos, muy frecuentes en nuestro medio, teniendo en cuenta que es usual el aporte de integrantes de la familia para el sustento diario» respecto de Eugenia Contreras (caso 61), Cecilia Pérez (hecho 62), Ana Mercedes Sánchez de Silva (caso 66), Martha Ortíz López (hecho 68) y María Maximiliana Buitrago (hecho 69). En tal sentido, señala, algunas madres aportaron juramento estimatorio que verifica ese hecho.
Consideraciones de la Corte
El juramento estimatorio está reglado en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 10 de la Ley 1395 de 201091, en los siguientes términos:
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. (…). (subrayas fuera de texto).
Se trata de un mecanismo aplicable al trámite de Justicia y Paz en virtud del principio de complementariedad, cuya finalidad consiste en permitir que la víctima valore el perjuicio a ella causado. Si el estimativo no es controvertido por la contraparte, se acepta el valor fijado como suma a indemnizar, en tanto esta figura procesal se funda en el principio de la buena fe del artículo 83 Superior y busca otorgar agilidad a las actuaciones procesales permitiendo a las partes participar activamente en la solución de sus conflictos de índole pecuniario.
No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él, sin olvidar, que en el trámite de la Ley de Justicia y Paz corresponde al postulado pronunciarse al respecto y formular las objeciones u observaciones a que haya lugar, o por el contrario, asumir una actitud pasiva, denotando con ello que se allana al pedimento en tales condiciones presentado.
Entones, el juramento estimatorio se utiliza para valorar el monto del perjuicio causado y no para probar la dependencia económica, como lo pretende la recurrente. Por ello, debe acudirse a otros medios para demostrar esa situación, pruebas ausentes en este caso.
La revisión de las carpetas correspondientes a los eventos citados evidencia cómo no se aportaron medios de convicción sobre la dependencia económica de las progenitoras respecto de sus hijos fallecidos, entre otras cosas, porque en la mayoría de los casos eran casados y tenían hijos, obligaciones que debían atender de forma prioritaria.
La presunción legal de dependencia económica aplica frente a hijos menores de edad, esposa o compañera permanente. Cuando no se ostenta ese vínculo, debe demostrarse a través de los diversos medios previstos en el ordenamiento jurídico nacional.
En el evento examinado, no se aportaron elementos de convicción sobre ese aspecto ni se detalló en qué consistió. Por ende, se denegará la pretensión defensiva en la medida que el Tribunal actuó correctamente al fijar la indemnización en la forma en que la elaboró.
2.12. No se reconocieron las cifras indemnizatorias solicitadas
La apoderada de víctimas Patricia Alfonso Mondragón señala que el Tribunal no reconoció las cifras indemnizatorias solicitadas, las cuales fueron calculadas con base en el dictamen del perito financiero de la Defensoría del Pueblo y en criterios jurisprudenciales vigentes. Enlista los siguientes casos: 46, 48, 49, 28, 31-1, 31-2, 36-1/3, 45-2, 49-2, 45-3, 25, 26, 27-2, 27-3, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 50, 52, 53-1.
Pide ajustar las liquidaciones e incluir a los familiares excluidos en tanto la Fiscalía recopiló los documentos que demuestran su vínculo y las afectaciones causadas.
Consideraciones de la Sala
Acorde con el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 2º de la Ley 1592 de 2012, víctima es quien individual o colectivamente ha «sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales» como consecuencia de las acciones delictivas perpetradas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley92.
En ese orden, para acreditar esa condición resulta indispensable demostrar, i) el daño directo padecido y ii) que éste se genera en el accionar del grupo ilegal. Así mismo, para identificar la afectación, se requiere determinar la clase y el monto del daño moral o material causado.
Y según el inciso segundo del citado canon, si la persona afectada es el cónyuge, compañero o compañera permanente o familiar en primer grado de consanguinidad de la víctima directa de los delitos de homicidio o desaparición forzada, esto es, padres o hijos, se presume la afectación moral y, por ello, con la prueba del parentesco puede acreditarse la calidad de víctima y el daño inmaterial dada la presunción legal establecida en su favor.
La impugnante cuestiona la exclusión como víctimas de madres, padres y hermanos, pues en su opinión esa condición se comprueba con el registro civil, el cual fue suministrado en todos los casos. Con todo, no concreta qué peticionarios (padres o hermanos) fueron excluidos, situación que impide a la Corte analizar dicho aspecto.
No sobra recordar que la Ley de Justicia y Paz no excluye a ningún familiar o allegado como potencial víctima de un hecho delictivo cometido por el grupo organizado al margen de la ley. Por el contrario, el artículo 593 ibídem es claro en señalar que la condición de víctima se adquiere por el simple hecho de padecer un daño como consecuencia del accionar de esas estructuras delincuenciales.
Así se desprende de la definición de víctima y del contenido del inciso final de dicha preceptiva, según el cual «también serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley». Es decir, cualquier familiar que sufra un daño puede acreditarse como víctima, sólo que ostenta la carga de probar el perjuicio padecido, pues no basta demostrar el parentesco como sí sucede con el cónyuge, compañero o compañera permanente y con los padres e hijos, dada la presunción establecida en su favor (SP 30/04/14, Rad. No. 42534).
Sin embargo, se reitera, ante la falta de individualización de los casos donde supuestamente se concretó esa falencia, no es posible atender la pretensión de la impugnante.
Respecto de la liquidación de perjuicios presuntamente mal realizada, la recurrente no explica la razón por la cual se incurrió en esa falencia, pues se limita a señalar que «no se reconoció el valor solicitado» o «se reconoció una suma muy inferior a la solicitada en el dictamen pericial allegado», sin desarrollar y demostrar su aserto. De esta manera, no se sabe cuál es el soporte probatorio de su disentimiento.
Y aunque aduce haber aportado dictamen suscrito por perito de la Defensoría Pública, la elaboración de un estudio contable donde se liquide una indemnización no basta para considerarla procedente. Además de ello, se deben suministrar medios de convicción demostrativos de que quien la solicita tiene derecho a recibirla, bien porque el vínculo, grado de parentesco y/o la edad obligaban al fallecido a la manutención del reclamante (esposa/o, compañera/o permanente, hijos menores de edad) o porque se demostró la dependencia económica (cuando se aduce frente a padres u otros familiares sin capacidad de valerse por sí mismos).
Pues bien, la revisión de las carpetas correspondientes a los casos enlistados por la impugnante evidencia lo siguiente:
Hecho 46, homicidio de José Alberto Ibarra Aguilar, se reconoció a los padres 100 smlmv y a cada uno de los ocho hermanos 50 smlmv, por concepto de daño moral94. En la carpeta respectiva sólo se observan registros civiles y copias de cédulas de ciudadanía, de forma que aunque el perito contable liquidó el lucro cesante, carece de soporte probatorio, con mayor razón cuando el obitado no dejó hijos, esposa o compañera permanente y los hermanos no demostraron vínculo económico que hiciera procedente reconocer el perjuicio material aducido. Por tanto, el reproche carece de sustento.
Hecho 48, homicidio de Raúl José Contreras Galvis, se reconoció a los padres 100 smlmv y a un hermano 50 smlmv, por concepto de daño moral95. En la carpeta respectiva no se observan pruebas sobre los perjuicios materiales causados, razón que explica por qué no se les reconocieron, máxime cuando no hay hijos menores de edad, esposa o compañera permanente, personas respecto de quienes se presume la dependencia económica. Por tanto, el reproche carece de sustento.
Hecho 49, homicidio de Alirio Ortíz Cantor, el Tribunal liquidó perjuicios morales a la compañera y los hijos a razón de 100 smmlv para cada uno; así mismo, reconoció daños materiales en cuantía de $105.604.138,26 respecto de la compañera y el hijo menor de edad, para lo cual aplicó las formulas reconocidas por esta Corporación y el Consejo de Estado. Aunque existe diferencia entre lo solicitado y lo determinado, la recurrente no cumplió con la carga procesal de explicar la razón por la que debe prevalecer su pretensión; por tanto, se denegará su petición.
Lo anterior con mayor razón cuando el Tribunal a quo señaló que Con relación a la pretensión indemnizatoria por la pérdida de unos bienes, habrá de decirse que no se acreditó objetivamente la preexistencia y propiedad de los mismos, así como tampoco se allegaron elementos de convicción que permitan calcular o determinar su valor actual, razón por la que no habrá lugar al reconocimiento por dicho concepto96, razonamiento frente al que la impugnante no efectuó pronunciamiento.
Hecho 28, homicidio de Juan De Jesús Alviadez Gerardino, el Tribunal determinó que Como quiera que en pretérita oportunidad la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia de 2 de diciembre de 2010, dispuso la indemnización de perjuicios a un grupo de víctimas por hechos que igualmente son controlados formal y materialmente en el presente fallo, las personas que se encuentran relacionadas en el cuadro adjunto a continuación y que hacen parte de los mismos, no serán objeto de decisión resarcitoria97, argumento frente al cual la recurrente no formula ningún reproche.
De esta manera, sus representados ya fueron indemnizados por los mismos hechos en anterior fallo judicial. Se deniega la pretensión.
Hechos 31-1 y 31-2, homicidio de los esposos Martha Cecilia Hernández Luque y Leonidas Quintero Mendoza, el Tribunal liquidó perjuicios morales a los hijos a razón de 150 smmlv para cada uno; así mismo, reconoció daños materiales en cuantía de $ 4.142.152,54 respecto de dos hijos menores edad98. Si bien se advierte diferencia entre lo solicitado y lo determinado, la recurrente no demuestra que deba prevalecer su pretensión indicando las falencias en que eventualmente pudo incurrir el a quo; por ello, se deniega su solicitud.
Hechos 36-1/3, homicidio de Rosa Alexandra y Nelly Johana Carrillo Díaz, el Tribunal liquidó perjuicios morales a hijos y padres por 100 smmlv para cada uno; así mismo, reconoció daños materiales en cuantía de $110.655.642,63 para los hijos menores edad99. Y aunque existe diferencia entre lo solicitado y lo determinado, la recurrente no explica la razón por la cual debe prevalecer su pretensión y por ello se denegará.
Hecho 45-2, homicidio de Fabio Caviedes Guevara, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales a compañera e hijos por 100 smmlv para cada uno y 50 smmlv para hermanos; así mismo, reconoció daños materiales en cuantía de $148.700.193,3 para esposa e hijos menores edad100. Y aunque existe diferencia entre lo solicitado y lo determinado, la recurrente no explica la razón por la cual debe prevalecer su liquidación frente a la de la judicatura, motivo suficiente para denegar su solicitud.
Hecho 49-2, homicidio de Rosalba Jaimes, el Tribunal liquidó perjuicios morales a los hijos por 100 smmlv y 50 smmlv a los nietos101. No reconoció daños materiales en tanto no se acreditó la existencia de compañero permanente o hijos menores de edad. Por tal razón, la solicitud de resarcir el lucro cesante no ostenta respaldo probatorio, motivo por el cual se ratificará la decisión del a quo, con mayor razón cuando la litigante no explica por qué procedía el pago que reclama.
Hecho 45-3, Homicidio de Jorge Yovanny Ruiz Guiza, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales a la hermana por 50 smmlv102 y no reconoció daños materiales porque no se demostró dependencia económica y el fallecido no dejó esposa o hijos. En consecuencia, la solicitud de resarcir el lucro cesante no ostenta respaldo probatorio, motivo que determina ratificar la decisión impugnada.
Hecho 25, homicidio de Rosa Ayde Esteban Rodríguez, el Tribunal liquidó perjuicios morales de 100 smmlv para la hija103. No reconoció daños materiales a la reclamante porque tenía más de 23 años para el momento del fallecimiento y no demostró que existiese dependencia económica. Por ende, la solicitud de resarcir el lucro cesante no ostenta respaldo probatorio y por ello se ratificará la decisión.
Hecho 26, homicidio de Jaime de Jesús Arango Monroy, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales a la esposa, hijos y madre a razón de 100 smmlv y 50 para la hermana. Así mismo, reconoció indemnización por daños materiales en cuantía de $1.559.228.350,50104 a esposa e hijos menores. Para los restantes familiares no reconoció esa medida porque no se demostró dependencia económica. Revisada la carpeta respectiva, la Sala observa que no aparece prueba de tal situación ni la recurrente señala los medios de convicción que la corroboran.
Se repite, no basta que un perito contable liquide una indemnización para darla por procedente. Se requiere, además, el aporte de medios de convicción que demuestren el fundamento de la petición. En este caso, no se probó que la madre y la hermana del fallecido estaban legitimadas para recibir ese beneficio, circunstancia por la cual se desestima la pretensión.
Hecho 27-2, homicidio de Ángel María Rivera Quintero, el Tribunal liquidó perjuicios morales a esposa e hijos por 100 smmlv para cada uno y 50 smmlv para hermanos; así mismo, reconoció daños materiales para esposa e hijos menores edad105, para lo cual aplicó fórmulas reconocidas por la jurisprudencia nacional. Además, la recurrente no explica por qué debe prevalecer su pretensión ni cuál es su soporte probatorio, motivo por el cual se denegará.
En cuanto a quien aduce ser la compañera permanente106, es cierto que a folio 538 se le relaciona como víctima y, sin embargo, no se liquidó en su favor ninguna indemnización sin que se explicara por qué se excluía. Dicha omisión impone declarar la nulidad parcial para que la primera instancia se pronuncie sobre dicha pretensión resarcitoria.
Hecho 27-3, homicidio de Gabriel Rivera Quintero, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales a la hermana por 50 smmlv107 y no reconoció daños materiales porque no se demostró dependencia económica. En consecuencia, la solicitud de resarcir el lucro cesante no ostenta respaldo probatorio, motivo por el cual se ratificará la decisión impugnada.
Hecho 35, homicidio de Jesús David Corzo Mendoza, el Tribunal liquidó perjuicios morales de 100 smmlv para madre, esposa e hijos y reconoció por daño materiales $138.919.018,30108. Aunque existe diferencia entre lo solicitado y lo ordenado, la recurrente no explica por qué debe prevalecer su pretensión, razón suficiente para denegarla.
Hecho 38, homicidio de Jaime Alain Escalante Castellanos, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales de 100 smmlv para madre e hijos y 50 para hermanos y reconoció por daño materiales $46.353.794,20109. Con todo, la impugnante no explica la razón por la cual debe prevalecer su criterio y por ello se deniega su petición.
Hecho 39, homicidio de Eduardo Márquez Meza, el Tribunal liquidó perjuicios morales de 100 smmlv para compañera e hijos y reconoció por daño materiales $346.302.793,58110. Existe diferencia entre lo solicitado y lo ordenado, pero la recurrente no explica la razón por la cual debe prevalecer su criterio.
Hecho 42, homicidio de Jorge Eliécer Rosas Luna, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales de 100 smmlv para compañera, padre e hijo y reconoció por daño materiales $178.324.705,40111. Aunque existe diferencia entre lo solicitado y lo reconocido, no se demuestra que deba prevalecer la liquidación de la impugnante frente a la del a quo y por ello se denegará su pretensión.
En cuanto a la exclusión de Juan Sebastián Rosas Rivera, la Sala observa que no se aportó copia del registro civil que refiera el parentesco aducido, situación que impide acoger la solicitud y explica su no inclusión en la sentencia en tanto los peticionarios incumplieron con la carga procesal de evidenciar el vínculo familiar.
Hecho 43, homicidio de Wilson Javier Villamizar, el Tribunal reconoció 100 smmlv por daño moral a la progenitora112. No liquidó daños materiales porque no se demostró dependencia económica. En consecuencia, la solicitud de resarcir el lucro cesante no ostenta respaldo probatorio. Por ende, se ratificará la decisión.
Hecho 44, homicidio de Daniel Ibáñez Monsalve, la Colegiatura a quo liquidó perjuicios morales de 100 smmlv para compañera e hijo y reconoció por daño materiales $100.399.283,68113. Aunque existe diferencia entre lo solicitado y lo reconocido, la recurrente no explica la razón por la cual debe prevalecer su criterio y, por ello, se denegará su solicitud.
Hecho 50, homicidio de José Álavaro Hernández Cuevas, el Tribunal reconoció 100 smmlv por daño moral a la progenitora y 50 a los hermanos114. No liquidó daños materiales porque no se demostró el vínculo económico. Por tanto, se ratificara la decisión recurrida.
Hecho 52, homicidio de Alonso Angarita Monroy, la primera instancia reconoció 100 smmlv por daño moral a compañera e hija y $164.814.185,4 por perjuicios materiales115. En consecuencia, contario a lo esbozado por la recurrente, el Tribunal sí reconoció y liquidó indemnización por los daños acreditados.
Hecho 53-1, homicidio de Jesús Suescún Flórez, la Colegiatura a quo reconoció 50 smmlv por daño moral al hermano. No liquidó daños materiales porque no se demostró dependencia económica, con mayor razón cuando el obitado no dejó esposa o hijos. En consecuencia, la solicitud de resarcir el lucro cesante no ostenta respaldo probatorio, motivo por el cual se ratificará la decisión impugnada.
2.13. La indemnización se liquidó con base en un salario menor al demostrado.
Ruby Stella Castaño Sánchez, apoderada de víctimas, pide modificar la sentencia porque se liquidaron perjuicios morales para padres y hermanos de Raúl y Henry Álvarez Velásquez por 100 y 50 smmlv, respectivamente, cuando debió ser 200 y 100 en tanto son dos las víctimas directas (hecho 84).
De igual forma, advierte que en el hecho 83 se probó la dependencia económica de María Elena Galvis con su hijo y no se le reconoció lucro cesante. En el evento 77, aduce, se demostró con certificación de contadora pública que la fallecida ganaba dos millones de pesos y sin embargo se liquidó con base en el mínimo; igual situación advierte frente al hecho 99.
Consideraciones de la Sala
1. Acorde con lo documentado en el expediente (hecho 84), los hermanos Raúl y Henry Álvarez Velásquez fueron asesinados el 3 de septiembre de 2000 en Tibú. Les sobreviven el padre y siete hermanos, a quienes el Tribunal reconoció 100 y 50 smmlv para cada uno116 como indemnización por los perjuicios morales sufridos.
Sin embargo, como se trata de dos víctimas directas, los peticionarios tienen derecho a que se les indemnice por cada uno de sus familiares muertos, en tanto el Tribunal sólo liquidó daños respecto de uno de ellos. En consecuencia, al padre le corresponden 200 smmlv y a cada hermano 100 smmlv. Por tal motivo, la Corte reformará la sentencia para precisar que la indemnización a este grupo familiar asciende a la cifra indicada.
2. La recurrente demanda reconocimiento de perjuicios materiales para la señora María Elena Galvis por cuanto probó la dependencia económica respecto de su hijo Jairo Guerrero Galvis (hecho 83). Con todo, la Sala no accederá a esta pretensión en tanto el aludido vínculo pecuniario no se demostró.
Hay dependencia económica cuando la supervivencia y atención de las necesidades básicas diarias está atada a la ayuda financiera de otra persona. Frente a la esposa/o, compañera/o permanente e hijos menores de edad, la ley presume ese vínculo, de forma que basta demostrar la relación familiar para verificar su existencia.
Esa presunción no opera respecto de los padres, de suerte que debe demostrarse la ausencia de recursos propios y la dependencia total o parcial evidenciando la recepción periódica, no ocasional, de recursos sin los cuales no podrían satisfacer las necesidades diarias fundamentales.
En el evento examinado, esa prueba está ausente porque la declaración extra juicio aportada, sin juramento, vertida once años después del deceso, no suministra el más mismo detalle sobre la razón de la afirmación, motivo por el cual no ostenta peso legal o material para evidenciar el aludido aspecto. Así, no se explicó cómo estaba conformado el núcleo familiar ni a qué labores se dedicaban sus integrantes, aspectos necesarios para dilucidar el asunto, con mayor razón cuando varios hijos de la peticionaria en esa época eran mayores de edad. En consecuencia, se ratificará la decisión impugnada.
3. La doctora Castaño Sánchez afirma que está probado que Martha Stella Viancha Rangel devengada $2.000.000,oo mensuales y, sin embargo, la liquidación se hizo con base en el salario mínimo (hecho 73)117 y por ello pide la corrección del fallo.
El Tribunal reconoció 100 smmlv para esposo e hijos de la fallecida por perjuicio morales y la suma de $87.365.656,72 por daños materiales118 con base en el salario mínimo. Revisadas las carpetas correspondientes, la Sala no halló la certificación mencionada por la recurrente, motivo por el cual ratificará la determinación de primera instancia, dada la ausencia de prueba de un ingreso diferente al considerado en la sentencia.
4. Frente al hecho 99, referido al homicidio de 9 personas perpetrado el 5 de agosto de 2000 en el sitio conocido como San Roque, sobre la vía Cúcuta-Sardinata en Norte de Santander, entre ellas Carmen Emiro Sánchez Coronel, la Colegiatura a quo reconoció 100 smmlv para cada una de las compañeras e hijos del fallecido por concepto de perjuicio morales y la suma de $97.393.490,27 por daños materiales con base en el salario mínimo.
Revisadas las carpetas correspondientes, la Sala encontró certificación expedida por la Secretaría de Educación de Norte de Santander en la que detalló los ingresos de Sánchez Coronel como director de escuela en el año 2000119, así: $1.445.999 de sueldo y $144.600 como sobresueldo y $927.849120 de prima de navidad, lo cual arroja un promedio mensual de $1.667.919,75, suma con base en la cual se debió efectuar la liquidación del lucro cesante. Por ende, asiste razón a la impugnante y se procede a reliquidar este rubro.
$1.667.919,75 – 25% (gastos propios)=$1.250.939,8. Dicho salario se actualiza, así:
$1.250.939,8 x IPC junio de 2015(122,08236) =$2.497.484,5
IPC agosto de 2000 (61,14860)
Lucro cesante pasado o consolidado
S= Ra x (1+i)n – 1
I
Donde, S es la suma de indemnización debida, i es la tasa de interés puro (0.004867), n es el número de meses que comprende el periodo a indemnizar (179) meses desde la fecha de la muerte al momento de la liquidación) y 1 es una constante matemática.
$2.497.484,5 x (1 + 0.004867)179-1 = $710.562.020,3
0.004867
Esta cifra se deberá repartir entre las compañeras reconocidas por el Tribunal a quo y el hijo menor de edad para el momento del deceso (José Emilio Sánchez, nacido el 28/12/84).
Lucro cesante futuro
Este rubro sólo se reconoce a la esposa y compañera (Argenis Quintero y Mayra García Ibáñez), por cuanto para la fecha los hijos ya han superado la edad prevista en la ley para las obligaciones de sostenimiento de los padres.
En razón a ello, se parte del límite de vida máximo más bajo de los compañeros (se aportaron registros civiles), el cual corresponde a 30,91121.
S = R x (1+i)n -1
i(1+i)n
Donde, S es el valor que ha de pagarse como anticipo de lo perjuicios futuros, R es el ingreso o salario actualizado, i el interés legal del 6% anual (0,004867) y n el número de meses a liquidar (191 meses, descontados ya los 179 meses tenidos en cuenta como lucro cesante consolidado).
$2.497.484,5 (1+ 0,004867)191-1 = $310.161.710,8
0.004867 (1+0.004867)191
Esta suma se divide entre las dos compañeras del obitado reconocidas por el Tribunal a quo.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. DECLARAR que no procede la nulidad solicitada por el Ministerio Público respecto del contexto y el incidente de reparación integral.
2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del fallo a efectos de que el Tribunal proceda a decidir las pretensiones oportunamente radicadas por los apoderados de las siguientes víctimas, determinación que se integrará a la sentencia materia de este recurso:
– Hecho 30, homicidio de Carlos Celis Suescún;
– Hecho 8, desplazamiento forzado del núcleo familiar de Ana Dilia Villamizar;
– Hecho 32, servicio de salud para Nancy Patiño de Wallens;
– Hecho 4, petición relativa a Jesús Aparicio Vera;
– Hecho 12, solicitud relativa a Deiver Sánchez Lizarazo;
– Hecho 68, petición de José Julián Hernández Jaimes;
– Hecho 27, solicitud de Damarys García Guevara.
3. REVOCAR la legalización de los cargos de conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, tráfico para el procesamiento de narcóticos y existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Consecuentemente, SE REVOCA la condena impuesta por estos delitos.
4. REVOCAR el numeral 34 del fallo.
5. REVOCAR el reconocimiento como víctimas y la indemnización decretada respecto de las personas enlistadas en los folios 479 a 481 de la sentencia y el resarcimiento en favor de Yury Emilia Martínez Díaz.
6. REVOCAR la indemnización decretada en beneficio de los familiares de los integrantes del Bloque Catatumbo referidos en los hechos 23 y 54.
7. REVOCAR la orden de extinguir el dominio de los bienes enlistados en la parte considerativa de la decisión.
8. REVOCAR las órdenes que se deriven de los apartados 538, 540 y 550 a 575 del fallo de primera instancia.
9. ACLARAR que las atribuciones de responsabilidad efectuadas en la sentencia a instituciones públicas y privadas exceden la competencia del Tribunal y no sustentan el fallo.
10. MODIFICAR las indemnizaciones relacionadas con los hechos 84 y 99, las cuales corresponderán a los montos señalados en el acápite explicativo del fallo.
11. MODIFICAR el fallo de primer grado en el sentido de reconocer como indemnización por gastos funerarios la suma de $600.000, debidamente indexada, a los núcleos familiares de los hechos 73, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97, y 100 representados por la doctora Castaño Sánchez y 55, 56, 58, 59, 62, 63,64, 65, 67, 68, 69, 64, 70 71 solicitados por la abogada Torres de Arango.
12. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. Sentencia del 27/04/11 Rad. 34547.
2 Cfr. Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, agosto de 2004, www.javiergiraldo.org. También Equipo Nizkor, Conflicto Armado y Paramilitarismo en Colombia, www.derechos.org.; Fundación haz lo posible, Origen y Desarrollo de los Grupos Paramilitares, abril de 2004, canalsolidario.org; Rivas Nieto Pedro y Rey García Pablo, Las Autodefensas y el Paramilitarismo en Colombia, 1964 – 2006, enero de 2008, confines.mty.itesm.mx; Pérez Gallo, Miriam Stella, Sentidos de memoria e historia sobre el paramilitarismo en Colombia en el marco del actual proceso de negociación para la reincorporación a la vida civil,www.scribd.com.
3 Cfr. Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, agosto de 2004, www.javiergiraldo.org. También Equipo Nizkor, Conflicto Armado y Paramilitarismo en Colombia, www.derechos.org.; Fundación haz lo posible, Origen y Desarrollo de los Grupos Paramilitares, abril de 2004, canalsolidario.org; Rivas Nieto Pedro y Rey García Pablo, Las Autodefensas y el Paramilitarismo en Colombia, 1964 – 2006, enero de 2008, confines.mty.itesm.mx; Pérez Gallo, Miriam Stella, Sentidos de memoria e historia sobre el paramilitarismo en Colombia en el marco del actual proceso de negociación para la reincorporación a la vida civil,www.scribd.com.
4 El decreto mencionado se emitió al amparo del Estado de Sitio declarado en ese momento a través del Decreto 1288 del 21 de mayo de 1965.
5 Excepto los artículos 30 y 34.
6 Cfr. Decreto Legislativo 3398 de 1965.
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 5 de julio de 2004, Caso 19 Comerciantes contra Colombia, numeral 84 a).
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 5 de julio de 2004, Caso 19 Comerciantes contra Colombia, numeral 84 d).
9 Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, agosto de 2004, www.javiergiraldo.org.
10 El MAS se conforma a partir del secuestro de Marta Nieves Ochoa, pariente de un miembro del Cartel de Medellín.
11 Verdadabierta.com
12 Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, agosto de 2004, www.javiergiraldo.org.
13 International Peace Observatory, Balance del Proceso de Desmovilización de los Paramilitares en Colombia, Justicia, 10 de julio de 2007, www.peaceobservatory.org.
14 Ib. International Peace Observatory, www.peaceobservatory.org.
15 ACNUR, Grupos Paramilitares y de Autodefensa, www.acnur.org.com e Ib. International Peace Observatory, www.peaceobservatory.org.
16 Cfr. www.fiscalia.gov.co Estadísticas Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, datos actualizados a 31 de julio de 2015.
17 Cfr. www.bdigital.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Observatorio de Procesos de Desarme, Movilización y Reintegración, ODDR. Estructuras de Autodefensas y Proceso de Paz en Colombia, pág. 7: «…3. A modo de síntesis. De las 40 estructuras de Autodefensas que operaron en Colombia, 34 de estas se desmovilizaron en 37 ceremonias, durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2006. Algunas se desmovilizaron en más de una ceremonia. Los Anillos de Seguridad se desmovilizaron en una ceremonia adicional, para un total de 38 ceremonias (Ver tabla No. 6)».
18 Cfr. www.fiscalia.gov.co Estadísticas Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, datos actualizados a 31 de julio de 2015.
19 Rad. 23973 contra Ana María Flórez; Rad. 26118 contra Erick Julio Morris Taboada; Rad. 26470 contra Mauricio Pimiento; Rad. 26470A contra Luis Eduardo Vives Lacouture; Rad. 26942 contra Reginaldo Enrique Montes Álvarez y Juan Manuel López Cabrales; Rad. 27195 contra Karelli Lara Vence; Rad. 29640 contra Ricardo Escure Chacón; Rad. 31943 contra Jorge Eliécer Anaya Hernández; Rad. 27941 contra Gonzalo García Angarita; Rad. 32672 contra Salvador Arana Sus; Rad. 23802 contra Vicente Blell Saad, entre otros.
20 Cfr.: 318. Referencias a José Miguel Narváez, ex Subdirector del DAS; 323 y 340. Referencias a José Bernardo Lozada Artuz y José Alexander Sánchez Castro, ex oficiales del Ejército Nacional; 337 y 354. Referencias a Jorge Muñoz, Teniente de Infantería de Marina y el Contraalmirante Armando Rodrigo Quiñónez; 4.5.3.2.5.1. Referencia a los Mayores del Ejército y la Policía Nacional Mauricio Llorente Chávez y Harbey Fernando Ortega Ruales; 4.5.3.2.5.2. Referencia al TE Luis Fernando Campuzano Vásquez, miembro del Ejército Nacional. 4.5.3.2.7.1. Referencias a alcalde y concejales de Tibú.4.5.3.2.7.2. Referencia a Jorge Díaz, Director del DAS en Norte de Santander. 440. Referencias a integrantes de las mismas instituciones, entre otras menciones.
21 Cfr. CSJ SP 27 Ab de 2011 Rad. 34547. La región está integrada por quince municipios, siete del primer departamento y ocho del segundo; los municipios bolivarenses son El Guamo, San Juan Nepomuceno, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, Carmen de Bolívar y Córdoba (Tetón). Los de Sucre son Ovejas, Colozó, Los Palmitos, Morroa, San Antonio de Palmito, Tolú Viejo, Chalán y San Onofre
22 El territorio montañoso corresponde a la Cordillera Oriental, cuya parte meridional, en límites con el departamento de Santander, forma el Nudo de Santurbán, del cual se desprenden dos grandes ramales, uno que sigue hacia el norte para formar la Serranía de los Motilones y otro hacia el noreste, que se interna en la República de Venezuela. Se destacan numerosas elevaciones, entre ellas los páramos de Tamá con 3.329 m sobre el nivel del mar, y Santurbán; los cerros de Bobalí Sur, Central y Norte y jurisdicciones, y la Serranía de Tibú. La unidad plana cubre principalmente el norte del departamento y corresponde al valle del río Catatumbo, formado por los dos ramales antes mencionados; aquí los suelos son aptos para la agricultura.
23 www.acnur.org «Algunos indicadores sobre la situación de derechos humanos—La Región del Catatumbo», octubre de 2004.
24 Cfr. Fl. 37 Escrito de Formulación de cargos, fechado el 10 de noviembre de 2011.
25 Audiencia de control formal y material de cargos, sesión de 24 de julio de 2012, información presentada por la Fiscalía de versión libre del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ de 20 de diciembre de 2006.
26 Ver N° 255: Fls. 135 a 137 fallo.
27 Ver Fls. 133 y 134 sentencia: Se refiere a la versión libre del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, cumplida el 20/12/06, presentada por la FGN en la audiencia de control formal y material de cargos, sesión del 24/07/12.
28 Cfr. Fl. 134 sentencia recurrida. Se refiere a la intervención de Mancuso Gómez presentada en la audiencia de control formal y material de cargos, sesión del 01/08/10, minuto 00:15:38.
29 Cfr. Fl. 37 Escrito de Formulación de Cargos presentada por la Fiscalía el 10 de Noviembre de 2011.
30 Cfr. Pie de página 244, Fl. 186 sentencia apelada, donde se cita esta fuente y se precisa que la información suministrada en la audiencia del 20 de diciembre de 2006 obra a los minutos 4:31:40 y 4:34:13, mientras la traída durante la audiencia de control formal y material de cargos, sesión de 24 de julio de 2012 se registra al minuto 01:10:31.
31 Respecto de estas personas, la sentencia recurrida aclara que no se precisaron los nombres de las personas cuyos alias se registran en ese aparte.
32 Cuaderno original correspondiente al Bloque Montes de María. La Convención se celebró durante el 16, 17 y18 de mayo de 1998.
33 Cfr. Fls. 235 a 258, carpeta anexa N° 9, Estatutos ACCU.
34 Formada por los municipios de Chinácota, Chitagá, Cácota, Bochalema y Durania.
35 Fls. 42 y 18 Escrito de acusación del 10/10/11.
36 Versión de Salvatore Mancuso Gómez, 20 de diciembre de 2006 (min. 9:31:40 a 9:34:13).
37 Versión libre del 17 de mayo de 2007.
38 Se trata de una sentencia parcial que no incluye todos los hechos perpetrados por el Bloque Catatumbo, pues en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, se adelanta el proceso No. 2014-00027 contra esa misma estructura delictiva, el cual se surte bajo el esquema de caso priorizado.
39 Se trata de los apoderados de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JORGE IVÁN LAVERDE, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTÚZ, ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ, LENIN GIOVANNY PALMA BERMÚDEZ y JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS, quienes se pronunciaron en el traslado a los no recurrentes.
40 Por su parte, la Fiscalía expidió la Resolución 1810 de 2012 mediante la cual creó la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, y en la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 define el contexto como: Marco de referencia contentivo de aspectos esenciales, acerca de elementos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, en el cual se han perpetrado delitos por parte de grupos criminales, incluidos aquellos en los que servidores públicos y particulares colaboran con aquellos. Debe igualmente comprender una descripción de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales, aspectos logísticos esenciales, redes de comunicaciones y mantenimiento de redes de apoyo, entre otros. No bastará con la descripción de la estructura criminal o una enunciación de sus víctimas, sino que se deberá analizar su funcionamiento.
41 PAUL RICOEUR. La memoria, la historia, el olvido, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. p. 606.
42 Cfr. www.lamaquinademercadeo.com. Sistema Duct Tape Marketing, El Reloj de Arena del Mercadeo, John Jantsch. Esta teoría ha sido utilizada para explicar múltiples situaciones, por ejemplo, los pasos previos para la generación de ventas.
43 Cfr. Folios 264 y 265 de la sentencia.
44 Cfr. Folios 268 y 269 de la sentencia.
45 Cfr. Ver apartados 309 y 310, entre otras.
46 En sesiones del 1, 2, 12, 13 1,13 15,16, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de agosto; 2, 3 y 4 de septiembre de 2013.
47 Cfr. Audio primera sesión del 1 agosto de 2013, minuto 66 y siguientes.
48 La sentencia C-180 de 2014 se dio a conocer mediante comunicado de prensa No. 10 del 27 de marzo de 2014 y la C-286 de 2014, a través de comunicado de prensa No. 19 del 21 de mayo del mismo año.
49 La situación difiere de la considerada por la Corporación en AP4505 del 5 de agosto de 2014 (Rad. 44154), pues en esa oportunidad no se dio la oportunidad a las víctimas de valorar y probar sus pretensiones indemnizatorias, motivo por el cual el Tribunal no tasó los daños causados.
50 Corte Constitucional, sentencias C-973 de 2004, T-832 de 2003, C-327 de 2003 y C-551 de 2003, entre otras: “En el mismo sentido, esta corporación ha expuesto en forma reiterada que cuando en una sentencia no se ha modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el caso específico, la jurisdicción de que está investida, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad, y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o de su notificación o ejecutoria” (subrayas fuera del texto original).
51 Ver folios 804 y 807, numeral vigésimo del fallo confutado.
52 Numeral trigésimo sexto de 52 Numeral trigésimo noveno del fallo.
la sentencia.
53 Numeral trigésimo noveno del fallo.
54 Los apoderados de los postulados.
55 A partir del folio 129 de la sentencia EL Tribunal cita en múltiples ocasiones la confesión de MANCUSO GÓMEZ.
56 Ver folios 141, 159 del fallo, entre otros.
57 Cfr. Folio 163, entre otros.
58 Ver folio 165, entre otros.
59 Ver Folio 253, entre otros.
60 Cfr. Folio 166, entre otros.
61 Según el artículo 2.2.5.1.2.2.3 del Decreto 1069 de 2015 patrón de macrocriminalidad, es el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos. La identificación del patrón de macrocriminalidad permite concentrar los esfuerzos de investigación en los máximos responsables del desarrollo o realización de un plan criminal y contribuye a develar la estructura y modus operandi del grupo armado organizado al margen de la ley, así como las relaciones que hicieron posible su operación.
62 El término se introdujo a justicia transicional a partir del 3 de diciembre de 2012 con la expedición de la Ley 1592 y sólo hasta el 26 de diciembre de 2013, con el Decreto 3011, se otorgó una definición del mismo (artículos 16 y 17).
63 Modificado por la Ley 1592 de 2012.
64 Cfr. Versiones libres de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ de mayo de 2007 y febrero de 2009 y versión conjunta de noviembre de 2011.
65 Cfr. CSJ AP501-2014 y SP200-2014.
66 Esta Corporación emitió concepto favorable a la extradición de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ el 24 de noviembre de 2004, Rad. 22245, frente al cargo contenido en la acusación No. 02-388ESH, dictada el 17 de septiembre de 2.002, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, relativo a la conspiración para cometer los delitos de importar 5 kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos desde Colombia; y para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas que la sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos. Fue extraditado por el Gobierno Nacional el 13 de mayo de 2008.
67 En la intervención de la audiencia del 4 de abril de 2013.
68 Cfr. Folio 382 del fallo impugnado.
69 Existente entre marzo de 1999 a diciembre de 2004.
70 Modificado por el canon 12 de la Ley 1592 de 2012.
71 Este canon fue modificado por el artículo 25 de la Ley 1592 de 2012; sin embargo, la redacción original se reincorporó al ordenamiento jurídico nacional a partir del 21 de mayo de 2014, en virtud de la sentencia C-286 de 2014 que declaró la inexequibilidad de la reforma.
72 Diccionario de la Reala Academia Española, edición 22.
73 Según esa norma, el Estado debe implementar todas las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas.
74 Ver folios 479 a 481 del fallo.
75 El Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se recopiló la reglamentación del Sector Justicia, en términos similares establece: Artículo 2.2.5.1.2.2.13. Demostración del daño directo. La demostración del daño directo a que se refiere el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, se podrá realizar mediante alguno de los siguientes documentos, sin que ello implique una lista taxativa: (…)
e) Certificación que acredite o demuestre el parentesco con la víctima, en los casos que se requiera, la que deberá ser expedida por la autoridad correspondiente. (negrilla fue de texto).
76 Comunicado de prensa No. 45 del 7 de octubre de 2015.
77 Negrilla fuera del texto original.
78 No estudió el segundo inciso porque el cargo no fue correctamente formulado.
79 Convenios I y II de Ginebra de 1949.
80 Convenio III de Ginebra.
81 Convenio IV de Ginebra.
82 La peticionaria se presentó ante la Fiscalía en julio de 2013, situación informada al Tribunal a quo mediante oficio D-54DFNJT del 11 de julio de 2013 y obtuvo acreditación provisional como víctima el 13 de agosto de 2013, sin embargo, no se hizo parte en el trámite incidental, como debía hacerlo.
83 Dentro del radicado No. 35637.
84 La sentencia fue remitida digitalmente a esta Corporación por el Juzgado correspondiente, dependencia que indicó que el proceso se remitió al Tribunal Superior el 17 de marzo de 2014, sin que haya regresado.
85 Fueron ofrecidos en la versión de los días 19 a 21 de noviembre de 2013.
86 Por ejemplo, hecho 20, homicidio de Héctor Enrique Torres Bayona, certificación de funeraria “Rincón Casa de Funerales” y homicidio de Pedro Rafael Vejar Ramírez, certificación de “Funeraria Los Olivos”.
87 Cfr. Folio 512 del fallo.
88 Ver Folio 518 del fallo.
89 Ver Folio 522 del fallo.
90 Cfr. Folio 559 del fallo.
91 En anterior oportunidad la Sala examinó el instituto del juramento estimatorio (SP 27-04-11, Rad. No. 34547), análisis que se reproduce, dada su pertinencia.
92 La Corte Constitucional en sentencia C- 052 de 2012 declaró exequible el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, norma de similar contenido al artículo examinado.
93 Modificado por el canon 2 de la Ley 1592 de 2005.
94 Folios 763 y 764 del fallo.
95 Folio 690 del fallo.
96 Cfr. Folio 606 del fallo.
97 Ver folios 485 y 486 del fallo.
98 Ver folio 674 del fallo.
99 Ver folio 646 del fallo.
100 Ver folio 688 del fallo.
101 Ver folio 766 del fallo.
102 Ver folio 688 del fallo.
103 Ver folio 754 del fallo.
104 Ver folio 673 del fallo.
105 Ver folios 681 y 682 del fallo.
106 Damarys García Guevara.
107 Ver folio 682 del fallo.
108 Ver folios 637 y 638 del fallo.
109 Ver folio 727 del fallo.
110 Ver folios 736 y 737 del fallo.
111 Ver folio 647 del fallo.
112 Ver folio 675 del fallo.
113 Ver folio 762 del fallo.
114 Ver folio 768 del fallo.
115 Ver folio 771 del fallo.
116 Ver folio 693 del fallo.
117 La impugnante refiere el hecho 77, pero en realidad corresponde el hecho 73.
118 Ver folio 676 del fallo.
119 Ver folio 22 carpeta víctimas hecho 99.
120 Se suman los rubros de salario, se multiplican por 12; se agrega el valor de la prima y el resultado se divide por 12, obteniéndose el promedio mensual.
121 Carmen Emiro Sánchez Coronel tenía 48 años de edad al morir, Argenis Quintero tenía 45 al momento del deceso de su compañero y Mayra García Ibáñez 39. Conforme a las tablas aprobadas por la Superintendencia Financiera, usadas de manera uniforme por las altas Cortes para efectos de liquidación, la expectativa de vida media completa era de 30,91, 34,44 y 39,91, respectivamente por lo cual se aplicará el guarismo más bajo.