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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Aprobado acta N° 343
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano Omar Alejandro Vanegas Lora.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal número 825 del 14 de mayo de 2013, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Omar Alejandro Vanegas Lora.
La embajada estadounidense formalizó la petición con la Nota Verbal número 1654 del 15 de agosto siguiente.
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso, mediante oficio del 23 de agosto de 2013 remitió a la Corte la documentación enviada, debidamente traducida y autenticada.
3. Previo requerimiento de la Sala a la persona solicitada, esta designó una defensora para que la asista en el trámite.
4. Encontrándose el asunto para disponer el término de traslado para solicitar pruebas, el ciudadano reclamado y su apoderada solicitaron se diera vía a la extradición simplificada prevista en el artículo 70 de la Ley 1453 del 2011, petición de la cual se corrió traslado a la señora Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, quien coadyuvó la pretensión luego de acreditar que se realizó de manera libre, voluntaria y espontánea, además de que se cumple con las exigencias legales para disponer la entrega.
DOCUMENTOS ALLEGADOS
1. Nota Verbal número 825 del 14 de mayo de 2013, mediante la cual la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Omar Alejandro Vanegas Lora. La embajada estadounidense formalizó la petición con la Nota Verbal número 1654 del 15 de agosto siguiente.
2. Declaraciones en apoyo de la solicitud rendidas bajo juramento el 25 de julio de 2013 ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) por Aimee Jiménez, Fiscal Auxiliar para ese Distrito, y Ariel Rodríguez, Agente Especial del Departamento de Seguridad Nacional, HSI.
3. Dos acusaciones formales, la (1ª) dentro de la Causa 13-20044-CR-COCOKE, formulada el 25 de enero de 2013 por el Gran Jurado del Tribunal para el Distrito Sur de Florida, en contra de Omar Alejandro Vanegas Lora y otros, por delitos de concierto para importar cocaína a los Estados Unidos e importación de esa sustancia. Y la (2ª) en la Causa 03-20574-JORDAN, del 17 de julio de 2003, procedente del mismo Tribunal, por cargos de concierto para importar heroína y cocaína y posesión con intención de distribuir esas sustancias.
4. Órdenes de arresto proferidas por el mismo Tribunal en las fechas señaladas.
5. Trascripción de la legislación aplicable.
6. Certificación de la vice-Cónsul de Colombia en Washington, D. C., sobre la legitimidad de la firma del auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos que validó los documentos soportes del pedido de extradición.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Sala, en aplicación del trámite simplificado de que trata el artículo 70 de la Ley 1453 del 2011, emitirá concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano Omar Alejandro Vanegas Lora, en tanto se reúnen los requisitos exigidos por los artículos 502 del Código de Procedimiento Penal del 2004 (para la acusación del año 2013) y 529 del estatuto del 2000 (para la acusación del año 2003), como se detalla a continuación.
1. Validez formal de la documentación presentada.
Los artículos 495 y 513 de los Códigos de Procedimiento Penal (del 2004 y 2000, respectivamente) exigen que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, acompañada de los siguientes documentos, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente:
* copia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente;
* indicación de los actos que determinan la solicitud de extradición y señalamiento del lugar y la fecha en que fueron ejecutados;
* inclusión de los datos que sirven para establecer la identidad de la persona reclamada;
* la reproducción certificada de las disposiciones penales aplicables al caso.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989 (que, en aplicación del principio de integración, resulta de buen recibo), establece que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y que la firma de esos funcionarios debe ser avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Estas exigencias de carácter formal se satisfacen en el caso analizado, en tanto Magdalena A. Boynton, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División en lo Penal, avaló las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición. El Procurador de los Estados Unidos, Eric H. Holder, Jr., hizo lo propio con aquella, todo lo cual fue certificado por John F. Kerry, Secretario de Estado.
Por su parte, la vice-Cónsul de Colombia en Washington, D. C., cuya firma es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dio fe de que quien suscribe el documento es el funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.
En esas condiciones, se tiene que los requerimientos formales de legalización de la documentación que sirve de sustento a la solicitud de extradición exigidos por las normas de los Estados requirente y colombiano, se cumplieron a cabalidad en el presente caso, esto es, se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder al concepto.
2. La identidad de la persona reclamada en extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos informó que la requerida responde al nombre de Omar Alejandro Vanegas Lora, ciudadano de nacionalidad colombiana, nacido el 26 de agosto de 1972, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.192.278.
Mediante resolución del 5 de junio de 2013, el Fiscal General de la Nación ordenó la captura, con fines de extradición, del aludido. El 17 del mismo mes autoridades del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, capturaron a quien se identificó como Omar Alejandro Vanegas Lora con ese documento de identidad y expertos en dactiloscopia de esa institución establecieron su plena identidad, esto es, que el aprehendido corresponde a quien aparece registrado con ese nombre y documento.
Por tanto, no existe duda alguna respecto de que el detenido es el ciudadano pedido en extradición, cuando, además, con esos datos ha suscrito las actas en donde se le impusieron sus derechos y las actuaciones surtidas por la Sala de Casación Penal, tema que, por otra parte, no ha sido puesto en duda; por el contrario, la petición expresa del señor Vanegas Lora de que se aplique la extradición simplificada evidencia su consentimiento al respecto.
Por lo tanto, se satisface el segundo de los presupuestos de los artículos 502 y 520 de los códigos procesales.
3. Principio de la doble incriminación.
3.1. La exigencia hace referencia a la necesidad de que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en extradición estén previstos como conductas punibles en la legislación colombiana, y que tengan señalada sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
El Gran Jurado del Tribunal para el Distrito Sur de Florida formuló en contra de Omar Alejandro Vanegas Lora, y otros, dos acusaciones, así:
(I). CASO M13-20044-CR-COOKE, del 25 de de enero de 2013, por los siguientes cargos en contra del solicitado y otros:
Cargo 1. Aproximadamente entre enero del 2009 hasta la fecha de la acusación, en los condados de Dade y Broward y otros lugares, los acusados a sabiendas y voluntariamente se concertaron, conspiraron, se unieron y acordaron entre sí para importar a los Estados Unidos 5 o más kilogramos de cocaína.
Cargo 2. Alrededor del 25 de mayo de 2010, en el Condado de Broward y otros lugares, a sabiendas e intencionalmente los acusados importaron a los Estados Unidos 5 o más kilogramos de cocaína.
Cargo 3. Alrededor del 8 de junio de 2011, en el Condado de Broward y otros lugares Vanegas Lora a sabiendas e intencionalmente importó a los Estados Unidos 5 o más kilogramos de cocaína.
Cargo 4. Alrededor del 22 de agosto de 2012 en el Condado de Broward y otros lugares los acusados a sabiendas e intencionalmente importaron a los Estados Unidos 5 kilogramos o más de cocaína.
(II). Caso 03-20574-CR-JORDAN, del 17 de julio de 2003, por los siguientes cargos:
Cargo 1. Aproximadamente entre el 10 de noviembre de 2002 y la fecha de la acusación, en el Condado de Miami-Dade, Vanegas, a sabiendas y voluntariamente concertó, conspiró, se unió y acordó con otros para importar a los Estados Unidos 5 o más kilogramos de cocaína y un kilogramo o más de heroína.
Cargo 2. Aproximadamente entre el 10 de noviembre de 2002 y la fecha de la acusación, en el Condado de Miami-Dade, Vanegas, a sabiendas y voluntariamente concertó, conspiró, se unió y acordó con otros para poseer con la intención de distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y un kilogramo o más de heroína.
Cargo 3. Alrededor del 11 de diciembre de 2002, en el Condado de Miami-Dade, Vanegas, a sabiendas e intencionalmente poseyó con intención de distribuir un kilogramo o más de heroína.
3.2. La acusación señala las normas del Código de los Estados Unidos aplicables a tales cargos, que señalan:
Sección 812 del Título 21. Lista de sustancias controladas. Lista I. (b)(10) Heroína. Lista II. (a) (4) Cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos.
Sección 841 del Título 21. Actos prohibidos (a) Actos ilícitos (1) fabricar, distribuir, dispensar o poseer con esas intenciones una sustancia controlada. (b) El que delinca en esos términos será castigado así: (1)(A) en el caso de un kilogramo o más de heroína o 5 kilogramos o más de cocaína se impondrá prisión de no menos de 10 años y no mayor que la cadena perpetua.
Sección 952 del Título 21. Importación de sustancias controladas. (a) Es ilegal la importación a los Estados Unidos de sustancias controladas.
Sección 960 del Título 21. (b) Las penas. (1) En el evento anterior, quien delinca cuando se trate de 1 kilogramo o más de heroína o 5 kilogramos o más de cocaína será castigado con pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua, o con una multa que no deberá exceder de 10.000 dólares, o con ambas penas.
3.3. En el caso analizado, las conductas delictivas imputadas al señor Omar Alejandro Vanegas Lora tienen sus equivalentes en los artículos 340, 376 y 384 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), que rezan:
“Artículo 340, modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006. Concierto Para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de… tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas… lavado de activos… la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.
“Artículo 376, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 del 2011. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales”.
“Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores (el 376) se duplicará en los siguientes casos:…
3. Cuando la cantidad incautada sea superior… a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola”.
Confrontadas las normas invocadas por el país requirente con las disposiciones internas de Colombia, fácilmente se advierte que las conductas de concierto para delinquir (en este caso para narcotráfico) y el tráfico de drogas ilícitas se encuentran penalizadas en los dos Estados.
4. Equivalencia de las decisiones.
La ley procesal penal colombiana exige establecer que la decisión judicial
extranjera que contiene los cargos contra la persona reclamada corresponda en sus aspectos formal y sustancial con el acto conocido en aquella como resolución de acusación y/o escrito de acusación.
Entonces, la decisión del país reclamante, como sucede con la colombiana, debe ser la que marca el inicio de la fase del juicio, esto es, aquella a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos que le imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la época y el lugar de comisión del ilícito o ilícitos, para que el acusado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
Las acusaciones emitidas por el Tribunal estadounidense cumplen con unas exigencias de forma y fondo que coinciden con las previstas en los artículos 337 y 398 de los códigos de procedimiento señalados, porque consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles, sus descripciones típicas, las pruebas en que se apoyan los cargos, las normas sustanciales aplicables al caso y con ellas se marca el inicio del debate al interior del juicio.
En consecuencia, se tiene que las providencias dictadas en el exterior y la regulada en la legislación patria son equivalentes. Por tanto, se cumple este requisito, como también el atinente al factor punitivo, puesto que en los dos países el tope inferior de las sanciones supera los 4 años de prisión.
ACLARACIONES FINALES
1. El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el 1º del acto legislativo 01 de 1997, faculta a conceder la extradición de nacionales colombianos por conductas que se consideren delictivas en la legislación patria, cuando ellas se hubieren cometido en el exterior.
El mandato constitucional exceptúa los delitos políticos y aquellos hechos cometidos con antelación al 17 de diciembre de 1997. Ninguna de tales eventualidades se estructura en el caso analizado, en tanto las conductas imputadas de narcotráfico no tienen connotación política, los hechos acaecieron en territorio norteamericano y fueron ejecutados años después de aquella fecha límite.
2. Si el Gobierno Nacional accede a la entrega de la persona reclamada, debe condicionarla a que no sea juzgada ni sancionada por hechos diferentes a los relacionados en la solicitud. Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni castigada con pena perpetua. Si la legislación extranjera permite imponer la pena de muerte, debe exigirse que sea conmutada según lo señalan los artículos 494 y 512 de los códigos de procedimiento.
3. Al Gobierno Nacional también le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.
4. Finalmente, el tiempo en que el ciudadano estuvo detenido por cuenta del trámite debe serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga.
5. De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por señor Presidente de la República, como supremo director de la política exterior y las relaciones internacionales, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
6. En caso de que Omar Alejandro Vanegas Lora sea absuelto o declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y dejado en libertad, el Estado requirente deberá asumir los gastos de transporte y manutención del extraditado, con destino a su país natal.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
EMITE CONCEPTO FAVORABLE sobre la petición de extradición del ciudadano colombiano Omar Alejandro Vanegas Lora, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto de los cargos relacionados en las acusaciones formales dentro de las causas números 13-20044-CR-COOKE y 03-20574-CR-JORDAN seguidas en el Tribunal para el Distrito Sur de Florida.
Por la Secretaría de la Sala comuníquese esta determinación al requerido Vanegas Lora, a su defensora, al agente del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites subsiguientes de ley.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria