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Proceso nº 37820
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Aprobado acta No. 47
Bogotá D. C., veintidós de febrero de dos mil doce.
Conceptúa la Corte sobre la extradición del ciudadano de nacionalidad colombiana BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Antecedentes
1. Mediante Nota Verbal 2040 de 18 de agosto de 2011, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA para ser juzgado por delitos federales de narcóticos.
2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Fiscal General de la Nación libró orden de captura en su contra el 29 de agosto del 2011, la cual se hizo efectiva 1° de septiembre, por agentes de la Policía Judicial.
3. Con Nota Verbal 2693 de 27 de octubre de 2011, el Gobierno de los Estados Unidos formalizó la referida solicitud de extradición y adjuntó para fundamentarla los siguientes documentos, debidamente traducidos al idioma español:
3.1. Acusación número 11-20388-CR-LENARD, dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en contra de BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA y otros, donde se le imputan cargos por el delito de concierto para fabricar y distribuir cocaína, en cantidades superiores a cinco (5) kilogramos.
3.2. Declaraciones de apoyo a la solicitud, rendidas bajo juramento por ANDREA G. HOFFMAN, Fiscal Auxiliar en el Distrito Sur de Florida, y JEREMY ERIC JONES, agente especial de la Agencia de Control de Drogas (DEA).
3.3. Listado y reproducción de las normas aplicables al caso, y
3.4. Orden de arresto impartida en contra de BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA por las autoridades judiciales de los Estados Unidos.
4. El 28 de octubre de 2011 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió el expediente al Ministerio de Justicia y de Derecho, informando que por no existir convenio aplicable con los Estados Unidos de América se imponía obrar de acuerdo con el ordenamiento procesal penal colombiano. Y el 2 de noviembre el Ministerio de Justicia y de Derecho envió la actuación a la Corte, donde agotado el trámite establecido en la Ley 906 de 2004, corresponde emitir concepto.
Alegaciones de los sujetos intervinientes
1. De la defensa
Se opone a la solicitud extradición por considerar que la documentación aportada por el país requirente adolece de falta de concreción frente a los hechos que se le imputan al señor BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA y porque no existen garantías de respecto de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Colombia.
Afirma que la forma en que se ha adelantado la extradición del señor BLANCO DÁVILA viola el artículo 35 de la Constitución Nacional, el Acto Legislativo 01 de 1997 y la Ley 27 de 1980, “en lo relativo a la tipificación del delito, a las penas inusitadas y al regulación del proceso”, puesto que el hecho que tipifica la conducta imputada (conspirar) se funda en pruebas que no son concretas, en presuntos informes, desconociéndose la clase de información que tuvo a su disposición el Tribunal y si realmente se produjo alguna incautación de cocaína que lo inculpe.
Agrega que del examen del material probatorio aportado para sustentar el pedido de entrega, se colige que BLANCO DÁVILA habría conspirado para enviar a Estados Unidos cocaína en cantidades superiores a cinco kilogramos, pero el tribunal que lo requiere no aporta las actas de las incautaciones, ni especifica las cantidades exactas, ni explica por qué su presunta responsabilidad.
Insiste en que en la actuación no obra prueba fehaciente que incrimine a BLANCO DÁVILA en la conducta que se le imputa y que las afirmaciones que se hacen en el sentido de que se desempeñó como Mayor del Ejército Colombiano riñen con la verdad, porque donde realmente trabajó fue en el área administrativa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y que aparte de ello, no ha tenido nada que ver con el manejo de naves o aeronaves vinculadas con el transporte o cargamento de sustancias alucinógenas.
2. Del Ministerio Público
El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal estima que los requisitos legalmente establecidos para conceder la extradición, relacionados con la validez formal de los documentos que deben acompañar la solicitud, la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, el principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el país requirente con la resolución de acusación del sistema penal colombiano, se cumplen a cabalidad en el caso sometido a estudio.
Por tanto, solicita a la Corte emitir concepto favorable, exhortando al Gobierno nacional para que advierta al país requirente que en cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Colombia y lo establecido en los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Nacional, la persona requerida no puede ser sometida a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.
Pide también condicionar la entrega a que al requerido se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes al ser humado, contenidas en la Constitución Nacional y en el Bloque de Constitucionalidad, incluidos los convenios internacionales suscritos por Colombia, y que no sea juzgado por hechos diversos de los que motivan la solicitud de extradición, acorde con las directrices sentadas en la Sentencia C-460/2008 de la Corte Constitucional.
SE CONSIDERA
La Ley 906 de 2004, estatuto llamado a regular el caso en virtud de la fecha en que ocurrieron los hechos y la ausencia de convenio aplicable con los Estados Unidos de América, establece que el concepto que corresponde emitir a la Corte debe fundarse en, (i) la validez formal de la documentación presentada, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble incriminación, (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación del sistema penal colombiano, y (v) el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos cuando fuere necesario.1
Por separado serán estudiadas cada una de estas específicas condiciones, con el fin de establecer si concurren en el caso analizado, y seguidamente las que consagra en forma expresa la Constitución Nacional, relacionadas con las causas de improcedencia de la extradición por razón de la fecha en que ocurrieron los hechos, el lugar de comisión de los delitos, su naturaleza común o política, y la existencia de cosa juzgada, si fuere necesario.
1) Validez formal de los documentos aportados
La normatividad procesal exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos e información, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o transcripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación de los actos que determinan la solicitud de extradición y señalamiento del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) inclusión de los datos que sirven para establecer la identidad plena de la persona reclamada; y (iv) la reproducción certificada de las disposiciones penales aplicables.2
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, dispone, a su vez, que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deben presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, y que su firma debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.3
Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado. La solicitud de extradición fue tramitada por vía diplomática y adjunta a la misma aparece copia de acusación formal No. 11-20388-CR-LENADR, dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la que aparecen relacionadas las conductas que la determinan y los marcos temporales y espaciales de su ejecución.
De la documentación aportada hacen también parte, copia de la orden de arresto dictada contra BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA por las autoridades judiciales de los Estados Unidos; la declaración jurada de ANDREA G. HOFFMAN, Fiscal Auxiliar en el Distrito Sur de Florida, quien explica el procedimiento del Gran Jurado y hace un recuento de los hechos y los cargos imputados a la persona solicitada en extradición; y el testimonio de JEREMY ERIC JONES, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien se refiere a los hechos y las pruebas del caso.
Estos documentos fueron aportados en traducción al español y se hallan debidamente autenticados. La acusación aparece certificada por el Secretario del Tribunal del Distrito Sur de Florida. Las declaraciones de la Fiscal Auxiliar ANDREA G. HOFFMAN y del agente especial JEREMY ERIC JONES, se hallan refrendadas por MAGDALENA BOYNTON, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya firma fue certificada por ERIC H. HOLDER, Procurador de los Estados Unidos, quien ordenó estampar el sello del Departamento de Justicia y solicitó al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales dar fe de su firma.
De la imposición del sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el referido documento certifica a su vez la Secretaria de Estado HILLARY RODHAM CLINTON, quien en prueba de ello ordenó imponer el sello del Departamento de Estado y solicitó al funcionario Auxiliar de Autenticaciones de dicho Departamento PATRICK O. HATCHETT, suscribir su nombre. Finalmente, el Consulado de Colombia en Washington da fe de la autenticidad de la firma de PATRICK O. HATCHETT.
En las anotadas condiciones, se concluye que las exigencias formales de legalización de la documentación que sirve de sustento a la solicitud de extradición, requeridas por las normas del Estado requirente y el Estado colombiano, se cumplieron a cabalidad en el presente caso, y que desde esta perspectiva los documentos aportados con este fin se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder el concepto.
2) Identidad plena de la persona reclamada.
El Gobierno de los Estados Unidos de América solicita la entrega de BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA, de nacionalidad colombiana, nacido el 7 de junio de 1977, portador de la cédula de ciudadanía colombiana Número 13’761.435, según se establece de la información que aparece consignada en la solicitud de detención provisional con fines de extradición, en la petición formal de extradición y en el testimonio de apoyo del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre otros documentos.
Estos datos de filiación guardan correspondencia con los consignados en los informes de captura y de notificación, y coinciden con los suministrados por la persona privada de la libertad al ser enterada de los derechos del capturado y de los motivos de su aprehensión. Además se incorporaron como anexos, copia de la tarjeta decadactilar del requerido y una reseña fotográfica suya.
Toda esta información permite concluir que la persona detenida por las autoridades colombianas es la misma que el Gobierno de los Estados Unidos de América pide en extradición.
3) Principio de la doble incriminación
Este postulado impone verificar que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en el país solicitante estén previstos como delitos en Colombia, y que tengan adscrita en nuestra legislación una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que comparezca a responder en juicio por el delito de concierto para fabricar y distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína, cargo que se halla especificado en los siguientes términos en la acusación No. 11-20388-CR-LENARD, dictada por la Corte del Distrito Sur de Florida el 7 de junio de 2011,
CARGO UNO
“Comenzando en octubre de 2010 o alrededor de ese entonces, siendo la fecha exacta desconocida por el Jurado de Acusación, y siguiendo realizando lo aducido hasta la fecha de emisión de la acusación formal, en el país de Colombia, América del Sur y otras partes, los acusados,
(…)
BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA
(…)
a sabiendas e intencionalmente se unieron, conspiraron, se confederaron y acordaron entre sí y con personas conocidas y desconocidas por el Jurado de Acusación, para fabricar y distribuir una sustancia controlada enumerada en la Lista II, a sabiendas de que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos en violación del artículo 959(a)(2) del Título 21 del Código Federal de ese país; todo lo cual está en violación del artículo 963 del mismo Título y Código.
“De acuerdo con el artículo 960(b)(1)(B) del título 21 del Código Federal de los Estados Unidos, se aduce además que esta violación de la ley se trata de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína”.
En la legislación colombiana esta conducta encuentra equivalencia típica en el artículo 340 inciso segundo del Código Penal, modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006, que define el concierto para delinquir con fines de narcotráfico, el cual adscribe pena principal privativa de la libertad de ocho (8) a dieciocho (18) años de prisión y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales. Dice la norma,
“Art. 340. Modificado por la Ley 733/2002, artículo 8°. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
“Modificado Ley 1121 de 2006, artículo 19. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.
El delito de narcotráfico, por su parte, lo tipifica el artículo 376 del Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, con pena privativa de la libertad de 128 a 360 meses de prisión, y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dice la disposición:
“ART.376. Modificado Ley 1453 de 2011, artículo 11. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica, o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Si la cantidad de droga no excede de mil (1000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo, 60 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10000) gramos de marihuana, tres mil (3000) gramos de hachís, dos mil (2000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4000) gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo, 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinticuatro (124) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Lo visto muestra que los contenidos del principio de la doble incriminación se hallan también reunidos, toda vez que la conducta delictiva imputada a BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA en el país requirente se encuentran tipificada igualmente como delito en la legislación penal colombiana, bajo la denominación de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, con sanción privativa de la libertad cuyo mínimo supera los cuatro (4) años.
4) Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
Este requisito impone establecer que la decisión judicial que contiene los cargos contra la persona reclamada, por los cuales se pide la extradición, corresponda en sus aspectos formal y sustancial al acto procesal conocido en la legislación colombiana como resolución de acusación, es decir, a la decisión que sirve de introducción a la fase del juicio, a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos que le imputa, señala los hechos que le sirven de fundamento, indica el lugar y la época de comisión, y precisa las normas jurídicas aplicables al caso, para que el acusado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
Revisada la acusación No.11-20388-CR-LENARD de 7 de junio de 2011, se establece que este documento, al igual que sucede con la acusación en el sistema procesal colombiano, contiene cargos concretos contra personas determinadas, señala los fundamentos fácticos, identifica las normas penales aplicables al caso y marca la iniciación del juicio, particularidades que permiten concluir que se está en presencia de actos procesales jurídicamente equivalentes.
Los cuestionamientos de la defensa, referidos a que la acusación no está acompañada de las pruebas que comprometen la responsabilidad de BLANCO DÁVILA en los hechos imputados, carecen de sustento legal, porque el ordenamiento interno no exige su aportación en estos casos, y porque en virtud el modelo de enjuiciamiento que rige en el Estado requirente, su recaudo sólo sería posible en el juicio oral.
También resultan impertinentes las alegaciones orientadas a rebatir las evidencias recaudadas en contra de BLANCO DÁVILA, que se mencionan en los testimonios de apoyo, porque la Corte, como ya se dejó dicho en el auto que resolvió la solicitud de pruebas, no es el juez del caso, siendo por tanto ante la autoridad judicial que lo requiere donde deben plantearse este tipo de cuestionamientos.
5) Causas de improcedencia
La Constitución Nacional prohíbe la extradición cuando, (i) el delito objeto de investigación o juzgamiento es de naturaleza política, (ii) cuando los hechos que motivan la solicitud fueron cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, y (iii) cuando el solicitado es natural colombiano y el delito que se le imputa ha sido cometido en territorio nacional.4 La Corte ha dicho también que no procede cuando el hecho ha sido juzgado en Colombia mediante decisión que haya hecho tránsito a cosa juzgada.
Ninguna de estas prohibiciones se presenta en el caso analizado. Los delitos que la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida le imputa a BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA son de naturaleza común, no política. Y los hechos que sustentan los cargos ocurrieron entre los años 2010 y 2011, según se establece del contenido de la acusación y los testimonios de apoyo.
El lugar de comisión de los delitos tampoco se erige en factor de improcedencia de la solicitud de extradición, porque la acusación y las declaraciones que sirven de soporte a la petición permiten constatar que BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA hacía parte de una organización de tráfico de narcóticos, que utilizaba aviones para transportar grandes cantidades de cocaína desde Suramérica a Centroamérica, México y el Caribe, para su distribución final en los Estados Unidos,
“Esta investigación reveló que Alejandro Canal Duplat (hereafter, ‘CANAL’), Cristina Eblin Guerra Moo (en lo sucesivo denominado ‘GUERRA’), Dorian Alejandro Menco Delgado (en lo sucesivo denominado ‘MENCO’), Jorge Barragán Mejía (en lo sucesivo denominado ‘BARRAGAN’), Richard Alexánder Dixon Figueroa (en lo sucesivo denominado ‘DIXON’), Braulio Tarquino Blanco Dávila (en lo sucesivo denominado ‘BLANCO’), Edgar Fernando Delgado Castro (en lo sucesivo denominado ‘DELGADO’), y Jorge Enrique Arrauth González (en lo sucesivo denominado ‘ARRAUTH’) (también denominados colectivamente ‘LOS ACUSADOS’), eran miembros de una organización de tráfico de estupefacientes (en lo sucesivo denominada ‘la OTE’), que, desde octubre de 2010, conspira para importar cantidades de múltiples toneladas de cocaína de América del Sur a los Estados Unidos.
(…)
“BLANCO es un socio allegado de CANAL y de GUERRA. BLANCO ayudó en la planificación y la coordinación de aeronaves que utilizó la OTE de CANAL para transportar cargamentos de múltiples cientos de kilogramos de cocaína de la América del Sur a la América Central y a México para su distribución final en los Estados Unidos. BLANCO había sido anteriormente Mayor del Ejército Colombiano”.5
Esto muestra que los hechos por los cuales se acusa a BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA trascendieron las fronteras del territorio nacional, y que se cumple, por tanto, el condicionamiento constitucional consistente en que la conducta haya sido realizada total o parcialmente en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad).
El motivo de improcedencia de la extradición relacionado con la aplicación del principio de cosa juzgada, tampoco se materializa, puesto que el expediente no ofrece información de ninguna clase que indique que BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA ya fue juzgado en Colombia por los mismos hechos, mediante decisión judicial que haya causado ejecutoria.
6) El concepto
Teniendo en cuenta que concurren los condicionamientos relacionados con la validez formal de la documentación allegada, la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación, y que no se está frente a ninguna causa de improcedencia de la extradición, la Sala emitirá concepto favorable.
7) Cuestión final.
La Corte previene al Gobierno Nacional para que en el evento que acceda a la extradición de BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA, advierta al Estado requirente que su juzgamiento no podrá incluir hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, ni sucesos diferentes de los que motivan la solicitud de extradición y determinan su entrega, y que no podrá ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado a pena de muerte, cadena perpetua o confiscación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.
El Gobierno Nacional advertirá también al Estado requirente, que en caso de llegarse a un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA ha estado privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición. De igual modo, lo requerirá para que frente a situaciones de absolución, retiro de cargos o eventos similares, o el cumplimiento de la pena por los cargos que motivan la extradición en el evento de ser condenado, garantice su permanencia en ese país y su retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana.
Al Gobierno Nacional le corresponde, asimismo, condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección permanente, resguarda su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que también le prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.
Como la extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia se rige por las normas contenidas en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal, el Gobierno Nacional debe además hacer las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado requirente se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la persona, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.6
El Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente como director supremo de la política exterior y de las relaciones internacionales, deberá también realizar el seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarán de su eventual incumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la extradición del ciudadano de nacionalidad colombiana BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en Colombia, por el delito imputado en el cargo uno de la acusación formal No. 11-20388-CR-LENARD, dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta decisión al señor BRAULIO TARQUINO BLANCO DÁVILA, a su defensor, al representante del Ministerio Público y a la Fiscal General de la Nación, para los fines pertinentes.
Devuélvase al expediente al Ministerio de Justicia y de Derecho.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Aclaro el voto
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Artículo 502.
2 Artículo 495 de la ley 906 de 2004.
3 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 del estatuto procesal penal.
4 Artículo 35 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 1997, y 18 del Código Penal.
5 Declaración de apoyo del agente especial JEREMY ERIC JONES.
6 Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta; a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, a que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.