27020(09-05-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.

ⓘ Puedes seleccionar un fragmento de texto o analizar el artículo completo.

    Proceso No 27020  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                            Magistrado Ponente:   

                            Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

                            Aprobado Acta No. 69   

Bogotá,  D.  C.,  nueve  de mayo de dos mil  siete.   

VISTOS  

Vencido  el respectivo término de traslado,  dentro  del  presente  trámite de extradición del ciudadano colombiano RODRIGO  TOVAR  PUPO,  requerido  por el Gobierno de los Estados Unidos, le corresponde a  la  Corte  pronunciarse sobre la solicitud de pruebas elevada por el defensor de  aquél. El Ministerio Público guardó silencio.   

ANTECEDENTES  

1.  Mediante  nota  verbal No. 1611 del 8 de  julio  de  2004,  el  Gobierno de Estados Unidos de América, por conducto de su  Embajada  en  Colombia,  solicitó  al  Ministerio  de  Relaciones la detención  provisional  con  fines  de  extradición  del  natural colombiano RODRIGO TOVAR  PUPO,  alias  “Jorge 40” ó “Papá Tovar”,  pues la Corte Distrital  de  los  Estados Unidos para el Distrito de Columbia lo requiere para comparecer  en  juicio,  toda  vez  que  allí  se  emitió  en  su contra la resolución de  acusación  sustitutiva  No.  04-114 (RBW), dictada el 4 de junio de 2004, en la  cual  se  le  formula  un  cargo  relacionado  con la violación de las leyes de  narcóticos.   

2. Con resolución del 5 de julio de 2004, el  señor  Fiscal  General  de la Nación ordenó la captura de TOVAR PUPO para los  fines  mencionados,  decisión  que fue notificada el 13 de diciembre de 2006 en  el  establecimiento  carcelario  donde  el  requerido  se encontraba previamente  recluido.   

3.  Con  la  nota  verbal  No. 0373 del 9 de  febrero  de  2007,  la  mencionada  representación  diplomática  formalizó la  petición de extradición de RODRIGO TOVAR PUPO.   

4.  El  Ministerio de Relaciones Exteriores,  anotando  que  “por no existir Convenio aplicable al  caso  es  procedente  obrar  de  conformidad  con el ordenamiento procesal penal  colombiano”,   remitió la mencionada nota verbal  y  los  documentos  anexos  al  del Interior y de Justicia, entidad que a su vez  envió  tal  documentación  a  esta  Corte,  donde luego de proveerse porque el  requerido  contara  con  defensa  adecuada,  se  ordenó correr el traslado para  solicitar   pruebas,  término  dentro  del  cual  se  pronunció  el  defensor.   

5.  Dentro  del término legal, el apoderado  del  requerido  TOVAR  PUPO  presenta  memorial  de solicitud de pruebas, en los  siguientes términos:   

     

a. Que  se  solicite  a  la  Sección  de  Emigración del Departamento  Administrativo  de  Seguridad D.A.S. certifique si existen constancias oficiales  sobre  si  el  requerido  RODRIGO TOVAR PUPO ha salido de Colombia con destino a  países  de  Centro  América  o  a  los  Estados Unidos de América a partir de  1997.   

b. Que  se  solicite a la Fiscalía General de la Nación certifique si  contra  el  mismo TOVAR PUPO se ha iniciado investigación preliminar o sumarial  por  los  delitos  de fabricación o distribución de cocaína, o por otra clase  de  delitos, y en caso afirmativo que se especifique en qué lugar se cometieron  los  hechos  imputados,  cuál es el estado actual de las investigaciones y qué  funcionarios conocen de ellas.     

Con las anteriores pruebas, agrega, pretende  acreditar  que los hechos que motivan la solicitud de extradición de su cliente  “pudieron”  ocurrir  exclusivamente en territorio colombiano, y que el mismo  no  ha  salido  del  país  y  menos con destino a los países mencionados en la  acusación.   

          c)  Con el fin de establecer la “clase de delito” imputable a su  representado,  pide  que  se  solicite  al  Alto Comisionado de Paz del Gobierno  Nacional, certifique sobre los siguientes hechos:   

    

* Desde  qué  fecha  RODRIGO  TOVAR  PUPO  se  puso  materialmente  a  disposición   del  Gobierno  para  iniciar  diálogos  dentro  del  proceso  de  desmovilización  y  paz,  como  Comandante del Bloque Norte de las Autodefensas  Unidas de Colombia.   

* Cuál  es  el  estatus  de  RODRIGO  TOVAR  PUPO dentro de la citada  organización    armada    y    con    cuántos    hombres   a   su   mando   se  desmovilizó.   

* Cuándo  se  produjo la desmovilización formal de TOVAR PUPO, alias  “Jorge  40”  y  qué  cantidad  de armas entregó a los voceros del Gobierno  Nacional.   

* Que  remita copia del acta de Desmovilización de su representado.     

d)  También solicita que oficie a la Unidad  de  Fiscales  de  Justicia  y  Paz para que remitan con destino a este trámite,  copia  de  las  diligencias  de  versión  libre e indagatoria rendidas hasta el  presente  por RODRIGO TOVAR PUPO, en su carácter de Comandante del Bloque Norte  de las A.U.C.   

Anuncia, sin hacerlo, el allegamiento de las  declaraciones  rendidas  por  el  mismo  TOVAR  PUPO dentro de la investigación  penal  que  adelanta  esta  Corte  contra  algunos  miembros  del Congreso de la  República,  llevadas a cabo los días 7 de marzo de 2007, 19 de abril del mismo  año y otras.   

Finaliza su escrito, argumentando que con las  anteriores  pruebas  pretende  demostrar que RODRIGO TOVAR PUPO es el jefe de la  organización  denominada  “Autodefensas  Unidas de Colombia, Bloque Norte”,  la  cual tiene un proyecto político y militar opuesto a los movimientos armados  ilegales denominados FARC, EPL y ELN.    

     

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

De  modo reiterado ha sostenido la Corte que  como  el  objeto  del  concepto  que  debe rendir dentro de la fase judicial del  trámite  de extradición está delimitado por los elementos a que se refiere el  artículo  502  de  la  Ley  906  de  2004,  las  pruebas  susceptibles  de  ser  solicitadas  y  practicadas  serán las que conduzcan y resulten necesarias para  establecer  esos  aspectos,  cuales  son: la validez formal de la documentación  presentada,  la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio  de  la  doble  incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el  extranjero  y  el  cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando  fuere el caso.   

En  criterio  de  la  Sala,  la  petición  formulada  por  el  defensor  del  reclamado  RODRIGO  TOVAR  PUPO  no conduce a  cuestionar,    esclarecer    o    determinar    ninguno   de   los   mencionados  aspectos.   

En   primer  lugar,  si  lo  que  pretende  establecer  el  defensor  es que la conducta imputada al requerido fue ejecutada  en  territorio  colombiano,  deberá recordarse, según lo ha precisado la Corte  en  casos  similares,  que  como  aquí el único cargo formulado contra RODRIGO  TOVAR   PUPO  es  por  el  delito  de  concierto  con  fines  de  narcotráfico,  específicamente  para  “fabricar y distribuir cinco  kilogramos  o  más  de  sustancia  que  contenía  una  cantidad perceptible de  cocaína,  con  la  intención  y  el conocimiento de que dicha sustancia sería  importada  ilegalmente a los Estados Unidos”, resulta  evidente  que  en  tal  especie  de  actividades  ilícitas  intervienen  varias  personas   que   se   han   concertado   con   anterioridad,  produciéndose  la  manifestación  de  las  conductas  constitutivas  del acuerdo en los diferentes  países  afectados  con  el  comercio  ilícito,  tales como el de origen, el de  tránsito  y  el  de  destino,  por  manera que atribuyéndosele al requerido su  concertación  para  distribuir  importantes  cantidades de cocaína, que tenía  como  destino  final Estados Unidos, al rompe se observa que tal conducta, en su  plano  ontológico,  tenía capacidad para trascender las fronteras nacionales y  afectar el ámbito territorial de otra nación.   

Además, el análisis de esa situación será  abordado  por la Sala al momento de emitir el respectivo concepto, en el cual se  atenderá  la  información  suministrada  en la solicitud de extradición y sus  anexos  acerca  de  las  circunstancias  modales, temporales y espaciales de las  conductas que la motivan.   

Ahora,  en  relación  con  las  pruebas que  buscan  determinar  si  respecto  de TOVAR PUPO cursa en el país investigación  por  delitos de narcotráfico, habrá de recordarse que por tener una naturaleza  jurídico-formal  el  examen  de  aquellos  elementos que realiza la Corte, como  tantas   veces   lo   ha   dicho,  a  ella  no  le  corresponde  “indagar  ni  conocer  si  en  contra  de  la  persona  solicitada en  extradición  se  adelanta  proceso penal en nuestro país, toda vez que compete  es  al  Gobierno  Nacional  al  momento  de definir si entrega o no al ciudadano  colombiano,  examinar  si  ello  se  difiere  o  no, por ser el Presidente de la  República  el  supremo  director  de  las  relaciones internacionales; en dicha  medida,  al  fin  y  al cabo es el ejecutivo la autoridad que debe determinar si  realmente  se  adelanta una actuación penal en contra del requerido y si existe  identidad  desde  el  punto de vista de los hechos juzgados respecto de aquellos  que  han  servido  para justificar la petición de extradición y en tanto dicha  constatación   sea   viable   proceder   de   conformidad   con  sus  atributos  constitucionales   y   legales   a   subordinar   la   misma   acorde   con   su  competencia”1.    

De igual manera, la Corte no accederá a las  pretensiones  probatorias  de la defensa orientadas a acreditar la condición de  Comandante  de RODRIGO TOVAR PUPO, alias “Jorge 40” ó “Papá Tovar”, de  la  agrupación  armada  al  margen  de  la  ley  llamada Autodefensas Unidas de  Colombia,  Bloque  Norte,  ni su proceso de desmovilización y acogimiento a los  beneficios  de  la Ley 975 de 2005, pues tales elementos de juicio no conducen a  establecer   ninguno   de  los  requisitos  en  que  el  concepto  ha  de  estar  fundamentado.   

Aquí, no sobra recordar como ya lo ha hecho  la  Sala  en  otros  casos,  que  al  Presidente  de  la República como supremo  director  de  las  relaciones  internacionales  corresponde  la  decisión final  frente  al  pedido  de  extradición y la facultad de definir si la concede o la  niega  o  eventualmente  concederla difiriendo la entrega del solicitado, ya que  se  halla autorizado por la ley para obrar según las conveniencias nacionales y  de acuerdo con la órbita de su exclusiva competencia.   

          En  ese  contexto,  se  reitera,  los aspectos que busca resaltar el  defensor  sobre  la calidad de Comandante de las A.U.C. del señor TOVAR PUPO, o  de  su  desmovilización  o  acogimiento  a  la ley de justicia y paz, no tienen  incidencia  en  este trámite pues lejos de corresponder a la noción de proceso  judicial,  se  limita a la emisión de un concepto jurídico sobre la viabilidad  de  conceder  o no la extradición de la persona requerida, cuya decisión final  compete  exclusivamente  al  Gobierno Nacional representado por el Presidente de  la República.   

Por  las  mencionadas  razones,  se negarán  entonces   las   pruebas   solicitadas   por   el   defensor  de  RODRIGO  TOVAR  PUPO.   

De  otro  lado,  como quiera que la Corte no  observa  la  necesidad  de  incorporar elemento probatorio alguno, ordenará que  una  vez  cobre  ejecutoria esta decisión, se dé traslado a los intervinientes  por  el término de cinco días, para alegar, de conformidad con lo señalado en  la última parte del artículo 500 de la Ley 906 de 2004.   

En  mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE  

Primero:              No  acceder  a la práctica de las pruebas solicitadas por el defensor del reclamado  RODRIGO  TOVAR  PUPO,  por inconducentes, en virtud las razones expuestas en las  anteriores consideraciones.   

Segundo:              En  firme  esta  providencia,  córrase  en  secretaría  traslado  por  el  término  de cinco (5) días a los  intervinientes, para que presenten alegatos.   

Contra  esta decisión procede el recurso de  reposición.   

Cópiese, notifíquese y cúmplase  

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

SIGIFREDO          ESPINOSA  PÉREZ                    ÁLVARO                              ORLANDO                              PÉREZ  PINZÓN                                            

MARINA        PULIDO        DE  BARÓN                        JORGE     LUIS    QUINTERO    MILANÉS          

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                          JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA   

MAURO    SOLARTE   PORTILLA                       JAVIER ZAPATA ORTIZ   

                                                 

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

                   Secretaria     

1  Corte Suprema de Justicia, auto de extradición del 5  de       septiembre       de      2006,      radicación      24.876.     

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *