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FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
Magistrado Ponente
CP010-2024
Radicación Nº 60982
Aprobado según acta n° 005.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
I. ASUNTO
1. Procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, la cual se tramitó por la vía ordinaria.
II. ANTECEDENTES
2. Mediante Nota Verbal No. 2102 de 29 de octubre de 2021, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Lo anterior, acorde con el auto de arresto provisional y la Acusación No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
3. Con fundamento en el mandato de prisión y la documentación aportada, la Fiscalía General de la Nación libró orden de detención con fines de extradición en contra de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ (Resolución del 29 de octubre de 2021), identificado con cédula No. 72.284.806. La captura se materializó el 26 de noviembre de 2021, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Cartagena.
4. Mediante Nota Verbal 0087 del 21 de enero de 2022, la representación diplomática formalizó la solicitud de extradición. Para tal efecto, aportó los siguientes documentos autenticados, con la correspondiente traducción al español:
4.2 Copia de la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
4.3 Traducción de la normativa sustancial aplicable al presente asunto, respecto de la acusación formulada.
4.4 Copia de la tarjeta decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía No. 72.284.806, expedida a nombre de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
4.5 Declaraciones en apoyo de la solicitud de extradición de Joseph M. Schuster, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; y Michelle Zamudio, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, (Florida), quienes suministran información acerca de la investigación, las actividades de la organización a la que pertenecía el requerido, su forma de operar, identidad y un resumen de las pruebas acopiadas.
4.6 Certificación de David S. Silverbrand, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la cual manifiesta que las declaraciones juramentadas de los mencionados funcionarios, fueron proporcionadas en apoyo de la solicitud de extradición formal que presentó el Gobierno de los Estados Unidos de América a Colombia; y que copias fieles de aquéllas conservan en los archivos oficiales en Washington D.C.
4.7 Certificación expedida por Merrick B. Garland, Procurador interino de los Estados Unidos, mediante la cual reconoce al funcionario David S. Silverbrand, como Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América1.
4.8 Certificación expedida por el Cónsul de Colombia en Washington2, Diego Bautista Bernal, donde indica que es auténtica la firma de Chana Turner, quien se desempeñaba como funcionaria auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.
5. Protocolizada la solicitud de entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho, con oficio S-DIAJI-22-001337 del 21 de enero de 2022, en el cual conceptuó que entre los países se encuentran vigentes los siguientes instrumentos multilaterales: «Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas», suscrita en Viena en 1988; y la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», signada en New York el 15 de noviembre de 2000.
También indicó que, según los artículos 4913 y 4964 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), en los asuntos no regulados por los anteriores convenios, la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
6. Por su parte, el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completa la actuación y, con oficio MJD-OFI22-0002068-GEX-1100 de 28 de enero de 2022, la remitió a esta Corporación.
7. Asumido el conocimiento del asunto, con auto del 31 de enero de 2022, se informó al requerido sobre su derecho a designar un abogado de confianza.
Posteriormente, el implicado manifestó su intención de acogerse al trámite de extradición simplificada, por lo que, a través de auto de 6 de abril de 2022, decretó pruebas de oficio y ordenó correr traslado de dicha postulación al Ministerio Público.
No obstante, en desarrollo de la diligencia de verificación de garantías fundamentales del requerido, este declinó de su petición. Por ende, mediante proveído de 3 de junio de 2022, se dispuso correr traslado común a las partes para que presentaran alegados previos al concepto.
9. En respuesta a las pruebas decretadas oficiosamente, la directora de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, informó que en contra del requerido obran las siguientes actuaciones:
904418 SIJUF
Fiscalía 221 de Bogotá
lesiones personales
inactivo -ejecutoria de inhibitoria
962132 SIJUF
Fiscalía 221 Seccional de Bogotá
hurto calificado
inactivo -resolución de acusación
110016000098201380580
Fiscalía 33 especializada de Cartagena
tráfico fabricación o porte de estupefacientes
Activo
10. Alegatos de conclusión
10.1 Ministerio Público
El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, luego de relacionar la actuación procesal, consideró cumplidas las condiciones para emitir concepto, toda vez que se allegó la documentación exigida por la normativa procesal penal; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente; las conductas por las que es requerido DÍAZ MARTÍNEZ se adecúan en nuestro país a los delitos de «concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes» y se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud.
Por lo tanto, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno de los Estados Unidos, siempre que se condicione su procedencia a la protección de los derechos humanos del requerido.
10.2 Defensa
En igual sentido, la defensa solicitó a la Corte verificar con rigurosidad el cumplimiento de los requisitos formales que exige la norma para conceder la extradición, concretamente el principio de non bis in ídem, toda vez que, según afirmó, la Fiscalía 33 Especializada de Cartagena ya presentó escrito de acusación en el radicado 110016000098201380580-005 y, además tiene proyectado con la fiscalía y el requerido la posibilidad de suscribir un preacuerdo.
-. Por último, solicitó conceptuar desfavorable al pedido de extradición bajo el entendido que el proceso que se sigue en contra de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ involucra los mismos hechos por los que se requirió su entrega y culminará con sentencia condenatoria, por lo cual podría cumplir con la pena impuesta en un centro carcelario al interior del país y así garantizar que tenga contacto regular con sus familiares más cercanos.
-. Posteriormente, la defensa allegó copia de la sentencia condenatoria emitida el 16 de diciembre de 2022, al interior del proceso penal n° 110016000098201380580-006, en la que en virtud de un preacuerdo celebrado por el requerido, se le impuso pena de 135 meses de prisión y multa de 8.020 S.M.M.L., tras ser hallado responsable de los delitos de tráfico fabricación y porte de estupefaciente agravado en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y violencia contra servidor público.
III. CONSIDERACIONES
11. Aspectos Generales
11.1 El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, comoquiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.
No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, pues las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 4937 y 5028 de la Ley 906 de 2004 – ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163–2021 – disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
11.2 Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son las siguientes: (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición; por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en (iv) la validez formal de la documentación presentada, (v) la demostración plena de la identidad del solicitado, (vi) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vii) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
12. Condiciones constitucionales impedientes de la extradición.
El artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 01 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento, cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior, las conductas que los originan son delictivas en Colombia, por hechos posteriores a la promulgación del citado Acto Legislativo y no se trate de delitos políticos.
12.1 En el caso bajo análisis, las conductas descritas en la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y por las cuales es solicitado JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, no son de carácter político según los literales a) i) y c) iv) del artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Lo anterior, impide que se configure la prohibición constitucional referida.
12.2 De acuerdo con los documentos aportados por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron -por lo menos- entre abril 2018 y el 25 de marzo de 2021; es decir, después de la expedición del Acto Legislativo 01 del 17 de diciembre de 1997.
12.3 El lugar de comisión de los delitos tampoco se traduce en causal de improcedencia. Así emerge del estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo, especialmente la del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami (Florida), con los que se deja en claro que las conductas por las cuales se requiere a JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ consistieron en concertarse con otras personas para transportar, enviar y distribuir estupefacientes en los Estados Unidos de América.
Con ello se cumple el principio de territorialidad de la ley penal -CSJ CP137–2015 (reiterado CSJ CP163–2017 y CSJ CP089–2018 y CP051-2022 entre otros), pues los hechos endilgados al requerido tienen consecuencias en la jurisdicción del Estado requirente.
12.4 Por lo expuesto, no se evidencia algún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, que derive en la improcedencia de la extradición.
14. Validez formal de la documentación presentada.
14.1 Según lo establece el artículo 4959 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso. Documentos anteriores que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.
14.2 El inciso 2º del artículo 251 del Código General del Proceso10 instituye que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deben presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, y que su firma debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.
14.3 En el asunto estudiado, la Corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ. Al efecto, anexó copia de la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de la orden de arresto expedida contra el reclamado por esa autoridad judicial extranjera.
14.4 Asimismo, allegó la declaración jurada de Josepth M. Schuster, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la que se refiere el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación; descarta la configuración de la prescripción; concreta los cargos formulados en contra de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ; indica los elementos integrantes del delito; y remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami (Florida) Michelle Zamudio.
14.5 De igual manera, se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de la acusación se especifican los actos imputados y los lugares y época de ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 49511 de la Ley 906 de 2004, como se explicará más adelante.
14.6 A su vez, dichos legajos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, al punto que se encuentran refrendados por David S. Silverbrand, Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocido como tal por su Procurador Merrick B. Garland.
14.7 Igualmente, se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por Antony J. Blinken, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y por Chana M. Turner, funcionaria auxiliar de autenticaciones de la misma dependencia, cuya firma, a su turno, fue refrendada por el Cónsul de Colombia en Washington, D.C., Diego Bautista Bernal, cuyo cargo avala el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
14.8 Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez.
15. Demostración plena de la identidad del requerido en extradición.
Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad. Por tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
15.1 De conformidad con la Nota Verbal No. 0087 de 21 de enero de 2022, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, nacido el 10 de octubre de 1980 en Colombia, titular de la cédula de ciudadanía 72.284.806, persona a la que alude la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, referida anteriormente.
15.2 La fecha de nacimiento registrada en su cédula de ciudadanía coincide con los datos ofrecidos por el país requirente; y bajo la identidad advertida, el reclamado actuó y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite, sin formular reparo alguno al respecto.
15.3 Así mismo, un perito en dactiloscopia cotejó las huellas tomadas a la persona capturada en virtud de este trámite, con las que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, y determinó que son uniprocedentes.
15.4 De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano pedido en extradición y la satisfacción de la exigencia analizada.
16. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero.
Esta exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno, de acuerdo a lo previsto en el numeral segundo del artículo 49312 de la Ley 906 de 2004.
Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.
16.1 En esta oportunidad, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida profirió la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, contra el requerido, para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y concierto para delinquir.
16.2 Así, se evidencia que ese documento registra las siguientes similitudes con la acusación prevista en el artículo 33713 del Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004): a) se trata de un pliego concreto de cargos contra el acusado para que se defienda de ellos en el juicio, con especificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar; b) tiene como fundamento las pruebas acopiadas durante la investigación; c) califica jurídicamente el comportamiento del indiciado; d) invoca las disposiciones penales aplicables; y e) como sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra.
16.3 Por lo anterior, este presupuesto también se cumple a cabalidad.
17. Principio de la doble incriminación.
De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
17.1 La Corte ha reiterado que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
17.2 Tal confrontación se hace con la norma que está en vigor al momento de dar inicio a la extradición, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entra en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
17.3 En este sentido, la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021 contra JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, comporta el siguiente cargo:
«ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado expide la siguiente acusación:
Comenzando en abril de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 25 de marzo de 2021, en los países de Colombia, Panamá, Costa Rica y en otros lugares, los acusados,
(…)
JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ
(…)
con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre ellos y con personas, conocidas y desconocidas por el gran jurado, para distribuir una sustancia controlada, de categoría II, con la intención y el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la sección 959(a) del título 21 del Código de los Estados Unidos, todo en contravención de la sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto que se les atribuye como resultado de sus propias conductas, y la conducta de otros coconspiradores que ellos debieron prever de manera razonable, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las secciones 963 y 960(b)(1)(B) del título 21 del Código de los Estados Unidos».
17.4 Soporta el pliego de cargos, la declaración jurada que rindió Michelle Zamudio, agente de especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami (Florida), acerca de los hechos endilgados JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, los cuales refirió de la siguiente manera:
I. RESUMEN
6. Una investigación de las autoridades del orden público reveló que, entre abril de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 25 de marzo de 2021, los acusados fueron miembros de una organización de narcotráfico (DTO, por sus siglas en inglés) marítimo que operaba en la región de Turbo en el noroeste de Colombia, y confabularon para distribuir cientos de kilogramos de cocaína usando lanchas rápidas (GFV, por sus siglas en inglés). La organización narcotraficante fue responsable del transporte de embarques de múltiples cientos de kilogramos de cocaína de Colombia, a través de Centroamérica, para su importación final a los Estados Unidos.
(…)
9. DÍAZ MARTÍNEZ es un miembro de la organización narcotraficante que era un coordinador de logística e inversionista de grandes embarques de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos. Él les proporcionaba las lanchas rápidas, los motores de embarcación y las provisiones a sus trabajadores.
(…)
II. PRUEBAS
Incautación el 14 de mayo de 2018 de aproximadamente 626 kilogramos de cocaína
14. Entre el 8 de abril y el 13 de mayo de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron numerosas comunicaciones durante las cuales AGUILAR MORENO, GASPAR ÁVILA, CALDERIN MENDOZA, MONTOYA VALENCIA y DOLMO MIGUEL hablaron de la logística de un embarque de cocaína planeado en comunicaciones separadas individualmente.
15. Por ejemplo, el 8 de abril de 2018, GASPAR ÁVILA informó a AGUILAR MORENO que alguien le había dicho que se estaba llevando a cabo una operación y que debían esperar diez días. El 13 de abril de 2018, durante una serie de comunicaciones interceptadas legalmente, AGUILAR MORENO le dijo a GASPAR ÁVILA que las cosas se habían calmado y que le avisara (a AGUILAR MORENO) cuándo debía ir.
16. El 7 de mayo de 2018, durante una comunicación interceptada legalmente, GASPAR ÁVILA habló con un coconspirador desconocido que se conocía como “El Gordito”, y le dijo que se encargara de las cosas allá (en el lugar), y que GASPAR ÁVILA y su amigo se encargarían de él (presuntamente al pagarles). GASPAR ÁVILA le dijo a “El Gordito” que “tuviera cuidado” y que no le dijera a nadie lo que estaba pasando. GASPAR ÁVILA también dijo que le daría a “El Gordito” 300,000 pesos al día siguiente.
17. Posteriormente, el 7 de mayo de 2018, durante una serie de comunicaciones interceptadas legalmente, AGUILAR MORENO le dijo a otro coconspirador que buscara la “cosa” (presuntamente la lancha rápida), para poner a las gentes ahí las 24 horas al día, y que si alguien preguntaba quién estaba encargándose, contestara que nadie sabía. Con base en mi capacitación y experiencia, creo que AGUILAR MORENO le informaba a su coconspirador que la lancha rápida seguía estando segura, y que diera una respuesta vaga si alguien preguntaba sobre la lancha rápida.
18. El 8 de mayo de 2018, durante una llamada interceptada legalmente entre MONTOYA VALENCIA y CALDERIN MENDOZA, MONTOYA VALENCIA le dijo a CALDERIN MENDOZA que él estaba “esperando el barco” (presuntamente una lancha rápida). MONTOYA VALENCIA entonces le preguntó a CALDERIN MENDOZA si él tenía la “herramienta”. CALDERIN MENDOZA contestó que tenía la “herramienta” y los “papeles”. MONTOYA VALENCIA le dijo a CALDERIN MENDOZA que le estaba hablando con su teléfono personal y que era un número “sano”. MONTOYA VALENCIA también informó a CALDERIN MENDOZA que estuviera atento y alerta.
19. Posteriormente, el 8 de mayo de 2018, durante una llamada interceptada legalmente entre CALDERIN MENDOZA y GASPAR ÁVILA, CALDERIN MENDOZA le dijo a GASPAR ÁVILA que le iba a enviar a GASPAR ÁVILA su número de cuenta del Banco de Colombia. CALDERIN MENDOZA dijo que le enviaría el número de cuenta al número de WhatsApp de la esposa de GASPAR ÁVILA. GASPAR ÁVILA le dijo a CALDERIN MENDOZA que enviara la información al “nip” de su esposa. GASPAR ÁVILA después le preguntó a CALDERIN MENDOZA si “esos tipos” le habían llamado sobre la “cosa”. CALDERIN MENDOZA contestó que “Yony” (MONTOYA VALENCIA) le acababa de llamar y dijo que estuviera atento y alerta sobre la “camioneta pickup” (presuntamente el código para una lancha rápida), y que todo estaba bien. GASPAR ÁVILA después le dijo a CALDERIN MENDOZA que tuviera cuidado con esa “cosa”.
20. También el 8 de mayo de 2018, una comunicación interceptada legalmente reveló que CALDERIN MENDOZA le había dicho a MONTOYA VALENCIA que esas gentes (presuntamente las autoridades del orden público) estaban metidos con la “camioneta pickup”. MONTOYA VALENCIA le dijo a CALDERIN MENDOZA que “no pasaría nada”. CALDERIN MENDOZA entonces le dijo a MONTOYA VALENCIA que lo mantendría informado.
21. El 9 de mayo de 2018, durante una serie de comunicaciones interceptadas legalmente, GASPAR ÁVILA le dijo a CALDERIN MENDOZA que la embarcación (presuntamente una embarcación de los agentes del orden público) estaba patrullando el área. CALDERIN 6 MENDOZA dijo que su “embarcación” (presuntamente la lancha rápida) la estaban preparando y estaba bien protegida.
22. El 13 de mayo de 2018, durante una serie de llamadas legalmente interceptadas entre GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL, GASPAR ÁVILA informó a DOLMO MIGUEL que no se le olvidara el chip porque contenía las coordinadas. DOLMO MIGUEL contestó que lo buscaría (el chip) cuando llegara a su casa.
23. El 14 de mayo de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron hablando a MONTOYA VALENCIA y VALENCIA JULIO. MONTOYA VALENCIA le dijo a VALENCIA JULIO: “bien, bien”. VALENCIA JULIO contestó: “sí, ya”. Ese mismo día, las autoridades colombianas del orden público interceptaron legalmente a GASPAR ÁVILA cuando le informaba a una mujer no identificada que habían tenido un problema.
24. Posteriormente, el 14 de mayo de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron legalmente a GASPAR ÁVILA hablando acerca de deshacerse de su carga, una presunta referencia a una carga de cocaína. Las autoridades colombianas del orden público también interceptaron legalmente a AGUILAR MORENO, GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL hablando de tirar por la borda la carga.
25. El 14 de mayo de 2018, la Marina Colombiana informó al Servicio Aeronaval Nacional de Panamá (SENAN) que estaban persiguiendo a una lancha rápida hacía el norte de la provincia de Guna Yala de Panamá. La Marina Colombiana dijo al SENAN que la lancha rápida había tirado por la borda múltiples pacas de colores antes de regresar a aguas colombianas. SENAN respondieron e incautaron aproximadamente 22 pacas multicolores que contenían aproximadamente 626 kilogramos de cocaína. Las autoridades del orden público no pudieron interceptar la lancha rápida. Las autoridades del orden público determinaron con base en comunicaciones interceptadas legalmente e información provista por varios coconspiradores de VALENCIA JULIO después de sus arrestos en Colombia en marzo de 2021, que VALENCIA JULIO es el líder de la organización narcotraficante y organizó el 14 de mayo de 2018, el embarque de cocaína con la ayuda de su sobrino y coconspirador, MONTOYA VALENCIA.
26. El 26 de marzo de 2021, las autoridades colombianas del orden público llevaron a cabo una operación de aprehensión a gran escala y arrestaron a varios sujetos de la investigación, incluso todos los acusados excepto VALENCIA JULIO. MONTOYA VALENCIA, DÍAZ MARTÍNEZ, AGUILAR MORENO, CALDERIN MENDOZA, GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL todos proporcionaron declaraciones legales a los agentes de la DEA. Además de admitir su participación en actividades de narcotráfico, MONTOYA VALENCIA, DÍAZ MARTÍNEZ, GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL todos identificaron a VALENCIA JULIO como el líder de la organización narcotraficante, o dijeron que VALENCIA JULIO era, en esencia, el líder de la organización narcotraficante. MONTOYA VALENCIA, DÍAZ MARTÍNEZ, GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL también proporcionaron información comprometedora sobre AGUILAR MORENO y CALDERIN MENDOZA.
27. Después de su arresto en marzo de 2021, agentes del orden público dejaron que MONTOYA VALENCIA escuchara algunas grabaciones de sus llamadas interceptadas legalmente suyas y de sus coconspiradores relacionadas con el embarque de cocaína descrito anteriormente en mayo de 2018 que causaron la incautación de aproximadamente 626 kilogramos de cocaína. MONTOYA VALENCIA identificó su voz hablando con VALENCIA JULIO y GASPAR ÁVILA después de escuchar las grabaciones, MONTOYA VALENCIA les dijo a los agentes del orden público: “me pescaron, tienen las pruebas”.
28. Después de su arresto en marzo de 2021, AGUILAR MORENO les dijo a los agentes del orden público que se había comunicado con DOLMO MIGUEL para participar en la operación de contrabando de cocaína de mayo de 2018. Cuando los agentes del orden público dejaron que AGUIAR [sic] MORENO escuchara varias llamadas interceptadas relacionadas con el embarque de cocaína fallido de mayo de 2018 AGUILAR MORENO admitió que era una de las personas que hablaban en las llamadas.
29. Después de su arresto en marzo de 2021, CALDERIN MENDOZA les dijo a los agentes del orden público que MONTOYA VALENCIA se había comunicado con él (CALDERIN MENDOZA) acerca de proporcionar seguridad para la operación de contrabando de cocaína de mayo de 2018. CALDERIN MENDOZA les dijo a los agentes del orden público que había acordado proporcionar seguridad para la operación. Cuando los agentes del orden público le hicieron escuchar varias llamadas interceptadas a CALDERIN MENDOZA, CALDERIN MENDOZA admitió que era una de las personas que hablaban en las llamadas.
30. Cuando GASPAR ÁVILA fue arrestado en marzo de 2021, les dijo a los agentes del orden público que había estado involucrado en tres (3) operaciones de contrabando de cocaína entre el 2018 y el 2019, incluso en una operación exitosa y dos operaciones en las que él y sus compañeros tripulantes tiraron por la borda su carga de cocaína. GASPAR ÁVILA dijo que había sido parte de la tripulación en una embarcación con AGUILAR MORENO, DOLMO MIGUEL y CALDERIN MENDOZA en la cual tenían programado entregar cocaína en Panamá, pero vieron agentes del orden público en el área, así que habían tirado por la borda la cocaína y regresado a Colombia. GASPAR ÁVILA identificó su voz durante las llamadas con MONTOYA VALENCIA, AGUILAR MORENO y CALDERIN MENDOZA relacionadas con la operación de contrabando de cocaína fallida de mayo de 2018 descrita anteriormente.
31. Cuando DOLMO MIGUEL fue arrestado en marzo de 2021, les dijo a los agentes del orden público que había trabajado para VALENCIA JULIO, y que MONTOYA VALENCIA era nada más un “trabajador” para VALENCIA JULIO. DOLMO MIGUEL les dijo a los agentes del orden público que había participado como tripulante en dos operaciones de contrabando de cocaína y que VALENCIA JULIO, con la ayuda de MONTOYA VALENCIA, había organizado los dos embarques de cocaína. Dijo que una de esas cargas iba con destino a Costa Rica y que CALDERIN MENDOZA, AGUILAR MORENO y GASPAR ÁVILA habían tripulado la embarcación con él. DOLMO MIGUEL dijo que cuando las autoridades del orden público detectaron su embarcación en esta operación, habían tirado por la borda su cocaína y regresado a Colombia. DOLMO MIGUEL identificó su voz en una llamada con GASPAR ÁVILA en la cual hablaron de tener que reunirse con VALENCIA JULIO después de la operación de contrabando de cocaína fallida de mayo de 2018.
Arresto de tres tripulantes de una lancha rápida el 16 de agosto de 2018
32. El 16 de agosto de 2018, las autoridades panameñas del orden público incautaron una lancha rápida que se sospechaba que iba transportando drogas en la costa de Panamá. Pusieron a los tres tripulantes, incluso a GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL, en custodia, pero las autoridades panameñas del orden público no encontraron drogas a bordo de la lancha rápida. Las autoridades del orden público creen que las drogas fueron tiradas al océano antes de que las autoridades panameñas del orden público interceptaran la lancha rápida. Las autoridades estadounidenses del orden público entienden que los tripulantes de la lancha rápida, incluso GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL, fueron acusados inicialmente de concierto para delinquir y entregados a las autoridades panameñas de inmigración. Sin embargo, fueron dejados en libertad un poco después de su arresto (posiblemente porque no se encontraron drogas en la lancha rápida), y después fueron deportados a Colombia.
33. Antes de los arrestos antes descritos, entre el 21 de julio y el 15 de agosto de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron legalmente a MONTOYA VALENCIA, DOLMO MIGUEL y GASPAR ÁVILA hablando de una siguiente operación durante varias conversaciones interceptadas.
34. El 21 de julio de 2018, durante una llamada interceptada legalmente, DOLMO MIGUEL le 10 dijo a MONTOYA VALENCIA que necesitaba reunirse con él en persona para hablar de un asunto personal que no deseaba tratar por teléfono.
35. El 25 de julio de 2018, durante una llamada interceptada legalmente, MONTOYA VALENCIA le dijo a otro coconspirador que tenían que permanecer “callados y calmados”, y que él lo informaría si había algo nuevo que informar.
36. El 15 de agosto de 2018, durante una llamada interceptada legalmente, GASPAR ÁVILA le dijo a una mujer no identificada que “ellos” estaban preparando “eso” y saldrían “temprano por la mañana, al amanecer”. La mujer no identificada le dijo a GASPAR ÁVILA que estaría rezando por él. GASPAR ÁVILA le dijo a la mujer no identificada que le pidiera a Dios que le diera fuerzas y lo ayudara en esto.
37. El 16 de agosto de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron a MONTOYA VALENCIA diciéndole a otro coconspirador que las cosas estaban “calladas y calmadas”.
38. Después de los arrestos antes descritos el 16 de agosto de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron a AGUILAR MORENO, MONTOYA VALENCIA y VALENCIA JULIO hablando de los arrestos durante varias conversaciones separadas.
39. Después de su arresto en marzo de 2021, MONTOYA VALENCIA les dijo a los agentes del orden público que había despachado la lancha rápida, en nombre de VALENCIA JULIO, lo que condujo a los arrestos descritos anteriormente el 16 de agosto de 2018. MONTOYA VALENCIA explicó que los tripulantes habían tirado su carga de cocaína por la borda antes de que las autoridades panameñas del orden público los arrestaran. Admitió que los tripulantes o sus familiares se habían comunicado con él para que pagara por sus abogados y les diera dinero para gastos mientras estuvieran en Panamá. MONTOYA VALENCIA dijo que VALENCIA JULIO era responsable de pagar los abogados de los tripulantes. MONTOYA VALENCIA identificó su voz y la de VALENCIA JULIO en una llamada en la cual hablaban del arresto de los tripulantes y su preocupación por la salud de GASPAR ÁVILA.
40. Después de su arresto en marzo de 2021, GASPAR ÁVILA les dijo a las autoridades del orden público que durante una de las operaciones fallidas de transporte de cocaína, había sido tripulante de una embarcación con DOLMO MIGUEL y otro individuo. Cuando las autoridades del orden público detectaron su embarcación, GASPAR ÁVILA y la tripulación tiraron por la borda su embarque de cocaína. Un poco después de tirar la cocaína por la borda, las autoridades panameñas del orden público tomaron a los tripulantes bajo custodia. Las autoridades estadounidenses del orden público creen que las declaraciones de GASPAR ÁVILA relacionadas con este embarque de cocaína se refieren a la intercepción antes mencionada del 16 de agosto de 2018, por parte de las autoridades panameñas. GASPAR ÁVILA dijo que le había pedido a MONTOYA VALENCIA que pagara sus gastos (los de GASPAR ÁVILA) y las cuotas mientras que GASPAR ÁVILA estaba en custodia en Panamá, pero añadió que creía que VALENCIA JULIO en realidad había pagado el dinero.
41. Después de su arresto en marzo de 2021, DOLMO MIGUEL les dijo a las autoridades del orden público que durante una de las operaciones fallidas de transporte de cocaína, había sido tripulante de una embarcación con GASPAR ÁVILA y otro individuo. Cuando las autoridades del orden público vieron su embarcación, la tripulación tiró por la borda la carga de cocaína. Las autoridades panameñas del orden público después pusieron a los tres tripulantes en custodia en Panamá. DOLMO MIGUEL dijo que MONTOYA VALENCIA les había enviado dinero a los abogados panameños para asegurar la liberación de la tripulación y su regreso a Colombia. DOLMO MIGUEL dijo que aunque MONTOYA VALENCIA había enviado el dinero a Panamá, VALENCIA JULIO había en realidad proporcionado el dinero.
42. El 22 de noviembre de 2020, las autoridades panameñas del orden público, ayudadas por un avión militar estadounidense, trataron de detener una lancha rápida que se sospechaba que transportaba una gran cantidad de cocaína. Sin embargo, las autoridades panameñas del orden público no pudieron interceptar la lancha rápida ni recuperar la cocaína que se creía que había sido tirada por la borda por los tripulantes de la lancha rápida.
43. Antes de la persecución, entre el 19 y el 21 de noviembre de 2020, las autoridades colombianas del orden público interceptaron a GASPAR ÁVILA, AGUILAR MORENO y DÍAZ MARTÍNEZ hablando de una próxima operación.
44. El 19 de noviembre de 2020, durante una llamada interceptada legalmente entre GASPAR ÁVILA y una mujer no identificada, GASPAR ÁVILA le dijo a la mujer no identificada que las cosas no estaban bien y le preguntó si recordaba la ocasión en la que casi lo habían pescado. La mujer no identificada contestó: “bueno, ¿cuál vez? Ha habido tantas”. GASPAR ÁVILA contestó diciendo que personas habían sido capturadas el día anterior y que tendrían que esperar. La mujer no identificada dijo: “eso pasa diariamente, es algo que pasa todos los días”. GASPAR ÁVILA dijo que él estaba bien cuando pasó y que estaba bien.
45. El 21 de noviembre de 2020, durante una llamada interceptada legalmente entre AGUILAR MORENO y otro coconspirador, AGUILAR MORENO le dijo al otro coconspirador que había escuchado el rumor de que algo (presuntamente una embarcación) estaba bloqueando el área cercana a “el cerro”.
46. El 22 de noviembre de 2020, durante una comunicación interceptada legalmente entre DÍAZ MARTÍNEZ y otro coconspirador, el coconspirador le dijo a DÍAZ MARTÍNEZ que todo estaba excelentemente.
47. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2020, durante una llamada interceptada, GASPAR ÁVILA le dijo a otro coconspirador que necesitaba decirle “a su amigo” que un avión los estaba vigilando. GASPAR ÁVILA preguntó que qué debía hacer. El coconspirador le dijo a GASPAR ÁVILA que lo pondría “a él” en el teléfono. Entonces alguien, presuntamente DÍAZ MARTÍNEZ, tomó el teléfono y GASPAR ÁVILA repitió que un avión los estaba vigilando. GASPAR ÁVILA le dijo a DÍAZ MARTÍNEZ que estaba lejos y le preguntó a DÍAZ MARTÍNEZ qué debía hacer. DÍAZ MARTÍNEZ le dijo a GASPAR ÁVILA que continuara y no se detuviera.
48. GASPAR ÁVILA reiteró que había un avión de la “DEA” vigilándolos. DÍAZ MARTÍNEZ preguntó en cuál extremo del “canal” estaban, en una posible referencia al Canal de Panamá. GASPAR ÁVILA le dijo a DÍAZ MARTÍNEZ que todavía no habían pasado por el canal. DÍAZ MARTÍNEZ entonces le dijo a GASPAR ÁVILA que se regresara. GASPAR ÁVILA le dijo a DÍAZ MARTÍNEZ que más temprano habían visto una embarcación. DÍAZ MARTÍNEZ le dijo a GASPAR ÁVILA que volteara, se regresara y se dirigiera a San Andrés. DÍAZ MARTÍNEZ le dijo a GASPAR ÁVILA que tratara de regresar y tratara de salvar todo porque están cerca. GASPAR ÁVILA le dijo a DÍAZ MARTÍNEZ que habían visto autoridades en una embarcación colombiana. DÍAZ MARTÍNEZ le dijo a GASPAR ÁVILA que si una embarcación estaba detrás de ellos, entonces debían seguir adelante. DÍAZ MARTÍNEZ entonces le dijo a GASPAR ÁVILA que se deshiciera de todo, una posible referencia a la cocaína que llevaba la embarcación de GASPAR ÁVILA.
49. El 22 de noviembre de 2020, las autoridades colombianas del orden público interceptaron legalmente a GASPAR ÁVILA y a DÍAZ MARTÍNEZ hablando de la persecución de las autoridades del orden público de la lancha rápida en la que iba GASPAR ÁVILA en esos momentos. GASPAR ÁVILA le dijo a DÍAZ MARTÍNEZ que había un avión de la “DEA” vigilándolos. DÍAZ MARTÍNEZ le dijo a GASPAR ÁVILA que se deshiciera de todo. DÍAZ MARTÍNEZ posteriormente admitió a los agentes de la DEA que también había participado en una operación en la cual las autoridades panameñas del orden público habían incautado aproximadamente 454 kilogramos de cocaína el 20 de abril de 2016. (negrillas fuera de texto original)
50. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2020, durante comunicaciones interceptadas legalmente, otro coconspirador le dijo a AGUILAR MORENO que “los muchachos” estaban a punto de llegar. AGUILAR MORENO dijo que podía estar listo y dirigirse para allá. AGUILAR MORENO preguntó si habían llegado con todo, presuntamente refiriéndose a la carga de cocaína. El coconspirador contestó que habían tenido que tirar todo.
Conclusión
51. Con base en mi capacitación, experiencia y conocimiento de investigaciones de narcotráfico, sé que cuando se transportan cantidades grandes de narcóticos hacia el norte desde Colombia a lugares de transbordo en Centroamérica, por lo menos parte de los narcóticos de esos embarques es finalmente importada y vendida en los Estados Unidos. Hay dos razones por las que sucede esto. Primero, los Estados Unidos es uno de los mercados más lucrativos del mundo (y el mercado más lucrativo que está relativamente cerca a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, en comparación con por ejemplo, Europa o Australia), y así que importar las drogas a los Estados Unidos es el camino más probable para que un narcotraficante obtenga una ganancia dado el gasto del transporte clandestino de grandes cargas de cocaína de Colombia. Como la meta es vender por lo menos alguna parte de la cocaína al precio más alto posible, los narcotraficantes pueden obtener lo máximo por su inversión en los Estados Unidos (en comparación con países de Centroamérica y el Caribe). Segundo, los Estados Unidos, los cuales tienen una población mucho mayor que la de los países del Caribe y Centroamérica, es el único país en el norte de Colombia que tendría una demanda de narcóticos lo suficientemente grande para absorber tales cantidades grandes de narcóticos.
52. Con base en la información anterior, aunada con la gran cantidad de drogas incautadas durante la incautación antes descrita de mayo de 2018 de aproximadamente 626 kilogramos de cocaína, así como los patrones de tráfico usados (es decir, enviar embarques de cocaína en 15 lanchas rápidas del norte de Colombia a Centroamérica), calculo que las pruebas establecen que VALENCIA JULIO, MONTOYA VALENCIA, DÍAZ MARTÍNEZ, AGUILAR MORENO, CALDERIN MENDOZA, GASPAR ÁVILA y DOLMO MIGUEL intentaban, sabían y tenían causa suficiente para creer que por lo menos una parte de la cocaína que habían confabulado para distribuir sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
17.5 Por otra parte, los cargos endilgados a JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial norteamericana, así:
«Sección 812 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Categorías de sustancias controladas.
a. Establecimiento
Existen cinco categorías establecidas de sustancias controladas, conocidas como las categorías I, II, III, IV y V…;
(c) Categorías iniciales de sustancias controladas
Las categorías I, II, III, IV y V… constaran de las siguientes drogas u otras sustancias…;
Categoría II
a. A menos que se excluyan específicamente o a menos que se incluyan en otra lista, cualquiera de las siguientes sustancias, ya sean producidas directa o indirectamente por la extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente por medio de la síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química:
(4) (…) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y las sales de isómeros… o cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga alguna cantidad de cualquiera de las sustancias mencionadas en este párrafo…
Sección 959 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Posesión, elaboración o distribución de una sustancia controlada.
a. Elaboración o distribución con el fin de importación ilícita.
Será ilegal que cualquier persona elabore o distribuya una sustancia controlada de categoría I o II, o flunitrazepam o una sustancia química categorizada con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia o químico se importara ilegalmente a los Estados Unidos o dentro de aguas a una distancia menor de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.
Sección 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos
Actos prohibidos A
a. Actos ilícitos
Toda persona que-
Será castigada como se establece en la sesión (b) de esta sección.
(b) Penas.
1. En el caso de infracción de la subsección (a) de esta sección respecto a-
(B) 5 kilogramos o más una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de –
(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros…;
La persona que cometa dicha violación será sentenciada a un periodo de encarcelamiento no menor de 10 años ni mayor de cadena perpetua… una multa que no sobrepase lo que sea mayor de los que esté autorizado de conformidad con las disposiciones del título 18 o $10.000.000 dólares estadounidense… un periodo de libertad supervisada de por lo menos 5 años además del término de encarcelamiento.
Sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Tentativa y concierto para delinquir
Toda persona que intente cometer o concierte para cometer algún delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a los mismos castigos que los que se ordenen para el delito cuya realización fue el objetivo de la tentativa o del concierto para delinquir».
17.6. Las conductas enunciadas en la referida acusación, tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en los artículos 340 (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006), y 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011), con la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del canon 384 del ejusdem, normas que establecen:
Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos.
Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
(…) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. (Subraya la Sala).
17.7 Con lo anterior, queda demostrado que los cargos por los que es requerido JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la doble incriminación, por cuanto describen conductas que son delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años, por lo que aquí se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación.
18. Sobre la notificación de la cláusula de extinción del derecho de dominio, contenida en la acusación formal.
18.1 Como la referida acusación incluye la alegación de decomiso de los bienes objeto de las conductas reprochadas, y de los adquiridos por el solicitado con las ganancias ilícitas obtenidas por su actividad delictiva, es preciso señalar que tal aseveración no puede ser entendida como un cargo.
18.2 En efecto, como lo ha sostenido esta Corporación en situaciones semejantes (CSJ CP032-2015), el señalamiento de tal figura no comporta imputación alguna, pues se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la Sala.
19. Causal de improcedencia.
19.1 Además de lo establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, la Corte ha venido sosteniendo que la inobservancia del principio de non bis in ídem se puede erigir en causal de improcedencia de la extradición, sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir, si media sentencia en firme o providencia ejecutoriada, respecto de los hechos por los cuales se requiere a la persona, que tenga igual fuerza vinculante.
19.2 En este caso, de la información recopilada en el expediente, se logró establecer que en contra del requerido en extradición cursó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena el proceso penal n° 110016000098201380580-00 NI 2022-03614, el cual, según lo informado por la defensa, guarda estrecha relación con los hechos y delitos por los cuales se elevó la solicitud de extradición.
19.3 En virtud de lo anterior, se requirió a la célula judicial en comento a efectos de que remitiera copia de la sentencia allí emitida, así como la constancia de ejecutoría de la misma.
19.4 Dicha información fue allegada a las diligencias, y se tiene que a través de sentencia anticipada por preacuerdo, de 16 de diciembre de 2022 (proferida al interior del radicado n° 110016000098201380580NI: 2022-03615), el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena condenó a JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ por los delitos de tráfico fabricación y porte de estupefaciente agravado en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y violencia contra servidor público, a la pena de 135 meses de prisión y multa de 8.020 S.M.M.L.
19.6 Como se refirió anteriormente, el Gobierno norteamericano informó que el reclamado en extradición se llama JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, nacido el 10 de octubre de 1980 en Colombia, titular de la cédula de ciudadanía 72.284.806. Asimismo, en la providencia emitida en Colombia se individualizó al sentenciado con los mismos datos de identificación. Por tanto, se cumple el presupuesto de identidad personal.
19.7 De igual manera, como se indicó en precedencia, existe una sentencia condenatoria en contra del hoy requerido, la cual, según lo informado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, cobró firmeza el mismo día de su emisión, porque no fue impugnado.
19.8 Ahora bien, respecto a la identidad de objeto, la Corte debe examinar si los hechos motivo de juzgamiento por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, son los mismos por los que es requerido en extradición JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, para lo cual se hará alusión a la forma como son concebidos por la autoridad judicial colombiana, y por el Gobierno estadounidense.
20. Del proceso penal en Colombia.
De acuerdo con la información recopilada, se observa que dentro del proceso penal identificado con el radicado n.° 11001600009820138058016, JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ suscribió preacuerdo con un delegado de la Fiscalía General de la Nación, el cual se le impartió legalidad ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena.
El preacuerdo celebrado fue del siguiente tenor:
Negociación que, por vía de preacuerdo, que se hace de manera libre, consciente y voluntaria y expresa conociendo que ACEPTA con este preacuerdo su responsabilidad respecto a los cargos que la fiscalía le atribuye conforme a la imputación fáctica y jurídica antes narrada y a cambio de ello como justicia consensuada, la fiscalía general de la nación elimina la circunstancia de agravación del delito más grave que para este caso es el delito de TRAFICO (sic), FABRICACION (sic) O PORTE DE ESTUPEFACIENTE, escogiendo la pena mínima que es de 256 meses de prisión, al degradar la participación de autor a cómplice, ese delito más grave que la pena de prisión de 128 meses y se aumenta en un tanto, por los 4 eventos de TRAFICO (sic) DE ESTUPEFACIENTES, un mes por cada evento más otro mes por el delito de concierto para delinquir agravado, otro mes por el delito FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS, MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS y otro mes por el delito VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO pactándose una pena de 135 meses de prisión y con relación a la multa, también se rebaja en la mitad, pactándose en 1334 S.M.L.M.V. y el otro tanto de la multa queda a disposición del despacho.
En el fallo condenatorio emitido el 16 de diciembre de 2022, se establecieron como presupuestos de hecho, frente a los ilícitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, los siguientes:
Conforme a los hechos establecidos por el ente acusador, El presente caso tiene su inicio con información de inteligencia aportada por la Agencia Federal Antinarcóticos (D.E.A) a través de carta de fecha 24 de octubre de 2013, firmada por el señor PHIL WELCOME sub director regional del departamento de justicia de los Estados Unidos, DEA en Cartagena. Este informe pone en conocimiento sobre la existencia de un Grupo Delictivo Organizado que maneja el transporte de actividades ilícitas dedicadas al tráfico de estupefacientes a través de diferentes tipos de embarcaciones en el área general del golfo, del Golfo de Urabá hacia centro américa, este Grupo Delictivo Organizado realiza sus coordinaciones y su logística en el Urabá -Antioqueño, para la adquisición de las embarcaciones, motores fuera de borda, herramientas de comunicaciones y demás herramientas que permiten el trafico (sic) nacional y trasnacional de los narcóticos ; todo esto, de conformidad con el artículo 9 de la convención de Viena, que permite el intercambio de información para investigaciones judiciales, motivo por el cual, se conocieron los números telefónicos que debían ser interceptados para esclarecer los hechos delictuales cometidos. Es así, como el día 31 de octubre del año 2013, funcionarios de Policía Judicial solicitan la apertura del radicado, al Despacho 33 Especializado UNAIM, ahora (DECN) obteniendo la apertura de la investigación identificada con el radicado 110016000098201380580, logrando las primeras interceptaciones de abonados celulares. Con base en registros de los primeros abonados celulares interceptados legalmente, se solicitó la interceptación de nuevos abonados telefónicos mediante los cuales se comenzó a recopilar información detallada que permitió conocer con exactitud cómo estaba estructurado el Grupo Delictivo Organizado, cuál era su línea de mando, zonas de injerencia, modus operandi, fuentes de financiamiento y hechos delictivos puntuales que comprometían a integrantes de esta organización. En el transcurrir de la investigación se pudo establecer, que se trata de un grupo de delincuencia organizada, a la luz de los criterios de la ley 1908, porque entre los años 2013 al 2021, el Grupo Delictivo Organizado ha contado con una infraestructura que le permite realizar el transporte de los estupefacientes a nivel Nacional y Transnacional. El grupo opera con injerencia preponderante en la zona del Urabá antioqueño y chocuano (sic), sin embargo, la ciudad de Cartagena era el epicentro para coordinar actividades ilícitas, se reclutaban pilotos y se adquirieron varios motores fuera de borda para ser utilizados en operaciones de narcotráfico, de hecho, algunos eventos cubiertos con la figura de vigilancia y seguimiento de personas permitieron documentar como en el barrio el laguito se coordinaron varias reuniones.
Esta organización realiza los envíos de los estupefacientes a redes criminales internacionales, utilizando Lanchas rápidas tipo Go Fast, teniendo como principales destinos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, donde se pueden evidenciar los siguientes eventos que se relacionan a continuación al igual que la participación del señor JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ y otros.
(…)
EVENTO N° 18 NO MATERIALIZADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Fecha de los hechos El dia 22 de noviembre del 2020 Lugar Incautación N/A Dirección N/A Autoridad Unidades del Servicio Aeronaval de Panamá y avión americano Sustancia Incautada N/A Cantidad Incautada N/A Capturados N/A Vehículos Inmovilizados N/A Radicado N/A Unidad N/A Descripción Operativa El día 22 de noviembre de 2020, Unidades navales de Panamá con apoyo de avión de los Estados Unidos de América, desarrollaron una operación marítima donde no fue posible realizar la interdicción de la lancha rápida tipo Go Fast donde transportaban alta cantidad de estupefacientes. La coordinación para el transporte de los estupefacientes comenzó aproximadamente unos 15 días antes de la fecha del evento, evidenciándose a través del control técnico de los abonados 3116772109 utilizado por CARLOS ALBERTO GASPAR AVILA, 3226876782 utilizado por ABELINO CANTERO, 3126165900 utilizado por FELIX AGUILAR MORENO Y 3117426719 utilizado por JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ, quienes hacen parte de un Grupo Delictivo Organizado que tiene lugar de injerencia el Golfo de Urabá. (negrillas fuera de texto original)
Lugar Incautación Golfo de Urabá. Dirección Punta Caribana, en coordenadas N 08°38.395´ W 076°58.774 Autoridad Guardacostas de Urabá, ARC Punta Espada y el Scan Eagle Sustancia Incautada Clorhidrato de Cocaína. Cantidad Incautada Peso Neto 2.693 kilogramos Capturados John Caraballo Reales CC 82.332.164. Kenneth Gómez Lever CC 18.008.434, Luis Ángel Molina Molina CC 3.714.166, Eduar Mosquera Julio y Fabián Blandón Fuentes CC 10435177680. Vehículos Incautados 01 lancha de 38 pies, color azul, 03 motores 300 marca Yamaha, 02 pistolas calibre 9mm marca Glock serie AEKY553 y Sarsilmaz serie T1102-07A00018, 02 proveedores 27 proyectiles calibre 9 mm. Radicado NUC 058376000367202100059 Unidad Fiscalía 29 Especializada de Medellín – Antioquia Descripción Operativa El dia 22 de marzo de 2021, Unidades de la estación de Guardacostas de Urabá, ARC Punta Espada y el Scan Eagle efectuaron una operación de detección e interdicción marítima de una lancha rápida, la cual fue interdictada a 05 millas náuticas al oeste de Punta Caribana, en coordenadas N 08°38.395´ W 076°58.774´, embarcación tipo Go-Fast, con eslora de aproximadamente 38 pies, color azul, propulsada por 03 motores de 300 hp marca Yamaha, 05 tripulantes y 109 costales que en su interior contenía 2693 paquetes rectangulares, que al ser sometidos a prueba de campo para identificación preliminar (PIPH), arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína y/o derivados.
La coordinación para el transporte de los estupefacientes comenzó aproximadamente unos 3 días antes de la fecha del evento, evidenciándose a través del control técnico de los abonados 3225994585 utilizado por FELIX AGUILAR MORENO, 3226876782 utilizado por ABELINO CANTERO Y 3218791912 utilizado por JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ, quienes hacen parte de un Grupo Delictivo Organizado que tiene lugar de injerencia en el Golfo de Urabá.
21. Caso concreto
21.1 Al comparar el aspecto fáctico de los injustos por los cuales se emitió la sentencia del 16 de diciembre de 2022 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, la Sala evidencia que, en cuanto a los hechos constitutivos del concierto para delinquir con fines de narcotráfico son idénticos a los referidos en la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en contra de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, e incluso, es posible afirmar que los hechos de la acusación nacional abarcan un mayor interregno temporal en el que operó la organización criminal a la cual hacía parte el requerido.
21.2 En efecto, tanto en la actuación adelantada por los Estados Unidos de América, como en la sentencia proferida en Colombia se identificó a JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, como uno de los miembros de la organización criminal dedicado al tráfico de estupefacientes a través de diferentes tipos de embarcaciones en el área general del Golfo de Urabá hacia Centro América.
21.3 Así, las circunstancias modales que soportan el delito de concierto para delinquir agravado, en ambas actuaciones, se circunscriben temporal y espacialmente, en la participación directa y permanente que, como integrante del mencionado grupo delictivo, JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ tuvo durante varios años, perpetró esa organización delictiva, en especial, el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia el exterior.
21.4 Aclarando, eso sí, que los hechos constitutivos del concierto para delinquir agravados por los que fue juzgado en este país se entienden comprendidos entre el año 2013 y marzo de 2021, mientras que en la acusación foránea abarcan entre abril de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 25 de marzo de 2021.
Sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. 11001600009820138058017
Acusación n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY; declaración de apoyo a la extradición de Michelle Zamudio, agente especial de la Administración para el Control de Drogas.
Evento n° 18 no materializado el día 22 de noviembre del 2020,
Unidades navales de Panamá con apoyo de avión de EEUU desarrollaron una operación marítima donde no fue posible interceptar lancha rápida Go Fast en la que transportaban alta cantidad de estupefacientes. La coordinación para el transporte inició 15 días atrás de la fecha, interceptaciones de comunicaciones permitieron concluir la participación de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ y otras personas, miembros del grupo delictivo con injerencia en el Golfo de Urabá.
El 22 de noviembre de 2020, autoridades panameñas y estadounidenses intentaron detener una lancha rápida que sospechaban transportaba gran cantidad de cocaína, sin embargo, no lograron interceptar ni recuperar la cocaína que creía fue arrojada por la borda.
21.5 Ahora bien, en cuanto al ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes el cual fue objeto de condena en Colombia y acusación en el país requirente, se tienen que los hechos endilgados son los siguientes:
21.6 De la información sucinta brindada en el anterior cuadro comparativo, resulta diáfano para la Sala concluir que los hechos que fueron objeto de condena en la sentencia emitida por una autoridad judicial colombiana en relación con el delito de tráfico de estupefacientes, son los mismos por los que es requerido al interior de la acusación n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Lo anterior, porque es idéntico el evento atribuido al implicado tanto en la sentencia colombiana como en la acusación foránea, en lo que atañe a su participación el día 22 de noviembre de 2020, en el traslado de alta cantidad de estupefaciente en una lancha rápida que no logró ser detenida por las autoridades estadounidenses y panameñas.
21.7 En ese sentido, es importante señalar que, si bien, la Sala en punto de la oponibilidad de la cosa juzgada en materia de extradición -CSJ CP, 16 Sep. 2009, Rad. 31036, reiterada en CSJ CP, 07 Abr. 2010, Rad. 31557, CSJ AP 6320-2015, CSJ CP 056-2019, entre otras-, había establecido que en los eventos en los que se acudía a la aceptación de cargos ante la justicia colombiana luego de que se formulara el pedido de extradición se debía cumplir con son las siguientes condiciones: «(i) que la sentencia haya causado ejecutoria antes del concepto de extradición, y (ii) que la aceptación de cargos que determinó la sentencia se haya realizado antes de la materialización del pedido de extradición, recientemente, ha considerado que tales reglas deben ser flexibilizadas en aplicación del principio de prevalencia de las decisiones judiciales internas»18.
21.8 Al respecto, la Sala refirió en un pronunciamiento posterior que (CSJ CP, 24 nov. 2021, rad, 54036, reiterado en el CSJ CP, 16 mar. 2022, rad, 57388):
(…) el hecho de exigir que el acuerdo o la aceptación de cargos, se haya realizado con anterioridad al pedido de extradición, conduce a que las personas que son reclamadas por otro país, pero que, a la vez, cuentan con un proceso en curso en Colombia se les vede o suprima la posibilidad de acudir a uno de los mecanismos de terminación anticipada previstos en nuestro ordenamiento jurídico, como lo son, el allanamiento o el preacuerdo, suponiendo con ello, la mala fe de quienes voluntariamente acuden a esa figura, lo cual, no tiene cabida en este trámite.
Por consiguiente, la Sala estima que lo procedente para los casos en los que, un ciudadano pretendido en extradición acuda a la aceptación de cargos ante una autoridad judicial colombiana luego de que se haya formulado el pedido formal de entrega, es determinar que la sentencia producto de esa manifestación voluntaria haya causado ejecutoria antes de que se emita el respetivo concepto. (Resaltado fuera del texto original)
22. En el sub examine, se advierte que la fiscalía suscribió preacuerdo con JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, el cual una vez se impartió legalidad al mismo, el 16 de diciembre de 2022 se dictó la providencia respectiva, la cual se encuentra ejecutoriada al no haber sido impugnada.
23. De ahí que, si bien, para el momento en que se verbalizó el preacuerdo ante el juez competente, el pretendido ya había sido objeto de solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de los Estados Unidos de América -mediante la Comunicación Diplomática n.° 0087 del 21 de enero de 2022, se cumple la condición enunciada, por cuanto la sentencia que condenó a JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, se encuentra debidamente ejecutoriada.
24. Así las cosas, por presentarse equivalencia entre la acusación foránea y el juzgamiento en el territorio colombiano, la decisión que adoptará la Corte respecto a la solicitud de extradición de JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ será DESFAVORABLE para los ilícitos de tráfico de narcóticos (por haber participado en el evento del 22 de noviembre de 202019) y concierto para delinquir descrito en los cargos de la acusación formal n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY por los hechos acaecidos “alrededor de abril del 2018 y continuando hasta el 25 de marzo del 2021”.
Finalmente, reconózcasele a JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ, como parte cumplida de la pena impuesta dentro del proceso penal No. 11001600009820138058020, el tiempo que permaneció privado de la libertad por cuenta del presente trámite de extradición.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
EMITE CONCEPTO
DESFAVORABLE para los ilícitos de Posesión, elaboración o distribución de una sustancia controlada y concierto para delinquir descrito en los cargos de la acusación formal n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY por los hechos acaecidos “alrededor de abril del 2018 y continuando hasta el 25 de marzo del 2021”.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
HUGO QUINTERO BERNATE
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERARDO BARBOSA CASTILLO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ibídem, folio 117.
2 Ibídem, folio 40.
3 Artículo 491. Concesión u ofrecimiento de la extradición.
4 Artículo 496. Concepto del ministerio de relaciones exteriores.
5 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425
6 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425
7 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla.
8 Artículo 502. Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición.
9 Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.
10 Ley 1564 de 2012.
11 Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.
12 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla.
13 Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos.
14 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425
15 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425
16 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425
17 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425
18 En similar sentido la providencia CSJ CP, 29 abr. 2020, rad, 55874 y CSJ CP, 24 nov. 2021, rad, 54036
19 Considerando 21.5
20 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202425