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GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
AP3461-2023
Radicación nº 55786
(Aprobado Acta nº 215)
Pereira (Risaralda), diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
ASUNTO
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el procesado FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, abogado titulado, en su propio nombre y representación, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali el 11 de abril de 2019, que confirmó la de primera instancia del 23 de enero de ese año, emitida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con función de conocimiento de la misma ciudad, mediante la cual fue condenado por los delitos de hurto y abuso de confianza, ambos agravados y continuados.
HECHOS
En sentencia del 24 de abril de 2009, el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cali declaró que entre FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA y José Valencia Bermúdez, su tío, existieron contratos de mandato para la administración inmobiliaria de los bienes ubicados en la carrera 15 No. 6-60, calle 9 No. 28-60 y carrera 10 No. 8-30/34/38/42 de Cali, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 370-33775, 370-57612 y 370-228717, respectivamente.
Asimismo, declaró que FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA incumplió los contratos de mandato, motivo por el cual los declaró terminados, al paso que se inhibió para resolver lo atinente a la restitución de los inmuebles. Apelada la decisión, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en fallo del 3 de diciembre de 2013 revocó la última disposición para, en su lugar, ordenar a VALENCIA VALLECILLA entregar al demandante, por medio de sus sucesores procesales, los bienes que le entregó en administración. Confirmó en todo lo demás la sentencia recurrida.
El 23 de junio de 2009, Fanny Valencia de Patrick y Mercedes Valencia de Franco, herederas de José Valencia Bermúdez, interpusieron denuncia contra FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, dado que este, desde el 2009 y hasta el 11 de diciembre de 2013, se apoderó de los cánones de arrendamiento en el entretanto que estuvo vigente el contrato de administración, y desde esa última data hasta el 30 de marzo de 2016, continuó apropiándose de las rentas, pese a que cesó el vínculo contractual, ascendiendo estas a $461.847.850, según dictamen pericial de esa última fecha, suscrito por Deysi Jazmín Espitia López.
ACTUACIONES RELEVANTES
1. El 4 de junio de 2015 ante el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, tras declarar contumaz a FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, la Fiscalía 73 Seccional le formuló imputación como autor del delito de abuso de confianza agravado (arts. 249 y 267 del C.P.).
2. El 29 de julio de 2015 fue radicado el escrito de acusación, pero por el delito de hurto agravado, en concurso homogéneo y sucesivo (art. 239, 241-2 y 31 del C.P.). El 12 de agosto siguiente, convocadas las partes para realizar la audiencia de formulación de acusación, el Juzgado 19 Penal Municipal con función de conocimiento de Cali se declaró incompetente por la cuantía y remitió el proceso al juez del circuito.
3. Asignada la competencia al Juzgado 21 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cali, en audiencia del 4 de abril de 2016, la Fiscalía solicitó al juez declararse incompetente, toda vez que la situación fáctica corresponde a los delitos de abuso de confianza en concurso con hurto calificado de menor cuantía, motivo por el que el asunto fue repartido a los juzgados penales municipales.
4. En audiencia del 19 de mayo de 2016, ante el Juzgado 19 Penal municipal con función de conocimiento de Cali, la Fiscalía expuso que, según dictamen pericial, el valor total de apropiación excede los $150.000.000, por lo que solicitó remitir el proceso a los juzgados penales del circuito.
5. La audiencia de formulación de acusación se celebró el 12 de agosto de 2016, ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con función de conocimiento de Cali, oportunidad en la que la Fiscalía realizó 76 adiciones al escrito de acusación, luego de lo cual acusó a FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA como autor de los delitos de hurto agravado en concurso con abuso de confianza agravado.
6. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016 y 17 de julio de 2017. El juicio oral se realizó en sesiones del 21 de septiembre de 2017 y 2 de marzo de 2018. El 11 de mayo siguiente el juzgado de conocimiento anunció el sentido condenatorio del fallo.
7. El 23 de enero de 2019, el Juzgado 21 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali condenó a FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA a cuarenta y siete (47) meses y veinte (20) días de prisión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor responsable de los delitos de hurto agravado sucesivo y continuado y abuso de confianza agravado y continuado. Asimismo, le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal.
De otra parte, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
8. Con ocasión de la apelación del defensor, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali confirmó el fallo cuestionado, en sentencia del 11 de abril de 2019.
9. El procesado FABIO AFONSO VALENCIA VALLECILLA, obrando como abogado titulado y en su propio nombre, interpuso el recurso extraordinario de casación y presentó la demanda oportunamente. Luego, aún dentro del término de sustentación de los recurrentes, allegó un escrito adicionando dos cargos a los seis ya expuestos en la demanda inicial.
DEMANDA
El recurrente invocó y sustentó ocho (8) causales, sin distinguir entre principales y subsidiarias.
1. “Por desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura, al violarse el Nom Bis in ídem o no ser juzgado dos veces por el mismo hecho así se le dé una denominación jurídica distinta”.
Adujo el censor que por los mismos hechos se adelantó en su contra un proceso penal previo, por el delito de abuso de confianza, con ocasión de la denuncia promovida por las mismas víctimas. Sin embargo, en esa ocasión fue absuelto en sentencia del 29 de enero de 2004, pero en segunda instancia, el fallo fue recovado para declarar, en su lugar, la prescripción de la acción penal.
En ese orden, explicó que aun cuando en esa oportunidad fue juzgado por la supuesta apropiación de los cánones de arrendamiento percibidos desde julio de 1997 y el presente proceso penal se siguió por los dineros recibidos a partir del 2009, sigue existiendo coincidencia respecto de los supuestos fácticos.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó la nulidad de toda la actuación penal.
2. “Por manifiesto desconocimiento de las reglas legalmente establecidas para la apreciación de las pruebas al fundarse la sentencia de segunda instancia en la existencia de un contrato que se demostró que era falso”.
Señaló que el Tribunal tuvo por demostrada la existencia del mandato, respecto de la gestión de los inmuebles, con fundamento en las decisiones proferidas por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, del 24 de abril de 2010 y 3 de diciembre de 2013, respectivamente. No obstante, aseveró que el contrato de administración de bienes, aportado por José Valencia Bermúdez en el proceso civil, es un documento falso, de acuerdo con la pericia documental realizada por el C.T.I. de la Fiscalía.
En esa línea, manifestó que el contrato aducido hacía referencia únicamente al bien ubicado en la carrera 10 No. 8-34/38/42, mas no a todos los demás inmuebles, como fue señalado en la providencia cuestionada.
En consecuencia, reprochó al ad quem haber concluido que entre aquel y el padre de las denunciantes existió un contrato de administración, para confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia, cuando esto es contrario a la realidad. Añadió que en el proceso ordinario civil adelantado por el Juzgado 8º Civil del Circuito de Cali, se ordenó de oficio la remisión del dictamen pericial en comento, el cual también fue introducido al segundo proceso penal, como elemento material probatorio.
Agregó que expuso similares reparos en el recurso extraordinario de casación promovido contra los fallos civiles, por la violación de los artículos 1602, 1603 y 2150 del Código Civil, el cual resultó inadmitido. Incluso, cuestionó que la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali hubiese dispuesto la restitución de los bienes “por causa de un supuesto contrato de mandato”, siendo que esto debió procurarse por un proceso abreviado.
3. “Por desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura, al violarse la plenitud de las formas propias del proceso penal”.
Afirmó que existió una ilegitimidad del querellante, toda vez que, de admitirse la configuración del mandato, era José Valencia Bermúdez quien debió presentar la querella, en su lugar, acudieron las supuestas herederas del occiso, quienes omitieron acreditar si se les había asignado algún derecho respecto de los bienes sobre los cuales se ejerció la aparente administración, siendo que estos figuran a nombre de sociedades con las que aquel no celebró ningún negocio jurídico.
Aunado a lo expuesto¸ adveró que no fue establecida la cuantía de los supuestos injustos, pese a que incidía en la competencia del juez natural.
4. “Por la violación de las garantías fundamentales al debido proceso y la presunción de inocencia”.
En este acápite, el censor reprochó del ad quem haber confirmado la sentencia condenatoria, pese a que en su favor debió aplicarse el principio de indemnización integral como causal de extinción de la acción penal.
Al respecto, recordó que en el traslado del artículo 447 del C.P.P., su entonces defensor expuso que después de anunciado el sentido del fallo radicó una petición, el 17 de julio de 2018, como constancia de haber indemnizado integralmente a las víctimas, en el sentido de devolverles los bienes, transferirles $50.000.000 endosados al apoderado, así como de haber cedido a Fanny Patrick de Valencia los contratos que estaban “en la Litis”.
Agregó que, en esa diligencia, el juez desestimó la solicitud tras verificar que las víctimas no habían concurrido para ratificar la indemnización, al paso que aclaró a su entonces apoderado que aun cuando en la Ley 600 de 2000 se apreciaban dichos documentos, en virtud de la permanencia de la prueba, en la Ley 906 de 2004 la cuestión debía verificarse en audiencia.
El libelista se quejó de que ninguna de las instancias contestara la petición ni realizara labores tendientes a constatar con el apoderado de la víctima si se había materializado la indemnización, para proceder a la aplicación favorable de la figura en virtud del artículo 42 de la Ley 600 de 2000.
Añadió que aportó el documento suscrito por él y las víctimas, a título de reparación integral, en el recurso de apelación, para que el Tribunal le concediera la preclusión de la investigación, con fundamento en las decisiones proferidas por esta Corporación, bajo los radicados 35.946, del 13 de abril de 2011 y 47.990 del 5 de octubre de 2016, y atendiendo a que se cumplían los requisitos para la aplicación de la figura, no obstante, aquel se abstuvo de declarar la extinción de la acción penal.
En consecuencia, solicitó casar la sentencia recurrida y dictar fallo de reemplazo absolutorio en virtud de la indemnización integral o, de advertirse la posibilidad, “decretar la nulidad para que se verifique por parte del funcionario de primera instancia la figura”.
5. “Por la violación de una garantía fundamental de exclusión evidente (falta de aplicación de la ley).
Tras precisar los elementos que componen el tipo penal del hurto calificado y agravado, reiteró los argumentos expuestos en el acápite precedente, en punto a la ausencia de verificación de la indemnización integral por parte de los funcionarios judiciales y del apoderado de víctimas.
6. “Por violación indirecta de la ley sustancial al presentarse error de hecho por falso juicio de identidad -existencia- raciocinio de todas y cada una de las pruebas testimoniales recaudadas en juicio.”
Sobre el cargo, el recurrente aseveró que el juez incurrió en falso juicio de identidad y, en general, en errores de hecho en la apreciación probatoria, porque omitió brindar una respuesta negativa o positiva al mencionado derecho de petición, para, en su lugar, decir que no lo tendría en cuenta, dado que no fue debatido en juicio, acotación con la que le negó el derecho de ser beneficiado por la indemnización integral.
7. “Nulidad por violación al debido proceso y del derecho de defensa, con violación indirecta de la ley sustancial al realizarse un análisis contraevidente o errado de la evidencia material probatorio (sic) en relación con la propiedad y posesión de los bienes que generaron las rentas o arrendamientos objeto de los presuntos delitos.”
En escrito complementario, el censor aseveró que ninguna de las instancias constató si la parte querellante realmente ostentaba el derecho de propiedad sobre los bienes y las rentas que estos generaban.
Sobre el punto, refirió que ha ejercido actos de señor y dueño, sin reconocer derecho o dominio ajeno sobre los inmuebles objeto de disputa, desde hace más de 30 años. Allegó varios folios de matrícula inmobiliaria para señalar, en primer lugar, que sobre el bien ubicado en la carrera 10 No. 8-34/38/42, José Valencia Bermúdez transfirió la nuda propiedad del lote a la sociedad José Valencia y Cía. S. en C.S., mas no el edificio que construyó durante su posesión.
En segundo lugar, acotó que están registradas dos demandas por prescripción adquisitiva del dominio. La primera correspondió al Juzgado 8º Civil del Circuito de Cali, quien concluyó que no había cumplido el tiempo suficiente para adquirir el dominio por usucapión, decisión que fue confirmada por la segunda instancia. No obstante, añadió que de esa decisión es claro que fue poseedor material del bien desde julio de 1997, pese a lo cual, no fue reconocido su derecho aun cuando había cumplido los 10 años de que trata la Ley 791 de 2002.
Por lo señalado, adujo que en el proceso penal no se tuvo en cuenta que, por lo menos, para 2009, fungió como poseedor material de los bienes, como se acotó en las sentencias civiles que le negaron la prescripción adquisitiva, y que por ello no podía incurrir en los delitos de hurto y abuso de confianza.
Cuestionó el demandante que las instancias penales tampoco advirtieran que este figuraba en los certificados de tradición del lote de terreno ubicado en la carrera 15 No. 6 – 60 y del lote y apartamento de la calle 9 No. 28-60 con la nuda propiedad y la posesión material, siendo esto un indicio de que ejercía la posesión material y, por ello, tenía derecho a arrendar los inmuebles en su nombre y recibir los cánones de arrendamiento.
Por lo expuesto, dijo, se le vulneró la presunción de inocencia, toda vez que la Fiscalía omitió la carga probatoria de desvirtuarla, con lo que se pretermitió, además, el artículo 29 de la Constitución Política.
8. “Por manifiesto desconocimiento de las reglas legalmente establecidas para la apreciación de las pruebas, fundándose la sentencia de segunda instancia en una sentencia proferida irregularmente por el Juez 3 Civil del Circuito de Cali, confirmada en igual forma por el Tribunal Superior de Cali – Sala Civil, desconociéndose la existencia de una sentencia ejecutoriada y en firme con anterioridad sobre el mismo proceso 1998-337”.
Para sustentar este cargo, el demandante relató que el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cali, en decisión del 21 de enero de 2008, negó la existencia del mencionado contrato de administración y, con ello, las pretensiones del entonces demandante, José Valencia Bermúdez. Sin embargo, en un acto abusivo y arbitrario, dijo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali “elaboró un escrito a mano alzada dirigido a la Fiscalía en el que desconoció la validez de la sentencia, reconociendo que la firma que aparecía en la sentencia era suya, pero que simplemente «no recordaba haber trabajado en ella», ni funcionarios de su despacho.”, motivo por el que regresó el expediente.
Añadió que el juez de la causa, ante lo sucedido, desconoció su propia sentencia y sin declarar la nulidad o la cesación de sus efectos, emitió otro fallo el 24 de abril de 2009, esta vez, declarando la existencia del referido contrato. Por ello, aseguró que existen dos sentencias proferidas por el mismo juez, hecho al que el Tribunal no prestó atención, al paso que, incurrió en otras vías de hecho, como ignorar sus explicaciones, desconocer las pruebas allegadas que daban cuenta de la falsedad del contrato de administración y adicionar la sentencia recurrida para ordenar la restitución de los bienes.
Agregó que aun cuando interpuso casación contra esa decisión, la Sala de Casación Civil de la Corte desestimó la demanda, por el supuesto incumplimiento de las formalidades del recurso extraordinario, con argumentaciones contradictorias y que parecían resolver de fondo los temas propuestos.
Aclaró que la anterior reseña obedeció a la necesidad de poner en evidencia que previo a la decisión que reconoció el contrato de administración –con fundamento en la cual la Sala Penal del Tribunal confirmó su condena- existió otra sentencia, ejecutoriada y en firme, que lo declaró como poseedor material de los bienes.
En ese orden de ideas, insistió en su petición de casar la sentencia cuestionada, para absolverlo de los delitos acusados.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, la Corte analiza la demanda de casación interpuesta por FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, como abogado titulado y a nombre propio, para determinar si es procedente su admisión.
El recurso de casación es un mecanismo extraordinario por medio del cual la Corte Suprema de Justicia realiza un control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia, con el fin de procurar la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios que se les haya inferido y la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 180 del C.P.P.
Aunque el inciso 3º del artículo 184 siguiente faculta a la Sala Penal de la Corte para superar los defectos de la demanda y decidir de fondo cuando los fines de la casación así lo ameriten, ello no significa que el libelo pueda asemejarse a una intervención de parte, desprovista de todo rigor, con el fin de insistir en temas que ya fueron abordados por los falladores.
Asimismo, es del caso reiterar que la sentencia objeto de la impugnación, que se encuentra revestida de la doble presunción de acierto y legalidad, no puede ser derrumbada de cualquier forma. Por tanto, se requiere un esfuerzo deductivo suficiente, claro, preciso y ordenado, que no se satisface con un simple alegato de instancia.
2. Con fundamento en lo expuesto, la Sala observa que los escritos allegados por el libelista carecen por completo de los presupuestos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia para sustentar debidamente el recurso.
En ese sentido, el artículo 181 del C.P.P. señala con claridad que la casación procede, como control constitucional y legal de las sentencias proferidas en segunda instancia, cuando se afectan los derechos o garantías fundamentales por cualquiera de las cuatro causales allí reseñadas, de manera que se impone al recurrente, como mínimo, invocar alguna de ellas.
Obligación que fue omitida por el censor y que reviste particular trascendencia, puesto que constituye un requerimiento crucial para superar el primer estadio de admisibilidad, con el fin de allanar el camino hacia una decisión de fondo por parte de esta Corte, máxime cuando le está vedado a esta Corporación tener en cuenta causales diferentes a las señaladas por el demandante, menos aún aducirlas de manera oficiosa cuando aquél guarda silencio al respecto, en virtud del principio de limitación.
Con todo, si en gracia a discusión se pudiese superar tan flagrante defecto formal, lo cierto es que el profesional del derecho tampoco expuso argumentos claros, suficientes y coherentes encaminados a censurar determinada incorrección de parte del fallador en la sentencia cuestionada, al paso que faltó al principio de corrección material al confeccionar los aparentes cargos, tal como se expondrá a continuación, respecto de cada uno de ellos:
2.1. En el primer cargo, el demandante aduce el desconocimiento del principio del non bis in ídem, dado que ha sido juzgado en más de una ocasión por los mismos hechos, motivo por el que solicita la nulidad de todo lo actuado.
De lo expuesto, la Sala entiende que el reparo se asemeja al previsto en la causal 2ª del artículo 181 del C.P.P., referida al desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
En ese sentido, se ha precisado en reiterada jurisprudencia que al fundamentar el recurso de casación en la causal segunda, corresponde al demandante sustentar el cargo a partir de los principios que orientan las nulidades, debiendo por ello satisfacer unos presupuestos argumentativos encaminados a identificar el yerro en que incurrió el fallador, las normas que fueron desconocidas, el momento procesal a partir del cual se presentó la incorrección y demostrar que el vicio tuvo tal incidencia en el proceso que es necesaria la invalidación de las diligencias para remediar el entuerto. También corresponde al censor acreditar que no contribuyó con su actuar a la producción de la irregularidad o convalidó con su posterior actuar1.
En ese orden, del escrito aportado por la recurrente se aprecia con claridad que no cumplió con ninguno de los mencionados requisitos.
De hecho, la argumentación expuesta por este para sustentar el reparo resulta contradictoria pues, aunque afirma que fue juzgado por los mismos hechos cometidos en 1997, termina reconociendo que el presente proceso penal se adelantó por circunstancias temporales diversas, es decir, a partir del 2009 y hasta el 11 de diciembre de 2013, por el apoderamiento de los cánones de arrendamiento en el entretanto que estuvo vigente el contrato de administración –en cuanto al abuso de confianza- y desde esa última data hasta el 2016, porque continuó apropiándose de las rentas, pese a que cesó el vínculo contractual –para el hurto-.
Sobre el punto, en la formulación de acusación, la Fiscalía aclaró que unos fueron los hechos ocurridos antes de 1998, por los que, en su momento, el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali declaró la prescripción de la acción penal en decisión del 21 de abril de 2006, y otros los que fueron puestos en conocimiento por la querella radicada en junio de 2009, que dieron lugar al presente proceso.
Situación que se puso de manifiesto en la sentencia de primera instancia -que conforma una unidad inescindible con la de segunda- al indicar:
Como consecuencia de lo anterior se concluye, sin dificultad alguna, que desde el año 1997, fecha en la que el enjuiciado dejo (sic) de cumplir con sus obligaciones de administrador, quedándose con los cánones de arrendamiento recibidos, hasta el 11 de diciembre de 2013, cometió el delito de abuso de confianza agravado por la cuantía y desde allí, hasta marzo de 2016, sabedor el enjuiciado, que por decisión judicial en firme, ya no era el administrador de los bienes y aun así siguió quedándose con los arrendamientos, por lo que su conducta se encuadró en el delito de Hurto Calificado (sic) Agravado Sucesivo y Continuado.
En este punto es importante recalcar, que fue la misma Fiscalía en el escrito de acusación presentado el 29 de julio de 2015, quien reconoció que el Juzgado 11 Penal Municipal, mediante auto del 21 de abril de 2006, prescribió la acción penal en favor del enjuiciado hasta el 24 de enero de 2009, es por lo anterior que en la imputación de cargos que se realizó, en el acápite de los hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía los relato (sic) desde esa fecha, agregando que estos han seguido corriendo de forma permanente y sucesiva.
En consecuencia, surge con claridad que el recurrente no satisfizo ninguno de los presupuestos de la técnica y la lógica para exponer la incorrección que amerita la invalidación de lo actuado por desconocimiento del debido proceso, bien por afectación sustancial de su estructura, ora de la garantía debida a cualquiera de las partes, aunado a que se alejó de la realidad procesal para sustentar el supuesto desconocimiento del non bis in ídem, pese a que, desde los albores del proceso se aclaró, con suficiencia, que los hechos jurídicamente relevantes por los que sería juzgado no coincidían temporalmente con los del proceso penal antecedente.
Por lo reseñado, entonces, el cargo no será admitido.
2.2. Atinente al segundo cargo, aunque se entrevé que el libelista invocó lo que sería la causal 3ª del artículo 181 del C.P.P., al señalar que el ad quem desconoció las reglas de apreciación de la prueba, ninguna precisión hizo sobre si este yerro se habría configurado, bien porque el funcionario judicial desacertó respecto de las normas que regulan el proceso de aducción de los elementos probatorios (error de derecho), o se equivocó al apreciar estos últimos (error de hecho).
Lo cual exige, también, que se precise la prueba sobre la cual se depreca, la modalidad de defecto se repite, si es de hecho -falso juicio de existencia o identidad o falso raciocinio- o de derecho -falso juicio de legalidad o de convicción- y cuál es su trascendencia en el fallo adoptado, aspectos que el demandante no mencionó al sustentar el reparo.
En su lugar, encaminó el reproche a suscitar un debate que excede el cometido del proceso penal seguido en su contra, pues la existencia del contrato de mandato entre FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA y José Valencia Bermúdez ya había sido definido por la especialidad civil, mediante decisiones que cobraron ejecutoria y conservan plena validez, como lo destacó el Tribunal al pronunciarse sobre los reparos que el ahora demandante postuló en la apelación, en torno a la relación contractual:
Sea lo primero señalar que en efecto no hay duda y así quedó demostrado en el juicio oral, de un lado, que entre el señor JOSE VALENCIA BERMUDEZ y el aquí procesado, se celebraron sendos contratos de mandato para la administración inmobiliaria respecto de los bienes inmuebles con matricula inmobiliaria No. 370-33775, 370-57612 y 370-228717, y, de otro lado, que el señor VALENCIA VALLECILLA ostentaba la calidad de mandatario para la administración inmobiliaria de dichos inmuebles.
De ahí que no fuera posible afirmar lo contrario, como aún lo sigue alegando el aquí procesado dentro del presente asunto, al seguir planteando la inexistencia del contrato de mandato y que por tanto no era mandatario, pues ya quedó zanjada esa discusión en la Jurisdicción Civil y por tanto dichos aspectos quedaron claros, en tanto que, tal y como lo expuso el testigo de cargo Edgar Javier Navia Estrada, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Cali en abril del año 2009 resolvió:
“…se declara que entre el señor JOSE VALENCIA BERMUDEZ, en calidad de mandante, y FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, en calidad de mandatario se celebraron sendos contratos de mandato para la administración inmobiliaria respecto de los bienes inmuebles ubicados en la carrera 10 No. 30/34/38/42, carrera 15 No. 6-60… calle 9 No. 28-60 de Cali…”. “Se declara que el señor FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, en su calidad de mandatario, incumplió los contratos de mandato para la administración inmobiliaria celebrados con el señor JOSE VALENCIA BERMUDEZ, respecto de los inmuebles ubicados en la carrera 10 Nos. 8-30/34/38/42, carrera 15 No. 6-60… calle 9 No. 28-60 de Cali… relaciones contractuales que se declaran terminadas”. (min. 58:50)
Esa decisión de primera instancia fue recurrida y el pronunciamiento que al respecto se emitió por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, también fue dado a conocer por parte del testigo Edgar Javier Navia Estrada, quien manifestó que aquella providencia fue expedida en diciembre de 2013 y en su parte resolutiva se expuso:
“Primero. Confirmar los puntos 1º y 2º que se refiere a la existencia del contrato y a su incumplimiento y terminación, pero además revocó el punto 3º y ordenó la entrega de los bienes…”. (min. 01.05.51).
Sentencia que actualmente se encuentra ejecutoriada en tanto que (sic) el recurso extraordinario de casación interpuesto por Fabio Valencia Vallecilla fue rechazado en septiembre u octubre de 2016 (min. 01.08.34, 01.10.49), y aun cuando éste presentó recurso de reposición e incluso acción de tutela contra esa decisión de la Alta Corporación, las mismas no prosperaron.
Ante lo expuesto, surge evidente que el libelista pretende con la presente demanda de casación, abordar, una vez más, discusiones que tuvieron lugar, pero en curso del proceso civil ordinario del radicado 76001310300319980033700, como la supuesta falsedad del documento denominado “contrato de administración”, aportado por el demandante, así como la inclusión en este de la gestión correspondiente al inmueble ubicado en la carrera 10 No. 8-34/38/42, temas que no se corresponden con la competencia de esta Sala.
Sumado a lo anterior, los reseñados aspectos, tal como lo destacó el ad quem, fueron resueltos de manera definitiva en esa oportunidad por la especialidad civil, luego, habiendo sido declarado, con fuerza de cosa juzgada, que se configuró el contrato de mandato entre el procesado y el afectado, de ahí que, ninguna incorrección se advierte en que la Sala Penal del Tribunal de Superior de Cali haya tenido por demostrado el título no traslativo de dominio en el delito de abuso de confianza, a partir de esas decisiones judiciales.
Por ende, comoquiera que este cargo desatendió las reglas de la técnica y debida sustentación de la violación indirecta de la ley sustancial, al paso que alude temas ajenos al recurso incoado, también será desestimado.
2.3. El demandante expuso el tercer cargo como si se tratase de una alegación de instancia. Aunque refirió la supuesta violación de la plenitud de las formas propias del proceso penal, no precisó en qué consistió el yerro ni cómo este incidió de manera relevante en la efectividad del debido proceso.
b) Aunque el abuso de confianza es un delito querellable, el hurto cuya cuantía excede los 150 s.m.l.m.v., no lo es, de acuerdo a lo reglado en el artículo 74 del C. de P.P. y por tanto la investigación pudo iniciarse de manera oficiosa, no obstante, recuérdese que quien interpuso la denuncia penal, fue el Doctor Edgar Javier Navias Estrada, apoderado judicial de las señoras FANNY VALENCIA DE PATRICK y MERCEDES VALENCIA DE FRANCO, hijas de JOSE VALENCIA BERMÚDEZ, y socias de JOVALCA S.A. y de la denominada José Valencia sociedad en comandita simple en liquidación, sociedades a las cuales Valencia Bermúdez en vida transfirió la propiedad de los inmuebles objeto de la Litis. De ahí que la legitimidad esté plenamente establecida.
De hecho, en la sentencia de primera instancia se recordó que, en la audiencia preparatoria, las partes estipularon que FANNY VALENCIA DE PATRICK y MERCEDES VALENCIA DE FRANCO son hijas de José Valencia Bermúdez, hecho con sustento en el cual se tuvo por demostrado que habiendo fallecido este, sus herederas se constituían en querellantes legítimas, en virtud del inciso 1º del artículo 71 original de la Ley 906 de 2004, luego, pretender cuestionar este tema, en sede de casación, también pretermite el principio de corrección material.
Lo expuesto, atiende, igualmente, la acotación incluida por el demandante bajo la misma enseña, consistente en que no fue establecida la cuantía, pese a que incidía en la competencia del juez natural, pues contrario a su dicho, en la sentencia confutada se destacó:
a) La competencia en razón a la cuantía que sobrepasa los 150 S.M.L.M.V. es adjudicada a los Jueces Penales del Circuito – arts. 36 y 37 de la Ley 906/04-, y aun cuando el procesado considere que a la cuantía establecida en el proceso ($461.847.850) se le debió deducir los gastos que tuvieron esos inmuebles; en el presente asunto esos gastos no existieron en tanto que los mismos no fueron demostrados ni por la Fiscalía ni por la defensa, al punto que fue la misma perito Deisy Jazmín Espitia López, contadora pública, quien dio a conocer que en aras de establecer no solo los ingresos sino también los egresos a efectos de realizar un estudio contable con dichas cifras, al preguntar al abogado de Fabio Alfonso Valencia Vallecilla sobre esos gastos, éste no suministró ninguna información.
De ahí que, al no existir gastos, la cuantía en este proceso se determinó con lo indicado en aquel informe pericial, el cual sobrepasa en gran manera los 150 s.m.l.m.v. que expone el legislador.
En esa línea, pretermite el recurrente la realidad procesal al aseverar que no se estableció la cuantía para fijar la competencia, siendo que esta cuestión repercutió en varias manifestaciones de incompetencia, como se pone de presente en los antecedentes procesales, hasta que, gracias a la experticia en comento, se radicó el conocimiento del asunto en el Juzgado 21 Penal del Circuito con función de conocimiento de Cali, que profirió la sentencia condenatoria de primer grado.
Por tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
2.4. En el cuarto, quinto y sexto cargo –similares temáticamente-, el demandante aseveró que las instancias vulneraron su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, por haberse abstenido de contestar la petición radicada el 17 de julio de 2018 y de reconocer que había indemnizado integralmente a las víctimas, como se acreditaba con el legajo, para que se declarara la extinción de la acción penal en su favor, por aplicación del artículo 42 de la Ley 600 de 2000.
Sobre lo reseñado, al igual que se ha sostenido respecto de los cargos antecedentes, el procesado recurrente no realizó ningún esfuerzo por postular los reproches en el marco de las causales del artículo 181 del C.P.P., de conformidad con los requerimientos técnicos y argumentativos que caracterizan cada supuesto. En lugar de ello, hizo una serie de manifestaciones en contra del proceso penal y las decisiones de instancia que se avienen más a una alegación de parte. Motivo suficiente para inadmitir los referidos cargos.
Aunado a esto, no pasa desapercibido para la Sala que, nuevamente, el demandante parte de un hecho falaz para dar sustento a sus reparos, de cara a lo que enseña la realidad procesal.
En efecto, no es cierto que en petición del 17 de julio de 2018 su entonces apoderado hubiese acreditado la indemnización integral a las víctimas ni que, en consonancia con ello, solicitara la extinción de la acción penal, en virtud del artículo 42 de la Ley 600 de 2000, al paso que tampoco lo es que las instancias hayan guardado silencio al respecto.
En el mencionado documento, el defensor Martín Vicente Burbano Torres y el apoderado de las víctimas Edgar Javier Navia Estrada solicitaron al Juzgado 21 Penal del Circuito con función de conocimiento suspender la audiencia de lectura de fallo programada para el 19 de julio de 2018 “atendiendo a que en este momento las partes están realizando diferentes desistimientos ante los procesos que se están cursando en la Jurisdicción Civil, así dar por terminados estos procesos por acuerdo entre las partes”. Añadieron que “dándose la respectiva reparación a las víctimas y cumpliendo con lo fundamental del derecho penal que Justicia reparación (sic) y verdad, consideramos pertinente la anterior solicitud”.
De lo reseñado, es claro para la Sala que la petición no propendía por el reconocimiento de la indemnización integral como supuesto para declarar la terminación del proceso, como lo asevera el casacionista en la demanda, sino procurar el aplazamiento de la audiencia de lectura del fallo condenatorio que tendría lugar en los dos días subsiguientes. Pretensión a la que accedió el juez de conocimiento, cuando mediante constancia secretarial del 19 de julio de 2018 dispuso no llevar a cabo la diligencia, en atención a la petición de los mencionados sujetos procesales, para luego fijar como nueva fecha, el 6 de septiembre siguiente.
Con todo y en virtud a la solicitud de impulso radicada por el apoderado de las víctimas, Edgar Javier Navia Estrada, el 11 de diciembre de 2018, se realizó la lectura de fallo el 23 de enero de 2019, inicialmente, gracias a la asistencia de un defensor público quien debió retirarse por haber arribado el representante de confianza del procesado, Martín Vicente Burbano. A esta diligencia no asistió el representante de víctimas.
Ahora, es del caso destacar que durante el traslado del artículo 447 del C.P.P., el defensor solicitó al juez de conocimiento tener en cuenta ‘unos memoriales’ que se hicieron llegar al despacho, en los que “se le hizo una indemnización integral a las víctimas e incluso se hizo una transacción de más de $50.000.000 que se le endosó al señor, al representante de la víctima, al doctor Navia y los diferentes contratos que estaban dentro de la Litis de este proceso, se le endosaron a las víctimas (…) y se mire como un atenuante en el caso que nos ocupa”2. Frente a lo cual, el juez contestó que esa clase de solicitudes debía verificarse en audiencia y de manera oral, por consiguiente, como el representante de víctimas no había asistido, la veracidad y satisfacción de los interesados no se podía constatar. Acto seguido, dio lectura de la sentencia condenatoria.
Impugnada la decisión por la defensa y el procesado, atinente a la figura de la indemnización integral, el Tribunal acotó:
Sostienen los recurrentes la necesidad de dar aplicación por favorabilidad, a lo consagrado en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, en tanto que (sic) a su consideración se ha indemnizado integralmente a las víctimas, puesto que tanto el acusado como el representante de las víctimas llegaron al acuerdo de dar por terminado todos los procesos civiles y penales, debido al reintegro de todos los bienes a las víctimas y el traslado, tanto de diferentes títulos valores por un valor de $50.000.000, como de los contratos de los bienes que se encontraban en la Litis.
(…)
Así las cosas, se tiene que en sub examine no concurren los requisitos de rigor descritos en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, por cuanto no se ha acreditado que las víctimas han sido reparadas integralmente respecto de los daños materiales y morales derivados del hecho, así como tampoco se ha manifestado por parte del representante de las víctimas ni por las mismas víctimas el haber sido indemnizadas integralmente por el procesado FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA.
Y aun cuando obra en la carpeta a folios 43 a 45, una especie de memorando de obligaciones, del cual dice el recurrente que ello se reputa como una indemnización integral, lo que avizora la Sala es que el mismo obedece a una especie de obligaciones que suscriben tanto el procesado como el representante de víctimas, donde:
* El procesado se obliga a, entre otras cosas, entregar la totalidad de los contratos de arrendamientos que existan sobre los bienes inmuebles que fueron objeto de restitución por orden judicial, y, suscribir un contrato dirigido al Juzgado 4 Civil del Circuito de Cali para que se le haga la entrega de la totalidad de los dineros depositados en dicho juzgado por cuenta de cánones de arrendamientos depositados de aquellos bienes.
* El representante de víctimas, se obliga entre otras cosas, a que, una vez el procesado cumpla con sus obligaciones, manifestarle al Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali en conjunto con la defensa y las víctimas, “que renuncian a la indemnización y/o que declaran que con la entrega de los bienes cesan los perjuicios y/o que declaran que existe una indemnización integral.”
Sin embargo frente al cumplimiento de dichas obligaciones no existió corroboración o verificación, fundamentalmente de parte de las víctimas, a efectos de establecer si efectivamente se configuró ese presupuesto que permite la aplicación de aquel canon procesal alegado, de ahí que no pueda establecerse a ciencia cierta que existió la indemnización integral a la que alude el recurrente, descrita en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000.
Quiere decir lo anterior, entonces, que el recurrente faltó a la realidad procesal cuando aseguró, categóricamente, que indemnizó integralmente a las víctimas, por el contrario, solo dio cuenta en el trámite procesal de un memorial de entendimiento, suscrito con el apoderado de estas, contentivo de compromisos adquiridos por ambas partes, cuya materialización no fue acreditada en el proceso.
De hecho, advierte la Sala que aun cuando estos solicitaron el 17 de julio de 2018, la suspensión de la audiencia de lectura de fallo para procurar arribar a un arreglo en punto a la cuestión en comento, ya para diciembre de ese mismo año, el representante de las víctimas insistió en la realización de la diligencia, por la supuesta intención del defensor de dilatar el trámite, a partir de lo cual se infiere que el acuerdo convenido no se cumplió, máxime cuando pasados seis meses, contados desde la fecha inicial de la lectura del fallo hasta cuando se llevó a cabo la diligencia, ninguna otra manifestación realizó el entonces defensor, el abogado de las víctimas o el mismo procesado encaminada a poner de manifiesto que aquellas habían sido efectivamente indemnizadas.
En consecuencia, dada la indebida postulación de los reparos, carentes de los presupuestos lógicos y técnicos característicos de cada causal de casación, así como la manifiesta falta de correspondencia con lo sucedido en el proceso penal, los reparos aducidos en los numerales cuatro, cinco y seis de la demanda serán inadmitidos.
2.5. En el séptimo y octavo cargo, adicionados por el procesado en escrito complementario, este se quejó de que el Tribunal no hubiese advertido que ostenta la condición de poseedor material sobre los inmuebles, con fundamento en la cual podía percibir los frutos y rentas de éstos, sin incurrir en los delitos de abuso de confianza agravado y hurto agravado.
Ante lo expuesto, nuevamente, el recurrente omitió precisar en el marco de cuáles causales de casación, de las previstas en el artículo 181 del C.P.P. sustentó el reproche, de manera que, igualmente, pretermitió los presupuestos técnicos que para cada una de ellas ha reiterado la jurisprudencia, de acuerdo con su naturaleza y finalidad.
Es más, en el séptimo reparo, aunque cuestionó la valoración probatoria del fallador –como si se tratase de una violación indirecta de la ley sustancial-, terminó solicitando la invalidación del trámite por afectación al debido proceso y el derecho de defensa, sin concretar, por demás, en qué consistió la vulneración, luego, el cargo como fue planteado es incomprensible.
Mientras que, en el octavo, dio cuenta de unas supuestas irregularidades en las que incurrió el titular del Juzgado 3º Civil del Circuito de Cali antes de proferir la decisión del 24 de abril de 2009 -que declaró la existencia, incumplimiento y culminación del contrato de mandato entre aquel y la víctima-, dado que, previamente, había emitió otro fallo en el que resolvió las pretensiones en sentido contrario, al parecer, ratificando su calidad de poseedor material de los inmuebles.
Con todo, de la sentencia cuestionada, se observa que la Sala Penal del Tribunal sí tuvo en consideración la posesión material aducida por el acusado, distinto es que no le haya brindado la credibilidad esperada por este, pues con fundamento en los fallos proferidos en el proceso ordinario civil por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cali -24 de abril de 2009- y la Sala Civil del Tribunal de la misma ciudad -3 de diciembre de 2013-, dio mayor valor suasorio a que entre FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA y José Valencia Bermúdez medió un vínculo de mandato, en virtud del cual, el procesado no podía apropiarse de los cánones de arrendamiento sobre los bienes respecto de los cuales ejercía la administración, ni apoderarse, culminada la relación contractual, de los que siguiera percibiendo con ocasión de esta.
Así lo acotó expresamente el ad quem, tras reseñar las declaraciones de los testigos de descargo, al decir:
De esa respuesta se extracta y confirma que en efecto lo que sucedió en este asunto, tal y como quedó probado ante la Jurisdicción Civil, es esa relación de mandante y mandatario que existía entre José Valencia Bermúdez como mandante y Fabio Alfonso Valencia Vallecilla como mandatario, donde en efecto concurría esa confianza para que éste último administrara los bienes del primero. Pues como lo afirmara la testigo de descargo prenombrada, “JOSÉ VALENCIA todo se lo confiaba a él”.
Por ende, no habiendo prueba cierta alguna que indique lo contrario, y, siendo el procesado Valencia Vallecilla un profesional en derecho, conocía que la titularidad de esos bienes en efecto estaban a nombre del señor JOSE VALENCIA BERMUDEZ, lo que impedía apropiarse de sus frutos civiles.
Y lo afirmado por los testigos de descargo frente a que FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA es el poseedor material de esos bienes en tanto que ejerce actos de señor y dueño sobre los mismos, riñe y contraría lo que ya quedó resuelto en la Jurisdicción Civil de cara a que VALENCIA VALLECILLA fue sólo mandatario de JOSE VALENCIA BERMUDEZ para la administración de los bienes de su propiedad.
Aunado a lo expuesto, no pasa desapercibido para la Sala que el procesado refirió varios elementos materiales probatorios que no fueron solicitados, decretados ni practicados en el proceso penal, como las sentencias emitidas en un proceso de prescripción adquisitiva del dominio por el Juzgado 8º Civil del Circuito de Cali y la segunda instancia –cuyo radicado y fechas no se indicaron-, así como los certificados de tradición del lote de terreno ubicado en la carrera 15 No. 6 – 60 y del lote y apartamento de la calle 9 No. 28-60 –que el libelista aportó con la demanda de casación.
Proceder que resulta abiertamente impertinente en sede del recurso extraordinario de casación, pues ante su naturaleza de control de legalidad y juridicidad, no es el escenario para aducir nuevos elementos de convicción que no fueron conocidos por las instancias.
En esa misma línea, el procesado aseguró que el ad quem tuvo como sustento una sentencia proferida irregularmente por el Juez 3 Civil del Circuito de Cali y confirmada, en igual forma, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el 3 de diciembre de 2013. Sin embargo, comoquiera que esta situación fue expuesta por el mismo demandante ante la Sala de Casación Civil que, en decisión del 10 de octubre de 2016, tuvo por indebidamente postulado el cargo y lo desestimó, no es este el escenario para revivir dichos debates.
Por consiguiente, estos cargos no están llamados a prosperar.
3. Como queda visto, la demanda presentada por FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, como abogado titulado y en su propio nombre, no reúne los requisitos necesarios que conduzcan a su admisión y trámite correspondiente, al paso que la Sala tampoco observa motivos que conlleven superar sus defectos u obliguen a intervenir en protección de las garantías del procesado o los fines de la casación, razones suficientes para disponer su inadmisión.
4. Finalmente, contra la determinación que se adopta procede el mecanismo de insistencia previsto en el inciso segundo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuyo trámite a falta de regulación legal es el señalado por la Sala en el auto de diciembre 12 de 2005, radicación 25006.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en Sala de Casación Penal,
RESUELVE
1. Inadmitir la demanda de casación presentada por FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA, como abogado titulado y en su propio nombre.
Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia contemplado en el inciso segundo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
HUGO QUINTERO BERNATE
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 CSJ AP, 15 sep. 2021, rad. 55272
2 Audiencia de lectura de fallo del 23 de enero de 2019. Record: CP_0123103614690. Minuto: 10:42:32 a 10:43:31