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DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado ponente
STP16951-2022
Radicación n° 127853
Acta 293.
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
ASUNTO
La Sala resuelve la impugnación presentada por el accionante José Rodrigo Hueso Rojas, frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, mediante el cual negó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Calarcá y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia.
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
De la información recaudada, se advierte que el 1° de mayo de 2019, a las 03:00 pm, en el sector Los Pinos de la vereda Sierra Morena, en el kilómetro 14 de la vía que de Armenia conduce a Ibagué, personal de la Policía Nacional realizó la señal de «PARE» a un vehículo de servicio público de placas TSW-693. Acatado el mensaje, los policiales solicitaron autorización al chofer para ingresar al rodante, tomar antecedentes de los pasajeros y verificar equipaje de mano.
En el asiento número 3 del automotor se encontraba José Rodrigo Hueso Rojas, quien accedió voluntariamente al registro de su maleta de viaje, en cuyo interior contenía una «sandía, con un peso exagerado». Al ser examinada detenidamente por los agentes, percibieron que contenía en su interior una sustancia, que al ser sometida a la prueba PIPH dio resultado positivo para cocaína y sus derivados con un peso de 12.011 gramos.
Con ocasión a ello, el actor fue condenado, vía preacuerdo, a 84 meses de prisión por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, tras hallarlo responsable de la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, en sentencia de 13 de febrero de 2020. Fue negada en su favor la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El pacto aprobado consistió en la aceptación de responsabilidad del referido reato, a cambio del reconocimiento de la circunstancia de marginalidad contenida en el artículo 56 de la Ley 599 de 2000.
El demandante pidió la libertad condicional, pero fue negada por el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Calarcá, en auto de 18 de agosto de 2022. Tal decisión fue apelada por el interesado. En respuesta, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia la confirmó, en proveído de 18 de octubre de 2022.
José Rodrigo Hueso Rojas protesta que las referidas decisiones incurrieron en indebidas valoraciones, porque se basaron en la gravedad de la conducta, así como en falencias en la fundamentación fáctica, jurídica y probatoria. Por ende, solicita el amparo de la garantía fundamental invocada. En consecuencia, se deje sin efecto ambas decisiones, con la finalidad de que se ordene a los falladores convocados a que emitan un nuevo pronunciamiento, donde se conceda la anhelada libertad condicional.
FALLO RECURRIDO
La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia negó el amparo invocado. Consideró que las providencias censuradas se encuentran cimentada en criterios de razonabilidad, compatibles con la interpretación armónica y coherente, frente a la normatividad que regula el debate jurídico sometido a consideración de los falladores accionados, sin que ello constituya alguna arbitrariedad.
De otro lado, llamó la atención a los jueces convocados, quienes indicaron que «se estudiaría nuevamente el pedimento cuando se haya descontado siquiera el 70% de la pena, que para el caso equivalen a 58 meses y 24 días de prisión». Al respecto, el A quo constitucional explicó lo siguiente:
Finalmente, resalta la Sala que el elemento objetivo para la concesión del subrogado de la libertad condicional es exclusivamente las tres quintas partes o dos terceras partes, según el caso, cualquier otra interpretación es inadmisible constitucionalmente.
Por tanto, el entendimiento de esta Corporación es, que la libertad condicional se debe volver a evaluar de acuerdo con los avances en el tratamiento penitenciario, la valoración de la conducta y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el artículo 64 del Código Penal.
Así mismo, los factores objetivos son los establecidos por el legislador y los jueces de la república no están habilitados para imponer cargas adicionales que la ley no exige. Por tanto, teniendo en cuenta que las decisiones de los jueces de ejecución de penas no hacen tránsito a cosa juzgada material, a petición de parte o de oficio, quienes vigilan las sanciones penales están obligados a estudiar nuevamente la solicitud de libertad condicional incoadas sin necesidad de tener en cuenta los avances del 60, 70 u 80% o cualquier otro de ejecución de la pena, diferente al establecido por el legislador. (Énfasis propia del texto)
IMPUGNACIÓN
Fue presentada por la libelista, quien reiteró los argumentos que nutrieron la demanda de amparo.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra el fallo de tutela emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, al ser su superior jerárquico, según el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
Determinar si el A quo constitucional acertó al no conceder el amparo invocado por José Rodrigo Hueso Rojas, al establecer que los autos emitidos por los Juzgados 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Calarcá y Penal del Circuito Especializado de Armenia, concernientes a la negativa de la libertad condicional solicitada por el implicado y confirmatoria de tal providencia, respectivamente, fueron razonables desde los puntos de vista normativo y probatorio.
Solución
Análisis de los requisitos genéricos
En el caso bajo estudio, se advierte que (i) trata sobre un asunto de relevancia constitucional, pues se invoca la protección de derechos fundamentales que se denuncian quebrantados a partir del ejercicio de funciones propias de la administración de justicia; (ii) fueron agotados los recursos ordinarios procedentes frente a la determinación cuestionada; (iii) no ha habido tardanza en la presentación de la demanda de amparo, porque la decisión que confirmó la negativa de la libertad condicional fue adoptada el 18 de octubre último; (iv) se efectuó una especificación detallada de los hechos que motivaron el origen de este trámite constitucional; (v) el presunto desconocimiento de la referida garantía judicial fue determinante para arribar a la citada conclusión; y (vi) las providencias recurridas no se tratan de una sentencia de tutela.
Superado los requisitos genéricos, procedemos al siguiente estudio.
Inexistencia de defecto específico
En cuanto a la libertad condicional, la encargada de la guarda y supremacía de la Constitución señaló, en pronunciamiento CC C-757 de 2014, que el primer inciso del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, luego de la modificación introducida por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, es exequible a la luz de los principios del non bis in ídem, juez natural (C.P. art. 29), separación de poderes (C.P. art. 113) y tampoco vulnera la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno.
En ese sentido, la misma Corporación condicionó la interpretación para conceder o negar el referido subrogado, en sentencia CC C-194 de 2005. Estableció que debe tenerse en cuenta las «circunstancias, elementos y consideraciones efectuadas por el juez en la sentencia condenatoria», sean estas favorables o desfavorables al condenado. Este criterio jurídico ha orientado las decisiones de los jueces de ejecución de penas, incluida esta Colegiatura en sede de tutela (Ver, entre otras, CSJ STP1950-2017, 14 feb. 2017, rad. 90017 y STP2039-2021, 18 feb. 2021, rad. 114803)
Por consiguiente, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad analizará los requisitos para la procedencia de la libertad condicional, previa valoración de la conducta punible, labor que no excluye la apreciación de la gravedad de las acciones u omisiones materializadas por el reo, tal y como quedó registrado en el fallo condenatorio (CSJ STP, 27 ene. 2015, rad. 77312, reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STP9871-2019, 22 jul. 2019, rad. 105452).
Igualmente, deberá sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario (CC C-233 de 2016, T-640/2017 y T-265/2017; y CSJ STP 15806-2019, 19 nov 2019, rad. 107644; STP10556-2020, 24 nov 2020, rad. 113803).
También se destaca que la Sala de Casación Penal, en recientes decisiones, amplió aún más la concepción imperante acerca de la valoración de la conducta punible en la fase de la ejecución de la pena al momento de decidir una solicitud de libertad condicional (CSJ AP2977-2022, rad. 61471, 12 jul. 2022), al explicar:
28. Esta Sala, en la sentencia de tutela STP15806-2019, Radicado 683606, se refirió a los fines que debe perseguir la pena, de la siguiente manera:
(…) la pena no ha sido pensada únicamente para lograr que la sociedad y la víctima castiguen al condenado y que con ello vean sus derechos restituidos, sino que responde a la finalidad constitucional de la resocialización como garantía de la dignidad humana.
(…)
Así, se tiene que: i) en la fase previa a la comisión del delito prima la intimidación de la norma, es decir la motivación al ciudadano, mediante la amenaza de la ley, para que se abstenga de desplegar conductas que pongan en riesgo bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal; ii) en la fase de imposición y medición judicial debe tenerse en cuenta la culpabilidad y los derechos del inculpado, sin olvidar que sirve a la confirmación de la seriedad de la amenaza penal y a la intimidación individual; y iii) en la fase de ejecución de la pena, ésta debe guiarse por las ideas de resocialización y reinserción sociales3.
Con fundamento en ello, la misma corporación concluyó que:
i) No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal (…) ii) La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas; iii) Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización (…).
Lo anterior, está indicando que el solo análisis de la modalidad o gravedad de la conducta punible no puede tenerse como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal, como pareció entenderlo el A quo, al asegurar que «no se puede pregonar la procedencia del beneficio denominado Libertad Condicional, pues ese pronóstico sigue siéndole desfavorable, en atención a la valoración de la conducta, circunstancia que no cambiará, (…) su comportamiento delictivo nació grave y no pierde sus características con ocasión del proceso de resocialización y rehabilitación dentro del tratamiento penitenciario»
Por el contrario, se ha de entender que tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad actual y los antecedentes de todo orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social; por lo que en la apreciación de estos factores debe conjugarse el «impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes.
En similar sentido, en decisión más reciente que la anterior (CSJ AP3348–2022, rad. 61616, 27 jul. 2022), esta Corporación, asimismo expuso:
Toda conducta punible es considerada un acto grave contra la sociedad, al punto que el legislador reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas, ella afecta los valores que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas, además del daño privado, el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal, necesarias para la convivencia pacífica.
La condición de grave o leve de una infracción delictiva da lugar a intensos e inacabados debates. Nadie ha de negar que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza –o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva–, implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social, verbigracia, los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida, la integridad personal, la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos, lo que de contera genera unánime rechazo social. Sin embargo, ello no soluciona la problemática a la hora de calificar el injusto.
La praxis judicial enseña que en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad –todas válidas si se quiere–, una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla, pero en el fondo sólo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida las razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que determinado proceder debía ser objeto de represión por el Estado.
La previa valoración del injusto típico introduce a la discusión argumentos de índole subjetivo que en nada contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal.
Por ejemplo, cómo negar la percepción y el reclamo del menor de edad, quien considera sumamente grave el hecho que sus ascendientes, sin justa causa, no provean los alimentos necesarios para su subsistencia (inasistencia alimentaria), o el del padre o madre cabeza de familia a la que hurtan su humilde venta de golosinas, que por su situación económica constituía el único medio de ingreso económico del núcleo familiar. Y la lista sería interminable si se pretendiera continuar el ejercicio casuístico.
Algunos argumentan que un criterio que permite identificar la gravedad del delito está dado por la severidad de la pena a imponer. No obstante, nuevamente la práctica judicial enseña lo contrario, en virtud de un fenómeno que ha dado en llamarse hiperinflación o populismo punitivo, producto de la irreflexiva política criminal colombiana4, que en la vehemente búsqueda de encontrar en el derecho penal la solución a todos los problemas de la sociedad, simplemente ofrece sanciones graves, retribución –por no decir venganza– y castigos ejemplarizantes, dejando de lado la noción de resocialización y acercándose en mucho a criterios de segregación y exclusión del penado del entramado social.
Importa acotar que la Sala, por obvias razones, no se refiere a aquellas conductas que el propio legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, excluyó del subrogado de la libertad condicional, asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional en sentencia CC C–073–2010, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, «[p]or la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones».
En su decisión, el alto Tribunal Constitucional explicó que, en punto de concesión de beneficios penales: (i) el legislador cuenta con amplio margen de configuración normativa, manifestación de su competencia para fijar la política criminal del Estado, (ii) se ajustan, prima facie, a la Constitución Política, las medidas legislativas que restrinjan la concesión de beneficios penales en casos de delitos considerados particularmente graves para la sociedad o que causan un elevado impacto social y, (iii) el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales en materia de combate contra el terrorismo, razón de más para que el legislador limite la concesión de beneficios penales en la materia.
En la sentencia en cita, también se recordó que el legislador ha limitado igualmente el reconocimiento de beneficios penales para los casos de conductas punibles que considera particularmente graves en función, por ejemplo, de la calidad de la víctima, verbigracia, el caso del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 «[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia», norma que contiene diversas restricciones, algunas de las cuales las consideró ajustadas a la Carta Política (Cfr. CC C–738–2008).
Por ello, precisó que «[e]l legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional».
Las anteriores enseñanzas han sido reiteradas en las sentencias CC T–019–2017 y T–640–2017 –posteriores a la Ley 1709 de 2014– en las cuales explicó que el juez de ejecución de penas, a efectos de conceder el subrogado de libertad condicional, debe revisar: (i) si la conducta fue considerada especialmente grave por el legislador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y 199 de la Ley 1098 de 2006 y, (ii) solo si esto es viable, es decir, si aplicado ese filtro resulta jurídicamente posible la concesión del subrogado, por no estar prohibido por la normatividad legal, debe verificarse el lleno de todos los requisitos exigidos en el canon 64 del Estatuto Punitivo, sin detenerse en el solo estudio de la conducta delictiva.
Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible, solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por dicho motivo, como sucede con los previstos en los artículos 26 de la Ley 1121 y 199 de la Ley 1098 de 2006, pues, como se dijo en la decisión CSJ STP15806–2019, 19 nov. 2019, rad. 107644, atrás citada, «no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos»
El artículo 64 del Código Penal (modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014), con la exequibilidad condicionada declarada por la Corte Constitucional en la sentencia CC C–757–2014, enseña que la finalidad del subrogado de la libertad condicional es permitir que el condenado pueda cumplir por fuera del centro de reclusión parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia, cuando la conducta punible cometida, los aspectos favorables que se desprendan del análisis efectuado por el juez de conocimiento en la sentencia –en su totalidad–, el adecuado comportamiento durante el tiempo que ha permanecido privado de la libertad y la manifestación que el proceso de resocialización ha hecho efecto en el caso concreto –lo cual traduce un pronóstico positivo de rehabilitación–, permiten concluir que en su caso resulta innecesario continuar la ejecución de la sanción bajo la restricción de su libertad (artículo 64 numeral 2° del código penal).
Sólo de esa forma se hace palpable la progresividad del sistema penitenciario, cuya culminación es la fase de confianza de la libertad condicional, que presupone la enmienda y readaptación del delincuente y efectiviza su reinserción a la sociedad, lográndose la finalidad rehabilitadora de la pena.
La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias.
Por supuesto, sólo el primer enfoque posee efectos personales y sociales favorables al condenado, toda vez que persigue objetivos de prevención especial cifrados en la confianza en neutralizar el riesgo de reincidencia criminal a través de la incorporación del infractor a la sociedad. Al paso que el segundo pretende alcanzar objetivos preventivos, pero a través de la exclusión del delincuente del conglomerado social.
Una lectura diferente de lo pretendido por el legislador y de lo definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de la norma en cuestión: (i) la aleja del talante resocializador de la pena, (ii) desvirtúa el componente progresivo del tratamiento penitenciario, (iii) muta el norte rehabilitador que inspira el mecanismo sustitutivo, hacia un discurso de venganza estatal, y (iv) obstaculiza la reconstrucción del tejido social trocado por el delito.
La previa valoración de la conducta no puede equipararse a exclusiva valoración, sobre todo en aspectos desfavorables como la gravedad que con asiduidad se resaltan por los jueces ejecutores, dejando de lado todos los favorables tenidos en cuenta por el funcionario judicial de conocimiento. Si así fuera, el eje gravitatorio de la libertad condicional estaría en la falta cometida y no en el proceso de resocialización. Una postura que no ofrezca la posibilidad de materializar la reinserción del condenado a la comunidad y que contemple la gravedad de la conducta a partir un concepto estático, sin atarse a las funciones de la pena, simplemente es inconstitucional y atribuye a la sanción un específico fin retributivo cercano a la venganza.
La Corte ha de reiterar que cuando el legislador penal de 2014 modificó la exigencia de valoración de la gravedad de la conducta punible por la valoración de la conducta, acentuó el fin resocializador de la pena, que en esencia apunta a que el reo tenga la posibilidad cierta de recuperar su libertad y reintegrarse al tejido social antes del cumplimiento total de la sanción.
En suma, no es el camino interpretativo correcto, asociar que la sola gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado de la libertad condicional. Ello sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla de un sentido de retaliación social que, en contravía del respeto por la dignidad humana, cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales.
En el caso concreto, se advierte que José Rodrigo Hueso Rojas fue condenado, vía preacuerdo, a 84 meses de prisión por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, en sentencia de 13 de febrero de 2020. Fue negada en su favor la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
Luego, pidió la libertad condicional, la cual fue negada por el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, en auto de 18 de agosto de 2022. Dicho fallador ponderó que el condenado (i) cumplió las 3/5 partes de la condena; (ii) cuenta con un adecuado comportamiento durante el tratamiento penitenciario; (iii) no tiene investigaciones disciplinarias ni sanciones; (iv) acreditó arraigo; (v) se acogió a la justicia premial. No obstante, explicó que (v) la gravedad de la conducta impone que siga en reclusión, por «la gran cantidad de estupefacientes que transportaba», la que «de haber llegado a su destino se pudo ocasionar un daño grave a la salud de muchos jóvenes quienes son en su mayoría quienes consumen estas drogas ilícitas». (Sic)
Añadió que:
(…) debido a la gravedad de la conducta, se espera que por lo menos cumpla siguiera un 70% de la pena comprometiéndose el despacho que si el condenado sigue con su Buen comportamiento, estudiará nuevamente el pedimento cuando haya descontado siquiera el 70% de la pena, que sería 58 meses y 24 días de prisión. (Sic)
Tal decisión fue apelada y confirmada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, en proveído de 18 de octubre de 2022, donde expuso lo siguiente:
En el caso concreto, no se discute que el condenado cumple el requisito objetivo de las tres quintas (3/5) partes de la pena (…).
El sentenciado ha presentado un comportamiento adecuado durante su tratamiento penitenciario. Además, de conformidad con el certificado TEE, sus calificaciones de trabajo y estudio son sobresalientes y cuenta con concepto favorable por parte del centro carcelario en el cual se encuentra purgando su pena.
En relación con la valoración de la conducta punible, advierte este juzgado que, en la sentencia condenatoria proferida el 13 de febrero de 2020, se incluyeron consideraciones que van más allá de la gravedad del delito por el que se impartió condena.
En efecto, además de la gravedad de la conducta (por factores como el grave deterioro social y urbano, la inseguridad, la insalubridad y la indiferencia hacia el bienestar de los demás), este despacho aludió también al daño real (a la salud de los consumidores y el sufrimiento que se causa a sus familias), daño potencial (grave riesgo sobre la salud de la ciudadanía, especialmente de niños y adolescentes), intensidad del dolo y necesidad y fines de la pena.
Así las cosas, fueron cinco (5) aspectos, todos de signo negativo, los que incidieron en la valoración de la conducta.
Estos factores atinentes a la valoración de la conducta, a juicio del despacho, en el caso de José Rodrigo Hueso Rojas, no alcanzan a equilibrarse debidamente con el cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la pena y un comportamiento que ha oscilado entre bueno y ejemplar. En efecto, frente a cinco (5) factores de signo negativo que trascienden la sola gravedad de la conducta, el comportamiento observado hasta ahora por el penado no basta para equilibrarlos completamente, aunque podría merecer el reconocimiento debido a través de actividades que le permitan seguir redimiendo pena y acercarse más a su libertad definitiva.
Con todo, a juicio del despacho y compartiendo la postura del a quo, podría pensarse en la posibilidad futura de reevaluar esta relación de factores, si el sentenciado mantiene un comportamiento ejemplar en prisión y un desempeño sobresaliente en las actividades laborales y educativas, cumpliendo al menos un 70% de la sanción penal, (un 10% más del requisito objetivo), si se tiene en cuenta que, por cuenta de esta actuación, no ha sido objeto de sanciones disciplinarias, lo que hasta el momento denota un positivo proceso de resocialización.
Este análisis efectuado por el despacho permite hacer un balance entre los presupuestos que se requieren para acceder a la libertad condicional. En efecto, a pesar de las consideraciones sobre la valoración de la conducta, que es uno de los requisitos que deben concurrir para la concesión de la libertad condicional, este factor no debe excluir de plano la posibilidad de acceder al beneficio, máxime cuando se cumplen los demás presupuestos legales. (Énfasis fuera de texto)
Así las cosas, lo que se advierte es que las autoridades judiciales accionadas examinaron la situación actual del condenado y el proceso surtido al interior del centro de reclusión, y en el juicio de valor frente a la gravedad de la conducta, atendidas las circunstancias fácticas y consideraciones de la sentencia condenatoria, determinó la necesidad de que el condenado continuara privado de la libertad. (STP4913-2022)
Esas circunstancias descartan la prosperidad del amparo alegado por el actor, pues lo que se advierte es que el juez consideró el comportamiento desplegado por el condenado durante el período que ha permanecido recluido, las labores realizadas, las redenciones de pena reconocidas y los conceptos emitidos por parte de las autoridades carcelarias, pero al ponderar esas situaciones con las demás exigencias normativas, con especial énfasis en el análisis de la gravedad de la conducta, determinó que resultaba necesario que continuara privado de la libertad. (STP4913-2022)
Por tanto, esa decisión no contraría el ordenamiento jurídico, por el contrario, contiene un estudio serio, riguroso y ponderado de la situación fáctica, probatoria y jurídica, que resulta consecuente con sus conclusiones. Además, se halla debidamente soportada en criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, concluyendo, de cara a dicha confrontación, que debía negarse la libertad condicional al resultar necesario continuar con la ejecución de la sanción. Se trata de una decisión debidamente fundamentada, que descarta la arbitrariedad o capricho, e igualmente la vulneración de las garantías fundamentales. (STP4913-2022)
Por ende, se confirmará el fallo recurrido.
Como crítica constructiva a las providencias objetadas, la Sala indica que no es dable a los juzgadores vigía establecer reglas que corresponde al legislador imponer. En el caso relativo a la libertad condicional del libelista, ha exigido la satisfacción de las 3/5 partes de la pena prisión como requisito objetivo (art. 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 30 de la Ley 1709 de 2014), cuyo marco normativo debe ser acatado por los administradores de justicia.
Si bien es cierto, resulta loable y válido el suceso que los mencionados falladores hayan habilitado la posibilidad para que el implicado solicite nuevamente el aludido mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, en atención a que las decisiones cuestionadas no hacen tránsito a cosa juzgada material, también lo es que limitar tal postulación en el tiempo (70% del cumplimiento de la condena) -sin una fuente formal de soporte (ley, jurisprudencia, etc.)- puede abrir paso al desvanecimiento de la discrecionalidad y, por reflejo, al fortalecimiento de la arbitrariedad, lo cual está proscrito en el ordenamiento jurídico patrio.
De ahí que tal restricción temporal resulta ser inapropiada, pero tal aspecto no significa que las providencias censuradas hayan perdido su carácter de razonables, conforme se explicó.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Confirmar el fallo impugnado.
Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase.
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERSON CHAVERRA CASTRO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 (i) Tratar sobre un asunto de relevancia constitucional; (ii) agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios dispuestos por la legislación aplicable; (iii) presentarse en un término oportuno y razonable; (iv) si la alegación del defecto es por una irregularidad procesal, esta debe ser de tal magnitud que impacte en el sentido de la decisión; (v) una especificación detallada de los hechos; y (vi) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela.
2 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente; (v) error inducido; (vi) ausencia absoluta de motivación; incompleta o deficiente argumentación; equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente fundamentación; sofística, aparente o falsa sustentación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la constitución.
3 Claus Roxin, “Culpabilidad y prevención en Derecho Penal”, Traducido por: F. Muñoz Conde, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981, p. 47.
4 En la sentencia CC T–388–2013, la Corte Constitucional reiteró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país (que ya había sido declarado en la sentencia CC T–153–1998), oportunidad en la que mencionó que «la política criminal colombiana se ha caracterizado por ser reactiva, desprovista de una adecuada fundamentación empírica, incoherente, tendiente al endurecimiento punitivo, populista, poco reflexiva frente a los retos del contexto nacional, subordinada a la política de seguridad, volátil y débil. Estas características resultan problemáticas, en tanto, desligan la política criminal de sus objetivos principales: combatir la criminalidad y lograr la efectiva resocialización de los condenados». Postura reiterada en la sentencia CC T–762–2015, en la que se dijo que «la Política Criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Así mismo, que el manejo histórico de la Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena».