Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP14430-2021
Radicación No. 119471
(Aprobación Acta No. 280)
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por MARÍA OLINDA GONZÁLEZ, contra el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación el 25 de agosto de 2021, que declaró improcedente la solicitud de amparo formulada contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:
Del escrito impreciso y de las pruebas aportadas, se extrae que la actora presentó demanda en contra de la empresa Asesorías Ingeniería de Calidad -EMAC Ltda., de Mercedes Parra y Colpensiones con el fin de que se le reconociera un contrato realidad y se les condenara al pago de los aportes, con destino a Colpensiones, que «a su vez, debe ser condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez regulada en el Acuerdo 049 de 1990, en 14 mesadas anuales, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993».
El asunto lo conoció el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá que, en providencia de 25 de octubre de 2019, falló a favor de la demandante, pues declaró que existió un contrato a término indefinido entre las partes y, como consecuencia, condenó a Mercedes Parra a pagar el cálculo actuarial correspondiente a los periodos laborados desde el 1º de febrero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2015 y, a cargo de la sociedad Emac Ltda., del 2 de septiembre de 2006 al 30 de mayo de 2008; desde el 1º hasta el 30 de diciembre de 2008 y del 1º y el 28 de febrero de 2009.
Y, ordenó a Colpensiones realizar dicha liquidación y que acreditara en la historia laboral de la demandante los mencionados periodos como semanas efectivamente cotizadas, asimismo, al pago de la pensión de vejez a partir del 1º de diciembre de 2015, en cuantía inicial de $664.659, a 14 mesadas anuales y la correspondiente indexación desde la fecha de causación y hasta el día de su efectivo pago.
La anterior decisión fue objeto de apelación por Mercedes Parra y la empresa Emac Ltda. y, se surtió el grado de consulta, a favor de Colpensiones, por lo que, el tribunal denunciado, el 27 de octubre de 2020, modificó la sentencia primigenia.
A juicio de la parte actora, en segunda instancia, se «modificó el reconocimiento pensional supeditándolo al pago de mis ex empleadores a Colpensiones», pues expresamente adujo:
MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia consultada, en el sentido de indicar que una vez Mercedes Parra y Emac Ltda, efectúen el pago de los respectivos cálculos actuariales a entera satisfacción de Colpensiones, esta entidad deberá reconocer y pagar la pensión de vejez a María Olinda González, a partir del 20 de diciembre de 2015, con base en los artículos 12, 13, 20 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, 21 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, en forma indexada al momento de su pago y con la autorización de descontar lo atinente al subsistema de salud, para que lo transfiera a la entidad administradora de salud a la que la demandante haya sido afiliada, de acuerdo con lo considerado.
El 10 de noviembre de 2020 el abogado de la demandante – aquí accionante – solicitó aclaración de la sentencia, en el sentido de que decía María Oliva y no su nombre María Olinda; sin embargo, adujo la accionante que ello no había sido resuelto.
Además, aquella señaló que es una persona de 70 años de edad, que no tenía trabajo y no conseguía por sus años de vida, por lo que no recibía ingreso alguno; «que algunos días duermo en la calle, otros días amigos, familiares y conocidos me reciben, pero por tiempos limitados». Añadió que muchos «días no tengo que comer y a veces la gente me regala alimentos».
Que estaba a la espera que el tribunal solucionara todo acerca de su mesada pensional y, que la situación «que genera la vulneración a mis derechos fundamentales es el hecho de que no me han reconocido la pensión primero por la demora del tribunal en aclarar la sentencia y segundo por el hecho de que luego de emitida la misma, deberé esperar quien sabe cuántos años más hasta que Colpensiones cobre los aportes y luego si me pensionarán, lo cual puede pasar ya cuando yo probablemente no viva, es por eso que la decisión del tribunal de ordenar el reconocimiento de mi pensión solamente hasta después del pago de los aportes me genera la afectación a mis derechos fundamentales en tanto que mientras eso pasa no sé de dónde sacaré para vivir».
Así las cosas, la accionante solicitó la protección de sus derechos invocados y, en consecuencia, que se decrete la nulidad del numeral tercero de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de 27 de octubre de 2020, para que, en su lugar, se modifique dicha resolución y se ordene a «Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de forma inmediata sin perjuicio de las gestiones de cobro que esta AFP le realice a los empleadores y su la posibilidad de oponer la mora patronal como fundamento de la negativa al reconocimiento de la prestación».
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de Casación Laboral de esta Corporación declaró improcedente el amparo invocado al considerar que, no se cumple con el requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela, puesto que la accionante presentó solicitud de aclaración de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la cual, a la fecha, no ha sido resuelta.
Asimismo, exhortó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva la solicitud de aclaración interpuesta y así, pueda darse cumplimiento a la providencia mencionada.
LA IMPUGNACIÓN
La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, sin que se evidencie dentro del expediente, los motivos de su inconformidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por MARÍA OLINDA GONZÁLEZ, contra el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación el 25 de agosto de 2021, que declaró improcedente la solicitud de amparo formulada contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La impugnación se centra en un punto específico: determinar si frente a la decisión proferida el 27 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en consecuencia, debe concederse el amparo invocado.
Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia, comoquiera que la presente solicitud de amparo incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada».
Conforme a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, la presente acción de tutela se torna improcedente para el estudio de la misma, dado que, frente a la determinación del 27 de octubre de 2020 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se presentó solicitud de aclaración el 10 de noviembre de 2020, la cual, se encuentra en trámite para su resolución.
Ahora bien, es menester indicar a la parte actora que, para ejercer el derecho de defensa y propender por las garantías judiciales, debe hacerlo dentro de la actuación ordinaria, no por vía de tutela, toda vez que ésta no puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso laboral, ni como mecanismo para cuestionar los argumentos en los que el juez natural ordinario funda su decisión cuando el proceso no ha culminado.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso.
Bueno es precisar que, mientras un proceso o trámite esté en curso, cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuación, estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.
Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad, que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo, para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello, además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.
Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
Así las cosas, se reitera, mientras un proceso o trámite se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior de este, el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6.
Por estos motivos, y al no evidenciarse la existencia de una situación excepcional que habilite la intervención del Juez constitucional para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, la presente solicitud de amparo está destinada a fracasar por improcedente.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006.
2 Ibídem.
3 Sentencia T-522 de 2001.
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
5 Sentencia T-103 de 2014.
6 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.