Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP14071-2021
Radicación n.° 119464
(Aprobación Acta No.273)
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por el apoderado de JOSÉ RUBÉN VILLAMIZAR MOLINA, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios – Norte de Santander, con ocasión al proceso penal 110016000000202101219 (en adelante, proceso penal 2021-01219).
Fueron vinculados como terceros con interés legitimo en el presente asunto, todas las partes e intervinientes en el proceso penal 2021-01219.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El apoderado de JOSÉ RUBÉN VILLAMIZAR MOLINA narró que, dentro del proceso penal 2021-01219 se suscribió preacuerdo entre el procesado, su defensa y la Fiscalía ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios – Norte de Santander, “en donde se modificaba la calificación jurídica, con base en la clase de armas que portaba mi defendido, atendiendo el precedente judicial, que por sus características no eran armas de uso privativo, sino armas hechizas convencionales de defensa personal y no de uso privativo.”
El 30 de agosto de 2021, se llevó a cabo audiencia de verificación de preacuerdo presentado entre las partes ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios; no obstante, en dicha audiencia, el titular del mencionado juzgado declaró su falta de competencia para conocer el proceso, con fundamento en que la capacidad del proveedor es de 15 cartuchos, conforme al artículo 11 del decreto 2535 de 1993. Por consiguiente, manifestó que en el presente asunto la competencia es de los jueces del circuito especializado.
Por lo anterior, correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta estudiar la declaración de incompetencia expresada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios.
Siendo así, mediante auto de 9 de septiembre de 2021, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DEFINIR que la competencia en el asunto señalado le corresponde a los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta (reparto).
SEGUNDO: ORDENAR la remisión de la actuación a los Juzgados Penales del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cúcuta (reparto), para que proceda a su trámite, a través del Centro de Servicios de los Juzgados Especializados de este Circuito Judicial e informar de esta determinación al Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Los Patios (Norte de Santander).”
Alega la parte accionante que, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios se declaró sin competencia para conocer del proceso, “incluso sin conocer los elementos probatorios o al menos el dictamen del técnico en balístico”.
Asimismo, criticó que, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, “no tuvo en cuenta la sustentación que hizo la defensa frente a su oposición, sustentando lo errado del criterio, que no tenía la razón y el porqué de ello y de manera sesgada, no tuvo en cuenta nada de los argumentos de la defensa, pareciera como si la defensa no hubiera sustentado la oposición frente a la declaración de incompetencia (…)”.
Acude al presente trámite constitucional con la finalidad que se ampare sus derecho fundamentales al debido proceso, la defensa y la igualdad, y en consecuencia, se ordene “que en el término de 48 horas se restablezca el derecho vulnerado, revocando las providencias, proferidas por los señores juez primero penal del circuito de Los Patios Norte de Santander y Tribunal Superior sala penal, del distrito de Cúcuta, y ordenando asumir el proceso, al Juez Penal del Circuito del Municipio de Los Patios Norte de Santander.”
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
1.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta remitió copia de la decisión de 9 de septiembre de 2021, objeto de reproche.
Aseveró que, “el asunto en mención ya fue evacuado por este Despacho y remitido a la secretaría de esta Corporación, la cual, mediante oficio TSC- SP- SRIA No. 3871-2021 del 8 de septiembre de 2021, comunicó la decisión. En igual sentido, con Oficio TSC- SP- SRIA No. 3872-2021, fue remitido al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgado Penales del Circuito Especializados de Cúcuta.”
2.- El Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios hizo un recuento de las actuaciones surtidas, a la fecha, dentro del proceso penal 2021-01219; y aseveró que, no se ha violado garantía fundamental alguna del accionante, y todas las actuaciones se surtieron conforme a la ley.
3.- El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado remitió copia del acta de preacuerdo realizada dentro del proceso penal 2021-01219 y de la providencia de definición de competencia emitida por el Tribunal accionado.
4.- La Fiscalía 128 Especializada de la Dirección Nacional contra Organizaciones Criminales de Cúcuta expresó que, “comparte la postura y decisión del señor Juez de primera y segunda instancia, en el entendido que si bien el calibre del arma no supera el calibre máximo establecido en el decreto 2535 de 1993 articulo 8 literal a), no obstante tampoco cumple con lo establecido en el artículo 11 literal a) guion cuarto en cuanto a la capacidad en el proveedor de la pistola para que sea un arma de defensa persona, pues supera lo establecido toda vez que es de capacidad de 15 cartuchos. Por lo anterior, correspondería a un tipo de arma de guerra o de uso privativo de la fuerza publica art. 8, aunado a lo anterior se tiene en cuenta que para la incautación de los elementos se realiza la valoración del arma partes, accesorios y munición artículo 47 de 2535 de 1993.”
5.- La Procuraduría 90 Judicial II Penal de Cúcuta manifestó que, el presente amparo constitucional debe ser declarado improcedente, por cuanto las solicitudes de protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados a juicio de la parte accionante, y que están relacionadas con el trámite del proceso penal de referencia, deben realizarse dentro del curso natural del proceso, el cual, aún se encuentra en curso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por el apoderado de JOSÉ RUBÉN VILLAMIZAR MOLINA, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios – Norte de Santander.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe queda claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si con la decisión de 9 de septiembre de 2021 dentro del proceso penal 2021-01219, mediante la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta decretó la falta de competencia expresada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios y remitió la actuación para reparto de los Juzgados Penales del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cúcuta, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo.
Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser declarada improcedente para el estudio de la misma, comoquiera que incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada».
Lo anterior, puesto que el proceso penal 2021-01219, se encuentra en curso.
A partir de las alegaciones presentadas por el accionante en su demanda de tutela, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con la determinación adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al declarar su falta de competencia para conocer del proceso de referencia y definir la competencia del asunto al reparto de los Juzgados Penales del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Cúcuta, respectivamente.
Lo anterior con fundamento en el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993; y, lo cual aduce, atenta contra sus garantías fundamentales.
Ahora bien, es menester indicar a la parte actora que para ejercer el derecho de defensa y propender por las garantías judiciales, debe hacerlo dentro de la actuación, no por vía de tutela, toda vez que esta no puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso penal.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso.
Bueno es precisar que mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuación penal, estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.
Se insiste en que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar la protección de los derechos que eventualmente sean lesionados en el trámite de un proceso judicial, pues para ello el ordenamiento jurídico ha diseñado una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la corrección de las decisiones judiciales que se adopten en su interior5.
«3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico.»
Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad, que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo, para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello, además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.
Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
Así las cosas, se reitera, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6.
Finalmente, tampoco se advierte la existencia de una situación excepcional que habilite el amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el apoderado de JOSÉ RUBÉN VILLAMIZAR MOLINA, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios – Norte de Santander, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006.
2 Ibídem.
3 Sentencia T-522 de 2001.
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
5 Sentencia T-103 de 2014.
6 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.