Asistente Jurídico Inteligente
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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
ATP1308-2021
Radicado N°114318
Aprobado acta N° 222
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Resuelve la Sala el impedimento manifestado por la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR para resolver la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 30 de septiembre de 2021, por la Sala de Casación Laboral, que denegó el amparo de los derechos fundamentales al Debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y acceso a la administración de justicia de ELIZABETH ROJAS FONSECA, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes intervinientes en el proceso ordinario laboral promovido por la actora.
HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES
ELIZABETH ROJAS FONSECA instauró acción de tutela contra Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá señalando que, en su criterio, la determinación adoptada por esa Corporación vulneró sus derechos fundamentales, al revocar la sentencia emitida por el a quo, que resolvió decretar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, incurriendo así, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre este respecto.
Por lo anterior, el objeto constitucional del amparo se encaminó entonces a dejar sin efecto la sentencia judicial de segunda instancia proferida al interior del proceso ordinario laboral promovido por el accionante.
El 31 de agosto de 2021, la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUELLAR, integrante de la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de esta Corporación Judicial, se declaró impedida para pronunciarse sobre el presente asunto, por haber emitido su opinión sobre la misma cuestión jurídica que se debate en este asunto, como es la nulidad del traslado de régimen pensional.
Al efecto indicó que su opinión estuvo enmarcada dentro de la acción de tutela que promovió contra la contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías –Porvenir S.A., y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP, mediante la cual pretendió el amparo de sus derechos fundamentales y se dispusiera dejar sin efecto el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad Administrado por Provenir.
CONSIDERACIONES
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del inciso 1º del artículo 4º del Decreto 306 de 1992 y artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, a la Sala le asiste atribución para pronunciarse en relación con el impedimento propuesto, pues se trata de la manifestación que hace la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR perteneciente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2.- En aras de preservar la imparcialidad, objetividad e independencia como valores intrínsecos de la administración de justicia y garantía de los ciudadanos, el legislador instituyó la figura de los impedimentos a través de los cuales se permite a un funcionario judicial apartarse del conocimiento de un determinado asunto, por las causales taxativamente señaladas en el ordenamiento jurídico.
De esta forma, deviene necesario recordar que la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en señalar que el instituto de los impedimentos consiste en una manifestación unilateral, voluntaria, oficiosa y obligatoria que hace el funcionario judicial con el fin de apartarse del conocimiento de un determinado asunto, cuando advierte que su imparcialidad se encuentra en entredicho, en tanto que en él se estructura una de las causales de impedimento consagradas en la ley.
Igualmente, la autoridad jurisdiccional que invoca una causal de impedimento como motivo para separarse de un asunto, debe señalar con precisión en cuál de ellas apoya su solicitud -lo cual le impone especificar la norma que expresamente contiene el supuesto de hecho-, expresar con claridad las razones que lo llevan a solicitar su alejamiento del proceso, lo que comporta una carga específica sobre la indicación de su alcance y contenido. Una motivación insuficiente puede llegar al rechazo de la declaración de impedimento, lo que ocurre a menudo cuando el funcionario acude a un enunciado genérico y abstracto.
La causal que invoca la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR es la contenida en el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, según la cual, el funcionario judicial debe abstenerse de conocer un asunto cuando «…haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso».
Sobre el cabal entendimiento de la precitada causal impeditiva, la Corporación en AP1846-2021, rad. 59237 reiteró su criterio así:
«Al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado que la opinión debe ser sustancial, vinculante y haberse emitido por fuera del proceso. Así:
Lo sustancial, es lo esencial y más importante de una cosa; en asuntos jurídicos, se identifica con el fondo de la pretensión o de la relación jurídico material que se debate. Se entiende que la opinión es vinculante cuando el funcionario judicial que la emitió queda unido, atado o sujeto a ella, de modo que en adelante no puede ignorarla o modificarla sin incurrir en contradicción. Y por fuera del proceso, significa que la opinión sea expresada en circunstancias y oportunidades diferentes a aquellas que prevé la legislación procesal para el asunto del cual se debe conocer funcionalmente. (CSJ AP, 21 abr. 2004, rad. 22121).
De manera pues que no cualquier opinión tiene la virtualidad de separar al juez del conocimiento del asunto, sólo alcanzará esa fuerza aquella que por su entidad y naturaleza pueda comprometer su imparcialidad y ponderación, por constituir un acto de prejuzgamiento sobre el hecho que le corresponde decidir (CSJ AP 20 oct. 1992, rad. 7899)».
3.- En el presente asunto, la funcionaria judicial argumentó en líneas generales, que el impedimento se da por haber manifestado su opinión en el marco de la acción de tutela que promovió contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías –Porvenir S.A., y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP, mediante la cual pretendió el amparo de sus derechos fundamentales a fin de que se declarara «que no es válido el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Porvenir S.A. »1.
Adujo que en la demanda de tutela que presentó contra las citadas autoridades, señaló que, en su caso, resultaba más conveniente el régimen de prima media, dado el tiempo de servicios que llevaba acumulado y la expectativa de una vinculación laboral prolongada a la Rama Judicial, que el de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS) por lo cual, a pesar de haber diligenciado el formulario de traslado al RAIS requirió, al día siguiente de ese acto, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que no se diera trámite al formulario de traslado al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.
Pero esa petición no prosperó, y tampoco se atendieron las que en el mismo sentido formuló ante las autoridades arriba enunciadas, lo que la llevó a buscar a través del mecanismo de amparo la anulación del traslado.
Esa pretensión fue avalada mediante sentencia del 18 de septiembre de 2015 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual ordenó, en sede de tutela, a las demandadas, «iniciar en el término de cinco (5) días, los trámites (sic) la legalización de la solicitud de retracto de la actora, así como su afiliación ante COLPENSIONES. Es de resaltar que esta decisión no implica recuperación de régimen de transición alguno, tan solo su traslado al régimen de prima media» (Radicación 11001220500020150156901).
En ese orden de ideas, la Sala considera que en el presente asunto se configura la causal de impedimento propuesta, teniendo en cuenta que la opinión que emitió la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUELLAR por fuera del ejercicio de su labor jurisdiccional resulta suficientemente relevante para comprometer su criterio en este asunto.
En consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se dispondrá separar a la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR del conocimiento del asunto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR. En consecuencia, se ordena separarla del conocimiento de este asunto.
Contra esta decisión no proceden recursos.
CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Como se plasmó en la síntesis fáctica que de aquella actuación relató la Sala de Casación Laboral, mediante fallo CSJ STL14835 del 28 de octubre de 2015.