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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
CP056-2021
Radicación N° 58564
Acta 70
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS
La Corte emite concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos.
ANTECEDENTES
1. Con Nota Verbal No. 0569 del 8 de mayo de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la detención preventiva con fines de extradición de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por «violaciones relacionadas con tráfico de narcóticos», según la acusación No. 20 CR 0911, dictada el 12 de febrero de 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
2. En resolución del 12 de mayo de 2020 el Fiscal General de la Nación decretó la captura del requerido, con fines de extradición. Su detención se materializó el 18 de septiembre de 2020 en un parqueadero público ubicado en el barrio Los Cristales de la ciudad de Ocaña (Norte de Santander).
3. A través de Nota Verbal No. 1840 del 13 de noviembre de 2020, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de ÁLVAREZ ORTIZ y para tal efecto aportó la documentación pertinente.
4. En el concepto de que trata el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que es del caso «… proceder con sujeción a… la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” (…) y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional». Agregó que, en los aspectos no regulados por los instrumentos internacionales referidos, el trámite debe regirse por lo previsto en los artículos 491 y 496 del Código de Procedimiento Penal.
5. El mencionado Ministerio remitió el expediente al de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo.
Tras arribar a esta Corporación, mediante auto del 2 de diciembre de 2020 se reconoció personería al defensor de confianza que nombró el requerido y se ordenó correr el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para presentar pruebas.
6. En auto del 27 de enero de 2021 la Sala se pronunció sobre las postulaciones elevadas por la defensa, negándolas y ordenó, de oficio, requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que indagaran por la eventual existencia de procesos penales contra el requerido. Las respuestas de tales entidades serán reseñadas más adelante.
7. En auto del 15 de febrero de 2021 se ordenó correr traslado para que los intervinientes presentaran sus alegaciones conclusivas. Dentro del plazo se pronunciaron la defensa y el delegado del Ministerio Público.
LOS ALEGATOS
1. Del Ministerio Público.
El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal señaló que se encontraban acreditados los presupuestos para emitir concepto favorable. Dijo en ese sentido que la autoridad extranjera allegó la documentación pertinente; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue plenamente identificada como JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ; las conductas punibles por las que es requerido se adecúan en nuestro país en los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y están tipificadas en los artículos 340 y 376 del Código Penal; además, se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud.
Por lo tanto, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno de los Estados Unidos, siempre que se condicione su procedencia al cumplimiento de los condicionamientos sobre la protección de los derechos humanos del requerido.
2. De la defensa.
Reprocha que la Sala no decretara las pruebas que pidió en la fase procesal correspondiente, aunque con ellas se demostraría la duda que existe en torno a los hechos por los que su defendido fue solicitado en extradición. Además, señala que los parámetros que compete evaluar a la Corte para dictar el concepto desconocen las garantías del debido proceso y presunción de inocencia que le asisten a su prohijado.
Afirma, también, que todo se trata de un «circo» orquestado por las autoridades de los Estados Unidos, «para demostrar resultados con una supuesta lucha contra organizaciones criminales» sin que exista dentro del trámite una evidencia que en verdad muestre alguna clase de responsabilidad en cabeza de ÁLVAREZ ORTIZ.
Insiste, como lo hizo en la etapa probatoria, que existen inconsistencias que demuestran la inocencia del reclamado, tomando fuerza la versión según la cual fue contratado, por la suma de $200.000, para trasladar a uno de los involucrados a la ciudad de Cúcuta, pero sin conocer los negocios ilícitos que se llevarían a cabo allí; esa cuestión, dice, se pudo esclarecer con el decreto del testimonio de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ que pretendía introducir en la fase probatoria pero que la Sala denegó.
Añade que su prohijado es un «humilde latonero» y no un «peligroso narcotraficante perteneciente a un grupo al margen de la ley como lo es el ELN», ni participó, de manera alguna, en las conductas que se le reprochan, por lo cual debería aplicarse la causal eximente de responsabilidad del art. 32 – 10 del Código Penal, en tanto obró bajo un error invencible sin que exista una evidencia solida aportada por el Gobierno Norteamericano que demuestre la responsabilidad de un ciudadano que ni siquiera ha salido de territorio colombiano.
Pide, bajo esos motivos, que se emita concepto negativo a la solicitud de extradición.
CONCEPTO DE LA CORTE
El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.
No obstante, las cláusulas de ese instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. Ello impone aplicar, además de las previsiones constitucionales, las normas del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos que fundamentan la solicitud de extradición –Ley 600 de 2000 o 906 de 2004-, toda vez que esos preceptos normativos regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
Procede entonces la Corte a analizar la solicitud de extradición bajo los parámetros constitucionales y legales que determinan su procedencia.
2. Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición.
2.1. El artículo 35 de la Carta Política2 establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997.
Para el caso, las conductas por las cuales es solicitado JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ no son de carácter político3, lo cual impide que se configure la primera de las prohibiciones constitucionales bajo análisis.
Además, de acuerdo con la acusación emitida por las autoridades judiciales del país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron «al menos ya desde enero del año 2000 siendo la fecha exacta desconocida para el Gran Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal [el 12 de febrero de 2020]» (cargos Uno y Dos) y «hacia el 1º de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamente el 22 de marzo de 2019» (cargo Tres).
Ello permite verificar satisfecha la exigencia constitucional prevista en el inciso 4º del art. 35 de la Carta según la cual la extradición solo procede por hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 1 del 16 de diciembre de 1997.
De otro lado, se consignó en el indictment, que los hechos sucedieron en la «jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos» en tanto los acusados tenían «la intención de distribuir y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención o a sabiendas de importar dicha sustancia ilegalmente en los Estados Unidos»4.
Con ello se satisface el principio de territorialidad de la ley penal, sobre el cual dijo la Sala en CSJ CP137 – 2015 (reiterado en CSJ CP089 – 2018 y CSJ CP163 – 2017 entre otros), que:
…la conducta puede tener lugar en diversos lugares, de manera total o parcial y de tiempo atrás esta Corporación ha venido sosteniendo que el presupuesto del artículo 35 de la Constitución Nacional se agota cuando los hechos han ocurrido, así sea parcialmente en el exterior, ya que debe efectuarse una interpretación sistemática con el principio de territorialidad y la excepción de extraterritorialidad de la ley penal (artículo 15 y 16 del Código Penal), por funcionar ésta en doble sentido, es decir, que si bien legitima a las autoridades colombianas para aplicar el ordenamiento jurídico interno a hechos o situaciones ocurridas parcialmente en otro Estado, también permite a las autoridades extranjeras la persecución por los delitos ejecutados parcialmente en nuestro territorio. (Negrillas fuera del texto original).
En esas condiciones, no se evidencia que algún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política imponga la improcedencia de la extradición.
2.2. La prohibición de doble juzgamiento.
Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala, que para que opere la extradición de nacionales colombianos es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 165 – 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).
Frente al punto en estudio, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación indicó, dentro de la fase probatoria del trámite, que en sus registros figuraban dos investigaciones contra JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ por los delitos de hurto y lesiones personales, ambas en estado “inactivo”. Por su parte, la Policía Nacional no halló anotaciones en sus bases de datos, distintas al trámite de extradición.
Además, fue capturado para efectos del presente trámite cuando se encontraba en libertad.
En esas condiciones, como no se ve afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado, no hay motivo que, a la luz de ese requisito, impida conceptuar favorablemente a la solicitud.
2.3. Los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz; tampoco se afirma que el solicitado sea integrante de las FARC o haya sido acusado de formar parte de esa organización (inciso 2º del art. Transitorio 19 del A.L. 01 de 2017), ni tales aspectos fueron alegados por el requerido, su defensor o el representante del Ministerio Público. Tampoco se deduce una situación de esa índole de las piezas documentales que integran el pedido de extradición.
De ahí que no sea aplicable al caso la garantía constitucional de no extradición implementada en la Carta Política a partir del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017.
3. Verificación de los requisitos legales.
En el caso examinado, el concepto que se debe dictar al interior del trámite de extradición entre los países de Colombia y Estados Unidos se contrae a verificar, además de las condiciones constitucionales analizadas en el acápite precedente, las que al respecto contempla la Ley 906 de 2004 (pues es esa disposición la que estaba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la solicitud).
Dentro de tales requisitos están los previstos en el art. 493 ejusdem, según los cuales, el comportamiento debe ser previsto como delito en Colombia, contar con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo punitivo sea superior a 4 años de prisión y, además, «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente».
De igual manera, según lo dispone el art. 495 de la codificación aplicable, la solicitud debe elevarse mediante la vía diplomática5 y estar acompañada de los siguientes documentos, de ser el caso, debidamente traducidos:
1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.
2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.
3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.
4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.
Con base en ese marco normativo entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición del nacional colombiano JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ. En esa labor constatará: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud; b) la plena identidad del solicitado; c) la equivalencia de la decisión emitida en el extranjero con el escrito acusatorio de nuestro país; y d) la incriminación de la conducta en las dos naciones.
3.1. Validez formal de la documentación presentada.
La Cónsul de Colombia en Washington D.C. autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ con sujeción a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso.
En ese sentido, certificó la firma de Chana M. Turner, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien avaló la del Secretario de Estado, Michael R. Pompeo y éste, la rúbrica de William P. Barr, Fiscal General, quien acreditó la de John D. Riesenberg, Director Asociado de la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, encargado de dar cuenta de la autenticidad de la declaración de Casey N. MacDonald, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas6.
Como documentos anexos, que además fueron debidamente traducidos, aparecen la acusación No. 20CR 0917, dictada el 12 de febrero de 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas contra JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ8, la orden de arresto librada por esa Corte9 y la declaración jurada de apoyo a la solicitud de extradición que rindió el agente especial del FBI, Jordan Burfield.
También se allegó copia traducida de las disposiciones normativas del Código de los Estados Unidos aplicables al caso y la cartilla decadactilar del requerido, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Así, como la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ es, formalmente, válida, el requisito objeto de análisis se cumple.
3.2. Plena identidad del solicitado en extradición.
De acuerdo con las notas diplomáticas números 0569 del 8 de mayo de 2020 y 1840 del 13 de noviembre de ese año, JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, también conocido como “Alex” es ciudadano de Colombia. Nació el 23 de julio de 1994 en Ocaña (Norte de Santander) y se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.091.675.404.
Al ser enterado de la orden de captura con fines de extradición, el reclamado se identificó con ese documento, que aparece en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición y en la constancia de buen trato10.
Además, su identidad fue corroborada mediante informe pericial en el que se concluyó que las huellas del capturado y las de la persona solicitada en extradición «corresponden entre sí»11, sin que, además, ese aspecto haya sido discutido por el reclamado, su defensor o el delegado del Ministerio Público a lo largo del trámite.
Así las cosas, las piezas documentales aportadas al trámite descartan alguna duda en cuanto a la plena identidad del individuo pedido en extradición y su correspondencia con la persona que está actualmente privada de la libertad por cuenta de este trámite. Dicho requisito, entonces, se satisface.
3.3. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
Este requisito se verifica cuando se acata lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir, «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente».
En el presente evento, el 12 de febrero de 2020 la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas profirió el indictment No. 20CR 09112. Ese acto procesal equivale al escrito acusatorio previsto en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004.
Ha de aclararse que el concepto de equivalencia no significa que el indictment sea idéntico a la acusación nacional. Sin embargo, guarda similitudes que permiten asemejarlo a ese acto procesal, pues contiene una narración breve de las conductas investigadas; enuncia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, siendo tal la oportunidad para que el procesado, ante la autoridad judicial foránea, controvierta las pruebas y los cargos que se emitieron en su contra.
Por lo anterior, el requerimiento bajo análisis se cumple.
3.4. La incriminación de la conducta en los dos países.
De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años».
Para establecer si la conducta que se le imputa a quien es reclamado en extradición en el país solicitante se considera delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la acusación foránea con las de orden interno, en aras de verificar si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos (en idéntico sentido, CSJ CP081 – 2016 y CSJ CP068 – 2016, entre muchos otros).
Esa confrontación se lleva a cabo con la normatividad vigente al momento de emitir el concepto, puesto que la Corte lo dicta dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional. Lo que a este propósito se determina es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio.
Pues bien, la acusación No. 20CR 09113 dictada contra JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ se formula por los siguientes cargos:
CARGO UNO
(Narcoterrorismo)
(…)
JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ,
Alias “Alex”,
y otras personas desconocidas para el Gran Jurado y no imputadas por el presente documento, participaron e intentaron participar, a sabiendas y de forma intencionada, en una conducta que afecta al comercio interestatal e internacional y eso sería punible según la sección 841(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, si se cometió dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, es decir, fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir, a sabiendas y de forma intencionada, 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II; sabiendo e intentando proporcionar, directa o indirectamente, un valor pecuniario a cualquier persona y organización que haya participado o participe en actividades terroristas o terrorismo, específicamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), teniendo conocimientos de que dichas personas y organizaciones han participado y participan en actividades terroristas y terrorismo, todo ello en contravención de las secciones 960a, 840(a)(1), 841(b)(1)(A)(I)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
CARGO DOS
(Asociación delictuosa de distribución internacional de cocaína)
Al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal, en Colombia, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados
(…)
JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ,
Alias “Alex”,
a sabiendas y de forma intencionada, se unieron en una asociación delictuosa y acordaron juntos y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II; con la intención o a sabiendas de importarla ilegalmente en los Estados Unidos o teniendo una causa razonable o de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente.
En contravención de las secciones 963, 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(I)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
CARGO TRES
(Distribución internacional de cocaína)
Hacia el 1º de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamente el 22 de marzo de 2019, en Colombia y dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados
(…)
JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ,
Alias “Alex”,
a sabiendas y de forma intencionada, fabricaron, tuvieron en propiedad con la intención de distribuir y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención o a sabiendas de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente. Dicha sustancia controlada incluía más de 5 kilogramos, es decir, aproximadamente 30 kilogramos de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II.
En contravención de las secciones 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(I)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Las normas enlistadas en los cargos que fueron endilgados a JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ y aportadas por la nación reclamante corresponden, en el Código de los Estados Unidos, a los siguientes tipos penales:
Seccion 841 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
(a) Actos ilegales. Excepto según se autoriza en este título, debe ser ilegal para cualquier persona a sabiendas de forma intencionada —
(1) fabricar, distribuir o repartir, o poseer con intención de fabricar, distribuir o repartir, una sustancia controlada;
Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Posesión, elaboración o distribución de sustancias controladas
(a) Elaboración o distribución para fines de importación ilícita
Se considera ilícito el que una persona elabore o distribuya una sustancia controlada de categoría I o II o flunitrazepam u otro producto químico indicado, con la intención, el conocimiento o causa razonable para creer que dicha sustancia o producto químico se importaría ilegalmente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.
Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos
Actos prohibidos A
b. Sanciones
1. …
(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de…; (ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de isómeros…;
(…) la persona que cometa dicha infracción será condenada a un período de cárcel que no será menor que 10 años ni mayor que cadena perpetua… una multa que no supere la multa máxima autorizada de conformidad con las disposiciones del Título 18, o $10.000.000 … un período de por lo menos 5 años de libertad supervisada, además de la pena de cárcel…
Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos
Tentativa y concierto para delinquir
Toda persona que intente cometer o concierte para cometer un delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a las mismas sanciones que las que se indiquen para el delito cuya comisión fue el propósito de la tentativa del concierto para delinquir o del concierto para delinquir.
Sección 1182(a)(3)(B) del Título 8 del Código de los Estados
Unidos
(…)
Según se usa en este capítulo, el término “participar en una actividad
terrorista” significa, en una capacidad individual o como miembro de
una organización—
(…)
(VI) cometer un acto que el actor sabe, o debe saber razonablemente,
que permite apoyo material, incluido refugio, transporte,
comunicaciones, fondos, transferencia de fondos u otro beneficio
financiero material, documentación o identificación falsa, armas
(incluidas armas químicas, biológicas o radiológicas), explosivos o
capacitación —
De otro lado, para cumplir la exigencia a la que se refiere el canon 495 – 2 del Código de Procedimiento Penal según la cual la solicitud de extradición debe contener la «indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados», se allegó la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición que rindió el agente especial del FBI, Jordan Burfield14, que señala al respecto lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
Una investigación de las autoridades de orden público identificó a VILLEGAS PALOMINO y sus socios J. PICÓN RODRÍGUEZ, Y. PICÓN RODRÍGUEZ, TRIGOS CELÓN, BARBOSA MONTAÑO y ÁLVAREZ ORTIZ como las personas a cargo de la producción, la venta y el tráfico de múltiples kilogramos de cocaína para el Ejército de Liberación Nacional (ELN) – Frente de Guerra Noreste en la región de Catatumbo de Colombia y Venezuela. Además, VILLEGAS PALOMINO y su ELN- Frente de Guerra Noreste estaba a cargo de ataques terroristas, secuestros por rescate, y otras actividades delictivas violentas dentro del área de control del ELN-Frente de Guerra Noreste.
Generalidades del Ejército de Liberación Nacional
(…)
II. PRUEBAS
Al menos tres testigos y dos informantes han trabajado personalmente con VILLEGAS PALOMINO como miembros del ELN y han participado en la distribución de cocaína bajo su dirección para realizar actividades adicionales del ELN. Además, también se dispone de una víctima de un acto terrorista ordenado por VILLEGAS PALOMINO para declarar como testigo. Por otro lado, dos informantes y dos oficiales encubiertos de la Policía Nacional de Colombia (PNC) participaron en una operación de suministro controlada internacional encubierta del FBI/PNC de 30 kilogramos de cocaína en marzo de 2019 en Cúcuta, Colombia, que involucraba directamente a J. PICÓN RODRÍGUEZ, TRIGOS CELÓN, BARBOSA MONTAÑO y ÁLVAREZ ORTIZ. Además, varios testigos e informantes pueden identificar a VILLEGAS PALOMINO, J. PICÓN RODRÍGUEZ, Y. PICÓN RODRÍGUEZ y TRIGOS CELÓN como miembros del ELN a quienes han visto llevar emblemas del ELN, uniformes militares del ELN, asistir a reuniones del ELN y/o portar armas. Diferentes testigos e informantes también pueden identificar a BARBOSA MONTAÑO y ÁLVAREZ ORTIZ como miembros de apoyo del ELN quienes son facilitadores de narcotráfico.
Función de los acusados
A continuación, incluimos un resumen de la función de cada acusado en los delitos basada en información obtenida de informantes y testigos cooperantes, y las pruebas obtenidas durante una compra controlada de 30 kilogramos de cocaína en febrero – marzo de 2019.
(…)
f. ÁLVAREZ ORTIZ es un socio del ELN (miembro de apoyo) y transportista de droga. ÁLVAREZ ORTIZ trabaja directamente para J. PICÓN RODRÍGUEZ y Y. PICÓN RODRÍGUEZ, y transporta cocaína y dinero a varias ciudades y zonas cerca de la frontera de Colombia y Venezuela. ÁLVAREZ ORTIZ estuvo presente en la recepción del pago inicial por la operación de compra controlada de 30 kilogramos del FBI/PNC en febrero/marzo de 2019.
Compra controlada de 30 kilogramos de cocaína por parte de agentes encubiertos del FBI/PNC.
Desde febrero a marzo de 2019, agentes del FBI en colaboración con la PNC completaron una compra controlada internacional de 30 kilogramos de cocaína destinada para su distribución en Houston, Texas, de J. PICÓN RODRÍGUEZ y sus socios J. PICÒN RODRÍGUEZ negoció el trato con el Informante 1 y el Informante 2. J. PICÓN RODRÍGUEZ envió a sus socios BARBOSA MONTAÑO y ÁLVAREZ ORTIZ a recoger el pago inicial y enviaron a BARBOSA MONTAÑO y TRIGOS CELÓN a entregar la cocaína a los agentes encubiertos. VILLEGAS PALOMINO dio la autorización para el trato.
19. El 21 de febrero de 2019, bajo la dirección de agentes, el Informante 1 y el Informante 2 se reunieron con J. PICÓN RODRÍGUEZ con el fin de negociar una venta de cocaína. El Informante I y el Informante 2 estaban equipados con dispositivos de grabación de audio/vídeo durante la reunión de negociación. El Informante 2 estaba haciéndose pasar como un negociante internacional con clientes en los Estados Unidos. El Informante 1 es un miembro del ELN quien tiene una relación personal con J. PICÓN RODRÍGUEZ.
20. La reunión se produjo en una residencia en Convención, Colombia. Los informantes negociaron la compra de 30 kilogramos de cocaína por aproximadamente 139,600,000 pesos colombianos (aproximadamente $45,000.00 en moneda de los Estados Unidos). Este precio incluía el precio por kilo, el impuesto por kilo y la cuota de transporte. J. PICON RODRÍGUEZ habló de cómo los laboratorios pueden producir 100 kilos en 20-30 días y cómo las “guerrillas” (ELN) controlan los laboratorios y cobran un impuesto por todo el tráfico de cocaína que tiene lugar en el área.
21. Después de esta reunión, desde finales de febrero a abril de 2019, J. PICÓN RODRÍGUEZ se comunicó regularmente con el Informante 2 por medio de mensajes de texto de WhatsApp en lo relacionado con la logística para completar el trato de 30 kilogramos. J. PICÓN RODRIGUEZ envió al Informante 2 fotografías de los ladrillos de cocaína con el sello “HH” de “Houston Henry”, el nombre que el Informante 2 usaba cuando hacía tratos con J. PICÓN RODRÍGUEZ. J. PICÓN RODRIGUEZ también redactó un “contrato” a mano resumiendo las condiciones del trato en un cuaderno de notas y envió una foto del contrato escrito al Informante 2.
22. Hacia el 24 de febrero de 2019, un individuo identificado más adelante como BARBOSA MONTAÑO estableció comunicación por medio de mensajes instantáneos de WhatsApp con el agente encubierto de la PNC. BARBOSA MONTAÑO empezó a enviar mensajes de texto al agente encubierto para coordinar una reunión en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, para el suministro de aproximadamente 120,000,000 de pesos colombianos a cambio de 30 kilogramos de cocaína que iba a distribuirse en los Estados Unidos. Los hombres acordaron reunirse el 25 de febrero de 2019, en un centro comercial de Cúcuta, Colombia.
23. El 25 de febrero de 2019, agentes de la PNC establecieron un sistema de vigilancia en el lugar de la reunión. Los agentes observaron que BARBOSA MONTAÑO llegó en un vehículo con la matrícula MVN340. Un hombre desconocido iba conduciendo el vehículo. El conductor fue identificado más adelante por los agentes como ÁLVAREZ ORTIZ. BARBOSA MONTAÑO y ÁLVAREZ ORTIZ se reunieron con los dos agentes encubiertos, quienes estaban equipados con dispositivos de grabación de audio/video. Una vez reunidos, decidieron ir al estacionamiento por ser un lugar más discreto. Los agentes encubiertos y ÁLVAREZ ORTIZ se subieron al vehículo de BARBOSA MONTAÑO y pagaron a BARBOSA MONTAÑO 120.000.000 de pesos colombianos (aproximadamente $39,000 en moneda de los Estados Unidos) como pago inicial por la compra de 30 kilogramos de cocaína. Se usaron referencias codificadas del trato en la conversación durante la reunión de la negociación
24. El 7 de marzo de 2019, BARBOSA MONTAÑO y los agentes encubiertos de la PNC, quienes estaban equipados con dispositivos de grabación de audio/vídeo, se reunieron con el fin de coordinar el suministro de la cocaína. Durante la reunión, BARBOSA MONTAÑO dijo a los agentes encubiertos que la cocaína estaba de camino, pero que había problemas con el transporte debido a la nutrida presencia de agentes del orden público (militares y policía) en el área. BARBOSA MONTANO tranquilizó a los agentes encubiertos diciéndoles que la cocaína se entregaría el día siguiente, 8 de marzo de 2019.
25. El 8 de marzo de 2019, los agentes encubiertos de la PNC, quienes estaban equipados con dispositivos de audio/vídeo, se reunieron con J. PICON RODRÍGUEZ y BARBOSA MONTAÑO para hablar de la futura entrega de los 30 kilogramos de cocaína. La entrega de la cocaína se demoró aún más hasta el 9 de marzo de 2019, debido al aumento reciente de presencia de personal militar y policial en el área. J. PICÓN RODRÍGUEZ estuvo presente en la reunión y aseguró a los agentes encubiertos que el suministro estaba de camino. Después de la reunión, debido a problemas logísticos de la PNC, bajo la dirección de agentes, el Informante 2 se puso en contacto con J. PICON RODRIGUEZ y le dijo que no podía enviar a nadie a recibir la cocaína en esa fecha.
26. El 22 de marzo de 2019, según instrucciones de PICÓN RODRIGUEZ, BARBOSA MONTAÑO estableció comunicación a través del servicio de mensajes instantáneos de WhatsApp con los mismos agentes encubiertos de la PNC. Acordaron reunirse para finalizar el trato de 30 kilogramos. La reunión inicial fue cubierta por la vigilancia de la PNC. Los agentes de la PNC vieron llegar a BARBOSA MONTAÑO en el mismo vehículo que estaba usando en la reunión del 25 de febrero. Cuando BARBOSA MONTAÑO y los agentes encubiertos de la PNC, quienes estaban equipados con dispositivos de grabación de audio/vídeo, se vieron en el lugar de reunión acordado, BARBOSA MONTAÑO pidió a los agentes encubiertos que le siguieran. Finalmente, llegaron a un centro de recreo llamado Hacienda la Marsellesa, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. Alli, los agentes encubiertos proporcionaron a BARBOSA MONTAÑO aproximadamente 43,000,000 de pesos colombianos (aproximadamente $14,000 en moneda de los Estados Unidos), que BARBOSA MONTAÑO contó. BARBOSA MONTAÑO ordenó después a un hombre, identificado más adelante como TRIGOS CELÓN, entregar la cocaína.
27. El 12 de mayo de 2019, el Informante 2 envió a J. PICÓN RODRÍGUEZ una fotografía de uno de los kilogramos de cocaína con las marcas HH’ colocadas detrás de un periódico de Houston (Houston Chronicle con fecha del 8 de mayo de 2019). J. PICÓN RODRÍGUEZ reconoció mediante un mensaje de texto el hecho de que la cocaína había llegado a Houston (todos los resaltados fuera del original).
La lectura conjunta del indictment y de la declaración jurada del agente especial del FBI Jordan Burfield muestran satisfecho el requisito bajo análisis respecto de todos los cargos.
Así, para los cargos Uno y Dos, el texto del indictment señala que los comportamientos endilgados a los acusados se ejecutaron «al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal» (el 12 de febrero de 2020). Y frente al cargo Tres, se delimitó como fecha de ocurrencia de la conducta: «hacia el 1º de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamente el 22 de marzo de 2019».
Procede entonces la Corte a verificar si las conductas punibles encuentran correspondencia en la legislación penal nacional.
En Colombia, las conductas atribuidas a JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ en el indictment, esto es, haberse asociado con otras personas para distribuir (cargo Dos) y distribuir efectivamente sustancias que contenían cocaína y sus derivados (cargo Tres), cuyo destino final sería los Estados Unidos; guardan identidad con lo descrito en los artículos 340 -modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006 – y 376 – reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011 –, con la circunstancia de agravación prevista en el canon 384, por la cantidad de sustancia estupefaciente que, según el indictment, fue objeto del tráfico. Tales disposiciones establecen:
ARTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.
ARTICULO 376. TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
(…)
3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
De otra parte, el hecho de «proporcionar, directa o indirectamente, un valor pecuniario a cualquier persona y organización que haya participado o participe en actividades terroristas o terrorismo» descrito en el Cargo Uno se asemeja, en el Código Penal colombiano, al delito previsto en el art. 345 cuyo texto es el siguiente:
ARTICULO 345. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS Y DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Como bien se ve, las conductas contenidas en los cargos Uno, Dos y Tres del indictment se encuentran penalizadas en los dos países y corresponden a tipos penales con pena mínima superior a los 4 años de prisión, por lo que se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto.
No obstante, la Corte debe hacer las siguientes consideraciones en relación con los cargos Uno y Dos de la acusación emitida por la Corte del Distrito Sur de Texas contra JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ:
3.4.1. Las Notas Verbales que fundamentan el pedido de extradición informan que el solicitado, JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, nació «el 23 de julio de 1994». Así consta también en el informe decadactilar expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue aportado por la autoridad requirente.
De aquellos documentos se deduce que, para la fecha a partir de la cual se reprocha la presunta participación de ÁLVAREZ ORTIZ en las conductas punibles enlistadas en los cargos Uno y Dos de la acusación, esto es, «al menos ya desde enero de 2000», el reclamado tenía apenas cinco (5) años de edad.
La delimitación de la época en la que ÁLVAREZ ORTIZ participó en las conductas descritas en los cargos Uno y Dos resulta de trascendencia para el sentido del concepto, porque una eventual intervención del reclamado en tales actos, antes del 23 de julio de 2012 – fecha en que alcanzó la mayoría de edad – conlleva la emisión de uno de carácter negativo, en tanto, como se verá, la minoría de edad del requerido en extradición se erige, para el caso concreto, en causal de improcedencia de la extradición:
i) Mediante la Ley 12 de 199115, Colombia incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención Internacional de los Derecho del Niño. Ese instrumento impone a los Estados Parte, en punto del juzgamiento a menores de edad, entre otras, las siguientes obligaciones:
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
(…)
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Otro de los principales instrumentos internacionales que debe considerarse para el juzgamiento de menores de edad, son las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores” o “Reglas de Beijing”, emitidas por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985. Aunque tales pautas no son obligatorias para nuestro país, sí condensan estándares mínimos para el juzgamiento de menores de edad provenientes de tratados internacionales y normas consuetudinarias supranacionales sobre derechos humanos que ostentan carácter vinculante, por lo que «deben en consecuencia ser respetados en todos los casos de procesamiento de menores de edad por violación de la ley penal» (Ver C-203/05).
Fiel reflejo de la incorporación de tales instrumentos supranacionales al ordenamiento colombiano se encuentra en los arts. 4416 y 4517 de la Constitución Política que, además de destacar la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños sobre los de los demás ciudadanos, plasman la manera en que los menores han de ser protegidos «contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos», al tiempo que imponen a «la familia, la sociedad y el Estado… [de] la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos».
De igual manera, la expedición de la Ley 1098 de 2006 y la consecuente implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) son respuestas del ordenamiento colombiano a la estricta observancia de los instrumentos internacionales arriba enunciados. La citada ley, precisamente, advierte que tendrán relevancia en la aplicación del sistema «los principios y definiciones consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley» (art. 141 ídem).
Por ende, Colombia, como Estado signatario de la Convención de los Derechos del Niño, debe respetar, en materia del juzgamiento de menores de edad, las obligaciones allí previstas.
ii) Por su relevancia para el caso que concita la atención de la Sala, se trae a colación la regla número 4 de las “Reglas de Beijing”, la cual señala que la edad mínima para efectos de responsabilidad penal «no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual».
Esa pauta encuentra respaldo en el ordenamiento colombiano, en el artículo 142 de la Ley 1098 de 2006, que excluye de responsabilidad penal a «las personas menores de catorce (14) años, [quienes] no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible». Es más, cuando se trata de niños de menos de 14 años de edad que infringen la ley penal, dice el canon 143 ejusdem, «sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar».
También expone el Código de Infancia y Adolescencia, que podrán ser juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, «las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de violar la ley penal» (art. 161) pudiendo ser sujetos de privación de la libertad en centro de atención especializada, los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años «que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión» (art. 187) 18.
Además, la duración del internamiento en establecimiento especializado «tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años» (inc. 3º ídem) salvo que se trate de delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.
De igual manera, «si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y restaurativa», según lo previsto en el parágrafo del canon 187 citado.
Claramente, las sanciones previstas en el SRPA para los menores infractores han dado prevalencia a un carácter correccional, educativo y pedagógico frente al carácter retributivo, sancionatorio y carcelario que implican los castigos propios del sistema para adultos.
La aplicación de esta normatividad especial es obligatoria en todos los casos donde el delito sea cometido por un menor de edad, independientemente de que, como se dijo, durante la investigación y/o el juzgamiento el infractor adquiera la mayoría de edad.
iii) El sistema norteamericano de juzgamiento para menores de edad difiere en gran medida del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Ley 1098 de 2006. Sin ahondar en mayores detalles, puede decirse, a manera de ejemplo, que en los Estados Unidos es posible que menores de edad acusados de delitos graves sean procesados como adultos ante los tribunales federales19. Incluso, hasta reciente época, se avalaba que fuesen castigados con la imposición de penas de prisión perpetua sin derecho a libertad condicional20. Igualmente, pueden ser recluidos en establecimientos de privación de libertad para adultos sin que sean separados de la población general21.
iv) Según la declaración jurada que para el caso rindió el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Casey N. MacDonald, JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ fue acusado por el Gran Jurado de la Corte Distrital de Texas que, igualmente, libró orden de aprehensión en su contra, para que comparezca ante ese Alto Tribunal para ser juzgado por los comportamientos plasmados en los tres cargos objeto de extradición.
Informa también ese funcionario, que ÁLVAREZ ORTIZ fue acusado, en los cargos Uno y Dos del indictment por «delitos continuos que se produjeron presuntamente entre enero de 2000 y el 12 de febrero de 2020» y que comportan como pena máxima la de «cadena perpetua… y libertad supervisada de por vida».
En otras palabras, de concederse la extradición de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, será juzgado por la Corte del Distrito Sur de Texas como persona mayor de edad.
v) Frente a las conductas atribuidas a JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ en los cargos Uno22 y Dos23 del indictment, la información aportada por la autoridad reclamante fija la comisión de los comportamientos en un marco temporal que podría incluir su participación en los hechos materia de extradición, de los cinco a los trece años de edad (del año 2000 hasta 2008)24, sin embargo, a la luz del art. 142 de la Ley 1098 de 2006, no puede ser juzgado ni, mucho menos, declarado penalmente responsable por los sucesos que hayan ocurrido en aquella época.
De igual manera, la delimitación de la acusación foránea de la manera en que fue presentada en la solicitud de extradición, también implica la posibilidad de que por las conductas punibles que pudiese cometer ÁLVAREZ ORTIZ entre los catorce (14) y hasta antes de cumplir los dieciocho (18) años (del año 2008 al 22 de julio de 2012) se le juzgue en los Estados Unidos como adulto y sea, posiblemente, condenado a penas de prisión perpetua o libertad supervisada25.
Pero como se plasmó en páginas precedentes, en nuestro país sería sujeto a ser procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y, eventualmente, condenado a sanción de internamiento en centro de atención especializada por un plazo de hasta cinco (5) años, sin que sea óbice para ello que haya alcanzado la mayoría de edad.
vi) Las profundas diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de juzgamiento de menores de edad en ambos países, sumadas a la obligación que tiene el Estado colombiano de someterse a la Convención de los Derechos del Niño, que fue integrada a su ordenamiento jurídico y por ende hace parte del bloque de constitucionalidad, impiden que la Corte emita concepto favorable a la solicitud de extradición para el consecuente juzgamiento en los Estados Unidos de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ por los hechos plasmados en los cargos Uno y Dos.
Conceder la extradición del reclamado por aquellos cargos, con la consecuente autorización de que sea juzgado, como adulto, en ese país, por conductas que pudo cometer siendo menor de edad, implicaría desconocer los mandatos de optimización internacional del interés superior del menor y de la protección de las garantías que el ordenamiento nacional contempla para los niños, niñas y adolescentes26.
Tampoco es posible que la Corte limite el concepto positivo para los cargos Uno y Dos, fijando el marco temporal de los comportamientos a partir del 23 de julio de 2012 (fecha en que alcanzó la mayoría de edad), porque para autorizar la extradición de esa manera, era carga de las autoridades judiciales de la nación requirente exponer con mayor precisión «el lugar y la fecha en que fueron ejecutados» los hechos objeto de la solicitud. Ello, en aras de evitar la posibilidad de que el reclamado pueda ser juzgado en ese país por conductas cometidas como menor de edad.
Y en este caso particular esa exigencia no se suple con los documentos que respaldan la solicitud de extradición, porque la verificación de tales piezas tampoco impide que ÁLVAREZ ORTIZ pueda ser juzgado por la comisión de conductas supuestamente cometidas cuando era menor de edad.
Entonces, por los cargos Uno y Dos la Corte emitirá concepto desfavorable.
3.4.2. El cargo Tres no genera ninguna discusión. Como se dijo, la autoridad reclamante señaló con suficiencia los actos que determinan el pedido de extradición, así como el lugar y fecha de su ocurrencia, sin que se avizore que los comportamientos allí enlistados hayan sido cometidos por el reclamado como menor de edad, pues en ese sentido el indictment delimitó el marco temporal entre «el 1º de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamente el 22 de marzo de 2019» y la declaración jurada de apoyo a la solicitud de extradición lo fijó en el suceso del 25 de febrero de 2019.
Por el cargo Tres la Corte emitirá concepto favorable.
4. Respuesta a las alegaciones de la defensa.
Es ante las autoridades judiciales del país reclamante que ÁLVAREZ ORTIZ deberá demostrar que la calificación de los hechos materia del proceso penal y la eventual declaración de culpabilidad son equivocadas. La labor de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del trámite de extradición, «está circunscrita a la verificación objetiva del cumplimiento de los presupuestos convencionales o legales que regulan el pedido de entrega del requerido» (CSJ CP056 – 2018) y ese propósito, naturalmente, excluye cualquier valoración sobre la ocurrencia del hecho, la responsabilidad penal del reclamado y la validez o el mérito de las pruebas aportadas en tanto la extradición no corresponde a la noción de un proceso penal.
De ahí que esté vedado a la Corte verificar los aspectos que pide considerar la defensa en su alegación, pues dichos temas no están previstos ni en la Constitución Política ni en el Código de Procedimiento Penal como requisitos que deba evaluar para la emisión del concepto a su cargo.
5. Concepto.
Como se verifican parcialmente satisfechas las exigencias constitucionales y legales, la Sala conceptuará de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, por el cargo Tres descrito en la acusación No. 20CR 09127, dictada el 12 de febrero de 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
Emitirá concepto DESFAVORABLE por los cargos Uno y Dos del indictment, porque no se precisó en ellos si fue requerido por la comisión de conductas punibles como menor o como mayor de edad y, en estricto acatamiento de las normas contenidas en la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia28, la minoría de edad se erige, para el caso concreto, como causal de improcedencia de la extradición.
5.1. Condicionamientos.
Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.
Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos a partir del «1º de febrero de 2019», según se indicó en el cargo Tres por el cual se emite concepto favorable. Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, según lo previsto en la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.
De igual manera, debe condicionar la entrega de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ a que se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.
Además, no debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
Igualmente, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.
De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor presidente de la República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga.
5.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ ORTIZ, por el cargo Tres contenido en la acusación No. 20CR 09129, dictada el 12 de febrero de 2020 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
Emite CONCEPTO DESFAVORABLE frente a los cargos Uno y Dos del indictment, por lo expuesto en esta providencia.
Comuníquese esta determinación al solicitado, a su defensor, a la Procuraduría y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.
GERSON CHAVERRA CASTRO
Presidente
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
EYDER PATIÑO CABRERA
HUGO QUINTERO BERNATE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso No. 4:20-cr-00091-1, Caso No. 4:20-cr-00091-2, Caso No. 4:20-cr-00091-4, Caso No. 4:20-cr-00091-5 y Caso No. 4:20-cr-00091-6.
2 Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 1997.
3 Pues fue llamado a juicio en los Estados Unidos por «delitos de tráfico de drogas ilícitas» (De acuerdo con la Nota Verbal de formalización de la solicitud aportada en archivo digital).
4 Ídem.
5 Y, según esa disposición, en casos excepcionales, por la consular, o de gobierno a gobierno.
6 Folios 13 a 17 del archivo digital denominado “Nota Verbal 1840 y documentos formalización”.
7 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso No. 4:20-cr-00091-1, Caso No. 4:20-cr-00091-2, Caso No. 4:20-cr-00091-4, Caso No. 4:20-cr-00091-5 y Caso No. 4:20-cr-00091-6.
8 Folios 45 a 48 del archivo digital denominado “Nota Verbal 1840 y documentos formalización”.
9 Folio 60 ídem.
10 Folios 8 a 10 del archivo digital “documentos captura”.
11 Folios 14 a 16 ídem.
12 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso No. 4:20-cr-00091-1, Caso No. 4:20-cr-00091-2, Caso No. 4:20-cr-00091-4, Caso No. 4:20-cr-00091-5 y Caso No. 4:20-cr-00091-6.
13 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso No. 4:20-cr-00091-1, Caso No. 4:20-cr-00091-2, Caso No. 4:20-cr-00091-4, Caso No. 4:20-cr-00091-5 y Caso No. 4:20-cr-00091-6.
14 Obrante a folios 135 a 149 del archivo digital “Nota verbal 1840”.
15 Publicada en el Diario Oficial 39640 del 22 de enero de 1991.
16 ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
17 ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
18 Artículo que responde a la Regla 19 de las “Reglas de Beijing”, según la cual “el confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible”.
20 Tal situación cambió a partir del fallo Miller v. Alabama (2012) en el que la Suprema Corte de los Estados Unidos restringió la imposición de castigos de esa naturaleza a menores de 18 años de edad que hubiesen participado en delitos de homicidio. Posteriormente, en Montgomery v. Louisiana (2016), la Corte posibilitó la aplicación retroactiva de aquella decisión.
21 En el informe “La situación de niños y niñas y adolescentes en el sistema penal de justicia para adultos en Estados Unidos” (2018), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que, en ese país, “Los Estados no están legalmente obligados a separar a los jóvenes de los adultos, dentro de los establecimientos de privación de libertad para adultos. Si bien la ley federal de justicia juvenil, es decir, la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act, JJDPA, por sus siglas en inglés), en su texto revisado de 2002, establece la separación entre jóvenes y adultos como uno de sus requisitos básicos de custodia, sus disposiciones no se aplican a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de adultos”.
22 «proporcionar, directa o indirectamente, un valor pecuniario a cualquier persona y organización que haya participado o participe en actividades terroristas o terrorismo».
23 Haberse asociado con otras personas para distribuir sustancias que contenían cocaína y sus derivados cuyo destino final sería los Estados Unidos
24 Se recuerda que el reclamado nació el 23 de julio de 1994.
25 Ello, claro está, con las salvedades que al respecto imponen el cumplimiento de los condicionamientos que sobre tales aspectos emite esta Corporación y que se sujetan, tanto a los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a las dos naciones, como a lo que dispone sobre el punto la Constitución Política de Colombia.
26 Sin que para ello sea obstáculo que el gobierno de los Estados Unidos no haya ratificado, a la fecha, la Convención de los Derechos del Niño, pues Colombia, al incorporarla a su ordenamiento interno, debe acatarla.
27 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso No. 4:20-cr-00091-1, Caso No. 4:20-cr-00091-2, Caso No. 4:20-cr-00091-4, Caso No. 4:20-cr-00091-5 y Caso No. 4:20-cr-00091-6.
28 En especial la Convención de los Derechos del Niño incorporada al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 12 de 1991.
29 También enunciada como caso 4:20-cr-00091, Caso No. 4:20-cr-00091-1, Caso No. 4:20-cr-00091-2, Caso No. 4:20-cr-00091-4, Caso No. 4:20-cr-00091-5 y Caso No. 4:20-cr-00091-6.