Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP1113 – 2020
Radicación n.° 108107
(Aprobación Acta No. 16)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020).
VISTOS
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Yaleny Bocanegra Calducho contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, el 30 de octubre de 2019, por medio del cual denegó, por improcedente, el amparo que aquella invocó contra los Juzgados Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, ambos de la capital de la República.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos:
2.1. La accionante en el escrito de tutela informó que:
2.1.1. Está descontando la pena de 36 meses de prisión que en octubre de 2018 le impuso el Juzgado 5º Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá por el delito de violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos el 18 de enero de 2010.
2.1.2. La conducta por la que fue condenada se presentó cuando su hijo de dos años, quien padece de una enfermedad denominada “huesos de porcelana” se cayó del coche y se fracturó la mano, lo llevó al hospital y desde ahí llamaron a la fiscalía y después, el 17 de abril de 2018, le imputaron cargos, los cuales aceptó, por lo que se la condenó.
2.1.3. Tiene dos hijos menores, L.V. y J.P. de 14 y 8 años respectivamente, los cuales no ha descuidado y desde 2010 no tiene ninguna queja, al contrario, es su soporte ya que es quien vela por ellos pues el padre los abandonó, por lo que está purgando una pena injusta.
2.1.4. El Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le negó el beneficio de la prisión domiciliaria, supuestamente porque en la vista de la trabajadora social al domicilio consideró que los menores están bien; sin embargo, aunque su familia la apoya, ellos tiene sus propias obligaciones y están ocupados.
2.2. Solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y los derechos de los menores que prevalecen en la actuación penal.
EL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, mediante decisión adoptada el 30 de octubre de 2019, denegó por improcedente el amparo, al considerar que los juzgados demandados al resolver la solicitud de prisión domiciliaria como madre cabeza de familia, actuaron conforme lo previsto en el artículo 1º de la Ley 750 de 2002 y la jurisprudencia que sobre el tema han decantado las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, de suerte que arribaron a la conclusión que su concesión no era procedente, porque aquella no ostentaba tal calidad.
Así mismo, estimo que garantizaron el derecho de defensa y contradicción y los intereses superiores de los menores, en la medida que se tuvo en cuenta el informe que rindió la asistente social del juez de penas, en el que concluyó que no se encuentran en abandono o desprotección que amerite la intervención especial1.
Inconforme con la decisión, la accionante la impugnó, pero no sustentó las razones de su disenso2.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnación instaurada contra el fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal.
Atendiendo lo previsto por el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas, ante la posible amenaza o vulneración que se derive de la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que carezca de otros medios de defensa judicial.
El problema jurídico que convoca a la Sala consiste en determinar si contra las decisiones emitidas el 16 de mayo y 17 de septiembre de 2019, mediante las cuales los juzgados accionados negaron a la accionante Yaleny Bocanegra Calducho el sustituto de la prisión domiciliaria previsto en la Ley 750 de 2002, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por consiguiente, si es procedente revocar el fallo impugnado y, conceder el amparo invocado.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Como ha sido recurrentemente reiterado por esta Sala, la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales de la accionante.
e. Que la accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta».
En punto de las exigencias específicas, como fue recogido en la sentencia C-590 de 2005, han sido establecidas las que a continuación se relacionan:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
b. Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
b. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
b. Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
b. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
b. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[4].
b. Violación directa de la Constitución.
Queda entonces claro que en atención a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonomía judicial, la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se dirige a cuestionar una decisión judicial, tiene carácter excepcional, y su prosperidad está atada a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que quien acude a ella tiene la carga no sólo respecto de su planteamiento, sino de su demostración.
Análisis del caso concreto.
En este asunto no puede afirmarse que los motivos expuestos por la demandante se adecúen a los defectos a que alude la jurisprudencia, puesto que las providencias censuradas se sustentan en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad capaz de hacerlas perder legitimidad o su condición de verdadera decisión judicial.
En el análisis del caso concreto, la Sala evidencia que el juez de penas tramitó la solicitud del mecanismo de la prisión domiciliaria que presentó el apoderado de la sentenciada Yaleny Bocanegra Calducho de conformidad con el marco jurídico aplicable, esto es, el artículo 1º de la Ley 750 de 2002 y determinó no viable su concesión. Pese a que aquella probó su condición de progenitora no fue posible establecer la de madre cabeza de familia, pues los documentos aportados no permitieron dilucidar que los menores se encontraran en desprotección o en riesgo de abandono, perspectiva desde la cual no le era dable establecer el cumplimiento de los presupuestos para otorgarla.
Para el juez de segunda instancia, el juez de penas no incurrió en un dislate, pues, en efecto, la accionante no era acreedora al beneficio invocado, de acuerdo con los criterios legales y jurisprudenciales, no se acreditó en el trámite, ya que se comprobó que la familia extensa, ante la ausencia de la accionante como madre, ha velado por la protección y cuidado de los menores.
Así las cosas, la Sala concluye que los autos proferidos el 16 de mayo, 26 de julio y 17 de septiembre de 2019 por las autoridades demandadas, estuvieron precedidas del análisis serio de la controversia planteada y de la aplicación de las normas pertinentes, para determinar que la condenada Bocanegra Calducho no era merecedora de la sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria prevista en la Ley 750 de 2002.
Ahora bien, debe recordarse que, si bien las decisiones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos procesales, la Ley estableció diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior funcional estudie y evalúe el asunto, a los que la accionante acudió.
La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisión no habilita la interposición de la acción de tutela, porque este mecanismo excepcional no fue diseñado como una instancia adicional o alternativa.
Así las cosas, la acción de tutela debía negarse, como acertadamente lo concluyó el a quo, razón por la que el fallo impugnado se confirmará en su integridad.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Sala de Decisión de Tutelas n.° 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO. – CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia proferido el 30 de octubre de 2019 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judiciial de Bogotá, por las razones anotadas en precedencia.
SEGUNDO. – NOTIFICAR esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. – REMITIR el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 34 y ss. del trámite
2 Folio 46
3 Corte Constitucional. Sentencia T-522 de 2001.
4 «Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.»