Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado ponente
AP0130-2020
Radicación N° 49302
(Aprobado acta N°011)
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Sala se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por Rafael Arango Henao, con base en los ordinales 2° y 6° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, contra la sentencia del 13 de febrero de 2015 mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la condena que le fue impuesta el 21 de septiembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, como coautor del concurso homogéneo de fraude procesal.
HECHOS
Así fueron sintetizados en el auto en que se resolvió no dar trámite al libelo de casación:
El 14 de abril de 2001 fue asesinado en Cali el señor Jorge Alberto Parra Ramírez. El 11 de noviembre de la misma anualidad la abogada Constanza Osorio Tabares promovió proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, con base en ocho letras de cambio por valor de $50.000.000.oo cada una y otra por $36.000.000.oo, supuestamente firmadas por aquel en favor de Excelino Salazar Meza, que correspondió adelantar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, donde se ordenaron medidas cautelares sobre bienes de Parra Ramírez en la ciudad de Armenia.
Con ocasión del homicidio de su esposo Jorge Alberto Parra y temiendo por su vida y la de sus dos hijos menores, Luz Adriana Lozada Vallejo se radicó en Estados Unidos, y al intentar disponer de los bienes de quien fuera su cónyuge se percató del registro de las medidas cautelares en los folios de matrícula, procediendo a denunciar tales hechos.
Como posteriormente Excelino Salazar también fue asesinado, su esposa María Eugenia López Orozco en nombre suyo y representación de su hijo menor Esteban Salazar Gómez, como sucesores procesales, cedieron los derechos a NELLY JIMÉNEZ GONZÁLEZ, esposa de Carlos Ariel González Montoya (también fallecido en forma violenta) quien junto con el abogado RAFAEL ARANGO HENAO, continuaron con el referido proceso hasta conseguir el remate de los bienes inmuebles embargados (Casa 114 de 436.62 mt2 ubicada en la carrera 25 No. 2 Sur-95 El Pablado de Medellín; apartamento 802 con 2 garajes ubicado en la carrera 42 No. 1 Sur de Medellín y la casa 107 ubicada en la Urbanización Alquería de El Poblado Medellín) para pagar parte de las acreencias dispuestas en el mandamiento ejecutivo.
A su vez, NELLY JIMÉNEZ GONZÁLEZ cedió a Cristian Rodolfo Ortiz Arango, sobrino de RAFAEL ARANGO, un derecho crediticio remanente del proceso ejecutivo singular, y entonces, el último de los nombrados promovió el proceso de sucesión intestada de Jorge Alberto Parra Ramírez, tramitado en el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, en cuyo marco se utilizó un falso poder supuestamente otorgado por Luz Adriana Lozada Vallejo el 20 de junio de 2005 para levantar mediante escritura pública en la Notaría Primera de Manizales la afectación a vivienda familiar del apartamento 801, torre B, edificio Torres de Altamira, ubicado en la avenida Bolívar, 18N – 19 de Armenia, de propiedad de Parra Ramírez y efectivamente se consiguió levantar la correspondiente anotación en el folio de matrícula, ingresando el bien a la masa sucesoral, hasta que surtido el trámite se aprobó el trabajo de participación y adjudicación de la herencia del causante y de la sociedad conyugal conformada por Jorge Alberto Parra y Luz Adriana Lozada, y lograron el embargo de los derechos herenciales.1
ACTUACIÓN PROCESAL
1.- En atención al contexto fáctico referido en precedencia la Fiscalía Seccional de Manizales ordenó apertura de instrucción contra Rafael Arango Henao, entre otros, y dispuso escucharlo en diligencia de indagatoria; acto a partir del cual se produjo su vinculación formal a la actuación.2
2.- El 30 de marzo de 2010, fue proferida resolución de acusación en la que se atribuyó al procesado el concurso homogéneo de delitos de fraude procesal, «desplegados dentro de las demandas ejecutiva y de sucesión, instauradas ante los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero de Familia, respectivamente», en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado, respecto del «poder que fue utilizado para obtener la escritura pública No. 1995, por medio de la cual se canceló la afectación a vivienda familiar del bien inmueble».
También se declaró la prescripción de la acción penal derivada de las conductas punibles de falsedad en documento privado con base en las cuales se adelantó el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales.
3.- Impugnada la anterior decisión, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal de Manizales la confirmó mediante providencia del 24 de junio de 2010, oportunidad en la cual precisó que procedía la preclusión de la investigación respecto de la falsedad de las nueve letras de cambio, en razón a la prescripción declarada por la Fiscalía a quo.3
4.- Agotado el trámite pertinente, el 21 de septiembre de 2012 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales condenó a Rafael Arango Henao a 8 años, 2 meses y 15 días de prisión, multa de 210 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, como coautor del concurso homogéneo y heterogéneo de los delitos objeto de acusación.4
5.- Inconforme con la anterior determinación, la defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 13 de febrero de 2015, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la cual decidió otorgar al entonces procesado la prisión domiciliaria y confirmó en lo demás el fallo de primera instancia.
6.- El 9 de marzo de 2016, la Corte declaró prescrita la acción penal derivada del delito de falsedad en documento privado respecto del «poder que fue utilizado para obtener la escritura pública No. 1995, por medio de la cual se canceló la afectación a vivienda familiar del bien inmueble» y ordenó la respectiva cesación de procedimiento.
Como consecuencia de lo anterior, redosificó la pena fijada a Rafael Arango Henao y le impuso, en calidad de coautor del concurso homogéneo de delitos de fraude procesal, 7 años, 6 meses y 15 días de prisión, multa de 210 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años.
Finalmente, la Sala inadmitió la demanda de casación presentada por el abogado del entonces acusado.
7.- Ejecutoria la sentencia, Rafael Arango Henao presentó demanda de revisión con fundamento en las causales 2ª y 6ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
8.- Con providencia del 31 de julio de 2019, la Sala aceptó los impedimentos manifestados por los Magistrados Eyder Patiño Cabrera, Eugenio Fernández Carlier, Patricia Salazar Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero.5
LA DEMANDA
1.- El sentenciado propuso el levantamiento de los efectos de cosa juzgada que pesan sobre el fallo condenatorio dictado en su contra, con base en el ordinal 2° del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal porque, en su criterio, las autoridades judiciales que conocieron de la causa carecían de competencia y «no podía[n] condenar[lo]…, pues bajo el imperio de la Ley 600 de 2000, ley con la cual se tramitó todo el proceso y luego decretadas las prescripciones, NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO y menos el delito de FRAUDE PROCESAL…»
Destacó que la mencionada conducta contra la eficaz y recta impartición de justicia es de ejecución permanente, por lo que la actuación debió regirse por la normativa «bajo la cual se iniciaron las actividades investigativas», esto es, la Ley 906 de 2004.
Tal afirmación la hizo consistir en que Adriana del Pilar Vallejo Lozada formuló la respectiva denuncia el 6 de marzo de 2008, momento a partir del cual se desplegaron los actos de averiguación que permitieron su vinculación formal a la instrucción y, además, para dicha época ya se había implementado el régimen procesal con tendencia acusatoria en el Distrito Judicial de Manizales.
De tal manera, sostuvo que «este proceso debió tramitarse bajo [dicha disposición] y no por la Ley 600 de 2000, como erradamente se hizo».
2.- Siguiendo con el mismo argumento, el sentenciado invocó la causal 6ª de revisión, en tanto consideró aplicable la tesis jurisprudencial fijada por la Sala en la providencia del 12 de marzo de 2014 (Rad. 36106), reiterada en posteriores decisiones, entre ellas, la identificada como AP2139-2015 (Rad.44460), consistente en que «el procedimiento… aplicable ante comportamientos de carácter permanente como el fraude procesal… o en general, el concurso de conductas punibles unas sucedidas con anterioridad a las fechas de implementación del sistema penal acusatorio y otras con posterioridad a la ejecución del mismo, será aquél bajo el cual se iniciaron las actividades investigativas… [ello] bajo la tesis de razón objetiva».
3.- En atención a lo expuesto, el accionante solicitó dejar sin efectos la decisión del 9 de marzo de 2016, mediante la cual esta Corporación declaró la extinción de la acción penal derivada del delito de falsedad en documento privado y readecuó la sanción por el concurso homogéneo de fraude procesal para que, en consecuencia, se proceda a «invali[dar] todo el trámite que se adelantó para INVESTIGAR y JUZGAR el delito de FRAUDE PROCESAL, esto por haberse tramitado bajo el imperio de la Ley 600 de 2000…»6
CONSIDERACIONES
1.- De conformidad con el artículo 75, ordinal 2°, de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para conocer de la presente demanda de revisión, por cuanto se promueve contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a la que se integra el auto del 9 de marzo de 2016, mediante el cual esta Corporación declaró la extinción de la acción penal derivada del delito de falsedad en documento privado, tasó nuevamente la pena para el concurso de fraude procesal e inadmitió la demanda de casación.
2.- Ab initio, debe indicarse que aunque el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal permite el impulso de la acción por parte de cualquiera de los sujetos procesales con interés jurídico reconocido dentro del diligenciamiento, lo cierto es que en punto del ejercicio del derecho de postulación exige el concurso de un abogado,7 condición acreditada por Rafael Arango Henao, quien además se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión conforme certificación de la Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.8
En ese orden, se advierte que el sentenciado tiene legitimación para actuar en su propio nombre y representación.
3.- Precisado lo anterior, resulta oportuno destacar la naturaleza excepcional de la acción de revisión debido a que no comporta un mecanismo ordinario por medio del cual pueda debatirse el sustento de las decisiones proferidas por los jueces de instancia o continuar con las discusiones jurídicas o probatorias que han sido suficientemente superadas y definidas mediante una sentencia ejecutoriada.
Bajo esa perspectiva, la única finalidad de la acción de revisión es remover los efectos de cosa juzgada ante la injusticia o yerro de la determinación confutada, con fundamento en causales taxativamente consagradas y ante el cumplimiento de los supuestos de hecho que las integran, de allí que su procedencia no esté supeditada al arbitrio de quien la invoca, sino que es indispensable acreditar la existencia de uno o más de los motivos legalmente previstos, a partir de los cuales pueda evidenciarse el contraste entre lo decidido y la verdad material.
Con el fin de determinar la admisibilidad de la demanda, por un lado, es necesario verificar la observancia de los requisitos generales establecidos en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000 y, por otro, evaluar el cumplimiento de las exigencias específicas de carácter sustancial para la procedencia de la causal de revisión invocada.
Frente a los primeros, el citado precepto impone al demandante el deber de precisar: i) la actuación procesal cuya revisión se solicita, con la identificación del despacho que produjo el fallo; ii) el delito o delitos que motivaron la actuación procesal; iii) la causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud; iv) la relación de las pruebas que fundamentan la petición; v) el aporte de copia de las sentencias de primera y segunda instancia, según el caso; y, vi) la constancia de ejecutoria.
Una vez examinado el libelo presentado por Rafael Arango Henao, se observa que cumple con tales exigencias, pues se hizo un adecuado señalamiento de la actuación procesal, con indicación de las autoridades judiciales que profirieron los fallos cuestionados, el delito que motivó la condena y las causales invocadas, se anexaron copias de las sentencias de primera y segunda instancia, así como del auto a través del cual fue inadmitida la correspondiente demanda de casación y se adoptaron otras determinación, además de la constancia de ejecutoria de la decisión objeto de revisión,9 tal como exige el inciso final del citado artículo 222.
Sin embargo, en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de carácter sustancial para la procedencia de la pretensión rescisoria, se observa que el libelista no desarrolló las causales invocadas, sino que de manera escueta referenció los numerales 2 y 6 del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal en aras de que la Corte invalide la actuación que finalizó con la sentencia condenatoria objeto de censura, mediante la exposición de argumentos propios de un alegato de instancia que dejan entrever su particular visión sobre el desarrollo del trámite, los cuales resultan ajenos al presente mecanismo, como pasa a explicarse.
4.- De la acción de revisión cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse.
4.1.- En punto a la causal segunda de revisión, dígase que su invocación resulta viable cuando se ha establecido que el fallo no ha debido proferirse porque i) el Estado no podía emprender el ejercicio del ius puniendi o ii) no era factible proseguir con éste, ante la configuración de algunos de los eventos contemplados en el artículo 82 de la Ley 599 de 2000; verbigracia, prescripción, desistimiento, falta de querella o petición válidamente formulada, indemnización integral, conciliación, amnistía propia, indulto, o cualquier otro motivo legalmente previsto para la extinción de la acción penal.
La demostración de cualquiera de tales fenómenos, en sede de revisión, conlleva ineludiblemente la anulación de la decisión con la consiguiente ejecutoria, así como la cesación del procedimiento.
4.2.- Con dicho norte, es claro que el planteamiento realizado por el demandante, referido a la supuesta falta de competencia de los funcionarios que conocieron su causa dado el desarrollo impropio de la actuación bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000, no guarda correspondencia con ninguna de las circunstancias objetivas de extinción de la acción penal que tornan procedente la pretensión rescisoria por vía del ordinal 2° del artículo 220 ibídem, según se indicó en precedencia.
Se advierte que el verdadero interés del libelista subyace en demostrar la supuesta ilegalidad de los fallos de instancia por violación del debido proceso, por cuanto, en su criterio, el diligenciamiento debió seguirse conforme al procedimiento regido por la Ley 906 de 2004, aspecto que no puede debatirse en esta sede, toda vez que la acción de revisión no fue estatuida para dirimir situaciones presuntamente constitutivas de nulidad.
Dicho de otra forma, por medio del presente mecanismo excepcional no puede pretenderse el resurgimiento de una discusión que, de ser válida, sólo podría formularse acudiendo al recurso de casación, el cual efectivamente fue interpuesto por el entonces defensor de Rafael Arango Henao e inadmitió esta Corporación considerando, además, que no se evidenciaba la vulneración de ninguna garantía fundamental que debiera protegerse de manera oficiosa.
Aceptar el planteamiento del demandante desconocería la garantía de la cosa juzgada judicial y desquiciaría el andamiaje jurídico sobre el cual se sustenta el instituto de la revisión, dando lugar a que se pueda acceder a ella de cualquier modo y por cualquier motivo, es decir, sin referencia a ningún parámetro legal, lo cual generaría un verdadero caos judicial.
5.- De la acción de revisión por cambio favorable del criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.
5.1.- Por otra parte, Rafael Arango Henao promovió acción de revisión con fundamento en el ordinal 6° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, que habilita remover los efectos de cosa juzgada de la decisión judicial cuando la Sala de Casación Penal varía de manera favorable el criterio jurídico que sirvió para sustentar el fallo condenatorio.
La procedencia de dicha causal está condicionada a la acreditación de los presupuestos que se relacionan a continuación:
i) La identificación de una variación o del entendimiento diverso de un criterio jurídico en las interpretaciones efectuadas por la Corte en sus pronunciamientos judiciales (CSJ AP, 5 de dic 2002, rad. 18572).
ii) La identidad entre los fundamentos contenidos en el fallo cuestionado y los que dieron origen al cambio jurisprudencial (CSJ SP, 11 de feb 2015, rad. 43309).
iii) La falta de aplicación del criterio jurídico por virtud del desconocimiento de su existencia o la emisión de la sentencia atacada con anterioridad a su formulación (CSJ SP, 20 de ago. 2014, rad. 43624).
iv) Finalmente, la irrogación de efectos favorables al accionante frente al juicio de responsabilidad.
5.2.- El demandante pretende que se rescinda el fallo condenatorio dictado el 21 de septiembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, el cual fue confirmado el 13 de febrero de 2015, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad,10ante el aducido cambio jurisprudencial favorable generado con la providencia del 12 de marzo de 2014 (Rad. 36106), el cual ha sido reiterado en posteriores decisiones, entre ellas, AP2139-2015 (Rad.44460).
En concreto, adujo que la Sala fijó el criterio atinente a que la escogencia del régimen procesal conforme al cual debe adelantarse la investigación y juzgamiento de conductas de ejecución permanente, como el fraude procesal, se supedita a la vigencia de la ley frente a la cual se iniciaron los actos de averiguación.
A partir de allí, afirmó que «este proceso debió tramitarse bajo la Ley 906 de 2004 y no por la Ley 600 de 2000, como erradamente se hizo», toda vez que el 6 de marzo de 2008, día en que Luz Adriana Lozada Vallejo formuló la respectiva denuncia ya regía en el Distrito Judicial de Manizales el sistema procesal penal con tendencia acusatoria.
5.3.- Ciertamente, uno de los problemas jurídicos resueltos por la Corte en la decisión proferida el 12 de marzo de 2014 (Rad. 36106) consistió en establecer cuál es la ley procesal penal aplicable cuando se juzga un delito de carácter permanente en el que durante su ejecución transitaron los dos sistemas procesales.
Pues bien, en aquella oportunidad la Sala reiteró como parámetro de solución la aplicación de la tesis de razón objetiva, según la cual debe «acudir[se] a criterios objetivos y razonables, edificados éstos esencialmente en determinar bajo cuál de las legislaciones se iniciaron las actividades de investigación, la que una vez detectada y aplicada, bajo su inmodificable régimen habrá de adelantarse la totalidad de la actuación, sin importar que (al seleccionarse por ejemplo la Ley 600) aún bajo la comisión del delito -dada su permanencia- aparezca en vigencia el nuevo sistema».11
5.4.- Expuesta así la postura que el interesado aduce como novedosa puede concluirse que el contenido del fallo traído a colación no versa sobre un cambio jurisprudencial con incidencia en el sub judice, pues recuérdese que el llamado a remover los efectos de cosa juzgada que pesan sobre el fallo objeto de revisión debe ser respecto del «criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria».
Se arriba a tal conclusión porque al realizar el ejercicio de confrontación entre el precedente aludido y las razones expuestas en la confutada sentencia condenatoria, surge desatinada la postulación del demandante, quien dejó de lado que en la providencia del 12 de marzo de 2014 (Rad. 36106) sólo se consolidó la directriz que ha servido de referente para la solución uniforme de los conflictos presentados con relación a la selección del trámite aplicable tratándose de delitos permanentes, tópico que resulta ajeno a la causal 6ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, en tanto no edifica ningún viraje con relación al fundamento jurídico expuesto por los falladores para determinar que el actuar desplegado por Rafael Arango Henao, con la formulación de las acciones ejecutivas y de sucesión que se adelantaron ante los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero de Familia, ambos de Manizales, estructuró el concurso homogéneo de fraude procesal.
Es claro, entonces, que el demandante desatendió la carga que le asistía en cuanto a demostrar que tramitándose la actuación bajo las ritualidades de la Ley 906 de 2004, en aplicación de la tesis de la razón objetiva, necesariamente se arribaría a una conclusión diferente a la declarada en la sentencia.
No puede soslayarse que en la sentencia confutada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales realizó el estudio de la problemática que ahora se debate para concluir que ninguna afectación a las garantías fundamentales de Rafel Arango Henao generó su juzgamiento conforme los parámetros de la Ley 600 de 2000.
Fue así como dicha autoridad explicó:
[…] por último y como quiera que el defensor de Rafael Arango Henao ha dejado una glosa en el sentido de que la falsedad en documento privado respecto del poder con el que se logró la desafectación de la vivienda familiar y por supuesto el fraude procesal que se cometió con ello, debió tramitarse por la Ley 906 de 2004 y no por la Ley 600 de 2000, habrá de señalarse que tal situación de manera alguna violentó el debido proceso de la defensa, por cuanto en ambos procedimientos esta parte tuvo la oportunidad de conocer, presentar y controvertir pruebas, además de impugnar las decisiones que les fueran contrarias, ejerciendo por consiguiente de manera activa el derecho de defensa. Por consiguiente, el trámite de tales hechos bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000, no afectó el debido proceso y por tanto no genera nulidad alguna…12
Es indudable, entonces, que el actor, pretextando una variación jurisprudencial, utiliza la acción de revisión para continuar el debate sobre la aducida invalidación de la actuación que finalizó con la condena por el concurso homogéneo de fraude procesal, cuando esa discusión fue agotada en las instancias, suponiendo de forma errada que la acción de revisión es un sucedáneo del proceso ordinario.
Tal pretensión es inaceptable porque este mecanismo de carácter excepcional no es un instrumento diseñado para reactivar, como si se tratara de una fase adicional del trámite, la controversia sobre los hechos o circunstancias que fueron o debieron ser materia de análisis y decisión en el respectivo proceso (entre otras, CSJ SP 3 dic. 2014, rad. 42647).
6.- Así las cosas, es claro que la demanda no cumple con los requisitos específicos para la procedencia de las causales 2° y 6° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, mediante las cuales se pretende remover la intangibilidad de la cosa juzgada, razón por la cual, ante la defectuosa postulación del libelo, la decisión que se impone no puede ser otra que inadmitirlo.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de revisión presentada por el sentenciado Rafael Arango Henao.
Contra esta decisión procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase.
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
Magistrado
FRANCISCO BERNATE OCHOA
Conjuez
PEDRO ENRIQUE AGUILAR ANGULO
Conjuez
JORGE ENRIQUE CÓRDOBA POVEDA
Conjuez
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios. 2-4, Cuaderno anexo.
2 La diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 19 de junio de 2008, según consta en los folios 24-33 del Cuaderno número 1 de la Corte.
3 Folios. 125-169, Cuaderno número 1 de la Corte.
4 Folios. 170-194, Cuaderno número 1 de la Corte.
5 Folios. 346-349, Cuaderno número 2.
6 Folios. 1 -17, Cuaderno número 1 de la Corte.
7 Folios. 83, Cuaderno de anexos.
8 Folio. 355, Cuaderno número 2 de la Corte.
9 Folio.82, Cuaderno de anexos.
10 A los cuales se integra el auto del 9 de marzo de 2016, mediante el cual esta Corporación declaró la extinción de la acción penal derivada del delito de falsedad en documento privado, tasó nuevamente la pena para el concurso de fraude procesal e inadmitió la demanda de casación.
11 CSJ AP, 9 Jun 2008, Rad. 29586; CSJ AP, 15 Dic 2008, Rad. 30665; CSJ AP, 10 Mar 2009, Rad. 31180; CSJ AP, 29 Jul 2009, Rad. 31519, y, CSJ AP, 11 Dic 2013, Rad. 41187
12 Folio. 217, Cuaderno número 1 de la Corte.