Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder Patiño Cabrera
Magistrado Ponente
STP653-2019
Radicación n.° 102204
Acta n.° 17
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela presentada por Martha Lilia Giraldo Gallego contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado 28 Laboral del Circuito, ambos de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad.
Al presente trámite fueron vinculados la Fundación San Juan de Dios –en Liquidación-, la Nación –Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, el Departamento de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
ANTECEDENTES
1. Hechos y fundamentos de la acción
1.1. Martha Lilia Giraldo Gallego promovió proceso laboral contra la Fundación San Juan de Dios, la Nación –Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, el Departamento de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin que se reconociera la existencia de un contrato a término indefinido y se ordenara el pago de las prestaciones sociales que se derivan de ese vínculo.
1.2. El 9 de agosto de 2013 el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a las demandadas.
1.3. Contra esa determinación la accionante interpuso recurso de apelación y el 31 de enero de 2014 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad la ratificó.
1.4. La decisión de segunda instancia fue recurrida en casación, razón por la que las diligencias se encuentran surtiendo el respectivo trámite en la Sala de Casación Laboral.
1.5. Inconforme con lo anterior, Giraldo Gallego promovió acción de tutela contra las referidas autoridades judiciales, por la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, al considerar que las decisiones que vienen tomando en cada una de las instancias incurren en causales de procedibilidad.
Resaltó que los demandados incurrieron en vía de hecho por defecto sustantivo al desconocer la línea jurisprudencial emanada de la Corte Constitucional en relación con la problemática de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios (sentencias SU-484 de 2008, T-010 de 2012 y T-121 de 2016, y auto 268 de 2016), en la cual se establece la naturaleza privada de esta persona jurídica y de sus empleados, y la consecuente aplicabilidad de las convenciones colectivas suscritas.
2. La respuesta
2.1. Gobernación de Cundinamarca
El Profesional Universitario de la Dirección de Procesos Judiciales y Administrativos manifestó que el amparo es improcedente debido a que en la actualidad cursa un proceso laboral promovido por la actora en contra de esa entidad territorial.
2.2. Beneficencia de Cundinamarca
El Gerente General refirió que la peticionaria no prestó sus servicios a esa entidad y entregó la suma de $1.100.000.000 con el propósito de sanear el pasivo prestacional correspondiente a las pensiones de jubilación y cesantías de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios.
Adujo que la actora no tenía derecho a las prestaciones reclamadas por no haber fallo a su favor antes de proferida la sentencia por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado, que dejó sin efecto los Decretos que dieron vida jurídica a la Fundación San Juan de Dios.
2.3. Sala de Casación Laboral de esta Corporación
El Ponente manifestó que el proceso se encuentra en el despacho desde el 23 de enero de 2017 para emitir el respectivo fallo y que los asuntos son resueltos de acuerdo al orden de llegada.
2.4. Alcaldía Mayor de Bogotá
La Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico y la Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, pidieron negar las pretensiones de la demanda, como quiera que los despachos demandados no han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.
2.5. Ministerio de Salud y Protección Social
La Directora Jurídica solicitó desvincular a esa institución por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha oficiado como empleador de la peticionaria.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Corte determinar si los despachos judiciales accionados vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de la interesada, dentro del proceso ordinario laboral adelantado contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros.
Para resolver, previamente verificará si se satisface el principio de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acción.
2. Si la actuación laboral no ha finalizado, la tutela se torna improcedente.
2.1. El recurso de amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular y siempre que no exista otro mecanismo de defensa o se esté ante un perjuicio irremediable, evento último en el cual procede como mecanismo transitorio.
No tiene carácter alternativo. Es inviable cuando el interesado dispone de otro medio de defensa judicial, pues no fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como mecanismo supletorio de los procedimientos señalados en las normas procesales.
Mientras el proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar, al interior del trámite, el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela.
Así las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial1.
Es allí, ante el juez natural, donde el peticionario puede plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las decisiones adoptadas, recurrirlas.
2.2. En el presente caso, está demostrado que el proceso laboral adelantado por la accionante contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros, aún no ha concluido, pues en la actualidad se encuentra en trámite el recurso de casación, presentado frente la decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual ratificó la sentencia emitida por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de esta ciudad, en la que se absolvió a la parte demandada.
Adentrarse la Corte en el fondo del asunto sería inmiscuirse indebidamente en el trámite de una causa que está en curso, al interior del cual existe otro mecanismo idóneo para garantizar la protección de que se trata, esto es, en sede de casación, con lo que deviene improcedente la acción de tutela solicitada.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-967-2010, dijo:
[…] la idea de aplicar la acción de tutela en procesos judiciales que están en trámite o terminados, pugna, por regla general, con el ordenamiento jurídico; porque cada procedimiento judicial cuenta con los mecanismos que se requieren para garantizar el debido proceso y la justicia efectiva.
Lo anterior sirve para señalarle a la actora que estando el proceso laboral en trámite y en etapa de casación, la demanda de tutela aparece claramente improcedente, máxime si se observa que lo pretendido es variar la jurisprudencia de los despachos judiciales accionados, desconociendo que cada asunto se resuelve de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente y las particularidades del caso en particular y conforme con lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política, que consagra los principios de autonomía e independencia judicial, los cuales obligan a respetar sus determinaciones.
Por las anteriores razones se negará el amparo propuesto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Declarar improcedente la tutela instaurada por Martha Lilia Giraldo Gallego.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.