Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP6406-2019
Radicación n.° 104316
(Aprobación Acta No. 122)
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
VISTOS
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por Sandro Eliceo Rodríguez Chávez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva, con ocasión de las decisiones mediante las cuales fue denegada su solicitud de libertad condicional.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El ciudadano Sandro Eliceo Rodríguez Chávez solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, orientado por el principio de favorabilidad, por cuanto sistemáticamente el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva le ha denegado las solicitudes de libertad condicional que ha formulado, y esta postura ha sido avalada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
Critica que la autoridad judicial encargada de vigilar la pena que le fue impuesta, invariablemente se ha limitado a valorar la gravedad de la conducta punible, sin tener en cuenta los demás aspectos previstos para acceder al referido sustituto.
Reconoce que en las oportunidades anteriores no interpuso los recursos que la Ley le brinda para que esas decisiones sean revisadas, pero que en la última oportunidad sí acudió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, quien lamentablemente nada dijo.
Por estos motivos, luego de presentar algunas problemáticas que se derivan de la valoración de la gravedad de la conducta sin atender los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, el accionante solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y que se dejen sin efectos las decisiones proferidas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante las cuales fue denegada su solicitud de libertad condicional.1
Como prueba, el accionante aportó copia del fallo de tutela emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el pasado 1 de abril, dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 41001220400020190006200.2
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, solicitó denegar el amparo invocado por cuanto la censura con base en la cual el accionante formula la presente acción de tutela ya fue objeto de revisión en otra acción de igual naturaleza. Remitió copia del fallo de tutela emitido el 1 de abril de 2019.3
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela presentada por Sandro Eliceo Rodríguez Chávez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva, con ocasión de las decisiones mediante las cuales fue denegada su solicitud de libertad condicional.
Al respecto, el problema jurídico que convoca a la Sala consiste en establecer si contra las decisiones mediante las cuales al accionante le ha sido denegada la libertad condicional, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y por ende debe concederse el amparo invocado.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de igual naturaleza.
Como ha sido recurrentemente reiterado por esta Corporación, la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales. Su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para la parte accionante, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta».
En línea con lo anterior, se ha considerado que si bien excepcionalmente es viable acudir a la acción de tutela cuando la solicitud de amparo versa sobre el trámite o procedimiento adelantado en el marco de otra acción de igual naturaleza, esta salvedad no aplica para las decisiones adoptadas en las mismas, pues uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias es «Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela».4
En ese sentido, cuando el asunto que se aborda se refiere a la regla fijada sobre la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, este parámetro solo admite de forma excepcionalísima su levantamiento, si se cumplen las condiciones señaladas en la providencia de unificación jurisprudencial SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se señalaron tres requisitos:
a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual.5 (Textual).
Queda entonces claro que en atención a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonomía judicial, la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se dirige a cuestionar una decisión judicial, tiene carácter excepcional, y su prosperidad está atada a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que quien acude a ella tiene la carga no sólo respecto de su planteamiento, sino de su demostración.
Análisis del caso concreto.
Dado que el accionante reconoció que previamente interpuso otra acción de tutela por estos hechos, la cual fue radicada bajo el número 41001220400020190006200, por el Despacho fue consultada la página web de la Rama Judicial, encontrando que la última solicitud de libertad condicional fue elevada ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva el pasado 1 de marzo, quien mediante auto del 3 de marzo siguiente ordenó estarse a lo dispuesto en auto del 5 de febrero de 2018. Se trata de una decisión contra la que el accionante no interpuso ningún recurso.6
Como la referida acción de tutela fue resuelta el pasado 1 de abril, se constata que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en su condición de juez de tutela se pronunció respecto de todas las solicitudes de libertad condicional que hasta este momento el accionante ha formulado.
Se trata de una decisión contra la cual no se interpuso el recurso de impugnación, por lo que el expediente fue remitido para agotar el trámite de eventual revisión.7
Consultada la página web de la Corte Constitucional, obra que dicha acción fue radicada el pasado 9 de mayo bajo el número T7381043, por lo que está en curso su eventual revisión.8
Con base en esta información, dado que no está permitido promover varias acciones de tutela por los mismos hechos, la Sala encuentra que no puede revisar las decisiones proferidas por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva dentro del expediente 41551600059720120370300.
Tampoco puede valorar el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 1 de abril de 2019, porque como fue explicado anteriormente, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias es «Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela».
Por lo mencionado, debe declararse la improcedencia del amparo, informando al accionante que si considera que su caso cumple con los presupuestos para que sea revisado, puede promover la selección de su caso ante la Corte Constitucional, como fue recogido en la sentencia SU-1219 de 2001:
Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos…
…
El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional… (Textual).
Como fue detallado en esa decisión, la revisión puede ocurrir porque la Corte Constitucional decide oficiosamente seleccionar el caso, o porque una autoridad competente para ello insiste en su revisión. Se trata de un procedimiento previsto en los artículos 49 a 52 del reglamento interno de esa Corporación.
De esta manera, si ese alto tribunal decide no seleccionar de oficio un caso para revisión, y el accionante considera que hay afectación de sus derechos fundamentales, lo procedente es que promueva el recurso de insistencia ante dicha Corporación.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA N° 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Sandro Eliceo Rodríguez Chávez contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por las razones anotadas en precedencia.
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
3. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 2 a 7.
2 Folios 8 a 10.
3 Folios 20 a 23.
4 Cfr. CSJ STP4138-2015, 07 abr 2015, Rad. 78.692; STP15965-2017, 03 oct 2017, Rad. 94054; STP19469-2017, 21 Nov 2017, Rad. 94930; STP4239-2018, 20 mar 2018, rad. 97340; STP5259-2018, 17 Abr 2018, Rad. 97814; STP5256-2018, 17 Abr 2018, Rad. 97847; STP6894-2018, 22 May 29018, Rad. 98307; STP2582-2019, 26 feb 2019, Rad. 102776; entre otras.
5 Cfr. CC T-072, T-093 y T-286 de 2018.
6 Folio 28 y vto.
7 Folio 31.
8 Folio 30.