Asistente Jurídico Inteligente
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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada ponente
STP2445-2019
Radicación n°. 103185
Acta 51
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por CRISTIAN IGNACIO MURILLO MENDOZA, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ, el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD del mismo distrito judicial y el JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DEL GUAMO (TOLIMA), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite se vinculó a las partes en la acción de tutela radicada 2019-00062.
ANTECEDENTES
CRISTIAN IGNACIO MURILLO MENDOZA acudió a la acción de tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Para el efecto argumentó que solicitó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que se le computara como parte de la pena cumplida el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2014, -fecha en que se le concedió la libertad por vencimiento de términos-, y el 30 de junio de 2006, -época en la que se emitió sentencia absolutoria-1, pues se había presentado periódicamente ante las autoridades.
Además, que se le tuviera en cuenta el tiempo transcurrido entre el fallo de primera instancia y su revocatoria ocurrida el 24 de marzo de 2017, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, al igual que la concesión de la prisión domiciliaria, pero en auto del 16 de julio de 2018, la autoridad en mención, le negó dicha pretensión.
Adujo que contra tal determinación instauró el recurso de apelación, el cual fue resuelto en forma negativa a sus intereses el 29 de noviembre siguiente, por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Guamo (Tolima).
Agregó que inconforme con las anteriores determinaciones, acudió a la acción de tutela, la cual fue asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué que el 4 de febrero del presente año, le negó la protección invocada.
Afirmó que la solicitud de amparo, fue conocida inicialmente por un magistrado que luego la remitió a otro integrante de la Sala (sic), quien se encontraba impedido para conocerla, pues en el año 2014 había conocido de una acción de tutela interpuesta por la víctima en el proceso adelantado en su contra, por lo que considera que se incurrió en una vía de hecho.
En ese contexto, solicitó el amparo de los derechos antes mencionados y en consecuencia, que se decretara la nulidad del fallo de tutela emitido el 4 de febrero de 2019 o en su lugar revocarlo y conceder el amparo impetrado.
TRÁMITE Y RESPUESTA
DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
1. La secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué indicó que la acción de tutela radicada 2019-00062, fue avocada el 22 de enero del año en curso y en fallo del 4 de febrero siguiente, se negó y el expediente estaba pendiente de ser enviado a la Corte Constitucional2.
2. El magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué informó que tramitó la demanda de tutela interpuesta por el hoy accionante, cuyo amparo fue negado el 4 de febrero de 2019, al no advertir ninguna vulneración a los derechos de MURILLO MENDOZA3.
Adujo que no es procedente la presente solicitud, en razón a que se ataca el fondo de un fallo de tutela.
3. El juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Ibagué refirió que resolvió en forma negativa la solicitud del actor, relacionada con que se le tuviera como parte de la pena cumplida un tiempo que estuvo en libertad; decisión que apelada fue confirmada, sin que se hubieran afectado los derechos del hoy demandante.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casación Penal de esta Corporación es competente para pronunciarse sobre la demanda de tutela instaurada por CRISTIAN IGNACIO MURILLO MENDOZA.
2. En pacífica jurisprudencia, han decantado tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, que no puede utilizarse la tutela para atacar una decisión que se profirió en un proceso de esa misma naturaleza. Particularmente en la sentencia CC SU-1219/01, la Corte Constitucional señaló las siguientes pautas:
Por excepción, es viable interponer una acción de tutela cuando en el trámite o procedimiento de una anterior el funcionario judicial ha incurrido en vías de hecho. Por ejemplo cuando actúa con absoluta falta de competencia o no integra adecuadamente el contradictorio.
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acción de tutela, contra esa providencia no es procedente interponer posteriormente otra acción de la misma naturaleza, toda vez que el mecanismo jurídico idóneo establecido para analizar la constitucionalidad de una sentencia de tutela es únicamente la revisión a cargo de la Corte Constitucional.
Como no es factible interponer una nueva solicitud de amparo contra la sentencia que definió una anterior, quien estime que la primera sentencia está construida sobre vías de hecho debe solicitar a la Corte Constitucional que revise dicho fallo, en los términos de los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jurídicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta.
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela, dicho fallo hace tránsito a cosa juzgada. Si accede a revisar la sentencia, a lo resuelto por dicha Corporación debe estarse como última palabra sobre el asunto, y hace tránsito a cosa juzgada.
Así, en la sentencia SU-627/15, el Alto Tribunal Constitucional explicó:
(…) este tribunal fija la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, que se funda en la consideración de que es importante evitar que la sentencia de tutela pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con ello “la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales”. Así, pues, admitir una nueva acción de tutela “sería como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido”, lo que es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias en la materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de selección “opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional” (…).
Del mismo modo, en la mencionada decisión ese Tribunal unificó la jurisprudencia en punto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza, señalando, entre otras reglas que:
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación (negrillas fuera del texto original).
Aclarado lo anterior, para el presente evento se tiene que el accionante CRISTIAN IGNACIO MURILLO MENDOZA cuestiona por vía de tutela la decisión emitida el 4 de febrero de 2019, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante la cual, le negó el amparo invocado contra los Juzgados Primero de Ejecución de Penas del mismo distrito judicial y Tercero Promiscuo Municipal del Guamo, con ocasión de los autos proferidos el 16 de julio y 29 de noviembre de 2018.
No obstante, lo que cuestiona el demandante en esta oportunidad es el contenido del fallo de tutela dictado en primera instancia por la Corporación demandada, pues señaló que en su caso era procedente el amparo invocado, en la medida que las autoridades allí demandadas habían incurrido en vía de hecho, pues no habían tenido como como parte de la pena cumplida un período que estuvo en libertad, por lo que se concluye que al acudir a la vía de amparo, lo que pretende CRISTIAN IGNACIO MURILLO MENDOZA es generar un nuevo debate constitucional por supuestos defectos de fondo, pero esa situación, bajo las consideraciones precedentemente expuestas, torna improcedente el presente trámite.
Y si bien es cierto que la Corte Constitucional ha establecido, para casos excepcionalísimos, que la cosa juzgada debe ceder con relación a fallos de tutela por defectos de fondo, ello solo se ha dado, únicamente, cuando está de por medio el principio fraus omnia corrumpit (el fraude lo corrompe todo), y solo en el evento de que tal postulado entre en tensión con el principio de justicia material a partir del cual es posible desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que tiene la decisión del juez, situación que de ninguna manera se verifica en este asunto.
Además, si el demandante pretendía criticar el contenido de la decisión referida, era su deber impugnarla y no lo hizo. No obstante, aún puede solicitar a la Corte Constitucional la revisión del respectivo fallo, pues de acuerdo con lo informado por la secretaria de la Corporación demandada, el expediente está pendiente de ser enviado a la alta Corporación, a la que puede acudir con tal propósito.
Del mismo modo, tal y como lo prevé el artículo 57 del Acuerdo 02 de 20154, en caso de que el expediente no sea seleccionado por el Alto Tribunal Constitucional para su revisión, puede insistir en el estudio de su caso particular, por intermedio de «cualquier Magistrado titular o directamente el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado», dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección.
Así las cosas, las pretensiones del actor no pueden prosperar frente a los razonamientos expuestos por la autoridad demandada, en el fallo de tutela que ahora se critica, pues, bajo los lineamientos antes reseñados, es claro que el cuestionamiento de las razones de fondo de una sentencia de tutela no puede exponerse mediante una nueva demanda. Lo correcto es solicitar a la Corte Constitucional la revisión del respectivo fallo, siendo ese el mecanismo de defensa idóneo para solucionar la temática aquí propuesta, al que no acudieron los demandantes.
En ese orden, lo procedente en este caso, es negar el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, LA SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 3, DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1°. NEGAR el amparo invocado.
2°. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3°. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 La cual fue revocada el 24 de marzo de 2017, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.
2 Folio 75 de la actuación.
3 Folio 86 y ss ibídem.
4 Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional.