Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
AP4615-2019
Radicación n.° 56062
Acta n.° 282
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS:
Se pronuncia la Sala sobre las solicitudes probatorias elevadas por la defensa, dentro del trámite de extradición que se adelanta contra CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES:
1. Mediante Nota Diplomática 0795 del 11 de junio 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición de CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA, ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por «un delito de tráfico de narcóticos relacionado con concierto para delinquir», según la acusación 18-20618-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 19 de julio de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
2. Con fundamento en esa petición la Fiscalía General de la Nación decretó, mediante Resolución del 13 de junio de 2019, la captura de CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA. Ésta se hizo efectiva el 18 de junio siguiente en el parqueadero del establecimiento comercial «Mall del Este» de la ciudad de Medellín.
3. Mediante Nota Verbal 1258 del 15 de agosto de 2019, la Representación Diplomática de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA.
4. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI 2130 de fecha 20 de agosto de 2019, dirigido a la Cartera de Justicia y del Derecho, conceptuó:
«Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y los Estados Unidos de América (…):
* La “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 (…).
* La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000 (…).».
5. Por su parte, el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, con oficio MJD-OFI19-0024755-DAI-1100 del 26 de agosto de 2019, remitió a esta Corte la solicitud de extradición con la documentación reunida.
6. El 3 de septiembre de 2019 la Sala asumió el conocimiento del asunto, reconoció personería al abogado designado por CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA y dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
PETICIONES PROBATORIAS:
En el término conferido, la defensa solicitó que se oficie a la Fiscalía General de la Nación, en orden a establecer si por los mismos hechos objeto del requerimiento, se adelanta proceso penal en este país en contra del requerido, y en caso de ser afirmativa la respuesta, allegue a este trámite la información respectiva sobre los mismos.
Igualmente, demandó requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que informe si «existen homónimos» de CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA, atendiendo que no obra dentro de las diligencias la individualización de su representado.
Por su parte, el representante del Ministerio Público no solicitó la práctica de prueba alguna.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Las Pruebas en el Trámite de Extradición:
Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, conforme al artículo 502 de la Ley 906 de 2004, la Corte debe concentrarse en corroborar la demostración de la plena identidad del solicitado, la validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud, la observancia del principio de doble incriminación, la equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana y el cumplimiento de los tratados, si fuere el caso.
Igualmente, la Sala tiene establecido que se debe constatar si en Colombia se profirió decisión con fuerza de cosa juzgada por los mismos hechos que sustentan la petición de extradición.
La aducción y práctica de pruebas al interior del trámite de extradición se rige por las pautas generales que regulan el recaudo probatorio en el procedimiento penal, imponiéndose el análisis de la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de convicción solicitados1, de cara a los puntuales aspectos que la Corte debe abordar al emitir su concepto.
Por ende, si las pruebas solicitadas no guardan relación con esos temas, versan sobre hechos claramente impertinentes o carecen de utilidad, deben ser desestimadas.
2. De la solicitud de pruebas:
2.1. Precisados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en el trámite de extradición, resulta claro que el requerimiento dirigido a indagar por la existencia de investigaciones en aras de descartar una eventual vulneración de la garantía del non bis in ídem que le asiste al reclamado es pertinente.
En ese orden, resulta conducente y pertinente corroborar si por parte de las autoridades nacionales se ha ejercido con anterioridad la jurisdicción respecto de los hechos objeto del requerimiento.
Por consiguiente, se decretará esa postulación de la defensa, en el sentido de requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que, en el perentorio término de diez (10) días al que se refiere el inciso 2º del art. 500 de la Ley 906 de 20042, consulten en sus bases de datos si obra alguna investigación en contra del reclamado CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA y, en caso afirmativo, informen el número de radicación, los hechos objeto de investigación y el estado actual del trámite. Deberán además, de ser el caso, allegar copia de las decisiones emitidas.
2.2. Ahora bien, la postulación probatoria efectuada por la defensa tendiente a acreditar la plena identidad del requerido y descartar la existencia de un homónimo de CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA resulta innecesaria y por tanto no es admisible.
Lo anterior, por cuanto en la carpeta aportada con la solicitud de extradición figura copia del cotejo dactiloscópico realizado por un perito del Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No. 6 de la Policía Nacional, quien determinó que las huellas que reposan en el informe sobre consulta Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, respecto de la cédula de ciudadanía 71.642.502 a nombre de CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA, «corresponden entre sí». Estudio cuyos resultados serán valorados por la Corte al momento de emitir el concepto de rigor.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE:
1. ACCEDER a la petición contenida en el numeral 2.1. En consecuencia, por intermedio de la Secretaría ofíciese a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que informen si CARLOS JULIO RAMÍREZ MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía 71.642.502, ha sido investigado, juzgado o condenado o si, en la actualidad, se adelanta en su contra alguna actuación de carácter penal. En caso positivo, se precise el contexto fáctico en que se desarrolló o desarrolla la misma, las autoridades judiciales que conocieron o la conocen, el delito por el que se procede, el estado en que se encuentra y, además, remitan copias de las decisiones de fondo adoptadas al interior del o de los diligenciamientos.
2. NEGAR la solicitud probatoria contenida en el numeral 2.2. de la parte considerativa de esta providencia.
3. Contra lo resuelto en el numeral antecedente procede el recurso de reposición.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
EYDER PATIÑO CABRERA
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Recuérdese cómo la Corporación tiene decantado que la prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario.
2 Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para emitir concepto.