Asistente Jurídico Inteligente
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LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Magistrado
AHP866-2019
Radicación n° 54863
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO:
En términos del artículo 7 de la Ley 1095 de 2006, resuelve el despacho la impugnación interpuesta contra la providencia del pasado 20 de febrero, por medio de la cual una Magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, denegó el amparo de habeas corpus demandado a favor de Jhon Jairo Ramírez Valencia.
SOLICITUD:
César Augusto Ramírez Valencia, en condición de agente oficioso, y Jhon Jairo Ramírez Valencia, procesado, a través del mecanismo constitucional pretenden que se ordene la excarcelación inmediata de este último, tras considerar que existe prolongación ilegal de la privación de su libertad.
Lo anterior, porque la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá, se han negado a convocar un Comité Técnico Jurídico que estudie las irregularidades acaecidas dentro del proceso penal adelantado en su contra y que lo tienen privado del derecho fundamental de forma indebida.
Además, señalaron que la actuación se soporta en prueba falsa, en particular en el testimonio de la supuesta víctima, Mayra Alejandra Gonzáles Arturo, quien no se ha sometido a una “máquina de la verdad”, “polígrafo” o “detector de mentiras”, o en su defecto el procesado.
Insistieron en que la actuación fraudulenta ha persistido por más de 5 años, la privación del derecho de locomoción por más de 19 meses, y “lleva más de (900) novecientos días entre la Audiencia de Presentación de escrito de acusación y la audiencia de juicio oral y sin el trascurrido de términos de segunda instancia. (sic)”1
Por lo anterior, solicitaron “ordenar la libertad inmediata de Jhon Jairo Ramírez Valencia, desvinculándolo del proceso y ordenar la conformación del Comité Técnico- jurídico…”, “en la Fiscalía (9°) Novena de Duitama inicio todo, en la Dirección de Fiscalías Seccional de Boyacá y su obligatorio Comité Técnico Jurídico, tiene que terminar todo cumplir con lo estipulado en la ley y no confundiendo a los administrados de justicias (sic) con “leguleyadas”, escritos sin sentido alguno” y “todo lo que considere ultra y extra petita a favor de Jhon Jairo Ramírez Valencia.”2
INFORMES
1. El Centro de Servicios Judiciales de Duitama indicó que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esa ciudad, en audiencia del 24 de mayo de 2018, denegó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento del acusado, decisión confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad.
Asimismo, que el 26 de septiembre de 2018, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías resolvió desfavorablemente solicitud de libertad por vencimiento de términos, determinación que igualmente fue ratificada, en segundo grado, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito el 14 de noviembre de ese año.
2. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Duitama, se pronunció en similares términos.
3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, reseñó la actuación seguida en contra de Jhon Jairo Ramírez Valencia por el delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado y destacó que una vez avocó conocimiento del proceso, el 12 de septiembre de 20183, el 13 de febrero de este año inició el juicio oral y público luego de múltiples aplazamientos atribuibles exclusivamente al procesado.
4. La Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá solicitó se le desvincule del trámite constitucional al no tener incidencia en la libertad al procesado. Asimismo, explicó que, los Comités Técnico Jurídicos sólo se conforman por petición del Fiscal del caso cuando la complejidad o connotación del asunto lo amerite y con la finalidad de determinar la estrategia procesal o evaluar el avance de la investigación sin perjuicio de la autonomía de que gozan los funcionarios de la entidad, supuestos que no se comprueban en el proceso del quejoso.
De igual manera, manifestó que a cada petición del accionante se le ha concedido respuesta oportuna en los términos procedentes.
DECISIÓN IMPUGNADA
Una Magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, acorde con lo dispuesto en el inciso 1, del artículo 1, de la Ley 1095 de 2005 que determina que la acción “únicamente podrá incoarse por una sola vez”, negó la acción pública al advertir que esta es, al menos, la décima primera oportunidad en la cual se presenta la demanda con fundamento en similares hechos.
Refirió que en esas oportunidades -las cuales en su mayoría han estado a cargo de esa Corporación-, se ha declarado su improcedencia debido al carácter subsidiario del trámite y se ha exhortado a los accionantes para que se abstengan de acudir de manera indiscriminada al uso de este mecanismo, cometido que no acatan, pues la referencia a la convocatoria de un Comité en nada guarda relación con el objeto de la acción de habeas corpus.
Finalmente, resolvió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la actuación de los accionantes.
IMPUGNACIÓN
Los demandantes cuestionaron la labor de la Magistrada que resolvió la acción al no declararse impedida para conocer de la solicitud a pesar de haber desatado 3 acciones constitucionales similares.
CONSIDERACIONES
1. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, la acción de habeas corpus «únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez», expresión cuya exequibilidad fue condicionada por la Corte Constitucional, en el entendido que «el hábeas corpus se podrá invocar o ejercer por una sola vez respecto de cada hecho o actuación constitutiva de violación de los derechos protegidos mediante el artículo 30 superior» (CC C-187-2006).
Luego, como se expresó en el mismo fallo de constitucionalidad, una vez resuelta la acción, esa determinación «hará tránsito a cosa juzgada y, por tal razón, no resultará procedente el ejercicio de una nueva solicitud en tal sentido, que se funde en los mismos hechos que fueron objeto de decisión en la precedente oportunidad», lo cual, de persistir, podrá dar lugar a que la actuación se califique de temeraria.
2. En el presente asunto, como lo advirtió la Magistrada de primera instancia, está acreditado que con antelación y a favor del actor se presentaron varias acciones de habeas corpus, conocidas incluso en sede de impugnación por esta Sala de Casación Penal en radicados 53498, 54402 y 53686 (último en el cual se acumularon 8 impugnaciones), en los cuales se revisó la queja relacionada con la privación ilegal de Jhon Jairo Ramírez Valencia, para ser descartada, en primer lugar, porque:
«4. En el caso concreto, es claro, en primer lugar, que el confinamiento carcelario de Jhon Jairo Ramírez Valencia, obedece a una decisión legítima de autoridad judicial con plena competencia para el efecto, como quiera que se sustenta en una medida de aseguramiento proferida por el Juez Tercero Penal Municipal de Duitama, el 9 de diciembre de 2015, materializada el 2 de agosto de 2017.
Y en segundo lugar, que a partir de ese momento todas las peticiones relacionadas con la libertad del procesado, deben elevarse al interior de ese proceso penal, ante los jueces de control de garantías, por ser su sede natural. Pero examinada la información acopiada en la carpeta, se establece que a nombre de Jhon Jairo Ramírez Valencia no se ha radicado solicitud de esa naturaleza ante el Centro de Servicios Judiciales de Duitama.
Recapitulando, el Despacho encuentra que el amparo constitucional invocado no es procedente, de una parte, porque Jhon Jairo Ramírez Valencia se encuentra privado de la libertad a causa de una medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra por un juez de control de garantías y, de otra, porque no se han agotado al interior del proceso penal adelantado en su contra, los mecanismos ordinarios previstos para la salvaguarda de su derecho a la libertad.» CSJ AHP3937-2018, Rad. 53683.
Y en segundo término, al no haberse constatado la configuración de una causal de libertad a su favor:
«5. En esa medida, si bien el escrito de acusación se presentó el 25 de enero de 2016 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama, cabe precisar que el accionante solo está privado de la libertad desde el 2 de agosto de 2017, conforme se dejó anotado inicialmente.
6. Ahora bien, se tiene que cuando se produjo la privación de la libertad de Jhon Jairo Ramírez Valencia, el 21 de julio de 2017, ya se había programado la audiencia preparatoria para el 8 de septiembre siguiente, la cual en efecto se llevó a cabo, oportunidad en la que el aquí accionante propuso la nulidad de lo actuado, pretensión que le fue denegada, mientras que su defensor solicitó la suspensión de la referida audiencia para recoger elementos probatorios en favor de su asistido.
7. Por tal razón, se determinó continuar con la audiencia el 9 de octubre de 2017, no obstante, no se pudo seguir adelante por cuanto el accionante le revocó el poder a su abogado y designó uno nuevo, el cual pidió la fijación de una nueva fecha y, por ende, se programó para el 30 de enero de 2018, día en el que ese apoderado interpuso recurso de apelación contra la decisión que le negó algunas pruebas.
8. Como quiera que el 12 de abril de 2018 el defensor del acusado solicitó la preclusión, el Tribunal remitió el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito Duitama, en donde el 18 de junio de 2018 fue negada.
9. De regreso el expediente al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el 15 de agosto de 2018 se confirmó la decisión del 30 de enero del mismo año.
10. Como se puede apreciar, en el proceso seguido contra el aquí accionante, la totalidad del término de privación de la libertad del accionante que ha transcurrido, es exclusivamente atribuible a las maniobras dilatorias de éste y de su defensor.
11. De otra parte, si bien ha pasado más de un año desde la privación de la libertad del actor como consecuencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesa en su contra y, de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 (modificado por el artículo de la Ley 1786 de 2016), “el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año”, también es cierto que en el parágrafo en cita se prevé que ese término se tendrá en cuenta a condición de que no concurra lo señalado en los parágrafos 2º y 3º del artículo 317 ibídem, observándose que frente al caso particular resulta necesario tener en cuenta lo dispuesto en este último parágrafo, en concreto en donde se consagra que “no se contabilizarán dentro de los términos” los días empleados “por las maniobras dilatorias del acusado o su defensor” y como se dejó expuesto en líneas anteriores, la totalidad del tiempo de privación de la libertad del actor se debe precisamente a ese tipo de maniobras.» CSJ AHP3623-2018, Rad. 53498
Luego, es diáfano que la pretensión que convoca el libelista se observa temeraria, toda vez que ya ha sido objeto de estudio por la vía constitucional, y no hay lugar a considerar como circunstancia nueva la petición que ha elevado para conseguir la intervención de un Comité Técnico Jurídico toda vez que no tiene inferencia en la libertad del procesado.
De manera que, si la acción de habeas corpus es un mecanismo constitucional erigido para amparar la libertad personal ante las amenazas o atentados que contra ella puedan producir las autoridades públicas, no está llamada a revisar la actuación que desplego la Fiscalía en punto a la solicitud que se elevó con el fin de obtener la convocatoria de tal instrumento.
3. Finalmente, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1095 de 2006, «la autoridad judicial a quien corresponda conocer del Hábeas Corpus no podrá ser recusada en ningún caso» y el hecho que la acción que se objeta haya sido decidida por la Magistrada a cuyo a cargo estuvieron acciones de igual naturaleza convocadas con anterioridad, no habilita la pretensión del accionante, ni configura el supuesto que prescribe el artículo 2 ejusdem, esto es, que «…el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus…» en tanto la señalada funcionaria no conoce o conoció del proceso penal que convoca la acción constitucional, e incluso de haber sido así, igualmente debe «…verificarse si la participación que haya tenido el Juez o el Magistrado en el proceso ordinario afecta su imparcialidad para resolver la acción consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política.»4
Por ende, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
CONFIRMAR la decisión impugnada por medio de la cual una Magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo denegó el amparo de habeas corpus impetrado a favor de Jhon Jairo Ramírez Valencia.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Folio 5 reverso.
2 Folio 6 reverso
3 Luego de radicarse allí el asunto por impedimento de los Juzgados Penales del Circuito con sede en Duitama.
4 CSJ AHP6010-2016, Rad. 47517
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