Asistente Jurídico Inteligente
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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado
AHP1134-2019
Radicado N° 55007
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Se decide la impugnación propuesta por el accionante FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ, contra el proveído de 20 de marzo del año en curso, a través del cual una Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, negó la acción constitucional de habeas corpus.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El ciudadano FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ acudió a la acción constitucional de habeas corpus aduciendo la violación de sus derechos fundamentales a la salud, dignidad, resocialización, igualdad y favorabilidad, por cuanto a la fecha permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, Boyacá, sin que aún se haya hecho efectivo el traslado a su lugar de residencia para cumplir con el beneficio de la prisión domiciliaria que le fue otorgado por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en auto de 25 de julio de 2018, habiendo prestado la respectiva caución y firmado el acta de compromiso el 21 de agosto de 2018.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
1.- El 19 de marzo de 2019 fue presentada la solicitud de habeas corpus ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja. Ese mismo día, la Magistrada a quien correspondió por reparto el asunto, profirió auto en el que avocó conocimiento en la acción, al tiempo que ordenó oficiar al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa capital, al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, Boyacá, y a la Secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, para que se pronunciaran sobre la solicitud de protección a la libertad.
2. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se pronunció, informando las siguientes actuaciones:
i).- En ese despacho cursa la actuación con radicado 110016000002008001233 (NI 15358) dentro del cual, el accionante FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ se encuentra a disposición para la vigilancia de la pena de 275 meses de prisión que le fue impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en sentencia de 15 de enero de 2009 proferida por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado.
ii).- En auto de 25 de julio de 2018, se otorgó al sentenciado la prisión domiciliaria contemplada en el artículo 28 de Ley 1709 de 2014, para lo cual se impuso una caución prendaria de tres (3) salarios mínimos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 38B de la Ley 599 de 2000.
iii) Una vez prestada la caución y suscrita el acta de compromiso, el juzgado se abstuvo de expedir las comunicaciones con destino al INPEC para el traslado del penado a su domicilio ubicado en la vereda el Lauro del municipio de Candelaria, Valle, al advertir que en ese mismo despacho judicial cursa el asunto con radicado 76520600018020070090600 ( NI 25753) donde se hallaba pendiente la ejecución de la pena de prisión de 2 años y 8 meses, impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, en sentencia de 29 de mayo de 2007, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Para el cumplimiento de esta última sanción, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, había librado orden de captura, luego de ordenar la revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que había sido concedida en la sentencia.
iv) En vista de las verificaciones realizadas, en proveído de 24 de agosto de 2018, proferido dentro del proceso en el que se concedió la prisión domiciliaria al condenado FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ, se ordenó que el accionante quedara a disposición del último asunto, N.I. 25753, para el cumplimiento de la pena de 2 años y 8 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Explicó el juez de penas, que esta decisión tuvo como fundamento la sentencia de tutela de esta Corporación, de 16 de febrero de 2017, radicado 90258.
vi) Señaló que al momento se encuentra pendiente de decidir la solicitud del sentenciado para que se le otorgue nuevamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena que en su momento fue revocada por el juez homólogo de Palmira.
vii) Refirió que la acción constitucional impetrada es improcedente pues el sentenciado se halla descontando una pena de prisión, la que una vez concluida deberá seguir privado de libertad en cumplimiento de la prisión domiciliaria otorgada en el primigenio proceso.
3. La Secretaria del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, informó de las actuaciones cumplidas en relación con la vigilancia de la pena impuesta a Fernando Augusto López dentro del radicado 110016000000020080012300, correspondiente a la sanción impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad y de las comunicaciones que al efecto se libraron, indicando que el sentenciado se notificó personalmente la decisión del 24 de agosto de 2018, en el que se dispuso que quedaría a disposición del radicado 76520600018020070090600.
4.- La asesora jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, dio cuenta que FERNANDO AUGUSTO LOPEZ se encuentra recluido en eso centro carcelario purgando la pena de 2 años y 8 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, a disposición del Juzgado 2º de Ejecución de Penas de Tunja.
Que al verificar los requerimientos que aparecen al interno, se verifica la existencia de otro proceso a cargo del Juzgado 2º de Ejecución de Penas de Tunja, para la vigilancia de una pena de 275 meses de prisión por homicidio agravado, dentro del cual se otorgó la prisión domiciliaria, para cuyo cumplimiento se cumplirá el trámite administrativo una vez se allegue la orden por parte del despacho judicial.
LA DECISIÓN IMPUGNADA
La Magistrada a quo denegó el amparo de la libertad solicitado por FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ, con sustento en que la restricción de la libertad es legítima pues obedece a una orden emitida por la autoridad judicial competente con el cumplimiento de las formalidades legales, en este caso, con ocasión del cumplimiento de una pena de prision de 2 años y 2 meses impuesta por el Juzgado Tercero con funciones de conocimiento de Palmira, Valle, por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Aludió que si bien es cierto se le otorgó al accionante el «subrogado de la prisión domiciliaria» dentro del proceso 110016000002008001233, que adelanta el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, dicho beneficio no se ha podido materializar, ante la constatación de una orden de captura dentro del asunto porque el que se encuentra actualmente privado de libertad.
Que según informó el juzgado ejecutor de la pena, una vez cumpla la sanción de 2 años y 8 meses, se procederá a hacer efectiva el beneficio de la prisión domiciliaria.
Así concluye que el habeas corpus no es procedente como quiera que no fue privado de libertad con violación de sus garantías constiutucionales y legales ni se está prolongando ilícitamente la restricción de su libertad pues ello es consecuencia de una pena de prisión impuesta que a la fecha no se ha cumplido.
LA IMPUGNACION
El accionante al momento de notificarse de la decisión, precisó que se reservaba el derecho a impugnar la decisión.
Con posterioridad ante el requerimiento ordenado por la Magistrada de primera instancia para que aclarara si era su deseo o no de impugnar la decisión, el accionante consignó en el acta de notificación si repongo sobre el radicado NI (25839) del cual ya envié varios escritos ante su señoría.
A pesar de señalarse en dicha constancia del envío de unos escritos, se advierte que hasta el momento de emitir este pronunciamiento no se ha recibido ninguna comunicación del accionante, sin que ello sea óbice para resolver la alzada, como quiera que no se exige sustentación de la impugnación, además que la expresión «repongo» impresa en el requerimiento comporta el deseo de impugnar la decisión que denegó el habeas corpus, que corresponde resolver al superior.
CONSIDERACIONES
1. Con fundamento en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer la impugnación interpuesta contra la decisión de 19 de marzo de 2019, proferida por una Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja a través de la cual se denegó la solicitud de habeas corpus impetrada por FERNANDO ARTURO LÓPEZ.
2. El artículo 1° de la Ley Estatutaria 1095 de 2006 establece que el habeas corpus es el mecanismo judicial mediante el cual se protege la libertad personal cuando ésta se restringe: (i) con violación de las garantías constitucionales o legales o (ii) ésta se prolonga ilegalmente.
Así mismo, procede la garantía de la libertad en los siguientes eventos:
(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial1.
3.- El hábeas corpus goza de una doble connotación de acción y derecho fundamental. Además se caracteriza por ser excepcional, de modo que cualquier reclamo sobre el derecho a la libertad debe ventilarse ante el juez natural, en la actuación donde se haya ordenado la limitación de ese derecho. De igual forma, la decisión que niega la libertad es susceptible de los recursos ordinarios, de suerte que el Juez Constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural.
Y es que cuando hay un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede utilizarse para ninguno de los siguientes propósitos: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.
No obstante lo anterior, cuando la decisión judicial que restringe la libertad personal sea ostensiblemente arbitraria, puede interponerse el hábeas corpus en procura del amparo del derecho fundamental a la libertad.
Valga precisar que esta acción constitucional procede cualquiera sea la forma de restricción a la libertad, esto es, de forma total cuando la persona está imposibilitada para desplazarse fuera del lugar de reclusión, bien sea en centro carcelario, en el domicilio o en el lugar que haya ordenado el juez. Y también, cuando soporta una restricción parcial, en aquellos eventos en los que cuenta con permiso para trabajar en lugares y horarios determinados.
Y por último, el habeas corpus no es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de otros derechos fundamentales diversos al de la libertad de locomoción, salvo que puedan resultar resguardados por su inescindible vínculo con el amparo de la libertad.
4. En el presente caso, se confirmará la decisión recurrida toda vez el habeas corpus es improcedente dado no existe evidencia que la privación de libertad que soporta FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ sea ilegal.
En efecto, le asiste razón a la Magistrada a quo cuando advierte que la restricción de la libertad que actualmente soporta el accionante se encuentra debidamente soportada en el cumplimiento de una sentencia judicial impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Palmira por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, en la cual se ordenó su reclusión por el término de 2 años y 8 meses, que empezó a descontar a partir del 24 de agosto de 2018 cuando fue dejado a disposición de esa actuación, sin que a la fecha aún haya transcurrido dicho término.
Ahora, aunque el accionante se encontraba a disposición de otra actuación purgando una pena de prisión de doscientos setenta y cinco (275) meses, por el delito de homicidio y porte ilegal de armas fuego agravado, impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta capital, en la cual se le concedió la prisión domiciliaria, ello no impedía que se mantuviera la privación de libertad por otro asunto como así se dispuso por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en auto de 24 de agosto de 2018.
Esta decisión fue debidamente notificada al sentenciado quien no interpuso recurso alguno, como consta en el informe rendido por la secretaria del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, de modo que la acción constitucional impetrada resulta inadmisible para refutar ese proveído pues ello implicaría soslayar la competencia del juez ordinario.
Adicionalmente se observa que el pronunciamiento del juez ejecutor de la pena, en el que se suspende el cumplimiento de la prisión domiciliaria no constituye una decisión caprichosa, arbitraria, constitutiva de una vía de hecho, sino que está sustentada en pronunciamiento de tutela de esta Corporación de 16 de febrero de 2017, radicado 90258, en una situación que guarda similitud con la expuesta en esta acción de habeas corpus.
Por otra parte, la acción impetrada no es procedente para hacer efectivo el cumplimiento de la prisión domiciliaria en tanto que dicho mecanismo supletorio de la pena de prisión intracarcelaria no comporta la libertad del sentenciado sino únicamente la mutación del lugar de reclusión, como así se desprende del artículo 38 del código Penal, que señala: «La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine».
Así las cosas, no puede aseverarse que exista una restricción ilegal de la libertad cuando no se ha formalizado el cambio de sitio de reclusión, de centro carcelario a lugar de residencia o domicilio del penado, pues es ambos casos se trata de la restricción al derecho de libre locomoción.
Si bien el accionante invoca otros derechos diferentes al de la libertad que considera lesionados al no materializarse la prisión domiciliaria, los mismos no son susceptibles de la protección a través de la acción de habeas corpus, pues ésta fue instituida con la sola finalidad de proteger la libertad de las personas.
Conforme lo anterior, ante la improcedencia de la acción constitucional de hábeas corpus interpuesta por FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ, se confirmará la decisión de la Magistrada a quo.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
CONFIRMAR la decisión adoptada por la Magistrada de la Sala Penal del Distrito Judicial de Tunja que denegó el habeas corpus presentado por FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ, de conformidad con las razones expuestas en la anterior motivación.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Corte Constitucional, sentencia C-260/99.