Asistente Jurídico Inteligente
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FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado Ponente
STP9620-2018
Radicación n.° 99537
Acta 250
Bogotá D. C., julio veintiséis (26) de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Decide esta Corporación la acción de tutela promovida a través de apoderada, por la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ contra el ciudadano Fabio Alberto Nieto Gutiérrez, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción e igualdad.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. Para lo que compete resolver en el presente asunto se destacan los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
(i) Que el 16 de octubre de 2002 CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ contrajo matrimonio con Hernando Nieto González, quien en ese mismo año la designó como única beneficiaria de la sustitución pensional.
(ii) Que el señor Nieto González falleció el 2 de agosto de 2009, razón por la cual, la actora solicitó al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) el reconocimiento y pago de la pensión en calidad de cónyuge supérstite del causante; petición pensional que también formuló Fabio Alberto Nieto Gutiérrez, alegando la calidad de hijo y además su condición de invalidez.
(iii) Que mediante Resolución n.° 293 del 2 de febrero de 2010, el FONCEP: por un lado, reconoció la pensión de sobreviviente a CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ; y de otro lado, negó dicho reconocimiento a Fabio Alberto Nieto Gutiérrez, tras considerar que éste «no acreditó su estado de invalidez, así como tampoco acreditó su dependencia económica del causante». Dicha determinación fue confirmada mediante Resolución n.° 1197 del 29 de marzo de 2010.
(iv) Que inconforme con lo anterior, Fabio Alberto Nieto Gutiérrez formuló acción de tutela que conoció, bajo el radicado n.° 2011-434, el Juzgado 22 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, autoridad que mediante fallo del 3 de octubre de 2011, amparó de manera transitoria los derechos invocados por el accionante y ordenó al FONCEP que le pagara el 50% de la mesada pensional causada por Hernando Nieto González «hasta que la jurisdicción laboral resuelva la controversia de manera definitiva».
(v) Que como quiera que Fabio Alberto Nieto Gutiérrez no promovió la demanda ordinaria dentro del término concedido por el Juez de tutela (4 meses), el FONCEP expidió la Resolución n.° 003603 del 17 de mayo de 2013, mediante la cual restableció el pago del 100% de la mesada pensional a la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ.
(vi) Que el 29 de mayo de 2018, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) comunicó a la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ la reducción de su mesada pensional en un 50%, en atención a una sentencia judicial ordinaria proferida en el marco del proceso laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 en el que Fabio Alberto Nieto Gutiérrez fungió como demandante.
2. Afirma la accionante que su prohijada CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ no fue debidamente notificada de la existencia de la referida actuación, pese a que tanto el demandante como el FONCEP conocían que su dirección de correspondencia era la Calle 142 No. 6-80, Torre 1, Apartamento 102, Barrio Bosque de la Cañada de la ciudad de Bogotá, la cual no ha cambiado hasta la actualidad; agregando que al no haber sido llamada al proceso, la señora JARAMILLO ORDÓÑEZ no pudo ejercer la defensa de sus intereses, ni mucho menos controvertir las pretensiones aducidas en su contra.
3. Precisó que en el curso de la primera instancia, que estuvo a cargo del Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante auto del 20 de marzo de 2014 se ordenó «la designación de curador ad litem y el emplazamiento de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, desconociendo abiertamente que la dirección de notificaciones de mi representada era ampliamente conocida por las partes dentro del proceso y, omitiendo además, su deber de adelantar todas las actuaciones pertinentes para garantizar los derechos fundamentales de las partes».
4. Afirmó que en el marco del proceso laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00: (i) la sentencia de primera instancia fue dictada por el citado Juzgado Laboral, el 8 de octubre de 2015; (ii) el fallo de segundo nivel, fue emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de febrero de 2016; e interpuesto el recurso extraordinario de casación por el representante del FONCEP, el mismo (iii) fue fallado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de marzo de 2018. Sobre el particular, reprochó la parte actora que ninguna de las citadas autoridades judiciales advirtieron el yerro cometido en la notificación de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, ni mucho menos adoptaron medidas tendientes a restablecerle sus derechos como parte en la causa.
5. En razón de lo anterior la promotora de esta demanda acudió al Juez de tutela para que, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, proteja los derechos fundamentales invocados y en consecuencia intervenga en el proceso ordinario laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 promovido por el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), para que:
(i) Decrete la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 20 de marzo de 2014 por medio del cual se ordenó «la designación de curador ad litem y el emplazamiento de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ»;
(ii) Deje sin efecto y valor jurídico las sentencias de primera (8 de octubre de 2015) y segunda (23 de febrero de 2016) instancia, así como el fallo de casación (14 de marzo de 2018), proferidas en el curso de esas diligencias;
(iii) Requiera al Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá para que reponga «la actuación desplegada mediante auto del 20 de marzo de 2014 […] y en su lugar, ordenar la notificación inmediata de CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, dando continuidad al proceso ordinario laboral y permitiendo que el contradictorio […] se conforme legítimamente…»; y,
(iv) Ordene al FONCEP «a conservar y asegurar el pago del 100% de la pensión de sobrevivientes otorgada a la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, mediante Resolución No. 003603 del 17 de mayo de 2013, hasta tanto no se cuente con una decisión judicial en firme…».
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
1. Esta Sala por auto del 9 de julio de 20181 avocó el conocimiento de la actuación y dispuso el traslado de la demanda a las autoridades judiciales accionadas para que ejercieran su derecho de defensa; asimismo, en aras de integrar en debida forma el contradictorio, vinculó al presente trámite a todas las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 que instauró el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP).
En la misma providencia resolvió negativamente la solicitud de medida provisional al no haberse acreditado alguna de las exigencias previstas en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), Juan Carlos Hernández Rojas2, se pronunció en relación con los hechos de la demanda, en los siguientes términos:
«El gerente de la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, mediante resolución 856 de 1995 reconoció pensión de jubilación al señor Hernando Nieto González quien se identificó con cedula de ciudadanía No. 109.739 de Bogotá.
El causante falleció el día 02 de agosto de 2009 de conformidad al registro civil de defunción que obra en el expediente pensional.
Con ocasión al fallecimiento del señor Hernando Nieto González la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDOÑEZ solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite y el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez solicitó el reconocimiento de la prestación económica en calidad de Hijo Invalido del causante.
Foncep con resolución No. 293 del 02 de febrero de 2010 procede a reconocer pensión de sobreviviente a favor de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ y niega la solicitud del señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez, en virtud a que el mismo no allegó el dictamen médico que demostrara su estado de invalidez, decisión confirmada mediante resolución No. 1197 del 29 de marzo de 2010.
En acción de tutela presentada por el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez contra Foncep, adelantada en el Juzgado Veintidós Penal Municipal de Bogotá, despacho que ordenó a esta Entidad a reconocer la pensión de sustitución al señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez como mecanismo transitorio hasta tanto inicie proceso ante la jurisdicción ordinaria.
En virtud a la orden judicial, Foncep con resolución 1534 del 08 de agosto de 2011 procede a modificar la resolución No. 00293 del 02 de febrero de 2010 y reconoce la sustitución pensional a Fabio Alberto Nieto Gutiérrez en calidad de hijo inválido del causante Hernando Nieto González como mecanismo transitorio, en un 50% debiendo el beneficiario iniciar proceso ante la jurisdicción ordinaria informando lo anterior a Foncep. El otro 50% de la mesada pensional continúo reconocida a la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDOÑEZ.
Con resolución No. 003603 del 17 de mayo de 2013, Foncep procede a dar cumplimiento al artículo tercero del fallo proferido por el Juzgado 22 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento ordenando el retiro de la nómina de pensionados al señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez, en virtud a que el beneficiario de la pensión no demostró ante la Entidad el inicio de demanda ordinaria que dirima en forma definitiva el reconocimiento de la prestación económica.
Ahora bien respetado Juez, el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez interpuso proceso ordinario laboral contra Foncep bajo el No. de radicado 2013-00479 adelantado en primera instancia por el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá mediante el cual pretendía el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en proporción del 50% por el fallecimiento del señor Hernando Nieto González.
En el ejercicio del derecho de defensa y contradicción Foncep en la contestación de la demanda propuso la excepción de Falta de Integración del Litis Consorcio Necesario de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDOÑEZ, en virtud de lo anterior se realizó el correspondiente emplazamiento que se hizo a quien fuera convocada de manera oficiosa, designado el Curador Ad Litem designado quien pidió la negación de las pretensiones de la demanda.
En consecuencia dentro del proceso ordinario laboral la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDOÑEZ fue debidamente representada estando en salvaguarda su derecho a la defensa y contradicción.
En fallo de primera instancia el despacho condenó a Foncep a reconocer y pagar al demandante en calidad de hijo inválido el equivalente del 50% de la sustitución pensional, decisión que fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior Sala Laboral.
Frente a las órdenes judiciales antes referidas, el Foncep interpuso recurso de casación el cual fue adelantado por la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral y fallado en sentencia del 14 de marzo de 2018 el cual dispuso: NO CASA la sentencia dictada el 23 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá».
Por lo expuesto, señaló que el actuar del FONCEP se encuentra conforme con el ordenamiento legal sin presentar vulneración a ningún derecho fundamental de la tutelante, por cuanto las actuaciones administrativas realizadas por la entidad gozan de completa legalidad, en tanto que con las mismas se dio cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales competentes.
3. El Magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda Buelvas3, señaló que la presente acción constitucional resulta improcedente, toda vez que la decisión adoptada por esa Corporación en sede de casación en el marco del proceso ordinario laboral promovido por Fabio Alberto Nieto Gutiérrez contra el FONCEP, no vulneró derecho fundamental alguno.
Precisó que «si bien la accionante insiste en que tiene derecho al reconocimiento y pago del 100% de dicha pensión [aludiendo a la pensión como cónyuge supérstite del causante Hernando Nieto González], lo cierto es que dicho asunto fue discutido en su oportunidad, tal como quedó consignado en la decisión atacada, lo cual descarta la intervención del juez constitucional, porque ella no resulta arbitraria ni caprichosa, ni opuesta al ordenamiento jurídico que pueda inferir la vulneración de los derechos fundamentales reclamados».
Por lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demandante.
4. La Secretaria del Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, Milena Andrea Alejo Fajardo4, limitó su respuesta a indicar que ese despacho conoció en primera instancia del proceso promovido por Fabio Alberto Nieto Gutiérrez contra el FONCEP, dictando sentencia el 8 de octubre de 2015 y remitiendo las diligencias, para desatar la alzada, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sin que haya retornado la causa a esa célula judicial.
5. El Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Manuel Eduardo Serrano Baquero5, concretó su contestación a enviar copia «de las actas de discusión de proyecto y de la audiencia pública celebrada el 23 de febrero de 2016»6, piezas procesales de la causa ordinaria laboral con radicado «19-2013-00479-01», agregando que dichas diligencias fueron remitidas a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el 9 de junio de 2016.
Posteriormente, el prenombrado funcionario, mediante Oficio de fecha 24 de julio de 20187, remitió en calidad de préstamo el expediente contentivo del proceso ordinario laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 promovido por el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP).
6. La profesional del derecho Yadira Cuervo Hernández8, quien afirmó ser la apoderada judicial de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, limitó su contestación a indicar que «en virtud a la decisión unilateral e injustificada del FONCEP» de reducir en un 50% el monto de la mesada pensional que percibía la prenombrada, a ésta no le ha sido posible cumplir con su obligación de pago de las cuotas de un crédito de libranza que tenía con el Banco Popular S.A.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Siendo competente esta Sala conforme a las previsiones establecidas en el Decreto 1983 de 2017, modificatorio del Decreto 1069 de 2015 y en el Reglamento interno de esta Corporación (Acuerdo n.° 006 de 2002), a continuación resolverá la temática planteada al inicio de esta providencia.
2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
3. Para su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza carece de sentido hablar de la necesidad de amparo (Cfr. C.C.S.T-864/1999).
4. Expuesto lo anterior y, una vez revisadas las particularidades del caso concreto, desde ahora la Sala advierte, que en el asunto sub lite no es procedente el recurso de amparo propuesto para sacar avante las pretensiones formuladas, por las razones que pasan a exponerse:
4.1. Como punto de partida, dado que la parte actora invocó la protección del derecho al debido proceso, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, tal prerrogativa «se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas» y responde a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera, al arbitrio habrán de reemplazarse, puesto que se han promulgado precisamente para regular la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales de las partes en litigio, de suerte que pueda llegarse a una determinación acertada y legítima que haga posible la realización del principio de justicia material (C.C.S.T-957/2011).
4.2. De otra parte, en razón a que la pretensión principal de la demanda se orienta a dejar sin efectos unas decisiones adoptadas al interior de un proceso penal, debe recordarse que acorde con la doctrina de la Corte Constitucional (Cfr. Sentencias: C-590 de 2005, SU-195 de 2012 y T-137 de 2017, entre otras) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, solamente resulta procedente de manera excepcional y, siempre que se cumplan ciertos y rigurosos presupuestos de procedibilidad, agrupados en (i) requisitos generales; y (ii) causales específicas.
Los primeros que se concretan a: a) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) que cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y f) que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que los segundos, implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: a) un defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); b) un defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); c) un defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); d) un defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); e) un error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); f) una decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la providencia); g) un desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y h) la violación directa de la Constitución.
Así, los criterios previamente reseñados constituyen un catálogo a partir del cual es posible comprender y justificar a la luz de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.3. Aplicando las premisas jurisprudenciales antes expuestas al presente asunto, debe señalarse que en lo que atañe a las exigencias de carácter general, se constata que: (i) el caso resulta de relevancia constitucional, pues lo que es objeto de debate es la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), acceso a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.) y otras garantías superiores, generada por las decisiones de primera y segunda instancia, así como por el fallo de casación –providencias todas ellas dictadas en el marco del proceso ordinario laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 promovido por Fabio Alberto Nieto Gutiérrez contra el FONCEP– en razón de las cuales se determinó que la actora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ debía compartir la mesada pensional que percibía como cónyuge supérstite de Hernando Nieto González con el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez –hijo del causante– en un porcentaje de 50% para cada uno.
De otra parte, se halla satisfecha la exigencia que tiene que ver con (ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que el proceso laboral cuestionado finalizó con sentencia judicial en firme; (iii) la interposición de la demanda se realizó dentro de un término razonable (inmediatez), toda vez que la última decisión judicial cuestionada (sentencia de casación) fue proferida el 14 de marzo de 2018, y esta acción constitucional se radicó el 6 de julio del año en curso; (iv) la parte accionante identificó con suficiencia los fundamentos fácticos, las pretensiones y los derechos que considera vulnerados; y (v) no se discute por este cauce una sentencia de tutela.
4.4. No obstante lo anterior, este Cuerpo Decisorio no advierte la concurrencia de los presupuestos específicos definidos por la jurisprudencia constitucional para declarar la viabilidad de la tutela contra decisiones judiciales, toda vez que los informes rendidos en el decurso de este trámite constitucional y de la revisión de las piezas procesales allegadas, se extracta que las autoridades que intervinieron en el proceso ordinario laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 –esto es, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá (en primera instancia), la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad (en segundo grado) y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (en sede de casación)– resolvieron el asunto sometido a su escrutinio de conformidad con las normas y criterios jurisprudenciales que consideraron aplicables.
Asimismo, se advierte que expusieron de manera razonable y objetiva los argumentos con base en los cuales concluyeron –en todas las instancias9– por un lado, que al señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez le asistía el derecho a percibir el 50% de la pensión de jubilación causada por su difunto padre, Hernando Nieto González, dada su condición de invalidez; y de otra parte, que a la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ le correspondía el 50% restante de dicha prestación económica, por su calidad de cónyuge supérstite.
En esa medida, no es procedente en el presente asunto (i) desconocer las razones que tuvieron los jueces naturales para resolver, en la forma en que lo hicieron, el litigio sometido a su escrutinio, (ii) tampoco deslegitimar lo decidido por ellos conforme a sus competencias, ni mucho menos (iii) privilegiar la posición particular de quien ahora acude a esta vía excepcional, por cuanto:
«…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto» (C.C. S.T-332/2006).
4.5. Ahora, en lo que tiene que ver con el reproche de la parte actora relativo a la presunta indebida integración de la litis y la falta de notificación de la existencia del proceso de marras –esto es, de la causa ordinaria laboral con radicación 11001-31-05-019-2013-00479-00 promovida por Fabio Alberto Nieto Gutiérrez contra el FONCEP– a la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, la Sala advierte que tal censura no está llamada a prosperar, como pasa a indicarse:
4.5.1. De los informes allegados a este trámite constitucional, de las piezas procesales que fueron aportadas con los mismos, así como de la revisión del expediente que fue remitido en calidad de préstamo por el Tribunal aquí accionado, se constata que como quiera que en la demanda promovida a instancias del señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez se manifestó bajo la gravedad del juramento que se desconocía el domicilio y la dirección de notificaciones de la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ10, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá –estrado judicial a cuyo cargo estuvo el conocimiento de la primera instancia– previa insistencia de la apoderada del señor Nieto Gutiérrez11 y solicitud expresa del representante del FONCEP12, por auto del 18 de marzo de 201413, resolvió:
«1. Nombrar curador Ad Litem para la presente litis a la demandada CLEMENCIA JARAMILLO DE VANEGAS con quien se seguirá el proceso, tomando de la lista de auxiliares de la justicia sistematizada tres (3) nombres de curadores para tales efectos.
2. Ordenar el emplazamiento de la parte pasiva del sub lite, haciendo la advertencia que se continuará el trámite del mismo con el auxiliar de la justicia que se designe, por lo que se ordena que el mismo se publique en un escrito de amplia circulación nacional que se realizará el día domingo o en otro medio masivo de comunicación cualquier otro día entre las seis de la mañana y las once de la noche, tal como lo indica el Art. 318 del CPC.
3. Publíquese en un medio de amplia circulación diario Grupo Editorial El Periódico el emplazamiento a la demanda CLEMENCIA JARAMILLO DE VANEGAS, el día domingo […]».
4.5.2. Asimismo, se extracta que el auxiliar de la justicia que finalmente tomó posesión del cargo fue el profesional del derecho Fabio Armando López Rodríguez14 quien –de acuerdo con las foliaturas del expediente 019-2013-00479-00 y lo informado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del FONCEP15– ejerció de manera activa la defensa de su representada, oponiéndose a las pretensiones del demandante16.
En ese orden, no se estructura un actuar arbitrario, caprichoso o negligente por parte del Juzgado cognoscente de la causa laboral aquí cuestionada, pues el trámite impartido y que previamente se reseñó, encuentra pleno asidero en el ordenamiento jurídico procesal, pues el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social –modificado por el artículo 16 de la Ley 721 de 2001– establece:
«Artículo 29. Nombramiento del curador ad litem y emplazamiento del demandado. Cuando el demandante manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso y ordenará su emplazamiento por edicto, con la advertencia de habérsele designado el curador.
El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 318 del Código del Procedimiento Civil y no se dictará sentencia mientras no se haya cumplido.
Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En el aviso se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un curador para la litis».
4.5.3. Ahora, en relación con la designación de curador ad litem en los juicios laborales, la Corte Constitucional en Sentencia C-1038 de 2003, concluyó que tal figura se ajusta a la Constitución y por ello declaró exequible la norma previamente transcrita, explicando que:
«7. Para esta Corporación es indiscutible que la norma acusada busca obtener un equilibrio entre la necesidad de asegurar que el proceso se adelante sin dilaciones injustificadas, en beneficio de los intereses del demandante, sin que se desatiendan los derechos del demandando. En efecto, para la protección del demandado se dispone, por un lado, el nombramiento de un curador ad litem, de tal manera que no obstante que el proceso no se suspende por su falta de comparecencia, sus intereses se encuentren debidamente representados; y por otro, mediante la adopción de la diligencia judicial del emplazamiento, se busca hacer efectiva la asistencia del demandado al proceso y se le otorga una oportunidad adicional para que ejerza su derecho de defensa. Adicionalmente, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales del demandado, la norma obliga al emplazamiento en debida forma para poder dictar sentencia.
8. Nótese como las previsiones de la ley, a partir de una interpretación más amplia de su contenido, se desenvuelven inequívocamente dentro del respeto por las garantías fundamentales del debido proceso. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ellas operan bajo las hipótesis excepcionales en las que el demandante desconozca el domicilio del demandando, o cuando éste no es hallado o impide su notificación.
Desde esta perspectiva, es preciso resaltar que en el caso de ignorancia del domicilio del demandado, la procedencia de la alternativa prevista en la ley procesal laboral, se sujeta a la manifestación de dicha circunstancia bajo la gravedad de juramento, que se considera prestado con la presentación de la demanda, lo cual hace presumir, en este caso, la buena fe del demandante.
Con todo, si el demandante lesiona la lealtad procesal, afirmando bajo juramento hechos que no concuerdan con la realidad, se hace acreedor a las sanciones tipificadas en el ordenamiento jurídico, tales como, las previstas en los artículos 72 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, referentes a la temeridad o mala fe procesal, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal por fraude procesal.
Adicionalmente, el emplazamiento del demandado paralelo al nombramiento del curador ad litem previsto en la disposición acusada, lejos de lesionar los derechos fundamentales del demandado, pretende hacer efectivos de manera sumaria los derechos de los trabajadores, quienes, en estos casos, por lo general, actúan como demandantes. Lo anterior, a juicio de esta Corporación, corresponde a un desarrollo de los principios de celeridad y eficiencia propios del ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Estado (C.P. art. 209 y 228)» (Destaca la Sala).
Bajo tal entendimiento, se puede concluir que el hecho que CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ haya sido representada por un curador ad litem en el proceso laboral aquí cuestionado no constituye per se la vulneración de sus derechos fundamentales. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, el curador ad litem es garantía del respeto por el debido proceso y el derecho de defensa que son pilares estructurales de las actuaciones judiciales que, insiste la Sala, en este caso no se advierte que hubieran sido menguados.
4.5.4. Con todo, siguiendo el criterio jurisprudencial citado en precedencia, si la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ considera que su contraparte, esto es, el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez, actuó con temeridad o mala fe al no haber suministrado su dirección de notificaciones, está en libertad si a bien lo tiene, de emprender las acciones de tipo civil o penal que considere pertinentes en aras de restablecer los derechos que a su parecer le fueron vulnerados.
5. Sumado a lo anterior, se debe destacar que el Juez Constitucional no puede avalar las pretensiones formuladas por la parte aquí accionante, pues resulta evidente que las mismas persiguen censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual resulta inadmisible si se tiene en cuenta que el Constituyente no le otorgó a esta acción el carácter de tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma.
Así lo ha precisado de antaño la jurisprudencia nacional al sostener que por medio de la acción de tutela «no pueden desconocerse las decisiones adoptadas por los jueces competentes, en procesos tramitados válidamente, es decir, con sujeción a las normas procesales. Por tanto, carece de fundamento la pretensión de convertir la acción de tutela en una especie de recurso extraordinario de revisión, encaminado a remediar los errores o las culpas de las partes o de sus apoderados, en procesos válidamente tramitados» (C.C.S.T-025/1997).
6. Adicionalmente, es importante señalar que cuando los ataques contra las decisiones proferidas en el marco de los procesos judiciales, como ocurre en este caso, se fundan en la inconformidad del accionante con la valoración probatoria efectuada por los operadores judiciales, tal circunstancia no es suficiente para predicar la existencia de una vía de hecho, pues al respecto, de manera reiterada, la jurisprudencia nacional ha señalado que: «…la acción de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia» (C.C.S.T-288/2011).
En el mismo sentido, las discrepancias interpretativas tampoco son violatorias, per se, de los derechos superiores, y entonces la acción de tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto afectado simplemente no coincide con la posición judicial, pues las vías de hecho son defectos graves en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que comprometen el debido proceso y la integridad del ordenamiento jurídico, categoría en la cual no encajan las divergencias hermenéuticas.
7. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente.
8. Así las cosas, se concluye que en el presente caso no es posible acceder a la petición de amparo, por lo que se negará por improcedente, como previamente se había anunciado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas n.° 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. NEGAR la acción de tutela promovida, a través de apoderada, por la señora CLEMENCIA JARAMILLO ORDÓÑEZ, por las razones expuestas en la parte motiva.
2. DEVOLVER a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el expediente constitutivo del proceso ordinario laboral con radicado 11001-31-05-019-2013-00479-00 promovido por el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP).
3. En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ver folios 47 a 48 del Cuaderno Original Principal de Tutela de Primera Instancia.
2 Ver folios 62 a 64. Ibídem.
3 Ver folios 65 a 66. Ibídem.
4 Ver folio 68. Ibídem.
5 Ver folio 77. Ibídem.
6 Ver folios 78 a 83. Ibídem.
7 Ver folio 97. Ibídem.
8 Ver folios 87 a 88. Ibídem.
9 Cfr. Folios 65 a 66 (Informe del Magistrado Ponente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia) y 80 a 83 (Acta de discusión de proyecto de la sentencia del 23 de febrero de 2016 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá).
10 Cfr. Folios 3 a 6 del Cuaderno Original n.° 1 de la Causa 019-2013-00479-00.
11 Cfr. Folios 116, 198 y 201. Ibídem.
12 Cfr. Folio 120. Ibídem. Excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario.
13 Cfr. Folios 202 a 203. Ibídem.
14 Cfr. Folio 208. Ibídem.
15 Ver folios 62 a 64 del Cuaderno Original Principal de Tutela de Primera Instancia.
16 Cfr. Folios 210 a 211 del Cuaderno Original n.° 1 de la Causa 019-2013-00479-00.