Asistente Jurídico Inteligente
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
Magistrado ponente
STP750-2018
Radicación n° 96434.
Acta 17.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).
I. VISTOS
1. Procede la Corte a resolver la acción de tutela presentada por los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, ambos actuando a través del mismo apoderado especial, contra la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la capital del departamento de Caquetá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad, trámite al que fueron vinculadas las partes y demás intervinientes dentro de la causa rotulada con el n° 18-001-60-08-781-2014-00044-01.
II. ANTECEDENTES
2. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
2.1. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente y lo esbozado en el libelo introductorio, se tiene que los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, en virtud de las órdenes de captura proferidas por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, fueron privados de su libertad el 30 de julio de 2015 en la ciudad de Florencia, aprehensiones que legalizó el Juzgado Séptimo homólogo de esta ciudad, en audiencia preliminar celebrada el 31 de idénticos mes y año.
2.2. El 1º de agosto del mismo año, ante el último juez singular en comento, la Fiscalía Veintidós adscrita a la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, les formuló imputación, así como a otras personas por los mismos hechos, por la presunta comisión de los punibles de cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito, los cuales no fueron aceptados por los demandantes.
2.3. El 5 de agosto siguiente, con ocasión de la solicitud elevada por la delegada del órgano investigador, consistente en la imposición de medida de aseguramiento a los imputados, el aludido Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bogotá accedió parcialmente1, en el sentido que procedió a imponerla en relación con la supuesta comisión del reato de cohecho por dar u ofrecer, pues, frente a los demás, se abstuvo de hacerlo.
2.4. El 27 de noviembre de 2015 la agente del ente investigador radicó escrito de acusación en contra de los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, «en el que además de los delitos inicialmente imputados a los antes mencionados, adiciona el de CONCIERTO PARA DELINQUIR y la CIRCUNSTANCIA DE MAYOR PUNIBILIDAD prevista en el artículo 58 numeral 10 del Código Penal».
2.5. El 2 de febrero de 2016 los señores DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA suscribieron preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue radicado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia, quien tiene a su cargo la etapa de juzgamiento de dicha causa.
2.6. Después de varios intentos fallidos, el 11 de abril del mismo año es instalada la audiencia de acusación, en la cual le es solicitado al juzgador la ruptura de la unidad procesal por la delegada del órgano investigador, debido a que «se pretende adelantar preacuerdos con algunos de los imputados, entre ellos los aquí accionantes (…), procediéndose allí a dar lectura al texto de los mismos, abrir la discusión sobre la posición que cada uno de los intervinientes tenga sobre ellos, y a interrogar a los imputados, lográndose solo agotar el del señor ROJAS NAVARRETE», por cuanto sobrevino una falla técnica en los medios electrónicos y fue suspendida la diligencia.
2.7. El 27 de junio de 2016 continuó la audiencia, en la que «se procede a interrogar a la imputada [MARÍA SUSANA] PORTELA LOZADA, y luego de agotar otras actuaciones, el titular del Despacho decide suspender la continuación de la misma debido a lo avanzado de la hora», programándola, finalmente, para el 21 de septiembre del mismo año, «con el fin de pronunciarse si aprueba o no los preacuerdos sometidos a su control, como el mismo funcionario deja allí constancia».
2.8. El 20 de septiembre siguiente, es decir, un día antes a la fecha fijada por el juez para decidir acerca de la aprobación o no de los preacuerdos sometidos a su consideración, los memorialistas DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA radicaron «en la Oficina de Coordinación Administrativa de la Rama Judicial en la ciudad de Florencia (…), escritos por el que manifiestan en forma clara, libre y expresa que se RETRACTAN del preacuerdo al que llegaran con la Fiscalía General de la Nación».
2.9. El 21 del mismo mes y año, calenda en la que se tenía previsto seguir con el objeto de la diligencia en comento, no fue posible llevarse a cabo, porque «el INPEC no remitió al señor DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE, lo cual obligó al Despacho Judicial para que fijara nueva fecha para ello».
2.10. El 20 de octubre de 2016 continuó la audiencia programada para resolver acerca de la aprobación o no de los señalados preacuerdos, para lo cual el sentenciador, previamente, concedió el uso de la palabra al defensor de los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, en aras que se pronunciara, en forma oral, sobre los citados escritos de retractación.
2.11. El abogado, haciendo uso de ese derecho, expuso que «al encontrarse aún en términos para efectos de una retractación pura y simple –dado que aún no se había pronunciado sobre la legalidad o no de los preacuerdos, y por lo mismo no había determinado si que (sic) los mismos eran libres, voluntarios y espontáneos; y menos aún les había impartido a esos preacuerdos su aprobación o improbación- (…)», no debía proseguirse con dicho trámite «y, en su lugar, retrotraerse la actuación hasta el momento en que se radicaron tales preacuerdos».
2.12. Tal postulación no fue acogida por el titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia, bajo el argumento que la misma era «extemporánea», por cuanto el objeto de la diligencia «era la de emitir decisión sobre si se aprobaba o no el preacuerdo, por lo que para ese momento ya había precluido la oportunidad de retractación por parte de los imputados».
2.13. Así las cosas, el aludido fallador procedió a manifestar que la Fiscalía General de la Nación posee suficientes elementos de juicio para sustentar su teoría del caso y derruir la presunción de inocencia de los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA. En consecuencia, aprobó los señalados preacuerdos y rechazó «con ello la retractación que por escrito hizo llegar la unidad de defensa».
2.14. El apoderado de los procesados, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, sustentando, entre otros argumentos, que a sus prohijados «se les estaban vulnerando (sic) garantías fundamentales, en especial el debido proceso, toda vez que en el escrito de acusación que sirvió de base para poder preacordar no se encontraba el delito de “Concierto para delinquir”, reato que no fue imputado en la audiencia preliminar respectiva», al paso que solicitó la nulidad «por violación al debido proceso y garantías fundamentales al no haberse pronunciado el juez sobre la retractación presentada por sus defendidos».
2.15. El 24 de octubre de 2017 la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia confirmó la providencia objetada, básicamente, con la justificación que los recurrentes, con su obrar, estaban contrariando el principio de la irretractabilidad, lo cual torna improcedente sus súplicas, «pues por elemental lealtad procesal la unidad de defensa no puede echar para atrás lo que acordó con la fiscalía y los defensores de confianza que inicialmente representaron los intereses de los procesados». Citó, como soporte de su decisión, el pronunciamiento CSJ SP, 11 Jun. 2014, radicado 41188.
2.16. Los memorialistas se duelen de las determinaciones reprochadas, pues, en su sentir, están incursas en vías de hecho, por cuanto, presuntamente, «se apartaron en forma ostensible de lo dispuesto por el inciso primero (sic) artículo 293 de la Ley 906 de 2004 (…), pues tan solo para ese momento se había agotado un genérico y formal interrogatorio a los imputados, restando la valoración por parte del funcionario sobre los demás temas que estaba obligado a pronunciarse con miras a determinar la legalidad de los preacuerdos», máxime cuando el próximo 26 de enero de 2018 se realizará audiencia de individualización de la pena.
III. PRETENSIONES
3. Los interesados solicitaron el amparo de las garantías judiciales reclamadas y, en consecuencia, se deje sin efecto las providencias cuestionadas, en aras que el Juzgado accionado proceda a «reanudar el trámite ordinario del proceso penal allí adelantado en contra de los aquí accionantes, a partir de la audiencia de acusación, o desde donde correspondiere».
IV. INFORMES
4. La Sala Única del Tribunal Superior de Florencia y la Fiscal Treinta y Siete, en apoyo a la Fiscal Veintidós adscrita a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, manifestaron que las providencias atacadas están ajustadas al ordenamiento jurídico, por cuanto la retractación se dio con posterioridad a la verificación efectuada por el fallador «de que el [preacuerdo] se hubiera celebrado de manera libre, consciente, voluntaria e informada».
V. CONSIDERACIONES
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, del Decreto 1983 de 20172, es competente la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre la presente demanda, en tanto ella involucra a la Sala única del Tribunal Superior de Florencia, cuyo superior funcional lo es esta Corporación.
6. En el caso concreto, el problema jurídico a resolver se contrae en determinar si el cuerpo colegiado accionado, al confirmar la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la capital del departamento de Caquetá, consistente en aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, lesionó o no sus garantías judiciales al debido proceso, defensa y libertad, en atención a que, presuntamente, desconoció el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, tras considerar los libelistas que la retractación efectuada, en relación con dicha negociación, fue oportuna.
7. Respecto de la posibilidad de admitir el examen de amparo cuando la conducta que atenta o vulnera una garantía constitucional deriva de una determinación judicial, es pertinente recordar que el pronunciamiento CC C-590-2005 hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra dichas providencias.
8. En ese sentido, se extrae que para la viabilidad de la revisión de una actuación o fallo judicial por el juez constitucional, la demanda debe: (i) tratar sobre un asunto de relevancia constitucional; (ii) agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios dispuestos por la legislación aplicable; (iii) presentarse en un término oportuno y razonable; (iv) si la alegación del defecto es por una irregularidad procesal, esta debe ser de tal magnitud que impacte en el sentido de la decisión; (v) una especificación detallada de los hechos; y (vi) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela.
9. De igual modo, en esa misma sentencia de constitucionalidad, además de pronunciarse sobre los anteriores requisitos formales, se señalaron las causales especiales para la procedibilidad de la acción de amparo contra las decisiones judiciales. Estas son:
9.1. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
9.2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido, esto es, en los supuestos en que el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes; o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales (CC T-620-2013).
9.3. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
9.4. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
9.5. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o una imprecisión cometida por parte de terceros u otros servidores judiciales, lo condujo a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales.
9.6. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa fundamentación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
9.7. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
9.8. Violación directa de la Constitución.
10. Estos eventos, en que procede la acción de tutela contra providencias, involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en casos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta Política, sí se trata de determinaciones ilegítimas que afectan garantías judiciales.
11. En conclusión, se ha reiterado que ante la concurrencia de los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales específicas de procedibilidad contra las determinaciones judiciales, es viable ejercitar la demanda de amparo como mecanismo excepcional por vulneración de prerrogativas supralegales.
12. En el caso bajo estudio, se advierte que el mismo (i) trata sobre un asunto de relevancia constitucional, pues los demandantes alegan la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, lo cual repercute, en su criterio, en una probable sanción ilegítima; (ii); no ha habido tardanza en la presentación de la demanda de amparo, pues la providencia cuestionada data del 24 de octubre de 2017 (iii) se efectuó una especificación detallada de los hechos que motivaron el origen de este trámite constitucional; (iv) el presunto desconocimiento de la referida garantía judicial fue determinante para arribar a la conclusión de «CONFIRMAR la decisión objeto de censura»; y (v) la providencia recurrida no se trata de una sentencia de tutela.
13. Por otra parte, advierte la Sala que, si bien es cierto, el proceso seguido contra los acusados DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA está en curso, habida cuenta que los encausados pueden seguir insistiendo, al interior del mismo, en sus argumentaciones, concretamente, por intermedio del recurso de apelación contra la determinación de fondo de primera instancia, en el supuesto que sea contraria a sus intereses, y, eventualmente, a través de la impugnación extraordinaria de casación, también lo es que, dada las particularidades excepcionales de este asunto (presunta trasgresión ostensible del ordenamiento jurídico colombiano, en materia adjetiva, con serias consecuencias sustanciales que comprometen el ejercicio de la justicia), se torna imperioso la intervención del juez constitucional en este asunto.
14. Superado los presupuestos generales para la viabilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, nos centraremos en la causal específica denominada defecto procedimental absoluto, en aras de definir el problema jurídico subsistente en este procedimiento.
15. En ese orden de ideas, conviene traer a colación la línea jurisprudencial vigente sobre el asunto que concita la atención de la Sala (CSJ SP, 13 Feb. 2013, radicado 40053):
Refiere el inciso segundo del artículo 2933 en cita (previo a la modificación efectuada por el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, que no se hallaba vigente para ese momento):
“Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia”.
Esa redacción textual y la referencia expresa a un “acuerdo”, claramente delimita sus alcances dentro del espectro de la negociación bilateral del procesado y su defensa con el fiscal, dado precisamente que en tratándose de un acto realizado por las partes sin ninguna intervención judicial, sólo cuando se presenta ante el juez de conocimiento es posible que este funcionario, como directamente lo relaciona la norma, realice el primer control, remitido a verificar que la aceptación de cargos inherente al mismo es voluntaria libre y espontánea; ocurrido ello, procede después, como lo señala también el apartado normativo citado, a convocar para la audiencia de individualización de pena y sentencia.
(…)
Debe examinarse, conforme el contexto descrito, que el artículo 131 involucra a los jueces de garantías o de conocimiento en la verificación de que la aceptación es libre voluntaria, consciente y completamente informada, cuando se trata de allanamiento a cargos, al tanto que la sistemática del artículo 293, conforme lo plasmado en su segundo inciso, específicamente se dirige a los asuntos que derivan de la transacción bilateral generadora del preacuerdo sometido a conocimiento del juez.
Es en seguimiento de lo anotado que ese inciso segundo exclusivamente atribuye la función verificadora al juez de conocimiento y de forma expresa remite al “acuerdo”, pues, sobra recalcar, este tipo de actos de parte se realizan siempre por fuera del proceso formalizado, sin intervención del juez, y deben ser presentados siempre al funcionario de conocimiento quien, por obvias razones, ha de verificar lo que hasta entonces ningún funcionario judicial ha examinado, luego de lo cual debe individualizar la pena y emitir el consecuente fallo condenatorio.
En este orden de ideas, es apenas natural que la norma permita la retractación que obedezca al simple querer del imputado o acusado, en tanto, lo que hasta ese momento se ha realizado apenas refleja las negociaciones efectuadas por fuera del proceso y nada de lo consignado en el acta de preacuerdo ha sido sometido a control judicial.
Retractarse, por ello, de un simple acto de parte hasta el momento no judicializado, tiene plena justificación constitucional y legal. (Énfasis fuera de texto).
16. Lo precedente, en síntesis, quiere significar que, en virtud del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, modificado por el canon 69 de la Ley 1453 de 2011, «una vez el juez de conocimiento examina que el acuerdo celebrado entre el proceso y la Fiscalía es voluntario, libre y espontáneo, y procede a aceptarlo, a partir de ese momento no es posible alguna retractación». (CSJ SP, 11 Jun. 2014, radicado 41188).
17. Retornando al caso concreto, se percibe que el titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia, contrario a lo sostenido por los accionantes en su libelo introductorio, procedió a indagar si el preacuerdo celebrado entre ellos y la Fiscalía General de la Nación fue voluntario, libre y espontáneo, pues el ciudadano DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE, en audiencia del 11 de abril de 20164, y la señora MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, en diligencia del 27 de junio del mismo año5, le respondieron que habían entendido los términos de tal negociación, así como sus consecuencias, y que su consentimiento no estaba viciado, aunado a que manifestaron haber estado debidamente asesorados por su abogado de confianza.
18. Lo anterior significa que la actuación adelantada hasta ese momento está ajustada al ordenamiento jurídico, por cuanto se venía cumpliendo a cabalidad el procedimiento establecido en la legislación colombiana frente al tópico de los preacuerdos (artículo 293 de la Ley 906 de 2004, modificado por el canon 69 de la Ley 1453 de 2011).
19. No obstante, se evidencia que el fallador singular accionado no había admitido la aludida transacción bilateral, por cuanto, después de presenciar el interés que tenían los procesados, consistente en acogerse a la justicia premial, suspendió las señaladas audiencias y fijó nueva fecha para el 21 de septiembre de 20166 «con el fin de pronunciarse si aprueba o no los preacuerdos sometidos a su control».
20. Siguiendo ese hilo conductor, se torna evidente que el referido convenio no había superado el umbral de legalidad, pues lo único que existía, hasta ese momento, era apenas el reflejo de las negociaciones efectuadas por fuera del proceso, por cuanto lo consignado en el acta de preacuerdo no había sido sometido a control judicial, motivo por el cual resultaba válido que los acusados DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA se retractaran de dicho pacto, como en efecto ocurrió (por escrito el 20 de septiembre de 2016 y, posteriormente, en audiencia celebrada, finalmente, el 20 de octubre siguiente).
21. Sin embargo, el juez singular demandado, en el curso de la diligencia programada para aprobar el señalado preacuerdo7, desestimó la aludida postulación, so pretexto que era «extemporánea», toda vez que «no podía revivir etapas que ya se habían precluido, ya que las partes habían intervenido y solo quedaba la pronunciación del despacho» y, de contera, procedió a aceptar la nombrada convención.
22. La determinación en comento que fue apelada por la defensa y confirmada, el 24 de octubre de 2017, por la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia, bajo similares argumentos, por cuanto adujo que los recurrentes, con su obrar, estaban contrariando el principio de la irretractabilidad, lo cual torna improcedente sus súplicas, «pues por elemental lealtad procesal la unidad de defensa no puede echar para atrás lo que acordó con la fiscalía y los defensores de confianza que inicialmente representaron los intereses de los procesados».
23. Con base en lo descrito, no cabe duda que las decisiones censuradas lesionaron la garantía judicial al debido proceso y defensa de los acusados DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, habida cuenta que los funcionarios judiciales accionados omitieron la jurisprudencia que aborda la temática que concita la atención de la Sala, porque los preacuerdos celebrados entre las partes en una causa penal, al no contar con la intervención (aceptación) del fallador de conocimiento, son susceptibles de retractación.
24. Ahondando en argumentos, se tiene que el principio de irretractabilidad sólo opera después de que el sentenciador emite su aprobación frente a tales negociaciones (ver, entre otros precedentes, CSJ AP, 25 mar. 2015 rad. 43505), lo cual no sucedió en este caso, pues los encausados, pese a que otrora estuvieron conforme con lo preacordado, antes de dicha aceptación judicial, manifestaron su voluntad de desdecirse sobre lo pactado con el ente investigador, lo que, sin lugar a dubitación, debieron atender las autoridades demandadas en este procedimiento constitucional, con suma prudencia, en aras de hacer prevalecer el derecho sustancial.
25. De acuerdo con lo enrostrado, salta a la vista el yerro en el que incurrieron las agencias judiciales accionadas, pues, de haber acatado la jurisprudencia que trata sobre la temática de la retractación en los preacuerdos, otra sería la conclusión a la que hubiesen arribado, la cual, indefectiblemente, sería compatible con las garantías judiciales de los acusados.
26. Así las cosas, se afirma que en el presente caso se configuró la causal específica denominada defecto procedimental absoluto porque, se itera, los falladores demandados, al apartarse de los precedentes judiciales desarrollados por esta Corporación, cometieron un desatino, lo que, de suyo, condujo al irrespeto de las garantías judiciales al debido proceso y defensa de los libelistas, conforme quedó explicado.
27. Por ende, se torna imperioso amparar las prerrogativas fundamentales en comento y, en consecuencia, dejar sin efecto la actuación judicial desplegada el 20 de octubre de 2016, inclusive, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia, dentro de la causa rotulada con el nº. 18-001-60-08-781-2014-00044-00, así como las posteriores, únicamente en cuanto los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA.
28. Consecutivamente, se ordenará a la mencionada agencia judicial que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, convoque a los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, con el propósito que en audiencia proceda a examinar el preacuerdo que celebraron con la Fiscalía General de la Nación, con base en los parámetros establecidos en esta providencia.
VI. DECISIÓN
29. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los garantías judiciales al debido proceso y defensa de los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, por los motivos ofrecidos.
SEGUNDO: DEJAR sin efecto la actuación judicial desplegada el 20 de octubre de 2016, inclusive, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia, dentro de la causa rotulada con el nº. 18-001-60-08-781-2014-00044-00, así como las posteriores, únicamente en cuanto los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, convoque a los ciudadanos DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA SUSANA PORTELA LOZADA, con el propósito que en audiencia proceda a examinar el preacuerdo que celebraron con la Fiscalía General de la Nación, con base en los parámetros establecidos en esta providencia.
CUARTO: REMITIR el expediente, en el supuesto que no sea impugnada la presente determinación, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Por este motivo, los accionantes están privados de la libertad.
2 Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunal será repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.
3 La disposición jurídica aplicable al caso concreto no fue modificada por la Ley 1453 de 2011, pues el anterior inciso segundo del canon 293 de la Ley 906 de 2004, hoy día, permanece intacto.
4 Récord: Hora 1 Minuto 15 Segundo OO hasta Hora 1 Minuto 18 Segundo 32.
5 Récord: Hora 2 Minuto 37 Segundo 13 hasta Hora 2 Minuto 38 Segundo 50.
6 Llegado el día y la hora para llevar a cabo dicha diligencia, la mismo no se puedo celebrar porque el INPEC no condujo al señor DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE, lo cual obligó al despacho judicial accionado fijar nueva fecha para el 20 de octubre de 2016.
7 20 de octubre de 2016.