Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
STP6418-2018
Radicación n.º 98453
(Acta Nº152 )
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por DANIEL BAYONA RODRÍGUEZ, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado 2° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha, por el presunto desconocimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, dentro de la causa penal que se le adelantó por el delito de hurto calificado agravado.
A la actuación fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal censurado en la demanda.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Acude DANIEL BAYONA RODRÍGUEZ a la presente acción constitucional, para lograr el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, tras considerarlos lesionados por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso penal que se siguió en su contra.
Aduce que ante el Juzgado 2° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha, se adelantó en su contra el juzgamiento por el delito de hurto calificado agravado, siendo condenado el 12 de diciembre de 2016 a la pena de 2 años, 7 meses y 27 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término. Así mismo, le fue concedida la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Determinación contra la cual el representante de la víctimas interpuso recurso de apelación, decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, el 13 de septiembre de 2017, revocando parcialmente el fallo impugnado para, en su lugar, imponer al condenado la pena de 44 meses y 24 días de prisión, e igual monto de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Así mismo, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. No fue presentado el extraordinario de casación, quedando ejecutoriado el fallo el 21 de septiembre de 2017.
Expone el demandante que las instancias dejaron de analizar el material probatorio, incurriendo en una serie de defectos fácticos y sustantivos en desfavor que permitieron un fallo injusto, cuando desconocieron la garantía de la no reforma en peor que le es propia, por lo que no podía en segunda instancia el Tribunal agravar sus condiciones, incluso, excediendo el principio de limitación al abordar problemas jurídicos no planteados por el apelante que fue el representante de las víctimas. Por ende, estima que se debe dar una intervención constitucional para subsanar tal yerro.
En consecuencia, pretende que se amparen sus derechos fundamentales y se deje sin efectos el fallo de segunda de instancia por ser constitutivo de una vía de hecho, para que en su lugar se reconozca de nuevo en su favor la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Avocado el conocimiento de la acción, el A quo dispuso su traslado para que las autoridades judiciales accionadas ejercieran el derecho de contradicción y aportaran las pruebas que estimaran pertinentes.
Así mismo, se dispuso vincular a los sujetos procesales e intervinientes que actuaron en el proceso seguido contra el accionante, esto es, Delegado Seccional de la Fiscalía General de Nación, Ministerio Público, procesado, defensor, víctimas, representante de éstas y demás vinculados a la causa.
1. En respuesta, un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca Bogotá adjuntó copia de la providencia de segundo grado, ateniéndose a las consideraciones fácticas y jurídicas allí determinadas, las cuales destaca ajustadas a derecho, en especial, el respeto a la prohibición de reforma en perjuicio que alega el demandante, cuando la condición de recurrente la ostentaba el representante de víctimas, mas no la bancada defensiva por lo que carece de sustento tal argumento. Además de que la revocatoria del subrogado penal fue producto de la variación de la pena de prisión a que hubo lugar luego del análisis sobre la rebaja del artículo 269 del Código Penal y su alcance en el caso concreto, ajustado a la legalidad y razonabilidad, sin afectación de derechos fundamentales.
2. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá indicó que vigila el cumplimiento de la pena de prisión que le fue impuesta al accionante, la cual quedó en firme, tras el fallo de segunda instancia, sin que fuera entablado el recurso extraordinario de casación.
Aduce que avocó conocimiento del proceso para su vigilancia el 25 de abril de 2018, obrando en la actuación orden de captura vigente contra el sentenciado, sin que a la fecha se haya hecho efectiva.
Por lo demás refiere que no es propio realizar una valoración adicional a las consideraciones de la sentencia que dejó en firma la actuación, ya que al cobrar ejecutoria quedó amparada por la presunción de acierto y legalidad, sin que prospere la acción de tutela para remover la cosa juzgada.
3. A su vez, el representante de las víctimas se opuso a la prosperidad de la demanda, cuando las providencias censuradas son legítimas, razonadas y ajustadas a derecho, producto de un debido proceso, siendo la tutela subsidiaria para reclamar derechos que bien pudo debatir al interior del proceso y no lo hizo, además de desconocer el presupuesto de inmediatez desde la emisión del fallo de primer grado.
4. En ese mismo sentido se pronunció el Procurador 260 Judicial Penal I de Soacha.
Dentro del término otorgado los demás involucrados guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, al involucrar la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, de la cual es su superior funcional.
2. Es un hecho cierto que el objeto de la demanda de tutela se centra en cuestionar la sentencia condenatoria que fue proferida contra DANIEL BAYONA RODRÍGUEZ por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en segunda instancia, por medio de la cual revocó parcialmente el fallo de 12 de diciembre de 2016 del Juzgado 2° Penal del Circuito de Soacha para, en su lugar, imponer al procesado la pena de 44 meses y 24 días de prisión como autor responsable del delito de hurto calificado y agravado y negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
3. Es conocido el criterio ampliamente divulgado por la jurisprudencia constitucional de la Sala, según el cual la acción de amparo de los derechos fundamentales, como principio general, es improcedente contra actuaciones y decisiones judiciales, máxime cuando contra ellas no se han ejercicio y resuelto los recursos previstos en la ley.
Solamente se ha permitido la excepcional intervención ante la ausencia de medios de defensa para lograr el amparo, o cuando existiendo, y considerando el caso concreto, se tornan ineficaces para conseguir la real e inmediata protección, desde luego frente a determinaciones o actuaciones judiciales que puedan catalogarse como vías de hecho, que con la evolución jurisprudencial pasaron a considerarse como causales genéricas y especiales de procedibilidad (CC. T-332/06), cuyo cumplimiento, está obligado el demandante a acreditar.
De asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de aquélla.
4. De entrada la Sala advierte que fue desconocido el requisito de subsidiariedad, porque aun cuando el demandante contó con la posibilidad de activar el mecanismo extraordinario de casación contra la sentencia de segundo grado reprobada en la demanda, no lo hizo.
Alega el actor que la providencia judicial por la cual resultó condenado presenta una serie de violaciones directas de la ley sustancial, en especial, por falta de aplicación del principio de no reforma en peor, cuando en segunda instancia el Tribunal aumentó el monto punitivo y le negó el sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo cual desconoce sus derechos fundamentales, por lo que en su sentir el fallo debe ser revocado.
Dicha situación bien pudo debatirse en el escenario natural idóneo para el logro de sus pretensiones, como lo era a través del extraordinario recurso de casación, teniendo el suficiente interés jurídico para recurrir y, sin embargo, el actor no lo hizo. De la información arrimada se tiene que la defensa ni técnica ni material, en momento alguno activaron esa senda judicial idónea para el reconocimiento de sus garantías fundamentales, cuyo silencio, permitió la ejecutoria de la condena, tras surtirse la alzada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, como lo informó el juzgado de conocimiento accionado.
De ahí, que no se derive el agotamiento de los medios de defensa apropiados como presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de tutela.
Se reitera, que el interesado contaba con la posibilidad de acudir al recurso extraordinario a fin de remediar, dentro del escenario natural, las falencias denunciadas, cuestión que en su oportunidad no fue tenida en cuenta, es más, ni siquiera dentro de la demanda de tutela refiere las razones por las cuales no presentó la demanda dejando pasar la oportunidad, pretendiendo ahora subsanar los supuestos yerros cometidos por las autoridades accionadas a través del instrumento de protección excepcional, que como se ha dicho en múltiples ocasiones, no puede ser utilizado como una tercera instancia idónea para modificar decisiones judiciales que ya han hecho tránsito a cosa juzgada, razón suficiente para declarar improcedente el reclamo constitucional.
Los aspectos debatidos por el actor –presunta violación directa de la norma sustantiva -, escapan al análisis que debe efectuarse en sede de la acción de tutela, en tanto no es posible prescindir de la jurisdicción ordinaria, también instituida para salvaguardar las garantías de los sujetos procesales y que contiene los instrumentos idóneos para corregir las eventuales y presuntas irregularidades, desconociendo el implicado el presupuesto general de procedibilidad sobre la subsidiariedad.
5. De todos modos, si lo que pretende el actor es que se remueva la inmutabilidad de la cosa juzgada que blinda a las sentencias condenatorias ejecutoriadas, las cuales gozan de presunción de acierto y legalidad, bien puede acudir en cualquier tiempo a la única figura que tiene la virtualidad para lograrlo, es decir, a la extraordinaria acción de revisión y allí demostrar la configuración de una de las causales previstas para su procedencia, las cuales se encuentran plasmadas en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, al faltar el demandante al requisito general de procedibilidad de la acción de tutela de subsidiariedad la decisión que se impone adoptar es la negativa por improcedente del amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Negar por improcedente la acción de tutela presentada por DANIEL BAYONA RODRÍGUEZ, por las razones expuestas en precedencia.
Segundo: Notificar este fallo de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.
Cúmplase
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria