Asistente Jurídico Inteligente
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EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado ponente
STP4487-2018
Radicación n.° 97667
Acta 108
Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018)
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela promovida por Andrés Felipe Poloche Conde contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 21 Penal Municipal de esta ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Al presente trámite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por el delito de violencia intrafamiliar.
ANTECEDENTES
1. Hechos y fundamentos de la acción
1.1. De la información obrante en el expediente, se tiene que el 21 de enero de 2017 el Juzgado 21 Penal Municipal de Bogotá condenó a Andrés Felipe Poloche Conde a 84 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Asimismo, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
1.2. Contra esa determinación se interpuso recurso de apelación, el cual está surtiendo el respectivo trámite en la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad.
1.3. Poloche Conde promovió acción de tutela contra los referidos despachos judiciales por la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al proferir sentencia condenatoria en su contra pese a que, al parecer, no está demostrada su responsabilidad penal.
Indicó que al momento de emisión del fallo, se dejó de tener en cuenta que cuando presuntamente se cometieron los hechos objeto de investigación, no existía ningún nexo familiar con la madre de su hijo, razón por la que era improcedente proferir la condena en su contra por el delito de violencia intrafamiliar.
2. Las respuestas
2.1. Juzgado 21 Penal Municipal de Bogotá
El Juez resumió las principales actuaciones e indicó que al accionante se le han respetado sus derechos fundamentales, durante todas las etapas del proceso seguido en su contra.
2.2. Carlos Humberto Moreno Rey
El defensor público del actor coadyuvó las pretensiones de la demanda, tras advertir que no existía un vínculo familiar entre éste y la denunciante.
2.3. Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
El Secretario resaltó que la impugnación promovida por el apoderado del actor en frente al fallo condenatorio de primera instancia fue asignada al despacho de la Magistrada Martha Patricia Trujillo Quiroga desde el 20 de febrero de 2017.
La Ponente refirió que el despacho tiene proyecto de decisión pendiente de pasar a Sala, el que una vez sea aprobado, fijará fecha para su correspondiente lectura. Agregó que el amparo es improcedente por incumplimiento del principio de subsidiariedad.
4. Fiscalía 117 Local de la Unidad de Delitos contra la Violencia Intrafamiliar de Bogotá
La Fiscal relató las principales actuaciones e indicó que el proceso se desarrolló con fundamento en la postura jurisprudencial vigente para ese momento, pues su variación por esta Corporación [SP80064-2017] se produjo luego de proferida la sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES
1. El problema jurídico.
Corresponde a la Corte determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del interesado, dentro del proceso penal adelantado en su contra por el delito de violencia intrafamiliar.
Previamente verificará si se satisface el principio de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acción.
2. Si la actuación penal no ha finalizado, la tutela se torna improcedente.
2.1. El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular y siempre que no exista otro medio de defensa o se esté ante un perjuicio irremediable, evento último en el cual procede como mecanismo transitorio.
No tiene carácter alternativo. Es inviable cuando el interesado dispone de otros recursos, pues no fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como un elemento supletorio de las normas procesales.
Mientras el proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar, al interior del trámite, el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela.
Así las cosas, uno de los presupuestos de procedibilidad consiste justamente en que se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial1.
Es allí, ante el juez natural, donde el peticionario puede plantear su inconformidad, expresar las razones de su desacuerdo frente a las decisiones adoptadas, recurrirlas, hasta llegar a la casación para que sea esta Corporación, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la que finalmente resuelva el asunto.
2.2. En el presente caso está demostrado que el proceso penal aún no ha concluido, pues en la actualidad se encuentra en trámite el recurso de apelación presentado contra el fallo condenatorio proferido en contra del accionante por parte del Juzgado 21 Penal Municipal de Bogotá.
En consecuencia, no le está permitido al juez constitucional intervenir en el mismo, debido a que en su interior existen los medios de defensa aptos para garantizar la protección de que se trata, esto es, en sede de apelación de la sentencia y, eventualmente, en casación, con lo cual deviene improcedente la acción de tutela solicitada.
Esto significa que el actor todavía tiene a su alcance dichos mecanismos, idóneos para preservar o recuperar los derechos presuntamente amenazados o quebrantados. Ese supuesto torna inviable la posibilidad de acudir a la solicitud de amparo, como un instrumento alternativo o coetáneo.
2.3. De otra parte, no es posible conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio para contrarrestar algún perjuicio irremediable, ya que éste se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por lo tanto, de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características del perjuicio irremediable la Corte Constitucional, en sentencia CC T-1316-2001, dijo:
[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los menesterosos o las personas de las tercera edad. [Subrayas fuera de texto].
En tales condiciones, se advierte que la tutela de forma transitoria no está llamada a prosperar, ya que el accionante no demostró los supuestos de hecho necesarios, con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando, se insiste, existen los mecanismos de defensa aptos para exigir el respeto de sus derechos fundamentales.
Por las anteriores consideraciones, se negará el amparo.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Negar la acción de tutela presentada por Andrés Felipe Poloche Conde.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.