Asistente Jurídico Inteligente
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Eyder Patiño Cabrera
Magistrado ponente
STP11248-2018
Radicación n.° 100047
Acta 295
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela interpuesta por Gildardo Alvear Navia, quien acude a través de apoderada judicial, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de petición.
Al trámite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso n.o 110016000023201506137 adelantado contra el accionante.
ANTECEDENTES
1. Los hechos y el amparo propuesto
1.1. Mediante sentencia del 30 de marzo de 20171, el Juzgado 7º Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a Gildardo Alvear Navia a 118 meses de prisión, por la comisión del punible de actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo. Asimismo, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
1.2. Contra esa decisión la defensa interpuso recurso de apelación, el cual correspondió desatar a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, donde actualmente se encuentra la actuación.
1.3 Alvear Navia, por conducto de abogada, acudió al juez de tutela para que, previo el agotamiento del trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991, proteja sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de petición y, en consecuencia, ordene a dicho cuerpo colegiado, resolver el referido medio de impugnación.
Resaltó que ha presentado solicitudes ante la demandada, encaminadas a que se le dé impulso a la actuación, las cuales han sido respondidas de manera desfavorable con el argumento de que los asuntos son resueltos de acuerdo a la fecha de llegada.
2. Las respuestas
2.1. Juzgado 7º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá
El Juez indicó que las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Bogotá con el fin de que se desate el recurso de apelación presentado contra la sentencia condenatoria emitida en contra del accionante.
2.2. Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
La Ponente informó las gestiones adelantadas tendientes a responder las solicitudes presentadas por el peticionario.
Refirió que le correspondió por reparto conocer la alzada presentada por la defensa del demandante contra la sentencia condenatoria emitida el 30 de marzo de 2017.
Destacó que el motivo de la demora en la resolución del recurso se debe a la carga laboral que posee el despacho, estando en la actualidad con 95 procesos, de los cuales 4 son de Ley 600 de 2000 y el resto corresponde al trámite previsto en el Código de Procedimiento Penal de 2004 [12 son apelaciones de autos interlocutorios y 79 apelación de sentencias -50 de ellas con personas privadas de la libertad-].
Manifestó que dicha situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, sino que además ha sido afrontada con medidas internas tales como la distribución de trabajo o la prolongación de la jornada laboral, pese a lo cual, ha sido difícil obtener un resultado definitivo en beneficio de una pronta y cumplida justicia.
Solicitó negar las pretensiones de la demanda, como quiera que de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, lo asuntos deben ser resueltos de acuerdo al orden de llegada.
CONSIDERACIONES
1. Corresponde a la Corte determinar si el Tribunal accionado vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de petición de la parte interesada, ante la alegada falta de pronunciamiento sobre la alzada propuesta contra la sentencia mediante la cual resultó condenado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
2. Conforme lo señala expresamente el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas.
En el mismo sentido, el canon 228 Superior expresamente ordena que los términos procesales se observen con diligencia y que su incumplimiento debe ser sancionado.
De igual modo, la Ley 270 de 1996 regula como principios que informan la administración de justicia, los de acceso a la justicia, celeridad y eficiencia (preceptos 2, 4 y 7, respectivamente).
Por su parte, el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 906 de 2004 prevé que será obligatorio el cumplimiento de «los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación».
Es así como la Constitución Política y el ordenamiento legal protege al ciudadano de los excesos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, imponiéndoles a estos la obligación de respetar los términos judiciales previamente establecidos por el legislador, de tal suerte que obtenga una solución oportuna a las controversias planteadas ante la jurisdicción, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
De ésta manera, constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el funcionario judicial, el proferir sus decisiones dentro de los tiempos fijados en el procedimiento que regula la actuación, salvo que la mora esté justificada por una situación probada y objetivamente insuperable, que impida al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión.
Lo anterior significa que el solo vencimiento de los términos judiciales no transgrede el derecho al debido proceso, se requiere que la demora en resolver un asunto no esté fundadamente justificada para que sea clara la vulneración de dicha garantía esencial.
La Corte Constitucional ha señalado, para los casos en los cuales es evidente una dilación injustificada, siempre y cuando se esté ante la existencia de un perjuicio irremediable, la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señaló:
De lo anterior se infiere que a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e ineludibles”, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos procésales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten2 (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, debe resaltar la Sala que no toda dilación dentro del proceso judicial es vulneratoria de derechos fundamentales, por lo que el amparo no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario judicial, sino que debe acreditarse la falta de diligencia de la autoridad pública. Además de lo anterior, debe demostrarse que con la mora, se produzca un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela en el asunto en particular3.
2.1. En el caso sometido a examen, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá indicó que aún no ha resuelto el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia condenatoria emitida contra el actor, debido a que los asuntos son resueltos de acuerdo al orden de llega y en virtud de la gran congestión que se presenta en esa Corporación.
Tales circunstancias, permiten concluir entonces que, el ente accionado ha expuesto objetivamente las causas que han imposibilitado adoptar la decisión de fondo en el proceso sometido a su consideración dentro de los términos de ley o, por lo menos, en un plazo prudente, pues presentó una justificación razonable, como es, el cúmulo de trabajo con el que cuenta actualmente y que resuelve los casos en orden de llegada.
Así las cosas, no hay lugar a prodigar el amparo solicitado, máxime cuando el juez constitucional no puede alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, en tanto ello implicaría lesionar los derechos de otras personas que también se encuentran a la espera de que su asunto sea decidido, toda vez que al tenor de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, ellos se resuelven según el orden de entrada al despacho, el cual sólo puede alterarse en casos excepcionales.
2.3. De otro lado, esta Sala de Decisión ha señalado que frente a la hipotética mora en que pueda incurrir un funcionario judicial, existen otras vías judiciales eficaces que desplazan la acción de tutela.
Efectivamente, el actor cuenta con otros medios de defensa judicial como es la Vigilancia Judicial Administrativa o la figura jurídica de la recusación, a las que puede acudir si considera que injustificadamente el funcionario judicial se ha demorado en la solución del asunto puesto a su consideración, mecanismos procesales que tornan inviable el amparo propuesto.
Por las anteriores consideraciones se negará el amparo propuesto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Negar la tutela presentada por Gildardo Alvear Navia, quien acude a través de apoderado judicial.
Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Eyder Patiño Cabrera
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Cfr. Folios 20 a 41 – cuaderno n.º 1.
2 Ver T-1154 de 2004.
3 Así lo señaló la Sala en decisiones CSJ STP, 19 mar. 2013, Rad. 65770 y CSJ STP, 9 jul. 2013, Rad. 67.797.