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FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado Ponente
STP10786-2018
Radicación n.° 100077
Acta 276
Bogotá D. C., agosto veintidós (22) de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Decide esta Corporación la acción de tutela promovida por la ciudadana RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. Para la que corresponde resolver en el presente asunto, se destacan como hechos jurídicamente relevantes, los siguientes:
(i) Que en el mes de octubre de 2012, la actora fue designada como Fiscal 1ª Seccional adscrita a la Unidad de Descongestión para Ley 600 de 2000 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca y Amazonas, precisando que su despacho fue ubicado en la ciudad de Bogotá.
(ii) Que entre las actuaciones que le correspondió conocer por descongestión, se hallaba «la radicada con el número 31194-03, contra Hugo Marroquín Castillo, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, proveniente del municipio de Facatativá», en el marco de la cual, previo el análisis de rigor, emitió resolución inhibitoria, tras advertir la prescripción de la acción penal.
(iii) Que por solicitud del delegado del Ministerio Público, compulsó copias para investigación disciplinaria contra «los funcionarios que habían tenido a su cargo la aludida indagación preliminar, por presunta mora en su trámite».
(iv) Que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ordenó la terminación y el consecuente archivo de las diligencias adelantadas «en contra de quienes tuvieron a su cargo el trámite de la investigación preliminar penal 31194-03», y, a su vez, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en su contra al considerarse irregular la decisión inhibitoria, ya que «para ese entonces (13 de noviembre de 2012), tal fenómeno jurídico no se había presentado».
(v) Que en el marco de esas diligencias, el 29 de septiembre de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, dictó fallo, mediante el cual sancionó a la actora «en calidad de Fiscal 1ª Seccional de la Unidad de Descongestión Ley 600 de 2000 de Cundinamarca, con suspensión en el ejercicio del cargo, por un (1) mes».
(vi) Que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación en el que solicitó la declaratoria de nulidad por falta de competencia de la autoridad disciplinaria de primer nivel; empero la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de fallo del 31 de enero de 2018, confirmó en su integridad la determinación confutada.
2. Adujo la accionante que en el asunto sub examine se produjo un defecto orgánico que hace viable la procedencia de la presente acción constitucional, toda vez que en su sentir, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no tenía competencia para investigarla y sancionarla en razón a que:
«[…] a pesar de que mis funciones se circunscribían a seguir adelante con las investigaciones que bajo la égida de la Ley 600 de 2000 se hallaban represadas en varios municipios de Cundinamarca, y para este caso en concreto en Facatativá, resulta diáfano que mi sitio de labores se encontraba en la ciudad de Bogotá D.C., tanto así que fue en la capital de la República donde proferí la resolución presuntamente irregular, fue aquí donde se libraron las comunicaciones a los sujetos procesales para notificarlos de tal determinación e igualmente se hizo la anotación por estado, motivo por el cual afirmo, sin hesitación alguna, que el acto imputado se cometió en Bogotá, por lo que era la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá la que debió adelantar la investigación de rigor y, eventualmente, imponer la sanción respectiva».
3. Sumado a lo anterior, señaló que de conformidad con una interpretación sistemática de la legislación vigente «ningún Consejo Seccional de la Judicatura puede investigar y sancionar a los Fiscales Delegados ante los Jueces Especializados, los Jueces de Circuito y los Jueces Municipales del territorio nacional, por presunta falta disciplinaria, porque tal facultad no le está atribuida ni constitucional ni legalmente», sino que en su sentir esa atribución está asignada a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la Ley 734 de 2002 o en su defecto a la propia Fiscalía General de la Nación.
4. Por lo anteriormente expuesto la accionante RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ acudió al Juez de tutela para que, previo el agotamiento del trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991, proteja los derechos fundamentales invocados e intervenga en el proceso disciplinario con radicación 25000-11-02-000-2013-00295-00 seguido en su contra, formulando como pretensiones principales que:
(i) Se disponga dejar sin efectos y valor jurídico el fallo de segundo grado emitido el 31 de enero de 2018, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, providencia mediante la cual «aparte de que se negó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca se confirmó la sanción impuesta por ésta, en primera instancia»;
(ii) Se ordene a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, «dentro de un término no superior a ocho (8) días, contados desde la notificación del fallo de tutela, se pronuncie nuevamente en relación con el recurso de apelación impetrado por la suscrita, contra la sentencia de primera instancia, atendiendo mi pedimento de declaratoria de nulidad de todo lo actuado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y consecuentemente, el envío de las diligencias al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para los fines legales pertinentes»; y,
(iii) Se conmine a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, para que se abstenga de ejecutar la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo impuesta a la suscrita, por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Y si lo anterior no prospera, de manera subsidiaria, la accionante pidió «dejar sin valor ni efecto todo el procedimiento adelantado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por carencia absoluta de competencia, y, en su lugar, remitir las diligencias a la Procuraduría General de la Nación o, en su defecto, al Fiscal General de la Nación, para el adelantamiento del proceso respectivo».
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
1. Esta Sala por auto del 14 de agosto de 2018 avocó el conocimiento de la actuación y dispuso el traslado de la demanda a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa; asimismo, en aras de integrar en debida forma el contradictorio, vinculó al presente trámite a las partes e intervinientes del proceso disciplinario con radicación 25000-11-02-000-2013-00295-00 en el marco del cual la actora RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ fue sancionada «con un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo de Fiscal 1ª Seccional de la Unidad de Descongestión Ley 600 de Cundinamarca».
Igualmente, resolvió de manera negativa la medida provisional consistente en ordenar «la suspensión de la ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por las accionadas, en primera y segunda instancia, mediante sentencias del 29 de septiembre de 2017 y 31 de enero de 2018, respectivamente…», tras establecer que no se acreditó alguna de las exigencias previstas en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.
2. Dentro del término de traslado concedido en el auto admisorio de la tutela, las partes accionadas y vinculadas al presente diligenciamiento, optaron por guardar silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Siendo competente esta Sala conforme a las previsiones establecidas en el Decreto 1983 de 2017, modificatorio del Decreto 1069 de 2015 y en el Reglamento interno de esta Corporación (Acuerdo n.° 006 de 2002), a continuación resolverá la temática planteada al inicio de esta providencia.
2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
3. Para su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza carece de sentido hablar de la necesidad de amparo (Cfr. C.C.S.T-864/1999).
4. Expuesto lo anterior y, una vez revisadas las particularidades del caso concreto, desde ahora la Sala advierte, que en el asunto sub lite no es procedente el recurso de amparo propuesto para sacar avante las pretensiones formuladas, por las razones que pasan a exponerse:
4.1. Como punto de partida, dado que la parte actora invocó la protección del derecho al debido proceso, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, tal prerrogativa «se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas» y responde a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera, al arbitrio habrán de reemplazarse, puesto que se han promulgado precisamente para regular la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales de las partes en litigio, de suerte que pueda llegarse a una determinación acertada y legítima que haga posible la realización del principio de justicia material (C.C.S.T-957/2011).
4.2. De otra parte, en razón a que la pretensión principal de la demanda se orienta a dejar sin efectos la actuación surtida al interior de un proceso disciplinario debe recordarse que acorde con la doctrina de la Corte Constitucional (Cfr. Sentencias: C-590 de 2005, SU-195 de 2012 y T-137 de 2017, entre otras) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, solamente resulta procedente de manera excepcional y, siempre que se cumplan ciertos y rigurosos presupuestos de procedibilidad, agrupados en (i) requisitos generales; y (ii) causales específicas.
Los primeros que se concretan a: a) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) que cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y f) que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que los segundos, implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: a) un defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); b) un defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); c) un defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); d) un defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); e) un error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); f) una decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la providencia); g) un desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y h) la violación directa de la Constitución.
4.3. Aplicando las premisas jurisprudenciales antes expuestas al caso concreto, debe señalarse que en lo que atañe a las exigencias de carácter general, se constata que: (i) el caso resulta de relevancia constitucional, pues lo que es objeto de debate es la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso, generada por la providencia de segunda instancia del 31 de enero de 2018, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –en el marco del proceso disciplinario con radicación 25000-11-02-000-2013-00295-00–, por medio de la se dejó en firme la sanción impuesta a la actora RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ consistente en «un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo de Fiscal 1ª Seccional de la Unidad de Descongestión Ley 600 de Cundinamarca».
De otra parte, (ii) se halla satisfecha la exigencia que tiene que ver con la interposición de la demanda dentro de un término razonable (inmediatez), por cuanto la decisión judicial cuestionada –según lo aseguró la demandante– le fue notificada hasta el 5 de junio de 2018 y la presente demanda fue radicada el 14 de agosto de la presente anualidad; además, (iii) la parte demandante agotó los medios ordinarios de defensa a su alcance; (iv) identificó con suficiencia los fundamentos fácticos, las pretensiones y los derechos que consideró vulnerados; y finalmente, (v) no se discute por este cauce una sentencia de tutela.
4.4. Pese a lo anterior, este Cuerpo Decisorio advierte que los argumentos expuestos en el líbelo de tutela como sustento para invalidar lo actuado al interior del proceso disciplinario de marras, esto es, la presunta falta de competencia de los falladores de primer y segundo nivel para investigar disciplinariamente a la actora RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ en su condición de Fiscal 1ª Seccional adscrita a la Unidad de Descongestión para Ley 600 de 2000 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca y Amazonas, ya fueron objeto de debate, análisis y resolución al interior de la referida causa.
En efecto, en la providencia judicial de primera instancia, adiada 29 de septiembre de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, invocó como fundamento de su competencia lo consagrado en el numeral 3º del canon 256 de la Constitución Política y en el ordinal 2º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).
La primera de las citadas normas establece que «corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […] 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley», mientras que en la segunda se señala como funciones de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura «conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los jueces y los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción».
Por su parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en sede de apelación, en el proveído de fecha 31 de enero de 2018, fundamentó su competencia en el asunto de marras de la siguiente manera:
«En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el Título XII, Capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta de los fallos sancionatorios proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país que no hayan sido apelados.
Y si bien, en razón de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la función disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
Reiteró la Corte Constitucional que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela».
Y al pronunciarse de fondo frente al cargo de nulidad propuesto por la disciplinada RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, el cual se soportó en la falta de competencia del fallador de primer nivel para conocer de su caso, concluyó que el mismo no estaba llamado a prosperar exponiendo como sustento de tal afirmación:
«Sostiene la memorialista en resumidas cuentas, que existe dentro del presente asunto una causal de nulidad por factor de competencia territorial, pues en su sentir y conforme lo previsto en el artículo 80 de la Ley 734 de 2002, quien debió conocer su caso fue el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, más no el de Cundinamarca, pues si bien ella hace parte de la Planta de Personal de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, también lo es que la Unidad de Descongestión para Ley 600 de 2000 de Cundinamarca, se dispuso mediante Oficio DNF17423 del 6 de agosto de 2012, suscrito por la doctora Elka Venegas Ahumada en su calidad de Directora Nacional de Fiscalías, la creación de la mencionada unidad, con sede en Bogotá, procediéndose a su conformación a partir de agosto de 2012 mediante Resolución No. 0003666 suscrita por el Director Seccional de Fiscalías de Cundinamarca y Amazonas, siendo en Bogotá desde donde se dictó la providencia reprochada del 13 de noviembre de 2012, por lo cual, tal determinación, se dictó, suscribió, notificó y cursó en Bogotá, tal y como quedara consignado en la misma resolución.
Respecto de la petición de nulidad, de entrada esta Sala procederá a negar la misma, por cuanto el tema materia ahora de discusión por parte de la censora, versa sobre la aplicación del factor de competencia territorial, el cual está limitado al lugar donde se realizó la conducta, para lo cual debe señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en el canon 114 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, así como del artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, el factor de competencia para el conocimiento de procesos disciplinarios adelantados contra los fiscales, está supeditado al territorio de su jurisdicción y en este sentido al verificar de que si bien el despacho a cargo de la funcionaria investigada se encuentra radicado en la ciudad de Bogotá, su jurisdicción corresponde al Departamento de Cundinamarca, razón por la cual y conforme lo dispuesto en los Acuerdos 7689, 7690 y 7691 de esta Corporación, se vislumbra que la competencia para asumir el conocimiento de la investigación disciplinaria adelantada contra la doctora RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ como titular de la Fiscalía Seccional 1ª Unidad de Descongestión Ley 600 de 2000 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, efectivamente es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y no como erradamente lo pretende hacer ver la apelante, por cuanto, si bien la decisión fue emitida en Bogotá por la sede del cargo, como se dijera en precedencia, su jurisdicción corresponde es a Cundinamarca.
Conforme lo precedente y al no encontrarse un argumento consistente para acceder a la declaratoria de nulidad invocada por la investigada, esta Colegiatura no accederá a la misma».
4.5. De lo expuesto se colige entonces que, contrario a lo expuesto en el líbelo de tutela, en el presente asunto no se advierte la concurrencia del defecto orgánico para declarar la viabilidad de la acción de amparo frente a las providencias cuestionadas –fallos del 29 de septiembre de 2017 y 31 de enero de 2018– dictadas por las autoridades demandadas –Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura– dentro del proceso disciplinario con radicación 25000-11-02-000-2013-00295-00 seguido contra RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal 1ª Seccional adscrita a la Unidad de Descongestión para Ley 600 de 2000 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca y Amazonas.
Ello por cuanto, el mencionado presupuesto específico de procedibilidad de esta acción constitucional, acorde con la jurisprudencia nacional, acontece:
«[…] en aquellos eventos en los que el funcionario que profiere determinada decisión, carece de manera absoluta de la competencia para hacerlo. Se dice que se configura este defecto en aquellas situaciones en las que: (i) El peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo cuando una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de manera absoluta de competencia). (ii) Durante el transcurso del proceso el accionante puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el desarrollo de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente (Cfr. C.C.S.T-267/2013).
Como acaba de exponerse, la estructuración del vicio orgánico –o falta absoluta de competencia del funcionario judicial– está supeditado a que la parte accionante, al interior del proceso judicial respectivo haya expuesto las circunstancias de incompetencia y, que las autoridades de que se trate hayan rechazado sus argumentos «validando una actuación erigida sobre una competencia inexistente».
No obstante, verificadas las particularidades del caso concreto, se advierte que al interior del proceso disciplinario de marras la actora RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ planteó una causal de nulidad alegando la incompetencia por factor territorial en el fallador a quo; sin embargo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –en sede de apelación– con fundamento en las normas constitucionales, legales y reglamentarias que consideró resultaban aplicables al caso concreto, así como apoyada en los criterios jurisprudenciales vigentes y exponiendo argumentos razonables y objetivos, concluyó que la causal de invalidez por incompetencia absoluta no estaba probada, que la actuación disciplinaria se hallaba ajustada a derecho y que igualmente, la sanción aplicada a RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ consistente en «un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo de Fiscal 1ª Seccional de la Unidad de Descongestión Ley 600 de Cundinamarca», fue correctamente impuesta.
En esa medida, no es procedente en el presente asunto (i) desconocer las razones que tuvieron los jueces naturales para resolver negativamente las pretensiones de la parte aquí actora al interior del proceso penal cuestionado, (ii) tampoco deslegitimar lo decidido por ellos conforme a sus competencias, ni mucho menos (iii) privilegiar la posición particular de quien ahora acude a esta vía excepcional, por cuanto:
«…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto» (C.C. S.T-332/2006).
5. De conformidad con lo precedentemente expuesto, se insiste, el Juez Constitucional no puede avalar las pretensiones formuladas por el aquí accionante, pues resulta evidente que las mismas persiguen censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual resulta inadmisible si se tiene en cuenta que el Constituyente no le otorgó a esta acción el carácter de tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma.
Así lo ha precisado de antaño la jurisprudencia nacional al sostener que por medio de la acción de tutela «no pueden desconocerse las decisiones adoptadas por los jueces competentes, en procesos tramitados válidamente, es decir, con sujeción a las normas procesales. Por tanto, carece de fundamento la pretensión de convertir la acción de tutela en una especie de recurso extraordinario de revisión, encaminado a remediar los errores o las culpas de las partes o de sus apoderados, en procesos válidamente tramitados» (C.C.S.T-025/1997).
6. Adicionalmente, es importante señalar que cuando los ataques contra las decisiones proferidas en el marco de los procesos judiciales, como ocurre en este caso, se fundan en discrepancias interpretativas, ello no implica per se la violación de derechos fundamentales. Entonces la acción de tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto afectado simplemente no coincide con la posición del operador jurídico, pues las vías de hecho son defectos graves en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que comprometen el debido proceso y la integridad del ordenamiento jurídico, categoría en la cual no encajan las divergencias hermenéuticas.
7. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente.
8. Así las cosas, se concluye que en el presente caso no es posible acceder a la petición de amparo, por lo que se negará por improcedente, como previamente se había anunciado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas n.° 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. NEGAR la acción de tutela promovida por RUBY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, por las razones expuestas en la parte motiva.
2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria