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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SP3334-2016
(Aprobado acta N° 80)
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
I.- A S U N T O
Luego de celebrada la audiencia pública, corresponde a la Corte dictar sentencia dentro del proceso adelantado contra el ex congresista LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS.
II.- H E C H O S
La imputación fáctica genérica fue relacionada en la resolución de acusación así:
“son objeto de esta investigación los presuntos vínculos del doctor LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS con miembros de “Bloque Caquetá” de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- y militantes del “Frente Sur Andaquíes” -“FSA”- del denominado “Bloque Central Bolívar” -“BCB”- de las autodefensas unidas de Colombia -AUC-, acorde con señalamientos según los cuales desde cuando dichas organizaciones armadas ilegales hicieron presencia en el departamento del Caquetá y hasta cuando se desarrolló la campaña electoral a la Gobernación 2007, habría solicitado y obtenido el apoyo a candidatos a cargos de elección popular de sus afectos y el que se le brindó para su elección como Representante a la Cámara”.
Ahora, de manera más concreta, los hechos constitutivos de la infracción contra la seguridad pública fueron consignados en la citada providencia, en los siguientes términos:
“Bajo tal perspectiva, no pasa desapercibido para la Sala que de acuerdo con lo que la prueba enseña, los ex integrantes de los grupos de autodefensa que militaron en el Departamento del Caquetá desde el año 2001 hasta el 2006 y el procesado, convinieron promocionar dichas organizaciones bajo su reconocimiento mutuo como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona al desarrollar las actividades conjuntas que pusieron de presente (…), explicadas precisamente en la penetración de la estructura en lo relacionado con el poder político regional y nacional, que era una estrategia decantada por la cúpula del “BCB” a fin de lograr notoriedad como consecuencia de su expansión, someter a la población y, desde luego, para ganar espacios sociales y políticos propios, amén de que la presencia del procesado en los territorios donde los grupos de autodefensas tenían injerencia y asentamientos constituye la aceptación de su dominio (…).
Confluencia de voluntades que por sí sola consuma el pacto censurado a partir de la participación del procesado en las actividades y reuniones que acredita la prueba, donde se comparten escenarios con miembros del grupo armado ilegal ampliamente reconocido en la zona e intereses de personajes del mismo movimiento político auspiciado por el sumariado (…)”.
Ya en lo atinente a la conducta que atenta contra el bien jurídico de los mecanismos de participación democrática, se dijo:
“De otro lado, en el ámbito de la participación el concurso de personas en la ejecución del tipo penal admite la determinación, condición ésta por la que se acusará al doctor ALMARIO ROJAS -y no como coautor-, por cuanto la prueba no refleja que él haya realizado materialmente la acción, pero sí que con ocasión del acuerdo ilegal ingresó en la esfera del aparato de poder que requería consolidar su penetración de lo público, emergiendo incontrovertible el interés del procesado en lograr esos resultados al acordar ello con su forma de proceder y, en ese grado de consenso, determinó el comportamiento ilegal.
La prueba testimonial refleja no solamente la violencia física y moral a que fueron sometidas las comunidades donde tuvo injerencia el “FSA-BCB” mediante la comisión de múltiples conductas punibles que causaron el temor y la zozobra que les impidió optar libremente por la alternativa política de sus preferencias, precisamente para lograr el dominio de la zona y la penetración de lo público, siendo ello de conocimiento en la región y, por lo tanto, también del procesado, quien tuvo la oportunidad de advertirlo dada su condición relevante dentro de la sociedad caqueteña como líder social y político del departamento que, de tiempo atrás cumplía gestiones de carácter público; sino los procedimientos que para dirigir los votos empleó el grupo armado ilegal en favor del procesado (…).
Por último, debe advertirse que los resultados electorales en los que no se aprecie notable diferencia entre los candidatos enfrentados o un marcado contraste en relación con votaciones propias en diversa elección descarte el constreñimiento al elector, pues aún si se tratara de la violencia ejercida contra el único sufragante de una población con muchos más habitantes aptos para elegir, que se atreve a enfrentar las consecuencias anunciadas para quien deposita un voto que no estuviera acorde con lo señalado por una estructura de poder, motivo por el cual ningún otro lo hiciera, el constreñimiento se configuraría sin ninguna duda”.
III.- FILIACIÓN DEL ACUSADO
LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS nació el nueve (9) de abril de 1956 en Florencia (Caquetá), hijo de Pedro Antonio y María Agustina (q.e.p.d.), identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.627.544 del mismo municipio, casado, ingeniero eléctrico de profesión y ex Representante a la Cámara.
IV.- ACTUACIÓN PROCESAL
La Sala decretó la apertura de investigación previa el 23 de marzo de 20111 y la de investigación formal el 4 de julio de 20122. Luego de ello ALMARIO ROJAS fue escuchado en indagatoria y se le definió su situación jurídica el 30 de julio de 2012, imponiéndosele como medida de aseguramiento de tención intramural3.
Mediante providencia del 29 de enero de 20134 se ordenó el cierre de la investigación, la que al ser impugnada, fue confirmada con auto del 11 de febrero de la misma anualidad5.
Una vez surtido el traslado que prevé la ley, el 6 de marzo de 2013, se profirió resolución de acusación contra el procesado como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado (artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002), con la circunstancia genérica de agravación prevista en el numeral 9 del artículo 58 ídem6; y como determinador del ilícito de constreñimiento al sufragante consagrado en el artículo 387 ibídem, agravado por la circunstancia de que trata el inciso 3º de la misma norma. Determinación que igualmente fue impugnada, por lo que al resolverse el recurso horizontal, esta Corporación el 20 de marzo siguiente decidió no reponer la misma.
Ya en la etapa de juzgamiento, el día 4 de julio de 2013 se llevó a cabo la diligencia de audiencia preparatoria7, dentro de la cual se adoptaron varias determinaciones, algunas de las cuales fueron impugnadas por el acusado, recurso horizontal que al ser resuelto por la Sala en diligencia del 22 de julio de 20138, decidió modificar una de ellas. Concluida la citada audiencia se dio paso a la vista pública que se realizó en diferentes sesiones entre el 25 de noviembre de 2013 y el 13 de abril de 2015.
V.- ALEGATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES
5.1.- El Ministerio Público
5.1.1.- La Procuradora Segunda Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal (E), sintetiza los hechos investigados sobre los cuales pone de presente la situación de orden público en el país desde el año 1997 y en el departamento del Caquetá a partir del 2001, región en la cual los grupos de autodefensas tenían dominio militar, financiero y político.
5.1.2.- Menciona que para 2003 el aspirante a la gobernación para el aludido departamento, Juan Carlos Claros Pinzón y el aspirante a la Alcaldía de Florencia, Arnoldo Barrera, acordaron apoyos electorales a cambio de un retribución, a través de un “impuesto”, en caso de que ganaran las elecciones, conforme se pactó en reuniones a las que asistieron con estos grupos ilegales, como lo señaló alias “Paquita”. Tales pactos se hicieron también con aspirantes al Congreso de la República y miembros de ésta célula legislativa, entre estos, el procesado LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, quien concurrió a varias reuniones con miembros de las AUC, convirtiéndose en vocero autorizado de la organización ilegal para concertar apoyo de la actividad proselitista a cambio de prebendas, una vez salieron elegidos.
5.1.3.- Recuerda el contexto político de Colombia desde la década de los ochenta, el surgimiento del paramilitarismo en el país y en el departamento de Caquetá, la influencia de esos grupos y la manera en que se permeó la sociedad en todos los niveles. Aduce que tenían como finalidad el debilitamiento de la guerrilla, obstaculizando el llamado impuesto al gramaje que estos cobraban y volcando a la población hacia el apoyo de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), valorando positivamente el testimonio de Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez”, al respecto.
5.1.4.- Esboza la manera en que la organización criminal, influyó sobre la población “a la hora de elegir por quien votar en las elecciones correspondientes”, extendiéndose su dominio al campo político, a través de entrega de avales para ejercer la actividad proselitista, dentro del cual se incluye ALMARIO ROJAS.
Añade que existen testimonios que vinculan al enjuiciado, con los grupos paramilitares del departamento del Caquetá, como el de Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita”, señalado como el jefe de finanzas de las AUC; la manifestación al respecto de alias “Ernesto Báez”, encargado de los aspectos políticos del BCB, y de Harlintont Mosquera, quien desempeñaba el rol de comisario político.
Agrega que “la voluntad popular debía manifestarse y las ramas de las AUC se pusieron al servicio de ciertos candidatos o políticos para ayudar a la configuración del mencionado entramado político de alcance nacional”, por lo cual se estableció una estructura básica, así:
“(…) (i) una comandancia militar, ejercida por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, miembro activo del Bloque Central Bolívar de las AUC, y en tal posición daba instrucciones sobre la modalidad de accionar del grupo armado ilegal. (ii) un comandante militar, con funciones de jefe de finanzas en la zona específica del departamento del Caquetá, ejercido por Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, hombre de confianza del primero, quien se encargaba de ejecutar la estrategia diseñada por el jefe militar alias macaco, a quien visitaba en su centro de reclusión una vez este se sometió a la Ley de Justicia y Paz y uno de sus temas de conversación, conforme lo refirió Iván Roberto Duque, lo era el departamento del Caquetá, en especial la estrategia electoral local y regional. (iii) un estratega ideológico, en cabeza de Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, a nivel nacional, cuya función la ejercía a través de personas satélites en cada una de las zonas de influencias, rol (iv) en cabeza de Harlintont Mosquera para el caso de la capital del departamento del Caquetá, a quien alias Ernesto Báez identifica y describe con certeza. Por ello, conforme hemos descrito el trabajo proselitista era una de las formas de obrar del grupo de AUC en el Caquetá, razón por la que tuvo esos llamados comisarios políticos o enlaces entre los jefes militares o ideológicos con la población o sociedad civil…”.
5.1.5.- Señala la existencia de un constreñimiento a través de actos de violencia, con el fin de posicionarse regionalmente. Al respectó refirió a Johan Darley Benítez, cuyo testimonio no ha sido desvirtuado y compromete a ALMARIO ROJAS, como depositario del respaldo de este grupo.
5.1.6.- Frente a la tipicidad de la conducta del delito de concierto para delinquir, sostiene que los hechos punibles enrostrados al procesado se encuadran en las previsiones del artículo 340 del Código Penal, para la promoción de los grupos armados ilegales de AUC, como un agravante del tipo penal, y que se materializó en las siguientes reuniones en las que participó:
«1. Año 2000: Reuniones (a las afueras de Florencia-Caquetá).
2. Año 2002, en la vía del Valparaíso, según lo refiere alias Paquita.
3. Año 2005: reunión en la casa del Barrio Juan XXIII, en Florencia-Caquetá, según lo afirma Harlintont Mosquera.
4. Años 2004-2005, reuniones en la finca la Gringa, conforme lo asegura alias el gato.»
Indica que el comportamiento que origina la imputación del concierto para delinquir se contrajo a promover la actividad que en tal comprensión territorial realizaron los grupos armados ilegales. Estos daban aval para el ejercicio de la actividad política, tal como lo señalaron Mosquera Hernández y Duque Gaviria.
Expone que la promoción consistió en impulsar la consolidación del proyecto paramilitar en el Caquetá, conducta que fue juzgada desde el punto de vista disciplinario y que le acarreó al acusado una sanción de inhabilidad de 18 años, conforme a la prueba trasladada dentro del presente juicio. De ese apoyo da cuenta, Mateus Morales, jefe de finanzas del FSA, de dónde deriva la facultad del procesado de hacer política en la región, permiso que se extendió, por su intermedio, al aspirante a la gobernación del Caquetá, Claros Pinzón, quien a la postre fuera elegido en el año 2003.
Por otra parte, en lo que respecta al delito de constreñimiento al sufragante, señala que se probó con las declaraciones de alias “Ernesto Báez”, Carlos Fernando Mateus, alias “Paquita” y Albeiro Antonio Ardila López, quien sostuvo que miembros rasos de las AUC repartieron volantes en Valparaíso para apoyar al procesado.
5.1.7.- Sobre la responsabilidad penal de ALMARIO ROJAS, sostuvo que se encuentra probado que como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Caquetá en el periodo 2006-2010 recibió apoyo del grupo armado ilegal de autodefensas; así mismo, consiguió que el referido grupo respaldara a candidatos de su mismo partido a cargos de elección popular del departamento, entre estos a Claros Pinzón cuando aspiró a la gobernación del Caquetá, por lo cual, tiene como probado la concertación con estos y las reuniones clandestinas en las que participaron entre otros los prenombrados, según lo indican Benítez Zapata y Mosquera Hernández.
De igual manera, afirma que la declaración de Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, refiere el apoyo a ALMARIO ROJAS por parte del grupo armado y cómo se dio el mismo, al percibirlo directamente de los informes de Halintont Mosquera y de alias “Paquita”. Específicamente, del primero, quien le relató de una reunión en el barrio Juan XXIII de Florencia, donde residía la madre del enjuiciado; por lo que, explica, es esa la razón por la cual Mosquera no estaba registrado en las bases de los organismos de seguridad, al ser un estratega político y no militar. En lo que respecta al modus operandi de la organización delincuencial, esta fue confirmada por José Germán Sena Pico, alias “Nico”; quien además refiere sobre la contraprestación en caso de que el candidato apoyado ganara las elecciones.
5.1.8.- Infiere de la manifestación de “Paquita” que ALMARIO ROJAS, padrino político de Claros Pinzón, era el garante para que el grupo armado apoyara la candidatura a la gobernación de éste; conforme una reunión donde el acusado es señalado como “Jefe político del departamento” y que por ende, “quedó claro que Juan Carlos Claros P. y ALMARIO ROJAS eran apoyados por las AUC”.
Expone los detalles en los que es involucrado el procesado con miembros del aludido grupo, especialmente con Juan Carlos Monje y alias “Chiqui”, con quien también se reunió para el año 2005 y cómo las pruebas de descargo no desvirtúan los señalamientos, ni se pudieron acreditar “las sindicaciones falsas” de las que aduce el enjuiciado ha sido víctima por parte de lo que denomina el “cartel de testigos”. Reseñó también los señalamientos realizados por Benítez Zapata, Ángel Yimmis Mosquera Lasso alias “Jimy”, alias “Carepa” y Albeiro Antonio Ardila alias “Rambo”.
5.1.9.- Finaliza, con la valoración de testimonios practicados en audiencia de juzgamiento, concluyendo que no infirman las declaraciones de cargo. Destaca que las minutas del DAS sobre los recorridos del procesado en la región, no permiten inferir que estuviese las 24 horas del día acompañado de sus escoltas, por lo que itera su solicitud de emitirse sentencia condenatoria contra ALMARIO ROJAS por los punibles imputados.
5.2.- EL PROCESADO.
A efecto de resumir el extensísimo discurso que le ocupó al acusado, casi siete sesiones de audiencia, debe en primer lugar precisar la Corte que relacionará exclusivamente de aquel las alegaciones propuestas, dado que una vez agotada la práctica probatoria, el escenario siguiente no es la oportunidad para rendir declaraciones sobre los hechos, sino exponer la valoración de los mismos y de las pruebas, así como efectuar los juicios jurídicos que correspondan y/o formular las pretensiones respectivas.
5.2.1.- Así, empieza por expresar que la decisión por adoptar en su caso tiene una connotación histórica.
Señala que el proceso es un engaño que se le ha hecho a la justicia, pues “(…) Minaron y destrozaron mi honra (…)” pero luego apunta que “aquí en esta investigación con más de 60 mil folios, con más de 200 CDS entre videos y audios, está la verdad real, la que muestra el montaje jurídico del que soy víctima y por ende las pruebas que muestran mi inocencia”.
Recuerda que en su calidad de miembro de la Cámara de Representantes, realizó durante los años 2001 a 2007 serias denuncias contra las FARC por haber influenciado en las votaciones de varios funcionarios de elección popular, la injerencia de este grupo ilegal en la economía regional y en la administración pública, así como de la influencia de grupos narcotraficantes y paramilitares en esos sectores, lo que derivó en el cambio de su residencia de Colombia para España, con el fin de garantizar la seguridad de su familia.
5.2.2.- Luego, dedica gran parte de su exposición a cuestionar la credibilidad de varios testigos que declaran sobre las relaciones del acusado con el grupo insurgente de las FARC y con el homicidio de algunos miembros de la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá, asunto que, acota la Corte, hace parte de otro proceso que se adelanta en esta Corporación, motivo por el cual no considera necesario relacionar en esta providencia.
No obstante, la Corte sí debe registrar que ALMARIO ROJAS, enmarca tales manifestaciones dentro de la tesis de haber sido víctima de en diversos escenarios y procesos, de falsos testigos.
5.2.3.- Dice que los declarantes que lo acusan, faltaron a la verdad en sus testimonios, y que se impone tal conclusión de la confrontación que se hace entre tales pruebas y aquellas otras recaudadas en el transcurso de la investigación. En este punto advierte igualmente la Corte innecesario relacionar las que se refieren a hechos diversos a los que aquí se juzgan.
5.2.4.- María Aceneth Villanueva, también conocida como Rocío, quien no obstante haber declarado básicamente sobre hechos ajenos a los de la presente causa, en un determinado momento, expresó haber recibido saludos dirigidos al procesado por parte de alias Macaco, comentario que considera fantasioso, pues además fue desmentida por alias Paquita.
5.2.5.- Aclara que John Edward Monje, trabajó en su equipo en 2003, antes que su consanguíneo, juan Carlos, ingresara a las filas del grupo paramilitar.
5.2.6.- Johan Darley Benítez, en su declaración ubicó al procesado en unas cuatro reuniones con el grupo paramilitar del Caquetá entre marzo y junio de 2002, en la finca de alias “Paquita”, en Morelia, lo cual se controvierte con los informes del DAS, sobre el registro realizado por las personas que le prestaban protección desde el mes de febrero hasta diciembre de 2002, comparado con los informes de la policía de vigilancia del Congreso.
Señala que para las fechas que refiere el “falaz testigo”, está suficientemente documentada su ubicación, sea en Bogotá, en Florencia o en España donde tenía su residencia, día por día y todos los sitios que frecuentó, sin que hubiese prescindido en la ciudad de Florencia de sus escoltas, lo cual segura no ocurrió en ningún momento de las seis visitas que hizo en el año 2002, pernoctando cerca a las estaciones del DAS o en la Brigada del Ejército, por lo que se tiene que todo es una invención.
5.2.7.- Albeiro Antonio Ardila López, en su declaración de abril 12 de 2012, sostuvo que “Almario con el coronel Barbosa y el señor Wilkey Villegas para el 2004 viajaron a la zona de influencia guerrillera para reunirse con alias “Cantante” y Juan Carlos Monje en la Finca la Gringa, ubicada en la bocana del Pescado cerca a la desembocadura del rio Orteguaza”.
Expone que ello es una falacia, por cuanto el coronel citado llegó al Caquetá en marzo del año 2006 y para esa época era Mayor del Ejército, tal como se desprende de la declaración de éste último y el certificado de su hoja de vida; además, que el paramilitar alias “cantante”, conforme las otras pruebas, no se encontraba para esa fecha comandando en el Caquetá.
Manifiesta que las únicas visitas que hizo a Florencia en el año 2004 fueron del 6 al 8, el 13 y del 27 al 29 de agosto, dada las amenazas y atentados en su contra; tampoco viajó en el referido año al municipio de Milán, como dan cuenta los registros de las llamadas de su celular, para lo cual muestra su ubicación e itinerario mes por mes de dicha anualidad, conforme las anotaciones de los funcionarios del DAS que lo escoltaban.
Aclara que es una mentira que Wilkey Villegas haya sido de su grupo político, pues así lo dijo su hermana Erika, lo que indica que Ardila López es un testigo falso.
Retoma su itinerario y ubicación para el mes de junio a diciembre de 2005, donde se dice por el declarante que hubo una reunión similar, para demostrar que no pudo haber participado, por cuanto las ocasiones en las que viajó al Caquetá no salió del casco urbano y cuando lo hizo fue con su esquema de seguridad y todo se encuentra debidamente documentado.
Asevera que no se presentó presión indebida al sufragante en lo que respecta a sus elecciones, ya que es la prueba de descargo la que desmiente que en Valparaíso los paramilitares obligaban a votar a su favor. Al efecto cita lo dicho por las comerciantes de la localidad Fanny Rojas Molina y Orfilia Marín Plazas, del exconcejal Mario Valencia, del concejal de Morelia Luis Enrique Laguna, el miembro del directorio Liberal del Caquetá Juan Valderrama, del Párroco del municipio de Belén de los Andaquíes Januario Bahamón y del ex personero de Florencia William Sánchez Amaya, quienes expresaron que el enjuiciado era ajeno a simpatizar con los paramilitares.
5.2.8.- Sobre Carlos Monroy Durán, califica como mendaz sus dichos, por cuanto no existe prueba que éste declarante hubiera participado como miembro de las AUC, sus manifestaciones tienen muchas inconsistencias, su alias “el Gato”, fue apelativo con el que se identificaba a Didier Briñez, y otros miembros paramilitares, pero no se relaciona con su nombre.
Afirma que el deponente no pudo señalar quién era alias “120”, sin embargo dice que fue su escolta y pese a que reitera las reuniones puestas de presente por Albeiro Ardila, con menos detalles, agrega que no es posible que ocurrieran ni en 2004 ni en 2005; máxime que es la misma alcaldesa de Milán, Francy Elena Díaz, quien dice que el rio Orteguaza es peligroso para su movilización por la influencia de las FARC y ella misma se desplaza por helicóptero.
5.2.9.- En cuanto a Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, indica que de su misma declaración se tiene que no fue al Caquetá sino el día de la desmovilización, mintiendo en que el comisario político fuera Mosquera Hernández, quien le informó de la reunión del enjuiciado y el gobernador Claros Pinzón con alias el Cantante y Juan Carlos Monje; aspectos que se desvirtúan, porque en la estructura del FSA, no está el referido Mosquera Hernández como comisario político, cargo que se le atribuyó a Nilson Valencia Reyes desde el 2001 y en el 2003 fue José Germán Sena Pico, alias “Nico”, por la captura del anterior. Así mismo, para ese periodo alias el “Cantante” y “Chiqui” no estaban en la región.
Sobre el supuesto acuerdo con el FSA, que presuntamente le fue comentado por Mosquera a “Báez”, indica que se presenta una contradicción, ya que el primero sostuvo que: “Almario ya tenía arreglado eso por arriba”, pero no explica con cuál de los líderes paramilitares se tenía el acuerdo, porque no fue ni con alias Macaco ni con Báez, luego son invenciones para perjudicarlo.
Adicionalmente, expresa que el supuesto documento de propuesta política para que los paramilitares lo apoyaran, que fuese entregado a alias “Macaco”, a través de alias “Paquita Gallego”, “es una mentira”, ya que no se acreditó su existencia, y porque “Báez” y alias “Macaco” estuvieron en las zonas de ubicación de Santafé de Ralito y Villa Esperanza en Copacabana, y no coincidieron en esos sitios con alias “Paquita”, éste último privado de la libertad en un centro penitenciario.
5.2.10.- En relación con Harlintont Mosquera Hernández, afirma que es un falso testigo, porque todo lo que dijo está lleno de contradicciones.
En primer lugar, Daniel Mejía a través de quien, dice, se incorporó a las AUC, no era paramilitar, sino miembro de la oficina de Envigado; fue negada la solicitud del declarante como desmovilizado por no probarse que hubiera militado en este grupo, las tutelas que presentó para solicitar protección fueron negadas y se le conoce como un falso testigo, en afán de obtener beneficios, era desconocido por los dirigentes del FSA y los datos que suministró frente a los comandantes no son concordantes con los que se recibieron de los desmovilizados.
5.2.11.- Sobre Senna Pico, alias “Nico” y Mateus Morales, alias “Paquita”, pregona que son testigos creados, ya que cuando empezaron sus declaraciones aisladas hasta julio de 2011 se llenaban de contradicciones, por lo cual se pusieron de acuerdo en sus falacias para evitar ser excluidos de Justicia y Paz.
Refiere que “Nico”, primero sostuvo que el fuerte de los paramilitares en el Caquetá eran las vacunas y el narcotráfico, y “no incidían en temas políticos”, porque existían desmanes de los comandantes como alias “el Peruano” o “Leo”, y por eso la gente no los apoyaba; concordante con lo expuesto, por las testigos de Valparaiso, Mario Valencia, Orfilia Marín y Fanny Rojas.
En similar sentido, “Paquita” dijo que antes del 2001, “nadie los quería, ni tenían apoyo en la población, existían muchos operativos en contra de los grupos paramilitares y para el año 2004 estaban debilitados, describiendo las rutas que se utilizaban para el narcotráfico”, lo que le valió muchas amenazas de muerte.
Años después, como resultado de un acuerdo entre los deponentes en cita, al unísono sostuvieron que Juan Carlos Monje y alias el Cantante, sí se habían reunido en el Caquetá con políticos, mostrando contradicciones sobre fechas y sitios en los que posiblemente se encontraban y reiteran en las estrategias políticas que se utilizaban para apoyar a un candidato, así como lo que implicaba contar con el aval y sobre las relaciones del gobernador Claros con el FSA de las AUC.
5.2.12.- En referencia a los alegatos de la Procuraduría, se opone y reitera lo expuesto en la intervención acabada de plasmar.
5.3.- EL DEFENSOR.
5.3.1.- Se refiere al concepto de certeza y su implicación en la sentencia judicial, para señalar que los hechos de la acusación no fueron probados y por ende se debe proferir fallo absolutorio por falta de tipicidad y de responsabilidad de su prohijado.
5.3.2.- Recuerda el testimonio de Gabriel Esquivia, alias “Carepa”, quien dijo que presenció cuando alias “José María” daba órdenes a alias “Calvo” para que le pidiera al congresista que hablara con los generales y que no los combatieran, mensajes que supuestamente eran entregados a su defendido a través de su conductor “el negro Yimy”, situación que en sentido de la Sala fue corroborada con la declaración de Arley Hoyos Artunduaga alias “El Güio”, Luis Alberto Medina Salazar alias “El Negro Julio” o “Cristomalo”, Juan de Jesús Lagares Almario alias “El Burro” y Nelson Enrique Ortega Tovar alias “El Mosco”.
Destaca que de las exposiciones de cada uno de los referidos, debe ser diferente la conclusión a la que se arribó en la resolución de acusación, pues, según su entender, ninguna de las atestaciones de las personas que hicieron parte de las autodefensas confirma lo expuesto por Esquivia Acosta.
“tampoco aparece acreditado vínculo o relación entre LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS y los oficiales del Ejército y mucho menos, que como consecuencia de los presuntos mensajes o razones enviadas a las fuerzas del Estado dejaran de combatir a los integrantes del grupo armado ilegal”.
Señala, en relación con el testimonio de Rohamir Rodríguez Trujillo alias “Tribilín”, que no fue tenido en cuenta en el análisis probatorio que llevó a la Sala a proferir la providencia calificatoria, sin conocerse las razones por las cuales no se valoró, precisando que de sus dichos se confirma que su representado no tenía ninguna relación con los paramilitares del Caquetá, por lo que no puede valorarse el solo hecho que Esquivia era conocido por “Jorge el Calvo”, para fundamentar la credibilidad de toda su declaración.
Expone que el dicho de “Carepa” frente a que Ángel Jimmy Mosquera se hablaba con miembros de los paramilitares, ningún otro de los deponentes lo confirma, al contrario queda desvirtuado con lo manifestado por Arley Hoyos alias “El Guio” y Nelson Enrique Ortega Tovar.
Relieva como hechos notorios del Caquetá, el conocimiento del declarante sobre el vehículo en que se movilizaba su representado de placas OJG-2012 (camioneta color gris, blindada y de vidrios polarizados), o que su prohijado fuera un conocido parlamentario, lo que explicaría sus falacias contra éste.
5.3.3.- En cuanto a Benítez Zapata, cuya credibilidad no fue puesta en duda por la Sala, en tanto se acreditó que fue auxiliar de la policía en Morelia en 2002, refiere que sí debe cuestionarse que le endilgue la realización de actividades ilícitas.
Menciona el prontuario delictivo que tenía el citado antes de ingresar a la Policía, por lo que aduce que es proclive a continuar haciéndolo, por ello “desde la llegada a Morelia estaba interesado en unirse al grupo armado ilegal (…) en aras de obtener beneficios”. Resalta, además, que las minutas del DAS son claras en ubicar a ALMARIO ROJAS en Florencia y no es posible que transitara por una carretera interveredal.
Dice que el testigo sabía de la ubicación de los paramilitares por su afinidad criminal, realizando desplazamientos donde sabía estaban asentados, como era la finca del Kilómetro 20 de la Vía Morelia-Valparaíso, por lo que el declarante debía probar con otros medios, que su representado efectivamente, en las fechas indicadas, se había trasladado sin escoltas, al sitio señalado.
Desestima dicho testimonio por cuanto no es posible afirmar la responsabilidad de su prohijado en dos hechos muy conocidos en la región: el color de la camioneta en que se movilizaba y las características de su conductor, además que es inherente al trabajo de inteligencia que se hacía por el grupo paramilitar que se hubiera averiguado los datos del congresista.
Concluye como improbable que ante la inseguridad existente para tal año, su representado, se expusiera a movilizarse sólo sin esquema de seguridad por zona de influencia de las FARC, cuando había sido objeto de atentados meses atrás, y no se dejará al respecto, ningún reporte; que es contrario a las fuertes medidas de seguridad que se adoptaron para garantizar su vida e integridad.
Arguye que el coincidir su asistido en los meses de marzo y agosto de 2002 en viajes a Caquetá, como lo presenta la acusación, no implica que se trasladara a la finca a la que se ha hecho alusión, con el propósito de entrevistarse con alias “Paquita”; cuando lo que se evidencia, con los informes del DAS y las declaraciones de los escoltas que hacían parte del Esquema de seguridad: Cesar Arcila, Luis Enrique Henao Murillo y William Cardona Palomo, es que permanecía en el casco urbano y siempre custodiado.
Asegura que son falsos sus dichos, sobre los cuales la Sala infirió que su prohijado, una vez por mes, hacía reunión con miembros del FSA, porque al compararse con su itinerario ello no es posible, ya que incluso para el año 2002, hubo periodos que no estuvo en el Caquetá, como detalladamente lo esboza.
Resalta que “Paquita” desvirtúa los dichos de Benítez Zapata, ya que informó que no conoció a ALMARIO ROJAS, ni tampoco que se reunió con éste o haya tenido alguna comunicación con aquel. De igual manera, está probado que “Paquita”, manejaba al interior del grupo paramilitar las “actividades de narcotráfico”.
5.3.4.- Aduce que no son reales las afirmaciones de “Paquita” y “Nico”, consistentes en afirmar que su defendido tenía vínculos con las autodefensas que operaron en el Caquetá, pues son evidentes las contradicciones entre estos deponentes, como se puede apreciar en las declaraciones ante la Corte del 11 de marzo y del 8 de julio de 2010, rendidas por el segundo, quien además sostuvo no conocer a alias “Chiqui”, como comandante de las autodefensas en este sector del País.
Dice que en la reconstrucción de hechos ante justicia y paz realizada años después, “Paquita” refirió que “Nico” fue quien participó y tenía conocimiento de esas reuniones, al acreditarse que el primero salió del Caquetá entre febrero y marzo de 2003, por lo que exige se haga con rigurosidad el examen de valoración de este testigo, por estar “contaminado con la versión de los diversos integrantes del grupo armado ilegal” y donde hubo un acuerdo para evitar contradicciones.
Afirma que en la prueba trasladada del proceso del Juzgado Especializado, “Nico” explicó que para la época en que adujo haber asistido a las reuniones donde se dio la directriz a alias “Chiqui”, de entrevistarse con su defendido, aquel no estaba en la zona, por lo cual, no es cierto, que pudiera estar presente en las reuniones que, dice, se llevaron a cabo entre mayo y junio de 2003. Expone que años después de la primera declaración, sostuvo que Walter Smith Velásquez era alias “Chiqui”, un comerciante de ganado robado, que colaborada con las AUC, pero que nunca conoció.
Manifiesta que de haberse designado por el grupo paramilitar un comandante para entrevistarse sería alguien conocido y no un colaborador como alias “Chiqui”.
5.3.5.- Reitera la inexistencia de las supuestas veladas con los paramilitares del FSA en las que su prohijado apoyaba la candidatura de Claros Pinzón, previo a la campaña, por ser su “padrino político”, al ser un contrasentido que uno de los acérrimos denunciantes de la injerencia paramilitar en el Caquetá, como era ALMARIO, acudiera a reuniones para buscar apoyo político. Recuerda las denuncias que presentara contra Lucas Medina Triviño, la del Fondo Ganadero, el hurto de unos dineros públicos en Milán, la expuesta en el radicado 1673 y las públicas que hizo en varios medios de comunicación y en el Congreso.
En similar sentido, desestima los cargos de apoyo proselitista de las AUC, pues no es cierto que se asignaran contratos para favorecerlos luego de la elección del Gobernador, como los de la licitación del INVIAS para la construcción del Puente sobre el Río Pescado en Valparaíso, la pavimentación de la vía Albania –Currillo y de la vía Morelia-Valparaíso, sobre las cuales ninguna injerencia tuvo la Gobernación del Caquetá.
Señala que no existe información sobre su prohijado, en los computadores incautados a “Paquita” y a “Nico” también que las elecciones mostraron un apoyo de la ciudadanía en los municipios de influencia guerrillera en el norte del Caquetá, en contravía a lo expuesto por el último, ya que en Morelia no ganó el candidato del partido del acusado, donde señaló aquel que se había ejecutado una fuerte presión por las autodefensas.
5.3.6.- Dice que las amenazas a las cuales fue sometido “Nico”, que, según la Corte, explican las contradicciones en sus dichos, se relacionan con su conocimiento de las rutas de narcotráfico y no por la declaración contra políticos del departamento. En consecuencia, afirma que “la finalidad de los paramilitares era el control del tráfico de estupefacientes y no la vida política de la región, diferente a lo que ocurrió en Córdoba”.
5.3.7.- Frente a las declaraciones de esos miembros de la AUC, recibidas luego de las reuniones de “reconstrucción de hechos”, pide sean desestimadas, por cuanto se buscaron “testigos eficaces”, con libretos para evitar las contradicciones que pusieran en riesgo los beneficios de Justicia y Paz, y es así que se vincula a su poderdante como la persona que recibió apoyo para su campaña y la de Claros Pinzón; a pesar de que “Paquita” desmintió a “Nico”, sobre ello, según declaración de 21 de julio de 2011.
Asevera que los hechos relacionados con el bombardeo del 15 o 16 de febrero de 2005 y por los cuales la alcaldesa de Milán, Francy Elena Díaz, buscó presuntamente como intermediario a ALMARIO ROJAS para evitar ser asesinada por los paramilitares, según dijo “Nico”, dicho del cual se derivó la vinculación del acusado con los grupos de AUC, no pudo ser conocido por el deponente, ya que estaba privado de la libertad como lo relata él mismo, citando al efecto el testimonio de “Veneno” y “Sólita”.
Dice que es la misma alcaldesa quien desmiente haber solicitado ayuda a los paramilitares, da cuenta de sus desplazamientos en helicóptero y la custodia por parte del Ejército y la Policía, al tiempo que expone que “nunca fue objeto de presiones o amenazas”.
5.3.8.- En relación con Harlintont Mosquera, señala que no pudo “sostenerse dentro de sus mentiras”, ni siquiera de la fecha de su ingreso al grupo paramilitar, ya que fue desmentido por alias “don Berna”, último que expresó no recordarlo, ni interceder a su favor con alias “Macaco” para que no lo matase. Por su parte este último, lo desvirtuó como auspiciador de su campaña al interior del grupo armado ilegal o que se hubiese reunido en Caquetá, porque solo fue a dicha región para el proceso de desmovilización.
Apoya la falta de credibilidad del testigo, en que los dirigentes por él citados que le antecedieron como comandante de este grupo paramilitar en el Caquetá, no están relacionados en la estructura del FSA realizada por la Fiscalía y que tampoco se escuchó de ellos, en las interceptaciones ordenadas para febrero de 2005, que de paso, “desvirtúan la militancia y jerarquía en el grupo” del aludido.
Tilda de falacias lo expuesto por el deponente, con su auto pregonada comandancia para el año 2005 y con la reunión presunta en la casa de la madre de ALMARIO ROJAS, ya que aquellas posiciones directivas las ostentó durante ese año “Nico”, “Orejas” y “Meridiano”, quienes tendrían mayor orden jerárquico que Mosquera Hernández, y, en consecuencia, serían quienes hubiesen asistido a la reunión en el barrio Juan XXIII.
Cuestiona igualmente que el citado testigo “franqueara todo el esquema de seguridad compuesto por numerosos miembros del DAS y la policía nacional y se presentara como un emisario de Uriel Henao para coordinar con LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS acerca del apoyo para la campaña y la situación política”.
Concluye que mienten, tanto Mosquera Hernández como Albeiro Ardila, porque no es posible que se conocieran en charlas con la tropa, las cuales estaban siempre en zona rural, mientras el primero cita que solo estuvo en el año 2005 en la zona urbana, que no fue miembro activo del FSA y aclara que el comandante político era alias “Nico”.
Aduce que no es veraz lo declarado por “Ernesto Báez” en lo que a Mosquera Hernández se refiere, pues ni el mismo “Macaco” reconoció al último. Las contradicciones frente a la fecha en que estuvo de comandante y la poca descripción que hace de Mosquera, dejan entrever que se trata de un testigo “arreglado”, pues “Báez” se limitó a describir a Mosquera Hernández como una persona “afroamericana”, sin ninguna característica especial, echando de menos describir su calvicie o la cicatriz que tiene en su rostro.
Explica el conocimiento que pueda tener Mosquera sobre el FSA y Juan Carlos Monje, en la acreditada participación de aquel en el grupo criminal de las “Águilas Negras” del departamento del Caquetá, que dirigía precisamente Monje.
5.3.9.- Asevera que no tiene soporte la acusación que se relaciona con la presencia de su defendido en reuniones en el año 2004 y 2005 con miembros del grupo paramilitar, al haberse refutado, con la intervención que personalmente hiciera ALMARIO ROJAS sobre sus itinerarios y conforme las minutas del DAS, que fueron allegadas al proceso. Así mismo, solicita se tengan en cuenta, las extremas medidas de seguridad alrededor de su representado por parte de la Policía Nacional, DAS y Ejercito, ante los atentados que se habían perpetrado en su contra, para los cuales refiere los ocurridos el 10 de noviembre de 2001 a su residencia en Florencia, 1 de marzo de 2003 una casa bomba y las recomendaciones que se le hicieron al el exparlamentario, por los diversos organismos de inteligencia del Estado
5.3.10.- Sostiene que se infirman las declaraciones de Ardila López, alias “Rambo”, sobre la reunión en agosto o septiembre de 2004 en la que participó “El Cantante”, Juan Carlos Monje, Weikeber Arturo, ALMARIO ROJAS y el Coronel barbosa, porque para esa época no prestó servicios Orlando Barbosa García, como oficial del Ejército en el Caquetá; tampoco era coronel, pues estaba en curso de ascenso y adscrito a la Décimo Tercera Brigada de Bogotá hasta el 3 de marzo de 2006, además dejó en claro que no existen más homónimos con el mismo grado en el Ejercito.
Refiere que, así mismo, del estudio link del celular de su prohijado, se permite conocer la ubicación para los años referidos, en los cuales se confirma su presencia en el casco urbano de Florencia y ninguno a la zona rural, el difícil acceso a la finca la Gringa, que era una zona de confrontación guerrillera, por lo que escapa a las reglas de la experiencia que su poderdante osara desplazarse sin contar con su esquema de seguridad.
5.3.11.- Menciona que se desvirtúa con tales pruebas y con la declaración de Wilkey Villegas, el testimonio de Monroy Durán, ya que aquel señaló que era objetivo militar y que nunca fue acompañante de partido político de ALMARIO ROJAS, dichos que fueron confirmados por su hermana Erika, por lo que se da al traste la supuesta reunión ocurrida en el año 2005. Deja entrever las contradicciones, como lo relacionado con que conoció a alias “Peruano”, pero desconocía su alias de “120”; tampoco supo dar razón de alias “Robiño”, hombre de confianza de “el Cantante”, cuando supuestamente trabajó con él, y era familiar de “Nico”.
Asevera que no ésta acreditaba la condición de militante de Monroy Durán, alias “el Gato” o “el Zarco”, pues ninguno de los que sí pertenecían al FSA como “Nico” o “Paquita”, confirman ello.
5.3.12.- Dice que es falso que su asistido hubiese elaborado una propuesta política para el grupo armado ilegal y que tal mención se desvirtúa pues “Paquita” desde el 4 de junio de 2004 al 7 de noviembre de 2006 se encontraba privado de la libertad en establecimiento carcelario y no tuvo contacto con “Macaco” o con “Báez”, quienes eran ubicables para tal periodo en Santafé de Ralito o Villa de la Esperanza durante las elecciones del año 2006.
Sostiene que el documento que fuera incautado en el computador de Mateus Morales en Envigado, es una información general de los candidatos y partidos políticos a la gobernación y de la mayoría de las alcaldías del Caquetá, sin que se pueda inferir que “se trate de una propuesta en particular a favor de x o y candidato y mucho menos a favor de Nelcy Almario Rojas como candidata a la gobernación del Caquetá”, pues además, los resultados no le fueron favorables a ésta y fue el mismo alias “Macaco” quien negó cualquier vínculo con el exparlamentario.
5.3.13.- Alega que no se presentó el constreñimiento al sufragante, que se esboza en la acusación, ya que los testimonios de Mosquera Hernández y Ardila López, “no soportan el rigorismo de su análisis bajo los principios de la sana crítica, pues si ponderamos sus dichos frente a la prueba recaudada en el municipio de Valparaíso, la conclusión a la que se llega es que se trata de testigos falaces que acudieron a la justicia a dar cuenta de situaciones que nunca sucedieron”.
5.3.14.- En respuesta a los alegatos de la Procuraduría, arguye que no existe una sola sentencia que acredite que la clase política del Caquetá ha sido condenada por concierto para delinquir agravado.
Finalmente, solicita a la Corte se profiera sentencia absolutoria.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
6.1.- Precisión previa y desarrollo temático.
Antes de emprender el análisis probatorio, considera la Sala necesario precisar que no podrá valorar la entrevista rendida por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, el día 29 de octubre de 20139, en Miami (USA), dado que fue allegada a esta actuación solo el 21 de abril de 201510, cuando ya se había culminado la audiencia pública de juzgamiento en la presente causa.
De otro lado, aborda la Sala las siguientes temáticas en el orden aquí enlistado: (i) la competencia; (ii) la injerencia de los grupos de autodefensa en el Caquetá y, (iii) la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados (concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante).
El anunciado desarrollo recogerá en gran parte lo expuesto en la resolución de acusación, debiéndose adicionar, por supuesto, las incidencias probatorias pertinentes y trascendentes aducidas en la audiencia pública de juzgamiento y el estudio de los alegatos presentados por los sujetos procesales en dicha diligencia.
6.2.- La competencia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ostenta competencia para investigar y juzgar las conductas eventualmente delictivas de los congresistas en ejercicio, y aún de quienes habiendo cesado en el ejercicio de sus funciones, se pueda establecer nexo causal entre aquellas y éstas.
Las presuntas relaciones del ex Representante a la Cámara LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS durante su ejercicio como congresista desde el año 2001 hasta 2007, con dirigentes de las autodefensas que se asentaron en el departamento del Caquetá, pueden explicarse en las funciones que como tal ejercía, como en efecto lo hizo durante los periodos constitucionales 1988-2002, 2002-2006 y 2006-2010, acorde con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes11.
Entonces, de conformidad con lo señalado en el ordinal 3° del artículo 235 de la Constitución Política y su parágrafo, y en el artículo 75, numeral 7º de la Ley 600 de 2000, en esta Corporación está radicada la competencia para procesarlo, de acuerdo, además, con lo que la Corte ha venido sosteniendo a partir de los autos del 1º y 15 de septiembre de 2009 (radicados 31.652 y 27.032, respectivamente) en los que recogió lo dicho en providencia anterior (CSJ AP 18 Abr 2007, Rad 26942), según la cual solo en los delitos propios, y no en los comunes, podía existir relación entre la conducta y la función para que la competencia de la Corte se mantuviera; pues al reexaminar el asunto se concibió que también cuando se atribuye un delito común se conserva la competencia, siempre que pueda establecerse el nexo entre la conducta ilícita y las funciones, que es justamente lo ocurrido en este caso en el que se le imputa al acusado haberse concertado con organizaciones al margen de la ley cuando, tanto se desempeñaba como Representante a la Cámara, como, simultáneamente aspiraba a ser electo.
6.3.- La injerencia de los grupos de autodefensa en el Departamento del Caquetá.
Tanto en la providencia que resolvió la situación jurídica al imputado, como en aquella que calificó el mérito de la instrucción, la Sala consideró ampliamente acreditada la presencia, injerencia e influencia de los grupos armados ilegales en el departamento del Caquetá, específicamente del Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del Frente Sur Andaquíes (FSA) del denominado Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al punto de ostentar, especialmente la última agrupación mencionada, un efectivo control territorial y electoral.
Como sustento probatorio se relacionó en los citados proveídos lo consignado en el documento “Suroriente colombiano” publicado en los estudios regionales del Observatorio de Derechos Humanos en la página web de la Vicepresidencia de la República -Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario-12, la presencia de grupos de autodefensa en el Caquetá tuvo lugar a partir de 199713. Referencia que coincide con lo reportado en el documento hallado en el material incautado por las autoridades en allanamiento realizado a la vivienda de Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, ex jefe de finanzas del FSA-BCB:
“En efecto, tenemos que para el año 1997 ingresa al departamento de Caquetá el primer grupo de Autodefensas, al mando del apodado “RAFA Putumayo”. Posteriormente, en el primer semestre de 1998, se realiza la transmisión, entregándose el manejo de esa organización al señor JOSÉ MARÍA, miembro de las autodefensas de Córdoba y Urabá (“ACCU”), agrupación totalmente independiente del Bloque Central Bolívar, el cual estaba conformado por un grupo de 100 a 150 hombres, aproximadamente.
(…)
Para el segundo semestre del año 2001 el Bloque Central Bolívar se posesiona oficialmente en el departamento del Caquetá donde adquiere 70 hombres del desaparecido VICENTE CASTAÑO antiguo comandante de las “ACCU” y posteriormente al observar el alto nivel de confrontación armada nos vemos obligados a complementar el pie de fuerza con 750 hombres para poder cumplir con las metas trazadas del BCB (…)”.14
Además, él mismo en declaración jurada, afirmó: “en el año 97, finales del 97 ingresa un grupo al mando de “RAFA PUTUMAYO”, está un tiempo hasta mediados del 98 (…) cinco o seis meses (…) después de ese grupo entra alias JOSÉ MARIA hasta mediados del año 2001, en esa transición nosotros empezamos la gestión desde antes, (…) estaban que se rompían los diálogos en el Cagüan (…) los hermanos CASTAÑO veían que eso no iba para ningún lado, entonces en unas entrevistas (…) dicen (…) que tienen rodeada la zona de distensión (…) sí habían autodefensas pero eran muy irrisorias con relación al grueso de la guerrilla que había (…) busca a Carlos Mario Jiménez que era el que venía de liberar el sur de Bolívar (…) le dijo “Usted meta gente al Caquetá que usted si puede, usted tiene con qué” (…) es así donde decide el Bloque Central Bolívar crear el Frente del Caquetá y empieza el ingreso al Caquetá (…) empezamos a entrar antes inclusive de que se fueran los otros” 15; como también lo relató en su versión rendida ante la Fiscalía de justicia y paz el 10 de noviembre de 200916, pro de lo cual solo destacamos, lo siguiente: “(…) A inicios del año 2001 y con la mencionada agenda ingresa el Bloque Central Bolívar al departamento de Caquetá, con un contingente de 120 hombres, creando el Frente denominado Frente Sur Andaquíes, que logró posicionarse en los municipios de Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, mientras que su incursión hacia los municipios del norte (Puerto Rico, El Paujil y Doncello) fue contrarrestada por la guerrilla de las FARC”.
Arley Hoyos Artunduaga alias “el Güio”, también da cuenta de dicho referentes históricos de la llegada de las autodefensas al departamento del Caquetá17.
Circunstancia que de la misma forma acreditan José Germán Sena Pico alias “Nico”18 y Gabriel Jaime Esquivia Acosta alias “Carepa”, ex integrantes del FSA-BCB y el último también de las ACCU que militaron en principio en el Caquetá, al expresar que desde finales de 1999 alias “José María” fue comandante de las ACCU en el Caquetá, con quien estuvieron militando los alias “Rafa” o “Maicol”, “Harrison”, “el Paisa”, “el Güio”, “William” y “Jorge el Calvo”, entre otros, hasta que en junio de 2001 se entregó la zona a alias “David”, comandante militar del FSA-BCB, quien quedaría al mando con su grupo, el cual incorporó en sus filas a algunos de los miembros de aquél19.
De la injerencia del FSA-BCB en la región dan cuenta las versiones rendidas ante la Fiscalía de justicia y paz por sus ex militantes alias “Paquita”, alias “Nico”, Onilfer Muñoz Peña alias “Solita”, Rolando Polanco Rocha alias “Gomelo”, Everardo Bolaños Galindo alias “John”, Rahomir Rodríguez Trujillo, alias “Tribilín” y Luis Alberto Medina Salazar alias “el negro Julio”20, en las cuales relatan la manera como el grupo ejerció influencia en Florencia, Albania, Morelia, Paujil, Doncello, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Puerto Arango, Milán, Valparaíso, Curillo, Solita, Montañita, San Vicente del Caguán, etc., todos municipios del departamento del Caquetá, donde se relacionaron con diversas personas –“traquetos”, comerciantes, ganaderos, políticos, etc- logrando financiar la organización, en especial mediante el cobro de un impuesto al “gramaje” por el tráfico de la cocaína producida en la región, la cual autorizaban comercializar.
Es así como Mateus Morales, alias “paquita” expresó:
“A raíz de visualizar la economía en el (…) Caquetá, para nadie es un secreto que en un gran porcentaje la economía se mueve en base al negocio del narcotráfico (…) en ese momento la guerrilla empieza a dejar ver las intenciones de tomar todo el negocio del narcotráfico, de atropellar la población civil, de robar a los comercializadores (…) en ese momento teníamos que entrar nosotros también a neutralizar esas finanzas (…) se podía desconocer que una de las fuentes de financiación tenía que ser el cobro del impuesto del gramaje (…) entonces nosotros (…) prohibimos que nadie le pagara (…) que nos lo tenían que pagar a nosotros y nosotros controlaríamos (…) hay otros sectores que también nos financiamos (…) en la primera fase de financiación se hicieron reuniones y se invitaron los traquetos (…) cuando hay el empalme con el comandante José María él los hace venir, (…) no era sostenible solamente con un impuesto de por decir algo ganaderos, finqueros (…) nosotros empezamos esa reunión se da en julio, aproximadamente, del dos mil uno finales de junio, (…) y partir de ahí empezamos (…) eso se dividió en dos etapas inicialmente fue el rubro que más se recaudó, no la totalidad, ya en la segunda etapa donde se avanzó militarmente la zona ya llegábamos en la zona. En donde no se había cobrado un impuesto, por decir algo las fincas de los ganaderos, entonces empezó a recaudar más finanzas por parte de esos gremios ganaderos, finqueros comercio.” 21.
Por su parte, José Germán Sena Pico, alias “Nico”, persona que desmovilizó el FSA, ratificó lo acabado de anotar y precisó:
“(…) la organización autodefensas unidas de Colombia, bloque central bolívar, el estamento militar se manejaba como grueso del grupo y el estamento militar y financiero era todo el frente, pero había una parte paralela al narcotráfico que era manejada directamente por alias Macaco y alias Teto (…) siempre se diferenció que habían personas que se encargaban de la parte financiera, del estamento político y del estamento militar y en la parte financiera, paralela a esta funcionaban las finanzas del narcotráfico (…) Los que manejaban el narcotráfico, no manejaban parte militar activa, ni política activa sobre estas actividades y sobre esa parte, para la zona del Caquetá la manejaba alias Monoteto y éste le rendía cuentas a alías Macaco, el comandante militar del bloque (…) o sea alias paquita no era el grupo, era él solo manejando esa actividad del narcotráfico y alias Monoteto, fue designado para manejar esa parte (…), desde luego tenían a los alias Popis, Puntillo y el Ruso, se encargaban solamente de la receptación, tráfico y transporte de base de coca (…) Eso lo siguió manejando alias 21, al parecer con el nombre de Gabriel Mateus Morales (hermano de paquita), lo manejó hasta marzo del año 2005. A mediados del año 2004, llega Juan Carlos Monje, quien manejaba distantemente estas labores del narcotráfico y para el año 2005, se delegó por zonas, o sea alias 21 en una zona y alias Juan Carlos Monje en la otra, hasta la fecha de desmovilización (…) Esa distribución la determinó alias Cantante y alias Leo. Porque Juan Carlos Monje le inyectaba recursos al frente se le asignó una zona (…) tuvieron que haber consultado con teto” 22.
Da cuenta igualmente de las múltiples conductas punibles cometidas por la organización -homicidios, secuestros, hurtos, desplazamientos, etc.- desde su llegada a la zona y con lo cual acrecentaron su dominio hasta el 15 de febrero de 2006 cuando se desmovilizó la misma, pero sin desconocer que hubo algunas estructuras que retornaron a la actividad delictiva y quisieron seguir teniendo influencia en la región, como se verá luego.
Desde luego, no ignora la Sala que “Paquita” inicialmente adujo en su versión desconocer si el FSA financió campañas políticas, también que no favoreció a ningún candidato a cargo de elección popular, sin embargo, también señaló que por cuenta propia, junto con alias “Asdrúbal”, quien fuera comandante del FSA desde finales de 2002 hasta 2003, conocido con los alias “Peruano” o “120”, se reunió con el político Arnoldo Barrera, ex alcalde de Florencia, a quien, dice, se le colaboró en la consecución de un vehículo blindado para su seguridad23.
Por ello, en declaración rendida dentro de esta investigación rememora y manifiesta que a título personal y no como organización, le dio un carro a Juan Carlos Claros Pinzón, cuando era candidato a las elecciones para Gobernación del Caquetá 2003, y otro, a Arnoldo Barrera cuando fue aspirante a la alcaldía de Florencia, puesto que el primero tuvo acercamientos, inicialmente en 2002, con el comandante “David” y más tarde con el comandante “Peruano” para que lo apoyara en la campaña electoral, y que éste hizo aporte a ella junto con su hermano alias “Danilo” de “50 o 100 millones de pesos”, y le dio órdenes a alias “Nico” “de empezar a hacer el tema político (…) hacer reuniones, que votar por fulano (…) Claros” 24 para favorecer la campaña de este último a la Gobernación del Caquetá.
Referencias ratificadas por “Nico” en la versión que rindió ante la Fiscalía de justicia y paz el 26 de junio de 2008:
“los diálogos que surgieron en forma directa con Juan Carlos, empezamos con el señor Arnoldo Barrera en mayo o junio de 2003 se hace una reunión en la finca las bolas con el candidato Arnoldo Barrera y debatimos el tema como podíamos manejar una posible colaboración con el candidato a la alcaldía, este señor vino por invitación de paquita (…) peruano le dijo que eso se manejaba por parte de paquita y se le exigió que posterior a su posible elección se adelantaran obras en la zona donde nosotros teníamos jurisdicción y una colaboración en dinero y para tal efecto los contratos que se realizaran fueran con personas cercanas a paquita y a chiqui, chiqui nos confirmó que se había producido el pago de estos dineros”25.
Lo iteró ante la Sala al referirse a los acercamientos ocurridos en el primer semestre de 2003 entre la organización y el aspirante a la alcaldía de Florencia, Arnoldo Barrera, y posteriormente con Claros Pinzón, producto de los cuales recibió la orden del comandante alias “Peruano” para que se apoyara su campaña “como efectivamente se dio toda la colaboración de parte de nosotros en la capacidad electoral en el departamento (…) empezamos nosotros (…) a maniobrar que esas masas todas se volcaran a favor del señor Juan Carlos Claros en todos los municipios del sur del departamento (…) se diera una retribución en el manejo de la contratación del departamento (…) en base a eso por lo menos todos los contratistas del departamento tuvieron que pagar impuesto a la organización, pero resulta que por intermedio del señor Juan Carlos Claros se mandaba la información correcta de toda la contratación que había en el departamento y todos esos ingenieros que fueron hay fueron tocados por la organización” 26.
De las relaciones con políticos de la región también dan cuenta en sus declaraciones los ex militantes del FSA-BCB Nilson Valencia Reyes, alias “William”, quien adujo que los alcaldes de Curillo, Morelia, Valparaíso, Montañita, Florencia y Albania tuvieron nexos y colaboraron con la organización cuando era comandante alias “David”27; Walter Trujillo Palomino, quien dijo que los alcaldes y concejales de Belén de los Andaquíes y Valparaíso eran elegidos directamente por las autodefensas y fiscalizados por éstas28; Martín Alonso Hoyos Gutiérrez, quien refirió haber tenido contacto con el ex Gobernador Claros Pinzón y que la organización ilegal le prestaba seguridad29 -sobre lo que también declararon Mateus Morales, Sena Pico y Mosquera Hernández- y John Jairo Rentería Zúñiga, alias “Betún”, quien expresó haber tenido vínculos con la ex alcaldesa de Florencia Patricia Farfán30.
De otro lado, el acceso y permanencia de forma violenta en la zona por parte de las organizaciones de autodefensas ya mencionadas, tal y como ocurrió en otras regiones, emerge evidente no sólo de las mismas declaraciones vertidas por los ex militantes mencionados, acreditando los múltiples homicidios, torturas, secuestros, extorsiones y demás conductas penales cometidas por las autodefensas desde cuando las ACCU estuvieron en la región que luego entregaron al FSA-BCB, y hasta la desmovilización de ésta organización, acorde con la cantidad de hechos confesados en las versiones rendidas ante Justicia y Paz por ex militantes del grupo armado ilegal como alias “Paquita”31, alias “Nico”32, alias “Solita”33 y Everardo Bolaños Galindo alias “John”34, sino de las sentencias proferidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) el 29 de septiembre de 2006 y 20 de agosto de 2009 contra algunos ex militantes del FSA-BCB, en las que además de los delitos por los cuales se emitieron:35 tráfico de estupefacientes y secuestro agravado en concurso homogéneo, se da cuenta del hallazgo de “fosas comunes con treinta y seis cuerpos humanos, algunos mutilados, descuartizados y con huellas de tortura. En la finca “San Germán” de la vereda “La Tortuga” del mismo ente territorial -Puerto Torres, jurisdicción del municipio de Belén de los Andaquíes- se encontraron otras fosas con restos óseos de seis cuerpos, y en la fracción veredal “La Cándida” del municipio de Morelia, otra con igual número de víctimas”, lo cual se compadece con el temor y zozobra de la población donde aquellas influyeron y que corresponde, según lo sostenido por sus propios integrantes, a los municipios de Albania, Morelia, Paujil, Doncello, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Puerto Arango, Puerto Torres, Milán, Valparaíso, Curillo, Solita, La Montañita, San Vicente del Caguán, Solita, Puerto Rico, Florencia y zonas rurales de sus jurisdicciones, entre otros.
A ello se refieren pobladores de la región como Tiberio Cediel Núñez, quien advierte: “era una situación aterradora, eso no se encontraban sino muertos por la carretera y por todas partes, yo sabía que extorsionaban a la gente, a mí no porque no tengo nada, pero eso por lo general esa gente llega estratégicamente a las casas y es muy difícil conocerlos, ellos nunca le dicen a la gente venimos de tal parte o somos fulanito de tal (…) yo escuché que extorsionaban a la gente y los citaban por allá abajo (…)” 36; Jader Anturi, cuando asegura: “eso era una región donde mandaban era las Autodefensas, no dejaban transitar gente fácilmente (…) en cualquier momento miraba presencia de grupos armados al margen de la ley o también presencia de grupos militares (…) me ha pasado en dos oportunidades que esta gente ha estado o ha llegado a mi finca y para uno es una cuestión dura en el sentido de que uno no puede tener tranquilidad ni uno ni la esposa ni los que se encuentren en la finca (…) uno le da miedo y le teme (…) uno se intimida al ver una cantidad de gente armada en la casa de uno (…)”.
Óscar Eliécer Valencia, quien expresó: “desde Morelia se veían grupos de personas como 30 armados, con brazaletes de Auc en el kilómetro 1, 12, en el 20, andaban (…) alrededor de 15 carros en movimientos constantes, tenían aterrorizada la región con muerte y todo, paraban los carros, si les gustaba algo se lo quitaban, a mí me quitaron cargadores de celulares (…) andaban con uniformes de camuflado y armados, como si fueran el ejército, a veces llegaban hasta 300 personas y armaban cambuches, si había remesas se las comían (…)” ; y Luz Stella Flórez, al señalar: “fuimos víctimas de las autodefensas en este año, en el 2004, el 29 de marzo, llegaron a San Antonio de Getuchá, (…) llegaron a mi casa (…) nos requisaron la casa, llevándose unas joyas, una plata en efectivo y mercancía (…) eso fue en el 2002 (…)” 37.
El mismo Bolaños Galindo, alias “John”, comandante militar del FSA-BCB, reconoce: “Fueron las amenazas, el miedo, la intimidación, el terror, los homicidios individuales y colectivos y los atentados (…) las causas que obligaron a la mayoría de las personas a huir de los municipios caqueteños”38. Tema confirmado por el Teniente Wolfrando Arbeláez Aristizábal, Jefe de la Sijin en Florencia del 28 de mayo de 2002 al 5 de mayo de 200439; Alfredis Moya Mena40; Jeferson Perea MENA, alias “Eduard” o “Serpiente”41, y Nilson Valencia Reyes, alias “William”42, quienes además destacan las relaciones que la organización armada ilegal tenía con miembros de la Fiscalía, Policía, Ejército, CTI y Sijin, en la zona de su influencia.
Entonces, la presencia de las autodefensas en el Caquetá desde 1997 hasta el 2006 y su incidencia en los procesos políticos de esa región, es asunto que la prueba refleja sin duda alguna, como lo alega la representante del ministerio Público, y en contra de lo tímidamente aducido por la defensa técnica y material en sus extensos discursos presentados en la vista pública y de lo expuesto al respecto por algunos de los testigos de la defensa, en esa diligencia.
Recuérdese que la única referencia efectuada por el defensor sobre el particular es que no existe una sentencia que acredite que la clase política del aludido departamento se hubiesen aliado con las autodefensas, y el propio procesado sólo dijo tangencialmente que no quedó establecido que la referida agrupación ilegal ostentara poder político.
Al respecto, baste replicar que es la prueba relacionada la que permite acreditar la fuerte injerencia de las autodefensas del Caquetá en las actividades económicas y proselitistas de esa región, sin que sea presupuesto para arribar a tal conclusión el proferimiento de una decisión judicial que lo corrobore.
De otro lado, no resulta coherente que el acusado expresara en su alegato lo acabado de consignar, cuando allí mismo adujo en su defensa que era constante denunciante de la injerencia de los paramilitares en el orden económico y político de la región.
Ahora, no ignora la Sala que algunos testigos que declararon en la audiencia, al ser interrogados, sobre ello, desconocieron tal injerencia de dicho grupo ilegal. Es el caso de los militares, el coronel Orlando Barbosa, y el General William Pérez Laiseca.
Sobre el primero debe rememorarse que su dicho se torna fácilmente explicable pues fue interrogado sobre su percepción cuando arribó nuevamente al Caquetá a comandar el Batallón Juanambú, suceso que ocurrió en momentos cercanos a la desmovilización del FSA de las AUC, por lo que no que no podría dar razón suficiente, durante la citada comandancia, de tal relación o injerencia, pero además su dicho no resulta confiable, pues su nombre aparece vinculado con integrantes de aquella agrupación, como lo han relatado Ramón Monje43, Albeiro Ardila44 y Harlintont Mosquera45, entre otros.
En relación con el segundo, debe en primer lugar rememorarse que éste dijo en la audiencia pública que se desempeñó como Jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la décima segunda brigada con sede en el Caquetá, desde el mes de diciembre de 2001 hasta febrero de 200346 no obstante, al ser interrogado por la defensa sobre qué conocimiento tuvo de la existencia de grupos de autodefensa en la región aludida, respondió: “durante ese tiempo no tuve conocimiento de la existencia de esos grupos, por parte nuestra se combatía a todos los grupos al margen de la Ley, pero en particular con las autodefensas no tuve conocimiento”47.
Para la Corte dicha manifestación se torna a todas luces contra evidente, y por tanto, nada creíble, específicamente en lo atinente al desconocimiento de la existencia en el Caquetá de la organización delictiva referida, dado el abundante caudal probatorio ya relacionado y el que falta por consignar, que acredita lo contrario, al punto de rayar con el hecho notorio; así como por el cargo desempeñado y las funciones inherentes al mismo que lo deberían haber permitido conocer de la presencia de esa fuente delictiva.
Ya sobre la mención a que no se combatía a tales grupos al margen de la ley, al contrario, en opinión de la Sala, ello sí resulta creíble, pues no hace más que consolidar la versión ofrecida por casi todos los ex integrantes del FSA, en la que expresan sus estrechos vínculos con diversas autoridades, entre ellas las militares, lo que de contera explica la desconcertante respuesta analizada en el párrafo anterior.
Similar valoración debe hacerse de los dichos ofrecidos, también en la vista pública, por Harry Geovanny González48 y William Sánchez Amaya49, políticos de la región, quienes sí bien no ignoraron la presencia de las autodefensas en el departamento del Caquetá, sí limitaron la influencia de estas, exclusivamente al tema del narcotráfico, descartando su injerencia en actividades proselitistas, afirmaciones que, como ya se dijo, chocan con la sólida prueba recaudada.
Pero, al respecto, no está demás indicar que la apreciación de González debe ser estimada en consideración a que su nombre ha sido objeto de serios señalamientos de algunos integrantes de las autodefensas que lo comprometen con haber suministrado información sobre la identidad de contratistas para ser extorsionados50.
Así las cosas, como ya quedó referido, en criterio de la Sala, está debidamente acreditada y documentada, la injerencia de las autodefensas en la actividad política y proselitista en la región aludida.
6.4.- Los vínculos de LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS con las autodefensas.
En el proceso obran diferentes manifestaciones de testigos sobre los vínculos trascendentes en la materialidad de la infracción penal imputada, del acusado con las organizaciones de autodefensas en el departamento del Caquetá, así, por ejemplo, lo dicho por alguno de ellos, constituye prueba directa de los mismos, en tanto lo consignado en los demás medios probatorios, refuerza tal aserto, en la medida en que permite inferirlos razonablemente.
6.4.1.- La prueba directa.
6.4.1.1.- Harlintont Mosquera Hernández, ex militante del FSA-BCB ingresado al mismo a principios de 2005, acredita los vínculos del ex congresista LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS con las autodefensas que operaron en el Caquetá, así:
“Para marzo de 2005 hubo una reunión con Uriel Henao conocido con el alias de El Cantante y Juan Carlos Monje (…) era un comandante (…) más o menos tercero allá al mando (…) él es oriundo de Milán (…) le delegan Doncello, Milan y Paujil (…) el segundo al mando de las autodefensas era conocido como Mateo o Mercurio, y al señor Nico queda no como comandante sino que le delegan unas funciones por Puerto Arango para que controlara la salida de narcotráfico (…) a mí me delegan recaudo de finanzas y sector político en la ciudad de Florencia (…) entonces cuando nos reunimos con Monje y el señor Uriel Henao se menciona los apoyos de las personas que colaboraban con nosotros (…) esa reunión tuvo a cabo en la finca conocida como las Galleras (…) vía Valparaíso (…) en puente partido (…) ahí se mencionan en primer lugar a Álvaro Pacheco (…) Luis Fernando Almario (…) Juan Carlos Claros Pinzón (…) Luis Francisco Cuellar Carvajal (…) Arnoldo Barrera (…) el hijo de Luis Francisco Cuellar (…) conocido con el alias de Torete (…) dice el señor, usted tiene que tener contactos con todas estas personas (…) que todos estos señores son colaboradores (…) el señor Monje me dice esta frase “cualquier cosa que se ofrezca por parte de la gobernación cuente con eso apoyo allá en Florencia porque hay tratos que se hicieron con las autodefensas” (…) me dice inclusive mis hermanos están trabajando allá con ese gobernador -Juan Carlos Claros Pinzón-, para ese entonces trabajaba John Edwar Monje, hermano de Juan Carlos Monje, en la gobernación era como el secretario de gobierno (…) y el papá de Juan Carlos Monje trabajaba en el 4 piso (…) y el ingeniero Felix Monje, primo hermano de Juan Carlos Monje, era el que manejaba la lotería del departamento de Caquetá, bajo los compromisos que habían adquirido con las AUC (…) en ese 2005 me reúno también en la finca la Manigua (…) en Florencia vía Cofema, me encuentro allá con el señor Juan Carlos Monje que en ese entonces cargaba de escolta al señor Palillo que era de Montería, y estaba el señor Juan Carlos Claros y había un señor conocido con el alias de Chiqui, que fue asesinado en 2006 en una feria en Florencia (…) yo tenía amistad con Juan Carlos Monje muy cercana (…) se habla ahí sobre Juanca Gutierrez, el cuñado de Juan Carlos Claros gobernador del departamento, ese muchacho fue paramilitar y cobrador de vacunas en Florencia antes de mi presencia (…) y que él y Chiqui habían sido los que habían entregado el dinero y hecho los contactos para la campaña de Juan Carlos Claros a la gobernación (…) yo consulto nuevamente con el comandante directo sobre esas posibilidades (…) y Uriel Henao me dice sí, es cierto eso (…) sobre lo que me había presentado Juan Carlos Monje (…) de que se había financiado la campaña a la gobernación (…) cuando ya se avecinan las campañas (…) para Cámara y Senado, que se inician en 2005 (…) después de junio 2005, me manda (…) Uriel Henao a que me reuniera, a petición de los señores que se iban a lanzar a su situación política (…) para ese entonces se lanza, ya el doctor LUIS FERNANDO ALMARIO era parlamentario, se lanza Antonio Serrano, Luis Francisco Cuellar y Álvaro Pacheco (…) para el mes de octubre (…) de 2005, me dice reúnase (…) Uriel (…) trate de reunirse con el doctor LUIS FERNANDO ALMARIO, yo personalmente, aquí ante el señor con todo respeto, fui a la casa en el Juan (…) Juan XXIII a donde vivía la señora madre del doctor, y tuve un acercamiento (…) donde le manifesté que el señor URIEL HENAO me había dicho que hablara con él para los apoyos, para las campañas y la situación política, el señor me respondió esta frase “yo ya tengo eso cuadrado por arriba” (…) después hay una reunión con el señor Monje sobre ese tema (…) me dice que había que apoyar al señor LUIS FERNANDO ALMARIO porque había una amistad muy cerquita entre él y la organización con el señor LUIS FERNANDO ALMARIO (…) después de eso estaba (…) la camioneta de él, (…) estaba al frente de la zona rosa y su señor escolta conocido como (…) Jimmy, conocido como el negro, grandote (…) una camioneta blindada Land Cruiser, y me dice Jimmy que había que apoyar al parlamentario que todo estaba cuadrado (…) ya era parlamentario y volvía para la campaña (…) después yo me comunico con Uriel Henao, porque yo todos esos conceptos tenía que llamar a Uriel Henao, me contestó este muchacho que era radioperador allá (…) hermano de Pico Sena conocido como Nico (…) y me pasa a Uriel Henao y me dice apóyelo porque ya eso está cuadrado por arriba, haga los contactos con la gente que nos apoya a nosotros y apoye la campaña del doctor LUIS FERNANDO ALMARIO y Monje va apoyar la otra parte (…) yo llamo la gente que colaboraba con nosotros, comerciantes y personas del narcotráfico que trabajaban para la organización y les digo a quien hay que apoyar“ 51.
De la militancia del testigo en el FSA-BCB dan cuenta sus ex compañeros Sena Pico y Ardila López52, pero especialmente el ex jefe político general del BCB, Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, quien lo reconoce como comisario político en el Caquetá que le rindió informes en el cual aludía a las relaciones de la organización con Claros Pinzón y al hecho de haberse reunido a instancias del ex comandante “Uriel Henao” con el procesado en el barrio Juan XXIII53, entre otras cosas; mientras que su desmovilización está acreditada con el oficio del 25 de mayo de 2006 suscrito por el asesor del Ministro del Interior y de Justicia y el carné de desmovilizado No. 27-00011.54
También se corroboró de su declaración, según se destacó en el auto que impuso detención al procesado, lo siguiente:
“a) Que Juan Carlos Monje alias “JK”, quien tenía asignados los municipios de Doncello y Milán en el “FSA” -como ya se estableció-, luego de la desmovilización insistía en la reincorporación de ex militantes del “FSA” a un grupo que estaba conformando, como lo confirma Albeiro Antonio Ardila alias “Rambo”, pues que también a él “JK” lo llamó con el mismo objetivo, además de obrar informes del CTI y las Fuerzas Militares en los que se destaca que Juan Carlos Monje Alvarado, uno de los principales hombres desmovilizados del “FSA”, fue dado de baja el 21 de octubre de 2006 cuando comandaba una banda delincuencial al servicio del narcotráfico en el sur del Caquetá55;
b) Hizo estudios de derecho en la universidad de la Amazonía en Florencia, como lo aseguró, según constancia expedida por ese claustro56;
c) De Antonio Cruz, quien dijo haber sido un miembro del CTI destituido que colaboró con el “FSA”, se ha establecido que en realidad fue removido en 2002 y que reingresó en 200757;
d) A quienes menciona como sus compañeros de militancia (2005-2006) son reconocidos como tales, de acuerdo con los testimonios allegados;
e) La casa de la señora madre del doctor Almario Rojas efectivamente queda en el barrio Juan XXIII, como lo dijo Harlintont y lo confirma el propio indagado;
f) John Eduard Monje Alvarado, el hermano de Juan Carlos Monje, trabajó en la Gobernación de Caquetá como lo dijo el testigo, según lo establecido al respecto;
g) Ángel Yimmis Mosquera era escolta del procesado en la época en que Harlintont asegura haber hablado con un señor “Jimmy” que cumplía dicha labor para el mismo, según ha podido confirmarse con la declaración que aquél rindió, según copias allegadas al expediente, como más adelante se constata;
h) La amistad que aduce el testigo entre Arnoldo Barrera y alias “Paquita” es corroborada por José Germán Sena Pico;
i) De los ingresos que hizo a la cárcel de Itaguí, hablan Rodrigo Pérez Alzate y José Germán Sena Pico, a pesar de que la institución no ha acreditado ello;
j) Alias “Uriel Henao” o “el Cantante”, como ya se destacó, sí era comandante del “FSA” en 2005, según la estructura encontrada en el allanamiento a la vivienda de alias “Paquita”, pues desde el 2004 estaba en esas filas, encargado de la zona del eje cafetero según lo confirman otros testigos, contrariando lo sostenido por el indagado;
k) Alias “Orejas” también pertenecía al “FSA” en la época referida por Harlintont Mosquera, así lo concerniente a la jerarquía de cada uno no haya sido establecida definitivamente”.
Y para responder los argumentos a través de los cuales la defensa ataca la declaración del testigo se tiene que no puede sostenerse que Mateus Morales haya desconocido a Harlintont como miembro de la organización, pues lo asegurado por aquel fue que en la época en que estuvo activo en el grupo armado ilegal no compartieron escenarios y, si Sena Pico apenas lo reconoce como quien señalaba personas para extorsionar, contrario a Duque Gaviria, quien lo presenta como comisario político de la región; Ardila López, quien adujo haber militado en 2005, coincide con Duque Gaviria en cuanto a la labor que desempeñaba como político del FSA-BCB Mosquera Hernández, lo cual desvirtúa que se trate de un personaje que logró la desmovilización simplemente en procura de obtener beneficios, como se afirma sin soporte probatorio.
De otro lado, la cantidad de hechos relatados por el testigo, los militantes del Frente que citó relacionados con los mismos, las intimidades de lo que acontecía internamente y la mención que hizo de vínculos de personas con la organización, lo cual corroboran otros medios de prueba, no eran de fácil percepción por alguien ajeno al grupo armado ilegal.
Su pertenencia a las autodefensas desde 1994 no controvierte su ingreso al Caquetá hasta el 2005, como se argumenta, y que fuera recibido por “Uriel Henao” es cuestión que se satisface al tener en cuenta que éste inició sus actividades allí en 2004, lo mismo que Juan Carlos Monje, hombre de confianza del comandante alias “Leo” y ante sus constantes salidas de la zona, era reemplazado por el mismo hasta cuando definitivamente quedó en su lugar, muy a pesar de que en las estructuras elaboradas por la unidad de justicia y paz solamente figure “Henao” como comandante a partir de junio de 2005, pues esos organigramas son construidos a partir de las versiones que se van recopilando, motivo por el cual los testimonios de quienes ejercieron en la zona constituyen mejor fuente probatoria.
Al respecto, no puede ignorarse que es el mismo declarante quien explica la razón por la cual no aparece en las ordenes de batalla: “cuando ya se iba desmovilizar el bloque, desaparecen al cantante, y en enero (…) del 2006, viajo al Ecuador a hacer unos contactos que me habían mandado a hacer (…) y regreso antes de la desmovilización a finales de enero y en esos días ya para empezar la desmovilización, (…) porque nosotros nos desmovilizamos en el k.m 20, entonces yo voy y hablo con don Leo y Juan Carlos Monje que andaba en un montero rojo y vamos y hablamos con don Leo personalmente, ya con la muerte del cantante, don Leo se personaliza del bloque y se delega la vocería de la desmovilización del bloque a Juan Carlos Monje y a Nico, se les delega, y don Leo estaba allá y hablo con él, (…) y me reúno con don leo y me dice lo mejor es que usted se desmovilice, entonces voy a alistar la tropa en el k.m 20 y estaba … el conocido como el comandante militar del bloque central bolívar, entonces yo cuando me dicen eso, desmovilicémoslos, ya por las razones que yo expuse y es común, por ese sistema no alcanzo a estar en el orden de batalla (…) y seguimos en la ruta (…) entonces nos desmovilizamos en febrero del 2006” ,58. (Resalta la Sala)
Ahora, la negativa del encuentro relatado por Harlintont con el conductor del procesado con base en su traslado a esta ciudad desde principios del 2002, ya fue objeto de refutación atendidas las pruebas que destacan cómo Ángel Jimmys Mosquera sí volvió a Florencia posterior a ello cumpliendo las funciones de conductor y auxiliar del ALMARIO ROJAS.
El acusado, con el propósito de cuestionar la credibilidad de Mosquera Hernández, cita la expresión de Iván Roberto Duque quien consideró un “exabrupto”, creer que Daniel Mejía hubiera sido el contacto para que aquel ingresara las autodefensas, sin embargo para la Sala lo relevante es que el propio testigo traído a colación por el enjuiciado es quien reconoce a Mosquera Hernández como comisario político en el Caquetá.
Como tampoco puede desvirtuar los puntuales señalamientos efectuados por Mosquera Hernández el que en algunos aspectos circunstanciales o anecdóticos narrados por él, no hubieran sido corroborados tajantemente por otros testigos, pues recuérdese que tampoco fue expresamente refutado, si no que algunos lo que dijeron era que no recordaban el suceso. Tal situación se presenta, por ejemplo, con lo dicho por Diego Fernando Murillo, pues cuando se le pregunta si recordaba a Mosquera Hernández, dijo que no podía evocarlo con nombres sino con el alias, sin embargo a pesar de ello, luego se le interrogó si recordaba que hubiera recibido la visita de esa persona, quien le pidió intervenir por una amenaza que tenía, a lo que contestó tampoco recordar ello59.
Como se ve, tales manifestaciones, no permiten desvirtuar contundentemente la aseveración de Mosquera Hernández sobre la visita que le hiciera a Diego Fernando Murillo, en tanto este no pudo recordarlos por nombres, pues, en estos casos resulta razonable que solo evoquen los alias.
Del ingreso del testigo a la vivienda de la señora madre del procesado para hablar con éste, como lo advierte el mismo, bien pudo generarse por la condición de líder político en que Harlintont se amparaba, por la intermediación que adujo logró a través de Ángel Jimmys Mosquera, sin que para la Sala resulte ambigua la descripción de hiciera de la vivienda.
De otro lado, al rememorarse que el suceso acabado de registrar, según el testigo, ocurrió en octubre de 2005, debe indicarse que el acusado estuvo durante gran parte de dicho mes, en la ciudad de Florencia, pues así se consigna en las minutas del DAS que señalan su presencia allí, los días 1 al 3, 8 al 10, 13 al 17, y 27 al 3160.
En conclusión, el nivel de detalle referenciado por el testigo, y su espontaneidad, permiten darle a la Corte plena credibilidad en relación con las referencias de oídas que, así como a su señalamiento directo de haberse entrevistado con el procesado para transmitirle el mensaje de sus superiores, sobre la necesidad de hablar de las campañas electorales.
6.4.2.- Las pruebas de oídas e indiciarias.
Son abundantes las pruebas testimoniales y documentales acopiadas en el expediente que permiten reforzar el señalamiento efectuado por Mosquera Hernández que, por cierto, estuvo sometido no solo a la contradicción de la defensa y del acusado, si no a la confrontación directa de estos.
Pero, debe precisarse que algunas de ellas, como se verá, sí revelan directamente los contactos de ALMARIO ROJAS con miembros de la agrupación armado ilegal tantas veces reseñada.
6.4.2.1.- En principio se tiene lo expresado por Gabriel Jaime Esquivia Acosta, alias “Carepa”, ex militante del primer grupo de autodefensas que se asentó en el Caquetá -”ACCU”-, y quien en 2001 fue incorporado al FSA-BCB, en la que asegura:
“El señor ALMARIO que yo haya tenido conocimiento (…) nunca lo miré que estuviera con José María (…) pero sí miro órdenes que daba José María (…) que se las dieran a él (…) me di cuenta yo porque (…) fui consentido de ellos y el encargado de eso era Jorge el Calvo (…) cuando de pronto iba llegar el doctor o estaba el doctor en el departamento siempre José María daba las órdenes “llévemeles a ellos” o “háganmele llegar a ellos que hablen con los generales, (…) pero a nosotros no nos combatan”, doctor porque a nosotros no nos combatían (…) no teníamos casi capturas (…) muchos muchachos veían hablar a Jorge el calvo con Jimmy, el negro Jimmy (…) uno de los escoltas que tiene el doctor (…) lo vi hablar (…) en el departamento del Caquetá, en la zona de nosotros, hablemos de Morelia, Valparaíso, Belén, San José y parte de Albania (…) José María habló con Jorge (…) y siempre le pedía, por ejemplo, llegaba el doctor ALMARIO de Bogotá (…) Jorge le contaba a uno (…) el comandante de los urbanos era Jorge (…) que lo mandaba a llevarle razones (…) que hablara por medio del negro Jimmy (…) para que (…) en las reuniones que tenían ellos con, por ejemplo con generales, todo lo que fuera fuerza pública (…) para que a nosotros no nos combatieran (…) si había algún puente para llegar (…) al doctor ALMARIO era el negro Jimmy porque para mí (…) el negro Jimmy era como un hijo para ALMARIO porque siempre permanecía en la seguridad del doctor ALMARIO (…) Jimmy (…) es de raza negra, la estatura no me acuerdo doctor porque hace mucho tiempo (…) yo puedo ser un poquito más alto que él (…) no me acuerdo bien la estatura pero lo único que si es un poquito alto (…) mi cédula figura 1,81 (…) un poquito barrigoncito (…) al doctor yo lo ubico por medio de la camioneta de él que era una burbuja verde si no estoy mal (…) hasta blindada (…) Jimmy fue agente de la policía” 61.
Ante la pregunta del magistrado instructor, sobre la época en que ocurría lo que estaba relatando, contestó: “2001” 62.
A efecto de ofrecer respuesta a una de las puntuales críticas expresadas por el defensor en su discurso de cierre a la valoración efectuada por la Sala sobre dicho testimonio en la providencia calificatoria, necesario se torna reproducir lo consignado en esta decisión:
“Lo afirmado se ha verificado con las declaraciones de ex integrantes de las mismas “ACCU”, tales como Arley Hoyos Artunduaga alias, “el Güío”63, Luis Alberto Medina Salazar, alias “el negro Julio” o “Cristomalo”64, Juan de Jesús Lagares Almario, alias “el Burro”65, y Nelson Enrique Ortega Tovar66, que, en efecto, alias “Jorge el Calvo” fue el jefe de los urbanos que recibía órdenes del ex comandante “José María” de ese grupo armado ilegal que tuvo injerencia en el Caquetá durante los años 1997 a mayo o junio de 2001 cuando entregó la zona al “FSA-BCB”, entre las cuales estaban las de ubicar personas para darle razones, y que Gabriel Jaime Esquivia Acosta, alias “Carepa”, había militado en ese grupo por la misma época”.
Pues bien, sobre el citado análisis probatorio, el profesional del derecho, apuntó que “revisados los testimonios que presuntamente corroboran lo expuesto por Esquivia Acosta, diferente es la conclusión a la que se arriba”, para lo cual, empezó por destacar como, por ejemplo, Hoyos Artunduaga nada dijo de las presuntas órdenes que dio “José María”, a través de “Jorge el calvo”, dirigidas a políticos como su defendido, y, en el mismo sentido, resaltó que ninguno de los otros testigos podía corroborar que conocieran de órdenes de sus superiores destinadas a ALMARIO ROJAS.
Debe indicársele al abogado que la corroboración de Hoyos Atunduaga, Medina Salazar, Lagares Almario y Ortega Tovar, a la que hizo referencia la Corte en la providencia aludida se contraía a que estos afirmaron que efectivamente alias “Jorge el calvo”, había sido jefe de los comandos urbanos, que éste recibía órdenes de “José María” y que “Carepa”, sí había militado en la época que señaló en la citad agrupación ilegal, pero no, que supieran de los mensajes entregados al hoy acusado. Desde ese punto de vista, inane se tornan los aludidos cuestionamientos.
Pero además, en relación con el testimonio de Esquivia Acosta, se refrendaron también, con la declaración rendida por Ángel Jimmys Mosquera Lasso y los datos constatados en esa diligencia, tanto las características físicas de éste que coinciden con descripción de la persona que habría sido contactada por alias “Jorge el Calvo” para llevar razones al procesado a fin de que la fuerza pública no actuara en contra de las “ACCU”, como que el descrito cumplía para el procesado labores de escolta.
Y es que, como se dijo en la resolución acusatoria, de acuerdo con la fotocopia de la cédula de ciudadanía de Mosquera Lasso que obra a folio 74 del cuaderno original 2, se aprecia que corresponde a una persona de raza negra y 1.80 metros de estatura, quien aseguró haber laborado como conductor-escolta del procesado desde finales de 1996 hasta 1998, año en el que fue detenido, y que al ser liberado y hasta marzo de 2008, retomó sus labores con el mismo, las cuales resumió así: “las labores básicamente eran de conductor y de escolta de seguridad del parlamentario, también realizaba labores de tipo político en ayudar en las diferentes campañas de él a la Cámara de Representantes y a los candidatos (…) organizar grupos de trabajo con miras a la consecución de votos (…) pertenecí a su UTL” 67.
Y luego reiteró haber prestado esos servicios al procesado, especificando que eran los de “de conductor de la camioneta asignada por el Congreso y algunas otras actividades de tipo político, como atender las comunidades, escuchar lo que ellas solicitaran y ser como una especie de canal entre las comunidades y el doctor Almario”, asegurando que a partir de su pertenencia a su unidad de trabajo legislativo, fijó su residencia en esta ciudad junto con su familia, pero que en algunas oportunidades y por agenda de trabajo visitaba Florencia, no obstante en seguida, ante cuestionamiento incisivo por parte del entonces sumariado, adujo que aproximadamente un mes después del atentado sufrido por éste en noviembre de 2001 fue que se trasladó a Bogotá y que jamás volvió a Florencia, puesto que en esa ciudad había otro conductor al servicio de ALMARIO ROJAS68.
Variaciones que permiten evidenciar su acomodamiento sobreviniente que no tenía otro propósito que falsear la verdad para beneficiar a su jefe, pues en cuanto a su residencia en esta ciudad, según la información remitida por la Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, Ángel Jimmys Mosquera Lasso hizo parte de la UTL del procesado del 8 de mayo de 2002 al 31 de marzo de 200869; y sobre sus visitas a Florencia junto al procesado con posterioridad al año 2001, pese a lo señalado por la defensa, en cuanto que jamás volvió desde su llegada a Bogotá, Ángel Jimmys sostuvo en principio haberlas realizado, mientras César Augusto Arcila Peláez, miembro de la Policía Nacional asignado al esquema de seguridad del sindicado desde el 15 de noviembre de 2001 hasta proximidades a su captura en el año 2008, afirmó, sobre los conductores que prestaron servicio al mismo que “aquí en la capital era Jimmy (…) en Florencia era un asistente de él, o sea no se bien (…) cuando se transportaba viajaba Jimmy a Florencia (…) él también viajaba con nosotros siempre (…) a veces en avión” 70.
Se estableció también que la Cámara de Representantes asignó al doctor ALMARIO ROJAS, mediante la Resolución del 14 de septiembre de 2000, la camioneta Toyota Land Cruiser Station Wagon color gris palmera de placas OJG 21271, que es como figura en la documentación correspondiente del vehículo72.
Sin embargo, tal como se dijo en la acusación, de acuerdo con las fotografías de la camioneta que su último propietario le tomó luego de ser permutada por el órgano legislativo, antes de efectuarle el cambio de color73 y con la carta colorimétrica aportada por el representante legal de la distribuidora Carco S.A. y el servicio de posventa de Distoyota, el gris palmera metalizado chromabase74, a la vista del común de las personas, puede describirse como “verde”, tal y como lo expresó el testigo Esquivia Acosta y el intendente Gabriel González Sánchez, quien como miembro del esquema de seguridad del acusado, el 26 de agosto de 2002, remitió oficio al Coordinador de Seguridad y Protección Rama Legislativa, solicitando autorizar desplazamiento terrestre vía Bogotá–Florencia el 29 del mismo mes y año “en el vehículo Toyota color verde de placas OJG-212” 75.
Ahora bien, admite la Sala que, tal como lo anota el defensor en su alegato, la resolución de acusación no hizo mención al aparte destacado de testimonio de Rohamir Rodríguez Trujillo, declarante que, según lo resalta el aludido profesional, expuso que nunca le escuchó a alias “José María” efectuar algún comentario sobre ALMARIO ROJAS, y específicamente que éste tuviera que ver con los paramilitares, expresión, en efecto corroborada por la Corte en el audio respectivo76.
Sin embargo tal omisión resulta explicable dado que Rodríguez Trujillo manifestó que había hecho parte de las estructuras de las autodefensas hasta octubre de 2000, por lo que inane se torna desacreditar con su dicho, lo expuesto por Esquivia Acosta, toda vez que éste ubica las referencias que hace de ALMARIO en el año 2001, como ya quedó consignado.
De otro lado, no es cierta la aseveración del defensor cuando aduce que ningún otro deponente confirma el contacto de Jimmy Mosquera, conductor y escolta del acusado, con integrantes de las autodefensas, pues tal información también es expuesta por Harlintont Mosquera Hernández77 y por Johan Darley Benítez Zapata, aun cuando en honor de la verdad, éste último lo que corrobora es que el conductor que acompañaba al doctor Almario, era una persona morena a quien le decían “Jimmy” 78.
Y, no está demás precisar que la Corte ha decantado que un testigo de oídas es aquel que narra lo que otra persona le relata sobre unos hechos y, por lo tanto, lo que puede acreditar es la existencia de ese relato (CSJ AP 18 Ago 2010, Rad 34258 y SP 04 Nov 2008, Rad 27508). En el caso concreto, Esquivia Acosta advierte que personalmente escuchó cuando “José María” delegaba dar los mensajes citados para el procesado, a alias “Jorge el Calvo”, y que también éste le relató ello, por lo que sus manifestaciones acerca de esos hechos son directos en cuanto al primero.
Es por ello que sus manifestaciones en cuanto a los hechos que percibió directa e indirectamente y sobre los cuales dio cuenta de manera circunstanciada, al ser evaluados al tamiz del resto del caudal probatorio, en sana crítica, resultan creíbles, así no se tenga noticia de que en realidad el procesado haya recibido los mensajes remitidos por alias “José María”.
6.4.2.2.- Otro testimonio que vincula al procesado con las autodefensas es el del auxiliar de la Policía Nacional Johan Darley Benítez Zapata, quien prestó servicio en la estación del municipio de Morelia-Caquetá durante el año 2002, quien señaló:
“No tengo muy bien presente la fecha cuando estábamos haciendo un retén (…) en la estación Morelia cuando yo veo la presencia de un carro, una burbuja verde con vidrios polarizados (…) procedemos a hacer lo normal (…) en ese momento de la requisa que estábamos haciendo yo veo la presencia del señor que está acá al frente, el señor LUIS FERNANDO ALMARIO (…) obviamente yo no lo conocía, no sabía qué clase de personaje era (…) después en otra visita que yo fui a la finca (…) prácticamente yo permanecía más de civil que de uniformado (…) me iba pa’ la finca (…) donde Paquita (…) no recuerdo bien pues la fecha exacta (…) muchas de las veces que subí (…) vi la presencia del señor FERNANDO ALMARIO, obviamente no sé qué hablaban, qué negociaban, porque en el momento yo acceso a la conversación de ellos no podía tener, ellos reunidos no sé en qué, Paquita, Chiqui, Simpsón, Regina reunidos, no sé de qué hablaban, parecía hasta muy chistoso porque se reían, no sé de qué se reían (…) obviamente yo le pregunto a un compañero (…) era paraco, pero era más bien conocido mío, y yo le pregunto a él de que el señor quien era, él se ríe (…) y me dice, no él es el doctor (…) es un Representante a la Cámara que la verdad yo no le puedo decir a usted a que viene él acá porque no le puedo dar ese tipo de información, pero hasta donde tengo entendido viene para lo de la campaña (…) obviamente él nos ayuda a nosotros, nosotros le ayudamos a él y ahí nos colaboramos mutuamente nosotros uno al otro (…) sería muy mentiroso decirle a usted ellos negociaban esto y esto y esto, yo no sé, si escuchaba por fuente de ellos mismos que cuando no había plata, que se demoraba la plata pa’ entrar, obviamente no sé cómo el señor FERNANDO les colaboraba pa’ entrar el dinero para pagarle al bloque (…) no me consta pero por miembros de la misma organización yo escuchaba que lo decían (…) como pa’ que la plata no cayera en retenes no sé, el señor colaboraba para que la plata entrara hasta donde tenía que entrar (…) decían los mismos miembros de las AUC, decía el mismo Karina, el mismo Trabuco, una vez dicho por el mismo Paquita que estaban esperando, porque nosotros llevaban como dos meses que no nos daban la plata de nosotros (…) obviamente los llamábamos y les preguntábamos, hasta que una vez él personalmente habló con nosotros y nos dijo que no que la plata no había podido entrar porque el doctor no la había podido entrar, obviamente cuando yo le pregunto por el doctor él se refiere al señor LUIS FERNANDO ALMARIO (…) también que muchas veces que por ejemplo las rutas para sacar lo que era de pronto drogas en la vía Florencia (…) también escuchaba que el señor ALMARIO en ese sentido les colaboraba también a ellos, ya que mucha por ejemplo gente como policía (…) lo conocían a él como Representante a la Cámara que era (…) y por eso podía ir y venir (…)” 79.
Testimonio en el que refirió extensa y detalladamente la manera como el FSA-BCB dominaba esa región y otros municipios aledaños, aduciendo inclusive la relación directa que dicha agrupación ilegal tenía con los policiales, a quienes mensualmente les pagaban la “nómina”.
El declarante igualmente expresa que estuvo, varias veces, en las fincas a donde alias “Paquita” y sus hombres se asentaron, ubicadas en la vía Morelia-Valparaíso, y señaló varios hechos percibidos durante su estancia allí y en los cuales estuvieron involucrados los militantes del grupo armado ilegal que conoció.
Relato del cual, como se dijo en la decisión definitoria de la situación jurídica del procesado, se corroboró que:
“(i) efectivamente el testigo Benítez Zapata laboró en la Estación de Policía del municipio de Morelia como auxiliar con quienes adujo haberlo hecho en el año 2002, según consta en las anotaciones que contiene el libro de minuta de servicios de la Estación ya mencionada, abierto el primero de enero de enero de 2002, cuyas fotocopias auténticas fueron allegadas al sumario mediante inspección practicada al mismo80, en el cual se mencionan también a los señores subintendente Jesús Bastidas Santacruz, agente Fernando Barreto Parra81, patrullero Francisco Aricapa Tobón, auxiliar Grigelio Ducuara, auxiliar Carlos Echeverri García, subintendente Alexánder Cruz Prada, auxiliar Jaime Díaz Sánchez, subintendente Jorge Antolínez Rivera, patrullero Alexánder Espinosa González, agente John García López y patrullero Alexánder Ramírez Muñoz, a quienes el testigo señala como sus compañeros de labores en esa época;
(ii) los alias de miembros del “FSA” a los cuales se refiere son aludidos indistintamente por los ex militantes de esa organización que han rendido declaraciones incorporadas al proceso82 -“Gorila”, “Chorro”83, “John”, “David”, Karina”, “Trabuco”, etc.-;
(iii) Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita” en realidad estuvo ubicado con sus hombres en fincas de la zona y específicamente hubo una en el kilómetro 20 de la vía que une a Morelia con Valparaíso, según lo mencionado por éste, por Onilfer Muñoz Peña, alias “Solita”84, Albeiro Antonio Ardila, alias Rambo85 y por José Germán Sena Pico, quien coincide en referir la mora en el pago de la nómina del Bloque por esa época86; además de lo ya destacado en lo que a alias “Chiqui” corresponde;
(iv) Su real intervención en el proceso adelantado en contra de José Fabián Guzmán Patiño alias “Niño Fabián” y otros -de acuerdo con las copias allegadas del mismo87-, quien figura como encargado de la zona del eje cafetero dentro de la estructura de narcotráfico del “BCB” elaborada por José Germán Sena Pico alias “Nico”88.”
La defensa alega que la mención efectuada por el declarante sobre algunos alias que, según la Sala, coinciden con los referidos por diversos testigos ex militantes del FSA, se explica en el hecho de que aquel, en su condición de auxiliar de la policía en una zona de influencia del citado grupo, tuvo acceso a tal información. Para la Corte tal aserto ignora el nivel de detalle que ofrece Benítez Zapata, no solo en dichas referencias sino en circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen, como ya se dijo, ampliamente creíble su dicho.
Además, como lo dijo Benítez Zapata en su declaración, a finales de 2002 hubo relevo del personal de la Policía en la estación de carabineros del municipio de Albania, muy a pesar de lo informado por el comandante (e) del Distrito 3 Belén, por el comandante de la estación de Policía de Albania y por la jefe de talento humano del departamento de Policía Caquetá en los oficios que dirigieron a la Sala negando antecedentes de traslados de personal89, según consta en las fotocopias que se allegaron del libro de personal disponible de aquella estación de Policía, el 22 de diciembre de 2002 se registró “la llegada del señor TC Rubiano Castro Omar Subcomandante Operativo DECAQ a relevar a toda la estación de policía Albania con su comandante” , y seguidamente “entrega de un armamento al personal nuevo que fue asignado a la estación carabineros Albania así: (…) auxiliar regular Benítez Zapata (…)”, así como diversas anotaciones en las cuales aparece el testigo90; además, en el libro minuta de servicio de esa misma estación cuyas fotocopias también se aportaron, desde la fecha mencionada comenzó a figurar dentro del personal de seguridad Benítez Zapata91, y visto lo que refleja el libro de minuta de servicios de la estación de Policía de Morelia, durante el año 2002 prestó servicio allí hasta el 22 de diciembre92.
Se constató igualmente lo indicado por el testigo Joan Darley en el sentido de que en el municipio de Morelia se construyó una nueva estación de Policía durante el año 2002 y que en dicha obra fue interventora la arquitecta de nombre Martha Vega, pues al expediente arribó el “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIRAF GUCOT No. 06-05-11092 DE 2001 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y EL FONDO ROTATORIO POLICÍA. NIT 860020227-0”, suscrito el 28 de diciembre de 2001, en cuya cláusula 9ª se estipula como obligaciones del Fondo Rotatorio “a). Realizar la CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA MORELIA (CAQUETÁ)”.93
Ahora, sus señalamientos en cuanto a la “nómina” que el FSA-BCB pagaba a las estaciones de Policía de los municipios donde tuvo injerencia, y en concreto a la de Morelia donde laboraba, es circunstancia plenamente ratificada por sus ex militantes José Luis Loaiza Benavides94, Albeiro Antonio Ardila López, alias “Rambo” 95, a quien alias “Paquita” reconoce como patrullero del grupo armado, Nilson Valencia Reyes, alias “William”, y Jeferson Perea Mena, alias “Eduard” o “Serpiente” -según se destacó con antelación de las declaraciones rendidas por éstos-, último de los cuales aseguró específicamente que: “en Morelia se pagaba más porque era un sitio clave para Alias Paquita porque por ahí salía la mercancía osea la droga, coca y base” 96, y que: “a estos policías de Morelia (…) se conocían como los de la “M” o los paisanos o los primos” 97; resultando corroborado por el mismo Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, cuando relata que a mediados del 2002 entró a Morelia aproximadamente con cien hombres armados en persecución de miembros de la Sijin que al parecer pretendían capturar a su jefe alias “Monoteto”, reclamándole al comandante de la estación por no haber avisado de ese operativo, obviamente porque de antaño sostenían relaciones98, como lo refirió el testigo Benítez Zapata.
Asimismo, del análisis de los documentos encontrados en los computadores y demás evidencias incautadas en el allanamiento practicado en las oficinas o residencia de Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, surgen las anotaciones hechas sobre relaciones de gastos del FSA-BCB durante el año 2002, mencionándose, en lo que se denominó “polémica”, al municipio de Morelia, entre otros99; como también aparece en los listados de “POLEMICA DE EMPRESA” de los años 2001 y 2002 en los archivos incautados al ex militante de la misma organización armada ilegal alias “Xinco”100; siendo que al preguntársele a Jeferson Perea Mena por el significado de la expresión “polémica”, dijo: “puede ser unos gastos que no están reportados o alguien que aportó y no se acuerdan el nombre”, además de señalar precisamente a alias “Xinco” como el encargado de llevar esos registros así: “el que estaba encargado de las finanzas le pasa los datos al comandante DAVID, éste me las entregaba a mí (…) y yo se los pasaba a Xinko” 101; agregándose a ello que Walter Trujillo Palomino, otro ex combatiente de las autodefensas, manifestó al respecto: “Hay un muchacho con el alias de “Regimen” (…) Hay otro que se llama “Cinco”, tiene 1,70 de estatura (…) esos manes son los que cargan los computadores portátiles y ahí llevan las cuentas” 102.
Perea Mena también confirma las visitas que los policías hacían a la finca donde alias “Paquita” tenía asentamiento al decir: “ellos iban hasta el kilómetro 20 algunos que es una base donde permanecía “Paquita” vía Valparaíso” 103; sobre los radios que las mismas autodefensas entregaban a la policía de los municipios para comunicarse y que había conocido a Benítez Zapata, como éste lo indicó en su testimonio104, cuando refiere: “al único que la regalé un celular fue a un policía de Morelia que era auxiliar, era morenito, era bachiller, antioqueño, nos caímos bien. Todas las estaciones de Policía tenían radio de comunicación obsequiado por nosotros, con la frecuencia de nosotros”.105
Sus manifestaciones en el sentido de haber dado la información que dio lugar a la captura de miembros de la agrupación “La Cordillera” dedicada al narcotráfico en Risaralda, entre quienes se cita a alias “Niño Fabián”, a quien aseguró haber conocido como miembro del BCB en Morelia, está corroborado, de un lado, con lo que emerge de las copias de la investigación que adelanta la Fiscalía 15 Especializada Bacrim de Cali contra José Fabián Guzmán Patiño106, sobre los cuales dio cuenta de manera circunstanciada, en la que también se aprecia que en las actividades de esa banda criminal intervienen miembros del BCB como “Macaco”, “Don Leo” y “Paquita”, quien adujo que Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, comandante general del FSA-BCB, en alguna oportunidad estuvo en Morelia acompañado de un escolta con el alias “Niño Fabián”107, al cual también se refiere alias “Nico” como: “una persona que maneja un aparato de guerra en la zona del eje cafetero a órdenes de Macaco y Teto (…) maneja bandas al servicio del narcotráfico” 108; y, de otro, porque el mismo “Macaco”, jefe del BCB, reconoció que “Monoteto” había operado también en Risaralda109.
Benítez Zapata es otro testigo que afirma haber visto al procesado transportarse por los lugares que menciona en una camioneta verde, vehículo y color citado también por Esquivia Acosta, alias “Carepa”, y el intendente del esquema de seguridad del acusado Gabriel González Sánchez, coincidiendo todos con el dossier allegado del color del rodante utilizado en la época por ALMARIO ROJAS110; e igualmente adujo Benítez Zapata que el conductor del mismo en 2002 se llamaba “Jimmy”, según el dicho de algunos miembros del FSA-BCB, siendo que efectivamente durante dicho año Mosquera Lasso estuvo prestando sus servicios como conductor del enjuiciado, aún en Florencia, acorde con la prueba recopilada ya enunciada, lo cual desvanece las críticas defensivas, iteradas en la audiencia, sobre la descripción de quien manejaba el vehículo, hecha por el testigo.
Por otro lado, que alias “Paquita” niegue haberse reunido con ALMARIO ROJAS en aquella finca, tema sobre el que insiste la defensa, no le resta credibilidad a lo señalado por Benítez Zapata, pues aquel se ha preocupado por ocultar su vinculación estrecha con las actividades de narcotráfico como encargado de las finanzas en el FSA-BCB.
Lo anterior, por cuanto no puede ignorarse que en las reuniones en las que estuvo el acusado en la citada finca, según lo señalado por Benítez Zapata, se encontró con integrantes del grupo armado ilegal que se dedicaban a las dichas actividades, igualmente omitidas por alias “Paquita”, lo cual explicaría la presencia de alias “Don Leo” en las mismas, así para ese entonces no ejerciera sus oficios como integrante de la organización en el Caquetá, pues no debe olvidarse que el BCB operaba en diversas regiones de la geografía nacional desde donde acudía alias “Niño Fabián” con “Monoteto” a encuentros en ese sitio.
De otro lado, destaca la Sala, tanto el defensor como el propio acusado, efectuaron un análisis muy detallado de la abundante prueba documental obrante en la actuación, en procura de desvirtuar lo dicho por el Benítez Zapata sobre los contactos de ALMARIO ROJAS con miembros de las autodefensas del Caquetá en algunos inmuebles rurales cercanos a la localidad de Morelia de ese departamento.
A fin de dar respuesta a tal análisis documental y a los consecuentes cuestionamientos a la prueba testimonial, lo primero que relieva la Corte es que no pueden inferirse de las manifestaciones del testigo, datos exactos sobre las fechas en que éste dijo haber visto al acusado en encuentros con miembros de las autodefensas, tampoco que los mismos se hayan dado cada mes, como lo expone en su alegato el defensor.
Lo realmente acreditado es que las referencias efectuadas por Benítez Zapata sobre ALMARIO ROJAS, se remontan al lapso en el que se desempeñó como auxiliar de la policía en la estación de Morelia en el Caquetá durante prácticamente todo el año 2002, y que fueron tres o cuatro las veces que tuvo la oportunidad de ver al acusado, una en un retén cercano a la población referida cuando iba en compañía de su conductor, y las otras, en una finca de alias “paquita” que queda en la vía Morelia- Valparaiso, kilómetro 20.
Pues bien, la prueba allegada demuestra que en 2002 el enjuiciado estuvo en Florencia en las siguientes fechas: el 26 de enero; del 15 al 17 de febrero; del 4 al 10 de marzo; del 29 de agosto al 1 de septiembre; del 29 de noviembre al 1 de diciembre; del 6 al 8 de diciembre; del 13 al 16 de diciembre111.
Así las cosas, la conclusión que ofrece la defensa y el acusado es que del estudio de las minutas del DAS, y demás reportes allegados, se evidencia que el último solo estuvo en el casco urbano de Florencia y siempre custodiado. La Sala emprende entonces la tarea de examinar dicho material probatorio para verificar si es o no correcta la inferencia de los mencionados sujetos procesales.
En relación con la visita efectuada el 26 de enero de 2002 la Sala se abstendrá de efectuar alguna acotación o análisis a lo registrado sobre ella, dado que difícilmente serviría para cotejar si en tal data pudo ocurrir uno de los sucesos relatados por Benítez Zapata, atendiendo que según se constata él apenas acaba de llegar a la estación de policía de Morelia, por lo que en contexto con todo lo declarado, no fue en el primer mes de ese año que pudo darse el primer encuentro con el acusado, en el retén referido.
Ahora, de las anotaciones siguientes, se encuentra que ALMARIO ROJAS retornó a Florencia el 15 de febrero y que sobre el borde de las 5 de la tarde de esa fecha, fue recibido por el personal de seguridad del DAS en el aeropuerto y estos reportan que lo escoltaron por el perímetro urbano sin novedad y luego dejan constancia que lo dejan pernoctando en la Brigada XII, a las 10 y 20 p.m.
No obstante, lo llamativo es que al día siguiente, 16, se registra a las 7 y 28 a.m., que “el detective Agudelo se desplazó a la Brigada en busca del parlamentario Fernando Almario, el cual no se encontraba allí, el detective manifiesta que no los han recogido”112 (Resalta la Sala).
Esta Corporación destaca no solo dicha anotación, sino también la elocuente omisión de ella por parte del acusado dentro del exhaustivo y detalladísimo trabajo efectuado por él al exponer su alegato en la audiencia.
Ya con ello, empieza a quedar sin sustento la conclusión de la defensa, sobre que su representado siempre estuvo en el casco urbano de Florencia y custodiado, pues sus propios escoltas reportan desconocer su paradero dado que no se hallaba en el lugar que lo habían dejado la noche anterior.
Y, se insiste, resulta, por decir lo menos, curioso que en su disciplinado discurso, adobado con puntuales y pertinentes ayudas visuales que recreaban día por día los reportes de su esquema de seguridad, el señor ALMARIO ROJAS, hubiese registrado todas las demás anotaciones de esa fecha, excepto aquella de la que acabamos de dar cuenta.
Sobre el 17 de febrero, debe decirse que sí queda constancia que el acusado es recogido en la brigada en horas de la mañana, es escoltado dentro del perímetro urbano y que a las 5 y 40 p.m, lo dejan en el aeropuerto para que tome su vuelo a Bogota.
El siguiente desplazamiento a la capital caqueteña se da el 4 de marzo, con retorno a Bogotá el 10 del mismo mes. De dicho periplo se destaca lo siguiente: el día de arribo solo se anota que fue recogido a las 5 p.m. en el aeropuerto y dejado en la Brigada a las 7 p.m., “sin novedad”, no obstante se echa de menos constancia de que dentro de ese lapso hubiese estado únicamente en el perímetro urbano de Florencia.
Del 6 de marzo, se registran las siguientes anotaciones: a las 7 y 55 a.m. y a las 8 y 35 a.m., salen los detectives a prestarle seguridad al ya referido y a las 7 y 50 p.m., regresan aquellos a las instalaciones del DAS, indicando que ALMARIO ROJAS quedó en las instalaciones de la Brigada. Nada se dice sobre el sitio en que fue recogido, ni sobre los lugares de desplazamiento.
Pero lo llamativo es que, no obstante haber quedado el registro de que antes de las 8 p.m. lo debieron dejar en las instalaciones militares, al día siguiente, 7 de marzo de 2002, la primera anotación que existe es que a las 8 a.m., salen los detectives con destino “a la residencia” del citado, a fin de prestarle seguridad. Además, luego se apunta que al borde de las 8 p.m., regresan al DAS, luego de haberlo dejado en la Brigada. Es decir, tampoco aparece expresa constancia de los lugares de recorrido con el personaje custodiado.
El 8 de marzo, se indica que a las 7 y 45 a.m., se desplazan los servidores a prestarle protección a ALMARIO ROJAS, sin indicar a cuál sitio, y también se registra que a las 8 y 25 p.m. vuelven los escoltas a las instalaciones del DAS, precisando que el procesado quedó en la Brigada, Aquí se destaca igualmente que nada se dijo sobre los lugares de ubicación del protegido.
El día, 9, existen unas anotaciones que no permiten inferir con claridad qué hizo y dónde estuvo el ex congresista, veamos:
“07:45 A.M, salida de los detectives Robert Jaimes, John Jairo Olarte y Luis E Henao a prestar servicio de protección al Sr. FERNANDO ALMARIO”.
10:52 A.M, regreso de los detectives Robert Jaimes, Luis E Henao y John Jairo Olarte quienes manifiestan que se quedan fuera del servicio; que el PMI quedo en la brigada; si el necesita del servicio, este realiza una llamada telefónica a los escoltas, sin novedad.
11:30 A.M, salida de los detectives Luis E Henao, Robert Jaimes, John Jairo Olarte, a prestar servicio de protección a FERNANDO ALMARIO.
5:30 P.M, regreso de los detectives Robert Jaimes, John Jairo Olarte del servicio de escolta del señor FERNANDO ALMARIO” 113.
Como se indicó, en primer lugar, no se establece el sitio para el cual se dirigen los escoltas del DAS a prestar el servicio de protección a ALMARIO ROJAS, a las 7 y 45 a.m.; luego se anota que a las 10 y 52 a.m. dejan al protegido en la Brigada y se consigna que “si él necesita del servicio, éste realiza una llamada telefónica a los escoltas”, a las 11 y 30 a.m. se informa que los detectives salen a prestar el servicio (no se precisa a dónde) y a las 3 y 30 p.m. se reporta que estos regresan del servicio, sin señalarse en qué lugar quedó el protegido, ni qué pasó después de esa hora.
El 10 de marzo se anota que los escoltas salen a las 8 y 20 a.m. con el propósito de prestar la seguridad y registran, a las 3 y 6 p.m. que salen del servicio dejando al protegido descansando en las instalaciones militares aludidas, y por último, registran, a las 5 y 37 p.m. que dejaron al protegido “desplazándose en un avión a la ciudad de Bogotá”.
Nótese que no aparecen datos sobre el lugar donde recogen al protegido a primera hora, ni sobre lugares de desplazamiento entre las 8 y 20 a.m. y las 3 y 6 p.m., ni tampoco qué hizo en el lapso transcurrido entre la última hora citada y la del reporte cuando los dejan en el aeropuerto (5 y 37 p.m.) pues no se indica en cuál sitio fue recogido para desplazarse hasta el aeropuerto.
El tercer viaje a Florencia en 2002, se da el 29 de agosto y su permanencia allí se extiende al primero de septiembre. De los reportes documentados se destaca que el 30 de agosto únicamente aparece registrado que a las 7 y 15 p.m. regresa el detective Henao y que “termina el servicio de protección del señor FERNANDO ALMARIO quedando en la Brigada”. No existe ninguna anotación sobre los lugares de desplazamiento ni las actividades realizadas por el protegido.
Similares vacíos se presentan en amplios lapsos para los días 31 de agosto y primero de septiembre de 2002, fecha ultima en la que retorna a Bogotá a las 5 y 35 p.m.
En los viajes siguientes de 2002 (del 29 de noviembre al 1 de diciembre; del 6 al 8 y del 13 al 16 de diciembre) también se destacan diversos y extensos interregnos, sin constatarse lugares de desplazamiento, ni actividades.
Con el propósito de corroborar que el ex congresista no pudo salir del casco urbano de Florencia, durante el año 2002, la defensa trae a colación las declaraciones de los detectives Cesar Ardila, William Cardona y Luis Enrique Henao, no obstante la Sala advierte que en las anotaciones de las minutas del DAS utilizadas por el propio acusado en su alegato no aparece constancia que los acabados de nombrar hubieran cumplido su función de escoltas en algunas de las fechas correspondientes a las visitas del protegido al departamento del Caquetá.
Por ejemplo, los días 15 y 16 de febrero, solo aparece registro de los detectives Alberto Agudelo, Yesid Vega y Ever Vergara, siendo el primero quien precisamente, deja la constancia ya reseñada, referida a que el 16 a primera hora, no encontraron a ALMARIO ROJAS en la Brigada.
Bajo tales parámetros, para la Corte el testimonio de Benítez Zapata queda incólume en cuanto al tema materia de investigación se refiere, pues además de haber sido corroborada gran parte de la información suministrada sobre sus actividades y contactos con la agrupación armada ilegal, los puntuales señalamientos contra ALMARIO ROJAS, no fueron debidamente desvirtuados.
6.4.2.3.- Otros testimonios que involucran al procesado con las autodefensas que operaron en el departamento del Caquetá son los de Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita” y José Germán Sena Pico, alias “Nico”, pues el primero, dice:
“Chiqui lo que era, era un comprador de cocaína autorizado por la empresa (…) el apoyo que se le da, explicado en la versión de justicia y paz al candidato Claros (…) el respaldo que requería “120” sobre dicho acuerdo que había hecho con el doctor Claros, entonces en síntesis él pregunta (…) qué garantías tengo sobre el acuerdo que habían hecho en el tema del apoyo de él hacia el doctor Claros, entonces dicen (…) yo cuento con el respaldo del señor ALMARIO, si quieren concertó una cita con él, es lo dicho por Asdrubal con los coordinadores que le estaban haciendo el enlace con el doctor Claros (…) le dicen yo le busco una reunión con el señor ALMARIO para que él muestre (…) y que el señor ALMARIO tuviera las garantías también de que realmente iba a ser apoyado Juan Carlos Claros, es donde viene y se da la famosa reunión con alias Chiqui, le reitero alias Chiqui no hacía parte de la organización, ya Chiqui regresa a la zona y explica los alcances de tal reunión, de que efectivamente lo que se quería era que el señor Claros sintiera que ya en el grupo venía respaldado o el grupo sabía que era respaldado no solamente por el dicho de él sino por el dicho del señor ALMARIO, que era supuestamente el padrino político de él y que él también necesitaba, el señor ALMARIO, supiera que iba a contar con el respaldo de las autodefensas, es donde se da tal reunión, según lo manifestado por alias (…) Chiqui a Peruano (…) Peruano me comenta a mi (…) me comenta que ya había el respaldo (…) ellos antes me insistían mucho de que si aportábamos económicamente y hacíamos una inversión, hablo de Claros (…) yo le decía (…) eso no, eso ellos que nos den antes que nosotros dar (…) comando 28 -el patrón- (…) nosotros estábamos económicamente mal (…) es más, con el respeto de los políticos, hay no había seguridad de nada (…) qué garantía tenemos con ellos, no tenemos ninguna garantía (…) yo le dije a Asdrubal vea yo le regalo el carro (…) él me dice no es que ya él nos va a sacar una cita, o sea Claros con el doctor ALMARIO para que haya seguridad tanto para él, que ya su jefe político supiera, y tanto para el grupo de saber que no solamente estaba en cabeza de él sino de una cabeza política del departamento (…) es ratificado por Nico (…) inicialmente Claros viene para el año 2002, viene habla con David y expone eso para la campaña a futuro de 2003 ya empezar en firme, David no le (…) para bolas, va y le dice al patrón, el patrón manifiesta lo mismo (…) para cuando ya llega Peruano lo abordan a él como comandante de Frente (…) ingresan diciendo que lo van a matar -a Juan Carlos Claros- (…) que si es cierto que es objetivo militar (…) en la segunda reunión que se da como a mediados de junio (…) pero él a esa reunión no viene, manda emisarios (…) manda razón (…) ahí venía un muchacho Juan Carlos Gutiérrez (…) él era como ese enlace y Chiqui, ellos vienen a buscar esa reunión con él (…) me llaman a mí con posterioridad y me dicen vea necesitamos este apoyo, yo digo que plata no hay (…) el patrón con la insistencia de “Peruano” me dice a mi marica (sic) mire a ver coja a alguien allá de plata, algún traqueto de esos que le pagan a usted impuesto y presiónelo para que él apoye, a nosotros nos sirve que haya un candidato o un gobernador de nuestro lado (…) apóyelo (…) entonces yo voy y le ordenó a Chiqui, vea viejo a Usted lo tengo trabajando ahí como comprador, aporte, él le da 50 millones como cosa de él pero por una orden de nosotros y en la cuestión de nosotros yo le doy un carro blindado y lo mando comprar y se lo hago llegar con alias Chiqui (…) dentro de esa reunión Peruano se enamora de ese proyecto económico y entonces dice bueno si yo invierto tanto cuanto me dan, que no que le vamos a dar esto, le vamos a dar esto (…) y me dice vea metamos, yo le digo no yo no tengo plata pa’ meter, a mí no me gusta eso y el patrón (…) después me dijo (…) que es cuando entra a jugar el señor ALMARIO (…) que como garantía está este señor, me lo van a sacar a una reunión (…) es donde deciden que quien vaya hablar con el señor ALMARIO sea alias Chiqui (…) yo tengo que contar lo que supe” 114.
Información que es corroborada por José Germán Sena Pico, en los siguientes términos:
“Para el periodo primer semestre del año 2003 tuvimos un acercamiento con algunos aspirantes a la alcaldía y especialmente con el señor Arnoldo Barrera, y posterior a esa reunión se dio una reunión con el señor gobernador electo del Caquetá para esa fecha, el doctor Juan Carlos Claros Pinzón (…) en la organización había un muchacho que le decían Chiqui, este manejaba directamente la parte de narcotráfico en los municipios de Milán (…) Valparaíso y Solita (…) era de la ciudad de Florencia porque ya fue asesinado y era como un relacionista público para nosotros, puesto que por lo menos a veces no tenía uno personal que pudiera manejar esa parte del departamento; había una información que mandó el señor Juan Carlos Claros en una reunión que sostuvo en Cofema con alias Chiqui, y que por lo menos así como se estaba dando esa colaboración a la capacidad votante del alcalde de Florencia, que por lo menos él estaba muy inquietado para que se diera eso al candidato a la gobernación, esa es la información con Chiqui que nos llega a la reunión a nosotros porque por lo menos Chiqui tenía que ver con nosotros (…) la posición que trae para que le colaboremos a Juan Carlos Claros, pero Peruano dice que por lo menos hayan unas directrices con relación a eso a raíz de que siempre se domina un patrón político en la zona, en esa mención por lo menos automáticamente el patrón político que se manejaba era el señor Almario (…) en base a eso por lo menos lo que le dice Peruano A Chiqui es que no hay ningún problema, pero por lo menos que se afiance a alguien por lo menos que se sienta una posición del patrón político, de la persona que esté apadrinando a Juan Carlos Claros, en ese momento el que está apadrinando a Juan Carlos Claros era el señor ALMARIO aquí presente, y de acuerdo a eso (…) empezamos, en contrariedad mía porque yo (…) por lo menos quería apoyar al señor Luis Fernando Cuéllar, era mi posición, pero Peruano me dio la orden que no era él, que ya tenía unos contactos y que íbamos a apoyar al señor Juan Carlos Claros Pinzón, como efectivamente se dio toda la colaboración de parte de nosotros en la capacidad electoral en el departamento, de igual forma antes de eso (…) Peruano le dice a Chiqui que se reúna con el doctor ALMARIO y lo que nos dijo en el rendimiento de la reunión el alias Chiqui es que se había reunido en Bogotá con el señor ALMARIO y con Juan Carlos Claros, esa es la información que él nos trae a nosotros, y en base eso por lo menos empezamos nosotros una estrategia de poder maniobrar que esas masas todas se volcaran a favor del señor Juan Claros Pinzón en todos los municipios del sur del departamento” 115. (Resalta la Sala).
Es decir, los dos ex militantes del FSA-BCB coinciden en afirmar que esa organización aportó recursos, con participación activa de sus comandantes “Peruano” y “Paquita” dando órdenes en relación con ello, y apoyó la campaña de Claros Pinzón a la Gobernación del Caquetá en 2003, sobre lo cual tuvo conocimiento, aprobación e injerencia el aquí procesado por ser el “padrino político” del candidato y cabeza visible de su grupo en la región, a quien se le requirió y obtuvo su compromiso a través de una reunión celebrada con una persona cercana a la organización, alias “Chiqui”, quien les comunicó que esta se efectuó, al punto que hasta invirtió en ello, por mandato de alias “Paquita”, además de hacerlo también el comandante del Frente alias “Peruano”, “Asdrubal” o “120”.
Pues bien, para establecer quién era alias “Chiqui” se cuenta con lo referido por Mateus Morales, alias “Paquita”, quien pese a señalar que no hacía parte de la organización y que solamente fue un comprador de cocaína autorizado por el FSA-BCB en el Caquetá, recibía órdenes suyas, según su propio dicho116, y en la declaración que rindió ante la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta contra Juan Carlos Claros Pinzón, señaló que “Chiqui” había sido presentado por el jefe de las ACCU, alias “José María” cuando entregó la zona al FSA-BCB, como una persona de confianza para comprar droga, realizar monitoreo y generar confianza hacia el Frente, que desde entonces reportaba la situación de los municipios donde estaba, el dinero que llegaba, la mercancía que entregaba al comprador a fin de controlar que no se evadiera el impuesto y que mantenía una comunicación fluida con quien estuviera, porque “tenía que estar pendiente ya fuera recibiendo plata o ya fuera trayendo la mercancía a la entrega de la persona, a reportar la actividad” 117.
Lo anterior concuerda con lo manifestado por Sena Pico, alias “Nico” cuando señala que “Chiqui” recibía órdenes de alias “Peruano” y que: “era una persona de confianza de alias paquita, que manejaba el narcotráfico de la mano de paquita y era el responsable de Valparaíso y solita, alias Chiqui trabajaba de la mano con alias Buenavida que era otra persona que trabajó con alias paquita que no se relaciona en el orden de batalla, aparte del manejo del narcotráfico era el encargado de los contactos con autoridades como Arnoldo Barrera y con el señor gobernador Juan Carlos Claros, él tuvo el manejo de narcotráfico hasta que estuvo alias “leo” de comandante, él era una persona bajita 1.60 estatura, 65 a 70 kl, blanco de cabello lacio, cara fileña, hablaba con cierta dificultad, permanecía en la vereda fuente hermosa donde el barbado, era reconocido para las autoridades del Caquetá porque tenía amistades con la policía y el ejército, Chiqui manejaba carros con caletas de la mano con compadre y comadre (…) tenía como 40 años y manejaba una jerga de personas del común de la zona del Caquetá”118; y también al decir que: “alias Chiqui estuvo vinculado con la organización en el grupo del narcotráfico específicamente en los municipios de Valparaíso y Solita en los años 2001 a 2004 y servía como puente para hablar con funcionarios políticos del departamento del Caquetá”119. Razón por la cual lo ubica dentro del organigrama de narcotráfico del FSA-BCB que él mismo elaboró del 2001 hasta el 2005120.
Su manifestación en el sentido de haber estado fuera del Caquetá del 25 de abril al 22 de junio de 2003, tema que nuevamente relieva el defensor en su alegato de audiencia, en nada afecta lo que adujo en relación al nexo del procesado con miembros del FSA-BCB.
Jefferson Perea Mena alias “Eduard” o “Serpiente” también se refiere al mencionado personaje en los siguientes términos: “alias Regina que también está detenido, él manejaba el narcotráfico y le servía como testaferro a Paquita (…) alias Chiqui muy amigo de Regina, él también estaba con el narcotráfico (…) también andaba enfusilado, compró como diez fusiles para unos (…) que eran para la seguridad de él” 121; mientras que Martín Alonso Hoyos Gutiérrez, otro ex militante del grupo armado ilegal, dice que era un “traqueto” encargado por alias “Paquita” para comprar coca junto a alias “Regina”, quienes tenían a su servicio otras personas; rol que igualmente le imputa el Benítez Zapata: “Chiqui era la persona encargada del polvo, lo que se llama coca, base”, junto a alias “Regina”122.
De igual manera, Everardo Bolaños Galindo, ex comnadante militar del FSA, en su declaración rendida en la vista pública, sostuvo sobre alias “Chiqui”, “él era un allegado, pues como a la parte de finanzas, según tengo entendido, manejaba platas de dineros del narcotráfico, y se encargaba de la recolección de la base de coca” 123.
De donde emerge claramente que la vinculación de alias “Chiqui” con las autodefensas antecedía a la llegada del FSA-BCB al Caquetá, con el cual fluyó al punto de cumplir roles diferentes al tema del narcotráfico en el cual se desenvolvía cotidianamente, en vista de la consolidación de la confianza generada entre los mismos, además de que dentro de las evidencias encontradas a alias “Xinco”, se halló un documento que advierte que alias “Chiqui” fue jefe de finanzas del grupo armado124, lo cual permite brindar credibilidad a quienes lo ubican desarrollando acercamientos entre el grupo armado ilegal y miembros de la política del Caquetá, amén de que quienes ello afirman lo hicieron de forma separada, circunstanciada y coincidente, siendo corroborados en cuanto a la época en que desarrolló su actividad, los lugares que frecuentaba y los personajes con quienes se interrelacionó, tornándose irrelevante la tesis defensiva de que no era integrante de la citada organización.
Además, la otra persona que se cita como involucrada en el tema del acuerdo entre el FSA-BCB y el entonces candidato a la Gobernación, Claros Pinzón, previas al proceso electoral de 2003, el cual estaría avalado por el procesado, es el señor Juan Carlos Gutiérrez Mora o “Juancho Gutiérrez”, cuñado del candidato, quien conforme con la prueba era colaborador del FSA-BCB, en lo relacionado con el suministro de armas, salvoconductos, vehículos, etc., como lo presentan Mateus Morales125, Valencia Reyes126, Mosquera Hernández, Johana Andrea Muñoz Ortiz127, Hoyos Gutiérrez,128 no obstante la Fiscalía haya precluido a su favor la investigación que adelantaba en su contra, quienes además confirman las reuniones de Claros Pinzón con el ex comandante “David” del FSA-BCB antes del 2003.
Evidente entonces que los dos intervinientes citados por los testigos Mateus Morales y Sena Pico como partícipes de las reuniones suscitadas con el FSA-BCB para lograr el apoyo de la campaña electoral de Claros Pinzón a la Gobernación del Caquetá en 2003, mediando el compromiso del procesado, tenían estrecha relación o eran parte de la organización de vieja data como algunos declarantes lo destacan.
La jefatura del grupo armado para la época del episodio rememorado por aquellos en cabeza de alias “Peruano”, es otra circunstancia que avala la prueba recaudada.
Ahora, se advierte por los aludidos testigos que para colaborar en la mencionada campaña fue alias “Peruano” o “Asdrubal” quien exigió como garantía el aval del “patrón político” del candidato Claros Pinzón, el cual lo ofreció; siendo lo cierto que ALMARIO ROJAS era en la época el director del Movimiento de Participación Popular por el cual aquél ganó las elecciones a la Gobernación del Caquetá en los comicios del 26 de octubre de 2003, admitiendo el procesado en su injurada haberlo apoyado.
La defensa, en su momento, controvirtió que se haya celebrado reunión alguna entre alias “Chiqui”, Claros Pinzón y el acusado, porque según la versión del 26 de junio de 2008 rendida por Sena Pico, para terminar de consolidar el acuerdo se reunieron en Bogotá solamente los dos primeros129.
Sin embargo, en su declaración rendida ante esta Sala, precisó: “Peruano le dice a Chiqui que se reúna con el doctor ALMARIO y lo que nos dijo en el rendimiento de la reunión el alias Chiqui es que se había reunido en Bogotá con el señor ALMARIO y con Juan Carlos Claros, esa es la información que él nos trae a nosotros, y en base eso por lo menos empezamos nosotros una estrategia de poder maniobrar que esas masas todas se volcaran a favor del señor Juan Claros Pinzón en todos los municipios del sur del departamento” 130.
Confirmando así lo que había advertido en la entrevista previamente rendida ante la Fiscalía de Justicia y Paz:
“En lo referente a la campaña de gobernación de Juan Carlos Claros, Chiqui manifestó que se había reunido con Juan Carlos en Cofema, en esta misma fecha –mayo de 2003- y que (…) Juan Carlos Claros le había manifestado que necesitaba del apoyo de las AUC, para contribuir a su elección y que pedía tratáramos este tema para viabilizar este contexto y que esta comunicación tenía conocimiento FERNANDO ALMARIO, que era su padrino político. Posteriormente a esta charla que se efectuó entre Chiqui y Juan Carlos Claros, nos reunimos en la hacienda La Bonita Chiqui, Peruano y mi persona, en la cual se trataron los temas referentes a charlas que había tenido Chiqui con Juan Carlos Claros, el cual Peruano ordenó lo siguiente: Primero que todo que Chiqui (sic) tuviera comunicación directa con FERNANDO ALMARIO para que se llegara a unos acuerdos serios para poder viabilizar con Juan Carlos Claros cualquier apoyo económico o de poder coincidir con toda la población de nuestra zona de influencia la imposición del voto hacia Juan Carlos Claros y constatamos por medio de Chiqui quince días más tarde en una reunión que efectivamente se había reunido en un apartamento con FERNANDO ALMARIO en Bogotá, el cual coincidió con Chiqui en que contáramos con su ayuda posterior a la elección del señor Juan Carlos Claros y que de esta se canalizaría básicamente en la canalización de licitaciones de contrato hacia personas allegadas designadas por Chiqui o Paquita. Chiqui nos manifestó en una reunión que él de plata suya había entregado veinte millones de pesos al aspirante Juan Carlos Claros y que de acuerdo a las reuniones internas que se hacían en el frente se acordó que este dinero fuera asumido por el frente como tal, para que en un cuadre de cuentas los dineros que él había entregado al aspirante Claros se le pusieran por medio del impuesto del narcotráfico” 131. (Negrilla de la Corte).
Resultando lo anterior compaginado íntegramente con lo resaltado al respecto por Mateus Morales que ya fue registrado.
Con ello, para la Sala ninguna contradicción emerge entre lo manifestado por uno y otro testigo, pues ambos al unísono acreditan que alias “Chiqui” se reunió con el procesado para los fines atrás referidos y que dio cuenta de ello al jefe del FSA-BCB.
Las críticas que la defensa material y técnica reiteradamente ha venido haciendo por los cambios de posición de Sena Pico, quien había negado que él o la organización hubieran ejercido presión electoral a favor de algún candidato o infiltrado instituciones para el manejo de la contratación pública, como también lo dijo Bolaños Galindo en la versión rendida el 13 de abril de 2010, para luego señalar que sí lo había hecho; encuentran explicación al reparar en las amenazas que delató se le hicieron por ex comandantes del FSA-BCB que habían decidido silenciar la verdad, sobre lo cual se dijo en la decisión mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento lo siguiente:
“(…) José Germán Sena Pico alias “Nico”, desde cuando rindió entrevista previa a sus versiones ante justicia y paz, como ya se dijo, informó las relaciones del “FSA” con políticos, citando entre otros al sindicado132, además de haber denunciado amenazas que recibió de sus ex compañeros de militancia alias “Monoteto” “Paquita”, “Don Leo”, “Puntillo” y “Popis” para abstenerse de contar la verdad en sus versiones, sobre lo cual había sido “cohibido” por su defensor en las sesiones rendidas los días 18, 19 y 20 de febrero de 2008133, motivo por el cual en la sesión del 26 de junio de ese mismo año insistió en que los hechos en los cuales estaban involucrados Juan Carlos Claros Pinzón y Luis Fernando Almario Rojas habían tenido ocurrencia, como luego lo confirmó alias “Paquita”.
Como emerge, fue después de tres años de haber comenzado a rendir versiones en justicia y paz que ante esta Sala alias “Paquita” resolvió dar a conocer algunos sucesos que comprometen la responsabilidad del procesado en los hechos que se investigan, desde luego valorado en conjunto con otros medios de prueba que no siempre corroboran todos sus dichos, motivo por el cual tanto sus declaraciones, como las demás pruebas allegadas, deben valorarse bajo el tamiz de la sana crítica no obstante la suspicacia que pueda surgir ante muchas de sus afirmaciones -como por ejemplo en lo que se refiere a alias “Chiqui”, como ya se dijo, y otras circunstancias que serán ventiladas en su oportunidad-.”
Siendo que hasta ahora ninguna prueba ha surgido que amerite variar dicho análisis, así como tampoco es de recibo la última crítica esbozada por el defensor en su alegato, en la que cuestiona el aludido examen de la Sala, aduciendo que las amenazas recibidas, en su momento, por alias “Nico”, se produjeron por el conocimiento de las rutas y no por el señalamiento a políticos de la región. Al respecto, debe replicársele al censor que en una de sus declaraciones Sena Pico, sí expresó que había sido presionado por alias “paquita” en la que le transmitía una instrucción de alias “Macaco”, para no hablar de políticos:
“en octubre de 2007 me llamó paquita por orden de macaco que subiera a Medellín para tratar los temas que tienen que ver con versiones libres y yo le respondí que ya todo estaba cuadrado porque macaco se había reunido conmigo y había determinado que no íbamos a tocar a ningún político que haya estado en las zonas de injerencia, paquita me dijo vamos a vincular a Pablo Adriano y Luis Cuellar por vínculos que tuvo (sic) con nosotros, y yo le dije, que yo sepa quien recibió plata de nosotros fue Juan Carlos Claros y eso fue el 18 de octubre de 2007 ahí termino la conversación con paquita” 134.
De otro lado, el que algunos de los declarantes, como alias “Nico”, no le atribuyan comandancia a alias “Chiqui”, o incluso militancia directa, dentro del FSA, no controvierte la confianza que en él depositaron algunos de sus dirigentes, pues lo que se halla debidamente acreditado es su fundamental relación funcional con dicha agrupación en unos de los temas claves para su andamiaje, como lo es la financiación con recursos del narcotráfico y las relaciones con autoridades. Tal situación torna igualmente débil el argumento referido a que debió haberse delegado a un comandante, y no al citado, para efectuar el contacto.
Tampoco sirve de soporte el argumento expuesto por la defensa, para referir la imposibilidad de que hubiera acaecido el encuentro de su asistido con alias “Chiqui”, y el aspirante a la Gobernación Claros Pinzón, consistente en rememorar las extremas medidas de seguridad que tenía el primero, pues baste con recordar que la reunión, según se informó, se celebró en esta ciudad, y no en Florencia, que es el lugar sobre el que la defensa se ha encargado de acopiar abundante documentación que refleja que estuvo acompañado de personal de seguridad y protección.
Y, como se dejó ventilado, en la providencia calificatoria, no porque en algunos municipios de influencia de la referida agrupación ilegal, no se hubieran obtenido resultados electorales satisfactorios por parte de la agrupación política que coordinaba el acusado, ello desconoce la abundante y sólida prueba que permite inferir que los contactos de ALMARIO ROJAS con el FSA-BCB sí se presentaron, lo mismo que la colaboración mutua.
Ahora, los mismos Mateus Morales y Sena Pico revelan otro hecho comprometedor de la relación del enjuiciado con miembros de la citada agrupación ilegal, lo acontecido con la señora Francy Helena Díaz, ex alcaldesa del municipio de Milán. Dijo Sena Pico:
“para el año 2005 se produce un problema con la aspirante a la alcaldía de Milán, la señora Francy Helena (…) por un bombardeo que existió (…) yo bloquié el río Orteguaza y toda la votación del municipio de Milán (…) creo que fueron unas elecciones atípicas (…) digo que esa vieja, di mi palabra que esa vieja me daba papayaso y la voy a matar (…) y hubo un muchacho de Juan Carlos Monje y le dice a esa señora que yo iba a mandar un muchacho a Milán para matarla (…) me llama el Cantante que era el comandante de la zona (…) lo que me dice (…) es que iba a mandar a Juan Carlos Monje a hablar con el señor ALMARIO porque la señora aspirante a la alcaldía buscó como padrino al señor ALMARIO para tratar de acercarse a nosotros (…) entonces en base a eso Juan Carlos Monje supuestamente le dice al Cantante que él se reúne con el señor ALMARIO y que la labor era para avisar de que a esa señora no le fueran a hacer nada y que él afianzaba cualquier posición en lo que tuviera que ver con Francy Helena (…) en base a eso es que el Cantante me dice que todo lo que tenga que ver con la señora aspirante a la alcaldía (…) que por lo menos Juan Carlos Monje tenía comunicación con el señor ALMARIO por esa razón y que en base a eso todos los contactos se hacían por intermedio de Edwar o con juan Carlos Monje, entonces Juan Carlos Monje era el hermano de sangre de Edwar Monje que era secretario de la gobernación (…) de Juan Carlos Claros Pinzón” 135.
Mientras que Mateus Morales, comenta al respecto: “para inicios del año 2005, que la señora creo que fue citada por alias Nico quien fungía como político, que se presentara a la zona, esta señora estaba haciendo unas reuniones creo que era en Milán y no se quiso presentar, lo que pasó fue que tiraron un operativo por parte de la fuerza pública hacia los que estaban haciendo el retén no dejando pasar gente a la reunión, Nico la declara objetivo militar y esta señora hace sus contactos y según lo dicho por el propio Nico quien manifiesta que a él la halaron mucho las orejas porque iba a matar a esa señora, entonces lo llaman que el señor ALMARIO contacta a Uriel Henao para que le colaborara con esta señora que era la candidata o alcalde (…) de Milán para que tratara de arreglarle la situación, entonces Uriel Henao llama a Nico y le dice que deje quieta a señora, que no le vaya a hacer nada teniendo en cuenta que ya el sr ALMARIO lo contactó por intermedio de Juan Carlos Monje (…) eso me lo cuenta alias Veneno un patrullero (…) Nico me comenta” 136.
Y si bien es cierto, como lo argumenta la defensa, el comando del Batallón Juanambú expidió certificación según la cual esa unidad militar no realizó ningún operativo en la fecha señalada por Sena Pico, además de que la señora Díaz Quintero negó rotundamente cualquier encuentro o reunión con miembros del FSA o haber buscado al acusado para que intercediera por ella, del proceso emerge ser cierto que el testigo operaba en la zona en aquél entonces; que la citada fue candidata a la alcaldía de Milán en 2005 por el Movimiento de Participación Popular137 y la militancia de alias “Veneno” en el FSA-BCB en la época, de acuerdo con la versión rendida por alias “Solita”138.
Ahora, la información brindada por el batallón Juanambú no descarta, per se, el bombardeo señalado sino que se limita a decir que ese batallón no lo ejecutó y, en cuanto a lo declarado por la citada señora, dado lo comprometedor que le resultaba admitir lo referido, no solamente para sí misma, sino para quien fue su jefe político en la gesta electoral citada ya que militaban en el mismo movimiento, quedan dudas acerca de su veracidad.
Adicionalmente, han quedado acreditados con copiosa prueba, los vínculos de Juan Carlos Monje con la referida estructura criminal, y el lazo sanguíneo con Jhon Edward, de quien también se halla probado que hizo parte de la unidad legislativa de ALMARIO ROJAS, como lo expusieron tanto el padre de aquel en audiencia pública,139 como el ex gobernador Claros Pinzón, y, además, ocupó un cargo en el gabinete de este último, aspecto igualmente aceptado por dicho mandatario140.
6.4.2.4.- Carlos Monroy Durán, alias “el Gato” o “el Zarco”, y Albeiro Antonio Ardila López, alias “Rambo”, también relacionan al procesado con el “FSA-BCB”, el primero, por ejemplo, señala:
“Los hechos que yo conozco que relacionan al doctor FERNANDO ALMARIO es que cuando yo paso a trabajar con Juan Carlos Monje que estaba en la seguridad de él, él nos informó que teníamos que estar pendientes porque iba a ir pues un político del Caquetá a hablar con ellos (…) eso fue en el 2005 (…) no recuerdo la fecha, eso fue como a mediados del 2005, como en julio o agosto (…) no recuerdo la verdad (…) que iba a ir un político pues que a hablar con ellos (…) que iba a ir el Cantante, Juan Carlos y Coronel (…) Nicolás Gómez Rodríguez, no sé si es el nombre de él o era otro alias (…) Coronel era un hombre de las autodefensas, inclusive cuando nos desmovilizamos él se hizo cargo de entregar la estructura militar (…) lo que escuché, no puedo decirle es verdad, es mentira (…) que pa’ firmar un acuerdo que lo iban a denominar el pescao, una vaina así, la bocana del pescao (…) el acuerdo del pescao, dijo Juan Carlos (…) yo ya conocía al doctor FERNANDO ALMARIO, ahí fue cuando el doctor FERNANDO ALMARIO llegó (…) a la bocana del pescao, allá a la finca La Gringa (…) él llego con un muchacho que le hacía campaña a él, no sé si es el nombre porque tengo como dos nombres que lo mencionaron, Arturo y (…) la otra chapa o no sé, es Wilkey, que después me di cuenta que es de apellido Villegas (…) en una chalupa, en un yate, un deslizador (…) por el río Orteguaza (…) el que baja por Milán creo que es (…) ahí llegó otra persona pero no recuerdo, un hombre, no recuerdo el nombre (…) eso fue por la mañana como a medio día, antes del medio día (…) ahí llegaron (sic) otra gente doctor, (…) ese deslizador tenía capacidad para 8 personas, y ese día llegó con el cupo (…) ahí en la finca La Gringa hay, no es un puerto, es como un llegaderito ahí, como una forma de playita (…) era lo más hondo, donde se podía descargar la gente (…) a mediados del 2005 yo creo que era (…) yo estaba ubicado en este lado de seguridad, queda el llegadero y ahí hay como un morrito (…) es donde yo me ubico (…) estaba más o menos a unos 15 metros (…) descubierto (…) estaba solo en ese momento, sí había más seguridad por los lados (…) para la casa, ahí para la finca La Gringa (…) eso es cortico, más o menos unos 100 metros (…) allá estaba JK, estaba Coronel y estaba el Cantante (…) ahí se reunió lo que fue Coronel, JK, y Cantante, pues yo estaba de seguridad (…) no entré a la reunión de ellos, no sé qué acordaron (…) se reunieron con el doctor ALMARIO y las otras personas que llegaron (…) no sé el tema que hayan cuadrado, que hayan hablado (…) aproximadamente como una hora, hora y puchito, no fue mucho tampoco (…) de ahí salieron se despidieron y se fueron (…) en la misma chalupa los sacaron (…) pues como yo estaba trabajando con JK pues el hombre me tenía confianza a mí, pues me dijo que habían llegado a un acuerdo (…) con el doctor ALMARIO (…) él me dijo a mí, a Onzo, que era como (…) más allegado a él (…) que habían acordado que el doctor FERNANDO ALMARIO los iba como a financiar (…) que les había dicho, pues como JK estaba recién armándose una estructura, una compañía estaba armando, entonces pues que él dijo ahorita si se va a poner bueno porque con él si podemos trabajar, él nos va como a financiar (…) no sé si será verdad o será mentiras (…) concretamente no nos dijo, pero dijo que como que le iba a aportar platica para financiar la gente que él estaba poniendo (…) no dio una cuantía exacta (…) la verdad fue como esa única vez que yo miré que él llegó allá, el doctor LUIS FERNANDO ALMARIO, (…) porque yo a él ya lo distinguía hace mucho tiempo atrás (…) incluso era de bigote, se lo ha quitado (…) en la chalupa me acuerdo que llegó el comandante de la base militar de Valparaíso el coronel Barbosa y el sargento segundo de la inteligencia del 2, Fredy, Fredy tenía buena amistad con el comando JK, o sea él le suministraba material de intendencia a JK, como también el coronel Barbosa le suministraba material de guerra al comando JK” 141.
Presencia del enjuiciado en la finca “La Gringa” que también es evocada por el segundo testigo atrás referenciado, Ardila López, alias “Rambo”, quien puso de presente la ocurrencia de dos reuniones allí, la primera, en agosto o septiembre de 2004 y, la segunda, en junio o julio de 2005, lo que significa que el testigo ubica en el tiempo las mismas y asegura para entonces estaba al servicio de alias “el Cantante”, quien concurrió a las mismas en la finca “La Gringa” donde estaba Juan Carlos Monje alias “JK” y hasta donde vio llegar al procesado, de quien se limita a decir que estaba más delgado de lo que lo percibió en esa diligencia y que tenía “bozo”, el cual reconoce el acusado haber usado.
A continuación se transcriben algunas de las manifestaciones dadas por el testigo:
“(…) el coronel Barbosa le prestaba gente al Cantante, le prestaba soldados, porque habían convenios para prestar seguridad al señor Juan Carlos Monje… Rubiño era hermano de Nico, entonces nos decía a nosotros, Cantante, oiga Rubiño cuádreme la seguridad mía, que voy a tener una reunión, que era fuera que habían políticos, que allá mandaban ellos, entonces decía cantante a Rubiño que le alistara la seguridad y nos llamaba a todos: “Rambo hágale al trote (…) y llegamos allá” (…) que iba a ir era el señor FERNANDO ALMARIO, ahí (…) que eso era en la finca la Gringa, que FERNANDO ALMARIO iba para esa finca (…) a finales de 2004 como (…) no tenía fecha exacta (…) agosto o septiembre más o menos (…)
(…) salíamos de la finca del Hielo que quedaba por los lados de Florida, Valparaíso (…) de la Colinata pa (sic) dentro, al otro lado del Pescado (…) la que si quedaba cerquitica era la finca la Gringa al lado del río Pescado (…) salimos la seguridad y mandaron en dos chalupas, (…) unos veníamos por el río y otros por las Toratas que era una finca que le decíamos así (…) llegamos a la Finca La Gringa a prestar seguridad al señor Cantante, al señor JK (…) y entonces yo vi al señor Barbosa, al Coronel Barbosa y estaba este señor que le dicen Wikeber que le dicen Arturo, un señor que mantenía haciendo campaña a Nelcy Almario, la hermana de LUIS FERNANDO ALMARIO, hoy día está preso (…) pero no era nadie de la organización ni nada (…) pero no era ni del frente (…) y este señor FERNANDO ALMARIO (…) yo vi bajar una gente de la chalupa (…) yo vi a una distancia de 5 o 6 metros, decían ahí viene el señor ALMARIO me lo mostraban era alto él , más delgado, no así tan grueso (…) y con bozo, más delgado que el doctor aquí presente, tenía bigote, (…) ese señor se bajó de una chalupa y llegaron ahí para esa reunión, y entraban pa allá pa la finca (…) que llegaba (…) Álvaro Pacheco, que él llegaba a la finca la Bonita, allá le decían Pachequito, y allá se reunía con 120 (…) que llegaba este señor gobernador don Cuellar (…) después de eso en dos ocasiones 2005, pasó la misma cosa, ahí de la finca el hielo (…) volvíamos y nos reuníamos lo mismo que venía el señor FERNANDO ALMARIO a unas reuniones (…) había un señor que le decían Capirucho, que era un capitán del ejército… que también estuvo allá (…)
(…) ya en el 2006 me dijo el cucho que si quería trabajar con él ya que estaba desmovilizado y metido en ese proceso (…) entonces don Juan Carlos Monje, él se desmovilizó (…) y después que se desmovilizó fueron otros comandantes paramilitares y volvió y lo cogió (…) nos desmovilizamos el 14 de febrero de 2006 yo me desmovilicé ahí y entonces pasaron por ahí 15 días y estaba Juan Carlos Monje abajo y pues yo me puse a trabajar con ellos.
(…) en 2005 volvieron e hicieron la misma allá y ese día que bajamos ya nos bajaron todo la última vez que vinimos a la reunión de don FERNANDO ya bajaron en un lanchero grande que cabían 40 hombres ya bajamos en él porque ya venía la guerrilla (…) bajamos de la finca en una lancha grandotota bajamos ahí y arreglaron a todos y listo. Que venía ahí el doctor FERNANDO ALMARIO (…) si vi el mismo señor que era flaco alto, por ahí de 1.70 1.80 así más o menos (…) pero yo no puedo decir que yo hablé con el señor ni nada (…) en la de 2005 además de Cantante y ALMARIO, también vi al señor (inaudible) que lo reconozco donde sea, bajó también un sargento del ejército (…) la reunión fue en la finca la gringa (…)
La primera fue en agosto septiembre de 2004 (…) yo trabajé con Juan Carlos Monje (…) decían que el señor FERNANDO ALMARIO que ese frente era de él, un frente que él era el que lo financiaba y todo y que la plática de los que trabajaron con Juan Carlos Monje era un plata muy buena que eso si pagaban y como a nosotros llevaban como 10 meses sin pagarnos teníamos ganas de pasarnos pa allá pa donde Juan Carlos Monje, los tenían bien vestiditos buen camuflado (…) había un frente ahí que el señor FERNANDO ALMARIO lo estaba financiando (…) yo le escuché eso a uno que le decían el Gato si, pues por ahí se escuchaban rumores de todo, usted sabe que entre nosotros mismos nos comentados de todo (…) el Gato trabajaba con Monje.
(…) En esa época de 2003, se cambió una mercancía por 86 fusiles a 120, yo no sé qué tenía 120 con la ley (…) fuimos hasta San Martín y estaba el ejército y el coronel Barbosa nos entregó 86 fusiles, nos dieron la munición y entregamos coca yo fui con alias uno que le decíamos Brayan que él era el encargado de recibir esa vuelta, eso fue en 2003 pero no me acuerdo la fecha, 2 lanzagranadas y nosotros los recibimos, estaban esperándonos allá y nos encontramos con 120 en el puerto de panamá, lo pasamos pal otro lado donde estaba la gente (…)
(…) yo crei que FERNANDO ALMARIO era un duro de las AUC, pero cuando yo me di cuenta en 2006 que estaba haciendo campaña yo me dije este señor era el que estaba allá con Juan Carlos Monje… así más o menos lo que vi en el afiche si es el señor ALMARIO el que iba pa a Cámara, pero como no le paré muchas bolas cuando estaba allá porque no me interesaba (…)
(…) el negro Harlintont era el que hablaba mucho de él, Luis Cuellar, no sé qué vínculos tenían (…) de todos modos todo mundo tenía que colaborar con las autodefensas (…)
(…) lo único que he oído de usted nada más don FERNANDO es el nombre con la política nada más (…) lo oí nombrar” 142. (Resalta la Sala).
De lo narrado debe indicarse que las mencionadas fincas “el Hielo” y “la Gringa” han sido señaladas por ex militantes de las autodefensas como lugares donde tuvieron asentamientos, pues Sena Pico en versión libre ante justicia y paz adujo que en la primera era donde permanecía alias “el Cantante”143, mientras que Juan Carlos Monje lo hacía en la bocana del río Pescado al Orteguaza en una parcelación de la cual no recordaba el nombre144, cuya ubicación es acorde con la de la finca “la Gringa” y coincide con lo manifestado por Mateus Morales en su última declaración, y se pone a tono con lo declarado al respecto por Monroy Durán y Ardila López.
Ahora, los diferentes jefes de FSA-BCB referidos por éstos y la época en que ejercieron como tal, también es tema corroborado por Sena Pico al señalar que alias “Peruano” estuvo de abril de 2003 a mayo o junio de 2004145 cuando le entregó a alias “Leo”, quien designó a “Uriel Henao” o “el Cantante” como coordinador de las estructuras urbanas, acorde con el organigrama que presentó146, confirmando luego que éste último llegó en octubre o noviembre de 2004147 y que lo sustituyó de plano hasta enero de 2006; y en relación con Juan Carlos Monje o “JK” asegura: “A mediados del año 2004, llega Juan Carlos Monje, quien manejaba distantemente estas labores del narcotráfico y para el año 2005, se delegó por zonas, o sea alias 21 en una zona y alias Juan Carlos Monje en la otra, hasta la fecha de desmovilización (…) Esa distribución la determinó alias Cantante y alias Leo, porque Juan Carlos Monje le inyectaba recursos al frente se le asignó una zona. (…) esa distribución, tuvieron que haber consultado con teto”. 148
Y también ratifica Sena Pico que su hermano alias “Robiño” hizo parte de la seguridad de alias “el Cantante”149, como lo dijo Ardila López, quien adujo que “Robiño” reemplazaba al “Cantante”, pero no como comandante, como la defensa lo insinuó sino en la finca “el Hielo” cuando salía de allí, pues estaba encargado de su seguridad, y dado que señaló a alias “Roberto” como el segundo al mando, tal y como Sena Pico lo presenta en el organigrama visto a folio 104 del Cuaderno Anexo 55.
Y si Monroy Durán afirma que estuvo al lado de Juan Carlos Monje hasta octubre de 2006, no obstante que éste se había desmovilizado en febrero del mismo año, explica el testigo que el último retomó las armas y lo llamó para conformar el grupo que comandó en adelante hasta cuando fue muerto en el operativo dispuesto por el coronel Barbosa, actitud de Monje que confirman Sena Pico, Harlintont Mosquera y Albeiro Ardila.
Pero lo más importante para corroborar la credibilidad de lo dicho por Monroy Durán, en aspectos relacionados con sus actividades, es que el propio padre de Juan Carlos Monje o JK, el señor Ramón Monje, confirma que el testigo fue trabajador de su hijo, en los siguientes términos:
“Además está el señor Carlos Monroy Duran, quien era trabajador de mi hijo Juan Carlos y sabe posiblemente de la relación de amistad de Juan Carlos con el coronel Barbosa” 150.
Claro no ignora la Sala que ya en audiencia pública extrañamente dijo que no recordaba conocer a “ese señor” 151, respuesta que la Corte valora como poco creíble, luego de haber expresado aquello tan espontáneo que dijo en la declaración transcrita.
Ahora, en cuanto a la presencia de un coronel Barbosa en las reuniones con el procesado, con Claros Pinzón y con “el Cantante” en la finca “La Gringa”, emergen las dudas que relieva la defensa, en virtud de la certificación que acredita que el coronel Orlando Barbosa García fungió como comandante del batallón Juanambú sólo a partir del 3 de marzo de 2006, aspecto que itera dicho sujeto procesal en su alegato de audiencia, no obstante, ello per se, no demerita su presencia esporádica en el departamento del Caquetá, pues recuérdese que también está debidamente acreditado, dado que así lo admitió él mismo coronel, que previamente a haberse desempeñado en el comando del batallón referido para la época señalada, había estado trabajando en el mismo departamento durante dos lapsos diferentes, a finales de los años ochenta y a mediados de los noventa152, por lo que resulta explicable que hubiera mantenido sus contactos en esa región y realizado algunas visitas.
Al respecto, téngase en cuenta que según documenta la actuación, el aludido militar, durante el tiempo en que estuvo estudiando en la Escuela Superior de Guerra y vinculado con la Brigada XIII en esta ciudad, gozó de vacaciones a partir del 23 de diciembre de 2003, por 10 días más 5 de turno navideño153, así como también durante otro periodo que inició el 01 de abril de 2005154, año al que hace referencia Monroy Durán cuando refiere haber visto al Coronel Barbosa en las reuniones con el acusado y algunos líderes del FSA.
Además, las anotaciones que se registran en los documentos referidos a la hoja de vida del coronel Barbosa, aportados al proceso155, no detallan, si durante el 2004, año en el que aparece adelantando estudios en la Escuela Superior de Guerra con sede en Bogotá (curso de Estado Mayor); tales actividades académicas fueron realizadas con rigurosa continuidad y exigían la permanencia del alumno, las 24 horas del día, de los 7 días de todas las semanas de tal anualidad, lo que descartaría que fuera visto por Ardila López en el Caquetá.
De otro lado, ya en lo relativo a los registros de las minutas del DAS sobre la labor de los escoltas que prestaban el servicio de protección al para entonces Representante a la Cámara, LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, durante los años 2004 y 2005, existen similares vacíos a los ya reseñados en esta providencia para el 2002, que no permiten descartar los desplazamientos a las zonas rurales de las que hablan Monroy Durán y Ardila López.
Así, por ejemplo, y limitándonos a los lapsos referidos por los testigos, como de posible época de los encuentros, tenemos:
En el periodo agosto-septiembre de 2004, los días 6, 7, 8, 13, 28, 29 de agosto, 10, 11, 12, 25 y 26 de septiembre, datas en las que se constata la presencia del ex congresista en Florencia, solo se anotan puntuales datos sobre el inicio y final de la prestación del servicio de protección por parte de los detectives del DAS, sin que se determinen lugares de desplazamiento o de destino del protegido156.
Durante el periodo julio-agosto de 2005 idéntica situación se presenta en las siguientes fechas que también registran la ubicación de ALMARIO ROJAS en la capital del Caquetá: 7, 8, 9, 10 11, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 de julio, 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28 y 29 de agosto157.
Claro no ignora la Corte que la defensa ha recurrido a las manifestaciones de los detectives Cesar Arcila, William Cardona y Luis Enrique Henao, quienes han rendido declaración en la presente actuación, el último inclusive la ha ampliado en la audiencia pública, y han informado sobre ausencia de novedades relativas a desplazamientos fuera de la ciudad de Florencia, a las fuertes medidas de seguridad en los pocos casos en que ello ocurría y que el protegido no tuvo contactos con personas de grupos armados ilegales, sin embargo ha de resaltarse que en la prueba documental obrante en el proceso que registra las minutas en comento, constata que en las aludidas datas se consignaron anotaciones sobre la intervención de 5 detectives para el periodo agosto-septiembre 2004, y 17 para el lapso julio– agosto de 2005, sin que ninguno de ellos corresponda a los testigos citados por la defensa, amén de que aquellos no declararon en esta actuación.
6.4.2.5.- El último hecho secuencial, ocurrido con posterioridad a la desmovilización de las FSA- BCB que acredita que el procesado siguió siendo un referente importante para los ex militantes de dicha estructura, es presentado por Mateus Morales, alias “Paquita”, así:
“A mí me contacta alias Cuéllar (…) un político del BCB que estuvo coordinando el tema de la desmovilización y me dice que (…) cómo hacemos para buscar un contacto para apoyar a alguien en el Caquetá y que venía de parte del doctor ALMARIO (…) y le dice al patrón que por favor porque no apoya (…) estamos hablando del 2007 (…) a una candidata, creo que es familiar del señor ALMARIO, entonces él le dice que él no conoce allá que contacten a Paquita que ya salió de la cárcel (…) para que él se encargue de eso, (…) entonces yo le digo a Cuéllar vaya y traiga una propuesta concreta yo se la viabilizo y se la presento al señor Carlos Mario, efectivamente él (…) después trajo una propuesta (…) vino y trajo la propuesta, no recuerdo el contenido, eran los más opcionados (…) yo se la envío al señor Carlos Mario (…) Cuéllar trae quienes eran los opcionados, qué aspiraciones tenían económicas (…) era más un apoyo económico (…) usted invierte tanto, le pagamos el primer año tanto (…) él la trajo escrita (…) a mí me decomisan (…) todo lo que tenía en la oficina (…) no sé si repose en los computadores pero creo que debe estar ahí” 158.
Tal manifestación se corrobora con el documento titulado “Campaña Política 2007”, que fue incautado en el allanamiento realizado el 27 de octubre de 2007 a la oficina de abogados dirigida por Mateus Morales en Envigado, reconocido por éste en la declaración que rindió el 28 de enero de 2013, como el mismo que le fue entregado por alias “Cuéllar” según lo arriba aludido, el cual destaca las encuestas realizadas por el Partido Conservador y el Partido Liberal sobre las posiciones de los candidatos a la Gobernación del Caquetá 2007, y advierte: “Como puede observarse, en ambas encuestas, las posiciones se conservan. No obstante, no se puede pasar de vista que NELCY ALMARIO, cuenta con el apoyo del Representante FERNANDO ALMARIO ROJAS y del Gobernador JUAN CARLOS CLAROS PINZÓN, quien emplearán la totalidad de los recursos a su alcance a fin de llevar a al (sic) Gobernación a la candidata. No es arriesgado entonces, a pesar de las debilidades de la campaña, provenientes fundamentalmente, del parentesco entre los dos primeros, que esta, es una seria aspirante a quedarse con el cargo. A nuestro modo de ver, tanto PACHECO ALVAREZ, como ALMARIO ROJAS, son dos buenas opciones de inversión” 159.
Al proceso se allegó declaración rendida por Rafael Molano Rodríguez en la que adujo haber sido integrante del BCB cuyo alias era “Mario Cuéllar” y que desempeñó labores sociales y políticas desde 1997 o 1998, entre otros, en el departamento del Caquetá, como afirmó Mateus Morales que había estado previa la desmovilización visitando los presos de la organización que se encontraban en la cárcel de Florencia y haciendo contactos con personalidades del departamento en la parte política, y teniendo en cuenta que posteriormente le comenta a Carlos Mario Jiménez que en esos contactos se hizo a unos amigos que luego lo abordaron para obtener un apoyo de carácter económico o de inversión a la campaña de una familiar del procesado, que presentó a través del documento atrás mencionado.
Episodio que se relaciona también con lo mencionado por Duque Gaviria en su declaración del 28 de enero de 2013, en la cual aduce que Mateus Morales le presentó a “Macaco” un documento relacionado con alguna campaña electoral sin precisar la fecha en que ello ocurrió y el tema particularmente tratado por aquellos; siendo que, de otro lado, el procesado en su indagatoria admite haber sido quien lanzó a su hermana como candidata a la Gobernación en la reseñada campaña electoral.
Es por ello que no es de recibo el argumento defensivo consistente en despreciar lo consignado en el documento incautado, cuando se expresa que ello no era más una información general de candidatos a la gobernación, pues olvidan los inconformes que allí se dijo que “tanto Pacheco Álvarez, como ALMARIO ROJAS, son dos buenas opciones de inversión”.
Además ignoran los sujetos procesales que lo escrito en dicho texto, fue corroborado por la prueba testimonial citada.
Tales referencias, no obstante hubiesen acontecido luego de la desmovilización del FSA-BCB, permiten evidenciar, de un lado, el interés notorio de los ex integrantes de dicha agrupación ilegal de seguir incidiendo en los procesos políticos y proselitistas regionales; y de otro, la ascendencia o simpatía que continuaba despertando el acusado en ellos.
Por supuesto, precisa la Sala, en estricto sentido, esa circunstancia, en principio, no podría encuadrarse en las conductas delictivas imputadas, específicamente en la que afecta el bien jurídico de la seguridad pública, pues la estructura criminal ya había desaparecido, pero, como se dijo atrás, constituye un claro hecho indicador posterior que permite inferir lo expuesto en el párrafo anterior.
6.4.3.- Así las cosas, con fundamento en lo que la prueba testimonial, indiciaria y documental ha puesto de relieve, y en consideración a que la mayoría de los testigos de cargo fueron ex militantes de las autodefensas que operaron en la zona, esto es, aquellos que han podido tener conocimiento de los hechos acontecidos allí, tal y como Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, ex jefe máximo del BCB de las autodefensas lo dijera: “los únicos que pueden decir si tuvo participación con nosotros en la región, (…) que las directrices las daba BAEZ en lo político, en esa zona también él les dio influencias a los emisarios políticos (…) los únicos que pueden decir eso son ellos, y si él estaba en la zona (…) me imagino que los muchachos lo trataron de contactar, hablar con él, o hablaron con él, o tuvieron algún acuerdo (…) el comandante de la zona, el encargado de la zona en la parte financiera o política (…) ellos son los que manejan la parte, los que están allá (…) que no digo yo (…) que no hayan hecho penetración con lo político, no, yo digo todo el que estaba allá, el que aiga (sic) estado en esa zona y aiga (sic) pasado hacer política tiene que haber hablado con alguno de ellos, ellos no estaban escondidos (…) entonces (…) si él tuvo votos, si tuvo manejo por esta zona, para mí tenía influencia del BCB y tuvieron que hablar con él (…)” 160; la credibilidad de los mismos emerge clara.
Lo anterior, por cuanto no hay presupuesto alguno que permita suponer siquiera que los testigos que relacionan al aquí procesado con las autodefensas que operaron en el departamento del Caquetá desde el año 2001 hasta el 2006, pretendiendo inclusive extender los lazos de esa relación a hechos posteriores a la desmovilización del grupo, lo cual constituye un hecho indicador de la alianza que de antaño mantenían, como ya se dijo, tengan algún interés en faltar a la verdad, además de resultar evidente que tenían aptitudes suficientes para percibir los hechos que han relatado de forma coherente, espontánea, hilvanada y circunstanciada conforme ha podido evidenciarse.
No porque sobre algunos declarantes se señale por parte de la defensa, y del propio acusado, que tienen interés de obtener beneficios judiciales, se deben desestimar sus dichos, pues aquí lo relevante es el nivel de detalles y las grandes coincidencias entre todos los aquí relacionados, sin que se pierda de vista que no está acreditado que ellos hubiesen urdido un plan destinado a falsear la verdad y perjudicar al ex congresista, pues lo expuesto por los referidos sujetos procesales, sobre ello, no pasó de la mera conjetura.
Ahora, el que algunos testigos hubiesen incurrido en puntuales imprecisiones y/o contradicciones, o que se hayan reunido para evocar sucesos, en asuntos de tanta complejidad como los que son objeto de juzgamiento en esta causa, resulta explicable, pero no constituye razón para desestimarlos, como pretende la defensa y el acusado. Sobre tal tópico, sumamente ilustrativo y pertinente se torna citar lo considerado por esta Corporación, en pretérita oportunidad:
67. La reconstrucción de la verdad respecto de un estado permanente de delincuencia, que se extendió por muchos años, cubrió vastos territorios y en el que tomó parte un ejército de personas, no se logra a través de un único testigo y menos en un solo tiempo, porque es imposible que alguien, por mucha jerarquía que tuviera en la organización, lo haya sabido todo y además lo recuerde. Es un proceso progresivo de retroalimentación colectiva, que tiene por insumo un saber fraccionado y disperso, conforme diversas particularidades de sus múltiples actores; unos saben más y otros menos; unos recuerdan mucho, otros poco, y habrá quienes lo olvidaron todo; unos están seguros y otros dubitativos; a unos les parece así y a otros de otra manera, etc. Y esos matices o diferencias, en sí mismos, no significan “querer engañar” o faltar a la verdad.
68. Entre la dispersión, es el tiempo, la retroalimentación, el contraste y la razón crítica frente a cada hecho y sus particulares circunstancias, lo que en torno al mismo decanta las ideas y fija los recuerdos; por eso se entiende que cuando a testigos desmovilizados de grupos armados se les cuestiona por primera vez y de modo general, en ese universo de información que tienen por aportar sobre años de asidua delincuencia, son ligeros, gaseosos e imprecisos con respecto a algunas situaciones puntuales; pero después, ya habiendo reposado las ideas, interiorizado, recordado con otras personas que tuvieron las mismas o análogas vivencias y en ocasiones documentado, interrogados puntualmente son más detallados en circunstancias temporo-espaciales; y en cada nueva declaración van afinando en particularidades y corrigiendo imprecisiones, que de ese modo paulatino, si se mantienen en el núcleo fundamental del hecho, fijan en él un carácter sólido y definido. Y es bajo ese contexto de la construcción paulatina y mancomunada de la verdad, como hay que valorar sus declaraciones.
69. La Corte Suprema de Justicia, recogiendo experiencias y estándares internacionales, ha fijado parámetros encaminados a establecer la verdad, bajo particularidades del proceso de desmovilización y reconciliación. Respecto del tema de la verdad y las pruebas que la sustentan en el decurso de la Ley de Justicia y Paz, dijo que “en el proceso de justicia transicional no solo se construye a partir de lo confesado por el postulado en la diligencia de versión libre, sino también de las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y el aporte de las víctimas (…) En este evento, debe hacerse una interpretación flexible sobre el concepto de verdad, a partir de lo aportado por el desmovilizado en su versión libre, dado que, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-370 de 2006 (apartado 6.2.2.1.7.20), no puede perderse de vista que la Ley 975 está diseñada para ser aplicada a personas que han cometido múltiples y graves delitos, en desarrollo de los cuales apelaron a toda clase de maniobras para esconder su real dimensión y las pruebas de los mismos, lo cual necesariamente dificulta la labor investigativa. (CSJ AP, 21 Sep 2009, Rad. 32022).
70. También la Sala, en el auto antes citado, reconoció que la complejidad de la reconstrucción de los hechos por virtud de la degradación del conflicto y la barbarie de los métodos utilizados en la ejecución de las conductas (descuartizamiento, fosas comunes), sumado a las dificultades de huella histórica de muchos hechos, por deficiencias en el registro civil (nacimientos, defunciones), en los registros notariales y mercantiles, por los permanentes movimientos de las comunidades desplazadas, entre otras y tantas dificultades, obliga a exámenes de contexto y a la flexibilización de los umbrales probatorios, no solo respecto de la comprobación del relato del postulado, sino, sobre todo, del daño causado, el que deberá acreditarse con medios propios de la justicia transicional”, agregando que “resulta desproporcionado, como aquí se pretende, que se exija del desmovilizado, quien ha relatado genéricamente unos hechos ocurridos hace varios años y confesado la comisión de múltiples conductas punibles, que especifique todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución de cada una de ellas.
71. Es así como las pruebas judiciales, especialmente los testimonios, y con más precisión los de desmovilizados de grupos armados ilegales, no se valoran al tenor de las matemáticas o ciencias exactas, sino bajo la axiología de las ciencias sociales donde anida la razón crítica intersubjetiva, por lo que deviene equivocado pretender, desconociéndose que cada persona es producto de la interacción con las demás y su particular entorno, que sólo son creíbles en cuanto coincidan linealmente, como si pudieran salir en serie de moldes o plantillas antes que de coyunturales vivencias, asidas a sus connaturales divergencias.
72. De tal manera, como cada testigo le imprime a su testimonio una parte de su mundo esencial, particular escala de intereses, habilidades, facultades físicas y valores morales, el crédito de su atestación está sometido a la condición de que, conforme a criterios lógicos y experiencia comprehensiva, razón aplicada a la práctica, se acompase objetivamente con sí mismo, pero además como elemento de un sistema dentro de la masa del conocimiento del que hace parte, en lo que se ha dado en llamar “razones intrínsecas y extrínsecas que conducen a aumentar, a disminuir o a destruir su valor probatorio”161, sin que pueda ser atendible un descrédito general con solo mirar a contraluz disonancias entre una prueba y otra, o entre uno de sus momentos y el siguiente. (CSJ SP, 10 Mar 2011, Rad. 26948).
Adicionalmente, se resalta que todos los testigos que efectuaron los señalamientos concretos al acusado, lo hicieron de frente a éste, sin equívocos, ni titubeos, nos referimos a Benítez Zapata, Mateus Morales, Sena Pico, Monroy Durán, Ardila López y Mosquera Hernández, lo que, de contera, garantizó plenamente a la defensa, no solo el principio de contradicción, sino el de confrontación.
En cuanto a los estudios link efectuados a equipos celulares que, dice el acusado, eran de su uso y que al parecer reflejan la ubicación de su portador en sitios diferentes a los señalados por los testigos, baste con decir que no está acreditado que correspondieran efectivamente a los únicos que éste utilizaba.
Por último, considera la Sala estéril, en esta providencia, emprender el análisis sobre la legalidad o no del aporte de unas transliteraciones que la defensa aportó a este proceso, pues tales documentos no guardan relación con la imputación fáctica objeto de la presente actuación, pues se refieren a hechos que son objeto de otra actuación que también se adelanta en esta Corporación contra ALMARIO ROJAS, y será allí en donde corresponde estudiar el tema. Idéntica situación se presenta en relación de la tesis presentada por la defensa que explica los señalamientos como fruto de un complot urdido en contra de ALMARIO ROJAS, pues resulta notorio que la información probatoria con la que se sustenta guarda relación con el otro asunto que conoce la Sala.
Entonces, entra la Sala a analizar si las pruebas pertinentes y legalmente acopiadas que fueron referidas y valoradas en este proveído, permiten acreditar la responsabilidad penal de ALMARIO ROJAS, en las conductas imputadas.
6.5.- El concierto para delinquir agravado.
La Corte, por tanto, examinará si de lo valorado emerge que el acusado se concertó con grupos ilegales para promoverlos, creando o incrementando un riesgo contra la seguridad pública, para lo cual tendrá como referente normativo lo dispuesto en el artículo 232 de la ley 600 de 2000, en lo relativo a los requisitos para proferir fallo condenatorio:
“No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.”
En una coherente línea jurisprudencial, la Sala ha señalado que el sistema penal se ocupa de delitos, con la idea de indicar que los tipos penales no se refieren a estados o cosas, sino a conductas que en la medida que afectan o ponen en riesgo un bien jurídico se constituyen en un injusto. Esta precisión es esencial, pues en ella se reconoce que el contenido del punible no reside en una postura moral o ética o en el simple desacato a la norma, sino en la puesta en riesgo o en la afectación de un bien jurídico, según ha tenido ocasión la Sala de expresarlo en los siguientes términos:
Alrededor de esa discusión existe algún grado de consenso en que por el grado de desarrollo de una cultura en torno al respeto a los derechos humanos, la idea de protección de bienes jurídicos que subyace a la idea de intervención penal es la que mejor se aviene con una teoría liberal de la cuestión penal, sobre todo si se asume, como lo señala Roxin, que “la penalización de una conducta tiene que poseer una legitimación distinta de la que le otorga la mera voluntad del legislador.” Por eso, el referente material de las prohibiciones serán “realidades o fines que son necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la conservación de tal fin. (CSJ SP, 01 Oct 2009, Rad. 29110).
Ahora, la referencia al bien jurídico como elemento estructural del injusto le ha servido a la Sala para explicar el sentido en que debe interpretarse, precisamente, el concepto de seguridad pública. Por lo tanto, en ese giro conceptual, ésta en la hora actual no responde exclusivamente a políticas de mera conservación del statu quo, según se estilaba en el Estado demoliberal, pues,
“El problema que toda cultura, sociedad o Estado debe resolver es trazar los límites, dentro de los cuáles el ser humano puede ejercer esa libertad. Esta delimitación de los márgenes, dentro de los cuales se permite el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad por parte de los individuos, se llama ‘seguridad’. Esta no es más que la expectativa que podemos razonablemente tener de que no vamos a ser expuestos a peligros o ataques en nuestros bienes jurídicos por parte de otras personas.’ 162
Es más, la seguridad como bien jurídico y su relación con la libertad, permite una lectura del artículo 340 del código penal, con el fin de enfrentar nuevas modalidades de delincuencia.
En ese sentido, véase que la fórmula acuñada para enfrentar organizaciones ilegales mediante la descripción del delito de concierto para delinquir como un “acuerdo para cometer delitos indeterminados”, fue superada por violentas y dinámicas acciones delincuenciales que rebasaron la respuesta del Estado y llevaron a diseñar nuevos tipos de asociación ilícita mediante fórmulas que recogieran modelos de comportamiento impregnados de acciones imputables a verdaderos aparatos organizados de poder.
En tal escenario la mayor preocupación de hoy es enfrentar organizaciones de delincuencia no convencional, con el objetivo de responder al desafío que representan las alianzas ilícitas entre actores del más diverso orden, y la magnitud del riesgo que generan aparatos organizados de poder que pretenden cooptar el Estado, luego de la injustificable captura del poder local. Por esa razón se explica que se hubiesen diseñado tres propuestas dogmáticas en el Código Penal de 2000 para enfrentar distintos tipos de riesgo para el bien jurídico:
En la primera se mantuvo la fórmula tradicional para sancionar acuerdos orientados a cometer delitos indeterminados, con la cual se suele enfrentar la llamada delincuencia convencional. En la segunda la modalidad agravada, dispuesta para sancionar, entre otras conductas, el pacto para promover, financiar, armar u organizar grupos armados al margen de la ley; y en la tercera, no con la misma técnica penal, la real y efectiva materialización del acuerdo. (CSJ AP, 14 May 2007, Rad. 26942).
De ese modo, con este tipo de fórmulas en las cuales los modelos típicos se refieren a manifestaciones o vínculos o relaciones ilícitas esencialmente dinámicas, es posible incluir novedosos comportamientos compatibles con la finalidad de promover organizaciones o grupos armados ilegales, en el marco de la teleología del bien jurídico y del tipo penal.
Por esa razón, al apreciar nuevas modalidades de acuerdos ilegales en las que convergen grupos armados y actores institucionales, la Sala ha sostenido lo siguiente:
Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder – todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta –, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales – que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto -, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al incentivar la acción del grupo ilegal… (CSJ SP, 21 Feb 2011, Rad. 27918).
De acuerdo con lo expresado, cuando se trata de juzgar acuerdos ilegales entre altos representantes de las instituciones y grupos armados al margen de la ley, la Sala ha sintetizado esa alianza como una manera muy particular de cooptación del Estado que tiene por finalidad el empleo de la función pública al servicio de la causa paramilitar, una muy singular manera de promover la acción del grupo ilegal.
Precisamente por eso fue que la Sala expresó la necesidad de reelaborar la tradicional lectura del tipo penal para incluir conductas que instrumentalizan la función pública para favorecer la causa ilegal y generar o incrementar riesgos contra la seguridad pública.
Con base en esa axiología se estudiará la responsabilidad que le compete a LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS.
Para ese efecto y, sobre la adecuación típica que corresponde efectuar de conformidad con lo que expresa la prueba, considera la Corte que debe variarse la secuencia para rememorar, en primer lugar aquella que acreditó con mayor eficacia la trascendencia jurídico penal de los contactos, encuentros o reuniones entre el acusado y miembros de las autodefensas, en la región referida, no sin antes precisar que un indicio del concierto para delinquir, en el presente asunto, lo constituyen los acuerdos electorales a los cuales se han referido jefes e integrantes de los grupos paramilitares con presencia en el departamento del Caquetá.
Así las cosas, fue Harlintont Mosquera Hernández quien señaló en concreto que atendiendo instrucciones de alias “Uriel Henao”, se reunió con el acusado para transmitírselas, que no eran otras que “hablara con él (ALMARIO) para los apoyos para las campañas y la situación política”, obteniendo del enjuiciado como respuesta “yo ya tengo cuadrado eso por arriba”.
Como se puede apreciar tal referencia constituye prueba directa del pacto existente entre ALMARIO ROJAS y los dirigentes del FSA-BCB, para consolidar apoyos y compromisos electorales que beneficiaran mutuamente a la organización armada ilegal y al propio Representante a la Cámara.
La respuesta ofrecida por el acusado, muestra sin dubitación, además, que éste conocía quién era el transmisor original del mensaje y también permite inferir que prefería entenderse directamente con los dirigentes, además destaca la Sala que lo transmitido no causó en el receptor extrañeza o sorpresa
Recuérdese, de otro lado, que en esta providencia ya se hizo un amplio análisis de la evidente injerencia paramilitar en la región aludida, especialmente en lo relativo al tema político y proselitista.
Con esa base probatoria las demás referencias fácticas de que dan cuenta las otras probanzas recaudadas, que en seguida se enlistan, no hacen más que confluir inequívocamente a corroborar la perversa y criminal alianza citada.
Así, por ejemplo, el mismo Mosquera Hernández escuchó recurrentemente de sus compañeros de actividad criminal que ALMARIO ROJAS, y otros dirigentes políticos del departamento del Caquetá eran “colaboradores” de aquellos, o que “había una amistad muy cerquita (sic) entre él (Juan Carlos Monje) y la organización con el señor LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS”.
Benítez Zapata, relató haber visto en varias oportunidades que el encausado se reuniera con alias “paquita” y otros dirigentes del FSA-BCB, en un finca ubicada en las cercanías de Morelia, municipalidad, a su vez ubicada a muy pocos kilómetros de la ciudad de Florencia y que también hubiera oído que el acusado “colaboraba pa’ (sic) entrar dinero para pagarle al bloque”.
Similares señalamiento efectúan Monroy Durán y Ardila López de haber visto en otras inmuebles ruarles al ex Representante a la Cámara, en compañía de las cabecillas del agrupación ilegal, así como de haber escuchado de las alianzas ya mencionadas.
Esquivia Acosta igualmente se enteró que uno de sus superiores, “José María”, le enviaba razones a ALMARIO ROJAS, por intermedio de “Jorge el Calvo” para que los “generales no nos combatan”, también da cuenta que los mensajes en muchas oportunidades los hacían llegar al acusado, a través del conductor de éste, “el negro Jimmy”.
Además tanto Sena Pico, como Mateus Morales dan cuenta de haber sido informados que se le dio la orden a alias “Chiqui” de tener comunicación directa con ALMARIO ROJAS y un candidato a la gobernación del Caquetá, para que organizaran lo del apoyo a éste último, pero condicionando ello, precisamente a que el hoy acusado fungiera como una especie de “padrino político” del aspirante. Los dos declarantes confirman que fueron enterados que el aludido encuentro se dio en un apartamento de esta ciudad.
Si a lo expuesto se adiciona lo mencionado por Mateus Morales, sobre la sugerencia que le hace alias “Cuellar” a quien señala como “político del BCB” para que se apoye en 2007 a una “familiar” del encausado para la gobernación del Caquetá, que no era otra que la señora Nelcy Almario, referencia que se corrobora con el documento hallado en un allanamiento efectuado a la casa de Mateus Morales; y la cercanía política acreditada entre John Edward Monje y ALMARIO ROJAS, cuando ha quedado establecido que aquel es hermano de Juan Carlos, uno de los cabecillas del FSA-BCB que manejaba el tema del narcotráfico, último que también es mencionado por varios testigos como interlocutor frecuente del acusado en los referidos encuentros; para la Sala no existe la menor duda del compromiso penal del enjuiciado en la conducta punible estudiada.
Adicionalmente, está debidamente acreditado que dentro del lapso 2001 a 2006, en que se produjeron los contactos y se materializó la alianza citada, el procesado, fungió como Representante a la Cámara y aspiró a tal cargo, pero también se presentaron comicios electorales para autoridades regionales en las que se presentaron candidatos apoyados por ALMARIO ROJAS y la citada estructura ilegal.
Y, claro, no desconoce la Sala que la amplia experiencia política del acusado y las puntuales actividades que gestionó en favor de las comunidades expliquen muchos de los votos obtenidos para sí o para su movimiento político, pero ello no controvierte en lo más mínimo el que hubiese incurrido en un acuerdo de voluntades con una agrupación ilegal, para promover su permanencia, tampoco afecta tal conclusión el que en algunos municipios de la zona dominada por el FSA-BCB, no hubiera obtenido los resultados esperados.
Bajo tal perspectiva, y como se sostuvo al proferirse la resolución de acusación, de acuerdo con lo que la prueba enseña, los ex integrantes de los grupos de autodefensa que militaron en el Departamento del Caquetá desde el año 2001 hasta el 2006 y el acusado, convinieron promocionar dichas organizaciones bajo su reconocimiento mutuo como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona al desarrollar las actividades conjuntas que pusieron de presente Esquivia Acosta, Benítez Zapata, Mateus Morales, Sena Pico, Mosquera Hernández, Monroy Durán y Ardila López, explicadas precisamente en la penetración de la estructura en lo relacionado con el poder político regional y nacional, que era una estrategia decantada por la cúpula del BCB a fin de lograr notoriedad como consecuencia de su expansión, someter a la población y, desde luego, para ganar espacios sociales y políticos propios, amén de que la presencia del procesado en los territorios donde los grupos de autodefensas tenían injerencia y asentamientos constituye la aceptación de su dominio o, como lo dijo la representante del Ministerio Público, traduce el acto de promoción mismo del grupo armado ilegal ya fuera para obtener un beneficio propio o ajeno.
De tal manera, demostrada surge la asociación para delinquir agravada en la cual incurrió el procesado, mirada desde la arista de la promoción del grupo armado ilegal que fluye de las contraprestaciones obvias de los actores de las consabidas reuniones, lo cual traduce la alianza delictiva que por su capacidad plena bien podía advertir aquel; relaciones que perduran desde el año 2001 hasta la desmovilización del grupo armado según lo que la prueba refleja.
En tales condiciones, la perspectiva que brindan en este caso los medios de convicción examinados, como ya se dijo, acreditan el acuerdo de voluntades exigido por el tipo penal, pues la sola actitud del candidato que concita acudir a zonas dominadas por la organización armada, a reuniones en las que la misma participa activamente de la actividad proselitista previa una gesta electoral, sin cuestionamiento alguno de su parte, descubre su complacencia y acomodamiento a la voluntad del grupo, lo cual traduce, ni más ni menos, la promoción de los ilegales.
De otra parte, debe diferenciarse entre el móvil de la criminalidad, irrelevante en cuanto a la validez del juicio, y el dolo como categoría dogmática del delito que, de acuerdo con el contenido del artículo 36 de la Ley 599 de 2000, se acredita al demostrarse que el sujeto agente tuvo conocimiento de la ilicitud de su proceder y se orienta libremente a ejecutarla, al margen de que obre en el plenario prueba del motivo que lo determinó a actuar, porque el tipo penal de que se trata no exige finalidad especial, razón por la cual se ha dicho que es de los factores demostrados, generalmente objetivos, de donde debe deducirse la intención, dada la dificultad que existe para obtener pruebas directas sobre el aspecto subjetivo.
En la dogmática actual la demostración del dolo es independiente de la prueba del motivo que determina al sujeto a consumar el hecho típico, de manera que aun siendo importante establecer las razones que motivaron la voluntad del agente, puede ocurrir que esa causa, razón o fundamento del acto típicamente antijurídico, se establezca y constituya elemento útil para comprobar la existencia del dolo, o de una circunstancia que modifique la punibilidad; o también que por tratarse el aspecto subjetivo referido a la esfera intangible del ser humano, no logre acreditación en el proceso, bastando tan sólo acreditar que el sujeto agente tuvo conocimiento de la ilicitud de la conducta y que se orientó con libertad a su ejecución.
La Sala ha enfatizado en que para la determinación procesal del dolo se ha de partir del examen de las circunstancias externas que rodearon los hechos, ya que tanto la intencionalidad en afectar un bien jurídico o la representación de un resultado ajeno al querido por el agente y su asunción al no hacer nada para evitarlo, al ser aspectos del fuero interno de la persona se han de deducir de los elementos objetivos que arrojan las demás probanzas.
Es por ello que circunstancias como la trayectoria profesional y personal del acusado, quien, como se sabe, se había desempeñado como ingeniero y comerciante antes de llegar a ocupar el cargo de Representante a la Cámara; la forma soterrada en que se hicieron las alianzas con los miembros de la organización armada, son razones suficientes para atribuirle la acción como voluntaria e intencional, en cuanto que la conocía y se determinó a ejecutarla.
En consecuencia, se cumple el presupuesto probatorio que exige la norma previamente citada, para concluir que LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS se concertó con una facción de las autodefensas, en particular con el denominado FSA-BCB, durante el lapso señalado, y como consecuencia de ello declararlo penalmente responsable como autor del delito de concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340, inciso segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002, con la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58.9 del Código Penal, referida a “la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”, que se encuentra acreditada documentalmente dada la condición de miembro del Congreso de la República durante el lapso de comisión de la conducta ilícita, que le impone un juicio de exigibilidad mayor que al común de los ciudadanos.
6.6.- El delito de constreñimiento al sufragante
Desde ahora anuncia la Sala que a similar conclusión se arriba, luego de examinar la prueba obrante en el expediente, en relación con la responsabilidad del acusado en el ilícito contra los mecanismos de participación democrática, veamos por qué:
En primer lugar, necesario se torna recordar que el ilícito se encuentra tipificado y descrito en el artículo 387 del estatuto penal, en los siguientes términos:
“El que utilice armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho meses (108)).
En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio.
La pena se aumentara de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.”
Tal conducta, como se dijo en la resolución de acusación, además de proteger los mecanismos de participación democrática (Título XIV, Libro Segundo de la Ley 599 de 2000) se dirige a preservar el sufragio como derecho de aplicación inmediata y como instrumento primordial para, en palabras del órgano de cierre en materia constitucional:
«Configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema democrático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento» (C. Constitucional, ST 603 de 2005). Razón por la cual el voto es derecho-libertad, «de la misma manera que las libertades de culto, asociación, reunión, petición, elección de profesión u oficio» (C. Constitucional, ST 603 de 2005).
Esas expresiones que configuran el bien jurídico que se salvaguarda en el artículo 387 del Código Penal, explican la necesidad de proteger las instituciones estatales, que se legitiman por la libertad de opción política, de amenazas mediante las armas o por cualquier otro medio, encaminadas a obtener el apoyo ciudadano por determinado candidato o lista de candidatos, como lo prevé la norma con el fin de «garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona». (C. Constitucional, sentencia C 142 de 2001)
Ahora, tales amenazas no deben manifestarse, necesariamente, en el acto de votación, porque de ser así quedarían por fuera de la cobertura de la figura que describe el comportamiento ilícito las amenazas previas a ese momento, pese a que teleológicamente están dirigidas a perturbar la libertad de opción que se le reconoce a todo ciudadano.
Entonces, con el fin de determinar si se halla debidamente acreditada la participación del enjuiciado en esa conducta, considera necesario la Sala rememorar lo que sobre ello se expuso en la providencia calificatoria:
De otro lado, en el ámbito de la participación el concurso de personas en la ejecución del tipo penal admite la determinación, condición ésta por la que se acusará al doctor ALMARIO ROJAS -y no como coautor-, por cuanto la prueba no refleja que él haya realizado materialmente la acción, pero sí que con ocasión del acuerdo ilegal ingresó en la esfera del aparato de poder que requería consolidar su penetración de lo público, emergiendo incontrovertible el interés del procesado en lograr esos resultados al acordar ello con su forma de proceder y, en ese grado de consenso, determinó el comportamiento ilegal.
La prueba testimonial refleja no solamente la violencia física y moral a que fueron sometidas las comunidades donde tuvo injerencia el “FSA-BCB” mediante la comisión de múltiples conductas punibles que causaron el temor y la zozobra que les impidió optar libremente por la alternativa política de sus preferencias, precisamente para lograr el dominio de la zona y la penetración de lo público, siendo ello de conocimiento en la región y, por lo tanto, también del procesado, quien tuvo la oportunidad de advertirlo dada su condición relevante dentro de la sociedad caqueteña como líder social y político del departamento que, de tiempo atrás cumplía gestiones de carácter público; sino los procedimientos que para dirigir los votos empleó el grupo armado ilegal en favor del procesado, según lo advertido por Harlintont Mosquera Hernández y Albeiro Antonio Ardila López. (…)
En conclusión, desde un punto de vista valorativo que mira más al contexto de la conducta y al bien jurídico protegido en los tipos penales, y no tanto a la expresión óntica del comportamiento que permitiría fraccionar los sucesos como si entre ellos hubiese una independencia absoluta, del análisis conjunto de la prueba surge evidente la intimidación física y moral a que fueron sometidos los habitantes de la región por parte del grupo armado ilegal con el que se concertó el acusado, que sin duda generó el acomodamiento de la población a los intereses de la organización, obviamente favorables a sus aliados políticos, dentro de los cuales debe contarse no solamente al procesado sino también a quienes éste apoyaba electoralmente, tal y como la prueba lo destaca.
Pues bien, la prueba a la que se hizo alusión señala la referida participación del acusado, y ello es así, pues debe recordarse que la información probatoria acopiada en la etapa instructiva dio cuenta, de forma voluminosa por cierto, de la situación de violencia generalizada que se vivía en las zonas de dominio del FSA-BCB, y que ya fue relacionada en esta providencia, enmarcada en la lucha anti insurgente y en el control de actividades comerciales ilícitas, como el narcotráfico.
También refleja la prueba la comisión de diversas conductas punibles como la extorsión a comerciantes y a contratistas de los entes territoriales donde dichos grupos ilegales ejercieron influencia y dominio, por lo que efectuaban constantes controles y retenes a la población.
Y, por supuesto, igualmente se encuentra debidamente documentada la injerencia electoral del FSA-BCB en el departamento del Caquetá, sin desconocer que la prueba reveló apoyos consistentes en aportes en dinero y en especie (como vehículos) a campañas y determinados políticos de esa región.
Así mismo, los medios probatorios revelan la colaboración que personajes públicos, como el acusado, le brindaron a la organización ilegal, suministrándole información sobre los movimientos de la fuerza pública o el traslado de dinero a los lugares donde se asentaba aquella.
Ya en lo relativo a la presión o constreñimiento para sufragar, se registra, como ya se anotó, la aseveración de Albeiro Antonio Ardila López, alias “Rambo” quien dice que a finales de 2005 llegaron unos escritos de la organización ilegal para que votaran a favor de LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS.
Específicamente lo relatado por aquel, fue: “en el 2005 ya a finales de 2005 que volvieron y me mandaron para Valparaíso, nos mandaban unas cartas ahí (…) las entregaba al sobrino de (inaudible) que era un sobrino encargado del comandante de urbanos allá, y entonces a él le daban unas cartas que mandaba Henao diciendo que metiéramos esas cartas así por debajo de las casas, por todas las casas que se las metiéramos (…) y dañamos una a ver qué era lo que mandaban a decir y dañamos una y como no se leer bien, yo medio la leí ahí obligando a la gente del pueblo para que votaran por el representante a la cámara FERNANDO ALMARIO eso fue (…) Uriel Henao las mandó y las llevaron a Valparaíso, las llevaron allá, que nos metiéramos por las noche en los negocios y que las regáramos por ahí en el pueblo, que las regaran para que la gente votara (…) eso era cosas políticas (…) era un sobre cerrado, no eran cosas así abiertas (…) eso era orden del cucho Henao, “las AUC del BCB le informamos que vote por fulano de tal” que votaran”163
Tal puntual manifestación, permite inferir, sin dubitación, que el dominio territorial que ostentaba la agrupación armada ilegal, y su injerencia electoral, también se concretó en actos de constreñimiento a los sufragantes para que votaran por candidatos que, como el acusado, se concertaron con dicho grupo en la promoción de sus actividades.
Ahora bien, no ignora la Corte que ya en la etapa de juzgamiento se recibieron en el municipio de Valparaíso, por parte del Magistrado Auxiliar comisionado, tres testimonios de pobladores aleatoriamente seleccionados por el CTI.
Así las cosas, coincidieron tanto Fanny Rojas Molina164, como Mario Valencia Méndez165 y Orfilia Marín Molina166 en aseverar que no conocieron de la existencia de panfletos o presiones indebidas por parte de personas u organizaciones ilegales para que sufragaran en favor de ALMARIO ROJAS.
En el mismo sentido se manifestó Analey Marín Morales, ciudadana de Valparaíso, en la audiencia pública167.
Sin embargo, para la Corte, no porque los citados declarantes hubiesen expresado ello, se debe desestimar lo dicho por Ardila López.
Nótese cómo, por ejemplo, la referencia que sobre tal aspecto hace Fanny Rojas Molina, carece de eficacia para desvirtuar lo expuesto por Ardila López, pues éste manifestó que el reparto de volantes lo efectuó en “el pueblo” y aquella dijo haber residido “toda la vida” “en una finca de Valparaíso”168, lo que permite inferir que no puede dar cuenta de lo acaecido en el casco urbano de la población.
En cuanto a lo afirmado por Mario Valencia, se destaca que al haber respondido “no, no doctora” a la siguiente específica pregunta formulada por la defensora de ALMARIO ROJAS: “indíquenos por favor si usted como ciudadano residente de Valparaíso, ha tenido oportunidad de conocer de algún panfleto, algún sobre cerrado, alguna invitación en donde cualquier grupo alzado en armas le invitara cordialmente como es costumbre de ellos a votar por determinado candidato, en caso afirmativo ¿por quién? Obviamente a votar en un evento de, o mejor a un cargo de elección popular”169, dicha lacónica negación no descarta que otras personas de la población sí hubieran recibido el aludido panfleto.
Similar situación se presentó con la declarante Orfilia Marín, pues la pregunta formulada por la defensa, también concretó en ella su percepción directa: “usted concretamente en alguna época más o menos en el periodo comprendido entre el año 2000 a 2007, recibió bien sea en su residencia o en el lugar de trabajo, es decir en su establecimiento comercial, algún sobre, algún panfleto donde concretamente se le invitaba a usted y de pronto al núcleo familiar suyo que votara por el ingeniero Luis Fernando Almario Rojas, quien para aquella época hacia su campaña para representante a la Cámara, usted recuerda haber recibido en alguna época de su vida algún sobre donde se le estuviera invitando a votar por él”, a lo que respondió: “No, para nada, así cuando uno escucha por propaganda o algo que invitan a votar por este o lo que hacen los líderes de la región, la campaña, no para nada, nunca en alguna época”170 .
Claro, no ignora la Sala que la misma declarante, previamente, había negado conocer que otras personas hubieran recibido alguna “presión” de los paramilitares para favorecer a determinado candidato, respondiendo negativamente171.
No obstante, esa pregunta y la respectiva respuesta no permiten descartar que efectivamente sí se hubieran repartido los volantes a los que hace referencia Ardila López, pues la expresión “presiones”, para una testigo común, no necesariamente podría asimilarse con la aludida propaganda.
Diferente es que para la Sala tal situación, analizada en contexto, como se ha hecho en precedencia, sí le permita inferir razonablemente el constreñimiento electoral.
Ya en lo relativo a la declaración en audiencia pública rendida por Analey Marín Morales, quien al ser interrogada sobre si conocía de la existencia de panfletos o escritos introducidos por debajo de las puertas, durante el lapso 2000 a 2006, que invitaran a votar por el acusado, respondió categóricamente “eso es falso y yo soy habitante del municipio de Valparaíso y para esa época estaba viviendo en el municipio de Valparaíso y esa situación nunca sucedió”172.
A la Corte le llama poderosamente la atención la respuesta reactiva de la testigo, dado que solo se le preguntó si era cierto que se habían repartido escritos de propaganda política, pues el interrogante no comprendía la autoría de los mismos en cabeza de una agrupación ilegal.
Y más sorprendente que enseguida acotara “sí tuvimos (…) en una elección (…) donde las FARC impidieron salir a votar”, como si hubiera dado por hecho que la pregunta original se refería a volantes entregados por las autodefensas u otra agrupación armada ilegal, diversa a las FARC.
Si a lo anterior se suma que la declarante expresó haber sido concejal del municipio de Valparaíso y diputada del departamento del Caquetá, y que admitió haberle colaborado al acusado en su aspiración de continuar en la Cámara de representantes en el 2006, siendo precisamente para esa campaña que Ardila López ubica la actividad reseñada; las respuestas solo se explicarían en el propósito de favorecer a su jefe político, amén del interés de no verse comprometida al haber sido parte activa de esa actividad proselitista en dicho municipio.
Ahora, de lo expuesto por los testigos sí debe resaltarse que admiten expresamente la presencia del mencionado grupo ilegal en ese municipio y la intimidación a la que tenían sometida a la población, lo que, como ya se dijo corrobora la inferencia de su influencia electoral y, por ende, dada su acreditada actividad armada, el constreñimiento a los sufragantes.
Mario Valencia, adujo, por ejemplo, que dos familiares suyos fueron asesinados por las autodefensas y que él fue amenazado por esa agrupación, razón por la cual asevera que infundieron “terror al pueblo”173.
Pero lo más importante, dicho testigo corrobora lo manifestado por Ardila López en el sentido de indicar que a la finca “la gringa”, a la que hace alusión éste como sitio de reunión de ALMARIO con dirigentes de las autodefensas, se llega por vía fluvial por el cauce del río Pescado174.
Tal respuesta además de reforzar la positiva valoración que efectuó la Corte, en su oportunidad, para dar por acreditada la participación del procesado en el delito contra la seguridad pública, permite precisamente, no encontrar razones sólidas para desestimar lo dicho por el mismo en relación con la actividad de que da cuenta: poner a circular en la población los volantes o panfletos con los que las Autodefensas invitaban a votar por ALMARIO ROJAS.
Y no se puede afirmar que los actos ejecutados por Ardila López fueran ignorados por el procesado, ya que era el beneficiario directo de tal propaganda, lo que permite atribuirle la responsabilidad en la calidad de determinador, en armonía con lo establecido en la resolución de acusación.
Al efecto recuérdese además la acreditada responsabilidad de ALMARIO ROJAS, en el delito de concierto para delinquir agravado como promocionador del grupo armado ilegal, lo que le permitiría estar enterado de las prácticas de presión electoral que se ejercían en ese puntual municipio para doblegar la voluntad de los ciudadanos.
En síntesis, para la Corte la prueba recaudada en el plenario permite acreditar el compromiso penal en el grado exigido para proferir sentencia condenatoria por el citado delito imputado, pues se constata que LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS fue determinador de esa conducta.
En consecuencia, la Corte condena al acusado igualmente por el delito aludido.
VII. DOSIFICACIÓN PUNITIVA
Demostrada la responsabilidad del procesado en la comisión del concurso heterogéneo de conductas punibles imputadas, en virtud de la certeza que al respecto brindan los medios de prueba valorados en conjunto, resta imponer la pena que legalmente corresponda, por lo que atendiendo el contenido del artículo 31 de la Ley 599 de 2000, la Sala procederá a tasar de manera independiente la pena para cada uno de los tipos penales y seguidamente definirá la sanción definitiva que debe purgar el ex funcionario aforado, teniendo en cuenta la que resulte más grave, para aumentarla en otro tanto, sin superar la suma aritmética de las que corresponden a cada una de las conducta punibles debidamente dosificadas.
Así, el delito de concierto para promover grupos armados ilegales, descrito en el segundo inciso del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, norma aplicable por el tiempo de ocurrencia de la conducta punible, tiene prevista una pena de prisión entre setenta y dos (72) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, y multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales.
De acuerdo con señalado en los artículos 60 y 61 del código penal, los cuartos en los que se ha de tasar la pena son:
Mínimo: entre 72 a 90 meses de prisión y multa de 2.000 a 6.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Primer medio: de 90 meses y 1 día a 108 meses y multa de 6.501 a 11.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes
Segundo medio: de ciento ocho meses y un día a 126 meses y multa de 11.001 a 15.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y;
Máximo: de 126 meses y 1 día a 144 meses y multa de 15.501 a 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Sala se ubicará en los cuartos medios dado que en la resolución de acusación se imputó fáctica y jurídicamente la circunstancia de mayor punibilidad del numeral noveno del artículo 58 del código penal, relacionada con “La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”; y atendiendo la carencia de antecedentes penales del acusado.
La gravedad específica de la conducta, atendiendo las particularidades reseñadas, no admite discusión. En efecto, el riesgo contra la seguridad pública, entendido según se ha dicho, como el conjunto de condiciones materiales mínimas para el ejercicio de derechos fundamentales, se acrecienta cuando se promueve grupos armados al margen de la ley y particularmente si se utiliza o pretende emplear escenarios institucionales para ponerlos al servicio de una causa ilegal.
De manera que a pesar que el epicentro del injusto gravita en torno de la seguridad pública, no hay duda que las disfunciones institucionales que suponen conductas como la que se juzga, incrementan el riesgo contra ella, hecho que denota una mayor gravedad del comportamiento, lo cual en el marco de la ecuación entre la intensidad del mismo y la respuesta punitiva, conlleva a que la pena no sea la menor del cuarto seleccionado.
El agravio inferido se traduce en un menoscabo evidente a los valores que nutren un modelo de Estado democrático, que por esencia y definición debe estar inspirado en los principios de la probidad y la transparencia de quienes están llamados a alcanzar sus altos y nobles fines.
Esa conclusión es viable si se considera que los acuerdos ilícitos por su esencia son producto del quehacer voluntario, algo que no podía ignorar el ALMARIO ROJAS, a quien por su condición de miembro del Congreso de la República se le impone un juicio de exigibilidad mayor que al común de los ciudadanos.
En consecuencia, la pena para ese ilícito corresponde a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de once mil (11.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora, en cuanto al delito de constreñimiento al sufragante agravado (inciso tercero), cuya pena es de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses de prisión, los cuartos de movilidad punitiva, son:
Mínimo: entre 48 a 63 meses de prisión; primer medio: de 63 meses y 1 día a 78 meses; segundo medio de 78 meses y un día a 93 meses; y máximo: de 93 meses y 1 día a 108 meses, por lo que siguiendo los mismos criterios, la pena correspondiente podría ser de 78 meses de prisión.
Entonces, al guarismo indicado como pena por el delito base de concierto para delinquir agravado, por corresponder la pena mayor, considera la Corte razonable y proporcional incrementar en doce (12) meses, por el ilícito de constreñimiento al sufragante, respetando así lo consagrado en el artículo 31 ejusdem, pues la expresión de la modalidad activa de constreñimiento al elector incide de manera negativa en la construcción de la voluntad popular, seriamente afectada por la presión ejercida contra la libertad ciudadana en la conformación de instituciones democráticas.
De donde emerge que la pena de prisión a imponer será la de ciento veinte (120) meses, y la de multa de once mil (11.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dado
que el delito de constreñimiento al sufragante no prevé una pena de esa especie.
Asimismo, de conformidad con los artículos 43, 44 y 52 del Código Penal, la Sala condenará al acusado a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.
Adviértase adicionalmente que no hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la sustitución por la prisión domiciliaria. En el primer caso porque no se cumple con el requisito objetivo previsto en el artículo 63 del código penal, ni aún con la modificación de la Ley 1709 de 2014, y en el segundo, por similar razón y además por la prohibición expresa consagrada en el numeral segundo del artículo 38 A del mismo estatuto. Tampoco hay lugar a la condena por daños materiales y morales ocasionados con el hecho punible, en la medida que no existe fundamento probatorio para señalar que se hubiesen causado.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
1.- CONDENAR a LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, de condiciones civiles y personales referidas en esta determinación, a ciento veinte (120) meses de prisión y multa de once mil (11.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como responsable, en calidad de autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley,
previsto en el artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la ley 733 de 2002, en concurso heterogéneo con el de constreñimiento al sufragante en la calidad de determinador, por los cuales se le formuló resolución de acusación.
2.- DECLARAR que no hay lugar a condena por el pago de daños y perjuicios y que no son procedentes la condena de ejecución condicional, la prisión ni la reclusión domiciliaria, acorde con lo advertido en la fundamentación.
3.- RECONOCER como parte cumplida de la pena el tiempo que el sentenciado ha permanecido privado de su libertad, por cuenta de este proceso.
4.- En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad – Reparto -, para lo de su cargo.
5.- La Secretaría de la Sala remitirá las copias del fallo a las autoridades que alude el artículo 472 del C. de P. Penal.
6.- Contra esta sentencia no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fls. 7 y 8 CO 1.
2 Fls. 235 y 236 CO 4.
3 Fls. 102–164 CO 6.
4 Fl. 132 y 133 CO 12.
5 Fls. 218 – 226 CO 3.
6 Fls. 101-173 CO 12.
7 Fls. 121-157 CO 14.
8 Fls. 161-177 c. o. 14
9 Fl 190 CO 20.
10 Fl 192 CO 20.
11 Fl. 19 CO 1.
12 Link www.derechoshumanos.gov.co
13 “En la actualidad se habla de la influencia de los herederos de Rodríguez Gacha y de Víctor Carranza en Meta y de grupos que se presentan con el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia a partir de 1997 en Guaviare y Caquetá. Las AUC tienen como su cabeza más visible a Carlos Castaño, quien comanda una fuerza contraguerrillera con aparente expresión multirregional que pretende contener la expansión de los grupos alzados en armas y sacar a la guerrilla de las zonas donde obtiene los principales recursos para su funcionamiento”.
14 Fls. 1-110 CA 95.
15 21-07-2011 (grabación 3) fl. 275 CO 1.
16 Fl 172 CA 87.
17 Declaración del 08-03-2012. fl. 9 CO 3
18 “Versión en justicia y paz del 24-03-2010 fl. 180 CA 65).
19 Declaración del 22-08-2011. fl.23 CO. 2
20 fls. 114-128 y 137-147 CA 41; 89-124 y 168-190 CA 42; 110-124, 141-155 y 293-301 CA 43; y 55-60 CA 66.
21 Versión del 09/11/2009 rendida ante la Fiscalía de justicia y paz fls. 33-36 Anexo 88.
22 Versión del 23-03-2010 fls 162-164 CA 65.
23 Versión del 09-11-2009 (minuto 11:49) fl. 144 CA 87.
24 Declaración del 21-07-2011 (grabación 2 minuto 00:50 y s.s.). fl.275 CO.1
25 Fls. 109 y 110 CA 55.
26 Declaración del 21-07-2011 (minuto 5:28 y s.s.). fl. 277 CO 1
27 Fls. 1-5 CA 13.
28 Fls. 98-110 CA 120.
29 17-09-2012 fl. 22 CO 8.
30 Declaración del 12-09-2012 fl. 2 CO 8.
31 Fls. 66-94, 156-178 CA 68; 270-286 CA 70; 1-7, 99-122, 206-228 CA 71.
32 Fls. 121-142, 184-202, 229-248, 268-279 CA 55; 44-97, 105-129, 236-262, 272-293 CA 56; 77-90, 96-116, 124-136 CA 57; 151-216 CA 65.
33 Fls. 108–190 CA 42; fls. 110-122, 144-155 CA 43; 192-233 CA 51;
34 Fls. 242-289 CA 72; 19-42, 53-85 CA 73
35 Fls. 215-264 CA 52.
36 Fls. 67-70 Anexo 118.
37 Fls. 93-98 CA 118.
38 Fl 56 CA 73
39:“En desarrollo de las labores investigativas tuve conocimiento que en el (…) Caquetá operaba (…) el Bloque Sur Andaquíes (…) teniendo como zonas de influencia (…) Albania, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Morelia, Curillo, (…) tienen desplazamiento hacia Milán, Paujil, El Doncella, Puerto Rico, dedicándose (…) a actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión, hurto de ganado, homicidios selectivos (…) también se vio involucrada gente de la institución, es decir de la Policía, (…) CTI, Ejército, Fiscalía e incluso personal que trabaja en mi unidad” (Fls. 285-300 CA 116).
40 “hay militares que apoyan a las autodefensas, no sé quiénes son, el día que yo me deserté yo me vine con un radio de comunicaciones con el que me entregué, ese día yo escuchaba cuando ellos hablaban por radio y le decían a los del ejército que me cogieran” (fls. 3-7 CA 16).
41 “ como mandaban urbanos para los pueblos la Policía tenía que estar enterada, ellos (…) ellos los policías, para coordinar la (…) forma de pago (…) la bonificación (…) se le daba al comandante de la Estación del pueblo y él se encargaba de repartirla a sus subalternos (…) los policías recibían menos y el comandante y el segundo recibían más, eran montos de ocho, nueve millones para repartirse entre ellos (…) eso era mensual (…) entre julio y diciembre de 2001 para entregar al comandante de Albania íbamos todos los de las fuerzas especiales (…) en San José de Fragua se le entregaba al comandante de los urbanos y a veces iba yo (…) en Belén de los Andaquíes la entrega la hacía el comandante de los urbanos alias “Escorpión” y a veces yo (…) en Morelia se hacía por intermedio de alias “Paquita” porque era un sitio muy clave para él y les daba hasta más de la cuenta (…) . (Fls. 255-277 CA 116).
42 “para esos días había un Subteniente retirado del Ejército que quería ingresar a las autodefensas, y para eso JOHN lo puso a pasar la prueba que era asesinando a ese muchacho, el cual según testimonios de ellos mismos, lo asesinó con una bayoneta que cargaba alias JOHN,(…) lo descuartizaron, ese Subteniente estuvo trabajando (…) con los paramilitares como coordinador de los pueblos, era el que tenía el contacto con la Policía, él perteneció al Batallón Juanambú, (…)” (fls. 31-34 CA16). “(…) sé que han cometido delitos (…) porque todo el pueblo se ha dado de cuenta (sic), lo hacen a la luz pública, la autoridad sabe, el teniente de la policía sabe, tanto de Albania como de San José, incluso ellos tienen un sueldo mensual, o sea los comandantes de Policía, todos los agentes trabajan con ellos. El Teniente de la Policía recibe millón quinientos del pueblo que sea, los suboficiales reciben un millón de pesos y los policías reciben de quinientos a cuatrocientos, depende de la información que den, si la Fiscalía va a ir, o si de pronto tienen información de algún guerrillero miliciano que esté en el pueblo (…)”(fls. 30-33 CA 119).
43 Entrevista de 18-10-2011, fls. 245-249 CO.9
44 Fls. 279-280 CO.3
45 Fl. 3 CO.1; Fl.26 CO.1 y fls.200-219 CO.1
46 Sesión del 01-04-2014 (9:39).
47 Sesión del 01-04-2014 (11:47)
48 Sesión del 03-02-2014
49 Sesión del 26-03-2014
50 Ver versión conjunta rendida por José German Sena Pico, Carlos Fernando Mateus Morales, Everardo Bolaños Galindo y Alonzo Hoyos Artunduaga, del 17-04-2011, CD. 83, Fl 101 CO6
51 Declaración del 06-03-2011.
52 Declaraciones del 21-07-2011 y 12-04-2012, respectivamente.
53 Declaración del 28-01-2013. Fls. 129-130 CO 12
54 Fl. 29 CO 1.
55 Fls. 95-101 Anexo 2 y 78-106 CA 16.
56 Fl. 62 CA 2.
57 Fls. 34-61 CA 2.
58 Declaración 06-04-2011, fl. 26 c. o. 1., audio a partir de 43 minutos fl.26 CO 1
59 Declaración 15-03-2012, audio a partir de 29 minutos
60 Cuaderno 201 anexo
61 Declaración del 21-07-2011 Fl. 276 CO 1 (Grabación 1 minuto 1:08:35 y ss.).
62 Declaración del 21-07-2011 Fl. 276 CO 1 (Grabación 1 minuto 1:41:03).
63 “Jorge el Calvo que llegó en el 2000 fue comandante de la urbana” (08-03-2012 minuto 14:21).
64 “Conocí a alias “el Calvo” o “Jorge” (…) él llega posterior a mi captura (…) había operado en el Caquetá en el tiempo que permanecí yo retenido en la cárcel, desde septiembre u octubre de 1999 hasta septiembre de 2001 (…) yo tenía comunicación permanente con “José María” que era el coordinador estando privado de la libertad y me enteraba de los cambios que habían dentro del grupo (…) llegó “Jorge el Calvo” a reemplazar a “el Aguila” comandante de urbana en el Caquetá (…)el cayó en el mismo operativo mío ” (14-09-2012 minuto 19:50).
65 “finales del 99 principios del 2000 fui a la zona de Caquetá (…) estuve en Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, Albania, Curillo (…) un periodo de tiempo estuve con el comando “José María” (…) “Jorge el Indio” o “el Calvo” (…) cuando yo llegué al Caquetá ya era el jefe de urbanos (…) se quedó Esquivia (…) directamente nos quedamos trabajando con el BCB (…) el comandante de urbana es el encargado de la gente de las finanzas (…) es el que le reporta al patrón, lo digo (…) por criterio propio, porque fui comandante de urbana, fui segundo de “el Calvo” (…) a uno el patrón necesita a alguien, a uno lo llama, (…) necesito que me ubique por ahí a fulano, (…) eso es función de un comandante de urbana” (19-10-2012 minuto 12:45 y s.s.).
66 “Carepa lo distinguí porque él llego al año siguiente de estar yo en Florencia, en el año 99 a trabajar allá como urbano, pero lo metieron en el área de las finanzas, (…) fue compañero de trabajo allá en Florencia (…) al “Aguila” lo capturan creo que en septiembre del 99”, (19-10-2012, minuto 7:02 s.s.).
67 Fls. 2-24 CA 20. Además, contrario a lo dicho por él en su declaración, fue certificado por la Policía Nacional que registra “correctivo disciplinario de una amonestación severa para la fecha 26-mayo-93” (fl. 247 CA 94).
68 14-01-2012 fl. 260 CO 10.
69 Fls. 258-259 CO 1.
70 Declaración del 14-01-2013 fl. 263 CO 10.
71 Fls. 42 CO 2; 186-188, 210 CO. 11.
72 Según el historial del mismo que reposa en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cundinamarca con sede en Zipaquirá. fls.158-177 CO 7.
73 Fls. 128-147 y 269-270 CO 11.
74 Allegados por la investigadora del CTI con base en la comisión conferida, (Fls. 267 y 268 CO 11.)
75 Fl. 174 c. o. 2
76 Declaración de 17-01-2013. fl. 294 CO. 11
77 Declaración de 06-04-2011. fl. 26 CO. 1 hora 23 min.
78 Declaración de 24-08-2011. fl. 31 CO. 11. Grabación 4
79 Declaración 24-08-2011 grabación 2, minuto 27:18 ss. fl.31 CO2
80 Fls. 2-307 CA 91 y 1-274 CA 92.
81 De quien se certificó haber sido agente de la Policía Nacional desde el 16-03-1992 y retirado “por voluntad de la Dirección General” el 13-07-2002. (Fls 252 y 253 CA 94).
82 Como es el caso de Onilfer Muñoz Peña alias “Solita”, quien se refiere a alias “Gorila” en su versión del 3-07-2008.
83 Señalado por Joan Darley como aquel que le dijo quién era el procesado en los términos arriba citados y es reconocido por José Germán Sena Pico alias “Nico” como miembro de la organización en 2002 (fl. 192 CA 53, 51 y ss. CA 56).
84 Fl. 29 Anexo 44.
85 Declaración del 12-04-20012 CD
86 “los que manejaban el narcotráfico no estaban soportando las finanzas que tenían que aportar al Frente. Durante el año 2002 alias Teto, quien era el encargado de esa actividad en compañía de los alias Paquita, Popis y Puntillo, no soportaron el dinero que debían haber soportado por ganancias para el Frente, por ello se desertaron aproximadamente 100 hombres, se realizó un pago en marzo del año 2002 y se volvió a pagar hasta enero del año 2003 (…) Macaco mandaba dinero para pagar la nómina, si mandaba para pagar 10 meses por hombre serían aproximadamente unos 4000 (…) millones, ellos sólo pagaban tres meses y dejaban el dinero de los otros siete meses para la compra de coca”; versión del 23-03-2010 fl. 165 CA 65.
87 Fls. 8-44 CA 96.
88 Fls. 280-285 CA 55.
89 Fls 151,152 y 155 CO. 8
90 Fls. 145-300 CA 112 y 1-36 CA 113.
91 Fls. 43-144 CA 112.
92 Fls. 6-307 CA 91 y 1-274 CA 92.
93 Fls. 37-40 CA 113.
94 Fls. 176 y 177 CA 114.
95 Declaración del 12/04/2012. fl.279-280 CO3
96 Fl. 267 CA 120.
97 Exactamente como lo dijo Benítez Zapata que era el trato entre ellos (fl. 268 CA 120).
98 Declaración del 28-01-2013. fl.130 CO.12
99 Fls. 69,73, 79, 87, 93 CA 95.
100 Fls. 157-162; 176-180 y 189 CA 124.
101 Fl. 259 CA 116.
102 Fl. 158 CA 106.
103 Fl. 275 CA 116.
104 Del 24-08-2011.
105 Fl. 270 CA 116.
106 Fls. 8-43 CA 96 y 26-44 CO. 12.
107 Declaración del 28-01-2013.
108 Fl. 286 CA 56.
109 Declaración del 15-03-2012.
110 Fls. 267 y 268 CO 11.
111 CA 132 a 206.
112 Fl 47 CA 187.
113 Fl 178-180 CA 187.
114 Declaración del 21-07-2011 (minuto 43:33 y s.s.). fl.275 CO 1
115 Del 21-07-2011 (grabación 1 minuto 5:26). fl. 277 CO 1
116 Declaración del 21-07-2011. fl. 275 CO 1
117 Declaración del 07-06-2012.
118 Versión ante la Fiscalía de Justicia y Paz del 26-06-2008, fl 129-130 CA 55, que controvierte la tesis del acusado en el sentido de que “Nico” no haya conocido a “Chiqui”, porque en versión del 23-03-2010 haya dicho que “había un señor conocido como alias Chiqui, quien trabajaba en Cofema y tenía contactos para sacar ganado robado de la zona, nunca conocí a este señor” (fl. 206 CA 65), pues dadas las actividades del personaje al cual se refiere en esta sesión, sin duda se trata de una persona diferente con el mismo alias.
119 Versión del 16-03-2009 fl. 87 CA 56.
120 Fls. 105, 106 y 226 CA 55.
121 Fl. 114 CA 120.
122 Declaración del 24-11-2011.
123 Sesión del 01-04-2015 (audio 1 hora y 19 minutos).
124 Fl. 50 CA 116.
125 Declaraciones del 21-07-2011 y 07-06-2012. fl.275 CO 1
126 Fl. 156 CA 114, cita otras reuniones de Claros Pinzón con el grupo ilegal (Fls 244-245 CA 116).
127 Fls. 230- 234 CA 106, advierte que las autodefensas financiaron la campaña de Claros Pinzón.
128 Declaración del 17-09-2012 refiere una reunión de octubre de 2002 entre Claros Pinzón, Gutiérrez Mora y “David”, y señala que le fue enviada una munición, según lo convenido con aquellos.
129 “en una reunión en la finca la bonita Chiqui comento que Juan Carlos Claros estaba interesado en una situación similar a lo que se tuvo con el aspirante Arnoldo Barrera, ellos se reunieron en Cofema. posteriormente Juan Carlos Claros se contactó con nosotros y lo que se habló fue que había comprometer (sic) a su padrino FERNANDO ALMARIO, uno representante a la cámara activo y el otro aspirante a la gobernación, chiqui le dijo que buscara la comunicación con Almario para un mejor compromiso, concretaron una reunión aquí en Bogotá entre Juan Carlos y Chiqui y éste último nos manifestó que él esperaba todo el apoyo de nosotros para la gobernación de Juan Carlos Claros y que contara con el apoyo para los contratos con personas conocidas de Chiqui y paquita con todo el apoyo de FERNANDO ALMARIO y que también se iban a administrar unos recursos por medio de la gobernación, se hicieron también acuerdos sobre narcotráfico” 26-06-2008, fl. 107 y ss. CA 55.
130 Del 21-07-2011 (grabación 1 minuto 5:26). fl. 277 CO 1
131 Rendida el 09-06-2008 fls. 116-118 CA 52.
132 Fls. 198 y 199 CA 53.
133 Fls. 107-157 y 170-181 CA 54.
134 Fl. 270 CA 55.
135 Declaración del 21-07-2011.
136 Declaración del 21-07-2011.
137 Fl. 2, 7 y 8 CA 34.
138 Fl. 22 CA 44.
139 Declaración sesión del 01-04-2014
140 Declaración sesión del 04-02-2014
141 Declaración del 12-04-2012 grabación 1 minuto 34:27 y ss., y grabación 2 minuto 00:23 y ss. fls.279-280-281 CO 3
142 Declaración 12-04-20012 Fl. 279-280 CO 3.
143 Fl. 247 CA 56.
144 Fl. 278 Ibídem.
145 Fl. 94 CA 55.
146 Fl. 103 ibídem.
147 Fl. 65 CA 56.
148 Versión del 23-03-2010 fls.162-164 CA 65.
149 Fl. 191 CA 55.
150 Entrevista del 18-10-2011, Fl. 245 a 249 CO.9
151 Declaración sesión del 01-04-2014
152 Sesión 27-11-2013.
153 Fl 96 CO 9
154 Fl 108 vto CO 9
155 Fl 96 a 98 CO 9
156 Ver CA 194 y 198
157 Ver CA 202
158 Declaración del 21-07-2011. fl. 275 CO 1
159 Fl. 18 CA 97.
160 Declaración del 15-03-2012 (CD).
161 Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas en materia criminal, Vol. II, Ed. Temis S.A. Bogotá –Colombia 1988, p. 107.
162 Muñoz Conde, Francisco. El Nuevo derecho penal autoritario. En el derecho penal ante la globalización y el terrorismo. Tirant lo Blanch, página 164.
163 Declaración de 12-04-2012 grabación 2 (21:30) fls.279-280 CO 3
164 Declaración del 23-10-2013, fl 113 CO 17
165 Declaración del 26-09-2013, fl 165 CO 16
166 Declaración del 26-09-2013, fl 164 CO 16
167 Declaración en sesión del 03-03-2014.
168 06:38 minutos
169 Audio 1, 10:42 minutos
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