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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
SP–2636-2015
Radicación 43881
(Aprobado acta No. 100)
Bogotá, D.C., marzo once (11) de dos mil quince (2015).
VISTOS:
Derrotado el proyecto presentado por el Ponente inicial, de oficio examina la Sala Mayoritaria si al procesado CARLOS EFRAÍN LÓPEZ MELO, condenado en las instancias por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Pasto y por el Tribunal Superior de la misma ciudad, se le vulneraron sus garantías fundamentales.
ANTECEDENTES:
1. Carlos Andrés Peña Ojeda, médico veterinario del municipio de Guachucal (Nariño), fue llamado a su teléfono celular en la mañana del 22 de enero de 2012 por una persona que se identificó como Guillermo Guastumal, quien le solicitó prestarle una asistencia técnica en una zona rural hasta la cual se desplazó el profesional en su vehículo.
En la carretera Panamericana, entre Guachucal y el sitio El Espino, a donde el veterinario llegó hacia las 12:40 de la tarde siguiendo las instrucciones del supuesto cliente, lo abordaron dos hombres armados y lo secuestraron. Antes de que le cubrieran el rostro y de hacerlo sentar en el asiento trasero de su carro, reconoció a uno de los agresores. Era un comerciante de ganado del municipio de Tuquerres (Nariño).
Hacia las 2:30 p.m. del mismo día los agresores entregaron a la víctima a otras personas en el sector de San Roque. A partir de entonces Peña Ojeda permaneció cautivo durante varios días en la zona montañosa y a sus familiares les pidieron, a cambio de dejarlo ir, 150 millones de pesos. Estos denunciaron el hecho y el Gaula de la Policía Nacional, tras la investigación y el operativo pertinentes, logró su liberación. En la acción aprehendió a un joven armado (GIOVANY PORTILLO ORTEGA) y a al menor de edad O.C.P.O.
El domingo siguiente al rescate, la víctima vio al comerciante de ganado que lo secuestró, estableció que se llamaba CARLOS LÓPEZ y así se lo comunicó a las autoridades.
2. El 18 de marzo de 2012, previa la orden judicial correspondiente, fue capturado CARLOS EFRAÍN LÓPEZ MELO. En la misma fecha, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Potosí (Nariño), se legalizó la aprehensión y se le imputaron los cargos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Más adelante, tras la formulación de acusación y la celebración de las audiencias preparatoria y de juzgamiento, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Pasto, mediante sentencia del 14 de mayo de 2013, condenó al procesado por las conductas punibles mencionadas a 246 meses de prisión, multa de 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años y a la privación del derecho a tener y portar armas durante 15 años. No se le concedió la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria.
3. El defensor apeló ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Pasto, a través de la sentencia recurrida en casación, expedida el 12 de febrero de 2014, lo confirmó en su integridad.
4. La Sala, mediante auto del 20 de noviembre de 2014, inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor y dispuso que una vez surtido el trámite atinente al mecanismo de insistencia, regresara el asunto al despacho del Magistrado Ponente para, de oficio, examinar si al procesado le fueron quebrantadas sus garantías fundamentales en la imposición de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Se recuerda, en primer lugar, que la Sala asoció la posibilidad de vulneración de las garantías del acusado a la eventual “afectación del principio de legalidad de la pena, en concreto, al momento de imponer y dosificar” la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
En la fijación de las penas accesorias, según el artículo 52 del Código Penal, debe observarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 59 ibídem, es decir, la obligación en la sentencia de fundamentar explícitamente “los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.
La Corte ha sido constante en sus sentencias de casación en recordar ese deber y en múltiples oportunidades, inclusive acudiendo a la facultad oficiosa, ha dispuesto la exclusión de las sanciones privativas de otros derechos diferentes al de libertad que se han impuesto sin el cumplimiento de dicha obligación.
En providencia reciente de la Sala (CSJ SP, 11 Dic 2013, Rad. 41543), en relación con la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, se trajo a la memoria la necesidad de motivar su determinación, indicándose que
“la sola naturaleza del delito o las consideraciones plasmadas acerca de su configuración no evidencian, ni siquiera tácitamente, la procedencia de su imposición, dado que no puede confundirse la motivación acerca de la realización del injusto con la motivación relacionada con la imposición de la pena. La primera atañe a las pruebas que sustentan la manifestación en el mundo exterior de una conducta típica y antijurídica, mientras que la segunda concierne al reproche personal (manifestada en la sanción punitiva) que debe hacérsele al autor de dicho comportamiento, situación que en cada evento implica el análisis de una serie de principios, fines y valores distintos”.
Y como en ese asunto no se consignaron puntualmente las razones que aconsejaban la restricción del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, la Corte decidió eliminar esa pena accesoria de la sentencia.
La tesis anterior la rememoró la Sala en el fallo CSJ SP 17166-2014, Rad. 42536, en el cual se introdujo la siguiente modificación jurisprudencial:
“En esta oportunidad, aunque la Sala insiste en recordar el deber que tienen los Jueces de fundamentar la fijación de las penas principales y accesorias, salvo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en los casos en que su duración corresponda a la de la pena privativa de la libertad, ha vuelto a debatir el tema de si existe violación de la garantía de motivación de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego cuando –como pasó— no se ha fundamentado su imposición en un caso como el examinado, donde se plantea lógica y necesaria su deducción, y la conclusión es que no.
“No es deseable, desde luego, se repite, que inclusive cuando parece redundante sustentar una sanción (por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad del padre en relación con el hijo al cual sometió a abusos sexuales), se dejen de expresar los motivos en la sentencia. Del mismo modo, cuando no se dicen frente a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego en un caso como el presente, donde una persona es condenada por transportar con destino a un grupo armado ilegal explosivos más los accesorios aptos para detonarlos y una pistola con numerosos proyectiles de seguro para ser empleados en la realización de los fines violentos del colectivo criminal, no estima la Sala que la omisión quebrante la garantía de motivación ante el carácter axiomático que reviste privar del derecho a tener armas a quien las trafica para una organización guerrillera”.
2. El presente caso ha revivido la discusión a raíz de que la ponencia derrotada planteaba excluir la pena accesoria, por falta de motivación, de una parte, y porque los hechos aquí juzgados diferían de los tenidos en cuenta en la sentencia antes transcrita, expedida el 16 de diciembre de 2014.
La Sala concluyó nuevamente que era necesario recordar a los Jueces el deber de sustentar la fijación de las penas principales y accesorias, salvo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en los casos en que su duración corresponda a la de la pena privativa de la libertad.
Mayoritariamente, a la par, se estableció como criterio general que en casos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal o de uso privativo de las Fuerzas Armadas –sea que se impute sólo esa conducta punible o en concurso de delitos—, se entiende cumplida la garantía de motivación de la imposición de la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la declaración en la sentencia de que el procesado fabricó, traficó o portó armas de fuego o municiones “sin permiso de autoridad competente”. En otras palabras, la declaración judicial de que ajustó su comportamiento a cualquiera de las conductas descritas en los artículos 365 o 366 del Código Penal (también al artículo 367 ibídem), constituye suficiente fundamento para privar del mencionado derecho al condenado. Se rectifica con este criterio, entonces, el plasmado en el precedente jurisprudencial del 16 de diciembre de 2014 (CSJ SP 17166-2014, Rad. 42536).
No está de más advertir que esos delitos de peligro común, que pueden ocasionar graves perjuicios a la comunidad, se sancionan cada vez con mayor severidad en cuanto se constituyen en presupuesto obvio de la violencia nacional. Ese aumento de la punibilidad, a la vez, está inscrito –no hay duda— en políticas de desarme de la población claramente orientadas a contrarrestar la criminalidad asociada a la utilización de armas de fuego (o químicas, biológicas o nucleares), la cual se muestra como uno de los principales problemas que obstaculizan el desarrollo del país.
No resulta sensato, en ese contexto, en casos de condena por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, exigir para la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego una fundamentación adicional a la declaración de existencia de la conducta punible. Simple y llanamente porque se plantea lógica, necesaria y proporcional su deducción en tales casos. No se entendería que a quien se reprocha penalmente fabricar, traficar o portar armas de fuego o municiones, o armas químicas, biológicas o nucleares, no se le despoje del derecho a poseerlas por el tiempo que permita la ley.
Así las cosas, no se excluirá la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego impuesta al procesado CARLOS EFRAÍN LÓPEZ MELO. Pero se revisará su duración de 15 años señalada en las instancias.
Esa pena accesoria está prevista en el artículo 51 del Código Penal entre uno (1) y quince (15) años. Y como en su determinación aplica el sistema de cuartos que rige la individualización de la pena (Art. 61 ibídem), conforme lo ha admitido la jurisprudencia, es claro que, en concordancia con los criterios que guiaron la atribución de la pena de prisión (el extremo mínimo del primer cuarto del delito de secuestro extorsivo –20 años— más el 2,5% de esa cantidad en razón del delito concursal de porte ilegal de armas (6 meses), procede imponerle al procesado un total de 12 meses y 9 días. En este sentido se casará parcialmente el fallo impugnado.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE el fallo proferido por el Tribunal Superior de Pasto, para fijar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma impuesta al procesado CARLOS EFRAÍN LÓPEZ MELO en 12 meses y 9 días.
2. Las demás determinaciones de la sentencia se mantienen.
En contra de esta providencia no proceden recursos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA SP2636 de 2015(Rad.: 43881)
Con el habitual respeto por la decisión mayoritaria, salvo mi voto en los siguientes términos:
Nuevamente y por razones similares a las expuestas en el salvamento que consigné en la SP17166-2014, rad. 42536, me aparto ahora de la posición mayoritaria por considerar que la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma no tuvo ninguna motivación específica en la sentencia de segunda instancia y tampoco era posible extraerla de la exhibida para el injusto penal.
Precisamente, por tal razón, en la ponencia que me fue derrotada proponía casar oficiosa y parcialmente la providencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, para excluir, de la condena impuesta a Carlos Efraín López Melo, la pena accesoria referida.
Consideré, y me mantengo en ello, que, por expreso mandato de los artículos 52 y 59 del Código Penal, la imposición de una pena accesoria debe estar precedida de una justificación, así sea mínima, de las razones por las cuales ella se hace necesaria en el caso concreto. Por consiguiente, soy del criterio que es obligado para el juez consignar en el fallo los motivos «de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena».
A mi juicio, se ha debido mantener la postura de la Corte, plasmada en CSJ SP, 11 may. 2011, rad. 34614, reiterada luego en CSJ SP, 11 dic. 2013, rad. 41543, en donde se sostuvo:
…no es posible confundir la motivación acerca de la realización del injusto con la motivación relacionada con la imposición de la pena. La primera atañe a las pruebas que sustentan la manifestación en el mundo exterior de una conducta típica y antijurídica, mientras que la segunda concierne al reproche personal (manifestada en la sanción punitiva) que debe hacérsele al autor de dicho comportamiento, situación que en cada evento implica el análisis de una serie de principios, fines y valores distintos.
(…)
De esta manera, la motivación de la imposición de la pena, ya sea principal o accesoria, tendría que ser diferente e independiente a la sustentación de la ejecución del ilícito, tanto en uno como en otro caso.
En la sentencia de la cual discrepo se parte de la base que la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma en casos en los que, como el presente, se investigó y juzgó un delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal, no requiere la exhibición de los fundamentos explícitos para su imposición.
En mi parecer, es inadmisible sostener que en tales eventos es razonable y proporcional privar del derecho a tener armas sin que exista un porqué, pues ello implica crear reglas de excepción al deber de motivar, a pesar de que no fueron concebidas por el legislador, quien ninguna diferenciación o categorización hizo, y, por el contrario, fue exigente, como debe serlo en un Estado de Derecho, en punto que las decisiones se hallen sustentadas.
La motivación, debo agregar, es una garantía del debido proceso, en especial, del derecho de defensa del procesado y permite ejercer el de contradicción. Por ende, la inexistente motivación del juez en torno a la imposición de una determinada medida, infringe esos derechos y, por ende, lesiona el derecho de todo ciudadano a una garantía judicial efectiva.
Considero, con el acostumbrado respeto, que la exigencia de previa motivación judicial para aplicar una medida no puede condicionarse a la poca o escasa lesividad de aquella. El mandato legal (artículos 52 y 59 del Código Penal) es claro y general. No admite excepciones de ninguna índole.
Fecha ut supra.
EYDER PATIÑO CABRERA