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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
SP2144-2016
Radicación No. 41712
(Aprobado acta No. 46)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensora de la acusada LAURA BEDOYA DE GALVIS, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia el 24 de abril de 2013, confirmatoria de la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, que la condenó a la pena principal de 46 meses 20 días de prisión, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 64 meses y 15 días, y multa de $21.008.428.oo, al hallarla coautora responsable del concurso material homogéneo y heterogéneo de los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público.
ANTECEDENTES FÁCTICOS
Fueron sintetizados por el juzgador de segundo grado de la siguiente manera:
‹‹El ciudadano DIDIER HUBER LETRADO DÍAZ tomó posesión como subsecretario de despacho de obras públicas y alumbrado público del municipio de Salento Q., ante la señora alcaldesa LAURA BEDOYA DE GALVIS y ejerció dicho cargo desde el 15 de julio de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2006, fecha en la cual renunció.
El 15 de enero de 2007, el señor LETRADO DÍAZ y la señora alcaldesa BEDOYA DE GALVIS suscribieron la orden de prestación de servicios No. 012, con el fin de realizar el direccionamiento en la ejecución del proyecto de mantenimiento de vías urbanas y espacios públicos del municipio de Salento. Contrato que fue refrendado (sic) mediante las órdenes de prestación de servicios Nos. 70 y 90 firmadas en las fechas 16 de abril y 2 de junio de la misma anualidad, respectivamente.
El 04 de octubre de 2007, las citadas personas rubricaron la orden de prestación de servicios No. 124, con el objeto de realizar la residencia por parte del municipio pactada en el convenio No. 0318, para el mejoramiento en las vías de la mencionada localidad.
Las aludidas órdenes de prestación de servicios se suscribieron sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 8, numeral 2º, literal A de la ley 80 de 1993, la cual prevé que no podrán celebrar contratos con la entidad respectiva, los servidores públicos que desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, incompatibilidad que se extiende por el término de un año, contado a partir de la fecha de retiro. Aunado a ello, en cada uno de los mencionados documentos se estipuló lo siguiente: “el contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar”, afirmándose de este modo un hecho contrario a la realidad. ›› 1.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
El 23 de octubre de 20082 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Salento, Quindío, se efectuó la audiencia de formulación de imputación, atribuyéndole a los procesados los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en calidad de coautores, y falsedad ideológica en documento público, como autora a LAURA BEDOYA DE GALVIS, y en calidad de interviniente a Didier Húber Letrado Díaz; ambos comportamientos en concurso homogéneo y sucesivo, sin que fueran aceptados por los imputados3.
La Fiscalía 14 Seccional presentó el escrito de acusación4 el 20 de noviembre siguiente y el 31 de agosto de 2009 las partes concurrieron ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento para realizar la audiencia de formulación de acusación5 por los mismos hechos y delitos que fueron objeto de imputación.
La audiencia preparatoria se verificó el 12 de febrero de 20106 y el juicio oral tuvo lugar el 28 de junio de 20117. En desarrollo de esta diligencia, la fiscalía le informó a la juez de conocimiento que había suscrito preacuerdo8 con los acusados y sus defensores, y le solicitó que realizara el control de constitucionalidad y legalidad correspondiente, luego del cual la juzgadora le impartió su aprobación al no vislumbrar violación a derecho fundamental alguno.
El 28 de junio de 20119 continuó la audiencia de juicio oral, en donde la juez le concedió el uso de la palabra a los sujetos procesales para que se refirieran a las circunstancias del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. La defensa de la procesada solicitó la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, y allegó varios documentos que respaldaban su petición.
Con el propósito de ampliar la información entregada por la defensa y dando aplicación al inciso 2º ejusdem, la juez ordenó oficiar a un funcionario de la Fiscalía para que absolviera el cuestionario elaborado por su Despacho, a fin de obtener el estudio socioeconómico de la acusada y de verificar la situación real del estado de salud de su cónyuge, el señor Carlos Arturo Galvis Ocampo, aducidos como fundamento de la solicitud de sustitución de la prisión carcelaria por domiciliaria.
El 31 de julio de 2011, la investigadora criminalística de la fiscalía rindió el informe de la visita socio familiar10 y el 23 de agosto subsiguiente radicó el informe técnico de valoración médica realizado por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien recomendó que el paciente fuera evaluado y tratado rápidamente por psiquiatría11.
La unidad de psiquiatría y psicología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rindió informe escrito el 30 de noviembre de 201112, documento en el que concluyó que «El señor CARLOS ARTURO GALVIS OCAMPO padece de un trastorno depresivo mayor tiene un alto riesgo de suicidio, (sic) por lo que es recomendable atención psiquiátrica urgente, instauración de plan fármaco terapéutico-sicoterapéutico, además es de suma importancia el que esté acompañado permanentemente por un familiar cercano dado el alto riesgo de suicidio. En el momento de esta valoración no está capacitado para laborar de forma ordinaria»13.
El 12 de enero de 2012, la secretaría del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia corrió traslado por escrito del informe técnico de valoración médica realizado por el área de psiquiatría y psicología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses14.
La audiencia de individualización de la pena y sentencia continuó 13 de febrero de 2012, donde una vez verificada la asistencia de las partes, la juez procedió a dar lectura a la sentencia de primera instancia15, en cuyo numeral cuarto se resolvió negarle a la procesada el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria. Contra esta decisión la defensa interpuso el recurso de apelación, que sustentó en la oportunidad legal16.
El Tribunal Superior de Armenia desató la impugnación el 24 de abril de 2013 en sentido confirmatorio. Contra esta decisión, la defensora de la acusada oportunamente interpuso recurso extraordinario de casación mediante la presentación de la correspondiente demanda17.
LA DEMANDA
La accionante identifica las partes procesales, la sentencia impugnada, cita la situación fáctica descrita en el fallo de segundo nivel, sintetiza la actuación procesal y deja claro su finalidad de que se restablezca el debido proceso transgredido por la a quo y confirmado por el ad quem. Presenta un cargo principal, amparado en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por desconocimiento al debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes en la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal; y un cargo subsidiario por violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho proveniente de falso raciocinio de la prueba presentada en la audiencia del precepto anteriormente citado.
Señala, que con la confirmación de la decisión de primera instancia por parte del Tribunal, se afectaron los derechos al debido proceso, a la legalidad, a la defensa, y los principios de oralidad, contradicción, inmediación y concentración, debido a que el juzgador de primer nivel, en audiencia de individualización de la pena, omitió dar lectura y traslado a las partes procesales e intervinientes -y por consiguiente incorporar al proceso- las pruebas que de oficio fueron ordenadas y recibidas, vale decir: (i) el estudio socioeconómico de la acusada y su esposo; (ii) el dictamen médico legal inicial de fecha 23 de agosto de 2011, practicado al cónyuge de la acusada; y (iii) el dictamen psiquiátrico complementario de medicina legal, de fecha 30 de noviembre de 2011, igualmente realizado al consorte de la procesada.
Aduce, que de acuerdo con la sentencia C-025 de 2010 y con el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, el juez puede ordenar pruebas de oficio en la audiencia de individualización de la pena y sentencia, siempre y cuando se permita su controversia. Contrario a lo anterior, en el presente asunto no se hizo la lectura de las pruebas ordenadas oficiosamente por el a quo, violando así el debido proceso por afectación de su estructura fundamental, al omitir una etapa esencial, lo que genera una nulidad sustancial por violación a las garantías fundamentales, ya que los elementos de persuasión dejados de practicar eran definitivos al momento de conceder o no el beneficio de la prisión domiciliaria a LAURA BEDOYA DE GALVIS.
Seguidamente, realiza un breve relato de las consideraciones del ad quem, señalando que al igual que el fallador de primer grado, éste persistió en el yerro demandado, y se cuestiona sobre la falta de aplicación del inciso tercero del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal y de la falta de ritualidad exigida en el proceso para que un elemento material probatorio se convierta en prueba.
En lo referente al cargo subsidiario, formulado bajo el amparo de la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la demandante sostiene que el fallo incurrió en violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho proveniente de falso raciocinio en la valoración de la prueba presentada en la vista del artículo 447 del Estatuto Penal Adjetivo, al asignarle un valor demostrativo que vulneró la sana critica.
Finalmente, ataca cada uno de los argumentos expuestos por el Tribunal al confirmar la decisión de primera instancia, e indica que éste cometió un error in iudicando al utilizar en la motivación de las decisiones de primer y segundo nivel, fundamentos que transgredieron las reglas de la sana critica a que se refieren los artículos 380 y 432 de la Ley 906 de 2004. Considera vulnerados los artículos 29 de la Constitución Política, 3 y 4 del Código Penal y 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 380 y 432 de la Ley 906 del 2004.
Con base en ello, solicita que se case parcialmente la sentencia acusada y, en su lugar, se decrete la nulidad de la actuación a partir del inicio de la audiencia de individualización de la pena y sentencia, y se devuelva el proceso al a quo para realizar el trámite ordenado.
LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
La audiencia de sustentación del recurso extraordinario de casación tuvo lugar el 13 de octubre de 2015. En ella, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.- La demandante.
Se ratificó en las argumentaciones contenidas en la demanda de casación y dirigió su intervención a insistir en que el estudio del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria está siendo negado sin que para ello se analice cada caso en forma particular, pues no es lo mismo decidirlo para un individuo que ha generado un grave detrimento económico al Estado, que para otra persona, que como su representada, no ocasionó detrimento patrimonial alguno, como quedó establecido en el proceso. Sostiene que no debe bastar con que se trate de un delito contra la administración pública para denegar el beneficio de la prisión domiciliaria o de la suspensión condicional de la pena si a ello hubiere lugar, requiriendo el pronunciamiento de la Sala en ese sentido.
2.- La Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Considera la jurista, que aunque la actividad probatoria que se surte en la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 para la individualización de la pena permite la participación de los intervinientes por una sola vez para referirse a las condiciones sociales, familiares, modo de vivir y antecedentes de todo orden del hallado penalmente responsable, con el propósito de que se tengan en cuenta al momento de determinar la pena y la concesión de los sustitutos de la sanción, para estos efectos hay una mínima actividad probatoria que ha sido calificada por la Sala como “absolutamente informal”, sin que por ello se pueda olvidar que esa práctica demostrativa está condicionada por los parámetros del debido proceso, que de conformidad con la previsión que realiza el artículo 29 superior se debe aplicar a toda actuación judicial o administrativa y teniendo en consideración los parámetros de legalidad, licitud, admisibilidad y pertinencia.
Señala que la terminología “incorporación informal” se utiliza para diferenciar esta práctica de la que se realiza durante la audiencia del juicio para establecer si el procesado es o no responsable, y constituye una actividad probatoria apenas disminuida en la que se debe garantizar el derecho a la contradicción, con lo cual, el contenido de las pruebas oficiosamente ordenadas por el juez en el desarrollo de la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 para ampliar su conocimiento, deben darse a conocer en esa diligencia, de un lado, para dar cumplimiento al principio de oralidad y, de otro lado, porque solo así los intervinientes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de controversia.
Considera que en el presente caso el contenido de la valoración psiquiátrica ordenada oficiosamente por la juez no fue dado a conocer en audiencia pública, pese a la advertencia que había realizado la fiscalía en ese sentido, no obstante que el fallador de instancia anunció que lo haría con antelación a la lectura del fallo.
Con base en los anteriores argumentos, advierte una afectación al debido proceso, y por ello solicita a la Corte atender la petición de casar parcialmente la sentencia objeto del recurso y, en consecuencia, decretar la nulidad parcial, pero a partir de la audiencia de lectura de fallo, con el propósito de permitir el ingreso del resultado de la experticia ordenada por el funcionario para que sea conocida en audiencia, y que las partes tengan la oportunidad de ejercer su controversia.
3. La Procuradora Judicial Tercera para la Casación Penal.
Estima que el primer problema jurídico que debe resolver la Sala es el de determinar cuál es el trámite que debe dársele a la audiencia reglada en artículo 447 del Estatuto Procesal Penal, cuando el juez hace uso de la facultad de pedir a las autoridades información complementaria para efectos de la individualización de la pena.
Desde su punto de vista, si tal información es necesaria para el juez para un mejor proveer, lógico resulta que las partes puedan expresar sus criterios respecto a ella y elevar las peticiones que conciernan, pues si bien la prueba complementaria se recauda oficiosamente para resolver una petición elevada por alguno de los sujetos procesales en su intervención en aras de la individualización de la sanción, de esa aserción pueden surgir elementos a favor o en contra de la pretensión que el carácter inter partes del proceso penal demandan ser debatidos.
Señala, que si bien debe dársele traslado a las partes de las respuestas obtenidas de los expertos a petición del juez, aquel puede perfectamente efectuarse entregando a los sujetos procesales en la sede de audiencia los informes o certificaciones, sin que sea necesario exigir su lectura total o la presencia del experto para realizar el interrogatorio cruzado, pues tal rigorismo reñiría con los principios de celeridad y economía procesal y resquebrajaría el trámite informal que implica esta audiencia de individualización de pena, como quiera que no se refiere a elementos de conocimiento que tengan que ver con la responsabilidad del procesado.
Sostiene igualmente, que este tipo de pruebas de mejor proveer obedecen a principios constitucionales como son el derecho fundamental al acceso a la justicia consagrado en el artículo 228 superior; el previsto en el Preámbulo de la Constitución respecto del aseguramiento de la justicia como un deber; el del artículo 1º constitucional que implica el respeto a la dignidad humana y, dentro de ella, el deber de tasar la sanción de la manera más digna posible y respetando al máximo las condiciones particulares de cada justiciable, a lo que precisamente se refiere el proceso de individualización de la pena; los fines establecidos para el Estado en el artículo 2º ibídem, en donde justamente se halla la vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos, y el artículo 5º ejusdem que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona.
Destaca, que la facultad de prueba oficiosa y de permitir su debate así sea sumario dentro de la audiencia, es clara expresión de los postulados constitucionales, y que su ejercicio debe hacerse de manera armónica con otros principios superiores como el derecho a la defensa, razón por la cual si el juez recurre a tal facultad oficiosa al momento de la dosificación de la pena, debe dar traslado a las partes de los informes obtenidos, y escucharlas sobre la forma en la cual esa nueva información incide en sus pretensiones punitivas concretas que al no realizarse en el caso en estudio, violó los derechos anteriormente anunciados.
Solicita que por este cargo se declare la nulidad de lo actuado, no desde la lectura de sentencia, sino retrotrayendo la actuación al final de la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, para permitir un traslado real a las partes y escucharlas al respecto, para luego si proceder a la individualización de la pena y a decidir lo atinente al eventual otorgamiento o no de la prisión domiciliaria.
Con relación al cargo subsidiario, estima que el beneficio de la prisión domiciliaria no es procedente por cuanto se halla prohibido por el artículo 68A del Código Penal para los supuestos de delitos contra el Estado, como ocurre en el caso que nos ocupa.
Igualmente, considera que no se reúnen los requisitos exigidos por la ley para su concesión por cuanto el dictamen médico legal no recomienda que el acompañamiento del esposo enfermo deba realizarse exclusivamente por la cónyuge procesada, sino que debido a que existen hijos y nietos, el acompañamiento puede ser brindado por estos, razón por la cual, en su concepto, el cargo subsidiario no estaría llamado a prosperar.
4. El apoderado del procesado no recurrente.
En su intervención, el defensor del procesado no recurrente indicó a la Sala que no le asiste interés de oponerse a las pretensiones de la demandante, ni de coadyuvarlas, razón por la cual se atiene al criterio de la Corte.
CONSIDERACIONES
Le corresponde a la Sala analizar de fondo los problemas jurídicos presentados por la accionante en su demanda, en armonía con los fines que el legislador ha trazado para el recurso extraordinario de casación, a saber, garantizar la efectividad del derecho material, respetar las garantías mínimas de las personas que intervienen en la actuación, buscar la reparación de los agravios inferidos a los sujetos procesales y unificar la jurisprudencia, tal como lo establece el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
Primer Cargo. Nulidad por afectación sustancial del debido proceso. Fundamentado en la causal segunda del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, por cercenar una etapa esencial de la audiencia de individualización de pena y sentencia al omitir dar lectura y traslado a los intervinientes la prueba que oficiosamente fue ordenada en ella, impidiendo su controversia, lo que generó afectación al derecho a la defensa, por cuanto los elementos de persuasión dejados de practicar eran definitivos para la evaluación de la concesión o no del beneficio de la prisión domiciliaria, razón por la que se solicita que se declare la nulidad de la actuación a partir del inicio de esa vista pública.
I. El derecho a castigar en el Estado social de derecho.
Constituye un tópico afirmar, que cada modelo de Estado impone una peculiar fundamentación de su derecho penal y de los métodos por medio de los cuales el juez debe arribar a la decisión de punir, al tipo de sanción imponible entre las posibilidades que el legislador consagra, su duración, el lugar y las condiciones en que debe ser ejecutada la pena.
En el ámbito interno, el artículo 1º de la Constitución Política declara que Colombia es un Estado social de derecho, fórmula que se erige como fuente de interpretación de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, como principio rector que debe ser concretado en cada ámbito específico del ordenamiento, como sucede con el deber de ceñir toda la actividad estatal a las normas jurídicas y, entre ellas, a aquella que representa una de las más grandes conquistas del mundo occidental: la norma fundamental18, que en términos del Tribunal Constitucional Federal Alemán19, tiene un efecto irradiador sobre el sistema legal del cual forma parte el derecho penal, y traza los límites respecto de quién puede castigar, a quién se puede castigar y cómo se puede castigar.
De manera, que el modelo teórico y normativo del proceso penal se deriva de la Constitución, la cual lo condiciona al marcar los derroteros que determinan el debido proceso o, de acuerdo con la terminología utilizada por los sistemas internacionales de derechos humanos20, del juicio justo, que se refiere, en lo que al presente asunto atañe, a las condiciones formales y materiales que deben cumplirse para considerar la sanción impuesta al penalmente responsable, como una consecuencia punitiva axiológicamente acorde a la al texto superior y, por ende, merecedora de ser refrendada por el Estado.
Para lograr tal cometido, la norma fundamental incorpora una serie de principios que posteriormente deben ser desarrollados por el legislador y aplicados por los jueces, lo que nos lleva a afirmar que el proceso penal es una de las formas de realización de la Constitución y, al mismo tiempo, como lo ha señalado Roxin21, su sismógrafo, y a sostener que el derecho procesal es un derecho constitucional reglamentado22
.
1. El debido proceso penal como límite al poder punitivo del Estado.
En la estructura normativa nacional, el derecho al debido proceso ostenta un rango superior al estar previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, que integra el catálogo de los derechos fundamentales que irradian a la totalidad del ordenamiento jurídico. Por tal motivo, para que el derecho del Estado a punir se considere legal y legítimo, debe estar mediado, en cada caso concreto, por el pleno respeto de las garantías constitucionales y legales que conforman el derecho al debido proceso; en otros términos, el ejercicio del ius puniendi estatal debe ser adecuado y razonable en términos constitucionales.
El debido proceso está consagrado en el ámbito internacional en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establecen que:
«Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito».
Igualmente, el derecho al debido proceso se halla previsto en el artículo 1423
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el siguiente contenido:
«Artículo 14.- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta
circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país».
Así mismo, el derecho al debido proceso está recogido en el artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que establece que:
«Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas».
De igual, modo por el canon 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone lo siguiente:
«1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.».
Esta normatividad internacional, ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concibiendo al proceso como «un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia24», a lo cual contribuyen «el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal»25, al que define como «el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales»26.
En consecuencia, los actos o garantías que integran el debido proceso «sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho» y son «condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial»27.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el debido proceso y sus diversas expresiones conforman las denominadas obligaciones positivas del derecho internacional de los derechos humanos28, le corresponde al Estado colombiano respetarlo y garantizarlo adoptando las medidas necesarias para hacer efectiva la realización del Convenio, compromiso que no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de que los administradores de justicia desarrollen su labor asegurando el pleno ejercicio del debido proceso y de los derechos que lo integran.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-9/8729, ha señalado que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial y que debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en el Pacto de San José, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma (estados de excepción).
En razón a lo anterior, podemos afirmar que el derecho al debido proceso es un derecho humano no susceptible de suspensión, que debe ser aplicado a la totalidad de los procesos judiciales y administrativos, sin que existan fases en las que pueda ser desconocido, pues éste actúa como mecanismo legitimador de las decisiones; en otros términos, que la legítima justicia estatal es aquella que se obtiene con la aplicación del debido proceso.
Con el mismo contenido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas30 ha afirmado que el derecho al debido proceso pretende garantizar una adecuada administración de justicia y, a tal efecto, afirma una serie de derechos individuales como la igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.
En el ámbito interno, el derecho al debido proceso está previsto en el canon 29 de la Constitución Política nacional, que dispone que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, erigiéndolo como un principio inherente al Estado de Derecho31, que tiene una estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento como mecanismo de protección de los derechos del ciudadano, de erradicación de la arbitrariedad y, por lo tanto, como límite al ejercicio del poder público.
El derecho fundamental32 al debido proceso también ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional33 que lo ha definido como el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley34, que deben concatenarse entre sí para adelantar un proceso judicial o administrativo35. A manera de ejemplo, el derecho de aportar pruebas constituye una condición necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa, pero para la contraparte implica la posibilidad de controvertirlas, para lo cual se requiere su previa incorporación y traslado, y este ejercicio dialéctico, probatorio y argumentativo es el que depura la prueba, y permite que la decisión judicial sea más arrimada a la verdad y por lo tanto, más justa.
Así, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el debido proceso es «el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia»36.
La Corte Constitucional también se ha referido a la vinculación de los funcionarios judiciales con el derecho al debido proceso al señalar que «El respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción»37.
Igualmente, esta Sala38 ha dotado de contenido al artículo 29 superior, indicando que de acuerdo con su consagración constitucional, el debido proceso implica que nadie puede ser juzgado sino conforme con la ley preexistente, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, lo que indica que este derecho fundamental está conformado por el conjunto de reglas y preceptos que le otorgan autonomía a cada clase de proceso39.
Así mismo, ha sostenido que el derecho al debido proceso se halla integrado, entre otros, por el principio de predeterminación de las reglas procesales, o principio de legalidad, que exige que el proceso tenga un curso determinado, «que una acción procesal siga lógica y coherentemente a otra y que la sentencia sea el resultado de la rigurosa observación de pasos y formas tendientes a garantizar a los sujetos la demostración de sus derechos y pretensiones y a la jurisdicción la posibilidad de comprobar plenamente los aspectos subjetivos y objetivos de la infracción, admitiendo en el curso de la actuación solamente los actos propios de ella y dentro de los lapsos establecidos por el ordenamiento»40.
Ahora bien, es importante destacar que al igual que ocurre con la jurisprudencia internacional, según la nacional, el derecho al debido proceso ostenta un carácter pleno, en el sentido de que debe ser aplicado durante todas las fases del proceso, sin que puedan existir etapas o actuaciones en que se desconozca, ni siquiera cuando se trata de aquellas denominadas previas o pre procesales41.
Conforme con lo anterior, la totalidad del proceso penal, esto es, desde sus fases embrionarias, hasta los actos de ejecución de la decisión, deben estar presididas por el respeto absoluto de derecho al debido proceso, sin que sea admisible su suspensión o limitación en estado procesal alguno.
1. El contenido del derecho al debido proceso penal.
Como se ha anotado, el derecho al debido proceso es un derecho complejo, en el sentido de que está integrado por diversas garantías, que constituyen verdaderos ejes transversales de protección y que tienen diversos ámbitos de aplicación en el proceso penal, como lo son el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción.
1. El derecho de defensa.
El derecho fundamental a la defensa se halla previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el canon 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el precepto 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la norma 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 7.6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el precepto 29 de la Carta Política nacional. De estas normas se derivan, entre otros, los derechos esenciales de cualquier persona a ser oído, a presentar las pruebas que considere que pueden favorecer su situación tanto en el proceso como respecto de la duración de pena, de las condiciones en que se ejecutará la sentencia que se emita en su contra y la posble concesión de subrogados que permitan darle cumplimiento de la forma menos gravosamente posible, a contradecir las pruebas y argumentos que pretendan afectar sus pretensiones y a impugnar la decisión.
La vinculación del derecho de defensa con el debido proceso y su especial jerarquía en orden a garantizar decisiones legítimas, justas, razonadas y carentes de arbitrariedad, ha sido reconocida por la Corte Constitucional, al afirmar que:
«Las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico42. Debe destacarse que la tutela constitucional de este derecho no se dirige a proteger el riguroso seguimiento de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente, es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito constitucional»43. (Negritas agregadas).
Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que una de las principales garantías del debido proceso es el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, «de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga»44.
Así mismo, la Corte Constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca «impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado». Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que «constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico»45.
Debido a que en el escenario del proceso penal los intereses jurídicos que se ven comprometidos y las consecuencias jurídicas que tiene para el procesado, su familia y la sociedad, principalmente -aunque no exclusivamente- cuando se imponen penas restrictivas de la libertad personal, es allí en donde el derecho de defensa debe proyectarse con mayor intensidad46.
Por ello, esta Sala47 también ha destacado que «El concepto de defensa, como derecho público subjetivo del imputado, constituye junto con las nociones de acción y jurisdicción, uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la idea del proceso penal como estructura normativa destinada a armonizar la pretensión punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias de la correcta y legítima administración de justicia dentro del Estado de Derecho trazado en la Constitución Política».
Con base en lo anterior, es preciso afirmar que el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la validez constitucional del proceso penal48, pues basta observar la importancia de los intereses que se hallan en juego dentro de este tipo de procesos, para determinar su especial trascendencia en ámbitos tanto individuales como colectivos y la imperiosa necesidad de que se garantice su vigencia en todos los espacios de actuación procesal.
En este sentido, la Corte Constitucional ha sido «unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación»49. (Negritas de la Sala).
Concretamente, en la sentencia C-799 de 2005, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad dirigida, entre otras normas, contra el artículo 8, inciso 1, de la Ley 906 de 200450, por violación del derecho de defensa al permitir su ejercicio tan solo a partir del momento en que se efectuara la formulación de imputación, la Corte Constitucional afirmó que la aplicación de este derecho dentro del proceso penal se extiende desde la etapa preprocesal, y a partir de ella a todos los demás actos procesales hasta la decisión final.
Este criterio interpretativo fue posteriormente aplicado en la sentencia C-025 de 2009. En ella, la Corte concluyó que:
«… la interpretación que se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, en torno al tema de hasta donde se extiende el derecho a la defensa en una actuación penal, tanto en el sistema mixto inquisitivo como en el actual modelo de tendencia acusatorio, es la de que el citado derecho surge desde que la persona tiene conocimiento que cursa una investigación en su contra y solo culmina cuando finaliza el proceso. En este sentido es claro que el derecho a la defensa se extiende sin discusión ninguna a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final». (Resaltado agregado por la Sala).
Así, acorde con una interpretación respetuosa de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a la defensa tiene una dimensión general y universal, o si se quiere, intemporal en términos procesales, pues no se ha previsto un límite para su ejercicio debido a que no existen fases procesales en las que esté restringido. En consecuencia, surge desde que se tiene conocimiento de que cursa un proceso en contra de la persona, hasta que la sentencia cobre su ejecutoria material.
2.2. El derecho a la contradicción probatoria.
Inherentes al derecho a la defensa, se hallan otro grupo de principios esenciales para la práctica probatoria; entre ellos se desataca el derecho a la contradicción, que le permite a las partes y especialmente a la defensa, acceder a cualquier prueba que se pretenda hacer valer dentro del proceso y a alegar cuando se considere oportuno, con la legítima finalidad de poder influir en la decisión del juez de forma que favorezca sus propios intereses51.
Este principio fundamental, se halla recogido en el artículo 14.3.e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el canon 8.1 y 8.2.f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el precepto 29 de la Constitución Política nacional.
Estos mandatos, fueron desarrollados por los artículos 15 y 16 de la Ley 906 de 2004, según los cuales, el principio de contradicción concede a las partes en el proceso penal el «derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada». (Destacado fuera de texto original).
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance de estos principios, reiterando y respaldando la naturaleza y fines que les asigna la teoría de la prueba como criterios rectores de la producción y valoración de los medios de convicción52. De este modo, se ha venido desarrollando una decantada línea jurisprudencial que ubica al principio de contradicción –al igual que al principio de inmediación-, como uno de los parámetros de constitucionalidad de obligada observación introducidos por el Acto Legislativo 03 de 2002.
Así, en la sentencia C-873 de 2003, sostuvo lo siguiente:
“El poder de prueba se mantiene en cabeza tanto de la Fiscalía como del acusado y del Juez; sin embargo, el numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta, tal y como fueron modificados por el Acto Legislativo, establecen cambios trascendentales en materia probatoria. Cabe resaltar, por ejemplo, el nuevo alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción”. (Se destaca por la Sala).
Posteriormente, en la Sentencia C-591 de 2005 la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley 906 de 2004 que contempla la inmediación probatoria, se pronunció sobre el alcance de los principios de inmediación y contradicción como elementos integrantes del derecho de defensa en el marco del debate probatorio, indicando que:
«… En tal sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales (…).
En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente “pruebas”, salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros (…). Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia. …». (Negritas fuera de texto original).
En similar sentido la sentencia C- 536 de 2008 sostuvo que:
«En relación con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se ha pronunciado esta Corporación en numerosa jurisprudencia53, en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del Juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta- se introdujeron modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción». (Se destaca por la Corte Suprema de Justicia).
Ha sido entonces la norma Superior, quien se ha encargado de establecer las características que debe revestir el juicio en el sistema procesal penal de tendencia acusatoria y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado la fuerza garantista que en él cumplen los principios de contradicción e inmediación.
Por su parte, esta Colegiatura54 ha realizado diversos pronunciamientos que han contribuido a dotar de contenido los artículos 377, 378 y 379 de la Ley 906 de 2004, que a su vez desarrollan los artículos 15, 16 y 18 ejusdem, conforme con los cuales el acusado tiene derecho a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y rodeado de todas las garantías, y ha destacado su naturaleza de normas rectoras del ordenamiento penal adjetivo55, que como bien es sabido, tiene la consecuencia de irradiar todo el proceso judicial imponiendo la igualdad de oportunidades para las partes e intervinientes de ejercer la defensa de sus derechos.
Del mismo modo, esta Corporación56 ha señalado que en materia probatoria, el derecho a la contradicción desde su perspectiva probatoria, «comprende el derecho a ofrecer y producir pruebas cuando corresponda, el de controlar plenamente la producción de las pruebas ofrecidas por las otras partes, el de alegar acerca del mérito de las mismas y el de realizar todas las observaciones que sean pertinentes durante el curso del debate57».
Insistentemente, la Sala ha afirmado que la garantía de la controversia probatoria no resulta satisfecha con la sola posibilidad de que la parte pueda rebatir el mérito de la prueba una vez haya sido practicada, sino que se requiere, para garantizar plenamente la operancia de este derecho, brindar la oportunidad a la parte contra quien se aduce la prueba, de contrainterrogar al testigo, según así surge del principio rector consagrado en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004 cuando establece que la prueba debe estar sujeta a confrontación y contradicción. Así igualmente se colige del inciso final del artículo 347 ejusdem, en cuanto determina que las exposiciones recibidas por la Fiscalía General de la Nación no adquieren el carácter de prueba cuando no han sido practicadas con sujeción al contrainterrogatorio de las partes58.
Desde esta perspectiva, la Corporación ha sido enfática al afirmar que el derecho a la contradicción no se limita a la posibilidad de contrainterrogar o confrontar a un testigo59, ni a estar presente en determinada diligencia60, sino que esta garantía puede desplegarse por medio de múltiples formas de gestión defensiva61, tales como la aportación probatoria, el planteamiento de críticas sobre su contenido62, la contraprueba, las alegaciones y las impugnaciones, entre otras.
Respecto del ejercicio del derecho a la contradicción a través de la crítica probatoria, la Sala ha señalado que:
«Las partes y los intervinientes pueden ejecutar actos de contradicción a través de la crítica probatoria, la motivación de los recursos, etc. Pero, también, se controvierte con medios probatorios, los cuales tienen el específico fin de controvertir sus contenidos para determinar la eficacia, legalidad, mismidad o alcance del producto probatorio construido y con el que se debe resolver el problema jurídico que dio origen al proceso o también se puede cuestionar otro medio o un órgano de prueba»63.
De acuerdo con lo anterior, los administradores de justicia, deben garantizar el derecho a la contradicción probatoria en todas las fases del proceso penal, estableciendo mecanismos que permitan a las partes procesales y a los intervinientes –cuando la legislación lo permita- controvertir en igualdad de armas, las pruebas presentadas y los argumentos que se aduzcan en contra de sus intereses.
1. La incorporación de elementos de juicio al proceso: principios de oralidad, publicidad e inmediación.
El principio de oralidad se halla previsto en los artículos 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 250.4 de la Constitución Política colombiana, que al adoptar un sistema procesal penal de corte acusatorio produjo un desplazamiento del principio de escrituralidad hacia el de oralidad, que implica que el proceso penal se sustanciará mediante la metodología de la audiencia pública, lo que supone que los juzgadores solo pueden tener como base de sus decisiones las pruebas que han sido aportadas en la vista pública.
De esta forma, se produce un cambio del viejo aforismo según el cual lo que no obra en el expediente no existe, por el de contenido acusatorio según el cual lo que no se introduzca en audiencia pública no existe, implicando que las actuaciones procesales, y entre ellas el decreto de la prueba, su introducción, su traslado, su práctica y su contradicción deben producirse en audiencia de forma oral. Por lo anterior, cada una de las decisiones adoptadas debe fundamentarse exclusivamente en los elementos presentados oralmente en audiencia, quedando proscritas todas las actuaciones que no reconozcan el derecho con que cuenta el acusado a ser escuchado, a presentar pruebas, a conocer las que se presenten en su contra y a ejercer el contradictorio64.
Del mismo modo, con relación a la fundamentación de la sentencia, el principio de oralidad impone que la prueba que soporta la decisión judicial, en todos sus extremos, sea aquella que se ha sido practicada de forma oral ante el juzgador, quien debe percibirla y recibirla de forma personal y directa, garantizando su efectivo conocimiento a las partes el ejercicio del derecho a la contradicción. Con razón se ha afirmado, que el sistema acusatorio exige que la prueba se produzca necesariamente en el juicio de manera contradictoria65.
Por su parte, el principio de publicidad, implica que la prueba incorporada sea pública para las partes y los intervinientes procesales. Este principio pretende superar la posibilidad de que pruebas ocultas, secretas66, huérfanas de contradicción sirvan para fundamentar la decisión judicial.
Ahora bien, el principio de inmediación consagrado en el art. 250.4 fundamental, es consecuencia de la oralidad y se orienta a exigir que la prueba sea producida ante el juzgador, es decir, que quien decide la litis, debe proferir su decisión de acuerdo a las impresiones que se forma directamente de la prueba67. Igualmente, el principio de inmediación emerge como consecuencia del reemplazo del sistema de la tasación probatoria, en el que cada prueba tenía asignada determinada fuerza demostrativa, puesto que ahora, con la presencia del juez, la prueba no se tasa sino que se valora, de acuerdo con la depuración que de ella se realiza mediante el ejercicio del contradictorio.
II. El derecho al debido proceso en la diligencia de individualización de pena y sentencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
Una vez analizado el contenido constitucional de los derechos que conforman el debido proceso y que repercuten directamente en el caso que se analiza, pasa la Sala a interpretar constitucionalmente el contenido la diligencia prevista por el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.
1. Oportunidad procesal de la diligencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
El Código de Procedimiento Penal diferencia dos momentos procesales distintos para la realización del trámite del artículo 447, el primero, luego de que el juez ha anunciado el sentido del fallo condenatorio, en las postrimerías del juicio oral y, el segundo, una vez aceptado el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado, en los supuestos en que ello haya ocurrido.
En ambos casos, se parte de la base de que en contra del procesado se proferirá sentencia condenatoria, bien sea porque fue vencido en el juicio oral, anuncio que se realiza una vez evacuada la práctica probatoria, o bien porque el procesado aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que se materializa en el acta de allanamiento o en el acuerdo pactado con la Fiscalía, aprobado por el juzgador luego de verificar la voluntariedad, libertad y espontaneidad de la aceptación, la eficaz asesoría del defensor y la existencia de un mínimo de prueba a partir de la cual inferir la tipicidad de la conducta y la participación en ella, que conllevan al convencimiento del fallador de que lo pactado se ajusta la legalidad. El trámite del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 es consecuencia directa del derecho a la defensa y de los principios de humanidad de las sanciones penales68, de dignidad humana y de acceso a la justicia.
1. Objetivo de la diligencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
La diligencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal es el espacio procesal en donde se concreta la individualización de la sanción, y se realizan los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, del cumplimiento de sus fines y de la procedencia de subrogados penales.
En efecto, teniendo en cuenta que la esencia del Estado constitucional de derecho debe irradiar el ejercicio racional del ius puniendi, surge necesario que el juzgador tenga un espacio de reflexión, en el cual, con la participación de las partes y los intervinientes, dé aplicación al artículo 3º del Código Penal que determina que:
“Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.”
De acuerdo con dicho precepto, contenido en una norma rectora de la ley penal colombiana, la pena debe ser sometida por el juez, al momento de su imposición, al test de necesidad, al de proporcionalidad y a los criterios de razonabilidad. En otras palabras, la punición que se imponga solo será legal en tanto se observe necesaria, proporcional y razonable. Esta valoración encuentra plena aplicación en el esquema constitucional de Estado social, acogido por nuestra Carta Política, en tanto está inspirado por el principio de dignidad humana y la posibilidad de discriminación positiva, como mecanismo para lograr la igualdad real. Así, la diligencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, es el momento procesal destinado por el legislador para desarrollar tal cometido.
Este criterio interpretativo también se deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 10.3, advierte que el objetivo fundamental de la sanción es la reforma del acusado en pos de la readaptación para la convivencia social al determinar que «El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica».
De igual modo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, conocidas como las Reglas de Tokio, obligan a realizar un estudio acucioso respecto de la pena a imponer, pues declara que su objetivo fundamental consiste en «promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad», y la regla 2.3, dispone:
«A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de manera coherente las penas».
De manera, que luego de determinar la responsabilidad penal del procesado, le corresponde al fallador, en desarrollo de la diligencia del artículo 447 ejusdem, escuchar a las partes para que manifiesten sus consideraciones respecto a la graduación de la pena, la concesión de subrogados, las condiciones individuales, sociales, familiares, el modo en que se desarrolla la vida del procesado y sus antecedentes, a fin de establecer la necesidad de la sanción, su proporcionalidad, su utilidad, su quantum, su forma de cumplimiento idóneo para lograr el fin de resocialización y la posibilidad de conceder formas de ejecución no privativas de la libertad personal.
Ahora bien, el artículo 3º del Código Penal debe interpretarse de consuno con el 4º del mismo plexo legal, de manera que se pueda vincular la necesidad de la sanción con cada una de las funciones de la pena previstas en dicha norma como son, la necesidad de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado, respecto de las cuales la Corte Constitucional señaló69:
«La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural».
Este es el derrotero que modula la actuación de las partes procesales en la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, en la que su desempeño se dirige a demostrarle al juez que la necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y los fines de la pena se cumplen cabalmente al acogerse sus pretensiones y, al mismo tiempo, orienta la labor del fallador, quien cuenta con este espacio procesal para valorar las solicitudes de las partes en tal sentido, por medio de la acreditación de los hechos en que fundan sus solicitudes y que se realiza en su presencia, bajo el tamiz del principio de contradicción.
Dando alcance a este espíritu interpretativo, la Sala ha sostenido en una pacífica línea jurisprudencial70, que durante la audiencia del artículo 447 ídem, las partes no pueden pronunciarse en relación con aspectos que rebasen su objetivo, razón por la cual queda excluida cualquier actividad que exceda los propósitos anteriormente señalados, pues esta diligencia no constituye una nueva oportunidad para que se debata la responsabilidad del enjuiciado, toda vez que el anuncio del sentido del fallo en el proceso ordinario significa que el juez ya superó el debate respecto de la responsabilidad penal y adoptó una decisión de carácter condenatorio, o tratándose de allanamiento a cargos o de acuerdos previamente aprobados, la condena tuvo como fundamento el consenso ajustado a la Constitución y a la ley.
Con razón, la Sala ha sostenido, que la diligencia contemplada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 «no es un espacio propicio para alegar circunstancias que puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, basados en aspectos que tuvieron incidencia directa en la comisión del delito, tales como los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., respectivamente), la determinación de los delitos continuados o masa (par. Art. 31 C.P.), el exceso en las causales de justificación (inc. 2 núm. 7º art. 32 C.P.), la situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema (art. 56 V.P.) y la ira o el intenso dolor (art. 57 C.P.) »71.
En suma, durante la audiencia del artículo 447 ejusdem, las partes procesales se hallan limitadas a referirse exclusivamente a los objetivos legalmente trazados para ella, esto es a: (i) las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del hallado penalmente responsable; (ii) la probable determinación de la pena; (iii) la necesidad de la sanción; (iv) su proporcionalidad, (v) su razonabilidad, (vi) el cumplimiento de los fines normativos y; (vii) la concesión o no de sustitutos penales.
I. Estructura constitucional del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.
En aras de darle alcance constitucional a la estructura de la diligencia regulada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, esto es, dilucidar su desarrollo en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, es necesario acudir a una interpretación integradora de los contenidos normativos vistos precedentemente.
Para iniciar, es necesario destacar que el trámite del artículo 447 ídem debe realizarse bajo la metodología de la audiencia y con pleno desarrollo del principio de oralidad72, lo cual conlleva a la inexistencia de un expediente73 que recoja este trámite, sin perjuicio de las actas que a manera de constancia de su desarrollo se extiendan. Debido a lo anterior, las solicitudes, acreditaciones fácticas y jurídicas, argumentaciones y decisiones deben verificarse en desarrollo de la audiencia, ya que solo lo que en ella se incorpore puede servir de fundamento para a las decisiones que se profieran.
El trámite también debe ser público, concentrado y con vigencia estricta de los principios regentes del sistema procesal de carácter acusatorio. Todo lo anterior supone que el juez debe recibir y percibir de forma directa las solicitudes de las partes, la recepción de la prueba, su práctica y las alegaciones, y decidirá la pena imponible y las gracias sustitutivas con fundamento en lo obrado dentro de esta diligencia, bajo el entendido de que el conocimiento obtenido en ella es el único que habilita para un pronunciamiento adecuado a los estándares del debido proceso.
Ahora bien, en desarrollo del trámite, el artículo 447 del Código de Procedimiento de 2004 dispone que una vez emitido el sentido condenatorio del fallo o aceptado el preacuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable, y si lo consideran conveniente, también podrán referirse a la determinación de la pena que en su opinión debe ser aplicada y respecto de la concesión de algún subrogado.
La Sala74 ha sostenido, en criterio que se reitera, que para desarrollar el cometido anterior, las partes pueden aducir los elementos probatorios y evidencia física con que cuenten para respaldar sus planteamientos, pero que esta actividad probatoria, como se ha dicho, se contrae estrictamente a las condiciones que le permitirán al juez arribar a la probable determinación de la pena aplicable y a la concesión de algún subrogado, quedando vedada toda iniciativa probatoria o argumentativa que desborde este objetivo.
Es este sentido, la Colegiatura ha sostenido que:
«Cuando el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 establece que en la audiencia de individualización de pena y sentencia el juez concederá la palabra tanto al fiscal como a la defensa “para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, quienes “si lo consideran conveniente podrán referirse a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado”, no niega la posibilidad a las partes para que puedan aducir los elementos probatorios o evidencia física con que cuenten para respaldar sus planteamientos.
Lo expuesto resulta aún más manifiesto, si se da en considerar que el ordenamiento procesal no prevé ningún otro escenario para discutir el tema, a punto tal que incluso faculta al juez para ampliar la información requerida para tomar determinaciones inherentes a la delicada misión de impartir justicia en el caso concreto, en desarrollo de lo cual “podrá solicitar a cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para que éste, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda a su petición.
Denota lo anterior, que no la sentencia debe ser emitida inmediatamente a la culminación de la intervención de las partes con posterioridad al anuncio del sentido del fallo, ni a éstas les está vedado aportarle al juez aquellos elementos de conocimiento que le permitan adoptar una decisión, no solamente acorde al ordenamiento, sino a la realidad que cada caso ofrece, pues la administración de justicia no puede ser considerada como la realización de actos secuenciales y repetitivos, por ende alejados de la naturaleza de la función y la índole de sus destinatarios, sino que va dirigida precisamente a juzgar la conducta de seres humanos que, independientemente de la condición de culpabilidad o inocencia en que se hallen, o la gravedad o levedad del comportamiento atribuido, merecen toda la consideración y respeto por parte de los dispensadores de justicia»75. (Negritas de la Sala).
Así mismo, la norma en comento autoriza al juez a solicitar oficiosamente a cualquier institución pública o privada la designación de un experto para que amplíe la información ofrecida por las partes procesales si lo estimare necesario. Esta expresa facultad legal se halla acorde con la estructura del sistema acusatorio, por cuanto para ese momento procesal ya se ha superado el debate probatorio del juicio oral que tiene como objetivo deducir la responsabilidad criminal del procesado, y en esta fase posterior, los elementos de juicio que se le presentan al juez o que este ordena, tienen un cometido totalmente distinto, esto es, determinar los aspectos relacionados con la individualización de la pena y la procedencia o no de los subrogados penales.
Debido a que en los sistemas procesales de corte acusatorio no opera el principio de permanencia de la prueba, el concepto técnico de prueba solo se predica de aquellos elementos de valoración incorporados o practicados en la audiencia pública del juicio oral, que permitirán deducir la responsabilidad penal del procesado.
En los demás momentos procesales lo que en realidad ocurre es la acreditación de los hechos puestos de manifiesto por las partes al juez como fundamento de sus peticiones, técnica también debe ser utilizada en las audiencias preliminares, y que se diferencia con la práctica probatoria en los siguientes aspectos: (i) La práctica de pruebas se realizar con el propósito de establecer la responsabilidad penal del procesado, y la acreditación de hechos se emplea para demostrar aspectos diferentes a la responsabilidad criminal; (ii) debido a la importancia del tema que decide la práctica de pruebas, esta se halla rigurosamente reglamentada por el legislador nacional76 en cuanto a sus fines, oportunidad, pertinencia, admisibilidad, metodología de producción, criterios de valoración, tipología, excepciones, etc.; por el contrario, toda vez que la acreditación de hechos se dirige, o bien a depurar el proceso penal de todas aquellas circunstancias que deben definirse previamente al juicio oral para permitir que este se concentre en la determinación de responsabilidad, o a aspectos colaterales a la decisión judicial; esta metodología demostrativa no se halla reglamentada por el legislador, lo cual ha conllevado equivocadamente a entender que la reglamentación de la prueba, esto es la del juicio oral, debe también aplicarse en las diligencias que no ostentan tal naturaleza; (iii) el estándar de convicción de la prueba es el de más allá de toda duda, debido a que ésta se produce con el objetivo de acreditar o desvirtuar la responsabilidad del procesado, por el contrario, el estándar de convicción de la acreditación de hechos es menor, con algunas fluctuaciones que permiten que este aumente o disminuya dependiendo del asunto a decidir, vgr. no es lo mismo acreditar la necesidad de un comiso que la de imponer una detención preventiva, etc.; (iv) la metodología de la producción de la prueba es de naturaleza estricta, pues a ella se deben aplicar las reglas establecidas por la Ley 906 de 2004, tal y como son el juramento, las directrices normativas del examen de testigos, del interrogatorio cruzado, del contrainterrogatorio, de las oposiciones, del examen separado de testigos, de la impugnación de credibilidad del testigo, de la admisibilidad de los informes periciales, las instrucciones para interrogar al perito, para la apreciación de la prueba pericial, los criterios de admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel, la utilización de métodos de autenticación e identificación de documentos, las reglas de admisibilidad de documentos procedentes del extranjero, las de traducción, presentación y apreciación de documentos, las reglas relativas a la inspección y a la prueba de referencia. Por el contrario, la acreditación de hechos es de naturaleza informal; (v) en la actividad probatoria solo participan el juez y las partes procesales, en la acreditación de hechos pueden concurrir también los intervinientes.
Aún con ello, la práctica de la prueba y de la acreditación de hechos se identifican en los siguientes aspectos: (i) su solicitud, admisión, presentación, actuación y contradicción deben realizarse al interior de audiencia pública con todas las garantías constitucionales y legales; (ii) deben ser ofrecidas como método de corroboración de un relato que respalda una solicitud concreta; (iii) en su praxis debe garantizarse el ejercicio de contradictorio; (iv) la decisión que se produce a consecuencia de ellas debe ser adoptada en audiencia; (v) están destinadas a generar convencimiento judicial, entre otras.
Como viene de verse, la actividad demostrativa que se desarrolla en la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal es mucho más dúctil, pues en ella no rigen las formas de producción de la prueba en juicio oral, sino la acreditación de los fundamentos de hecho o de derecho en que sustentan las peticiones.
A manera de ejemplo, cabe anotar que la acreditación de hechos puede realizarse por medio de77: (i) la presentación argumentativa de los antecedentes de que disponen las partes, esto es, la explicación verbal que realizan acerca de sus antecedentes y fundamentos, y respecto de la cual, la parte contraria tiene la posibilidad de negarlo o dar una versión diferente o alternativa; (ii) la verificación de los documentos en que se fundan las solicitudes que se están realizando, en de un espacio informal para que el juez pueda cerciorarse rápidamente de que la información presentada se halla debidamente sustentada, con lo cual no se requiere la lectura plena de los escritos, sino una breve revisión para formar la convicción que requiere el asunto en discusión; (iii) llevando a la audiencia fuentes de información tales como testigos y peritos, actividad que debe ser absolutamente excepcional por el riesgo que implica para el sistema la reproducción del juicio oral y que no se regirá por las normas que regulan la práctica probatoria en él, sino que operará muy informalmente.
Lo anterior nos lleva a enfatizar, que en desarrollo de la diligencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, no rigen los parámetros para la práctica de pruebas del juicio, sino que se trata de una acreditación informal de hechos, sin que por ello se desconozcan las garantías procesales mínimas de las partes y de los intervinientes.
Siguiendo con esta línea de apreciación, las partes procesales pueden demostrar los hechos que ponen de manifiesto al juez, para que la individualización de la pena y la decisión respecto de los subrogados penales sea acorde con sus expectativas, pero esta actividad debe desplegarse al interior de la audiencia destinada para tal finalidad, en la que se garantizará la publicidad de la prueba, esto es, cerciorándose de que sea conocida por las partes para que materialicen el derecho a la contradicción si así lo estiman conveniente.
En suma, para resolver las solicitudes que legalmente pueden formularse en la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de 2004, el juez solo puede considerar la información que ha sido producida y debatida en la audiencia, y no puede considerar su conocimiento privado, ni recurrir a un expediente propio, ni sustituir el debate oral por uno escrito, ni utilizar documentos escritos allegados por fuera de la audiencia como fuente de información y producción de la decisión.
De ser así, la audiencia perdería relevancia y se convertiría en una simple formalidad, deteriorando la inmediación y la contradicción. Por ello, la Sala debe insistir en que el material escrito no puede reemplazar el debate oral de la audiencia, pues esto equivaldría a reproducir la lógica del expediente y a acabar con la metodología adversarial del sistema acusatorio.
Finalmente, con posterioridad a la acreditación de los hechos por parte de los sujetos procesales, una vez introducidos a la audiencia por el juez los resultados de la ampliación de información que ordenó oficiosamente con el propósito de reunir mayores elementos de juicio para la individualización de la sanción y la decisión de la concesión o no de sustitutos penales, debe disponer su traslado a las partes para garantizar la publicidad y contradicción de su contenido, lo cual no requiere la lectura de tales informes, pues ello atentaría contra la celeridad procesal y la definición del proceso dentro del plazo razonable.
Basta con que se ponga en conocimiento directo de las partes el resultado de los informes, o si se prefiere, en aras de lograr la deseable fluidez de la audiencia, pueden darse a conocer con anterioridad a ella, para que los interesados tengan la oportunidad de analizarlos, siempre y cuando su incorporación material y su traslado formal se realice al interior de la audiencia y quede evidenciado en este acto procesal.
Luego de ello, el juez se halla constitucionalmente compelido a escuchar a las partes procesales para que presenten las consideraciones que tengan respecto de los elementos de juicio incorporados o producidos dentro de la diligencia, garantizando en todo caso el derecho a la última palabra del enjuiciado.
No existe, por lo tanto, en un proceso de naturaleza acusatoria, la posibilidad de practicar o introducir elementos de valoración por fuera de audiencia, ni de tener como fundamento de la decisión judicial a aquellos que no han sido publicitados a los sujetos procesales o a los que no se ha dado la oportunidad real de ejercer el derecho a la contradicción.
Las decisiones que se adopten al margen de esta interpretación constitucional de la diligencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, estarán viciadas de nulidad por evidente quebranto de las garantías constitucionales y legales analizadas a lo largo de esta decisión.
I. El caso concreto.
En el presente asunto, la defensora de la procesada ha demandado, como cargo principal, la violación de la estructura fundamental del proceso, al omitir la falladora dar lectura y traslado a las partes procesales de los informes ordenados de oficio al interior de la audiencia de individualización de pena y sentencia.
Revisadas las foliaturas y los audios que componen la actuación, esta Sala ha podido establecer que, tal y como lo sostiene la demandante, una vez emitido el sentido condenatorio de la decisión, en virtud de haber hallado ajustado a la Constitución y a la ley el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los procesados en desarrollo del juicio oral, le concedió el uso de la palabra a las partes procesales para que se refirieran a las circunstancias del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, oportunidad en la que la defensa de la procesada solicitó la prisión domiciliaria como sustitutiva de la penitenciaria, y allegó varios documentos que respaldaban su petición, información que se propuso ampliar la juzgadora ordenando de manera oficiosa a un funcionario de la Fiscalía para que elaborara el estudio socio económico de la acusada y se verificara el estado real de salud de su cónyuge, puesto que en ello se basó la petición del subrogado.
Igualmente, se ha podido verificar que el estudio encomendado fue realizado78, al igual que se aportó un informe técnico de valoración médica realizado por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien recomendó que el paciente fuera evaluado y tratado rápidamente por psiquiatría forense79, dependencia que también rindió su respectivo concepto80, en el que concluyó que «El señor CARLOS ARTURO GALVIS OCAMPO padece de un trastorno depresivo mayor tiene un alto riesgo de suicidio, (sic) por lo que es recomendable atención psiquiátrica urgente, instauración de plan fármaco terapéutico-sicoterapéutico, además es de suma importancia el que esté acompañado permanentemente por un familiar cercano dado el alto riesgo de suicidio. En el momento de esta valoración no está capacitado para laborar de forma ordinaria»81.
Así mismo, se ha constatado que el 12 de enero de 2012, la secretaría del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia corrió traslado por escrito82, del informe técnico de valoración médica anteriormente mencionado y que una vez instalada la audiencia de individualización de la pena y sentencia, la juez procedió a dar inmediata lectura al fallo de primera instancia83 en el que se le negó a la enjuiciada la solicitud de prisión domiciliaria, sin que previamente se incorporara el estudio socioeconómico ordenado oficiosamente, ni los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y sin que a las partes procesales se les brindara la oportunidad de ejercer sobre ellos el derecho de contradicción.
Como puede advertirse, el trámite dado por la juez y ratificado por el Tribunal, tal y como lo avizoran la defensa de la enjuiciada, la Fiscalía y la representante del Ministerio Público, violó varios derechos fundamentales.
En efecto, se evidencia la violación del derecho al debido proceso al no incorporarse ni valorarse en la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 el resultado del estudio socioeconómico practicado a la procesada y a su esposo, ni las valoraciones médicas realizadas por los galenos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al último de los mencionados. Igualmente, estos elementos de juicio no fueron trasladados a las partes procesales, con lo cual, se violó el principio de publicidad de los medios de convicción con base en los cuales la juez de instancia individualizó la sanción penal y negó la concesión del sustituto penal.
Del mismo modo, se percibe la materialización de la violación del derecho a la contradicción, como quiera que las partes no contaron con la oportunidad procesal de pronunciarse con respecto del estudio socioeconómico y a los resultados de los informes de Medicina Legal, toda vez que la a quo se limitó a convocar a la audiencia del 447 y luego de su instalación, procedió de forma inmediata a proferir la sentencia, sin que previamente las partes e intervinientes tuvieran la oportunidad de exponer las consideraciones, reparos u observaciones que tenía respecto de los elementos de juicio que habían sido ordenados por ella.
Se advierte además, que se cercenó el derecho a la defensa de los procesados, pues, como se ha sostenido, este entraña el derecho a conocer oportunamente las pruebas que puedan afectar los intereses procesales de las partes, los cuales por supuesto no se agotan en el juicio oral, pues aún con posterioridad a él, se discute la concesión de los derechos y beneficios que pueden incidir en sus expectativas más importantes, tal como son la duración de la pena, los beneficios y subrogados que permiten morigerar el peso de la condena, etc., ámbitos a los que también se extiende el derecho a la defensa, pues como ha sido puesto de manifiesto por la Corte Constitucional con ocasión de la sentencia C-131 de 2002:
«La concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante, pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella».
Es necesario llamar la atención con relación a la importancia de los medios de conocimiento en el desarrollo del proceso penal, pues solo a través de una decidida actividad demostrativa que incluya la posibilidad de solicitar, aportar, practicar y controvertir los elementos de convicción que obran en cada trámite, puede el funcionario judicial determinar la veracidad de los hechos que se le exponen y adoptar decisiones más cercanas a lo ocurrido y por lo tanto más justas.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el legislador determinó que la oportunidad procesal para la individualización de la pena y la sentencia se concentraba en la diligencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de 2004, es ésta el ocasión indicada para realizar las solicitudes que guarden estricta relación con él, y también para acreditar los hechos que sirven de fundamento a tales requerimientos, oportunidad que no puede serle menoscabada a las partes procesales, más aún cuando de ello se derivan tan importantes aspectos a decidir tales como la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, su intensidad, su duración, el cumplimiento de sus fines, el lugar de ejecución, la efectividad del derecho objetivo, el restablecimiento de los bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y la garantía de los derechos fundamentales de las partes e intervinientes.
Con razón la Corte Constitucional, al referirse a la estructura probatoria de los procesos judiciales, puntualizó en la sentencia C-034 de 2014 lo siguiente:
«2.1.Parte esencial de dichos procedimientos lo constituye todo lo relativo a la estructura probatoria del proceso, conformada por los medios de prueba admisibles, las oportunidades que tienen los sujetos procesales para pedir pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y practicarlas, la facultad oficiosa para producir pruebas, y las reglas atinentes a su valoración. || 2.2. Aun cuando el art. 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso».
Como consecuencia de estos razonamientos, la Corte casará la sentencia y decretará la nulidad del proceso a partir, inclusive, de la audiencia celebrada el 13 de febrero de 2012 en la que se dio lectura a la decisión de primera instancia, con el propósito de que se incorporen y trasladen el estudio socioeconómico de la acusada y su esposo, las valoraciones médicas presentadas por los galenos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y se escuche a las partes procesales al respecto, para que luego de valorarlos, junto con los otros elementos de juicio allegados y practicados en sesiones anteriores de esa audiencia, se proceda a individualizar la pena y decidir lo relativo al otorgamiento o no del sustituto penal requerido.
Dada la prosperidad del cargo principal y de sus consecuencias, la Sala se abstiene de estudiar los cargos subsidiarios.
I. Consecuencias jurídicas de la decisión de la Corte.
El derecho del Estado a perseguir y a castigar el delito no es absoluto; contrario a ello, se halla limitado, entre otras formas por el tiempo, con el propósito de que el ius puniendi se realice conforme con los postulados democráticos de carácter constitucional, que permiten garantizarle a los asociados los derechos fundamentales establecidos en la ley, en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad.
La prescripción de la acción penal, es la institución jurídica que regula el tiempo durante el cual el legislador faculta al Poder Judicial para ejercer la persecución penal; por ello se afirma que es un límite temporal al ejercicio de la potestad punitiva del Estado84. En este sentido, la prescripción es un fenómeno eminentemente procesal que corre por ministerio de la ley.
Es evidente, entonces, que la prescripción de la acción penal se halla estrechamente vinculada con el propósito constitucional de que el proceso se defina dentro de un término sensato, prudente y moderado, para dar cumplimiento al derecho a ser juzgado sin dilación injustificada, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o en términos del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del canon 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a ser juzgado dentro de un plazo razonable, o sin dilaciones indebidas, como señala el precepto 14.3.c) del Pacto Internacional anteriormente referido, fórmula recogida por el inciso 4º del artículo 29 de la Constitución Política nacional, texto fundamental que por medio de su artículo 28 también establece que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles.
Es así como, la fijación de un término de duración máximo en que es tolerable la persecución delictiva por parte del Estado tiene un claro origen constitucional y se halla directamente vinculado con el derecho al debido proceso, del cual forma parte integrante, razón por la cual su desconocimiento acarrea su violación, conllevando incluso la posibilidad de que en firme la sentencia proferida con su inadvertencia, sea susceptible de ser atacada mediante la acción de revisión85.
En este sentido, la Corte Constitucional ha destacado las consecuencias de su inobservancia al sostener que el respeto a los términos procesales constituye un factor esencial para garantizar el debido proceso86 y que la indeterminación de los términos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos por las autoridades judiciales, puede configurar una denegación de justicia o una dilación indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el constituyente87.
Así, la duración razonable del proceso constituye una garantía para las partes, pero especialmente para el procesado, a quien la ley le concede la posibilidad de invocar la prescripción de la acción como mecanismo para combatir la lentitud del proceso y evitar la posibilidad de que el Estado persiga las conductas criminales de forma temporalmente irrestricta violando el derecho de los asociados a la no perpetuatio iurisdictio.
Del mismo modo, la prescripción de la acción penal tiene un estrecho nexo con el principio de seguridad jurídica, pues el margen temporal dentro del cual el Estado puede ejercer su poder represivo debe estar estrictamente delimitado, de forma tal, que la prescripción de la acción penal se traduce en un instrumento procesal que le garantiza al ciudadano que la persecución del delito se llevará a cabo dentro de los parámetros temporales objetivamente establecidos por el legislador, lo que le permite prever el momento máximo en el cual la decisión debe ser adoptada88, protegiéndolo así de la arbitrariedad, al brindarle certidumbre sobre el lapso que el Estado tiene para decidir el asunto por el que se le procesa.
En el presente asunto, la Sala advierte que como consecuencia de su decisión, el delito de falsedad ideológica en documento público consagrado en el artículo 286 del Estatuto Punitivo -reformado por el canon 14 de la Ley 890 de 2004-, por el que fue procesado y condenado DIDIER HUBER LETRADO DÍAZ, ha prescrito. En efecto, esta conducta tiene prevista una pena privativa de la libertad de 64 a 144 meses, y su imputación se realizó el 23 de octubre de 2008, con lo cual, el término para proferir sentencia de segunda instancia feneció el 23 de octubre de 2014. Teniendo en cuenta que la decisión de la Sala declara la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia del 13 de febrero de 2012, el Estado ha perdido su poder de persecución penal de este delito, exclusivamente frente al procesado referido, quien actuó en calidad de interviniente.
Consecuente con lo anterior, la Sala procederá de oficio a declarar prescrita la acción penal derivada de la conducta punible mencionada, y en consecuencia a cesar el procedimiento en los términos anteriormente referidos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Casar la sentencia impugnada por la defensora de la procesada Laura Bedoya de Galvis.
Segundo: Declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia llevada a cabo el día 13 de febrero de 2012, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
Tercero: Declarar prescrita la acción penal originada con la comisión de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público y, en consecuencia, CESAR el procedimiento adelantado contra DIDIER HUBER LETRADO DÍAZ por el referido delito.
Tercero: Devolver al Tribunal de origen para reponer la actuación conforme con la parte motiva de esta decisión.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. Folios 8 y 9 del cuaderno del Tribunal.
2 Cfr. Folios 31 y 32 de la carpeta 1 del proceso.
3 Cfr. Folios 22 a 24 Ibídem.
4 Cfr. Folios 1 a 8 ibídem.
5 Cfr. Folios 96 a 99 ibídem.
6 Cfr. Folios 121 a 128 ibídem.
7 Cfr. Folio 266 ibídem.
8 Cfr. Folios 354 a 358 ibídem.
9 Cfr. Folio 281 y 282 ibídem.
10 Cfr. Folios 315 a 317 ibídem.
11 Cfr. Folios 322 a 323 ibídem.
12 Cfr. Folios 375 a 377 ibídem.
13 Cfr. Específicamente folio 377 ibídem.
14 Cfr. Folios 422 y 423 ibídem.
15 Cfr. Folios 451 a 462 ibídem.
16 Cfr. Folios 428 a 438 ibídem.
17 Cfr. Folios 32 a 65 del cuaderno de segunda
18 Cfr. Haberle Peter, El Estado constitucional, (Héctor Fix-Fierro Traduc.), Universidad Autónoma de México, México, 2001, pág. 2.
19 Cfr. Alexi, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pág. 507, en donde se hace referencia a las sentencias BVerfGE 7, 198 (207) y BVerfGE 34, 269 (280).
20 Cfr. V. gr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loaiza Tamayo contra Perú, Sentencia de 17 de septiembre de 1997 (fondo), párrafo 62.
21 Cfr. Roxin Claus, Derecho procesal penal, (Gabriela E. Córdoba y Daniel E. Pastor Traduc.), Editores del puerto, Buenos Aires, 2000, pág.10.
22 Cfr. Pastor, Daniel. “El encarcelamiento preventivo”, en: Tensiones ¿Derechos fundamentales o persecución penal sin límites?, pág. 149, Del Puerto Editores, Buenos Aires, 2004.
24 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías judiciales en estados de emergencia, de 6 de octubre de 1987, párrafo 117.
25 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías judiciales en estados de emergencia, de 6 de octubre de 1987, párrafo 117.
26 Cfr. Ibídem, párrafo 27.
27 Cfr. Ibídem, párrafo 118.
28 Cfr. Corte IDH, caso Valle Jaramillo vs Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, (fondo, reparaciones, costas), párrafo 98.
29 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, de 6 de octubre de 1987, cit., párrafos 28, 29 y 30, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf
30 Cfr. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General Nº 13, 21º Periodo de sesiones, 1984 y Observación General Nº 32, 90º Periodo de Sesiones, 2007, disponibles en http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html
31 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014.
32 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.
33Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-458 de 1994, C-339 de 1996, C-1512 de 2000, C-383 de 2005, C-980de 2010 y C-594 de 2014, entre otras.
34 Según la jurisprudencia citada, entre otras, el principio de legalidad, el derecho de acceso a la jurisdicción, la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y a la contradicción, el principio de doble instancia y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas.
35 Cfr. Ídem.
36 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009.
37 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.
38 Cfr. CSJ. SP. de 5 de diciembre de 2002, Rad. 18683.
39 Cfr. CSJ. AP. de 28 de noviembre de 2012, Rad., 36283.
40 Cfr. CSJ. SP. de 23 de agosto 2015, Rad. 40694.
41 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-799 de 2005.
42 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2002.
43 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-280 de 1998.
44 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-617 de 1996.
45 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-799 de 2005.
46 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009.
47 Cfr. CSJ. SP. de 18 de marzo de 2015, Rad. 42337.
48 Cfr. Ídem.
49 Ibídem.
50 Artículo 8.- Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (…).”
51 Cfr. Jaén Vallejo, Manuel, Derechos fundamentales del proceso penal, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2204, págs. 214 y 215.
52 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-371 de 2011.
53 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-783 de 2003, C-591 de 2005, C-1260 de 2005, y C-396 de 2007, entre otras.
54 Cfr. CSJ. SP. de 2 de julio de 2014, Rad. 34131
55 Ley 906 de 2004, artículo 15.
56 Cfr. CSJ. SP. de 2 de julio de 2014, Rad. 34131.
57 Cfr. Jauchen, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia penal, Rubinzal- Culzoni, 20024, pág. 545; López Barja Quiroga, Jacobo, Tratado de derecho procesal penal, Thomson Aranzadi, Navarra, 2005, pág. 346.
58 Cfr. CSJ. SP. de 2 de julio de 2014, Rad. 34131.
59 Cfr. CSJ. SP., de 29 de junio de 2005, Rad. 23568; AP. de 23 de noviembre de 2011, Rad. 37794; AP. de 18 de abril de 2012, Rad. 38604; AP. de 18 de abril de 2012, Rad. 38193; SP. de 29 de mayo de 2012, Rad. 37915; AP. de 29 de mayo de 2013, Rad. 37179; SP. de 14 Agosto de 2013, Rad. 37915; SP de 4 de diciembre de 2013, Rad. 36324; AP. de 12 de febrero de 2014, Rad. 42389; SP de 9 de abril de 2014, Rad. 38376; SP. de 4 de junio de 2014, Rad. 36245; SP de 18 de junio de 2014, Rad. 43772; SP de 2 de julio de 2014, Rad. 34131; AP de 30 de julio de 2014, Rad. 36487. .
60 Cfr. CSJ. AP. de 19 de diciembre de 2012, Rad. 40356.
61 C.S.J., Casación 31279, auto de 6 de mayo de 2009; Casación 32706, auto de 29 de septiembre de 2010; Casación 38193, auto de 18 de abril de 2012, entre otras.
62 Cfr. CSJ. SP. de 28 de octubre de 2014, Rad. 34017.
63 Cfr. CSJ. AP. de agosto 20 de 2014, Rad. 43749.
64 Constitución Política, arts. 29 y 228. En igual sentido, López de Barja Quiroga, Jacobo, ob. cit. 2004, pág. 357.
65 Baytelman, Andrés, Duce, Mauricio, Litigación penal, juicio oral y prueba, Fondo de cultura económica, México, 2005, pág. 43.
66 Cfr. CSJ. SP. de 16 de octubre de 2013, Rad. 39661.
67 Cfr. Roxin, Claus, Derecho procesal penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 395.
68 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, et.al., Derecho penal. Parte general, Edit. Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 125
69 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-647 de 2001.
70 Cfr. CSJ. AP. de 10 de mayo de 2006, Rad. 25389; SP. de 21 de marzo de 2007, Rad. 25862; SP de 16 de mayo de 2007, Rad. 26716; AP. de 27 de julio de 2011, Rad. 36609; AP. de 22 de octubre de 2014, Rad. 43650; AP. de 25 de julio de 2007, Rad. 27810; AP de 21 de enero de 2015, Rad. 44992.
71 Cfr. CSJ. SP. de 15 de mayo de 2007, Rad. 26716.
72 Cfr. Ley 906 de 2004, arts. 9, 10, 145
73 Ley 906 de 2004, art. 146.
74 Cfr. CSJ. AP. de 27 de julio de 2011, Rad. 36609; SP. de 30 de abril de 2013, Rad. 38103; SP. de 3 de septiembre de 2014, Rad. 33409.
75 Cfr. CSJ. SP. de 3 de septiembre de 2014, Rad. 33409.
76 Cfr. Ley 906 de 2004, arts. 372 a 439.
77 Centro de Estudios de Justicia para las Américas CEJA, Curso avanzado de destrezas de litigación en un sistema acusatorio oral, Santiago, 23 a 27 de noviembre de 2009.
78 Cfr. Folios 315 a 317 ibídem.
79 Cfr. Folios 322 a 323 ibídem.
80 Cfr. Folios 375 a 377 ibídem.
81 Cfr. Específicamente folio 377 ibídem.
82 Cfr. Folios 422 y 423 ibídem.
83 Cfr. Folios 451 a 462 ibídem.
84 Cfr. Binder, Alberto M, Introducción al Derecho Penal, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1999, pp. 223 y 224 2.
85 Cfr. Ley 906 de 2004, numeral 2º, art 192, procedencia de la acción de revisión “2. Cuando se hubiere dictado Sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.”.
86 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-292/99, T-1226/01, T-612/03, T-493/03, y T-1043/03.
87 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-416/94.
88 Cfr. Ibídem, Sentencia C-250/12.