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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
SP041-2018
Radicación 48318
(Aprobado Acta No. 16)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS:
Procede la Sala, de oficio, a examinar la posible vulneración de las garantías fundamentales al procesado JOHN JAIRO URRIAGO RAMÍREZ.
ANTECEDENTES:
1. Hacia las 6:35 a.m. del 1° de julio de 2013, en Melgar (Tol.), el patrullero de la Policía Nacional Edwin Fabián Rueda Bolaños, tras ser informado por un ciudadano que había sido objeto de intimidación con arma de fuego por parte de unos sujetos que se encontraban a un costado del parque principal del municipio, se dirigió a dicho lugar donde procedió a requisar a JOHN JAIRO URRIAGO RAMÍREZ, encontrando en su poder una pistola marca Hecker & Koch, de fabricación alemana, calibre 7.65 mm., color pavonado, número externo 2886, sin permiso para portarla.
2. En audiencia realizada el 2 de julio de 2013, la Fiscalía formuló imputación a URRIAGO RAMÍREZ por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y lo acusó, por la misma conducta, en audiencia del 11 de febrero de 2014.
3. Tramitado el juicio, el Juzgado Penal del Circuito de Melgar profirió sentencia el 29 de septiembre de 2015, a través de la cual lo condenó por el delito objeto de acusación a la pena principal de 108 meses de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y privación del derecho a la tenencia y porte de arma por el mismo término. Le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustitutivo de la prisión domiciliaria.
4. La defensa apeló ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Ibagué, mediante sentencia del 17 de marzo de 2016, contra la cual la misma parte interpuso recurso de casación, le impartió confirmación.
5. La Sala, con auto del 11 de octubre de 2017, inadmitió la demanda de casación y dispuso que una vez surtido el trámite atinente al mecanismo de insistencia, regresara el asunto al despacho del Magistrado Ponente para, de oficio, examinar si se quebrantó el principio de legalidad en la fijación de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
En el fallo de primer grado, como atrás se reseñó, el juzgador impuso al procesado JOHN JAIRO URRIAGO RAMÍREZ las sanciones accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y privación al derecho de tenencia y porte de arma por un lapso igual al de la pena principal de prisión, es decir, de 108 meses, “tal como lo consagra el art. 43 núm. 6 del Código Penal”. El Tribunal, sin reparo alguno, confirmó la anterior determinación.
El artículo 49 de la Ley 599 de 2000, dispone que “la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia”.
Sin embargo, ese tiempo fijado en la sentencia a que alude la norma anterior, no es, como lo entendió el juez de primer grado y lo avaló el Tribunal, el mismo establecido para la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, pues con ello se desconoce el artículo 51 de igual ordenamiento, referente a la “Duración de las penas privativas de otros derechos”, en cuyo inciso sexto se prescribe que concretamente para “la privación del derecho a la tenencia y porte de arma” es “de uno (1) a quince (15) años”.
También se vulnera la referida disposición cuando el mismo juzgador remitió al artículo 43, numeral 6, del Código Penal1, para justificar la imposición de esta sanción por el mismo término de la pena principal de prisión, porque esa norma no establece duración alguna, simplemente enuncia la privación del derecho a la tenencia y porte de arma como una pena privativa de otros derechos.
De este modo, emerge claro que el proceder de los juzgadores al imponer esta sanción, de carácter accesorio, por el mismo término de la principal de prisión, resulta ilegal tanto porque desconoce el precepto específico que regula su duración, como en cuanto pretermitió el procedimiento de cuartos contemplado en el artículo 61 de la misma normatividad.
Al restablecimiento de la referida garantía deberá, por consiguiente, aprestarse la Sala conforme se lo impone el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, al estatuir como uno de los fines de la casación el respeto de las garantías de los intervinientes. Para la enmienda, se considerarán los factores de dosificación aplicados por el funcionario de primera instancia, respecto de los cuales, como ya se dijo, ninguna glosa consignó el Tribunal.
Pues bien, atendiendo el procedimiento de cuartos de dosificación punitiva establecido en el artículo 61 del Código Penal, se tiene que para el caso de la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, el ámbito de dosificación es de 14 años (168 meses), resultado de restarle al máximo de 15 años el mínimo de 1 año previstos en el artículo 51 de la Ley 599 de 2000. Cada uno de los cuartos, en consecuencia, es de 42 meses2, quedando conformados de la siguiente forma:
Cuarto mínimo: de 12 a 54 meses.
Cuartos medios: de 54 meses y 1 día a 138 meses.
Cuarto máximo: de 138 meses y 1 día a 180 meses.
Ahora bien, con sujeción al criterio de dosificación del fallador de primer grado para fijar la pena de prisión3, se impondrá el mínimo del primer cuarto, esto es, doce (12) meses de privación del derecho a la tenencia y porte de arma.
Ello significa que en el presente caso cuando el sentenciador impuso como monto de la pena accesoria en comento 108 meses, igual al de la pena principal de prisión, conculcó, se reitera, el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, a cuyo amparo los funcionarios judiciales están obligados a fijar las sanciones dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley.
Además, el principio de legalidad, desde el punto de vista de la pena, constituye una garantía para el procesado y para la comunidad, pues los ciudadanos tienen la certeza de que en ejercicio del ius puniendi el Estado sólo podrá sancionar en razón de la comisión de una conducta punible dentro del margen establecido en la ley, sin que pueda desbordarse a discreción o por capricho de los funcionarios judiciales, pues un tal proceder comportaría no sólo violación del referido principio, sino también de los de igualdad de las personas ante la ley y seguridad jurídica.
Por tanto, de oficio, se casará parcialmente la sentencia de segundo grado para fijar la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma en 12 meses.
Resta señalar, que los demás ordenamientos de la sentencia impugnada se mantendrán incólumes en tanto no se afectan con esta determinación.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- De oficio, CASAR parcialmente la sentencia de segundo grado, para fijar en 12 meses la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma impuesta a JOHN JAIRO URRIAGO RAMÍREZ.
Segundo.- DECLARAR que los restantes ordenamientos de la sentencia se mantienen incólumes.
Contra esta providencia no proceden recursos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fol. 144 de la carpeta.
2 168/4=42.
3 Fols. 143 y 144 de la carpeta.