Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Magistrado ponente
CP058-2014
Radicado N° 42976.
Aprobado acta No. 104.
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014).
V I S T O S
Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano Giovanni Molina Arredondo requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, le corresponde a la Corte emitir concepto, toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunciaron el delegado del Ministerio Público y la defensora del solicitado.
A N T E C E D E N T E S
1. Mediante nota verbal No. 2280 del 29 de octubre de 2013, el Gobierno de Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó del Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Giovanni Molina Arredondo, pues la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida lo requiere para comparecer en juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la acusación No. 8:13–CR–332–T–24TGW, dictada el 27 de junio 2013, en la cual se le formulan cargos por delitos federales de narcóticos.
2. Con resolución del 15 de noviembre de 2013, el señor Fiscal General de la Nación ordenó la captura de Giovanni Molina Arredondo.
La orden de captura con fines de extradición se le notificó el 6 de diciembre de 2013, en las instalaciones del complejo carcelario y penitenciario Pedregal, en la ciudad de Medellín, lugar en donde permanece recluido. No obstante, el requerido en extradición se negó a suscribir las actas correspondientes, argumentando que no podía hacerlo sin la autorización de su defensor quien así se lo había recomendado.
3. La mencionada representación diplomática formalizó la petición de extradición de Giovanni Molina Arredondo, mediante la nota verbal No. 2720 del 3 de enero de 2014, reiterando que en su contra pesa la acusación No. 8:13–CR–332–T–24TGW, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 27 de junio 2013, en la cual se le hacen los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos; y
Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 70506(a) y (b) del Código de los Estados Unidos; y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de oficio número DIAJI/GCE N° 0044 del 3 de enero de 2014, indicó que es aplicable al presente caso la “…Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”, empero explicando que “Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6, numerales 4 y 51 del precitado instrumento internacional disponen…”, que es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano. Entonces, remitió la mencionada nota verbal y los documentos anexos al de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez envió tal documentación a esta Corte, donde se dispuso que el requerido designara un apoderado que lo representara dentro de la actuación.
5. Ante el silencio de Giovanni Molina Arredondo, esta Corporación solicitó de la Defensoría Pública la designación de un abogado para que lo representara.
6. En consideración a que no presentaron solicitudes probatorias, sin que la Corte advirtiera la necesidad de incorporar ninguna evidencia, se ordenó correr traslado a los intervinientes por el término de cinco (5) días, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que presentaran los alegatos.
7. El señor Procurador delegado y la defensora pública, presentaron los argumentos.
ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, luego de relacionar de manera detallada los antecedentes, los instrumentos allegados a este diligenciamiento y de mencionar las normas aplicables al caso, señala que las conductas punibles por las cuales se le requiere, fueron cometidas en fecha conocida, por lo menos desde finales de los años 90 y hasta 13 de junio de 2013, fecha de la acusación formal, es decir, con posterioridad a la expedición del acto legislativo No. 1 de 1997, circunstancia que permite predicar el cumplimiento de la exigencia temporal.
Igualmente, dice el Procurador Delegado que en lo relacionado con la validez formal de los documentos, el Estado solicitante aportó, debidamente traducidas y autenticadas, la providencia acusatoria, en la cual se reseña el lugar donde ocurrieron los hechos, las fechas y los delitos imputados, las normas penales y las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición, motivo por el cual se cumple cabalmente con esta exigencia.
Respecto a la demostración plena de la identidad del requerido, asevera que esa exigencia se encuentra satisfecha, toda vez que los datos suministrados por las autoridades del país requirente coinciden con los de la persona que fue notificada de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se ordenó su captura. Agrega que se trata de Giovanni Molina Arredondo, ciudadano colombiano, nacido el 15 de junio de 1967 y portador de la cédula de ciudadanía número 16’741.902.
En lo que tiene que ver con el principio de la doble incriminación, sostiene que los cargos imputados a Giovanni Molina Arredondo, encuentran adecuación típica en el artículo 340 del Código Penal, el cual consagra el delito de concierto para delinquir, cuya pena mínima privativa de la libertad es superior a 4 años, aspectos que conllevan a concluir que igualmente se cumple con este postulado.
Sobre la equivalencia de las providencias dictadas en el país solicitante, tampoco encuentra inconveniente alguno, por cuanto la acusación dictada en el extranjero contiene los cargos de los cuales se debe defender el acusado. Además, detalla los hechos y la calificación jurídica de la conducta, lo cual permite colegir que dicha pieza procesal guarda correspondencia con la acusación prevista en nuestro sistema procesal penal.
En consecuencia, estima el Delegado del Ministerio Público que en este caso las formalidades se cumplen cabalmente para que la Corte proceda a emitir concepto favorable respecto de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Giovanni Molina Arredondo.
Asimismo, recomienda que la Corte exhorte al Gobierno Nacional para que, en caso de que se conceda, se condicione la misma en el sentido de que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, ni sometido a prisión perpetua, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORA
Admite que se cumplen las exigencias formales para conceptuar favorablemente al pedido de extradición. Sin embargo, considera que esta política no ha influido en la disminución del tráfico de estupefacientes, porque no es una medida que persuada a las personas de marginarse de tal actividad ilícita, la cual cada vez es mayor.
Agrega que la extradición hacia los Estados Unidos de América tampoco infunde temor, porque las condiciones en las cárceles de esa nación son mejores que las nuestras, aparte de que las penas son menores.
Lo que hace Colombia con la extradición, a juicio de la defensora, es cederle a los Estados Unidos la investigación y el juzgamiento de las conductas cometidas por sus nacionales, sin que se evidencie una contraprestación que mejore la situación de nuestro país, porque la ayuda se destina a lograr instrumentos de guerra.
Censura la ausencia de políticas que se dirijan a la atención del consumidor y de las familias.
Cree que el problema social derivado del narcotráfico, sólo se erradicará cuando se subsidie y apoye el campo colombiano, se disminuya la corrupción y se controle la natalidad de las menores de edad.
Solicita que se conceptúe desfavorablemente a la solicitud de extradición. Empero, en caso contrario, pide que a su asistido se le juzgue únicamente por los delitos que aparecen en la solicitud de extradición; se recomiende la protección de los derechos fundamentales del requerido, especialmente el debido proceso y la defensa técnica; se le reconozca el tiempo que lleva detenido como parte de la pena que se le llegue a imponer; se le permita llevar la documentación necesaria para implementar su defensa; en caso de requerir el testimonio de personas residentes en Colombia, se le garantice la colaboración para acceder a esas pruebas y que tales declaraciones sean escuchadas por el Jurado; y, que no se le someta a tratos crueles, degradantes o inhumanos.
CONCEPTO DE LA CORTE
1. Aspectos generales.
La Corte tiene sentado que su competencia dentro del trámite de extradición está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2, reformado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y las conductas que los originan también así se consideren en la legislación penal colombiana.
Sobre este último aspecto, debe observarse que de acuerdo con la acusación No. 8:13–CR–332–T–24TGW, proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 27 de junio 2013, la imputación que se le formuló a Giovanni Molina Arredondo corresponde a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos, llevados a cabo entre el año 1990 y junio de 2013.
Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición.
2. Validez formal de la documentación presentada.
La Cónsul de Colombia en Washington autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Giovanni Molina Arredondo, de conformidad con el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012.
En tal forma, la mencionada funcionaria certifica la firma de la Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avala la del Secretario de Estado, John F. Kerry, y está la rúbrica de Eric H. Holder, Jr., Fiscal General, quien certifica la de Magdalena Boynton, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargada de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de Kathy J.M. Peluso, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos y de Jacob W. Cook, agente especial del Departamento de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.
Adicionalmente, el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores abonó la firma de la agente consular, el 1 de junio de 2014, como consta en el documento suscrito por éste.
Como documento anexo y debidamente traducido, aparece la acusación No. 8:13–CR–332–T–24TGW, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 27 de junio de 2013, contra Giovanni Molina Arredondo y otros, así como la orden de arresto librada por esa Corte.
Del mismo modo, figuran las copias, traducidas en debida forma, de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso.
De acuerdo con lo anterior, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de Giovanni Molina Arredondo, es formalmente válida.
3. Identidad plena del solicitado en extradición.
Es claro que la persona reclamada en extradición es la misma que el 6 de diciembre de 2013, fue notificada en las instalaciones del complejo carcelario y penitenciario Pedregal, en la ciudad de Medellín, por funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en cumplimiento de la orden de captura con fines de extradición emitida mediante resolución del 15 de noviembre de 2013 por el despacho del señor Fiscal General de la Nación.
De acuerdo con las notas diplomáticas No. 2280 del 29 de octubre de 2013 y 2720 del 3 de enero de 2014, el señor Molina Arredondo, también conocido como “El Grande” y “El Gordo”, es ciudadano colombiano, nacido el 15 de junio de 1967 y es titular de la cédula de ciudadanía N° 16’741.902.
Si bien es cierto que Giovanni Molina Arredondo se negó a suscribir las actas de notificación de la orden de captura con fines de extradición y la de los derechos del capturado, también lo es, como lo informaron los funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que se «…solicitó al director de la cárcel el señor MANUEL ENRIQUE PINTO CORTEZ copia de la reseña decadactilar y fotográfica del señor GIOVANNI MOLINA ARREDONDO con CC nro. 16.741.902, lo anterior con el fin de realizar cotejo dactilar y determinar la plena identidad recibiendo como respuesta la copia de la reseña fotográfica y dactilar realizada por el INPEC – PREDREGAL». Al mismo tiempo, el solicitado en extradición suministró sus datos biográficos completos, tales como nombre y apellidos, documento de identidad, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, ocupación u oficio, así como el nombre de las personas a quienes debía comunicársele acerca de su situación.
Todos esos datos corresponden plenamente con los del señor Molina Arredondo, de acuerdo con la documentación referida e igualmente se le realizó cotejo dactiloscópico en el que se concluyó que las impresiones dactilares «corresponden entre sí». Además, en este asunto no se cuestionó la identidad del requerido, por manera que el requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en mención acatando lo previsto en el artículo 493-1 de la Ley 906 de 2004: que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.
En el presente evento, el 26 de junio de 2013 el Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, profirió la acusación No. 8:13–CR–332–T–24TGW, con base en los delitos señalados anteriormente, acto procesal que equivale a la resolución de acusación prevista en el sistema procesal penal colombiano –tanto la regulada en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, como el escrito acusatorio del artículo 337 de la Ley 906 de 2004–. Tales providencias, si bien no son idénticas guardan similitudes que las tornan equivalentes, con lo cual el requisito legal en estudio se estima acreditado.
En efecto, dichas decisiones judiciales contienen un pliego de cargos, de los cuales se debe defender el acusado en juicio. A su vez, constituyen presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgamiento, que culmina con el respectivo fallo de mérito. En ellas se consigna una relación detallada de los hechos con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.
Por lo anterior, este requerimiento también se cumple a cabalidad.
5. El principio de la doble incriminación.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.
La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
5.1. De acuerdo con las notas verbales y la copia de la acusación No. 8:13–CR–332–T–24TGW, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 27 de junio de 2013, los cargos formulados contra Giovanni Molina Arredondo, se resumen de la siguiente manera:
Cargo Uno: Concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos; y
Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 70506(a) y (b) del Código de los Estados Unidos; y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos.
5.2. La Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, consagra:
(a) Actos ilícitos
El que –
(3) en violación de la Sección 959 de este título, fabrique, posea con intención de distribuir, o distribuya sustancia controlada, será castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección.
Castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección.
a. Las penas
1. En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de
(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de
(ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros;
El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua…con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el Título 18, o US$10’000.000 si el reo es individuo… o con ambas penas. Cualquier pena impuesta bajo este párrafo,… incluirá un término de libertad supervisada de por lo menos 5 años, además del término de prisión.
Por su parte, la Sección 963, del Título 21 del Código de los Estados Unidos, prevé:
«Tentativa y concierto. El que intente o concierte para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto.»
La sección 70503 establece:
(a) Se prohíbe que una persona, de forma consiente o intencional, posea, con intención de distribuir, una sustancia controlada a bordo de…
(1) una nave de los Estados Unidos, o que esté sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos…
(b) La Subsección (a) se aplica incluso si el acto se comete fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.
Y, la Sección 70506 se refiere a:
(a) Una persona que infrinja la Sección 70503 de este Título será penalizada según lo dispone la sección 1010 de la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas, de 1970 (Sección 960 del Título 21, del Código de los Estados Unidos); pero si el delito tiene lugar por segunda vez, o más veces, de acuerdo con la sección 1012 (b) de dicha ley (Sección 962 (b) del Título 21 del Código de los Estados Unidos), la persona será castigada en la forma indicada en la sección 1012 de dicha ley (Sección 962, del Título 21)
(b) Una persona que intente o confabule para violar la sección 70503 de este título estará sujeta a las mismas infracciones que se proveen para la violación de la sección 70503.
5.3. Los anteriores cargos, concretados en la conspiración entre varias personas para importar a territorio de los Estados Unidos cantidades perceptibles de cocaína, para distribuirla, tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en el artículo 340, inciso 2º, modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptiva que establece una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa que de 2.700 a 30.000 smlmv., para quien se concierte para cometer, entre otros, delitos de narcotráfico.
Del mismo modo, tanto conspirar como concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos de tráfico de estupefacientes.
Además, los cargos relacionados con la concreta importación de la sustancia vedada al territorio de los Estados Unidos y su distribución, tienen correspondencia en la legislación punitiva patria, toda vez que el artículo 376, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de la siguiente manera:
El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas,, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro mil (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. Habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Penal, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano Giovanni Molina Arredondo, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la notas verbales No. 2280 y 2720, del 29 de octubre de 2013 y 10 de enero de 2014, respectivamente, suscritas por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos imputados en la acusación No. 8:12–CR–306–T–33MAP, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 26 de julio de 2012.
6.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos de América aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que Giovanni Molina Arredondo no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 494 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Del mismo modo, para que a Giovanni Molina Arredondo, se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que ha permanecido privado de la libertad por razón de este trámite.
6.2. También es preciso advertir que como la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva–, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes para que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental, entre ellas la contenida en el artículo 42, según la cual, la familia es el núcleo central de la sociedad, motivo por el cual deberá permitirse a sus parientes mantener un contacto permanente.
Asimismo, se deberán acatar los derechos y garantías consagrados en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respeten los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.
Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.
La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado Giovanni Molina Arredondo, y a los demás intervinientes en el trámite de extradición.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.
Comuníquese y cúmplase.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Excusa Justificada
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 ARTÍCULO 6o. EXTRADICIÓN. (…) 4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas. 5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición. (…)