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EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado ponente
ATP1700-2018
Radicación n° 100082
Acta 280.
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
1. VISTOS
Sería del caso avocar el conocimiento de la acción de tutela presentada por el Defensor Regional del Pueblo de Ocaña, quien dice actuar en representación de J. S. V. A., contra la Sala de Decisión Mixta de Asuntos Penales para Adolescentes nº 3 del Tribunal Superior de Cúcuta, de no ser porque se advierte que el accionante, carece de legitimidad para actuar.
2. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
2.1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San José de Cúcuta (Norte de Santander) adelanta en la etapa de juicio oral, proceso de responsabilidad penal para adolescentes, contra J. S. V. A., hoy mayor de edad, por el presunto delito de acceso carnal violento.
2.2. Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, por solicitud del defensor público, el mencionado despacho judicial decretó la prescripción de la acción. Decisión que la Fiscalía apeló.
2.3. La Sala de Decisión Mixta de Asuntos Penales para Adolescentes nº 3 del Tribunal Superior de Cúcuta, el 10 de mayo de 2018, revocó el proveído de primera instancia, al considerar que no había operado esa figura jurídica.
2.4. El Defensor Regional del Pueblo de Ocaña, inconforme con esa determinación, acude a la acción, al considerar que el Tribunal Superior de Cúcuta incurrió en un defecto sustancial, pues, pese a que el Código de Infancia y Adolescencia establece como sanción para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la privación de la libertad en Centro de Atención Especializada, por un término máximo de 8 años y que, para efectos de contabilizar el término de prescripción, debió partir de este quantum, tomó como base el máximo de la pena de prisión contenida en el artículo 210 del Código Penal –Ley 599 de 2000-.
Con lo que estima, dio un alcance equivocado al principio de integración, en virtud del cual, sólo es posible aplicar normas del Código Penal, frente asuntos que no estén regulados en la Ley 1098 de 2006 –Código de Infancia y Adolescencia-.
3. CONSIDERACIONES
3.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, que modificó el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda, en tanto ella involucra una Sala de Decisión Mixta de Asuntos Penales para Adolescentes nº 3 del Tribunal Superior de Cúcuta, cuyo superior funcional lo es esta Corporación.
3.2. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela puede ser ejercida: i) directamente por quien considere lesionados o amenazados sus derechos fundamentales; ii) por su representante legal; iii) a través de apoderado judicial; iv) mediante la agencia de derechos ajenos, siempre que el interesado esté imposibilitado para promover su defensa; y, v) por el Defensor del Pueblo y los Personeros municipales.
3.3. Frente a la legitimación asignada al Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales o Distritales, la Corte Constitucional CC T-460-2012, ha señalado que están habilitados para promoverla en los siguientes casos: (i) cuando actúe en representación de una persona que lo haya solicitado (autorización expresa ó tácita, que se entiende ocurre cuando el ciudadano lo pide de manera verbal y suministra los elementos para promoverla); (ii) cuando la persona se encuentre desamparada o indefensa; y (iii) cuando se trate de situaciones de vulneración de los derechos fundamentales de menores o incapaces, incluso en contra de su voluntad o la de sus representantes legales.
En consonancia con lo anterior, esa misma Corporación, en sentencia T-493-1993, ha precisado que:
[…] el agente oficioso o el Defensor del Pueblo y sus delegados, sólo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor. Adicionalmente tampoco es procedente, que el agente oficioso o el Defensor del Pueblo actúen en contra de los intereses de las personas que representan; su intervención debe estar dirigida a la defensa de los intereses que agencian, que no son otros que los propios intereses de las personas que van a resultar beneficiadas con la acción (…)1
3.4. Cuando el amparo se reclama en defensa de los derechos de un menor de edad –presupuesto invocado en este asunto-, se considera que la citada legitimación por activa se amplía, por el carácter prevalente de sus derechos y al deber de asistencia y protección que tiene a cargo el Estado, en los términos consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política (CC T-434-2014).
3.5. En el presente asunto, el Defensor Regional del Pueblo de Ocaña, manifiesta que actúa como agente oficioso del «menor J.S.V.A.». Sin embargo, reconoce que actualmente, éste es mayor de edad y aporta certificación expedida por el Notario Tercero del Circuito de Bucaramanga, según la cual, «en el tomo (…) de Registro Civil de Nacimiento (…) se encuentra la partida que corresponde a J. S. V. A., de sexo masculino nacido en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el día treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)».
Corresponde entonces estudiar, si es posible que el Defensor Regional en mención, represente los intereses de un ciudadano que actualmente es mayor de edad, por las presuntas irregularidades cometidas al interior de proceso de responsabilidad penal para adolescentes, que se inició en su contra, cuando era menor de edad.
Para ello, se partirá por puntualizar que, cuando se actúa en defensa de los intereses de un menor, es requisito que el afectado, para la fecha de presentación de la acción de tutela, ostente esa condición de sujeto de especial protección constitucional; es decir, que haya una actualidad en esa calidad que se alega.
Luego, si la persona en cuyo favor se reclama el amparo ya alcanzó la mayoría de edad, pese a que el proceso de responsabilidad penal se inició cuando aun era menor, se activan los requisitos generales de legitimidad, que habilitan a la misma persona para acudir directamente o por conducto de apoderado; salvo, desde luego, que se encuentre en alguna situación de desamparo o indefensión, ó haya solicitado directamente al Defensor Regional del Pueblo, la promueva en su nombre.
Como quiera que ninguna de esas circunstancias fueron expuestas por el Defensor Regional de Ocaña y, por el contrario, sólo enunció la «minoría de edad» de J. S. V. A., de quien se acreditó, a la fecha, es mayor de edad y cuenta con 22 años, conforme el presupuesto de actualidad en la condición de menor de edad, no está habilitado para promover la acción de amparo en nombre de aquél.
Ello, desde luego, no obsta para que el Defensor del Pueblo, a través de sus delegados regionales, pueda presentar nuevamente tutela en representación del ciudadano en mención, siempre que lo haga como agente oficioso, si a ello hubiere lugar; o que el propio interesado autorice tal proceder.
En conclusión, por falta de legitimidad activa del Defensor Regional del Pueblo de Ocaña, para interponer este mecanismo preferente, se rechazará la demanda presentada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal de Tutelas No.1,
RESUELVE
Primero. Rechazar por falta de legitimación en la causa por activa, la acción de tutela presentada por el Defensor Regional del Pueblo de Ocaña. Por Secretaría, devolver la demanda de tutela, junto con sus anexos, al accionante.
Segundo. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Sentencia T- 493 de 1993