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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado Ponente
AP8236-2016
Radicación Nº 49029
Aprobado mediante Acta No. 387
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
ASUNTO
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de «apelación» propuesto por el defensor de Oscar Iván Arboleda Enríquez contra la sentencia de segundo grado emitida por el Tribunal Superior de Buga el 6 de agosto de 2016, por medio de la cual revocó la expresada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira el 19 de julio de 2016, que absolvió al acusado de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
ANTECEDENTES
1 Fácticos.
El 14 de febrero de 2015, miembros de la policía judicial Sijin, realizaron diligencia de allanamiento y registro al inmueble ubicado en el kilómetro 9 No 315 en el corregimiento de Tienda Nueva jurisdicción del municipio de Palmira, Valle, hallando al interior de la vivienda una bolsa de color azul contentiva de 82 cigarrillos con sustancia similar de color y olor a la marihuana, elemento que sometido a prueba preliminar PIPH arrojó positivo para canabbis y sus derivados con un peso neto de 63 gramos; así como también la suma de $15.180.000, procediéndose a la captura de Oscar Iván Arboleda Enríquez.
2. procesales.
2.1. El Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de Garantías de Palmira, formuló imputación contra Oscar Iván Arboleda Enríquez, por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que igualmente le fue presentado al formulársele acusación.
2.2. Realizadas las audiencias preparatoria y de juicio oral, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira (Valle) anunció sentido del fallo absolutorio, y el 19 de julio de 2016 dio lectura a la respectiva sentencia absolutoria.
2.3. El Fiscal interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue desatado por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, revocando la absolución y, en su lugar, condenó a Arboleda Enríquez a la pena de 64 meses de prisión, multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo, por hallarlo autor responsable del delito por el que fue acusado.
Igualmente, dispuso negar al sentenciado la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria y ordenó su captura para el cumplimiento de la sanción.
2.4. Contra esta decisión el defensor de Arboleda Enríquez interpuso “recurso de apelación” conforme a la sentencia C – 792 de 2014
El Tribunal Superior de Buga, corrió traslado por el término de 5 días para que el defensor sustentara la apelación, cumplido con éste lapso, por auto del 22 de septiembre del año en curso concedió el recurso, y ordenó remitir la actuación a la Corte Suprema de Justicia a efectos de surtir la alzada.
CONSIDERACIONES
La Corte rechazará el «recurso de apelación» propuesto por el defensor de Oscar Iván Arboleda Enríquez contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 6 de agosto de 2016, por medio de la cual revocó la expresada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira el 19 de julio de 2016, que absolvió al acusado de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, para condenarlo por el mismo ilícito, dado que en la legislación procesal penal vigente no se encuentra regulada la forma de impugnación a la que hizo alusión la Corte Constitucional en la sentencia C – 792 de 2014; así como, por no hacer parte del ámbito de las competencias de esta Corporación lo atinente a definir las reglas que permitan su implementación, atendiendo las siguientes razones:
1. Si bien es cierto en la sentencia C – 792 de 2014 se declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004, por cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, también lo es que allí se exhortó al Legislador para que en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del fallo, el cual se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, y precisó que de incumplir este deber, se entendería que la impugnación procedía ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.
2. Posteriormente, en sentencia de tutela SU – 215 de 2016, se puntualizaron los efectos y alcances de la sentencia C – 792 de 2014, al precisarse que las órdenes allí impartidas: i) operaban respecto de las sentencias dictadas a partir del 25 de abril de 2016 o que para ese momento estuviesen en proceso de ejecutoria, ii) que aunque con ella solo se ofrecía una solución al problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de los fallos condenatorios emitidos por primera vez en cualquier estadio del proceso penal; y iii) que la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancias de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por la Sala de Casación Penal.
3. En sesión de fecha 28 de abril de 2016, la Sala Plena de esta Corporación sostuvo que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C – 792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la impugnación de todas las sentencias condenatorias emitidas por primera vez, resultaba irrealizable, toda vez que ninguna autoridad judicial está facultada para introducir reformas o definir reglas que permitieran poner en práctica este derecho, siendo ello potestad exclusiva del Congreso de la República.
4. Así se ha pronunciado la Sala de Casación Penal en providencias recientes, entre ellas, CSJ AP, 25 May 2016, Rad. 37858, CSJ AP, 18 May 2016, Rad. 39156; CSJ AP 25 May 2016, Rad. 37858, CSJ AP 27 Jul 2016, Rad. 48406, en el entendido que una orden de la naturaleza que contiene las sentencias C – 792 de 2014 y SU – 215 de 2016 requiere de reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso de la República, pues para garantizar el derecho a la impugnación en los términos definidos por la Corte Constitucional en las providencias arriba citadas se hace necesario redefinir funciones, crear nuevos órganos judiciales y redistribuir competencias, entre otros aspectos.
La imposibilidad de que por vía jurisprudencial se llene el vacío normativo advertido por la Corte Constitucional en los referidos fallos, se explica, tal como se consideró en AP37858 -2016, reiterado en CSJ AP 27 Jul 2007, Rad. 48406, en que: «Se trata de un asunto atinente a los principios de legalidad, reserva y de división de poderes, esenciales a una democracia, pues la competencia emerge como condición básica para que una persona pueda ser juzgada conforme al debido proceso (art. 29 C.P.), y le corresponde al legislador fijarla, ya que es propio de sus facultades expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones (art. 150-1 y 2 Ib.), labores que, claro está, no puede asumir la judicatura dada la separación de poderes sobre la cual se edifica la estructura del Estado (art. 113), y porque la legitimidad de su función radica en el sometimiento de sus actuaciones al imperio de la Constitución y la ley (art. 230).»
5. En el asunto de trato, el Tribunal Superior se arrogó competencias que no posee y resolvió tramitar la impugnación presentada por el defensor como si se tratara de un recurso de apelación, y por esa vía, le asignó a la Corte una facultad que el ordenamiento jurídico vigente no le otorga, pues en él no se prevé que proceda la apelación contra sentencias de segunda instancia, ni se faculta a la Corte para resolver tal manifestación de inconformidad con el fallo de condena.
6. En atención a estas consideraciones, la Sala dispondrá la devolución de la actuación al Tribunal Superior de Cundinamarca para que se rehabiliten los términos de ejecutoria con el fin de que las partes puedan interponer el recurso de casación, si a bien lo tienen, por ser el único del cual la Corte puede conocer y que procede en estos casos, conforme lo estipulan los artículos 32, 181 y 184 del mismo Estatuto Procesal.
Por lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. RECHAZAR, por improcedente, el recurso de apelación propuesto por el defensor de Oscar Iván Arboleda Enríquez, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 6 de agosto de 2016.
2. Devolver el trámite surtido al Tribunal Superior de Buga para que se restablezcan los términos de ejecutoria de la sentencia para la interposición del recurso de casación, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 98 de la Ley 1395 de 2010, conforme se indicó en la motivación que precede.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
Gustavo Enrique Malo Fernández
José Francisco Acuña Vizcaya
José Luis Barceló Camacho
Fernando Alberto Castro Caballero
Eugenio Fernández Carlier
CON SALVAMENTO DE VOTO
Luis Antonio Hernández Barbosa
Eyder Patiño Cabrera
Patricia Salazar Cuéllar
Luis Guillermo Salazar Otero
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALVAMENTO DE VOTO
Impugnación Especial
Radicado. 49029
Acta No. 987 de 30 de noviembre de 2016
Respeto el criterio mayoritario de la Sala. Salvo el voto por las razones ya expuestas en el radicado 47742.
Cordialmente,
EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
Magistrado
Fecha ut supra