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LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado Ponente
AP8229-2016
Radicación 48829
(Aprobado Acta No. 387).
Bogotá D.C., noviembre treinta (30) de dos mil dieciséis (2016).
VISTOS:
Resuelve la Sala si admite o no las demandas de casación presentadas por los defensores de OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO, IVONNI ÁVILA DÍAZ y ÁNGEL RIVERA PIZARRO.
HECHOS:
OSMAN ENRIQUE MOJICA se desempeñó como Alcalde del municipio de la Jagua de Ibirico entre el 1º de enero de 2004 y el 15 de junio de 2005. En tal condición realizó varios contratos con Carlos Octavio Chávez Quiroga: El 18 de noviembre de 2004, sin que se hubiera constituido póliza de cumplimiento, por $2.400.000 para “el entrenamiento y capacitación en baloncesto, atletismo y patinaje de un grupo de niños, niñas y jóvenes para su participación en las competencias de fin de año en otros municipios”, pagado el 18 de marzo de 2005.
El 17 de diciembre de 2004 por $7.380.000, también sin póliza de cumplimiento, para “apoyar económicamente la participación de los deportistas de la Escuela Talento Tercer Milenio adscritos a las disciplinas de baloncesto, atletismo y patinaje para la clausura del curso vacacional con un encuentro recreativo en la ciudad de Valledupar durante los días 18 y 19 de diciembre de 2004”, y otro por $78.600.000 (valor del cual no se acreditaron soportes por $24.204.430) del 7 de marzo de 2005, sin licitación pública en razón de la cuantía, para “apoyar económicamente la celebración de festivales lúdicos, deportivos y recreacionales infantiles para 6250 niños entre las edades de 4 a 12 años, en el casco urbano, corregimientos y veredas del municipio de la Jagua de Ibirico los días 28 y 29 de abril de 2005”, pagados ambos sin que se acreditara el cumplimiento de su objeto.
Igualmente contrató con Juan Carlos Pinzón Angarita el 17 de enero de 2005 por $8.950.000 para “el mejoramiento de las vías urbanas del barrio Galán”.
Y con David García Guevara el 10 de febrero de 2005, el suministro de 2000 cartillas sobre prevención de hipertensión arterial para ser distribuidas a las IPS y población de alto riesgo por $8.900.000 y el 16 de febrero de tal anualidad con el mismo contratista el suministro de 3000 cartillas sobre control prenatal.
Por su parte, IVONNI ÁVILA DÍAZ, Tesorera del referido municipio, pagó a Carlos Octavio Chávez Quiroga la ya mencionada suma de $78.600.000, pese a que de tal valor no se acreditaron soportes por $24.204.430 y sin que apareciera en la cuenta la firma del alcalde, el auditor, el jefe de presupuesto y contabilidad, ni el acta de inicio y final de obra de dicho contrato.
También la Tesorera supuestamente pagó con dos cheques a Donaime Enrique Morales Henao por dos contratos del 17 de enero de 2005, uno por $8.950.000 para “el mejoramiento de las vías urbanas del barrio Juan Ramón” y otro por $9.485.000 para el “sondeo alcantarillado, limpieza de manjoles, asepsia, acopio y botada de lodos en la salida de empujagua hasta casa taller la niña Paula bajando iglesia católica hasta la bomba Jorge Ricardo en la cabecera municipal”, pero Morales Henao declaró que no hizo propuesta, no celebró contratos, no los ejecutó, ni cobró los referidos instrumentos de pago.
De otro lado, ÁNGEL RIVERA PIZARRO, Secretario de Planeación del municipio de la Jagua de Ibirico, intervino activamente en los mencionados contratos aparentemente suscritos por Donaime Enrique Morales Henao por $8.950.000 y $9.485.000, en cuanto fue quien generó la necesidad del servicio de mejoramiento de vías urbanas y sondeo de alcantarillado y supuestamente lo invitó para que presentara propuesta, evaluó la oferta y dio curso a la contratación, pese a que ni Morales ni el Alcalde MOJICA firmaron tales acuerdos de voluntad.
Los anteriores hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por compulsa de copias ordenada por la Procuraduría Regional del Cesar dentro del proceso verbal seguido contra OSMAN MOJICA y otros.
ANTECEDENTES PROCESALES:
La Fiscalía Seccional de Valledupar dispuso la correspondiente investigación preliminar, para luego de practicar algunas pruebas declarar abierta la instrucción y vincular mediante indagatoria, entre otros, a OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO, IVONNI ÁVILA DÍAZ y ÁNGEL RIVERA PIZARRO.
Clausurada la investigación, el sumario fue calificado el 15 de noviembre de 2011 con resolución de acusación en contra del primero por el concurso homogéneo de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concurso de peculados por apropiación. IVONNI ÁVILA fue acusada por los delitos de peculado por apropiación y ÁNGEL RIVERA PIZARRO fue acusado por los mismos punibles y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El 23 de enero de 2012, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Valledupar confirmó parcialmente la acusación, revocándola respecto de RIVERA PIZARRO por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos, decisión que se extendió a MOJICA CUADRO con relación a los contratos supuestamente suscritos por Donaime Morales Henao.
El juicio fue adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, despacho que una vez realizada la audiencia pública profirió fallo el 29 de julio de 2014, condenando a OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO a 11 años de prisión, multa de $52.419.430 e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad como autor de los delitos objeto de acusación, salvo por los que fue absuelto, esto es, los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación respecto de los acuerdos de voluntad suscritos con Juan Carlos Pinzón Angarita y David García Guevara.
Condenó a IVONNI ÁVILA DÍAZ a 8 años de prisión, multa de $42.639.430 e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena de prisión, como autora de peculados por apropiación en favor de terceros.
También condenó a ÁNGEL RIVERA PIZARRO a 6 años de prisión, multa de $18.435.000 e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de libertad como responsable del concurso de delitos de peculado por apropiación.
Les fue negada la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria.
El procesado MOJICA CUADRO, su defensor y los abogados de IVONNI ÁVILA y ÁNGEL RIVERA apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Valledupar, a través de la sentencia recurrida en casación, dictada el 31 de marzo de 2016, la confirmó parcialmente al absolver a OSMAN ENRIQUE MOJICA por el peculado de apropiación en cuantía de $17.235.015 y $2.400.000 cuyo supuesto beneficiario fue Donaime Morales, tasando su pena en 114 meses de prisión y la multa en $33.984.430. Igualmente corrigió el monto de la pena de multa impuesta a ÁNGEL RIVERA, para tasarla en $17.235.015 y señaló que se le condenaba como coautor del delito de peculado por apropiación.
LAS DEMANDAS:
Aunque los defensores de OSMAN ENRIQUE MOJICA, IVONNI ÁVILA y ÁNGEL RIVERA allegaron 3 demandas, se observa que sustancialmente se trata del mismo texto, motivo por el cual serán resumidas y examinadas en su admisión en forma conjunta.
Constan de dos cargos.
Primero. Nulidad por omisión de las indagatorias.
En contra de OSMAN ENRIQUE MOJICA se han proferido dos medidas de aseguramiento, pese a que se trata de los mismos hechos. Además, se encuentra llamado a responder en juicio por dos fiscalías seccionales “y en el proceso no existe constancia de que los referidos procesos se encuentren acumulados, por tratarse de los mismos hechos, lo que contraviene el derecho al debido proceso y dificulta el derecho a la defensa”.
En su indagatoria OSMAN MOJICA manifestó “que las firmas que aparecen rubricadas en la orden de pago de los contratos suscritos aparentemente con el señor CARLOS OCTAVIO CHAVEZ QUIROGA, no corresponden a él, y desde ese mismo momento el Fiscal que lo indagó debió tomar las previsiones para constatar si el señor MOJICA CUADRADO, tenía razón o solo se trataba de una treta para evadir la responsabilidad en las conductas punibles investigadas”, es decir, debió investigarse lo favorable y desfavorable, máxime si la carga de la prueba estaba en la Fiscalía.
Se violaron los artículos 29 y 250 de la Constitución y 9, 20, 232, 234 y 238 de la Ley 600 de 2000.
De lo expuesto por OSMAN MOJICA “se podía colegir con meridiana claridad que nos encontrábamos frente a una posible conducta de falsedad material en documento público y que era menester investigar a fondo sobre este tema para desentrañar la verdad y sus posibles autores, ya que virtualmente se había condenado a la señora IVONNI ÁVILA DÍAZ por un peculado por apropiación a favor de terceros, solo con lo que había en el proceso y que dichas pruebas eran tan deficientes que no podían tener la fuerza suficiente como para fulminar con sentencia condenatoria a la procesada por haber cancelado los contratos que aparentemente no cumplieron con todos los requisitos formales, en calidad de Tesorera del municipio, cuando ella manifiesta que cuando procedió a cancelarlos, los mismos contaban con los documentos completos”.
También se podía deducir “que nos encontrábamos frente a una posible conducta de falsedad material en documento público y que era menester investigar a fondo sobre este tema para desentrañar la verdad y sus posibles autores, ya que virtualmente se había condenado al señor ÁNGEL RIVERA PIZARRO por un peculado por apropiación a favor de terceros, solo con lo que había en el proceso que dicho sea de paso era muy poco y de contera muy confuso, recayendo la responsabilidad sobre el procesado, cuya función como Secretario de planeación municipal fue haber generado las necesidades de la cartera creando el presupuesto de las obras e invitando al señor DONAIME ENRIQUE MORALES HENAO para que presentara la propuesta, y es hasta ahí conde participó, los demás aspectos de orden legal y de recolección de documentos para su eventual aprobación se encontraban en otra dependencia como la Oficina Jurídica, donde se revisaban los contratos y se hacía el estudio de factibilidad para luego pasar al ordenador del gasto para su aprobación”.
Así las cosas, no se probó si ÁNGEL RIVERA se apropió para sí o en favor de un tercero de dinero del municipio.
El Tribunal de Valledupar “se limitó a hacerle un juicio de responsabilidad a los procesados, pero no se tomó el trabajo de hacerle un análisis de legalidad a la sentencia, la cual venía sustentada en una investigación incoherente desde el cierre de la etapa probatoria, la cual no ha permitido hacerle un juicio de reproche como debería ser, por las infinidades de inconsistencias que el proceso tiene desde sus inicios”.
“Si se tenía conocimiento que el contrato firmado por el señor DONAIME ENRIQUE MORALES HENAO era ficticio o falso se debió llegar hasta el fondo para determinar si esto era cierto o falso. Aquí se presentaban dos posibilidades ciertas y era que si el contratista no firmó esta propuesta, pudo ser suplantado por otra persona, o que si fue quien presentó la propuesta y recibió su pago; pero como no se profundizó sobre este aspecto, la negligencia se quiere hacer aparecer como responsabilidad de la pagadora IVONNI ÁVILA quien hizo entrega de los dineros al aparente contratista, cuando ella no tenía la obligación de conocer a todos los contratistas del municipio de la Jagua, y que su deber era identificarlos con la cédula de ciudadanía para hacerles entrega del pago efectuado”, motivo por el cual se ha dado lugar a una duda insalvable.
Con base en lo expuesto, los recurrentes solicitaron la invalidación de lo actuado a partir de la clausura del sumario, “donde se vinculó formalmente” a los procesados, a fin de dar curso a una investigación integral.
Segundo. Falso juicio de identidad y falta de aplicación del principio in dubio pro reo.
Se incurrió en “violación indirecta de la ley sustancial por la inaplicabilidad del principio in dubio pro reo, que a su vez concluyó en la falta de aplicación de la normatividad contenida en los artículos 11 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, 8 de la Convención Americana de DDHH, 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, 29 de la C.N., 7, 10, 232, 238 de la Ley 600 de 2000 y de manera indirecta los art. 1, 3, 9, 10, 12, 21, 29, 397 y 340 del C.P.”.
“El reproche que se le hace a la sentencia de segunda instancia va dirijo (sic) en relación de los contratos aparentemente celebrados sin cumplimiento de requisitos legales entre OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO y CARLOS OCTAVIO CHAVEZ QUIROGA, ya que con el resto de las contrataciones se pudo establecer que unos reunían los requisitos y en otros no guardaban correspondencia con las firmas del ordenador del gasto señor OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO, en calidad de Alcalde municipal de la Jagua de Ibirico, y por tanto le fue reconocida la existencia de una duda insalvable que derivó en la aplicación del principio in dubio pro reo”.
“En este proceso era necesario y obligatorio que se determinara la autenticidad del contrato suscrito con el señor DONAIME ENRIQUE MORALES HENAO, y que esta prueba era conducente para determinar si era falso, como fue tildado por el ordenador del gasto OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO, ya que se determinaría quién fue el autor de dicha conducta punitiva, y entonces el verdadero alcance o responsabilidad que tendría la señora IVONNI ÁVILA DÍAZ en el delito de peculado por apropiación”.
“En la sentencia de segunda instancia nada se dijo respecto a la actuación del señor ÁNGEL RIVERA PIZARRO, por qué se le atribuía la conducta de peculado por apropiación a favor de tercero en calidad de autor, modificando de esta manera la de primera instancia, lo que constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, ya que si en (sic) cierto que se encuentra en el mismo tipo penal la conducta se agrava, y está prohibida por ley, ya que el señor ÁNGEL RIVERA PIZARRO, es (sic) apelante único respecto de su sentencia condenatoria”.
RIVERA PIZARRO no tenía bajo su custodia los dineros del municipio ni era ordenador del gasto, su única responsabilidad era crear la necesidad de la obra, pues la firma del contrato y demás requisitos dependían de otra área, luego “nunca se probó que se apropiara de dinero alguno o a favor de terceros”, de manera que se imponía aplicar en su favor el principio in dubio pro reo en orden a salvaguardar su presunción de inocencia que no fue desvirtuada.
A partir de lo anterior, los defensores solicitaron a la Corte casar la sentencia impugnada para, en su lugar, proferir fallo absolutorio en favor de sus representados.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Según el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, “si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá”.
Primer cargo. Nulidad por omisión de las indagatorias.
Sea lo primero señalar que, contrario a lo expuesto por los recurrentes, no es verdad que contra los procesados cursen dos actuaciones por los mismos hechos, pues lo cierto es que desde el 27 de agosto de 2010 al resolver la situación jurídica a los indagados, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Valledupar precisó que en esta actuación se investigan los hechos relacionados con los contratos realizados con Juan Carlos Pinzón Angarita por $8.950.000, Donaime Enrique Morales Henao por $8.950.000 y $9.485.000, David García Guevara por $8.900.000 y $8.700.000 y Carlos Octavio Sánchez Quiroga por $2.400.000, $7.380.000 y $78.600.000, de manera que los contratos suscritos con otras personas, por ejemplo, Karol Edith Aguilar Tabares, José Ricardo Aguilar Pava y Beder Luna, en razón de hechos diferentes, no se investigaron en este proceso.
Tampoco se corresponde con la realidad que en su indagatoria OSMAN MOJICA haya manifestado “que las firmas que aparecen rubricadas en la orden de pago de los contratos suscritos aparentemente con el señor CARLOS OCTAVIO CHAVEZ QUIROGA, no corresponden a él”, pues respecto del contrato del 12 de mayo de 2005 por $78.6000.000, en su injurada señaló que cumplió con los requisitos precontratuales exigidos y refirió algunos documentos sobre el particular, lo cual descarta una posible falsificación de su firma.
Ahora, respecto de los otros 2 contratos supuestamente realizados con Donaime Morales Henao, ya el Tribunal en el fallo de segundo grado absolvió a OSMAN MOJICA CUADRADO en aplicación del principio in dubio pro reo.
En consecuencia, advierte la Sala que la queja de la defensa resulta infundada en el ejercicio de plantear en forma abstracta e imprecisa posibles dudas sobre la realización de los delitos investigados por parte de quien se desempeñó como Alcalde de la Jagua de Ibirico.
Como los defensores plantearon que se violó el principio de investigación integral, debe recordarse que en el contexto de la normativa constitucional anterior al Acto Legislativo No. 003 del 19 de diciembre de 2002 (inciso final del artículo 250), tal postulado correspondía a una exigencia dirigida a la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de investigar con igual interés y diligencia tanto lo perjudicial como lo beneficioso a los intereses del procesado.
Dicho precepto fue reiterado en los artículos 20 y 234 de la legislación procesal penal de 2000, precisando que corresponde al funcionario judicial buscar la “verdad real”, para lo cual debe averiguar con igual celo tanto “las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia”.
Desde luego, la averiguación judicial por las circunstancias favorables y desfavorables al incriminado, tanto respecto de la materialidad del comportamiento, como de su responsabilidad, se enmarca dentro de los presupuestos establecidos en la ley para decretar y practicar pruebas, es decir, que éstas sean conducentes, pertinentes y no superfluas o inútiles.
Es claro, entonces, que la denuncia de violación del principio de investigación integral comporta el señalamiento específico de los medios de convicción omitidos, además del detallado análisis sobre su conducencia, pertinencia y utilidad, y lo más importante, su trascendencia, es decir, la acreditación de que esas evidencias habrían desvirtuado los fundamentos probatorios de la sentencia, labor que ninguno de los casacionistas emprendió, pues no bastaba que plantearan al unísono que “se podía colegir con meridiana claridad que nos encontrábamos frente a una posible conducta de falsedad material en documento público y que era menester investigar a fondo sobre este tema para desentrañar la verdad y sus posibles autores”, o que la sentencia “venía sustentada en una investigación incoherente desde el cierre de la etapa probatoria, la cual no ha permitido hacerle un juicio de reproche como debería ser, por las infinidades de inconsistencias que el proceso tiene desde sus inicios”.
El cargo será inadmitido.
Segundo. Falso juicio de identidad y falta de aplicación del principio in dubio pro reo.
Para comenzar debe precisarse que si en el ordenamiento interno colombiano, esto es, en la Constitución Política y las leyes 599 y 600 de 2000 se encuentra reconocida la presunción de inocencia, así como el principio in dubio pro reo, no resulta necesario acudir, como lo hacen los recurrentes, a la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la Convención Americana de San José de Costa Rica o el Pacto de Nueva York, normas que si bien hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, son aplicables en aquellos casos en los cuales contienen un plus de mayor cobertura del derecho o más amplia garantía en favor de quien las invoca.
Como los impugnantes reclaman que se violó la presunción de inocencia de sus asistidos, en cuanto las pruebas obrantes en la actuación no son suficientes para condenarlos y debió aplicarse, entonces, el principio in dubio pro reo, encuentra la Sala que, como ya ha tenido oportunidad de precisarlo, respecto de tal planteamiento era imprescindible que señalaran la vía de su impugnación, esto es, si se trataba de violación directa o indirecta.
Si postulaban la primera, les correspondía demostrar que los falladores reconocieron en las consideraciones de la providencia atacada la existencia de dudas trascendentes de imposible eliminación sobre la materialidad de las conductas o la responsabilidad de los procesados y, pese a ello, profirieron sentencia de condena con exclusión evidente de la disposición normativa que contiene el principio, cuando debían en consonancia con su exposición absolver, circunstancia que no tuvo lugar en el fallo impugnado, pues por el contrario, tanto en primera como en segunda instancia los funcionarios se explayaron a fin de explicar por qué se materializaron las conductas contenidas en la acusación por las cuales se condenó y de qué manera se acreditó la responsabilidad de cada uno de los enjuiciados en ellas.
Con relación a OSMAN MOJICA CUADRO se afirmó en la sentencia de segunda instancia:
“La conducta punible se concretó cuando en dicha calidad celebró los contratos ampliamente señalados antes, omitiendo la póliza de garantía y cumplimiento que le era exigible de conformidad con el numeral 19 del artículo 24 de la Ley 80 de 12993 y el artículo 2º del Decreto 855 de 1994, modificado por el Decreto 2170 de 2002, de donde se sigue la vulneración del principio de economía de los contratos estatales.
“Igualmente se concretó la conducta punible cuando soslayó el principio de transparencia previsto en el literal a) del numeral 1º artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en armonía con el artículo 2º del Decreto 855 de 1004, modificado por el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 2170 de 2002, al fraccionar el objeto de los contratos antes mencionados, con lo cual desconoció el principio de legalidad y selección objetiva de los contratos estatales, que le imponían el deber de llevar a cabo antes de la celebración de los mencionados contratos el proceso de licitación o concurso público para la selección del contratista en aquellos eventos en donde la cuantía de la contratación excede el 10% de la menor cuantía, que para el año 2004 era de $8.950.ooo y para el año 2005 del $9.537.500”.
Respecto de IVONNI ÁVILA señaló el Tribunal:
“No es cierto que el juez a quo profirió condena en contra de su cliente como autora del delito de peculado por apropiación, únicamente porque abrió una cuenta bancaria conjunta con el contratista Carlos Octavio Chávez Quiroga, lo cual incluso fue descartado expresamente por el funcionario de primer nivel quien al respecto expresó: ‘con lo esbozado, bien se puede decir que le asiste razón a la Fiscalía frente a los cargos de peculado que le atribuyó a la señor ÁVILA DÍAZ, pero no porque esta haya abierto la cuenta de manera conjunta con el contratista’, sino porque pudo verificar que la Tesorera ÁVILA DÍAZ tenía la responsabilidad de verificar que la cuenta de cobro No. 14564 del 12 de mayo de 2005, presentada por el contratista satisfacía todos los requisitos relacionados con su cumplimiento, responsabilidad que soslayó al pagar el importe del contrato pese a que no acompañó a la cuenta de cobro, ni aparece posteriormente la prueba de gastos de $24.204.430 del total de $78.600.000 que era el valor del contrato, peor aún la cuenta de marras adolece de la firma del alcalde, del auditor, del jefe de presupuesto y e contabilidad, así como del acta e inicio y el acta final que pruebe que se cumplió el contrato”.
Sobre ÁNGEL RIVERA PIZARRO se puntualizó en la misma decisión:
“Intervino activamente en el proceso sui generis de ‘contratación’, el cual resultó ser una fachada para apropiarse de los recursos públicos del municipio, generando la necesidad del servicio de mejoramiento de vías urbanas y sondeo de alcantarillado y limpieza de manjoles que sirvió de objeto a esos ‘contratos’, así mismo realizó la invitación que supuestamente se le hizo a Donaime Enrique Morales Henao para que presentara la propuesta, la cual como viene de verse éste niega que la presentó, posteriormente el encartado evaluó la oferta, de esta manera no puede negar que puso al servicio de esta torticera empresa sus funciones como Secretario de Planeación”.
Pero si el vicio denunciado se fundaba en la violación indirecta de la ley sustancial, debían señalar si se trató de un error de hecho por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio, o de un error de derecho por falso juicio de convicción o falso juicio de legalidad, acreditar su trascendencia y señalar su corrección e injerencia en la sentencia impugnada, labor que tampoco realizaron, pues pese a denunciar un falso juicio de identidad, no señalaron específicamente sobre qué medio de convicción recayó, ni expresaron mediante el cotejo objetivo de lo dicho en la prueba y lo asumido en el fallo, qué aparte fue omitido o añadido, qué efectos se produjeron a partir de ello y, lo más importante, cuál es la trascendencia del yerro en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva de la sentencia atacada, tópico de indebida demostración con la exposición subjetiva de los recurrentes sobre el valor del medio probatorio que se estima tergiversado, pues resulta imprescindible acreditar materialmente que el error condujo a la falta de aplicación o a la aplicación indebida de la ley sustancial en el fallo, esto es, que corregido el yerro, la prueba debidamente valorada en conjunto con las demás modifica el sentido de la decisión reprochada, labor no emprendida por los casacionistas en este asunto.
En efecto, además de que no identificaron la prueba cercenada, adicionada o tergiversada, puede constatarse que los impugnantes únicamente dirigieron su esfuerzo a deplorar en forma desordenada, confusa y sin un hilo conductor la condena de sus asistidos, pero no atinaron a señalar con precisión cuál es su inconformidad.
Ahora, si los falladores otorgaron credibilidad a la declaración de Donaime Morales Henao al expresar bajo juramento que no fue invitado a contratar, no presentó propuesta, no suscribió contrato alguno y tanto menos recibió cheques por concepto de pago por parte del municipio de la Jagua de Ibirico, los recurrentes no dicen, ni la Sala encuentra, por qué razón eran necesarias otras pruebas para acreditar la falsedad de los contratos que aparecían suscritos por aquél.
En suma, concluye la Corte que en manifiesto desconocimiento de las presunciones de acierto y de legalidad del fallo, la argumentación expuesta por los casacionistas en orden a cuestionar la condena de sus asistidos resulta insuficiente, en cuanto no fue explicado con precisión el motivo de disentimiento y se omitió señalar de qué manera los falladores erraron de manera trascendente al actualizar alguno de los supuestos que conforman las causales de casación, esto es, en la aplicación de la ley, en la apreciación de los medios probatorios o en la guarda de la legitimidad del trámite.
En atención a las mencionadas falencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000 se impone la inadmisión de la demanda, pues en virtud del principio de limitación propio de este trámite, la Sala carece de facultad para enmendar tales incorrecciones.
Finalmente, no se observa en el curso de la actuación o en la providencia impugnada, violación de derechos o garantías de los sujetos procesales, como para que tal circunstancia impusiera el ejercicio de la facultad oficiosa que sobre el particular le confiere el legislador a la Sala para asegurar su protección.
En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE:
INADMITIR las demandas de casación presentadas por los defensores de OSMAN ENRIQUE MOJICA CUADRO, IVONNI ÁVILA DÍAZ y ÁNGEL RIVERA PIZARRO.
Contra esta decisión no proceden recursos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria