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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
AP6313-2015
Radicación N° 46693
(Aprobado acta N° 380)
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad formal de la demanda de revisión presentada por el apoderado de DIEGO GIL GÓMEZ VIÁFARA en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que, el 17 de enero de 2012, lo declaró coautor penalmente responsable de las conductas punibles de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
H E C H O S
Fueron expuestos en la actuación, en los siguientes términos:
“Los hechos aquí investigados fueron puestos en conocimiento mediante una denuncia escrita anónima instaurada el 20 de octubre de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación, en donde informan que técnicos aeronáuticos del grupo CACOM 2 de la Base Aérea de Combate Apiay, se dedican a la apropiación de repuestos aeronáuticos, los cuales eran comercializados en esta ciudad o transportados hasta el sector de Fontibón en Bogotá, que en determinados casos las partes eran “gemeliadas” y vendidas a la Fuerza Aérea o aerolíneas comerciales como si fueran originales. En el mismo anónimo allegaron nombres de presuntos responsables como fuera Ferney, Henry, El Negro, Llumer, José, Leónidas, Heriberto, Diego, El Jefe Guerrero, Mario y Ramiro, al igual que allegaron varios abonados telefónicos.
En consecuencia, el ente fiscal el 5 de noviembre de 2009, inició formalmente indagación preliminar, donde de las labores investigativas adelantadas se estableció la existencia de un grupo de personas conformada por Ferney Ortiz Beltrán, José Luzardo Tarazona Prieto, Heriberto Goez Gamboa, Henry Ortiz Beltrán, Llumer Zuñiga Pusso y DIEGO GIL GÓMEZ VIÁFARA, dedicadas a la apropiación de repuestos aeronáuticos, partes de aviones de combate, pinturas y disolventes para aeronaves, para su posterior comercialización entre otras actividades ilegales, realizadas en la ciudad de Villavicencio, concretamente en la base aérea CACOM 2”.
LA DEMANDA DE REVISIÓN
El accionante, luego de hacer un recuento de los hechos, de la actuación procesal surtida y referir que su prohijado no fue sentenciado con fundamento en prueba directa, que no se demostró su condición de servidor público ni tampoco que los elementos objeto de las diligencias hubiesen sido sacados de la Base Aérea de Apiay, mucho menos que se comercializaran en el mercado negro; critica el preacuerdo que soportó el fallo de responsabilidad al señalar que obedeció a la coerción de la Fiscalía e invoca como causales de revisión las previstas en el artículo 192, numerales 3º y 6º, de la Ley 906 de 2004.
En ese orden, reseña que tratándose de Henry Ortiz Beltrán, implicado que no suscribió el preacuerdo en comento, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio emitió sentencia absolutoria por la ausencia de elementos de juicio determinantes que infirmaran su presunción de inocencia y que el proceso disciplinario que inició por estos sucesos el Ministerio de Defensa Nacional, culminó con idéntica decisión a favor de Ferney Ortiz Beltrán y José Lizardo Tarazona Prieto, recaudándose allí diversos medios de conocimiento que en su momento llevaron a archivar la actuación en cuanto a Eriberto Goez Gamboa, Llumer Zuñiga Possu y DIEGO GIL GÓMEZ VIÁFARA. Por lo tanto, desde su punto de vista, este “nuevo material probatorio conduce a demostrar que (sic) mis mandantes fueron condenados siendo inocentes, pese a que hubiesen aceptado tal culpabilidad a través de un preacuerdo” y estima que de haberse tenido noticia del mismo en su debida oportunidad, se hubiese dictado absolución.
En estas condiciones, insiste en la precariedad de las pruebas con las que se dictó el fallo y afirma que de haber conocido su acudido las probanzas que se practicaron en el juicio de Henry Ortiz Beltrán, no habría cedido “al miedo que le generó la presión del ente acusador, la sociedad, los medios de comunicación y hasta la mirada pasiva y permisiva de un Juez de Conocimiento”, deprecando tener en cuenta que su consentimiento estuvo viciado al instante en que dio aval al preacuerdo que pide rescindir.
De otro lado, asevera que no se ajustan a la realidad la denuncia anónima que suscitó el proceso penal ni la declaración de Marlon Arley García Ibañez, al haberse acreditado que en el almacén de la aeronáutica del CACOM 2 no habían elementos faltantes y existir respecto del mencionado una investigación penal en curso, la cual, aduce, tiene “todos los fundamentos para terminar en sentencia, toda vez que es éste a viva voz, quien en pleno juicio manifestó haber mentido, por presión que ejerciera sobre él, el ente investigador”. Por consiguiente, pregona que el preacuerdo aludido hizo abstracción de la existencia de un mínimo probatorio que lo validara, según se exige en estos casos, pidiendo oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal para verificar si la aquiescencia exteriorizada por su poderdante “estuvo afectada de algún tipo de presión”, con el fin de declarar sin valor los fallos proferidos en su contra y así rehacer la actuación con posterioridad a la audiencia de formulación de imputación.
Anexó con la demanda poder conferido para actuar, copias de los proveídos de primera y segunda instancia con constancia de ejecutoria, copia de diversos discos compactos en los que constan actuaciones adelantadas en el proceso seguido en contra de Heriberto Goez Gamboa y Henry Ortiz Beltrán, del fallo absolutorio emitido el 3 de agosto de 2012 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio a favor de este último, del pliego de cargos formulado por el Ministerio de Defensa Nacional el 8 de julio de 2014 en contra de Ferney Ortiz Beltrán y en el que se archivaron las diligencias tratándose de GÓMEZ VIÁFARA, de la absolución dictada en ese mismo trámite el 27 de enero de 2015 y copia de algunos extractos periodísticos de los diarios “Extra Llano” y “El Tiempo”, relativos a los hechos materia de investigación y juzgamiento.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La acción de revisión es un mecanismo judicial especial que constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, en tanto que por su conducto se busca dejar sin efectos la intangibilidad de la declaración contenida en sentencia ejecutoriada de acreditarse la configuración de cualquiera de las causales previstas para ello, en este caso, las del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.
El carácter inmutable del instituto jurídico que se pretende remover implica una serie de exigencias formales que debe cumplir la demanda de revisión, contempladas en el artículo 194 ibídem, entre las cuales se encuentran que con el libelo se debe aportar copia o fotocopia de las determinaciones de primera y de segunda instancia, también la constancia de su ejecutoria, además debe indicarse la causal que se invoca junto con los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud (numeral 3°), así como relacionar las evidencias que sustentan la pretensión (numeral 4°).
Ahora, en el caso de no acatarse dichos requisitos, la decisión ha de ser la inadmisión e igual determinación se adoptará, según lo señala el artículo 195, inciso cuarto, de la codificación aludida, “si de las evidencias aportadas aparece manifiestamente improcedente la acción”, de tal manera que si en la demanda se avizoran falencias de este tipo no pueden enmendarse por la Corte, dada la naturaleza rogada de la acción.
2. Esa será la decisión a adoptar en este asunto, al ser ostensibles en el escrito contentivo de la acción de revisión diversas imprecisiones formales y sustanciales, conforme se constata a continuación:
2.1. En este evento, la acción se ampara en la causal tercera de revisión, es decir, en la aparición de hechos o pruebas nuevas respecto de las cuales el sentenciador no tuvo oportunidad de pronunciarse por no haberlas conocido y que, de forma inexorable, permiten advertir la inocencia o la inimputabilidad del procesado frente al acontecer por el que fue condenado. Bajo esa perspectiva, por hecho nuevo se ha entendido todo acaecimiento fáctico ligado al delito y desconocido en la actuación, sin que sea aquel que surja a consecuencia de los debates o con posterioridad a la sentencia, aunque su verificación se haga a través de la prueba; y por prueba nueva se tiene a todo medio de convicción legal que no pudo ser objeto de controversia al ser ignorado dentro del proceso (Cfr. CSJ AP, 08 Mar 2004, Rad. 21905, CSJ AP, 08 Oct 2012, Rad. 38906).
Ahora bien, estas definiciones han sido matizadas con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, ya que únicamente puede tenerse como prueba la practicada en juicio oral, sometida a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento o, excepcionalmente, ante el juez de garantías, cuando se trata de prueba anticipada (artículos 16 y 379 ejusdem). Al respecto ha dicho la Corte:
“Frente al nuevo modelo de enjuiciamiento penal, estos conceptos, en su sustancialidad básica, se mantienen, pero en atención a la facultad que tienen las partes que intervienen en el adelantamiento del proceso instancial de descubrir selectivamente los medios probatorios que pretenden hacer valer en el juicio oral, surge un requerimiento adicional a la exigencia de que la prueba no haya sido debatida en el juicio: que el accionante no haya tenido conocimiento de su existencia, o que teniéndola, no haya estado en condiciones de aportarla.
Si la parte ha conocido la prueba, pero por razones estratégicas o de cualquier otro tipo decide voluntariamente renunciar a su descubrimiento y debate en la audiencia del juicio oral, no tendrá la connotación de nueva, porque lo nuevo para la estructuración de la causal tercera de revisión será únicamente aquello de lo cual no se ha tenido conocimiento que existe, o que se sabe que existe pero que no fue posible aducir al proceso.
Esta exigencia, además de consultar la dinámica del nuevo modelo de enjuiciamiento penal, que otorga a los protagonistas del proceso autonomía en el manejo de la prueba, reafirma el carácter de acción de la revisión, cuya caracterización impide tener los juicios rescindente y rescisorio como una prolongación del proceso instancial, donde sea válido reabrir espacios de discusión probatoria ya superados”. (CSJ AP, 15 Oct 2008, Rad. 29626)
2.2. De cara a este marco conceptual, es palmaria la ausencia de fundamento en el reclamo elevado por el motivo en comento, toda vez que los elementos de juicio que se dice dieron paso a la absolución en el proceso penal seguido en contra del implicado que no se sometió a preacuerdo y al archivo del proceso disciplinario adelantado con ocasión de los sucesos que ocupan a la Sala, no ostentan la condición de novedosos, pues la existencia de los documentos y testimonios a los que allí se hacen mención no eran ignorados para el momento del debate de las instancias. En otras palabras, no puede soslayarse, para los efectos de la acción de revisión, que tales medios de conocimiento eran susceptibles de ser pedidos y decretados como pruebas en el trámite que culminó con sentencia condenatoria en contra de GÓMEZ VIÁFARA, cuestión diversa es que éste hubiese renunciado a aquella discusión sustancial y suasoria.
Repárese, por ejemplo, que la dicción de Marlon Arley García Ibañez, cuyo relato inicial confluía a atribuirle responsabilidad penal al accionante, era susceptible, de haberse optado por el juicio oral, de ser cuestionado bien fuera a través de interrogatorio o contrainterrogatorio en aras de establecer la veracidad de su versión frente a los cargos endilgados. De este modo, se recalca, no podría decirse que constituía un medio de convicción desconocido para la época de los debates o que era incierto o inviable que este testigo pudiese comparecer a las diligencias.
2.3. De igual modo, no podría predicarse que el fallo absolutorio dictado a favor de Henry Ortiz Beltrán, por sí mismo, es prueba nueva con la capacidad de generar un cuestionamiento inmediato respecto de la sentencia dictada en contra de GÓMEZ VIÁFARA, toda vez que la responsabilidad penal es individual y dicho proveído solo tiene efectos tratándose de su caso particular al recaer el análisis agotado en un entorno concreto, siendo un entendimiento equívoco asumir que las conclusiones esbozadas en esta decisión deben ser trasladadas, sin mayores disquisiciones, a otras actuaciones paralelas.
La anterior hermenéutica también aplica en lo concerniente a las providencias de carácter disciplinario evocadas en la demanda, ya que el poder sancionatorio del Estado se traduce en el ejercicio de distintas clases de acciones que pueden repercutir en el ámbito penal, disciplinario, administrativo y fiscal, por citar algunos, que buscan dentro de cada especialidad la protección de intereses concretos. Entonces, el hecho de que en alguno de estos escenarios se haya absuelto o liberado de responsabilidad, no conlleva a que idéntica determinación deba adoptarse en los demás, en forma automática, pues, mientras el derecho penal “protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores”, en dichos regímenes “la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento”.1
Adicionalmente, cotejando el contenido de la decisión por medio de la cual en sede disciplinaria se absolvió a Ferney Ortiz Beltrán, se avizora que las afirmaciones consignadas por el accionante a partir de ella no coinciden en absoluto con lo plasmado en la providencia, al sugerir que no hubo ningún bien sustraído de la Base Aérea de Apiay, como quiera que lo allí se dijo fue que no podía imponerse sanción por esa conducta, tratándose de un elemento en particular, al haberse proferido un pronunciamiento en este sentido en otra actuación:
“Frente a las circunstancias presentadas con la sustracción o salida irregular de las instalaciones del Comando Aéreo CACOM 2 del aparato o elemento compresor de freon que se cita en el referido listado, es preciso señalar que esta oficina de control interno disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional, según proceso Nº 3385-2010, seguido en contra del señor Ferney Ortiz Beltrán avocó la correspondiente acción disciplinaria por los citados hechos, adoptándose fallo sancionatorio mediante auto del 4 de agosto de 2014, con ejecutoria del 3 de septiembre de 2014, sancionándosele con decisión de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años y seis (6) meses […] al declarar probados y no desvirtuados los cargos tercero y cuarto previamente endilgados, así estructurados en el auto de cargos de fecha 30 de enero de 2013:
“Tercer cargo […] El señor auxiliar de servicios 16 Ferney Ortiz Beltrán, en su calidad de servidor público y en desempeño de su cargo como operario especializado en estructuras y láminas del grupo técnico del Comando Aéreo de Combate Nº 2 de la Fuerza Aérea Colombiana, abusando del cargo, para el día 5 de agosto de 2010, siendo aproximadamente las 17:00 horas, en vía pública, sin autorización o permiso alguno, le fue encontrado en su poder un elemento o aparato identificado como “compresor de freon del equipo T-27 perteneciente a una aeronave militar de la Unidad”, el cual hace parte de las existencias e inventarios de Comando Aéreo de Combate Nº 02 de la Fuerza Aérea, configurándose con ello, de manera provisional la conducta penal de peculado por apropiación, infringiendo con ello en forma dolosa la ley penal vigente” […]
Por tanto, no es posible entrar en otro tipo de análisis frente a la situación presentada con la sustracción o apropiación de este elemento […], como quiera que frente a estos hechos ya se cuenta con una decisión de fallo debidamente ejecutoriada; por tanto, en aplicación del artículo 11 de la Ley 734 de 2002 como desarrollo del principio de non bis ibídem, se hace necesario desde ya, disponer del archivo de las diligencias en lo que ello corresponda”.2
Además, la connotación de prueba nueva no podría vislumbrarse por la llana referencia a ciertos elementos de juicio incluidas en aquellas decisiones, por cuanto dentro de la lógica de la causal evocada es imprescindible aportar los medios de convicción que se enarbolan novedosos, resultando inconsistente remitirse con ese propósito a la exposición que eventualmente efectuaron diversas autoridades en punto de tales probanzas.
2.4. De otro lado, pese a que la terminación anticipada del proceso penal por allanamientos o preacuerdos no es óbice para que se acuda en revisión (CSJ SP, 10 Dic 2012, Rad. 39565), ello no quiere decir que esta constituye fase propicia para replantear la admisión de responsabilidad que condujo al proferimiento de sentencia condenatoria, al tener dichos mecanismos como característica la irretractabilidad. Es decir, el reconocimiento voluntario verificado por el juez de conocimiento como requisito de validez de esta clase de aceptaciones, ostenta un carácter vinculante, siendo refractario al instituto de la cosa juzgada polemizar sobre los elementos que estructuran los tipos penales por los que se impartió sanción penal o discutir el mérito probatorio que soportó la misma, entre otras variables afines.
En ese orden de ideas, tampoco sería la revisión una alternativa en el sub examine para plantear la presunta convergencia de situaciones que podrían configurar hipotéticos vicios en el conocimiento, atendiendo que eran los recursos, durante el trámite de las instancias, la vía adecuada en pos de poner de presente esa coyuntura. Ahora bien, en gracia a discusión, de haberse dado tal contexto en las diligencias, no le correspondería a la Corte recaudar las pruebas orientadas a constatar ese aspecto, al ser el accionante el llamado a ofrecer los elementos de convicción que llevaran a concluir el particular, o sea, es a él a quien le incumbe satisfacer la carga de evidenciar que al momento en que GÓMEZ VIÁFARA dio su aquiescencia a la aceptación de responsabilidad, se encontraba en un estado cognoscitivo y volitivo afectado por la coerción, el error o cualquier otra circunstancia semejante como para admitir la presencia de una prueba nueva que de haber sido conocida oportunamente, hubiese enervado la emisión de condena. Por consiguiente, tampoco es resorte de la Sala entrar a corroborar si los extractos de prensa adjuntos a la acción de revisión, donde aparece documentada la captura del sentenciado y las razones que llevaron a ello, cuentan con la entidad de develar un apremio insuperable que haya incidido en su decisión de arribar a un preacuerdo.
En esa secuencia, tampoco se exponen premisas plausibles más allá del mero señalamiento que permitan colegir que este obedeció, entre otros, al anuncio de la Fiscalía de añadir a la imputación el delito de terrorismo, según se indicó en la demanda, cuando, de hecho, el implicado se hallaba asesorado por un profesional del derecho que necesariamente debió prestarle asesoría respecto del alcance de los cargos endilgados, su validez sustancial y la estrategia de defensa que ante los mismos podía asumirse durante el juicio.
2.5. Por último, la causal prevista en el artículo 192, numeral 6°, de la Ley 906 de 2004, procede cuando se demuestra que el fallo objeto de revisión se sustentó en prueba falsa, sin embargo, al confrontarse el fundamento desde el cual se expone este calificativo en la demanda, se observa que únicamente se apoya en la percepción que sobre el tema tiene el libelista porque la categoría espuria de los medios de conocimiento aportados a la actuación, surge simplemente del discernimiento que le merecen algunos de los elementos de juicio recaudados en las diligencias, obviando allegar premisas susceptibles de verificación que soporten sus asertos como lo serían pronunciamientos judiciales donde se declare la mendacidad de dichas probanzas (Cfr. CSJ AP, 19 Ene 2005, Rad. 22935, CSJ SP 9864-2015). Y es insuficiente para advertir la confluencia de este requerimiento con referirse a la existencia de un proceso penal en curso, al tratarse esta de una afirmación que deja al albur y a la subjetividad el carácter delictivo que hipotéticamente pudiesen llegar a tener aquellas.
2.6. En estas condiciones, debe recordársele al libelista que razones de seguridad jurídica impiden dar curso al reexamen de una decisión cobijada con el instituto de la cosa juzgada, por el simple prurito de haberse cometido una eventual injusticia a partir de la interpretación particular que de los acontecimientos presenta quien así lo diagnostica, ya que un ejercicio de este tipo solo tiene cabida de concurrir alguno de los supuestos taxativamente consagrados para ello.
3. Así las cosas, ante el evidente incumplimiento de los presupuestos de admisibilidad legalmente establecidos y la defectuosa postulación de la demanda de revisión, según se anticipó, la decisión que se impone es la de su inadmisión.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
INADMITIR la demanda de revisión allegada por el apoderado de DIEGO GIL GÓMEZ VIÁFARA.
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición
Cópiese, notifíquese y cúmplase
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Presidente
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 1993, citada en la C-948 de 2002
2 Cfr. Fl. 44 y s.s fallo disciplinario primera instancia de 27 de enero de 2015 / Fl. 149 y s.c cuaderno Corte