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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
AP 3276- 2016
Radicación No. 29705
(Aprobado acta No.160)
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala resuelve la solicitud de impugnación presentada por el condenado Teodolindo Avendaño, contra la sentencia del 3 de junio de 2009, mediante la cual se le condenó a 8 años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y multa de $420’898.000, por haber sido hallado responsable de los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Reclama, además, la adición del fallo por manera que se indique los recursos con los cuales puede ser impugnado y la autoridad competente para resolverlos.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El peticionario funda su solicitud en la sentencia C-792 de 2014, con la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad diferida de las disposiciones alusivas al principio de la doble instancia para fallos condenatorios en materia penal (20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 L. 906/04), y exhortó al Congreso de la República para regular lo pertinente dentro del término de un año a partir de la notificación por edicto de esa decisión, o de lo contrario se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.
Teniendo en cuenta que el término señalado en el fallo de constitucionalidad venció sin que el Congreso de la República hubiere expedido la ley destinada a regular la materia, en criterio del solicitante, cobra vigencia automática la orden judicial que autoriza recurrir los fallos mencionados, y solicita que se le conceda el mecanismo especial de impugnación, con indicación del término para sustentarlo y si debe hacerlo ante el Magistrado Ponente o el Presidente de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
CONSIDERACIONES
La Sala negará la impugnación interpuesta en este asunto, por las razones que pasa a exponer.
1.- La condena del señor Avendaño se impuso en sentencia de única instancia dictada por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y según se desprende del artículo 234 de la Carta, resulta improcedente la posibilidad de ser revisada por una instancia superior, no establecida en el modelo constitucional que rige nuestro Estado social y democrático de derecho, conforme lo dejara precisado la Corte Constitucional desde la sentencia C-037 de 1996, al declarar inexequible el numeral 6º del artículo 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que le asignaba a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la facultad de resolver las impugnaciones y los recursos de apelación contra las diferentes actuaciones procesales tramitadas por la Sala de Casación Penal, decisión en la cual puntualizó:
“… las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación -penal, civil o laboral- actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”.
2.- La sentencia con la que el peticionario reclama la apelación de la condena dispuesta en su contra, declaró inconstitucional la omisión legislativa contenida en diversas normas de la Ley 906 de 2004, en tanto restringen el derecho a recurrir o impugnar las sentencias condenatorias, y exhortó al Congreso de la República a regular la materia dentro del lapso allí concedido, o de lo contrario debe entenderse que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.
A pesar de ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 constitucional, tienen efecto hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario, y en el fallo referido por el interesado, esa Corporación declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, aplazándolos durante un año, a partir de la notificación por edicto, con el fin de que el Congreso de la República procediera a regular el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias.
3.- En consecuencia, aunque se considerara que el derecho a recurrir la primera condena cobró vigencia en el país a partir del 24 de abril del presente año, cuando concluyó el plazo fijado en la sentencia C-792 de 2014, la solicitud del señor Avendaño de todos modos resulta improcedente, pues en su caso la condena se dictó mediante fallo de única instancia ejecutoriado el 3 de junio 2009, mucho antes de que los efectos de la decisión de constitucionalidad cobraran vigencia.
En este sentido, resulta de interés citar el comunicado No. 18 del 28 de abril del presente año1, el cual anuncia que la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-215/16, “negó la acción de tutela interpuesta por dos personas que mediante sentencia del 11 de marzo de 2015 fueron condenados en casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de haber sido absueltos en primera y segunda instancia”, en consideración, precisamente, a que “contra esa decisión, por el momento en el cual se expidió, no procedía un medio de impugnación integral homólogo al recurso de apelación.”
A lo cual la sentencia de unificación – según el comunicado – agrega que “la posibilidad de condenar por primera vez en casación, en los proceso penales ordinarios regulados en la ley 600 de 2000, y decididos antes del 24 de abril de 2016, se ajusta al derecho al debido proceso, a la doble instancia y a acceder a la justicia, según la sentencia C-998-04” y, lo más importante, fija como regla que “la resolución de la sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los casos que reúnan tres condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia; (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016”, presupuestos que no reúne la sentencia dictada en contra del peticionario. – negrilla fuera de texto.
4.- Incluso, el diseño constitucional y legal vigente en el país, impide la posibilidad de impugnar los fallos condenatorios dictados con posterioridad a la fecha establecida por la Corte Constitucional, o aquellos que no hubieren cobrado ejecutoria en ese momento, pues se requiere que el Congreso de la República realice las reformas correspondientes. Se trata de un asunto atinente a los principios de legalidad, reserva y de división de poderes, esenciales a una democracia, pues la competencia emerge como condición básica para que una persona pueda ser juzgada conforme al debido proceso (art. 29 C.P.), y le corresponde al legislador fijarla, ya que es propio de sus facultades expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones (art. 150-1 y 2 Ib.), labores que, claro está, no puede asumir la judicatura dada la separación de poderes sobre la cual se edifica la estructura del Estado (art. 113), y porque la legitimidad de su función radica en el sometimiento de sus actuaciones al imperio de la Constitución y la ley (art. 230).
En ese sentido, en el comunicado de prensa No.08 del 28 de abril del año en curso, esta Corporación afirmó que:
“4. …no está al alcance de la Corte Suprema de Justicia, que es máximo Tribunal de la justicia ordinaria y órgano de cierre, la creación de un superior jerárquico que revise las sentencias de sus Salas especializadas.
“5…es simplemente imposible para la Corte Suprema de Justicia, en razón de lo anterior, definir las reglas que habiliten el recurso de apelación contra las sentencias condenatorias que en casos de única instancia profiera su Sala de Casación Penal o respecto de la primera condena que dicte en segunda instancio o en desarrollo del recurso extraordinario de casación.
“6. Se quiere destacar, para finalizar, que el diseño de la justicia penal en Colombia no consagra un Tribunal por encima de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que resulta un despropósito, en esa medida, que la Corte Constitucional concluya que los fallos de un órgano límite, que es el máximo tribunal en materia penal en el país, se puedan impugnar ante un superior jerárquico que lógicamente no puede existir”.
Así las cosas, se impone negar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Teodolindo Avendaño, frente a la sentencia condenatoria proferida en su contra en juicio de única instancia, y la adición que reclama del fallo condenatorio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RESUELVE
RECHAZAR, por improcedente, la impugnación interpuesta por Teodolindo Avendaño contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2009, y no acceder a la adición que reclama de esa decisión.
Contra esta providencia no proceden recursos.
Cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 www.corteconstitucional.gov.co/comunicados