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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado ponente
AP2861-2015
Radicación N°. 44685
(Aprobado Acta n°. 184)
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015).
I. MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Corte se pronuncia sobre la demanda de revisión presentada a nombre de Saulo Arboleda Gómez, por apoderado judicial, contra la sentencia de única instancia del 25 de octubre de 2000 dictada por esta Sala en la cual condenó al accionante como autor del delito de interés ilícito en la celebración de contratos.
I. HECHOS
Se establecieron por esta Corporación en sentencia de única instancia1:
“La revista Semana en su edición N° 798, del 18 al 25 de agosto de 1997, publicó bajo el título “CONVERSACION ENTRE MINISTROS”, un análisis sobre la adjudicación de la concesión de emisoras de radio en frecuencia modulada (F. M.), en julio de ese mismo año, efectuada por el Ministro de Comunicaciones SAULO ARBOLEDA GOMEZ, transcribiendo una interceptación ilícita de un telefonema entre éste y el Ministro de Minas y Energía de entonces, RODRIGO IGNACIO VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ, quien estuvo incapacitado durante mes y medio, a partir del 1 o de julio, mientras se sometía a una intervención quirúrgica.
Con base en esos comentarios, al cuestionarse la transparencia y objetividad de la adjudicación a Mario Alfonso Escobar Izquierdo de una emisora en Cali, el señor Fiscal General de la Nación, en resolución fechada el día 20 de agosto de 1997, decretó la apertura de indagación preliminar, para determinar la probable comisión de un hecho punible y sus autores.
Con dicha finalidad, ordenó establecer la condición de ministros de SAULO ARBOLEDA GOMEZ y RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ, al igual que allegar algunas pruebas orientadas a determinar las condiciones en que se desarrolló la adjudicación de emisoras de radio en F. M. Y acopiar todos los documentos que sirvieron de soporte, comisionando para ello a Fiscales Delegados ante esta corporación, en cuyo desarrollo se determinó:
1. – Que el ingeniero SAULO ARBOLEDA GOMEZ, en su condición de Ministro de Comunicaciones, cargo para el que había sido nombrado por decreto de la Presidencia de la República de fecha 15 de agosto de 1996, en el cual se posesionó el 20 de agosto siguiente y sirvió hasta el 19 de agosto de 1997 (fs. 52 y Ss. cd.1 Fisc.), mediante resolución 3536 del 24 de julio de 1997, dispuso la concesión directa de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta comercial, de cubrimiento zonal o local y en frecuencia modulada, F. M., a 81 participantes en la licitación (fs. 28 y Ss. anexo 15-3), resolución que tuvo los siguientes antecedentes:
1. 1. – Ejecutoriada la resolución 5422 del 7 de noviembre de 1996, por la cual el Ministro ARBOLEDA GOMEZ, declaró “desierta la Licitación Pública Nacional 01 de 1995” (f. 3 anexo 15), el Comité de Adjudicación de Radiodifusión Sonora, según acta 014 del 18 de diciembre de 1996, presentó a consideración de dicho Ministro (fs. 27 y Ss. ib.), el proyecto de resolución de apertura de licitación pública 001 de 1997, la cual fue expedida un día después (19 de diciembre de 1996), bajo el número 006077 (f. 38 ib).
1. 2.- Abierto el proceso de licitación a partir de las 10:00 a. m. del 10 de enero de 1997 (fs. 45 y Ss. ib.), con fecha 14 del referido mes y año el Comité de Licitación señaló, mediante adenda N o 1, el día 20 para celebrar una audiencia con los adquirentes de pliegos de la licitación, “con el objeto de precisar el contenido y alcance del Pliego de condiciones y oír a los interesados en la Licitación” (f. 102 ib.), donde se determinó la introducción de modificaciones al pliego aludido, según la adenda 3 del 24 de enero de 1997, concernientes a los documentos que serian aportados por los proponentes y la forma de adjudicación en caso de empate (f. 172 ib.).
Estas se refieren a cuatro aspectos, que pueden ser resumidos asi: 1) “mayor contorno del área de servicio”; 2) quien “haya acreditado en el último balance un patrimonio mayor o igual al doble del valor los equipos mínimos… más el valor de los derechos de concesión…”; 3) presentación en sobre sellado de la programación proyectada en la respectiva emisora, para que el Ministerio la analice y seleccione “la más conveniente al interés público local y nacional”; y 4) de continuar el empate, “se adjudicará en audiencia pública, a la cual se invitará solamente a aquellos proponentes empatados, a través del sorteo mediante la utilización de balotas, las cuales se identificarán con el respectivo número de las propuestas” (f. 172 ib.).
1. 3. – El término se prorrogó hasta el19 de marzo de 1997 a la misma hora (17:00), oportunidad en que se levantó el acta N° 001 en la cual aparecen relacionadas 665 propuestas y se hizo constar que algunas personas que se encontraban dentro del recinto “no alcanzaron a entregar las ofertas por cuanto ya se había efectuado el cierre, insistieron ante el señor Ministro de Comunicaciones y la Secretaria General en que las mismas le fueran recibidas, no aceptándose por parte de ningún funcionario del ministerio la recepción de aquéllas” (f. 59 anexo 15-1), anotación que sirvió de fundamento a la presentación de acciones que culminaron tutelando el derecho a la igualdad y la inclusión de 7 nuevas propuestas en la lista de proponentes (anexo 15-5).
1. 4. – Basado en la opinión de los abogados Carlos Gustavo Arrieta y Clímaco Giraldo Gómez (fs. 2 y 11 anexo 15-3), el concepto emitido por la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República (fs. 21 y Ss. ib.) Y el informe rendido por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal “el cual fue acogido por el señor Procurador General de la Nación, con fecha 8 de julio y comunicado… al Ministro de Comunicaciones el 9 de julio de 1997” (f. 99 anexo 15-1), el Comité de Comunicaciones en acta N° 024 del 10 de julio de 1997 (fs. 96 y Ss. ib.), recomendó “declarar desierta la licitación” 001 de 1997.
1. 5.- Aludiendo a tales conceptos y recomendaciones, el Ministro ARBOLEDA GOMEZ expidió el 10 de julio de 1997 la resolución 3355 declarando “desierta la Licitación Pública Nacional N° 001/97, abierta para otorgar en concesión el servicio de Radiodifusión Sonora en gestión indirecta, comercial, de cubrimiento zonal o local, en frecuencia modulada (F. M.), en varios Municipios y Distritos del País” (fs.17 y Ss. anexo 15-3).
1. 6.- Fundamentado en dicha declaratoria, el Comité de Licitaciones de Radiodifusión Sonora Comercial, según acta N° 025 del 24 de julio de 1997, recomendó al citado Ministro “contratar directamente con base en los estudios definitivos efectuados a las propuestas presentadas a la licitación 001/97” (f. 27 anexo 15-3).
1. 7.- Con fecha 24 de julio de 1997, SAULO ARBOLEDA GOMEZ, en resolución N° 3536. motivada en lo dispuesto por los artículos 2 y 12 del decreto 855 de 1994 y las recomendaciones del Comité de Licitaciones, resolvió: “El otorgamiento de licencia de concesión para prestar el servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta, comercial, de cubrimiento zonal o local y en frecuencia modulada F. M., para los Municipios y Distritos que más adelante se determinan, se hará por contratación directa conforme a lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto-Ley 855 de 1994”. Consignó en su numeral r que “La selección de los contratistas para la contratación directa a que se refiere la presente Resolución, se hizo sobre la base de los ofrecimientos recibidos con destino a la licitación N° 001 de 1997 y teniendo en cuenta los estudios y evaluaciones que para el efecto se realizaron dentro de dicha licitación, lo mismo que las comparaciones, cotejos, estudios y deducciones pertinentes…” (fs. 28 y Ss. anexo 15-3).
Con tal motivación fueron asignadas 44 de las 81 frecuencias, en consideración al mayor puntaje obtenido en las correspondientes localidades para las cuales concursaron. Las 37 restantes, que se encontraban en posición porcentual igualitaria con el máximo puntaje, que fue 100 en Cali, habrían sido seleccionadas por aplicación de lo que según el procesado ARBOLEDA GOMEZ fueron los criterios establecidos para desempate, entre los diez proponentes que se encontraban en la misma ubicación en dicha ciudad (fs. 28 y Ss. anexo 15-3), resultando escogidos Mario Alfonso Escobar Izquierdo y “Sistemas, Suministros y Montaje de Proyectos Educativos Ltda.”, representada por Luis Alfredo Villamarin.
1. 8. – Cotejado el resultado final del proceso de asignación de las frecuencias con el listado de aspirantes que estaban en igualdad de condiciones, según evaluación de la totalidad de las propuestas presentadas en el proceso licitatorio acogido por el Comité de Licitaciones en acta N° 021 de 23 de mayo de 1997 (fs. 73 y Ss. anexo 15-1), quedaron descartadas en Cali, con el mismo puntaje, “Empresa Colombiana de Radio Ltda., Impresora del Sur S. A., María Cristina Alarcón Castañeda, Consorcio Diego Fernando Londoño R., Fernando Parra Duque, Oiga, Mire, Vea Limitada, Vital Inversiones S. A. y Diego Javier Castro Vargas” (f. 75 ib.).
2.- Según se desprende de diversos documentos, testimonios, comunicados de radio y prensa y la reciproca aceptación de los imputados en sus versiones injuradas, SAULO ARBOLEDA GOMEZ y RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ, entonces ministros de Comunicaciones y de Minas y Energía, en su orden, tuvieron conversaciones relacionadas con la forma como se estaba desarrollando el proceso de licitación 001 de 1997, en el cual participaba como proponente para la ciudad de Cali Mario Alfonso Escobar Izquierdo, amigo de VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ”.
I. ACTUACION PROCESAL
3.1. El 21 de octubre de 1998 ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación, acusó a Rodrigo Ignacio Villamizar Alvargonzález y Saulo Arboleda Gómez por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, como determinador y autor, respectivamente.
3.2 Tramitado el juicio en esta Corporación, dentro de la audiencia pública, en sesión del 14 de mayo de 1999, se declaró la nulidad parcial del diligenciamiento, en lo concerniente a la actuación adelantada contra Villamizar Alvargonzález y la ruptura de la unidad procesal, para que en la Corporación continuara el juzgamiento únicamente contra el otro acusado.
3.3. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2000, la Sala declaró penalmente responsable a Saulo Arboleda Gómez del delito de interés ilícito en la celebración de contratos, y le impuso como pena cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3.4 Presentadas en anteriores oportunidades demandas de revisión mediante apoderado judicial, con radicados 28350, 33770 y 38971, fueron inadmitidas por la Sala de Casación Penal de esta Corporación con providencias de 5 de diciembre de 2007, 9 de marzo de 2011 y 20 de junio de 2012, respectivamente.
I. LA DEMANDA
4.1. El censor peticiona en esta oportunidad, se estudie la revisión de la sentencia condenatoria amparado, nuevamente en la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 del 2000.
4.2. Presenta en el acápite de “pruebas y hechos que la fundamentan”, la narración de la actuación fáctica, una crítica de la sentencia condenatoria contra Saulo Arboleda Gómez y la ponderación frente a otros elementos probatorios como es la preclusión a favor de Villamizar y la comunicación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, hace alusión a la declaración de julio 10 de 2009 de su prohijado ante el Fiscalía, donde “precisa pormenores del proceso de adjudicación, con nombres de los recomendantes particulares de las propuestas empatadas que adjudicó2”
4.3. Solicita se tenga en cuenta la Resolución 3536 de 24 de julio de 1997, encontrada ajustada a derecho por la Procuraduría – pese a la sanción de Arboleda Gómez-, en atención a que al declararse la nulidad del trámite disciplinario contra el referido, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo del 27 de enero de 2005 y confirmada por el Consejo de Estado en sentencia de 22 de junio de 2006, se tuvo acorde el citado acto administrativo a los fines de la contratación.
Así mismo, valorarse la investigación penal ya que excluyó las recomendaciones que hicieron particulares al entonces Ministro de Comunicaciones y que fueron la base de condena a su poderdante, al considerarse procesalmente que se realizó en ejercicio de función pública, por lo que tendría que haberse reprochado la actuación del Fiscal de la época – Gómez Méndez – de recomendar la propuesta “Ambeima” para el municipio de Chaparral y cita un artículo de la Revista Semana (2 de Nov. 1998), el cual califica como hecho incontrovertible y nuevo.
4.4. Señala que se presentó violación al debido proceso al ignorarse que tenían los dos ministros igual calidad y por ende un mismo hecho fáctico como fue que “Villamizar recomendó como particular y Arboleda adjudicó previa recomendación de un particular3”
4.5. Exhibe el demandante en los fundamentos de hecho y de derecho, doctrina relacionada con la figura de la acción de revisión y la legitimidad e interés en su interposición. A continuación, intitula “la acción de revisión en el caso concreto”, donde se ocupa de reiterar que al existir pronunciamiento de otras jurisdicciones sobre el actuar conforme a la ley de contratación de su poderdante se desmitifica la sentencia penal y es este mecanismo el adecuado para el restablecimiento de los derechos de su prohijado.
4.6. Posterior al análisis de las consideraciones tenidas en cuenta para la improcedencia de las acciones interpuestas con anterioridad a nombre de Saulo Arboleda Gómez, sostiene como nuevos argumentos que “la manifestación de Fiscales, Magistrados y Consejeros del Estado sí constituyen hechos nuevos, que no pruebas nuevas, que tienen la capacidad de demostrar la inocencia del doctor Arboleda4”
Argumenta que los hechos nuevos demuestran el deber de transparencia y selección objetiva de su representado y que desvirtúan la sentencia penal, tal como lo infiere de los fallos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los cuales deben ser valorados por su novedad respecto a la fecha de la sentencia y por su idoneidad, para la demostración de la inocencia.
Discierne en que al haberse emitido como nula la sanción disciplinaria, “en el entendido en que no hubo irregularidades en la adjudicación de la que trata la sentencia condenatoria…, no se transgredieron los principios de transparencia, selección objetiva y, en general, todos aquellos que rigen la contratación pública5”, por tanto la actuación de su representado estuvo conforme a derecho.
Para señalar como “persiste un manto de duda sobre el pretendido interés ilícito en la celebración de contrato, por lo que debe imperar la presunción de inocencia que se erige como uno de los aspectos rectores del derecho penal”6, al considerar que las decisiones del contencioso administrativo muestran la diligencia de su poderdante en la contratación por la que fuera condenado y que se relaciona con la propuesta adjudicada a Mario Alfonso Escobar.
4.7. Procesalmente indica la procedencia de la acción, ya que en su trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), el Estado colombiano – Agencia Nacional de Defensa Jurídica- se opone por existir el recurso de revisión en sede interna. En tanto, señala como “denegación de justicia” las reiteradas negativas de la Corte Suprema de Justicia al no emitir nuevo pronunciamiento del caso, lo que califica de “una suerte de limbo”.
4.8. Manifiesta que al escogerse la propuesta que reunía las calidades para ser beneficiaria, previo visto bueno del Comité de expertos, no se puede estar incurso en el punible que le fue condenado a Arboleda Gómez, acorde con lo expuesto en las sentencias contenciosas administrativas.
Respalda su dicho en la falta de objeciones de los oferentes de la ciudad de Cali, que no salieron escogidos con la adjudicación contenida en la Resolución 3536 de julio 24 de 1997, la cual se encuentra debidamente motivada y ajustada a derecho, finalizando con interrogantes sobre el objeto de la contratación.
4.9. En el contenido de “esenciales argumentos adicionales”, indica que no han sido estudiado por la Corte con profundidad, el cambio de la actuación de Villamizar para tener su conducta como de particular pese a que en la acusación se había dicho que era en ejercicio de función pública, luego considera existe un sorprendimiento en la sentencia que desconoció su derecho de contradicción.
Así mismo, falta concreción en el reproche del no uso de la balota y las razones por las cuales se declaró desierta la licitación, y, sobre la gestión que hiciera el entonces Fiscal General- Alfonso Gómez Méndez-, antes de su nombramiento, para que se adjudicara la propuesta de Chaparral a la Unión Temporal Ambeima Ltda. Coopercafé Ltda.
4.10. Reitera en el valor probatorio de la declaración de julio 10 de 2009 de Saulo Arboleda Gómez ante la Fiscalía frente a los fines de la revisión. También pide se ponderen los documentos a los que se refiere en el primer punto de su demanda contra la sentencia condenatoria de 25 de octubre de 2000 (Rad 15273), que señala respalda la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y la Sala Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura (fallo de 9 de febrero de 2012).
4.11 Anexa cuaderno con los siguientes documentos:
1. Resolución 3536 de 24 de julio de 1997 del Ministerio de Comunicaciones (en adelante Min. Comu.); 2. Página 18 de los pliegos de la licitación 001-1197; 3. Resolución 3226 del Min. Comu.; 4. Oficios de 8 y 9 de julio de 1997 de la Procuraduría; 5. Informe suscrito por Dra. Rodríguez de la Procuraduría Delegada para la contratación; 6. Actas 24 y 25 de julio 10 y 24 de 1997, respectivamente-Cómite de Licitaciones de radiodifusión comercial; 7. Resolución 3355 del Min. Comu; 8. Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de enero 27 de 2005; 9.Sentencia del Consejo de Estado de junio 22 de 2006; 10. Indagatoria de Saulo Arboleda de marzo 3 de 1998; 11. Resolución de acusación de octubre 21 de 1998; 12. Artículo Revista SEMANA; 13. Sentencia T-58 de 2006-Corte Constitucional; 14. Providencias de la Sala Penal de 5 de diciembre de 2007, 13 de febrero de 2008- sin resuelve y sin firmas- y 9 de marzo de 2011; 15. Declaración de Arboleda Gómez del 10 de julio de 2009 en la Fiscalía. 16. Resolución del Fiscal 222 Delegado calendada agosto 21 de 2009; 17. Fallo del Consejo Superior de la Judicatura de febrero 9 de 2012; 18. Documentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -26 folios; y, 19. Oficios remitidos al señor Arboleda gomez por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fechas 20 septiembre de 2013 y 13 de marzo de 2014.
4.12 Igualmente adjuntó poder para actuar y solicitud complementaria del 5 de diciembre de 2014 corrigiendo folios del expediente, por presentar error en la mención de algunos anexos.
4.13 Por su parte, el accionante Saulo Arboleda Gómez, personalmente remite sendos memoriales de septiembre 17 y diciembre 15 de 2014, marzo 13 y, abril 15, 23 y 28 de 2015, en los cuales reitera algunos puntos contenidos en la demanda. Así mismo, el 14 de mayo de 2015, nuevamente son allegados los mismos oficios, ahora coadyuvados por el defensor.
I. CONSIDERACIONES
5.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, todos los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal pueden promover la acción de revisión, concebida por el legislador como un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una providencia que ha adquirido firmeza y de la cual resulta razonable predicar que entraña un contenido de injusticia material porque la verdad procesal declarada resulta ser bien diversa a la realidad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento, demostración que sólo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la ley.
Este derecho ésta sometido al cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 222 ibidem, entre las cuales está la de presentación de la demanda por medio de abogado titulado, el señalamiento de la causal invocada y los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustente la petición, la relación de las pruebas que se aportan en la demostración de los hechos básicos de la pretensión, luego de haber identificado el proceso, los jueces que intervinieron y las providencias cuestionadas, de las cuales allegará copia con la constancia de su ejecutoria.
5.2. Si bien es cierto, procuró el peticionario observar las anteriores exigencias formales, advierte la Corte que no se allegó la sentencia de condena pese a que se relaciona en su libelo, no ésta incluida ni en los anexos7, falencia que conspira contra la admisibilidad de la revisión propuesta; lo que aunado al incumplimiento de los requisitos sustanciales, relacionados con la trascendencia que se requiere para el hecho o prueba nueva que soportan esta cuarta solicitud, conllevan a despachar desfavorablemente la demanda propuesta.
En efecto, la causal invocada por el censor nuevamente es la establecida en el numeral tercero artículo 220 de la Ley 600 de 2000 que autoriza la apertura a trámite de la acción cuando después de la sentencia condenatoria aparecen hechos nuevos o surgen pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establecen la inocencia del condenado o su inimputabilidad. Desde antaño la jurisprudencia, ha referido sobre el particular: (CSJ AP 20 jun. 2001. Rad. 17893)
« La causal tercera de revisión se invoca “cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad”.
Si se trata de un hecho nuevo, ha dicho la Sala, se debe acreditar la existencia de un acontecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho punible que fue materia de investigación y que no fue conocido en ninguna de las etapas de la actuación judicial.
Si se trata de prueba nueva, se debe demostrar la existencia de un elemento de juicio que no fue aportado al proceso, que surgió con posterioridad a él y que da cuenta de un hecho desconocido o que varía sustancialmente uno conocido, con capacidad para concluir, en un grado de certeza, que se condenó a un inocente o como imputable a quien no lo era.»
5.3. En ésta oportunidad, el censor presenta como fundamentación las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado calendadas el 27 de enero de 2005 y 22 de junio de 2006, respectivamente, para concluir de allí que si bien no son pruebas nuevas conforme la inadmisión de su anterior trámite revisionista ante la Corte radicados 28350 y 33770, sí tienen la connotación de hecho nuevo en ella contenidos.
Igual pretende del fallo de tutela T-58 de 2008 sostener que se utilizó un acontecimiento fáctico inexistente para desconocer el real, es decir, que a su prohijado le fue recomendada la adjudicación por Rodrigo Ignacio Villamizar Alvargonzalez en ejercicio de funciones particulares y, con la misma finalidad, la decisión de preclusión por prescripción a favor del citado.
5.4. Cimenta el demandante su alegato en dos hechos nuevos, el primero relacionado en que el Fiscal General de la Nación estaba impedido al actuar en el proceso penal por el que se condenó a Saulo Arboleda Gómez y, segundo, por variarse la situación en la que se sostuvo que el interés indebido en la celebración de contratos fue por el asesoramiento que hiciere un particular, cuando la acusación se cimentó en que se trato de una asesoría en función pública.
5.5. La Sala considera ciertamente que no es posible continuar el debate ad infitum actus dado el carácter de no preclusividad la acción de revisión, ya que nuevamente se plantean los mismos elementos probatorios para argumentar en esta ocasión que no son pruebas sino hechos nuevos en ellos contenidos, y, con fundamentación similar encubrir el alegato de instancia pretendido, tal como en otroras oportunidades le fue señalado por la Corporación.
Sobre tal supuesto ha sostenido la Corte (CSJ AP6861. 12 nov. 2014. Rad. 44881):
« Si bien la inadmisión de una acción de revisión no se erige en obstáculo para intentar otra demanda contra la misma decisión considerada injusta, ello no permite colegir que no hay límites en la interposición de tales acciones, o que tal circunstancia auspicie el abuso del derecho.
En efecto, el Capítulo II del Título IV de la Ley 600 de 2000 que gobierna este asunto, se ocupa de los deberes de los sujetos procesales, en procura de conjurar el abuso del derecho y garantizar una recta y cumplida administración de justicia, y dispone que les corresponde: 1) “Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos” y 2) “Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensa o en el ejercicio de sus derechos procesales” (subrayas fuera de texto).
A su turno, la disposición subsiguiente de la misma codificación, precisa: “Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos”: 1) “Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal” (subrayas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 142 de la normatividad en cita establece que “son deberes de los servidores judiciales, según corresponda, los siguientes: 1. Evitar la lentitud procesal, sancionando y rechazando de plano las maniobras dilatorias o manifiestamente inconducentes, y así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe” (subrayas fuera de texto).
De conformidad con los citados preceptos, cuando los funcionarios judiciales adviertan la indebida interposición de recursos o la presentación de solicitudes manifiestamente inconducentes o carentes de fundamento, tienen el imperativo de rechazar de plano tales procederes mediante decisiones no susceptibles de recursos.»
5.6. Por tanto, en relación con los argumentos ahora esbozados en la demanda como hechos novedosos que demostrarían que el comportamiento por el que fuera condenado Saulo Arboleda Gómez, fue atípico, ciertamente ya fueron objeto de ponderación por la Corte; se dijo en relación con la decisión de preclusión por prescripción que favoreció a Rodrigo Ignacio Villamizar Alvargonzalez,
«La providencia que aduce el defensor no puede ser catalogada como hecho nuevo, porque no tiene relación alguna con el fallo que se pretende examinar, pues de su lectura se establece que sus efectos no favorecen en nada al condenado. Incluso, en anterior oportunidad una de las razones por las cuales ésta Sala inadmitió otra demanda de revisión presentada por Arboleda Gómez contra la misma sentencia, radicó en que el defensor pretendió hacer valer como prueba nueva, un fallo de tutela que tampoco se relacionaba con el fallo condenatorio.» (CSJ AP. 9 Mar. 2011. Rad. 33770
5.7. Ahora respecto a la ponderación de las sentencias contenciosas de 27 de enero de 2005 y 22 de junio de 2006, que nulitaron la sanción disciplinaria impuesta a Saulo Arboleda Gómez, también sostuvo la Sala en su valoración para aquella oportunidad:
“Ahora el disenso radicado en que los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado demostraron la inexistencia de un determinador y que el sentenciado procedió legalmente, no resulta novedoso, por cuanto el tema fue ampliamente abordado en la sentencia de única instancia. Y se insiste: allí se dijo que el demandante le otorga un alcance personal y subjetivo a lo consignado en las providencias contenciosas, porque de ellas no se concluye que hayan exonerado de responsabilidad penal al doctor Villamizar en su condición de determinador, y no lo podían hacer, pues esa competencia es exclusiva del juez penal, no del administrativo” (CSJ AP. 4 May. 2011 rad. 33770)
5.8. Igualmente con anterioridad, la Corte ya se habían ocupado de delimitar el valor probatorio de las sentencias contenciosas administrativas en la causal tercera, “6. El alcance personal y subjetivo que el demandante le otorga a esas determinaciones se aleja de las propias valoraciones y decisiones de esos jueces, porque en modo alguno declararon la inocencia del doctor Villamizar, lo que tampoco podían haberlo hecho, pues esa competencia es exclusiva del juez penal, no del administrativo ni del constitucional.” (CSJ AP 5 dic. 2007. Rad. 28350.)
5.9. La Sala discrepa de la argumentación alegada por el demandante, respecto de solicitar se tengan como hechos nuevos las referidas decisiones, por cuanto, simplemente realiza el censor una valoración –frente a las consideraciones de los jueces – distinta al ámbito penal y que no contiene la idoneidad ni trascendencia probatoria frente a la finalidad de la acción de revisión.
Es bien cierto que la sentencia condenatoria no se cimentó solamente en el fallo de la Procuraduría como también se había manifestado con anterioridad, y por tanto, pretender soportar un alegato de hechos nuevos, desconoce el actor no solo que estos no se relacionan con la situación fáctica que dieron motivo a la condena, sino la propia autonomía de la Rama Judicial.
Por lo que resulta necesario, reiterar que el hecho nuevo se debe presentar como un acontecer fáctico vinculado con la situación por la que surgió el proceso y claramente lo ahora allegado, es una valoración diferente sobre los mismos supuestos objeto de juzgamiento, que desconocen el alcance y finalidad de la acción de revisión.
5.10. La Corte encuentra un cuento de no acabar, el continuar con las alegaciones sobre la trascendencia o no de la balota en la adjudicación de los contratos, la variación de los hechos que fundamentaron el fallo de condena y si se encontraba impedido o no del Fiscal General de la Nación cuando presentó acusación, con soporte en una declaración del mismo condenado ante la Fiscalía el 10 de julio de 2009.
Los referidos supuestos, ciertamente no conllevan razones suficientes para nuevamente pretender la procedencia de esta extraordinaria acción por la causal alegada, ni tiene en este caso la virtualidad de desquiciar las providencias dictadas con sustento en las pruebas que obraban en el proceso. En efecto, sostuvo la Corte en providencia CSJ AP, 18 de diciembre de 2013, Rad. 42.398:
«…empeñarse en controvertir lo que con suficiencia se analizó en las instancias y culminó con ejecutoria de la condena, representa una indebida prolongación del debate que desnaturaliza no solo el cometido básico de la acción de revisión, sino los efectos materiales de la cosa juzgada, como si de verdad una vez finiquitado el proceso pudiera acudirse a una especie de tercera instancia que en ejercicio circular ad infinitum, permita al desfavorecido con el fallo seguir planteando sus tesis derrotadas.»
5.11. Refiérase que la simple disparidad de criterios ahora esbozados por el demandante contra la sentencia, no puede dar lugar a la estructuración de la causal tercera de revisión invocada, toda vez que esta acción no es un recurso, porque se tramita por fuera del proceso una vez este ha terminado con una decisión en firme y por lo mismo, no tiene el carácter de tercera instancia (En ese sentido, CSJ AP5752 – 2014 y AP 1673-2015).
En consecuencia, los alegatos sobre si estaba o no el Fiscal impedido, si se presentó o no conculcación al debido proceso (por cuanto a criterio del demandante se dispuso la condena sobre hechos que no constaban en la acusación), ciertamente fueron temas que se agotaron en la actuación procesal y no propios de la acción de revisión, sobre la cual ha dicho la Corporación, «De manera estrechamente ligada con el razonamiento precedente, es del caso insistir en que la acción de revisión no está encaminada a proponer afectaciones al debido proceso constitutivas de nulidad, pues tales vicios han debido formularse y resolverse al interior de la actuación, a través de los mecanismos ordinarios y extraordinarios legalmente previstos» (CSJ SP, 16 de diciembre de 2008, rad. 28476 reiterado en CSJ AP6013-214. 2 oct. 2014. Rad. 39364).
5.12. A manera de colofón y repetitivamente la Corte, debe manifestar que no se presenta como hecho nuevo el que se hubiese realizado los cargos en ejercicio de funciones públicas a Arboleda Gómez de manera diferente a Villamizar Alvargonzalez, ni que la ruptura de la unidad procesal puede tenerse como violación al debido proceso, pues fue tema que incluso, resuelto en nulidad, no tuvo vocación de trascendencia por ser netamente funcional; concretamente citó la sentencia condenatoria:
«Debe recordarse que el auto que dentro de la vista pública declaró la nulidad parcial atendió la situación de RODRIGO VILLAMIZAR, quien además de no desempeñar ya el cargo de Ministro, la conducta imputada carecía, para él, de relación con las funciones propias de su anterior empleo, por lo cual había perdido el fuero constitucional que permitía su juzgamiento por la Corte. Aún cuando se presente el fenómeno de la coparticipación, la situación para quien fungió en la cartera de Comunicaciones y actuó en razón de ese cargo es distinta.
Expresó la Sala en la audiencia: “Porque era la importante condición de Ministro, pero no la intervención ‘por razón de su cargo o de sus funciones’, descrita en el artículo 145 del Código Penal, lo que fortalecía la posibilidad de ser escuchado en forma condescendiente por su entonces colega. El hecho de que, como cualquier extraneus influyente, pudiera incidir como determinador del interés ilícito, no puede confundirse con un desempeño funcional o un cargo, ajenos a la mediación que circunstancialmente se haya realizado…”. De esta manera, no se estaba desconociendo su condición de alto servidor público, pero se precisó que esa mediación no se hallaba relacionada con sus funciones, ni con el ejercicio del cargo, lo que claramente sí ocurre en lo atinente a ARBOLEDA GOMEZ, sobre quien, si la Sala hubiera hallado base para lo que ahora se le solicita, habría procedido en consecuencia, desde entonces.
(…) Lo estructurado fue la transmisión de las preocupaciones de Mario Alfonso Escobar, que trascendieron en la voluntad del procesado ARBOLEDA GOMEZ y le hicieron asumir, para una decisión que le correspondía tomar en el desempeño del servicio público que se hallaba a su cargo, interés en efectuar la adjudicación a favor del mencionado Escobar.» (CSJ SP 25 Oct. 2000. Rad. 15273)
5.13. Por ende y dada la contundencia de los argumentos que cimientan la condena en este asunto, es claro que no se trata de un tema de incumplimiento al procedimiento de contratación pública vigente para la época, el cual fue dirimido en la jurisdicción pertinente, como lo pone de presente el demandante.
Lo anterior, por cuanto el reproche penal fue por el evidente e ilícito interés desplegado por Saulo Arboleda Goméz en su calidad de Ministro en la adjudicación de la propuesta radial para Cali y que no ha sido desvirtuado con los elementos probatorios nuevamente presentados en la demanda, ni tienen éstos, la trascendencia de demostrar la inocencia del condenado en tales hechos. Se citó en la sentencia de condena,
De todo lo anterior, colige la Sala que el hecho inductor de la decisión adoptada en tal sentido en la resolución 3536 de julio 24 de 1997, fue la especial amistad del proponente Escobar Izquierdo con el Ministro de Minas y Energía, RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ, así como la correlación institucional hacia el Ministro de Comunicaciones, SAULO ARBOLEDA GOMEZ, puesto que si éste no tenía nexo cercano con Mario Alfonso Escobar, fue la “transmisión de inquietudes” lo que le hizo interesarse indebidamente en tal operación.
Precisamente, ese interés tiene carácter ilícito en la medida en que con dicha inclinación indebida se estaban afectando, entre otros, los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad de los administradores públicos, en provecho del tercero, Mario Alfonso Escobar Izquierdo (art. 145 C. P.), a quien se dio prelación subjetiva sobre sus iguales, en desmedro de la imagen de la administración pública y de la credibilidad de la colectividad en los procesos licitatorios, (…)8
Luego la ausencia no verificada de objeciones a tal proceso licitatorio, perse no demuestran que el mismo se haya presentado sin tal indebido interés ni que resulte el condenado, inocente de los hechos por los cuales se emitió sentencia en su contra.
5.14. Por tanto, conforme las argumentaciones precedentes, deberá rechazarse de plano la demanda presentada por cuarta vez a nombre de Saulo Arboleda Gómez.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. RECHAZAR de plano, la demanda de revisión presentada a favor de Saulo Arboleda Gómez, conforme las consideraciones precedentes.
SEGUNDO. REQUERIR al actor para que en lo sucesivo se abstenga de instaurar otras acciones de revisión contra las mismas decisiones con base en los argumentos ya expuestos.
Contra la anterior decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
EUGENIO FERNANDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Sentencia de única instancia del 25 de octubre de 2000, radicado 15273.
2 Cfr. Pág. 8
3 Cfr. folio 6
4 Cfr. Pag. 16.
5 Cfr. Pag 22
6 Cfr. Pag 23
7 Constancia de septiembre 17 de 2014.(fl. 40 cuaderno de revisión) y carpeta de anexos con 299 folios. Mediante memorial recibido el 19 de septiembre de 2014, se allegó simplemente la constancia de ejecutoria expedida por la Secretaria de la Sala de Casación Penal.
8 Ibidém. Pág. 61-62