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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Magistrado
AHP049-2016
Radicación n° 47346.
Bogotá, D.C., quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016).
VISTOS
Resuelve el Despacho la impugnación interpuesta por Yisella Yulieth Fuenmayor Graterol como agente oficiosa del procesado detenido Plácido José Gómez Escorcia, contra el proveído dictado el 5 de diciembre de 2015, por medio del cual un Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta denegó el amparo de hábeas corpus que la apelante había formulado.
LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN
De la exigua información obrante en el expediente, se ha podido constatar que a Plácido José Gómez Escorcia y a otras once personas1, se les imputó el delito de concierto para delinquir agravado y se les impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión.
La investigación se le asignó a la Fiscalía Primera Especializada de la Unidad Nacional contra Bandas Criminales que presentó, el 25 de septiembre de 2012, el escrito de acusación por el delito imputado.
El conocimiento en la etapa del juicio le correspondió al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, que por múltiples causas aún no ha celebrado la audiencia de formulación de acusación.
Ante esa circunstancia, sostiene la accionante que el defensor del procesado solicitó desde el 10 de marzo de 2014, la celebración de una audiencia ante el Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías, con la pretensión de que se ordenara la libertad de Gómez Escorcia, empero la petición apenas se resolvió negativamente el 25 de agosto de 2015. Agrega que contra esa decisión interpuso el recurso de apelación, sin que a la fecha se hubiese atendido por parte del Juzgado Penal del Circuito, pues aduce esa autoridad judicial que no cuenta con los registros de audio.
Considera la señora Yisella Yulieth Fuenmayor Graterol, agente oficiosa de Plácido José Gómez Escorcia, que a la fecha de presentación de esta acción constitucional –4 de diciembre de 2015– se había superado el término previsto en el artículo 317–5 de la Ley 906 de 2004, sin que se iniciara la audiencia del juicio oral, por lo que –afirma– esa demora constituye una prolongación ilícita de la privación de la libertad, siendo esa la razón para que invocara la protección de tal derecho, mediante el ejercicio del hábeas corpus.
En consecuencia, solicita que se ordene la libertad inmediata de Plácido José Gómez Escorcia.
Al trámite de la acción fueron citados la Fiscalía Primera Especializada de la Unidad Nacional contra Bandas Criminales, el Juzgado Penal del Circuito Especializado, los Juzgados Cuarto Penal Municipal y Cuarto Penal del Circuito y al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, todos con sede en Santa Marta y el INPEC, de quienes se solicitaron puntuales informes.
LA DECISIÓN IMPUGNADA
En proveído del 5 de diciembre de 2015, un Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta declaró improcedente la petición de hábeas corpus, tras considerar que Plácido José Gómez Escorcia se encuentra legalmente privado de la libertad como consecuencia de la imposición de la medida de aseguramiento decretada, en su oportunidad, por un juez con función de control de garantías.
Luego de censurar por irrazonable el término que ha transcurrido sin que al menos se celebre la audiencia de formulación de acusación, señaló el A quo que no puede utilizarse el hábeas corpus para sustituir procedimientos judiciales, puesto que la decisión adoptada por el Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías, que negó la libertad del procesado, fue recurrida en apelación y todavía no se ha resuelto en segunda instancia, lo cual implica que en el proceso está activado el mecanismo ordinario previsto por el legislador para solucionar la pretensión liberatoria.
Agrega que no se le permite al Juez constitucional invadir las órbitas de competencia propias del proceso penal ni el hábeas corpus se estableció para desplazar al funcionario judicial competente.
Por último, señaló el A quo que no se advertía ninguna vía de hecho.
LA IMPUGNACIÓN
Contra la anterior determinación, al momento de recibir notificación personal, la accionante Yisella Yulieth Fuenmayor Graterol, interpuso recurso de impugnación, empero omitió informar cuáles eran los motivos de desacuerdo.
CONSIDERACIONES
El hábeas corpus, consagrado en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentado a través en la Ley 1095 de 20062, está definido como un derecho fundamental y una acción constitucional que protege la libertad cuando a la persona se le ha privado de ese derecho con violación de sus garantías constitucionales y legales, o se le prolonga ilegalmente la limitación de ese atributo3 y se estructura básicamente en dos eventos:
1.- Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts 28 C Pol, 2 y 297 L 906/94), flagrancia (arts. 345 L 600/00 y 301 L 906/04), públicamente requerida (art. 348 L 600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000.
2.- Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal -arts. 353 L 600/00 y 302 L 906/04- entre otras)4.
Ahora bien, previo al análisis que demanda el caso concreto, se hace necesario precisar cómo el mecanismo excepcional de protección de derechos fundamentales, tiene un objeto concreto tradicionalmente consagrado en las diferentes codificaciones, que se reitera en la Ley 1095: la protección de la libertad, cuando de esta se ha privado a la persona con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolonga ilegalmente esta privación, conforme lo señala expresamente el artículo 1° de la citada ley.
Dentro de la facultad de revisión previa de la Ley Estatutaria de hábeas corpus, al examinar el contenido del artículo primero de la Ley 1095 de 2006, señaló la Corte Constitucional5:
El texto que se examina prevé que el hábeas corpus procede como medio para proteger la libertad personal en dos eventos:
1. Cuando la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y
2. Cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.
Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.
Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en que una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.
También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C. Po. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.
(…)
Ahora bien. La finalidad que se persigue con la consagración legal de las hipótesis en las cuales resulta procedente el ejercicio de la acción de hábeas corpus, es la de asegurar que todas las decisiones que recaigan sobre la libertad personal sean tomadas mediante orden escrita proferida por la autoridad judicial competente, con plena observancia de las formalidades establecidas para ello y dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en la ley, así como que la persona sea recluida en el lugar oficial de detención y en ningún otro.
Dirigida la acción, entonces, a proteger a la persona de la privación ilegal de libertad o su indebida prolongación, está claro que al funcionario judicial, en examen de la especialísima acción, le está vedado incursionar en terrenos ajenos a este específico tema, so pena de invadir órbitas de competencia y desbordar la naturaleza de su función defensora de derechos fundamentales.
En el presente evento la privación de libertad que padece actualmente Plácido José Gómez Escorcia está sustentada, como se acaba de consignar en los antecedentes del caso, en la medida de aseguramiento impuesta por autoridad competente tras considerar que de los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados por la Fiscalía General de la Nación, se infería razonablemente que el imputado podía ser autor de la conducta punible investigada.
En esas condiciones, según lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse el hábeas corpus con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional– de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas6.
Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, porque, se itera, el hábeas corpus no está previsto para sustituir el trámite del proceso penal ordinario.
No obstante, conforme lo ha venido reafirmando la Corte, cabe señalar que es procedente invocar excepcionalmente la acción constitucional si la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho: «…aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios7.»
Advierte la Corte que en este caso ha habido serias omisiones por parte de los Jueces Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías y Cuarto Penal del Circuito, ambos de Santa Marta, a los que se les asignó en primera y segunda instancias, el trámite de la solicitud de libertad, situación que permite asegurar su intención de eludir el conocimiento de un asunto trascendente, como el que representa otorgar o negar la libertad de una persona, por lo que, en últimas, se ha constituido factor de la vulneración de los derechos reclamados que habilita, por vía excepcional, la intervención del juez constitucional a través del mecanismo del hábeas corpus.
En efecto, de acuerdo con la información suministrada por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Acusatorio Penal de Santa Marta, desde el 4 de septiembre de 2014 se le asignó al Juzgado Cuarto Penal Municipal de esa ciudad la solicitud de libertad elevada por el defensor de Plácido José Gómez Escorcia; sin embargo, la aludida autoridad se abstuvo de resolverla argumentando que estaba tramitando otra pretensión del mismo tenor; entonces, solo vino a celebrar la audiencia respectiva el 14 de julio de 2015 y apenas el 25 de agosto del mismo año, decidió negar la libertad solicitada.
Esa providencia fue recurrida en apelación y desde entonces, el expediente permanece en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta sin que se resuelva la impugnación, con el argumento de que no se encuentra el registro de audio que corresponde a la audiencia celebrada en el Juzgado Cuarto Penal Municipal.
En síntesis, por intermedio de su defensor, el procesado acudió al funcionario competente, es decir, el Juez con función de control de garantías, para que decidiera acerca de la causal de libertad invocada (art. 317–5°, L. 906/2004) y, luego del palmario e injustificado retraso en el proferimiento de la decisión, ejerció su derecho a impugnar sin que en este caso tampoco hubiese pronunciamiento por parte del superior funcional, circunstancias que habilitan la posibilidad de recurrir a la acción constitucional de hábeas corpus para que se estudien los fundamentos de la solicitud.
De acuerdo con el artículo 154–8° del Código de Procedimiento Penal, las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo, se tramitan ante el juez de control de garantías y el artículo 160 ibídem, establece que, salvo disposición en contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la audiencia y las que se refieren a la libertad del imputado o acusado, se deben dictar en audiencia que se deberá celebrar dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.
Es evidente que los jueces cuarto penal municipal y cuarto penal del circuito de Santa Marta, han incurrido en vías de hecho por defecto procedimental absoluto, porque le han negado al procesado el acceso a la administración de justicia, puesto que han desconocido totalmente los términos previstos en la ley para resolver la pretensión liberatoria y esa circunstancia –se insiste– habilita la intervención del juez constitucional.
Pues bien, la petición de libertad que han debido resolver oportunamente los jueces en función de control de garantías, se fundamenta en la causal prevista en el artículo 317, numeral 5, parágrafo 1, de la Ley 906 de 2004.
Para el presente caso y atendiendo a que se trata de un proceso adelantado ante la justicia penal especializada, la causal de libertad se configuraría si transcurridos 240 días no se ha dado inicio a la audiencia de juzgamiento.
Ese plazo, antes de la reforma que introdujo la Ley 1760 del 6 de julio de 2015, se contaba a partir de la fecha de formulación de la acusación.
Entonces, si bien es cierto que el escrito de acusación se presentó desde el 25 de septiembre de 2012, también lo es que hasta el momento no se ha formulado la acusación, siendo ese el momento judicial desde el cual comienza a contarse el término establecido como causal de libertad provisional.
Es que, la acusación, conforme lo ha señalado la Sala, es un acto complejo, porque no se agota con la radicación del respectivo escrito, sino que se perfecciona con su formulación en audiencia que se celebra ante el juez de conocimiento8:
2.2. Ahora bien, es preciso aclarar que en el estado procesal en que se encuentra esta actuación, esto es, en medio de aquel acto complejo que constituye la acusación, no es procedente disponer la libertad provisional por razón del artículo 317-5, modificado por la ley 1453, toda vez que a la fecha dicho acto no se ha perfeccionado a través de la correspondiente audiencia para su formulación, la cual habrá de tener lugar ante el juez de conocimiento.
Es esta última actuación y no la presentación del escrito de acusación, como equivocadamente lo sugiere el a quo, la que marca el inicio de la contabilización de los 120 días de detención para que proceda la libertad provisional, siempre y cuando no se haya dado inicio a la audiencia del juicio oral (auto de habeas corpus de 18 de noviembre de 2011, rad. 37877).
Dígase, entonces, que en la Ley 906 de 2004 la acusación es un acto complejo que incluye dos momentos procesales distintos y regulados de forma independiente9, cuales son la presentación del correspondiente escrito por parte de la fiscalía y la audiencia de su formulación, dirigida por el juez de conocimiento. De esta manera, surge nítido que como esta última diligencia aún no ha tenido lugar entonces tampoco se han habilitado los términos que permiten dar aplicación al citado artículo 317-5, con su correspondiente modificación.” (Se destaca).
Ese término de los 240 días con que contaba el juez de conocimiento para dar inicio a la audiencia de juicio oral, antes del 6 de julio de 2015, se contabilizaba a partir de la fecha de la formulación de acusación; y, es claro que en este caso, de acuerdo con lo que admite la misma accionante y de conformidad con los elementos de convicción allegados, no se ha celebrado la audiencia de formulación de acusación.
Inicialmente, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión fijó fecha para realizar la audiencia de formulación de acusación el 24 de octubre de 2012, pero el Fiscal solicitó el aplazamiento.
El expediente se devolvió al Juzgado Penal del Circuito Especializado, una vez concluyó la descongestión, y éste fijó fecha para el 13 de diciembre de 2012; 24 de enero de 2013; 1 de febrero de 2013; 16 de febrero de 2013; 26 de febrero de 2013; 25 de abril de 2013; 25 de mayo de 2013; 5 de julio de 2013; 17 de octubre de 2013; 8 de marzo de 2014; 21 de mayo de 2014; 4 de septiembre de 2014; 23 de febrero de 2015; 20 de abril de 2015; 27 de julio de 2015; 14 de agosto de 2015; y, 6 de noviembre de 2015, sin que se pudiera llevar a cabo la formulación de acusación, porque la Fiscalía y los defensores solicitaron su aplazamiento; o, porque los defensores dejaron de asistir; o, porque el INPEC no remitió a los detenidos.
En consecuencia, antes de la reforma que introdujo la Ley 1760 de 2015, el cómputo se debía verificar una vez tuviera lugar el acto complejo de la acusación, entendido como la radicación del escrito de acusación y la celebración y culminación de la audiencia de acusación, los cuales y como en reiteradas oportunidades ha precisado esta Corporación10, son dos momentos diferentes, con regulación normativa independiente en la legislación procesal, y que permiten el desarrollo actividades judiciales como el allanamiento a cargos, oportunidad para proponer nulidades, impugnar la competencia, lectura y traslado del escrito de acusación a las partes, aclaración, adición o corrección del mismo, descubrimiento probatorio.
Frente a esa disposición, es obvio que en este caso el término de los 240 días establecido para para darle inicio a la audiencia de juicio oral antes del 6 de julio de 2015, ni siquiera comenzó a correr, porque a pesar de haberse presentado el escrito de acusación, no se había celebrado la audiencia de formulación de acusación.
Precisamente esa indeterminación temporal, fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C–390 del 26 de junio de 2014, al pronunciarse acerca de la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra la expresión «la formulación de la acusación» contenida en el artículo 317–5° de la Ley 906 de 2004, declarándola exequible, con la condición de que el término previsto en dicho numeral se contara a partir de la radicación del escrito de acusación.
No obstante, la Corte Constitucional difirió los efectos de esa declaración de exequibilidad hasta el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la República expidiera la regulación correspondiente:
En este sentido, la Corte considera necesario diferir los efectos de la sentencia de exequibilidad condicionada hasta el 20 de julio de 2015, mientras el legislador decide, si lo considera conveniente o necesario, regular expresamente el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo. Si al cabo de anterior término el legislador no ha adoptado una regulación distinta, y para proteger los derechos de las personas privadas provisionalmente de la libertad, la presente sentencia surtirá todos sus efectos.
En cumplimiento del reseñado mandato judicial, el Congreso de la República expidió la Ley 1760 del 6 de julio de 2015, mediante la cual modificó, entre otros, el artículo 315, numeral 5, del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), para precisar que esa causal de libertad se configura «Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio», término que, por supuesto, de acuerdo con el parágrafo 1, se duplica «…cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada», como en el presente evento.
Con todo, los efectos de esa modificación no se extienden a la fecha de presentación del escrito de acusación que se radicó contra Plácido José Gómez Escorcia, puesto que la misma Corte Constitucional señaló desde cuándo regía ese término: 1. En caso de que el Congreso de la República no legislara sobre el particular, su cómputo iniciaba el 20 de julio de 2015, fecha hasta la que difirió los efectos de la exequibilidad condicionada; o, 2. En caso de que se expidiera la norma, el plazo se contaría desde su entrada en vigencia, pero nunca más allá del 20 de julio de 2015.
La Ley 1760 de 2015, rige a partir de la fecha de su promulgación11, misma que se hizo en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015.
La decisión no fue caprichosa, porque la Corte Constitucional tuvo en cuenta que fijarle efectos retroactivos a la sentencia de exequibilidad, implicaba desquiciar el orden procesal y en razón de ello señaló que el plazo para celebrar la audiencia del juicio oral se contaría desde la presentación del escrito de acusación que aludía a una fecha cierta, pero en todo caso con posterioridad a la expedición de la Ley que regulara el tema y nunca antes del 20 de julio de 2015:
La Corte debe entrar a analizar el remedio a la circunstancia de inconstitucionalidad anteriormente descrita. Como se ha planteado, la contradicción con la Carta Política no surge del término de 120 días previsto por la norma acusada para la libertad por vencimiento de términos, entre otras cosas, porque como se ha analizado en el apartado 7, el legislador goza de una amplia libertad de configuración legislativa. La vulneración de la Constitución se desprende de la indeterminación del periodo que existe entre la presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de la acusación.
Considera la Corte que la decisión más acorde con la situación descrita es la declaración de la exequibilidad condicionada de la norma demandada, buscando con ella corregir la ausencia de un límite expreso a la privación provisional de derechos en general, y de la libertad en particular, para evitar que por dilaciones injustificadas éstos se vean afectados.
Si bien el legislador no planteó concretamente, como momento procesal para comenzar la cuenta de los términos del artículo 317, numeral 5, el escrito de acusación, tampoco manifestó con exactitud que debía ser la respectiva audiencia de acusación, lo que puede llevar al entendimiento indistinto de uno u otro como punto de inicio.
Adicionalmente, la Audiencia de formulación de la acusación funge como ritual dentro de la oralidad que rige el sistema acusatorio en el que está inmerso nuestro procedimiento penal, donde se corrobora lo expuesto en el respectivo escrito de acusación, unido a un control del juez de conocimiento respecto al cumplimiento de los requisitos formales y la correspondencia entre la imputación fáctica y la adecuación típica, sin poder entrar a debates que sean objeto del juicio12.
En este sentido, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de 2004, en el entendido que la expresión acusada hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo.
No obstante, la Corte reconoce que esta decisión genera consecuencias en los procesos penales que pueden ocasionar traumatismos en la administración de justicia y afectar seriamente el cumplimiento de los deberes y obligaciones del Estado. Como se ha afirmado en otras oportunidades, “la Corte tampoco puede ser insensible a las posibles consecuencias inconstitucionales de sus decisiones. En efecto, si una decisión tiene como efecto directo o indirecto la afectación grave y palmaria de derechos fundamentales o de bienes constitucionalmente protegidos, la Corte, como guardiana integral de la Constitución, debe intentar controlar estos efectos.”13. Ante estas circunstancias, es necesario modular los efectos de la decisión difiriéndolos en el tiempo14 pero asegurando el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad. Igualmente, la Sala estima que teniendo en cuenta la libertad del legislador en la materia, y para no usurpar funciones del poder legislativo, lo más oportuno es exhortarlo a expedir la respectiva regulación tomando en consideración lo expuesto en esta providencia, lo cual si no ocurre en el término prudencial de una legislatura, daría aplicación a la presente decisión de exequibilidad condicionada.
Se concluye que el término para darle inicio a la audiencia del juicio oral, actualmente se cuenta a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, sin que en ningún caso pueda entenderse que esa fecha sea anterior al 6 de julio de 2015.
En esas condiciones, no se ha vencido el plazo que señala el artículo 317–5° del Código de Procedimiento Penal, para que se le dé inicio a la audiencia del juicio oral, razón para asegurar que no se configura la causal de libertad invocada por la accionante.
En suma, no se evidencia de ninguna forma que la libertad personal de Plácido José Gómez Escorcia se vea coartada por orden arbitraria de autoridad no judicial; tampoco se aprecia el vencimiento de los términos legales respectivos ni la prolongación ilegal de la reclusión o que esa limitación hubiese operado antes de solicitarse el pronunciamiento judicial sobre la libertad; menos aún se ha demostrado que la providencia que ordenó la detención preventiva se hubiese fundado en una vía de hecho judicial15.
No puede pasar por alto esta Magistratura la excesiva demora en la que han incurrido los Juzgados Penal del Circuito Especializado y Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta, respectivamente, para celebrar la audiencia de formulación de acusación y para pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la libertad de Plácido José Gómez Escorcia, por lo que se les insta para que sin más dilaciones les den el trámite correspondiente al proceso penal y a la segunda instancia que tienen a cargo.
Acorde con lo anotado, por las razones expuestas se confirmará la decisión impugnada.
En mérito de expuesto, el suscrito MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
CONFIRMAR la decisión impugnada, mediante la cual se denegó el amparo de hábeas corpus impetrado por Yisella Yulieth Fuenmayor Graterol a nombre de Plácido José Gómez Escorcia.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Magistrado
1 Óscar Almanza Parra; Jorge Luis Peña Montaño; Alexander Brito Rodríguez; Bladimir Henao Rúa; Edier Díaz Jiménez; Deivis Ramos Ibarra; Tatiana Patricia Vides Reyes; Jorge Malamut; Jorge Castro Mendoza; Geovanny del Carmen de Armas Acuña; y, Ximena Paola López Albornoz.
2 Cuyo examen previo de constitucionalidad está contenido en la sentencia C-187 de 2006.
3 Artículo 1º de la Ley 1095 de 2006.
4 CSJ AP, 27 Nov. 2006, Rad. 26503
5 Corte Constitucional Sentencia C-187 de 2006.
6 CSJ AHP, 26 Jun. 2008, Rad. 30066; CSJ AHP, 25 Ago. 2008, Rad. 30438
7 CSJ AHP, 26 Jun. 2008, Rad. 30066
8 CSJ AHP, 21 Nov. 2012, Rad. 40283
9 En efecto, la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación dirigida por el juez de conocimiento se encuentran reguladas, en ese orden, en los Capítulos I y II del Título I, correspondiente a la Acusación, del Libro III de la Ley 906 de 204, regulatoria del Juicio.
10 Auto de 18 de noviembre de 2011, radicación No. 37877.
11 «…salvo el artículo 1o y el numeral 6 del artículo 4o, los cuales entrarán a regir en un (1) año contado a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.»
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 28 de febrero de 2007, radicado 26087; Sentencia del 24 de septiembre de 2012, radicado 34780
13 Sentencia C-491 de 2007
14 En casos excepcionales la Corte ha considerado necesario diferir en el tiempo los efectos de los fallos, particularmente de inexequibilidad. Ver entre otras, las sentencias: C-221 de 1997; C- 700 de 1999; C-442de 2001; C-737 de 2001; C-491 de 2007; C-577 de 2011
15 Confrontar: Corte Constitucional. Sentencia T-260 de 1999