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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Aprobado Acta No. 336
Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013).
VISTOS
De plano se pronuncia la Sala sobre la solicitud de cambio de radicación elevada por el defensor de los procesados JAVIER BUSTAMANTE DUARTE y JEFERSON BUSTAMANTE CORREA, acusados como presuntos coautores del delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y el segundo además por el punible de hurto calificado.
SINOPSIS FÁCTICA
Los hechos que dieron lugar a este diligenciamiento se contraen a lo ocurrido el 7 de junio de 2012, cuando aproximadamente a las 7:25 horas la central de radio de la Policía Nacional reportó que a una residencia ubicada en la carrera 30 No. 22-20 barrio Caribabare de la ciudad de Yopal, arribaron dos hombres y una mujer con armas de fuego con el fin de atentar contra la humanidad de uno de sus moradores, concretamente en contra de Roque Julio Torres Cárdenas. Luego de desatar un intercambio de disparos con las personas de la vivienda, Jorge Ruiz Muñoz resultó herido por proyectil de arma de fuego.
Por información de la comunidad se logró la captura de JAVIER BUSTAMANTE DUARTE y JEFERSON BUSTAMANTE CORREA.
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
El 28 de agosto de 2012 el Fiscal 33 Seccional de Yopal, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, radicó escrito de acusación contra JAVIER BUSTAMANTE DUARTE y JEFERSON BUSTAMANTE CORREA por los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, al tiempo que al segundo enunciado lo acusó además por el punible de hurto calificado.
En escrito presentado ante el Juzgado de conocimiento el 19 de julio último y previo a la iniciación del juicio oral, la defensa radicó petición de cambio de radicación de dicho diligenciamiento al distrito judicial de Medellín, aduciendo para ello que uno de los acusados, YEFFERSON BUSTAMANTE CORREA, fue ultimado el 7 de abril de 2013 en su residencia ubicada en la ciudad de Barranquilla, según consideran sus familiares, como represalia por los hechos materia de juzgamiento.
El profesional del derecho considera que ese lamentable suceso constituye una “razón más que suficiente de inseguridad, para que ninguno de los testigos solicitados y decretados a favor de la defensa, además, de mi otro defendido JAVIER BUSTAMANTE DUARTE, no desean, ni quieran declarar y menos viajar a la ciudad de Yopal para tales efectos (sic)”.
Así mismo, afirma que como consecuencia del mismo incidente en el que perdió la vida el prenombrado su seguridad tampoco se encuentra garantizada, al tiempo que alude a las amenazas e insultos expresados por parte de los “afectados” en curso de las audiencias concentradas, conforme lo dejó manifestado en curso de las diligencias.
En síntesis, conforme a lo expuesto concluye que su integridad personal y la de BUSTAMENTE DUARTE se encuentran en riesgo; razón por la cual solicita el cambio de radicación a la ciudad de Medellín “además que se traduce en una medida sana para el buen desarrollo del juicio, en aras a conservar el principio de derecho de defensa y debido proceso”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con la preceptiva del numeral 8º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 la Sala es competente para resolver la petición de cambio de radicación formulada por la defensa de los acusados, en tanto la solicitud pretende que el ciclo de juzgamiento se surta en otro distrito judicial.
Ahora, reiteradamente ha señalado esta Colegiatura que el cambio de radicación es un mecanismo residual y extremo, por cuya virtud se alteran las reglas de competencia en razón del territorio, el cual sólo procede cuando se demuestra de manera contundente y cierta que en el lugar donde cursa la actuación procesal existen circunstancias capaces de afectar de manera real y efectiva “el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos” (artículo 46 de Ley 906 de 2004).
Para que tales situaciones permitan variar de manera excepcional el mencionado factor de competencia, es preciso para quien las invoca acreditarlas probatoriamente, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del estatuto procesal penal tiene la carga de la prueba. Además, es necesario demostrar la aptitud suficiente, trascendente y concreta de aquellas circunstancias en la vulneración o puesta en grave peligro de la función jurisdiccional en el sitio o región donde se tramita el juicio o desvirtuar la imparcialidad que debe regirlo, y por ende, permitan vislumbrar su efectiva injerencia en el trámite cuyo cambio de radicación se solicita.
En el asunto objeto de estudio advierte la Sala que los motivos señalados por la parte solicitante no se ajustan a las mencionadas exigencias, no sólo por cuanto tienen por base premisas indemostradas probatoriamente, como la referida a que la muerte de JEFFERSON BUSTAMENTE CORREA está vinculada a motivos de retaliación por los hechos objeto del presente asunto, o que ello por sí sólo se traduce en una situación de inseguridad para el coacusado y los testigos cuyas declaraciones ya fueron decretadas en la audiencia preparatoria, sino porque además no se orientan a demostrar alguna de las hipótesis dispuestas por el legislador para acceder al cambio de radicación solicitado.
En efecto, el mecanismo jurídico invocado puede autorizarse sólo cuando exista un ambiente impropio para el juzgamiento, de tal magnitud que permita exceptuar la competencia deducida por el factor territorial, lo cual no resultó acreditado en este asunto, pues la muerte violenta de uno de los procesados en ciudad diversa de aquélla donde se adelanta el juicio (Barranquilla) y las sospechas personales que sobre tal suceso tengan los familiares del difunto, son aspectos que ninguna relación guardan con circunstancias del lugar en donde se adelanta el juicio que puedan perturbar las garantías procesales.
Del mismo modo, advierte la Colegiatura que el defensor ningún argumento ofreció para explicar porqué los testigos y JAVIER BUSTAMANTE DUARTE no desean viajar a la ciudad de Yopal para comparecer al juicio, pues no se adentró a señalar cuáles son las situaciones que de manera concreta ponen en riesgo la seguridad personal de los citados, esto es, pasó por alto la carga de acreditar probatoriamente sus asertos en tal sentido.
Y si bien frente a la seguridad de los testigos, se ha dicho que la participación de éstos hace parte de los intereses de la justicia1, razón por la que el Estado está en el deber de garantizar su comparecencia al proceso con todas las garantías, al estar obligados a informar el conocimiento que les asiste sobre la comisión de un hecho delictivo y sus posibles responsables, se itera, ningún elemento de persuasión permite evidenciar que requieren medida de protección alguna o que su seguridad se encuentre en peligro al comparecer al juicio seguido en la capital del Departamento del Casanare.
Finalmente, el último motivo expuesto por el defensor alude a la intimidación de la cual ha sido víctima por parte de los perjudicados en curso de las “audiencias concentradas”, generadora de un sentimiento de inseguridad para desplazarse a Yopal; sin embargo, dicha aseveración carece de entidad suficiente para lograr el éxito de la pretensión, pues además de ser formulada en forma genérica y sin precisión alguna, las amenazas que indica ni siquiera han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación respectiva, lo cual, sin duda, permite concluir que en verdad no es un argumento suficiente para acceder al cambio de radicación solicitado.
Corolario de lo anterior, la Sala no encuentra la petición debidamente fundamentada. En contraste, observa que en el lugar en donde corresponde adelantar el juicio, actualmente no existen condiciones que permitan deducir la ausencia de seguridad adecuadas para garantizar la vida e integridad personal de las personas intervinientes al acto público.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
NEGAR el cambio de radicación solicitado, de conformidad con las consideraciones expuestas en la anterior motivación.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Devuélvase a su lugar de origen.
Cúmplase,
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JAVIER ZAPATA ORTÍZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Autos del 13 de diciembre de 2005 radicación 24490, criterio reiterado en autos del 7 de marzo de 2006 radicados 25015 y 25017 y auto del 25 de octubre de 2007 radicación 28609.