41079(11-07-13)

2013

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE   SUPREMA   DE  JUSTICIA   

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                      Magistrado  Ponente:   

                         GUSTAVO  ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ   

                    Aprobado Acta  No. 217.   

Bogotá,  D.C., once (11) de julio de dos mil  trece (2013).   

V I S T O S  

Decide la Sala sobre la admisibilidad formal  de   la   demanda  de  revisión  presentada  por  la  defensora     del     sentenciado     GUSTAVO  ADOLFO  LAVERDE  AGUIRRE  contra  la  sentencia  dictada el 22 de octubre de 2008 por el  Tribunal  Superior  de  Cúcuta que revocó el fallo absolutorio proferido el 18  de  octubre  de 2006, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña (N. de  Santander),  y  en  su  lugar lo condenó a  la  pena  principal  de  300   meses  de  prisión y la accesoria  de    inhabilitación    en    el    ejercicio    de    derechos   y   funciones  públicas      por      20      años,  por haberlo  declarado  autor penalmente  responsable  del  homicidio  agravado  de      Isnardo      Aristides      Quintero     Sanjuán.   

H E C H O S  

Los  acontecimientos  que  dieron origen al  proceso  penal,  fueron  narrados  por  las instancias  en los siguientes términos:   

“El sábado 18  de  diciembre  del  año  2004  la  fiscalía de esta ciudad tuvo noticia de que  había  un  cadáver  en  el corregimiento de la Ermita, sitio conocido como Las  Negritas  y  de  inmediato  la  Fiscalía Tercera Seccional se trasladó allá y  practicó  una  inspección  judicial,  constatando  que  en efecto en ese lugar  estaba  el  cadáver  de  un hombre que fue identificado como Isnardo Arístides  Quintero     Sanjuán,     alias    ‘Cuma’,  el  cual  presentaba  varias heridas y a las 4:20, se encontró una vainilla 9 mm, a  2 m se halló otra vainilla 9 mm.   

“El  día  20 siguiente, se presentaron a  declarar  voluntariamente  un  hermano  del occiso y tres amigos de él, quienes  dijeron  que  Gustavo  Adolfo Laverde Aguirre, había hecho amenazas de muerte a  Isnardo  y la noche del 17 de diciembre, éste se había embarcado en una buseta  que  conducía  aquél y es de su propiedad; ello dio lugar a la vinculación de  los procesados.”   

ACTUACIÓN  PROCESAL  

El 18 de diciembre de 2004 el Fiscal Tercero  Seccional  en  Turno  de  disponibilidad  de  Ocaña, dispuso la apertura de una  indagación  preliminar  encaminada,  entre  otros  aspectos,  a  establecer  la  identidad  del  autor del homicidio. En curso de esas diligencias se practicaron  varias  pruebas,  con  fundamento  en  las cuales el día 28 de los mismos mes y  año  la  Fiscalía  Primera  Seccional  profirió  resolución  de  apertura de  instrucción,  ordenando  la vinculación, mediante indagatoria, de GUSTAVO          ADOLFO         LAVERDE         AGUIRRE,  contra  quien libró orden de captura,  empero,  ante la imposibilidad de logar su comparecencia, el 19 de enero de 2005  el  ente  investigador hubo de declararlo persona ausente y le designó defensor  de oficio.   

Al  sindicado  se le definió la situación  jurídica  el  7  de  febrero  de  2005,  imponiéndole  medida de aseguramiento  consistente    en    detención   preventiva   sin   derecho   a   la   libertad  provisional.   

La   Fiscalía   practicó   otras  pruebas  y   el   4   de   agosto   de   2005,   clausuró  la investigación cuyo mérito  calificó  el siguiente 6 de octubre con resolución de  acusación    contra    GUSTAVO    ADOLFO   LAVERDE  AGUIRRE  por  el delito de homicidio agravado y contra  Saúl    Oswaldo    Torrado    Jácome, por el delito de encubrimiento por favorecimiento.   

El conocimiento en la etapa del juicio se le  asignó  al  Juzgado  Primero  Penal  del  Circuito  de  Ocaña,  que asumió el  conocimiento  el  26  de octubre de 2005; celebró las audiencias preparatoria y  pública;  y,  dictó  sentencia  absolutoria el 18 de octubre de 2006. El fallo  fue  recurrido  en  apelación  por  el  delegado  de la Fiscalía General de la  Nación  y  el Tribunal Superior de Cúcuta lo revocó el 22 de octubre de 2008,  para  condenar a los procesados, imponiéndoles, en primer lugar, a LAVERDE  AGUIRRE   la pena principal  de  300 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de  derechos  y  funciones públicas por 20 años, como autor de la conducta punible  de    homicidio    agravado;    y,   en   segundo   término,   a   Saúl  Oswaldo  Torrado  Jácome  la pena  principal  de  1  año  de  prisión  y  la accesoria de inhabilitación para el  ejercicio  de  derechos y funciones públicas por el mismo plazo, como autor del  delito de encubrimiento por favorecimiento.   

Contra la anterior decisión, la defensora de  GUSTAVO      LAVERDE     AGUIRRE     interpuso  el  recurso  de  casación,  que  fue inadmitido por esta  Corporación mediante auto del 17 de junio de 2009.   

LA   DEMANDA   

La   apoderada   especial   de   GUSTAVO   ADOLFO   LAVERDE   AGUIRRE,  presenta  demanda  de  revisión  con fundamento en la  causal  tercera,  prevista en el artículo 220 de la Ley 600 de 20001,  contra  la  sentencia de segundo grado.   

Al  respecto,  señala  que  existen pruebas  nuevas  que  permiten  determinar que su asistido no fue la persona que cometió  el  delito  de homicidio, porque el Tribunal se limitó a estructurar el fallo a  partir  de indicios contingentes, desconociendo las evidencias que favorecían a  su   asistido,   especialmente  los  testimonios  de  Efrén López, Jesús  Antonio  Criado  y  Fredy   Contreras   Estévez,   quienes  declararon  haber  sido  los  autores intelectuales y materiales de la muerte de  Isnardo     Arístides    Quintero    Sanjuán,   misma   que   ordenaron   y  ejecutaron  durante su pertenencia a un grupo armado ilegal, en consideración a  que  esa  persona, según el primero de esos testigos,  tenía  relaciones  con  las  esposas  de algunos paramilitares (“fue  muerto  por los “paracos” por meterse con mujeres de estos  individuos…”) y, de acuerdo con los otros, porque  se  dedicaba  a            vender            combustibles            hurtados          a          los  paramilitares    o  provenientes de Cúcuta.   

En  orden  a fundamentar su pretensión, la  demandante  aporta  copia informal de un oficio suscrito por el Fiscal 128 de la  Unidad  Nacional  de Fiscalía para Justicia y Paz, en el que inserta apartes de  las    versiones    rendidas    ante    esa   jurisdicción   por   Fredy  Contreras  Estevez y Jesús    Antonio    Criado   Alvernia,  siendo  esas  –a  juicio  de  la abogada–    las  pruebas  no  conocidas  al  tiempo de los debates, con  las    cuales   demuestra   la   inocencia   de   su  representado:   

“FREDY CONTRERAS  ESTEVEZ   

VERSIÓN   LIBRE   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2009   

HOMICIDIO  DEL  SEÑOR  ISNARDO  ARISTIDES  QUINTERO   SANJUÁN  ALIAS  CUMA,  OCURRIDO EN OCAÑA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2004. ESE SEÑOR MECÁNICO YA LO  COMENTÓ.  YO  LO ÚNICO QUE SE ES QUE ESTE SEÑOR LE ESTABA ROBANDO LA GASOLINA  A  LAS AUC, ESO LO SABE MECÁNICO (JESÚS  ANTONIO  CRIADO ALVERNIA). YO LO ÚNICO QUE SE ES QUE PARTICIPÉ  EN  EL  HOMICIDIO DE ESTE SEÑOR. YO VIVÍA EN EL BARRIO 4 CENTENARIO DE OCAÑA,  EN   ESA   ÉPOCA   EL  COMANDANTE  ERA  ORLANDO,  ENTONCES  ORLANDO  ME  LLAMÓ  Y  ME  DIJO QUE ESTUVIERA PENDIENTE QUE YA ME IBAN A  RECOGER.  ELLOS  ME  RECOGIERON  EN  LA  CASA,  ME  RECOGIERON ORLANDO, EL PAISA  (MIGUEL  ÁNGEL  LÓPEZ)  Y DE AHÍ NOS TRASLADAMOS HACIA EL BARRIO LA PRIMAVERA  EN  EL  COLISEO,  ESO  FUE  DE  3:30  A 4 DE LA A.M. Y LLEGAMOS AL COLISEO Y NOS  LLEVAMOS  AL  SEÑOR  EN  UN  TAXI,  NO SE QUÉ ESTABA HACIENDO EL SEÑOR A ESAS  HORAS  SI  ESTABA  TOMANDO  O  QUÉ  ESTABA HACIENDO, DE AHÍ LO AGARRAMOS Y NOS  FUIMOS  POR  LA  VÍA  A  LA  CIRCUNVALAR,  PASAMOS  POR LA HERMITA (sic)  YENDO PARA ÁBREGO, PASAMOS POR  EL  BATALLÓN,  Y LEGAMOS A UN SITIO LLAMADO EL CLUB DE PROFESORES. EN UNA CURVA  QUE  HAY  EN  EL  CLUB  DE  PROFESORES YENDO PARA ÁBREGO A MANO IZQUIERDA, AHÍ  LLEGAMOS  Y  LO  EJECUTAMOS AHÍ, LO EJECUTÓ ORLANDO. LE DISPARARON COMO TRES O  CUATRO  TIROS  EL VESTÍA COLOR DE ROPA CAMISA BLANCA Y JEAN AZUL. Y DE AHÍ NOS  REGRESAMOS  PARA  OCAÑA.  EL CUERPO QUEDÓ AHÍ CERCA AL CLUB SE PROFESORES ESO  ES    UN   CLUB   GRANDE   AHÍ   [HAY]  PISCINA. PARTICIPARON PARTICIPÓ ORLANDO, EL PAISA Y MI PERSONA.  DISPARÓ   ORLANDO.   DIO   LA   ORDEN   ORLANDO  QUE  ERA  EL  SEGUNDO  EN  ESA  ÉPOCA. AL COLISEO AL CLUB DE PROFESORES EN CARRO SE  ECHA  UNO  COMO  15  MINUTOS Y LA DISTANCIA HAY COMO UN KILÓMETRO Y MEDIO O DOS  KILÓMETROS.  EL SEÑOR ESTABA EN EL COLISEO Y NOSOTROS LLEGAMOS Y LO AGARRAMOS,  ORLANDO  LO  LLAMÓ Y LO SUBIÓ AL TAXI, EL ESTABA INDEFENSO. EN EL TAXI AL LADO  DEL  CHOFER  SE  SENTÓ ORLANDO Y EN LA PARTE DE ATRÁS, EN UNA ORILLA ME SENTÉ  YO  AL  OTRO  LADO EL PAISA Y LA VÍCTIMA EN EL MEDIO. LA VÍCTIMA NO DIJO NADA.  EL  NO  SABÍA  LO  QUE  LE  ÍBAMOS A HACER LA VERDAD NO SE PORQUE (sic) LE DIERON MUERTE, EL QUE SABE ES  MECÁNICO   A   QUÉ   SE   DEBIÓ   LA   MUERTE.   ES   ALGO   RELACIONADO  CON  GASOLINA.”   

“JESÚS  ANTONIO CRIADO ALVERNIA   

VERSIÓN   LIBRE   17   DE  ABRIL  DE  2009.   

HOMICIDIO DE ISNARDO ARISTIDES QUINTERO SAN  JUAN.  ESO  FUE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2004 EN LAS INMEDIACIONES DEL BATALLÓN DE  OCAÑA.  ANDRÉS  GALLARDO  NOS  REUNIÓ,  QUE  HABÍA  QUE  DARLE  MUERTE  A  5  GASOLINEROS  ENTRE ELLOS ESTABA ISNARDO, EL ROLO, NETO, ÉLKIN, Y OTROS MÁS QUE  NO  ME  ACUERDO.  ELLOS  ESTABAN  INCUMPLIENDO  LA  ORDEN  DE LA GASOLINA, Y QUE  HABÍAN  TRAÍDO  GASOLINA  ROBADA.  ANDRÉS  NOS  DIJO A MÍ, A CAMURO (EDUARDO  CASTRO  ÁLVAREZ)  Y A FERCHO, Y COMO NOSOTROS TOMÁBAMOS CERVEZA CON ELLOS, LES  DIJIMOS   QUE   NO,   QUE   NOSOTROS   COBRÁBAMOS  Y  QUE  NOS  BOLETEÁBAMOS         (sic)  QUE  REFLEXIONARA.  Y SALIÓ JULIÁN Y EL PAISA QUE ELLOS SE REGALABAN PARA MATARLOS.  ISNARDO  APARECIÓ  MUERTO  PARA  EL  LADO  DE  LA  PEÑA. YO QUIERO ACLARAR QUE  ANDRÉS   GALLARDO   HABÍA   DADO   LA   ORDEN   DE   DARLE   MUERTE  A  LOS  5  GASOLINEROS Y ENTRE ELLOS  ESTÁ          ISNARDO          ARISTIDES          QUINTERO         SANJUÁN.  LA ORDEN DE MATAR A ISNARDO  ARISTIDES  QUINTERO  LA DIO FUE ANDRÉS GALLARDO Y EL ESTÁ MUERTO, Y LOS QUE SE  REGALARON  PARA  HACERLO  FUE  EL  JULIÁN O EL LORO NUEVO QUE ESTÁ MUERTO Y EL  PAISA   QUE  ESTÁ  MUERTO  TAMBIÉN.  LO  QUE  SE  DECÍA  EN  LA  ORGANIZACIÓN   ERA  QUE  ELLOS  ERAN  LO[S]  QUE  LO  HABÍAN  MATADO.  PORQUE  ADEMÁS  TAMBIÉN  ESTABA  BUSCANDO  AL  ROLO  PARA MATARLO. EL  POLICÍA QUE ESTÁ CONDENADO.   

JULIO 16 DE 2010  

VOY A HACER UNA PRECISIÓN, A NOSOTROS SÍ  NOS  REUNIERON  PARA  DARLE  MUERTE A 5 GASOLINEROS. NOS REUNIÓ GALLARDO, NO ME  CO[N]STA QUE ASEGURO QUE  LOS  MATÓ.  CUANDO MATARON A ESE MUCHACHO SI FUE EL GRUPO O NO FUE EL GRUPO. YO  NO  ME HAGO RESPONSABLE DE ESO. YO ME HAGO RESPONSABLE DE SABER Y DE LA REUNIÓN  DONDE  SE DIJO QUE LES IBAN A DAR MUERTE. ESTÁBAMOS LOS FINANCIEROS, MECÁNICO,  VEROKA,  ANDRÉS,  FERCHO, CAMURO (EDUARDO CASTRO ÁLVAREZ), BETO PORQUE EL HACE  PARTE  DE  LA  SEGURIDAD  DE ANDRÉS, EL CHAVO (ÓSCAR PARDO MELO), CHURCO NO ME  ACUERDO  DE  MÁS  PERO  HABÍA  MÁS GENTE VALMER. YO ME ENTERÉ QUE LO HABÍAN  MATADO  PORQUE  LO  DIJERON  POR RADIO Y HABÍA PROPAGANDA DE ESO. YO A EL NO LO  IDENTIFIQUE  PORQUE  LA  IDENTIFICACIÓN  LA TENÍA CLARA GALLARDO. LO  QUE  YO  SE  ERA QUE ELLOS LA VÍCTIMA TRABAJABA PARA EL GRUPO  VENDIENDO  GASOLINA  DE  LA  DE  CÚCUTA Y COMO QUE HUBO UN DESFALCO DE DINERO Y  ELLOS   COMO   QUE   COMPRABAN   APARTE   GASOLINA   Y   POR   ESO  SE  PUSIERON  BRAVOS.”   

Señala,        además,      que      por  esos  hechos  la  Fiscalía  delegada para Justicia y Paz, le  formuló    imputación    a    Fredy    Contreras  Estévez.   

Destaca  la  defensora que “De  las  anteriores  diligencias se desprende de manera clara, que  en  el  crimen  del  señor QUINTERO SANJUÁN participaron miembros del grupo de  autodefensas  denominado “FRENTE HÉCTOR JULIO PEINADO BECERRA” como fueron,  Fredy  Contreras,  Miguel  Ángel  López  “Alias  El Paisa” y ORLANDO, este  último  fue  quien  le  propinó los disparos; pruebas contundentes que indican  que    el    Tribunal    del   Distrito   Judicial   de   Cúcuta   –  Sala Penal condenó a un inocente  (GUSTAVO   ADOLFO   LAVERDE   AGUIRRE)  por  la muerte de ISNARDO ARISTIDES, toda vez que dicho crimen, se  fraguó  por  miembros del citado grupo al margen de la ley, en el que nada tuvo  que  ver  mi  representado,  conforme se desprende de las narraciones efectuadas  por   los   postulados   JESÚS   ANTONIO   CRIADO   ALVERNIA,  FREDY  CONTRERAS  ESTEVEZ.”   

Con  tales  elementos  de juicio, concluye  la     demandante  que   se  acredita  la  inocencia  de  su  representado  en  los  hechos  por los cuales se le condenó,  porque  no existe prueba directa que lo señale como  autor     del    homicidio    agravado.   

En    síntesis,   cree   la  libelista que la responsabilidad y  autoría  en  los  delitos  por  los que fue condenado su defendido, sólo deben  predicarse   de   los   paramilitares   cuyos   testimonios  cita,  por  lo cual  pide   de   la   Corte  “Declarar  sin validez  el  fallo  objeto  de la presente acción de revisión (…) o que la actuación  sea  remitida  al  Despacho  judicial  de  la misma categoría, que la Honorable  Corporación  designe  diferente  a  aquél que profirió la decisión, a fin de  que  se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique para que  se  profiera  sentencia conforme a las nuevas pruebas aportadas al expediente de  la         referencia         …”       y       “…decretar  la  libertad provisional y/o definitiva del procesado  GUSTAVO    ADOLFO    LAVERDE    AGUIRRE.”   

  C O N S I D E R A C I O N  E S   

De  manera reiterada ha venido sosteniendo  la  Sala  de  Casación  Penal  que por constituir la acción de revisión un ataque contra la solidez de  la  cosa  juzgada,  no sólo debe someterse a las taxativas causales que para su  prosperidad  indica  el  artículo  220 del Código de Procedimiento Penal, sino  que  además  requiere  del  aporte  de  medios  de  prueba serios, procedentes,  idóneos  y con suficiente grado de credibilidad y trascendencia para conducir a  la  rectificación  del  error  que  se  le  adjudica  a la providencia atacada,  superando en ella la injusticia que el actor le atribuye.   

En   el   caso   presente,  la  defensora acude a la causal 3ª del  artículo  220  de  la  Ley 600 de 2000, que se refiere al surgimiento de hechos  nuevos  o  pruebas  no  conocidas  al  tiempo  de los debates que establezcan la  inocencia del condenado o su inimputabilidad.   

En  orden  a  fundamentar  su pretensión,  la  demandante  trae  a  colación  las  supuestas versiones rendidas por los desmovilizados Fredy  Contreras  Estevez y      Jesús     Antonio     Criado  Alvernia, los días 18 de  septiembre  de  2009,  17  de  abril  de  2009 y 16 de julio de 2010,    respectivamente,   ante  la  Unidad  Nacional  para  la Justicia y la Paz, admitiendo  el    primero    su  responsabilidad    en    el   homicidio     por     el    cual  se  condenó  a GUSTAVO ADOLFO LAVERDE  AGUIRRE;      y,      atribuyéndole,       el       otro,             el  compromiso  penal a otras personas  que     ni     siquiera     mencionó    Contreras  Estevez.   

No  obstante,  encuentra  la  Sala  que de  admitirse   la   existencia   de   tal    confesión,   de   un   lado,   y  señalamiento  del  otro,  por parte de esos  desmovilizados,  la tesis que se  pretende    sustentar,    a    saber,    que    el    demandante    GUSTAVO   ADOLFO   LAVERDE  AGUIRRE  no  participó     en     el    homicidio  de Isnardo  Aristides      Quintero     Sanjuán,  fue  objeto  de  amplio debate en las  instancias  y,  por supuesto, de consideración en el  fallo  demandado,  que  la desechó en la pertinente  confrontación   dialéctica   propia   de   la   valoración  probatoria,  tras  considerarse  que  lo  expresado  por  los  testigos  de  cargo,  que          señalaban        a        LAVERDE   AGUIRRE   como  el   autor   uno   del   homicidio,     ofrecía    completa  credibilidad  y, en consecuencia, aunados a la prueba  indiciaria   y   a   los   hallazgos  (el  vehículo  y      arma      de      fuego      utilizados  por  el  procesado) allí  analizados,  llevaban  a  la  certeza  de su autoría  en tales hechos.   

Entonces,  si  lo  que  ahora se trae como  prueba  nueva  es  apenas  el  dicho de unos personajes que intentan soportar la  tesis  defensiva ya examinada y dejada de lado por el  Ad   quem,  el  asunto  no  remite  a  la  demostración  de  la inocencia del  condenado,  sino  al  debilitamiento de la    sentencia,   pasando    por    alto    que    ya    ejecutoriada,    se    encuentra  revestida    de    una    doble    connotación     de     acierto     y     legalidad,     aspectos  esenciales  que difícilmente  podrían  desvirtuarse con unos nuevos testigos    que   ni   siquiera   se  refieren   expresamente   al  implicado   y  relatan  entre  ellos  historias  absolutamente  disímiles  que tampoco se asemejan en nada a lo que presenciaron  los  testigos  que  acompañaban  la  noche  de  los  hechos  a la víctima y al  sentenciado.   

En   efecto,  Fredy  Contreras  Estevez  (alias  Beto)  relató  que  el  homicidio de Isnardo  Aristides   Quintero  San  Juan,  fue  ordenado  por  “Orlando”.    

Dijo  que en el  hecho     participaron     “Orlando”,   alias   el   Paisa  (Miguel Ángel López) y Fredy   Contreras   Estevez,  quienes  llegaron  al  coliseo en  Ocaña  a eso de las 3:30 a.m. o 4:00 a.m. a bordo de  un   taxi;   obligaron   al   señor   Quintero    Sanjuán   a   subir   al  vehículo;     al     lado     del     chofer    se    sentó    “Orlando”,  en  la parte de atrás se  sentaron  alias  Beto y alias el Paisa; y, entre éstos iba la víctima, a quien  llevaron  hasta  un  sitio  conocido  como el Club de  Profesores,  en  donde  lo  ejecutó “Orlando”.  Y,  a  pesar  de que al inicio de su relato expresó  que  el  homicidio  obedeció a que Isnardo Aristides  Quintero  Sanjuán  le  estaba robando la gasolina a  los  paramilitares,  al final aseguró que no sabía por qué lo habían matado:  “…la   verdad   no   se   porque   (sic)  le dieron muerte…”   

No      obstante,     Jesús   Antonio   Criado   Alvernia,  alias  Mecánico,  presentó una versión totalmente  diferente sobre el mismo suceso.   

Este  aseguró  que  la  orden  provino de  Andrés    Gallardo:  “…Andrés Gallardo había dado la orden de darle  muerte  a  los  5  gasolineros  y  entre  ellos está Isnardo Aristides Quintero  Sanjuán…”;  debido a  que  ellos  habían  traído gasolina robada; los que  ejecutaron     el     homicidio    –agregó–  fueron   Julián  y  el  Paisa      que  “…se   regalaban   para   matarlos…”;   y   los  hechos  ocurrieron  en  las  inmediaciones  del  Batallón     de  Ocaña.   

Pero,  de  acuerdo  con  las  evidencias  recaudadas  en  la  investigación, especialmente los  testimonios     de     Rafael    Ernesto    Plata  Montaño, Héctor Eduardo  Chávez  Pacheco, Álvaro  Eliécer      Lobo     Sánchez,     Iván   José   Acuña,  César   Federico  Quintero  Sanjuán,  Robinson  Prado  Torres,  Nelson  Moreno  Chaparro,  Wilson     Mayorga,  Nelson  Contreras  Amaya,  Yesid Alexander Gallardo,  Adolfo     Becerra,  el  Tribunal  pudo  constatar  que  los  hechos  se  desarrollaron    de    forma    totalmente    diferente,    conforme    pasa   a  exponerse:   

“De todas las  anteriores  reseñas  de  los  testimonios  obrantes  en  la actuación se puede  inferir  razonablemente  que  (i) desde la noche del  día  17  de  diciembre  de  2004  hasta la madrugada del día siguiente, varios  individuos  se  encontraban  departiendo  y  libando  licor en inmediaciones del  sitio    conocido   como   el   coliseo  de  la  ciudad  de  Ocaña  (N.  de  S.),  (ii) entre los que se  encontraban  allí  está  Isnardo Aristides Quintero  Sanjuán, con sus amigos, (iii) que una vez allí se  presentó  en  ese  lugar GUSTAVO LAVERDE,  en un automotor, clase buseta, marca  Daewoo   Damas,   de   color   gris   y  de  placas  SCG–398,  la  cual era  conducida  por  él,  y  en  la  que  se  encontraban  otras  personas, (iv) que  entre  Isnardo Aristides Quintero Sanjuán y GUSTAVO  LAVERDE   existía   un   antecedente  de  enemistad  provocado  por  una pérdida patrimonial del segundo,  al  punto  que  el  primero  sabía  del  peligro  que  representaba para él la  cercanía  con  GUSTAVO  LAVERDE,  tal como se lo informó a sus amigos, (v) que  GUSTAVO  LAVERDE  efectivamente  se  encontraba  armado  de  una pistola como lo  señala  la  prueba  testimonial,  inclusive  la  agresión  sobre  una  prenda,  cachucha,  que  realizó  al accionar el arma, es decir, al realizar un disparo,  lo  que  demuestra  incluso  idoneidad  para dañar, en las afueras de un billar  donde   estuvo   antes,   (vii)  (sic)  que    al    encontrarse    en   el   mismo   lugar   Isnardo  Aristides  Quintero Sanjuán y  GUSTAVO  LAVERDE,  aquél  abordó  en  la  parte de  adelante  el automotor que era conducido por LAVERDE,  (viii) (sic) que   el   rodante   emprendió   su   marcha  dejando  en determinado sitio a sus ocupantes, hasta quedar dentro de él  los   tres   o   sea   Laverde,   el  Muchacho  que  iba  adelante  –Isnardo    Aristides–  que nunca lo había visto y el de  gafitas,  SAÚL  OSWALDO  TORRADO JÁCOME, no sólo por el reconocimiento de los  testigos  referidos,  sino  por la constancia que se deja por la Fiscalía en su  indagatoria,   “…como  señal  presenta  gafas  formuladas  por  padecer  de  miopía.”      (fl.      101).     (Se destaca)   

(vi)  que  los  tres  antes mencionados se  dirigieron  a  un  sitio  como  a unos cien metros en  línea  recta  de  La Cabaña donde se hallaba el señor Nelson Contreras Amaya,  quien  escuchó un total de tres disparos, cuando al momento prendieron un carro  que  se  dirigió  hacia  la  parte del club del Magisterio, es decir, con rumbo  como  quien  va para La Ermita, unos metros más allá después de una curva que  hay  ahí,  el  mismo  carro se devolvió y siguió para Ocaña, afirmación que  tiene  su  base en la declaración del mismo deponente al decir que vio un carro  pequeño,  sin  decir de qué color, pero sí que es un carro pequeño, como una  busetica  escolar,  porque  la  miró  a  distancia,  pero  que  es un vehículo  parecido  a  esas  buseticas  escolares. (…)   

Las   inferencias  realizadas  llevan  a  concluir   que  GUSTAVO  LAVERDE  AGUIRRE  le  causó  la  muerte  a  Isnardo  Aristides Quintero Sanjuán,  con     arma     de     fuego     –pistola     9     mm–,  la  madrugada del 18 de diciembre de 2004, en el sitio donde se  encontró  el cadáver de éste, lugar a donde fue transportado por el homicida,  en  el  vehículo  clase  buseta, marca Daewoo Damas, de color gris, rodante que  era   ocupado   también   por   SAÚL   OSWALDO   TORRADO   JÁCOME.”   

Es    evidente    que    los  desmovilizados  Fredy Contreras Estevez y  Jesús    Antonio    Criado   Alvernia,  ni siquiera coincidieron en lo esencial de sus declaraciones al  informar  acerca  de  la  autoría del homicidio y las circunstancias modales en  que  esa conducta punible de llevó a cabo; mucho menos concuerdan sus versiones  con   lo   que  declararon  el  proceso  los  testigos  presenciales,   que  vieron  a  Isnardo  Aristides  Quintero  Sanjuán  abordando un automotor totalmente  diferente     al     que    mencionó    Contreras  Estevez  y,  no  sólo  eso,  sino  que algunos de ellos permanecieron con la  víctima  hasta  cuando  quedaron en el vehículo únicamente los sentenciados y  Quintero  Sanjuán, luego  de  un  largo  recorrido en el que se fueron apeando hasta ser aproximadamente a  las 4:30 de la mañana, hora del deceso.   

Esa  circunstancia riñe con la ocupación  de  un  taxi  por  parte  de  los  victimarios  y de la víctima y contradice la  autoría,  conforme lo explicó el Tribunal en la sentencia de segunda instancia  cuya  revisión  pretende  la  accionante,  conforme  con  lo  que  se  acaba de  transcribir.   

Desde luego, la naturaleza y finalidades de  la  acción  de  revisión  no  pueden  servir  de escenario a un nuevo debate probatorio o controversial,  como  quiera  que siempre será posible allegar más  elementos de juicio o  tesis  novedosas encaminadas a demeritar las razones que motivaron la condena, o  cuando menos, fortalecer la postura contraria.   

Sin  embargo, cuando se pretende dejar sin  efecto  la  cosa  juzgada,  es  imprescindible  que  lo  allegado  comporte  una  objetividad  y  trascendencia  tal,  que su sola auscultación permita verificar  evidente  el yerro judicial, o mejor, patente que se cometió una injusticia que  requiere    de   remedio.   Lo   otro,   vale   decir,   la   presentación   de  pruebas,   incluso   de  dudoso  contenido  como  en este caso, para tratar de  soportar  una posición contraria a la del juzgador,  no   pasa   de  constituir  un  insustancial  intento  por  revivir  debates  ya  clausurados,  tratando  de perpetuar la discusión   y   dejando   de   lado  el    efecto    benéfico    del    principio de seguridad jurídica.   

En  el presente caso, se reitera, la tesis  aducida    por    la    defensa   en   el   curso   del   proceso   ordinario   se   basó   en   que  su  representado   no   intervino   en   el   homicidio  juzgado,  para  lo cual presentó pruebas     de     descargos    que    se  encaminaban     a  demostrarlo,  elementos  de  juicio  que  fueron  contrastados  por el  Tribunal  con  aquellos  de  cargo  traídos  por  la  Fiscalía,  particularmente,  los testimonios de Rafael    Ernesto   Plata   Montaño,  Héctor    Eduardo   Chávez   Pacheco,     Álvaro     Eliécer     Lobo  Sánchez,  Iván  José  Acuña,  César Federico  Quintero         Sanjuán,        Robinson  Prado  Torres,  Nelson  Moreno  Chaparro, Wilson     Mayorga,    Nelson  Contreras  Amaya, Yesid  Alexander Gallardo, Adolfo     Becerra,    quienes    confirmaron   el  encuentro  entre  Isnardo Aristides  Quintero   Sanjuán   y  GUSTAVO    ADOLFO    LAVERDE   AGUIRRE  durante  la  madrugada  del 18 de diciembre de 2004, en el sitio  denominado     el     Coliseo,    donde    Isnardo  Aristides   abordó  el  automotor  del  sentenciado  con quien permaneció hasta cuando fue ultimado por  éste     con     arma    de    fuego.   

Por   lo   tanto,   si  la  alegada    inocencia    de     GUSTAVO    ADOLFO    LAVERDE  AGUIRRE  en el  homicidio  que se juzgó   fue  ampliamente  discutida  en  el  proceso,  no  es  posible  que ahora se pretenda  reabrir     el     debate    sobre    una  tesis  derrotada,  entre otras cosas, porque lo sostenido por  la     accionante  no demuestra la inocencia  del  acusado, porque únicamente entrega otros  elementos  con los que pretende  continuar      soportando      los     argumentos  defensivos,   que   por   sí  mismos  nada      demuestran      y      mucho      menos     derrumban  la  justeza  de  la condena;  tampoco             determinan   otro  panorama   probatorio,   dado   que,   se   repite,  el    Juez   Colegiado   les   dio            completa  credibilidad  y  efectos  incriminatorios a lo dicho por  los testigos de  cargo  y  a  las  otras evidencias,  sin    que    esas    consecuencias   desaparezcan        porque   otros   ahora   traigan     versiones     distintas,    incluso,    carentes    de  credibilidad.   

Debe     entender     la   accionante   que  siempre  será  posible  encontrar  testigos  o  pruebas en general a partir de las cuales hacer  más  o  menos contundente una determinada tesis defensiva, para contraponerla a  aquella  que en los estrados judiciales salió avante. Pero, el proceso penal y,  en  concreto,  el  principio  de  seguridad  jurídica,  se  desnaturalizan  por  completo   si   esa   sola   circunstancia   pudiera  derrumbar       la       cosa       juzgada      o      facultara   adelantar   un   nuevo  trámite  encaminado a dejarla sin efecto.   

De esta manera cobra relevancia lo expuesto  en     ocasión    anterior    por    la    Sala2:   

“Precisamente,  la  condición  de  cosa  juzgada  busca  proteger  valores como los de la seguridad jurídica, definiendo  un  momento  concreto  en  el  que  el  debate  o discusión probatoria se hacen  inanes,  dado  que  siempre  será  posible,  con  mayores o mejores argumentos,  razonar  en  contrario  de lo decidido y, por esta misma vía, habrá múltiples  oportunidades  posteriores en las que unos u otros testigos que no comparecieron  al  proceso, manifiesten conocimientos más o menos cercanos a lo sucedido, que,  conforme  la particular interpretación o intereses de quien los escuche, puedan  conducir  a diversas interpretaciones acerca de la concreta intervención de los  condenados.   

“Pero, esas circunstancias no son las que  validan  acudir  al  mecanismo  excepcionalísimo  de  controversia  dirigido  a  derrumbar  la  cosa  juzgada,  en tanto, si así fuese,  perdería éste su  condición  especial y siempre sería posible acudir ante la judicatura para que  se hagan reexámenes impertinentes de lo probado y decidido.”   

Así  las  cosas,  cuando los pretendidos  desmovilizados     al     parecer    buscan  respaldar  la  coartada  propuesta  por  el  condenado, de  ninguna    manera    exhiben    la    contundencia   necesaria  que    invariablemente    conduzca    a   verificar   que     la     sentencia     condenatoria    está    errada,   o   que   es   ajena   al   valor   justicia,  en  tanto,  representan  apenas  unos  elementos probatorios  que  no  presentó  la defensa en el curso del juicio, buscando que hoy se tomen  en   cuenta  aisladamente,  como  si  en  contrario  otras  más  significativas  probanzas no hubiesen sido allegadas.   

La razón de ser de la acción de revisión  es  la  de  subsanar  los defectos materiales de aquellas providencias que ponen  fin  al proceso penal, tanto en la instrucción como en el juicio, proferidas en  contravía  de  una  recta  administración  de justicia, atendiendo al interés  general  de  la verdad y de la justicia como forma de garantizar una convivencia  pacífica  y un orden justo para el conglomerado social. Pero no es un mecanismo  para  revivir  debates  finiquitados,  sino la justicia  en  su dimensión positiva, para evitar que se condene  a inocentes o se absuelva a los responsables.   

Por  lo  tanto,  al  no  tener  las pruebas  aducidas  el  poder  de  desvirtuar  el  juicio  de  reproche  recaído sobre el  condenado,  la condición de res iudicata que  ampara  la  decisión  atacada,  se alza incólume frente a los  alegatos de la demandante.   

En  mérito  a lo expuesto, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  Sala  de  Casación Penal,   

  R   E   S  U  E  L  V  E   

INADMITIR  la  demanda  de  revisión  presentada  por  la  apoderada  especial     de     GUSTAVO     ADOLFO    LAVERDE  AGUIRRE, de conformidad con  las    razones    consignadas    en    la    anterior    motivación.   

Contra  esta decisión procede el recurso  de reposición.   

Cópiese,      notifíquese     y  cúmplase.   

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

Magistrado  

LUIS       BERNARDO       ALZATE  GÓMEZ                                  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO   

                       Conjuez                                                                                                        Magistrado   

FERNANDO       A.       CASTRO  CABALLERO                          JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL   

                Magistrado                                                                                       Conjuez   

LUIS      GUILLERMO      SALAZAR  OTERO                           YESID VIVEROS CASTELLANOS   

Magistrado                                                        Conjuez   

Nubia Yolanda Nova García  

Secretaria    

1  Artículo   220.   La   acción  de  revisión  procede  contra  las  sentencias  ejecutoriadas, en los siguientes casos: (…)   

3.   Cuando   después  de  la  sentencia  condenatoria  aparezcan  hechos  nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo  de   los   debates,   que   establezcan   la   inocencia  del  condenado,  o  su  inimputabilidad. (…).   

2  Sentencia del 30 de abril de 2008, radicado 25132     

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