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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Aprobado Acta No. 382
Bogotá D.C., octubre diecisiete (17) de dos mil doce (2012).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por el acusado JAIME DE JESÚS CUELLO DUARTE en contra de la providencia proferida el 8 de agosto de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por cuyo medio rechazó la solicitud de preclusión incoada por la defensa.
ANTECEDENTES RELEVANTES
El 30 de agosto de 2011 la Fiscalía 7ª Delegada ante el Tribunal de Barranquilla radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del Fiscal JAIME DE JESÚS CUELLO DUARTE por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Luego de varios aplazamientos impetrados por la defensa, la diligencia se llevó a cabo en sesiones del 28 de octubre y 3 de noviembre ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, donde se comunicó la imputación y se impuso al doctor CUELLO DUARTE medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.
El 26 de noviembre siguiente, la Fiscalía radicó escrito de acusación ante el Tribunal Superior de Barranquilla, llevándose a cabo la audiencia respectiva el 16 de enero de 2012; la reunión preparatoria se concretó los días 30 de abril y 28 de mayo de la corriente anualidad. En esta última calenda se inició audiencia de preclusión de investigación solicitada por la defensa, diligencia que se continuó el 8 de agosto, cuando la Colegiatura a quo rechazó la pretensión, determinación impugnada por el acusado, en ejercicio de su defensa material.
PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla considera que la causal de preclusión invocada por la defensa, contenida en el artículo 332-1 del Código de Procedimiento Penal, no se ha configurado en tanto el único vencimiento de términos que permite solicitar la preclusión es el previsto en el artículo 294 ibídem. Además, porque las causales de preclusión están taxativamente consagradas en la ley y dentro de ellas no se incluye la aducida por la defensa. Además, el archivo invocado por la defensa como sanción por la inactividad estatal es una decisión no jurisdiccional a cargo del Fiscal delegado, que permite reiniciar la actuación cuando surjan nuevas evidencias.
De otra parte, el parágrafo del artículo 332 ibídem contempla la posibilidad de la preclusión en la etapa de juzgamiento en el evento de sobrevenir las causales 1 y 3, hipótesis no satisfecha en tanto la circunstancia pregonada se configuró en la indagación preliminar.
LA IMPUGNACIÓN
El doctor JAIME DE JESÚS CUELLO DUARTE aduce que el Tribunal a quo incurrió en un error de interpretación normativo por cuanto en el sistema jurídico nacional existen dos preceptivas que se refieren al archivo de la investigación: el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, reguladora de los eventos donde no existen elementos que permitan pregonar la configuración del hecho delictivo y, el artículo 175 ibídem, que establece la preclusión cuando el Fiscal deja vencer el término razonable para adelantar la investigación.
El artículo 77 del citado estatuto contempla las causales de extinción de la acción penal con carácter enunciativo y no taxativo, de forma que el archivo previsto en el artículo 175 podría ser parte de esa norma, específicamente, en tanto incluye la expresión en “los demás casos contemplados por la ley”.
El Tribunal tampoco distinguió las dos líneas argumentativas desarrolladas por la defensa para solicitar la preclusión y simplemente rechazó su tesis por existir varias interpretaciones de la norma, pretermitiendo la aplicación del principio ecuménico pro homine, en virtud del cual se impone aplicar la norma que de mejor manera proteja los derechos de las personas.
Además, la Colegiatura a quo no resolvió los cinco problemas jurídicos propuestos ni se refirió al plazo razonable de la indagación, soslayando la aplicación del principio de favorabilidad invocado.
Por último, sostiene, su postura en torno al artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 recoge el espíritu del legislador de proscribir procedimientos indefinidos y sancionar con el archivo las actuaciones que no cumplan los plazos establecidos.
ARGUMENTOS DE LOS NO RECURRENTES
La Fiscalía solicita confirmar la decisión impugnada por cuanto el recurrente no ha debatido los argumentos expuestos por el Tribunal. En tal sentido, afirma, el recurso no fue correctamente sustentado porque no se indicó en qué clase de error de interpretación se incurrió y, además, quien sustentó la impugnación fue la defensora y no el acusado, sujeto procesal apelante.
Desestima el planteamiento defensivo según el cual en virtud del principio de integración puede considerarse que la expresión “los demás casos contemplados por la ley” incluye el vencimiento de términos del parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 porque esa expresión remite al artículo 82 del Código Penal y no al archivo de la investigación. Lo anterior porque el archivo no es una causal de extinción de la acción sino una orden motivada que debe notificarse al indiciado, no hace tránsito a cosa juzgada material, razón por la cual puede ser revocada.
En otro sentido, afirma, la Fiscalía no dejó vencer ningún término, resultando infundada la pretensión del acusado. Y aunque el Tribunal no particularizó los problemas planteados por el acusado, sí les dio respuesta a lo largo del proveído.
Finalmente, señala que la causal 7 del artículo 332, por expresa prohibición legal, no puede ser invocada por la defensa, menos aun cuando la Fiscalía presentó el escrito de acusación dentro del término legal. Además, en la petición de preclusión no se incluyó esa circunstancia como base de la solicitud, de suerte que el Tribunal no pudo responder a esa línea argumentativa porque no se propuso.
El Ministerio Público manifiesta estar conforme con la decisión en tanto no existe preclusión por vencimiento de términos. Además, no se efectuó una verdadera sustentación del recurso porque no se refutaron los argumentos expuestos por el Tribunal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Corte es competente para conocer este asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por tratarse de un auto proferido en primera instancia por un Tribunal Superior.
En orden a definir la impugnación propuesta, la Sala abordará el estudio de los siguientes tópicos derivados de los argumentos expuestos por el recurrente: i) sustentación del recurso; ii) la preclusión; iii) la causal primera de preclusión y, iv) la causal séptima de preclusión.
i. Sobre la sustentación del recurso
Dado que la Fiscalía y el Ministerio Público piden declarar desierto el recurso incoado por el doctor JAIME DE JESÚS CUELLO DUARTE al considerar que no fue sustentado en debida forma, la Sala revisará dicho tema en forma prioritaria.
Este reparo se concreta en dos situaciones: i) que la sustentación del recurso la realizó la defensora y ii) que no se refutaron los argumentos expuestos por el Tribunal a quo.
El primer cuestionamiento no comporta irregularidad sustancial que impida la consideración del recurso dado que la abogada explicó que leía los argumentos escritos por el doctor CUELLO DUARTE en razón a la enfermedad que lo aquejaba, como consecuencia de la cual tenía “la voz bajita”, situación atendible dadas las diversas certificaciones médicas aportadas al proceso.
La censura relacionada con la falta de controversia de los argumentos expuestos por el Tribunal no tiene respaldo en el decurso procesal como quiera que el impugnante otorgó razones concretas en torno a su disenso con la determinación impugnada, las cuales se relacionan con el supuesto vencimiento del término para adelantar la indagación, el archivo de las diligencias y la configuración de la causal de preclusión del artículo 332-1 del estatuto procesal penal, puntos abordados en la decisión confutada.
Por ello, la Sala conocerá del recurso de apelación para decidir de fondo sobre las censuras formuladas.
i. Sobre la preclusión de la investigación
Los artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004, atribuyen a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal en virtud de la cual debe investigar los hechos de connotaciones punibles, siempre y cuando obtenga elementos de juicio suficientes sobre su probable configuración.
Así mismo, la Ley 906 de 2004 prevé que cuando la Fiscalía no encuentre mérito para acusar, debe acudir al juez de conocimiento para solicitar la preclusión de la investigación según las causales previstas en la ley.
En ese orden, el instituto procesal de la preclusión de la investigación comporta la terminación de la actuación penal sin agotar todas las etapas procesales ante la ausencia de mérito para formular cargos en contra del indiciado o imputado. Se trata, por tanto, de una determinación de carácter definitivo adoptada por el juez con funciones de conocimiento, por cuyo medio se ordena cesar la persecución penal respecto de los hechos materia de investigación.
De esta manera, en el nuevo esquema procesal penal la definición del proceso está adscrita al juez mediante el control de la aplicación del principio de oportunidad, la declaratoria de la preclusión del proceso, o la sentencia.
Los artículos 331 a 335 del citado estatuto regulan la preclusión de la investigación estableciendo que puede ser decretada por el juez de conocimiento en cualquier etapa procesal, a instancias de la Fiscalía, incluso antes de la formulación de la imputación, cuando encuentre acreditada una de las situaciones contempladas en el canon 332:
“1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este Código”.
También procede la preclusión en cualquier etapa del trámite cuando se verifique la configuración de los motivos de extinción de la acción penal del artículo 77 del Código Penal, a saber: muerte del imputado o acusado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad de la querella y desistimiento. Y en los previstos en el artículo 82 del Código Penal que, adicional a los anteriores, prevé el pago, la indemnización integral y la retractación en los casos previstos en la ley.
Las causales 1 y 3 del canon 332, relativas a la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado, también pueden ser solicitadas por el Ministerio Público o por la defensa en la etapa de juzgamiento.
Adicionalmente, según decisión de la Corte Constitucional1, es posible, una vez incoada la preclusión por la Fiscalía, que la defensa coadyuve la petición, invoque una causal no esbozada y controvierta los argumentos de los demás intervinientes, con lo cual el juez tendrá más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de la solicitud.
i. De la causal primera de preclusión
Sostiene el recurrente que en el evento bajo examen se configura la causal primera de preclusión por cuanto la Fiscalía superó el término de tres años previsto en el parágrafo del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por la Ley 1453 de 2011, para formular imputación.
En apoyo de su postura informa que la noticia criminal fue presentada a mediados del año 2008 y sólo hasta el 30 de agosto de 2011 la Fiscalía acudió al juez de control de garantías a solicitar la realización de la audiencia de formulación de imputación, en lo cual observa vulneración de su derecho fundamental a ser procesado dentro de un plazo razonable.
Colige que como el ente acusador excedió el término máximo fijado en la preceptiva mencionada, por analogía, procede el archivo de la investigación y, consecuentemente la preclusión de la investigación como sanción por su incapacidad de actuar en el plazo razonable previsto en la ley. Ello por cuanto la figura del archivo configura una de las circunstancias contempladas en el artículo 77 de la Ley 906 de 2004 para autorizar la extinción de la acción penal.
La causal preclusiva impetrada por la defensa, contenida en el artículo 332-1 de la Ley 906 de 2004, permite solicitar la preclusión cuando existe “1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”.
Dicha causal se refiere a los eventos donde concurre alguno de los supuestos fácticos de extinción de la acción, pues son ellos los que impiden el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Por tanto, esa preceptiva remite a los artículos 77 de la Ley 906 de 2004 y 82 del Código Penal por tratarse de las normas que establecen los motivos por los cuales, en un evento particular, fenece el ius puniendi.
Así, son circunstancias objetivas que imposibilitan iniciar o continuar la acción penal: la muerte del imputado o acusado, la prescripción, la aplicación del principio de oportunidad, el desistimiento, la amnistía, la oblación, la caducidad de la querella, el desistimiento, el pago, la indemnización integral y la retractación en los casos previstos en la ley.
En ese contexto, la hipótesis planteada por el recurrente carece de fundamento por cuanto el vencimiento de términos no está incluido dentro de las causales de extinción de la acción penal.
Aún más, ni siquiera el parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 establece que la consecuencia del incumplimiento de los plazos allí previstos para adelantar la indagación sea el archivo del expediente, la preclusión de la investigación o la extinción de la acción penal. Por tanto, la afirmación del impugnante no sólo adolece de sustento jurídico sino que también se aparta de la realidad.
En efecto, la norma en cuestión prevé,
“Art. 175. Modificado L. 1453/11, art. 49. Duración de los procedimientos. (…)
Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminal para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trata de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años”.
Como se ve, esa preceptiva no prevé la consecuencia argüida por el doctor CUELLO DUARTE; aún más, no establece ninguna sanción específica, situación que evidencia la absoluta improcedencia de la preclusión invocada.
Pero, además, no sobra señalarlo, la definición de las causales de extinción de la acción penal y de preclusión de la investigación, dada la disposición del poder punitivo que entrañan, constituye una labor del resorte exclusivo del legislador.
En efecto, conforme al principio de reserva legal, la autoridad facultada constitucionalmente para producir normas de carácter penal es el órgano legislativo, pues esa es su función natural en desarrollo del principio de división de poderes, en tanto ostenta la representación popular, esencial para la elaboración de las leyes, especialmente las de carácter penal.
Nótese lo expuesto por la Corte Constitucional en torno a esta materia,
“Puestas así las cosas, en materia de extinción de la acción penal, el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad al momento de establecerlas, siempre y cuando dicha regulación respete los mencionados límites. Al respecto, la Corte en sentencia C- 1490 de 2000 consideró que “[d]efinir las causales de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador, que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social.
En igual sentido, esta Corporación en sentencia C- 899 de 2003 estimó que “las causales de extinción del proceso penal constituyen materia sujeta a la libre configuración del legislador, y a menos que resulten desproporcionadas y atentatorias de los derechos fundamentales constitucionales, aquellas pueden ser diseñadas de acuerdo con la política criminal acogida por la ley”2 (subrayas fuera de texto).
Por tanto, resulta contraria al ordenamiento jurídico nacional la afirmación del impugnante conforme a la cual es posible establecer por analogía nuevas causales de extinción y de preclusión de la acción penal, pues sólo el legislador puede definir tales aspectos.
Recuérdese que la analogía es un criterio hermenéutico auxiliar en virtud del cual el operador judicial aplica la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero cuyo supuesto fáctico es similar, situación que en el evento bajo examen no se configura, en tanto el problema jurídico planteado no comporta aplicar una regla a un caso semejante sino crear nuevas causales de extinción y de preclusión de la acción penal.
Un método interpretativo, se insiste, no puede ser utilizado para disponer de la acción penal en casos no contemplados expresamente en la ley, como lo pretende el impugnante.
La expresión contenida en los cánones 82 y 77 de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, conforme la cual, la extinción de la acción también procede en “los demás casos contemplados por la ley”, utilizada por el impugnante para afirmar la posibilidad de que el vencimiento de los términos de indagación previstos en el parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 puede constituir otro motivo de extinción de la acción, en realidad constituye una herramienta jurídica del legislador para reafirmar que sólo la ley puede definir los eventos de extinción de la acción. Así mismo, es un instrumento facilitador de adiciones normativas, en las que, de manera expresa, se establezcan nuevas circunstancias.
Pues bien, excluida la configuración de la causal de preclusión invocada, contrario a lo considerado por el impugnante, no era necesario que el Tribunal a quo se adentrara en el estudio de otras argumentaciones esbozadas, dada su falta de capacidad de sustentar la pretensión defensiva.
Por último, no sobra señalar que aunque el incumplimiento de un término legal como el previsto en el parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 no concreta causal de archivo de la indagación, de extinción de la acción o de preclusión investigativa, si puede generar acciones disciplinarias en contra de los funcionarios que los pretermitan o, incluso, solicitudes y acciones de las partes o intervinientes orientadas a hacerlos cumplir.
iv) De la causal séptima de preclusión
Aduce el impugnante que el Tribunal no dio respuesta a su segunda línea argumentativa, relacionada con la configuración de la causal 7 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, escuchado el audio de la respectiva audiencia, la Sala colige que la petición se fundó exclusivamente en la causal primera y si bien en la parte final de la exposición se alude al artículo 294 ibídem, se hace para asemejar el vencimiento de términos allí referido con el planteado en la solicitud, pero no profundiza en esa temática ni se funda en ella la postulación.
Con todo, ni la defensa ni el doctor CUELLO DUARTE podían acudir a esa causal para invocar la preclusión por no estar habilitados legalmente para ello.
En efecto, el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 establece “durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. Es decir, sólo con base en estas dos causales podía la defensa y/o el acusado solicitar la preclusión. Cualquier referencia a otras circunstancias no podía ser atendida por el juez de conocimiento por estar excluida tal posibilidad por el ordenamiento procesal nacional.
De otra parte, contrario a lo afirmado por el recurrente, el simple vencimiento de términos, aún en el evento del artículo 294 ibídem, no genera la preclusión de la investigación por cuanto, conforme lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, acogida por esta Corporación3, también se debe verificar que no exista prueba para acusar, dado que el canon 250 de la Constitución Nacional sólo permite la preclusión de la investigación cuando “según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.
Así, nótese lo expuesto por el Tribunal Constitucional,
“Adviértase entonces que, contrario a lo sostenido por la demandante, el juez de conocimiento no deberá declarar la preclusión de la investigación pasados sesenta (60) días, sino que la defensa o el Ministerio Público podrán solicitarle tal medida. En otras palabras, el juez decidirá autónomamente si se presenta o no alguna de las causales legales que justifiquen tal decisión.
Entendida la norma legal en términos de facultad y no de obligación es evidente que el cargo de inconstitucionalidad por violación del derecho fundamental de las víctimas de acceder a la justicia no está llamado a prosperar. En efecto, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no establece una causal objetiva de extinción de la acción penal; tan sólo pretende ponerle término a una situación procesal anormal, derivada de la inactividad del órgano investigador, la cual termina afectando la libertad del imputado.(…)
Quiere ello decir que, interpretando armónicamente los artículos 294 y 332.7 de la Ley 906 de 2004, se tiene que pasados sesenta (60) días desde de la audiencia de imputación de cargos, el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación. Adviértase entonces que, en este caso, no son ya la Defensa o el Ministerio Público quienes elevan ante el juez la solicitud de preclusión, sino que lo hace el órgano de investigación.
Ahora bien, en esta segunda hipótesis, al igual que la examinada en relación con aquella atinente a la Defensa y el Ministerio Público, el juez de conocimiento no se encuentra obligado a decretar la preclusión de la investigación. En efecto, se debe tener en cuenta que el artículo 250 Superior dispone lo siguiente:
“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
(…)
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiere mérito para acusar. (subrayado y negrillas agregados).
En otras palabras, la causal séptima de preclusión, consagrada en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, debe ser entendida de conformidad con la Constitución, lo cual significa que, no basta con el transcurso de sesenta (60) días para que automáticamente se deba decretar la preclusión de una investigación. De llegar a entenderse la norma legal en esos términos, allí sí, se estarían desconociendo los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, por cuanto un delito grave quedaría impune debido a la falta de diligencia del órgano investigador. (…) De allí que no se justificaría constitucionalmente que estos casos, en términos de víctimas, la negligencia o la incapacidad del órgano de investigación conllevara la procedencia automática de una causal de preclusión, decisión que, como se sabe, hace tránsito a cosa juzgada”4 (subrayas fuera de texto).
De esta forma, la preclusión del artículo 332-7 del Código de Procedimiento Penal no se configura por el simple transcurso del tiempo, pues, además, se requiere verificar la inexistencia de mérito para acusar, conforme a los criterios legalmente establecidos.
Lo anterior por cuanto el proceso penal moderno no sólo debe velar por el ejercicio ius puniendi, entendido como mecanismo para determinar la responsabilidad penal individual, sino que también debe propender por materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
En ese orden, al interior de la actuación penal deben ponderarse los derechos de las personas procesadas y los de las víctimas de los delitos, tal como ocurre en el evento bajo examen, donde la normatividad establece unos plazos para adelantar la indagación, pero su incumplimiento no genera automáticamente el archivo de las diligencias o la preclusión de la acción, pues, además, deben considerarse otros aspectos a efectos de materializar el principio de justicia material, así como los derechos de las víctimas.
El anterior panorama permite a la Sala concluir que la causal de preclusión invocada en al etapa del juicio por el acusado JAIME DE JESÚS CUELLO DUARTE no se ha configurado, razón suficiente para confirmar la determinación adoptada por el Tribunal Superior de Barranquilla.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. CONFIRMAR la decisión impugnada, contenida en el auto del 8 de agosto de 2012 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por lo expuesto.
2. DEVOLVER la actuación al Tribunal de origen para lo de su cargo.
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.
Notifíquese y Cúmplase.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Sentencia C-648 del 24 de agosto de 2010, por cuyo medio se declaró inexequible la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, así: “En efecto, la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si bien tiene sentido en relación con las víctimas y el Ministerio Público, constituye una medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecución de ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan sólo una intervención limitada, excepcional y poco consecuente con su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión, es una medida que no apunta a (i) racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; (ii) tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni (iii) mucho menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás partes e intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar al defensor del imputado para que interviniera no sólo en caso de oponerse a la petición del fiscal, sino además cuando desee desplegar otras actuaciones más acordes con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía; (ii) alegar una causal de preclusión distinta de la planteada por la órgano investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los demás intervinientes, le permitirá al juez de conocimiento contar con más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de petición de preclusión”.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-828 del 20 de octubre de 2010.
3 Cfr. Sentencia del 10 de octubre de 2010, Rad. No. 29533.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-806 de 2008.