39502(05-08-13)

2013

Asistente Jurídico Inteligente

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente:  

Luis Guillermo Salazar Otero  

Aprobado Acta No. 251  

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil  trece (2013)   

ASUNTO  

Decide la Corte sobre la demanda de casación  presentada  por  el  defensor  de  Jaime  García  Tautiva  contra  la sentencia  proferida  por  el  Tribunal  Superior de Ibagué el 22 de marzo de 2012, que al  confirmar  la  emitida  en  primera  instancia por el Juzgado Séptimo Penal del  Circuito,  condenó  al  procesado  a la sanción privativa de la libertad de 75  meses  de  prisión como responsable de los delitos de peculado por apropiación  y falsedad ideológica en documento público.   

HECHOS Y ACTUACIÓN RELEVANTE  

Los  hechos de este proceso fueron reseñados  en el fallo impugnado, así:   

“Los  hechos  tuvieron lugar entre el 21 de  septiembre  de  2000  y  el  20  de junio de 2001, cuando Jaime García Tautiva,  quien  para  esa  época  laboraba  como  empleado  de la Oficina Judicial de la  Dirección  Seccional  de Administración Judicial de esta ciudad, encargado del  manejo  de  los  títulos judiciales, ofició al Banco Agrario de Colombia, para  que  cancelara los títulos judiciales identificados con los números 0005271696  por  valor  de  $1´050.167  y  0002619365, por valor de $1´286.205 que habían  sido   consignados   por  un  embargo  decretado  dentro  del  proceso  judicial  adelantado  por  Gloria  Romero  Quijano  en  contra  de  Álvaro Orlando Cerón  Arciniegas,  en  el  Juzgado  Quinto  de  Familia  de  Ibagué  y  para  que los  convirtiera en CDT´s.   

Fue  así  como  el banco constituyó los dos  certificados   de   depósito   a   término   con   números   18892  y  18893.  Posteriormente,  el  20  de  junio  de  2001,  mediante oficio DESAJ-OJ 0918, el  procesado  solicitó  al  banco  no  prorrogar los CDT´s y por esta razón, los  dineros  fueron  enviados  a  la cuenta del juzgado, donde fueron irregularmente  reclamados por distintas personas”.   

Por estos hechos y tras evidenciarse que quien  alteró  documentos  y  dispuso  de la apropiación de los referidos depósitos,  fue  el  empleado  Jaime  García  Tautiva, la Fiscalía 50 Seccional de Ibagué  dispuso   apertura   instructiva   el   20   de   agosto   de   20041.   

A  propósito  se  allegó  diversa  prueba,  principalmente   testimonial,   escuchándose   en  indagatoria  al  incriminado  (fl.28),  quien  sostuvo  en este acto haber sido juzgado por los mismos hechos,  razón  por  la  cual  se  remitió  el  asunto ante el Juzgado Quinto Penal del  Circuito  de  Ibagué,  autoridad  que  mediante  auto  del  5  de julio de 2005  precisó  el  objeto  del  expediente  allí  adelantado  en  contra  del  mismo  imputado,  observando  que  en  relación  con  los  dos títulos en mención no  había     existido     pronunciamiento    alguno2.   

Ampliada   la   indagatoria   en   diversas  oportunidades3,  después  de  varias vicisitudes procesales, el 5 de diciembre de  2006  la Fiscalía 50 Seccional profirió resolución acusatoria por los delitos  de  falsedad  ideológica  en  documento público y peculado por apropiación en  contra            del            indagado4,  en  decisión ratificada por  la  Fiscalía  Delegada  ante  el Tribunal Superior de Ibagué el 26 de julio de  2007.   

Tramitada la fase del juicio se emitieron las  sentencias   de  primera  y  segunda  instancia  en  los  términos  previamente  glosados.   

DEMANDA  

Dos son los reparos que el procurador judicial  del   sentenciado   postula   en   contra   de   la   sentencia   recurrida   en  casación.   

Aduce   a   través   del  primer  reproche  “error   de  hecho  y  falso  juicio”,  bajo  el  entendido  que las sentencias hicieron caso omiso a las  explicaciones  y  pruebas  aportadas por el procesado, de acuerdo con las cuales  se  evidencia que no podía cometer los delitos que le fueron atribuidos, razón  por   la   cual,   afirma   acude   a   la   “causal  tercera”   por   ser  las  sentencias  “dictadas   en   un   juicio   viciado  de  nulidad”,  pues  se  viola  en forma “directa las  normas sustanciales y las procesales”.   

Enfatiza  el actor que la responsabilidad por  el  manejo de los depósitos judiciales, acorde con el reglamento 1798 de 1963 y  la   Ley   Estatutaria   de   la  Administración  de  Justicia,  recae  en  los  “funcionarios”  y  no en los empleados, esto es, que la posición de garante  es  de  aquéllos,  de  donde colige que García Tautiva actuó amparado por una  causal de ausencia de responsabilidad.   

No  escapa  a  su alegato que se considere en  forma  “subsidiaria”, la “existencia de la figura  de  la  prescripción”,  a  partir de nociones tales  como   los   de  “motivación  sofística,  falsa  o  aparente”,  pues  entonces  concurrirían errores de  esta     especie,     máxime     cuando    no    reflejan    un    “contenido  de  verdad” y este tema no  atañe  exclusivamente  a  la  “valoración  de  las  pruebas”,  para  concluir  en  que  una  motivación  sofística socava la valoración.   

A  manera de segundo cargo, sostiene falta de  aplicación  de  la  norma  sobre  cosa juzgada y desconocimiento del non bis in  ídem.   

Asegura  el  actor que García Tautiva ya fue  juzgado  por los mismos hechos, asunto que culminó con sentencia anticipada que  ya hizo tránsito a cosa juzgada.   

Con  base  en  las  anteriores  alegaciones,  solicita se case el fallo y absuelva al procesado.   

CONSIDERACIONES  

1.  Son  realmente  manifiestos, múltiples y  protuberantes  los  desaciertos  en  que  ha incurrido el defensor del procesado  Jaime  García  Tautiva en la elaboración del escrito de demanda del recurso de  casación  interpuesto,  que  conducen  en  forma  consecuente a su inadmisión.   

2.  En  efecto,  como  queda visto, el primer  reparo  desatiende  en  forma  elocuente  los  presupuestos  de  fundamentación  adecuada  y  formulación,  que  impone  la  clara  y precisa indicación de sus  argumentos  correspondientes,  aludiendo  al  propio  tiempo  no sólo a motivos  distintos  de  inconformidad que suponen causales dispares, sino que acude a una  inaudita  amalgama  de  motivos para expresar su escueta oposición con el fallo  impugnado.   

3. Aduce “error de  hecho  y  falso  juicio”,  sin  parámetro alguno de  referencia  que  lo  justifique,  esto  es,  sin  precisar  la especie del error  fáctico  concurrente,  para  involucrar  en  su lugar juicios de desaprobación  sobre  el  mérito  concedido  a  las exculpaciones del imputado y a las pruebas  que,  en  genérico,  dice le favorecerían, afirmando simultáneamente que, por  la  misma causa, el proceso estaría viciado de nulidad, al concurrir violación  “directa” de la ley sustancial.   

4.    La    simultaneidad   de   posturas  irreconciliables  desde  la  perspectiva de los enunciados lógicos determina la  inviabilidad  de  alguno  de  ellos, pues como bien se sabe le está vedado a la  Corte  escoger  de las variables que entrañan semejantes enunciados, a cuál, a  ciencia  cierta, se quiso referir en concreto el demandante, pues fluctúa entre  todas las causales posibles.   

El único motivo que, sin apego, no obstante,  a  un  motivo  casacional  en  particular,  es  expuesto  por el libelista, dice  encontrar  inconformidad  en  el  hecho  de no estar bajo la responsabilidad del  procesado  el  directo  manejo de los depósitos judiciales, aun cuando, en modo  alguno  explica  la  razón por la cual la disponibilidad material ostentada que  lo  condujo  a  manipular  el  destino  de  la  suma millonaria era óbice para,  conforme   se   procedió   en   las   decisiones   controvertidas,   atribuirle  responsabilidad  penal  por  los  hechos  que  fueron objeto de acusación en su  contra.   

5.  El  segundo  cargo  tampoco  escapa  a la  desaprobación   desde   la   perspectiva  de  su  idoneidad  para  provocar  el  proferimiento  de  una  decisión  casacional  de fondo, pues carece de la menor  consistencia en sus argumentos de sustentación.   

6.  En  la  síntesis  correspondiente  a  la  actuación  procesal  de  este  asunto  tuvo a bien glosar la Sala que desde las  postrimerías  de la investigación, concretamente a partir de cuando se produjo  la  vinculación mediante indagatoria de Jaime García Tautiva y como quiera que  invocara  la  cosa  juzgada  bajo el genérico entendido de haber sido objeto de  juzgamiento  penal  por  los  mismos  hechos, la Fiscalía hubo de clarificar el  tema,  observando  que  si  bien en contra del imputado cursó proceso penal que  culminó  con  sentencia  anticipada  (que  cobró  ejecutoria al inadmitirse la  demanda  de  casación  por  auto  del 27 de junio de 2007), no se trató, desde  luego,  del  mismo  factum,  toda  vez  que  los  títulos de depósito judicial  fraudulentamente  cobrados  y  por  los  cuales  se  indagó  en este asunto, no  hicieron  parte  de  aquéllos  de  que se ocupó tal diligenciamiento, como que  comprendieron  a otros despachos judiciales y no al Juzgado Quinto de Familia de  Ibagué a que pertenecían aquéllos.   

7.  La  tozuda  claridad de estos pormenores,  permitió  repudiar  el planteamiento de violación al non bis in ídem que, sin  el  más  mínimo  fundamento  se  adujo reiteradamente durante la actuación de  este  proceso  y,  en  consecuencia,  también desde luego sin razón alguna, se  itera  en  casación,  tema  que  por  las  razones  indicadas repudia cualquier  viabilidad    de    una    decisión   en   el   fondo   para   rechazarlo   por  infundado.   

Así las cosas, dados los ostensibles defectos  de postulación, la demanda invocada deberá inadmitirse.   

* * * * * *  

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de  Justicia, Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

Inadmitir la demanda de casación presentada a  nombre del procesado Jaime García Tautiva.   

Contra  esta  decisión  no  procede  recurso  alguno.   

Cópiese,   comuníquese,   cúmplase   y  devuélvase el expediente al Tribunal de origen.   

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

JOSÉ  LUIS  BARCELÓ  CAMACHO                                                                           FERNANDO                                A.                                CASTRO  CABALLERO                                                      

MARÍA     DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ                             GUSTAVO E. MALO FERNÁNDEZ   

LUIS       GUILLERMO       SALAZAR  OTERO                                                  JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ   

Nubia Yolanda Nova  García   

Secretaria  

    

1  fl. 18 c1   

2  fl.43   

3  fls 36, 55 y 119   

4  fl.17 c.2     

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