37658(14-08-13)

2013

Asistente Jurídico Inteligente

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

                   Aprobado: Acta No. 263-   

Bogotá  D.C.,  catorce (14) de agosto de dos  mil trece (2013).   

ASUNTO  

La  Sala  resuelve  la  solicitud  de pruebas  presentada  por  el  Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, dentro  del  trámite  de  extradición,  que  a solicitud del Gobierno de la República  Bolivariana   de   Venezuela   se   adelanta   frente  al  ciudadano  colombiano  ALFONSO     RAFAEL    LINDO    OLIVARES.   

ANTECEDENTES  

1. Mediante Notas Verbales No. 001401 del 8 de  junio  de  20111  y  001412  del  9 del mismo mes y año2,  la Embajada de la República  Bolivariana  de  Venezuela  solicitó  la  detención  provisional  con fines de  extradición  del  ciudadano  colombiano ALFONSO RAFAEL  LINDO  OLIVARES,  requerido  por  el Juzgado Quinto de  Primera  Instancia  en  Funciones  de  Control  del  Circuito Judicial Penal del  Estado  Zulia,  por  la  presunta  comisión del delito de homicidio calificado,  petición  que  formalizó  con  la  Nota  Verbal  No.  001574  del  30 de junio  siguiente3,   ratificada   por   la   001770   del   28  de  julio  del  mismo  año4.   

2.  El Ministerio de Relaciones Exteriores en  su  respectivo concepto, indicó a su homólogo de Justicia y del derecho que el  convenio  aplicable  para  el presente trámite, es el  Acuerdo  sobre  Extradición, suscrito en Caracas, en  el  marco  del  Congreso  Bolivariano  el  18  de  julio  de 1911”5   

3.  El  Ministerio  de Justicia y del Derecho  remitió  a la Corte la documentación auténtica, enviada por la Embajada de la  República  Bolivariana  de  Venezuela  en  Colombia,  para  el  correspondiente  trámite           de          extradición6.   

4. La Fiscalía General de la Nación mediante  resolución    del    9    de    junio   de   20117  decretó la captura con fines  de     extradición     del     ciudadano     LINDO  OLIVARES,  quien  había  sido retenido el 7 del mismo  mes  con  base  en  una  circular  roja de INTERPOL.8   

5.  La  Corte  Suprema  de  Justicia  Sala de  Casación  Penal,  informó  al  señor ALFONSO RAFAEL  LINDO  OLIVARES,  que  tenía  derecho  a  nombrar  un  defensor  que  lo  asistiera  en  el trámite ante esta Corporación9. No obstante,  un  profesional  del  derecho adscrito a la Defensoría del Pueblo informó a la  Sala   que  por  solicitud  del  requerido  fue  designado  para  actuar  en  el  proceso10.   

6. Posteriormente, se dispuso correr traslado  a   los  intervinientes  para  que  solicitaran  las  pruebas  que  consideraran  necesarias.   

7.  Transcurrido  dicho  término, la defensa  guardó  silencio y el Ministerio Público se pronunció, solicitando el decreto  y práctica de los siguientes medios de convicción:   

“…oficie  a  la  Fiscalía  General  de la  Nación,  para  que  informe  si contra Alfonso Rafael  Lindo  Olivares se adelantó o actualmente se tramita  alguna  investigación o juicio penal, o ha sido absuelto o condenado por algún  delito”.   

De otra parte, se oficie a la Registraduría  General  (sic) del Estado Civil, para que remita con destino al mismo la tarjeta  decadactilar  a nombre del requerido ALFONSO RAFAEL LINDO OLIVARES, identificado  con la Cédula de Ciudadanía número 8.767.177.”   

Fundamenta  sus peticiones en la remisión a  los  Tratados  Internacionales  y  a  la  Convención  Americana  sobre Derechos  Humanos  que  hace  el  Código  de  Procedimiento  Penal,  e  igualmente, en el  pronunciamiento  de  la  Corte  Suprema  de Justicia expedido el 26 de agosto de  2009,  radicado  31951,  según  el cual, la petición de pruebas tal como se ha  realizado  en  este proceso es procedente cuando,  de  la  documentación allegada al trámite de extradición  “aparezca  evidencia  que  apunte  a demostrar la  eventual  lesión  del derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento  del principio de cosa juzgada”.   

CONSIDERACIONES  

1. Cuestiones Previas  

El artículo 35 de la Constitución Política  reza:   

“La  extradición  se  podrá  solicitar,  conceder  u  ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con  la ley.   

Además, la extradición de los colombianos  por  nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados  como tales en la legislación penal colombiana.   

La  extradición  no procederá por delitos  políticos.   

No  procederá  la  extradición  cuando se  trate  de  hechos  cometidos  con anterioridad a la promulgación de la presente  norma”.   

En ese orden, como el Ministerio de Relaciones  Exteriores  señaló  la  existencia  del  Acuerdo  Bolivariano  de Extradición  suscrito  en  Caracas  el  18  de  julio  de  1911,  la  Corte deberá verificar  las   exigencias  allí  contenidas y las disposiciones previstas en la Ley  906  de  2004  que  no resulten contradictorias con aquél, específicamente las  previstas  en  el  artículo  502,  que  refiere  los aspectos que la Corte debe  corroborar  en el presente trámite: (i) demostración de la plena identidad del  solicitado;  (ii) validez formal de la documentación presentada como soporte de  la  solicitud; (iii) principio de doble incriminación y (iv) equivalencia de la  providencia  proferida  en  el  extranjero  con  la  resolución  de  acusación  colombiana.  De modo que en relación con esos tópicos realizará el estudio de  pertinencia,  conducencia  y  utilidad de las solicitudes probatorias propuestas  por el defensor.   

Igualmente,  en  el evento de existir razones  determinadas   para   su  verificación,  es  necesario comprobar que las autoridades colombianas no hayan  ejercido  jurisdicción  por  el mismo supuesto fáctico que sirve de sustento a  la  solicitud  de  extradición  con  el  proferimiento  de  providencia  que se  encuentre debidamente ejecutoriada.   

2.   Sobre  las  pruebas solicitadas por el Ministerio Público   

La  Sala  no  accederá a la práctica de las  peticiones  probatorias  del Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal  por las siguientes razones:   

2.1  Vulneración  al principio “non bis in  ídem”   

Tal   como   se   refirió   anteriormente,  en    el   procedimiento  de extradición, las pruebas aportadas y solicitadas  por   los   intervinientes  deben  tener  relación  con  los  aspectos  que  la  Corte  debe  abordar  en el  momento de emitir su concepto.   

Es  así  como  la  prueba solicitada por el  Procurador  Delegado, pretende establecer si contra el  ciudadano        colombiano        ALFONSO  RAFAEL LINDO OLIVARES cursa o ha  cursado  investigación  penal, y si fue condenado por los mismos hechos por los  cuales  es  reclamado  en  extradición. Sostiene, con base en lo expuesto en el  pronunciamiento  emitido  por la Corte bajo el radicado  31951  que  la prueba solicitada procede cuando de la  documentación  allegada  al  trámite  de extradición  “aparezca  evidencia  que  apunte  a demostrar la eventual lesión del derecho  fundamental  al  debido  proceso  por  desconocimiento  del  principio  de  cosa  juzgada”.   

Ahora   bien,   del   examen   del   citado  pronunciamiento, se establece que habrá lugar a tal situación   

…  “en  la  medida que el afectado o su  defensor  informen  que  el  asunto  fue  investigado  y  juzgado  en Colombia y  suministren   la   información   relacionada  con  las  autoridades  judiciales  colombianas  que  hubieren  conocido  de la actuación; o que por cualquier otro  medio  fundadamente  se  pueda suponer el ejercicio previo de jurisdicción, por  ejemplo,  porque la orden de captura con fines de extradición se cumple estando  la  persona  privada de libertad y resulte necesario establecer la razón por la  cual   se  dispuso  la  limitación  de  ese  derecho  al  requerido11”.   

En el caso que nos ocupa no se ha suministrado  información  que tienda a demostrar que el ciudadano solicitado en extradición  ha  sido  investigado,  absuelto  o  condenado mediante sentencia por los mismos  hechos que es pedido en extradición por el Gobierno Venezolano.   

Es  así  como,  el jefe del Grupo de Delitos  contra  la  Vida  y  la  integridad  Personal  de  la  Policía metropolitana de  Barranquilla,   puso   a   disposición   de   la   Fiscalía   General   de  la  Nación12,  al  señor  LINDO  OLIVARES,  quien  fue  capturado  con  base en una circular roja de INTERPOL  proveniente   de   las   autoridades   venezolanas13.   

Razón por la cual no nos encontramos ante el  supuesto  en  el  que  la  orden  de  captura  con fines de extradición se haya  realizado  estando  la  persona privada de la libertad con ocasión de otro o el  mismo  proceso en curso, o con sentencia ejecutoriada; permitiendo desvirtuar la  vulneración  o  amenaza al debido proceso del ciudadano colombiano ALFONSO  RAFAEL  LINDO OLIVARES, respecto a  los  principios  de  cosa  juzgada  y  “non  bis in  ídem”.   

2.2 De la tarjeta decadactilar  

En  mención a la petición concerniente a la  tarjeta  decadactilar  como  medio  probatorio  tendiente  a determinar la plena  identidad  del ciudadano requerido, se precisa que, examinando el expediente, se  encontró  satisfecho este presupuesto, toda vez que en el mismo obra el informe  de  investigador  de  laboratorio  elaborado  por  un  técnico  profesional  en  dactiloscopia14,  con  el  cual  se  cotejó la correspondencia existente entre las  huellas  contenidas  en  el  formato  de  vista  detallada  de la consulta de la  Registraduría    Nacional    del   Estado   Civil,   Dirección   Nacional   de  Identificación  a  nombre  del  señor LINDO OLIVARES con las registradas en la  tarjeta  decadactilar  de impresiones dactilares para descarte, formato Policía  Nacional  de  Colombia  –  DIJÍN, a nombre de la misma persona.   

Finalmente,  como  la  Corte  estima  que los  documentos  aportados  al  trámite  se  aprecian  suficientes  para expresar su  concepto,  no  decretará  la  práctica  oficiosa  de  pruebas  y dispondrá el  traslado     para     la     presentación    de    los    estudios    de    los  intervinientes.   

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE:  

PRIMERO: NEGAR   por   improcedentes  las  pruebas  solicitadas por Agente del Ministerio Público.   

SEGUNDO: No ordenar  pruebas de oficio.   

TERCERO:   De  conformidad  con  el  inciso  final  del  artículo  500  de la Ley 906 de 2004,  CÓRRASE   TRASLADO  a  los  intervinientes  por  el término de cinco (5) días, para que presenten alegatos  previos al concepto de la Corte.   

Contra  esta  decisión procede el recurso de  reposición.   

Notifíquese y cúmplase  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO              

   

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO  

MARÍA  DEL  ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ               

   

      GUSTAVO    ENRIQUE    MALO  FERNÁNDEZ  

LUIS  GUILLERMO SALAZAR OTERO   

              

JAVIER  ZAPATA ORTIZ  

Nubia Yolanda Nova García   

Secretaria  

    

1 Folio  3 Carpeta Anexa.   

2 Folio  8 Ibídem.   

3 Folio  78 Carpeta Anexa.   

4 Folio  98 Ibídem.   

5  Folios 1 y 2 Cuaderno Original.   

6  Ibídem.   

7 Folio  41 al 44 Carpeta Anexa.   

8  Folios 26 y 27 Ibídem.   

9 Folio  6 Cuaderno Original.   

10  Folios 9 y 10 Ibídem   

11  Auto   31951,   Agosto   26   de   2009.   M.P.   Dr.   José   Leonidas  Bustos  Martínez.   

12  Folios 26 y 27 Carpeta Anexa   

13  Folio 25 Carpeta Anexa   

14  Folios 31 a 33 Carpeta Anexa     

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