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Proceso nº 37155
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Aprobado acta Nº 340
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011)
V I S T O S
La Sala resuelve la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el defensor de Ramiro González Segura, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el 8 de marzo de 2011, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, el 5 de noviembre de 2008, que lo condenó como coautor de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lavado de activos.
H E C H O S
El juzgador de segunda instancia los sintetizó, así:
“Tienen su génesis en el informe 014 del 7 de febrero de 2002, efectuado por la Unidad Especial de Investigaciones -SIU- adscrita al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, en el cual se advirtió sobre la existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba desde Colombia con destino a los Estados Unidos. Asimismo, se indicó que los dineros recaudados producto de la comercialización de las sustancias narcóticas, eran ingresados al país por medio de transacciones financieras realizadas a través de sociedades constituidas en ambas naciones.
“De las indagaciones se estableció la participación al interior de la estructura delictiva de los señores FEDERMÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA, JUAN CARLOS ÁVILA HENAO, MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL, ALONSO MARMOLEJO HENAO y JHON JAIRO GONZÁLEZ HENAO, lo cual motivó su vinculación al presente proceso”.
A N T E C E D E N T E S
1. Por los anteriores hechos, la fiscalía, el 7 de agosto de 2004, acusó, entre otros, a Ramiro González Segura por las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lavado de activos providencia que cobró ejecutoria el 22 de noviembre del mismo año.
2. La etapa del juicio la tramitó el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que, el 5 de noviembre de 2008, condenó, entre otros, a Ramiro González Segura a las penas principales de 148 meses de prisión y multa equivalente a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad, como coautor de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lavado de activos.
3. Apelado el fallo por el defensor, el Tribunal Superior de Bogotá, el 8 de marzo de 2011, lo confirmó.
Contra la anterior decisión, interpuso recurso de casación.
L A D E M A N D A
Con base en la causal primera, según la sistemática reglada en la Ley 600 de 2000, postula tres reproches contra la sentencia de segunda instancia, así:
Primer cargo
Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial, “vicio in iudicando por error de derecho por falso juicio de legalidad, al confirmar el fallo de condena con base en una prueba aducida con violación al debido proceso, lo que constituye motivo suficiente para excluirla. Pues al descansar todos los razonamientos de responsabilidad de la sentencia en el informe de inteligencia del agente encubierto de la Agencia Americana (DEA), vulnera los artículos 29 de la Constitución Política y 6°, 13, 24, 232 y 314 del Código de Procedimiento Penal”.
Reitera que los fallos de primera y segunda instancia se fundaron en un informe de inteligencia del DAS, cuyo informante era un agente encubierto de la DEA, en donde se dice que uno de los principales protagonistas de las operaciones ilícitas era Alberto Cuervo Rocha, “personaje que según las interceptaciones telefónicas era el socio de mi representado y, por lo mismo, tenía conocimiento de las actividades del citado señor”.
Anota que se allegó ese documento, amparándose en normas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas celebrada en Viena en 1998, presentándose un contrasentido jurídico, “pues se estaba incorporando a la legislación interna la convención, cuando ni siquiera aquella había tenido vida jurídica…”.
Acota que el informe tiene el carácter de uno rendido por la policía judicial, que sólo sirve como criterio orientador de la investigación y no en la forma que fue tomado por los juzgadores, como indicio de responsabilidad contra su defendido.
Reitera que no se puede edificar un fallo de condena con base en ese documento, para lo cual enuncia una decisión de la Sala. A reglón seguido, manifiesta que se ha dicho que “Ramiro N, es Ramiro González Segura porque conocía de los negocios de Cuervo Rocha, y porque dicha llamada telefónica ocurrió después de haberse producido el secuestro de aquellos”.
Comenta que los medios de prueba en este caso no tienen la contundencia para remover la presunción de inocencia de su procurado, señalando que en ninguna de las llamadas interceptadas a González Segura, se menciona así sea de manera cifrada el comercio de sustancias ilícitas, sólo se ve “involucrado mi mandante por haber negociado un cheque o haber servido de intermediario en una operación comercial, de las cuales a penas recibía una comisión”.
Solicita excluir “la prueba ilegalmente aducida”, a partir de lo cual sostiene que el hecho de que algunos de los procesados se hubiesen acogido a sentencia anticipada, no significa la responsabilidad de González Segura.
Por lo expuesto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, absolviendo a su prohijado.
Segundo cargo
Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial, “por error de hecho por falso juicio de existencia”.
Después de reiterar lo expuesto, acota que el juzgador adujo que “González Segura resultó beneficiado con uno de los 22 cheques girados por María del Carmen Carvajal, a raíz de una deuda que contrajo con el señor Carlos Plata, cuando tuvo que obtener recursos para el pago del rescate de su esposo que había sido plagiado por el grupo insurgente de las FARC”, situación que devino de una relación comercial del año 2001, donde Alberto Cuervo era el intermediario, en orden a que Plata prestara los recursos.
Aduce que no es cierto que los 22 cheques, como lo sostiene el Tribunal, fueron la forma de introducir el dinero al sistema financiero de recursos provenientes del narcotráfico. Es de allí donde se construye, en su criterio, la errada concepción de una supuesta organización dedicada al lavado de activos en la que presuntamente hacia parte su defendido.
Afirma que de la investigación se pudo constatar que a través de la empresa que gerenciaba María Carvajal, se giraron y retiraron sumas entre seis y diez mil millones de pesos, sólo había un título valor a nombre de González Segura, dinero que dice el Tribunal no tenia respaldo alguno, cuando lo que hizo éste fue intermediar para vender y cobrar algunas obligaciones de Cuervo Rocha, para satisfacer la demanda de quienes lo tenían secuestrado.
Expresa que el supuesto hecho con el que el juzgador edifica el juicio de condena, es una incorrecta apreciación probatoria, “cuando en ninguna de las interceptaciones y los diálogos transcritos por el Tribunal se menciona o evidencia tal cosa”, para lo cual hace referencia a un negocio de automóviles.
Después de referirse a los actos de comercio, acota que se desconocieron pruebas de carácter documental, que evidenciaban que la actividad desarrollada por su defendido no arrojaba cuantiosos dividendos.
Dice que en su interrogatorio manifestó que jamás había enviado alucinógenos a Estados Unidos de América ni a ningún otro país, que sus vínculos con este proceso se derivaron por colaborarle a un amigo llamado Alberto Cuervo, “agregando que su posible responsabilidad seria el de haber sido tolerante de los negocios de Cuervo, pero nunca participe de los mismos”.
A continuación pasa a referenciar las versiones de Federman Hernández y María del Carmen Carvajal, aduciendo que la relación de su prohijado surgió del cobro de unos cheques a Alberto Cuervo, no como lo dijo el Tribunal, que era éste quien introducía al sistema económico los recursos ilícitos.
Por lo expuesto, depreca a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, absolver a González Segura.
Tercer cargo
Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial, “por error de hecho por falso juicio de identidad”.
Enuncia el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, a partir del cual anota que la valoración de las pruebas tiene límites en criterios de razonabilidad. Una vez que enumera los actos de comercio realizados por González, expresa que no eran fachada para dar apariencia de legalidad a sus rentas, ni tampoco que éstos no tuvieron ocurrencia, en la medida en que no se encuentra inscrito en el registro mercantil ni cuenta con RUT, “dado que ninguna de las transacciones comerciales superaban los cincuenta millones de pesos”.
En cuanto a las “cifras multimillonarias” advertidas en las interceptaciones telefónicas, acota que no le pertenecían a González Segura, porque hacían parte del patrimonio de Cuervo Rocha.
Después de reiterar lo anterior, dice que esa tergiversación de la prueba fue lo que condujo a arribar a una conclusión errada, en cuanto a que González Segura introducía al sistema financiero los recursos derivados de la actividad ilegal.
En consecuencia, pide a la Sala casar la sentencia impugnada y, por lo mismo, absolver a su representado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Recuérdese que la demanda con la cual se pretende la casación de la sentencia, debe ser un escrito lógico tendiente a demostrar el yerro denunciado, razón por la cual exija contener la causal, sus fundamentos jurídicos y, por supuesto, evidenciar la trascendencia frente a las plurales decisiones adoptadas en el fallo.
Bien sabido es que el libelo compete elaborarlo respetando las formalidades previstas en la ley y decantadas por la jurisprudencia, según cada una de las causales establecidas en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, pues lo pretendido con este mecanismo extraordinario es socavar la doble presunción de acierto y legalidad que reposa sobre el fallo de segundo grado.
Por ello, en esta sede no es posible desconocer los principios que rigen la casación, en especial los de claridad, precisión, fundamentación, no contradicción y autonomía, ni argumentar a la manera de un alegato de instancia como si se tratara de un escrito de libre formulación.
La proposición de los cargos exige escoger adecuadamente la causal, el sentido de la violación y concretar el disenso en términos de suficiencia y trascendencia.
2. De otro lado, en cuanto a la infracción indirecta de la ley sustancial motivo de la causal primera de casación, según la sistemática de la Ley 600 de 2000, el yerro que se le señala al juzgador ocurre de manera mediata, es decir, en la elaboración del juicio de hecho derivado de errores en la apreciación de la prueba, falencia que se ve reflejada en la aplicación del derecho.
En el plano de la postulación, al demandante corresponde enseñar a la Corte en qué consistió el error en la estimación de la prueba, es decir, indicar si fue de hecho o de derecho, como también el falso juicio que lo determinó, esto es, de existencia, identidad, raciocinio, legalidad o convicción. Y, por último, evidenciar cómo el citado vicio incidió en la aplicación del derecho, en la medida en que se seleccionó una norma que no era la llamada a gobernar el asunto o, se excluyó otra que sí resolvía todos los extremos de la relación jurídico procesal.
De igual manera, el falso juicio de legalidad se relaciona únicamente con el proceso de formación de las pruebas -existencia jurídica-, el cual se expresa de modo positivo cuando el fallador le reconoce valor probatorio ilegal, bajo la creencia errónea de haber sido aducida al proceso con el lleno de los requisitos legales, o de manera negativa, al ignorar el mérito suasorio del medio legal en el equívoco de que en su práctica e incorporación a la actuación, dejaron de cumplirse las exigencias previstas en la ley.
Esta clase de yerro implica que en su postulación el recurrente individualice la prueba apreciada a pesar de su ilegalidad, o la que no fue valorada a pesar de su legalidad, mencione las normas que fijan los requisitos en su aducción o la inexistencia de los exigidos por el fallador para su ponderación, precise las formalidades que no fueron observadas o su acatamiento, en el caso de ser requeridas, y demuestre su trascendencia en el fallo, esto es, que si no hubiera sido tenida en cuenta u omitida en la sentencia, su sentido sería otro.
De otro lado, ha dicho la Corte que se incurre en errores de hecho por falsos juicios de existencia por omisión probatoria, cuando se comprueba que el sentenciador pretermite apreciar un medio de prueba que obra en el proceso y que goza de la trascendencia suficiente para mutar la decisión impugnada.
Cuando se plantea un error de esta especie, el demandante debe identificar la prueba o pruebas omitidas cuya presencia material se verifica en el proceso, y demostrar que su omisión, es relevante para la definición del asunto, tarea que impone efectuar una labor de cotejo con los restantes medios de prueba que fundamentaron la decisión. Adicionalmente, debe señalar las normas sustanciales que fueron aplicadas indebidamente o dejadas de seleccionar, aportando en ese sentido los argumentos que sustentan una tal conclusión.
Frente al juicio de identidad, la Sala tiene dicho que surge cuando el juzgador al apreciar el medio probatorio legal y oportunamente producido, distorsiona su expresión fáctica, lo recorta o adiciona en su contenido literal, poniéndolo a decir lo que materialmente no dice. Es de carácter objetivo, contemplativo, y su demostración implica hacer evidente no solo que los fallos apreciaron la prueba contrariando su materialidad, sino que este desacierto condujo a una decisión contraria a la ley, su repercusión definitiva en la declaración de justicia contenida en el fallo. De ahí que el recurrente está obligado a cumplir los siguientes pasos:
i) Individualizar o concretar la prueba sobre la cual recae el supuesto yerro.
ii) Señalar de qué forma esa valoración tergiversa o distorsiona su contenido material, esto es, puntualizar la supresión o agregación de su contexto real para de allí inferir que en realidad se alteró su sentido.
iii) Establecer la trascendencia del yerro frente a lo declarado en el fallo, es decir, concretar por qué la sentencia debe mutarse favorablemente al demandante, ejercicio que lleva inmersa la obligación de demostrar por qué el fallo impugnado no se puede mantener con fundamento en las restantes pruebas que lo sustentan, y,
iv) Demostrar que con el defecto de apreciación se vulnera una ley sustancial por falta de aplicación o aplicación indebida.
En consecuencia, si la demanda no cumple con los anteriores parámetros de lógica y debida fundamentación, la decisión a adoptar es la inadmisión de la misma.
3. La Sala advierte que los cargos presentados por el libelista contra la sentencia de segunda instancia no reúnen los requisitos de claridad y precisión, en orden a su admisibilidad.
En lo atinente al primer reproche que el actor postula por la vía de la infracción indirecta de la ley sustancial, por error de derecho por falso juicio de legalidad, se quedó a mitad de camino, puesto que no demostró la existencia del yerro en la apreciación probatoria y cómo el mismo incidió en la aplicación de la norma jurídica.
La labor fundamentadora de la censura, el demandante la hizo consistir en informar que el juicio de responsabilidad contra el procesado se apoyó únicamente en el informe de inteligencia del DAS, pero en manera alguna demuestra que esa hipótesis corresponde a la verdad. Es más, posteriormente acepta que los demás elementos de juicio incorporados al proceso no tienen la contundencia para remover la presunción de inocencia de González Segura.
En consecuencia, el reproche postulado contra el fallo se segunda instancia, se erige en un supuesto en orden a cuestionar el mérito probatorio dado a las probanzas.
Así las cosas, resulta evidente que el actor no presenta ningún argumento para demostrar que el informe rendido por el DAS no podía ser apreciado, conforme a la ley vigente, que la sentencia se fundó en dicha probanza, que en el evento de excluirla, sin duda, el fallo se removería, habida cuenta que carecería del correspondiente sustento probatorio.
En lo atinente al segundo cargo que también postula por la causal primera de casación, por error de hecho por falso juicio de existencia, como sucedió en el anterior reproche, tampoco demostró que las conclusiones a la que arribaron los sentenciadores no tienen el correspondiente soporte probatorio, en la medida en que su discurso lo funda en oponerse al grado de valoración en que se basó el Tribunal, en orden a concluir en la responsabilidad de su procurado, frente a los cargos por los cuales se le condenó.
En efecto, respecto a la conducta punible de lavado de activos no comparte la conclusión del Tribunal, en torno a que los 22 cheques que provenían del narcotráfico, constituía la prueba de la organización dedicada al blanqueo de activos.
En el mismo sentido, anota que sólo un título valor fue girado a su representado. Además, crítica al sentenciador por haber derivado de las interceptaciones telefónicas que las conversaciones evidenciaban la comisión de la citada conducta punible, puesto que allí sólo se hacía referencia a un negocio de automóviles.
Sostiene igualmente que González Segura no ha enviado narcóticos a los Estados Unidos de América, siendo lo único censurable la tolerancia que mostró frente a los negocios de Cuervo y que las versiones de unas personas demuestran el no compromiso penal de su representado.
En lo que atañe al tercer cargo, también fue elaborado a fin de oponerse a los razonamientos del Tribunal, con relación a la responsabilidad de su defendido en el delito de lavado de activos.
En vez de indicar en qué consintieron las tergiversaciones del contenido objetivo de la prueba, arremete contras la conclusiones probatorias del juzgador, basado en que González Segura no introdujo al sistema financiero dineros provenientes de la actividad del narcotráfico.
De manera que el libelista desconoce que esta impugnación extraordinaria no es una tercera instancia, en tanto no se trata de un recurso concebido para oponerse al grado de credibilidad dado a las probanzas en el fallo, máxime cuando la sentencia llega amparada a esta sede por la doble presunción de acierto y legalidad, es decir, los hechos y las pruebas fueron correctamente valoradas y el derecho estrictamente aplicado, presunciones que sólo se derrumban a través de las causales y demostrando la trascendencia del vicio frente a las conclusiones adoptadas en el fallo.
En consecuencia, como quiera que los cargos atribuidos contra la sentencia de segunda instancia se basan en una simple discrepancia de criterios en torno al mérito dado a las pruebas, deviene la inadmisión del libelo.
Sin embargo, vale destacar que el sentenciador fue ponderado, en orden a apreciar los elementos de juicio incorporados al proceso, derivando de ellos la existencia del hecho y la responsabilidad de acusado.
Frente al compromiso penal de González Segura, el Tribunal anotó:
“… RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA, afirmó en sus diversas salidas procesales que su ocupación es la de comerciante, con campo de acción muy amplio, pues mercantiliza con obras de arte, relojería, inmuebles, vehículos, semovientes (fI. 51-ss c.o 1), servicios de odontología, liposucciones y pautas publicitarias en canales radiales (cdl mm. 21:05), obrando pruebas de sendas negociaciones con vehículos y unos inmuebles efectuadas entre los años 1997 – 2003 (c. anexo 1 7), sin embargo, la Sala percibe que dichos actos comerciales resultan ser la fachada utilizada por el enjuiciado para dar apariencia de legalidad a sus rentas, dado que ninguna de las transacciones comerciales supera los cincuenta millones de pesos, excepto la venta que Ramiro González Segura y Alberto Cuervo Rocha efectuaron a Carlos Roa Mejía de la finca rural ‘villa Paola’, de la cual obra la promesa y el contrato de compraventa de fecha 22 de noviembre de 2001 (fIs. 1 75-1 76 y 1 83 c. anexo 1 7), destacándose que el recurrente en su interrogatorio, manifestó que no desembolsó dinero alguno, a pesar de haber firmado en calidad de promitente vendedor, cuando su labor fue de mera ¡intermediación, sin que supiera cuál era el valor de su comisión (cdi mm 59:35), lo que permite inferir entonces que no se dedicaba a efectuar transacciones de esas cuantía de manera habitual, por lo que no puede aseverarse que esa sea su actividad de desarrollo permanente que le permita manipular sumas exuberantes de dinero que superan los mil millones de pesos, cifras que manejaba GONZÁLEZ SEGURA en las conversaciones interceptadas.
“Y es que, se predica la calidad de ‘comerciante’, de acuerdo con el artículo 1 0 del Código de Comercio, respecto de ‘…las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles…’, lo que reviste de especial importancia, toda vez que la calidad de comerciante no deviene de la escueta práctica ocasional de actos mercantiles; no, ello exige regularidad o un ejercicio continuado de transacciones comerciales, en este caso, aunque el apelante efectuaba negociaciones, las mismas no excedieron de 36 operaciones en el período comprendido de 1997 a 2003 (fIs. 81- ss c. anexo 1 7), lo que a todas luces revela que no es el comercio la actividad que le deja tan jugosos rendimientos.
“Se refuerza lo anterior, con el hecho de que RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA no se encuentra inscrito en el registro mercantil, ni maneja un código de registro único tributario -RUT- como persona natural para efectuar las compraventas de vehículos y otros enseres, ya que la experiencia indica que un ciudadano del común que se dedique a estas actividades, debe declarar renta anualmente de sus ingresos…
Más adelante el Tribunal adujo:
“De igual manera, GONZÁLEZ SEGURA en la sesión de indagatoria del 1 de septiembre de 2003 indicó que ‘…ahora no tengo oficina, no tengo oficina desde hace unos tres años, pero utilizaba mi casa…’ (fI. 51 c.o.5). mientras que en declaración Juana de Arco Reyes manifiesta que nunca le conoció oficina, y que de manera eventual se reunía con ella para negociar cuadros, en su mayoría de poca monta y que el más importante fue un GUAYASAMIN (fi. 8-ss c.o.1 2), lo que descarta el cumplimiento de la segunda exigencia, resultando llamativo que para las intensas actividades mercantiles que se aducen en las llamadas que le fueron interceptadas, y los considerables montos que se tramitaban en sus negocios no existiera una oficina o local comercial de apoyo a las mismas; y, finalmente, tampoco obra prueba que el recurrente se publicitara como comerciante, puesto que sus clientes eran los mismos, y parte de ellos integrantes de la organización criminal, tan es así que en la declaración rendida por Franklin Bolívar Carrión Vivar no lo reconoce ni como cliente ni como comerciante, simplemente como un consultor de la originalidad de una obra (fI. 1 77 c.o. 11).
“También se echa de menos la contabilidad que debía manejar el procesado en su condición de ‘comerciante’, pues para el flujo del cuantioso capital que revela en sus conversaciones, lo más lógico es que se lleve un control de ello, máxime si en el ejercicio de su actividad, debía declarar sus ingresos de manera anual.
Así mismo dijo:
“Empero, para la Sala lo que sí se encuentra acreditado es la íntima relación de RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA con las acciones al margen de la ley que efectuaba Alberto Cuervo Rocha, y del manejo subrepticio que éstos le daban a los dineros obtenidos de sus negociaciones, tal como lo revela las comunicaciones interceptadas y los restantes medios de prueba.
“Sea la oportunidad para resolver el punto de inconformidad de la defensa, que a su sentir consideró que la sentencia se erigió con base en pruebas que estima indirectas como lo son las interceptaciones telefónicas y su transliteración, las que posteriormente tachó de nulas de pleno derecho, toda vez que no obra la respectiva comprobación espectográfica con la voz de RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA.
“Se observa en el plenario que las interceptaciones telefónicas, lejos de ser indicios, constituyen plena prueba de los actos que comprometen la responsabilidad del señor RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA en la comisión de los delitos que se le imputaron, pues las expresiones utilizadas en dichas conversaciones constituyen un lenguaje cifrado, y no le permite al interprete establecer claramente el objeto de los negocios que se discutieron en las referidas comunicaciones. En este punto vale aclarar que el análisis de técnicos expertos en lenguaje criptográfico es por demás innecesario, comoquiera que el contenido de los diálogos interceptados es susceptible de ser valorado sin necesidad de una traducción, pues para su comprensión se requiere de la interpretación que haga el juzgador a la luz de la experiencia y la sana crítica al momento de apreciar la prueba en relación con las otras legal y oportunamente allegadas al proceso.
(…)
“Obsérvese que, las conversaciones transcritas y que fueron sostenidas por CUERVO ROCHA y GONZÁLEZ SEGURA, se encontraban encaminadas a la planeación y desarrollo de actividades al margen de la ley para blanquear dineros, en lenguaje codificado, y denota el conocimiento de los negocios turbulentos que efectuaba el enjuiciado con ALBERTO CUERVO ROCHA, pues no es posible al interprete determinar a qué tipo de negocios se refiere o cuál es el origen de las obligaciones que cobran a personajes como el ‘trompo’, ‘juancho’ y ‘jake’, entre otros, así como las acciones a tomar para recuperar la cartera de las negociaciones ilícitas.
“Una vez más, este Cuerpo Colegiado avista la forma cómo se efectuaban las transacciones vía telefónica con ALBERTO CUERVO, sin que se logre establecer el objeto del aparente contrato ni el origen de los cobros que hacía el señor RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA, así como la falta de sentido de las conversaciones surgida entre los intervinientes, véase la charla interceptada el 11 de junio de 2002 al teléfono 5278707 (fI. 233 c. anexo 2).
(…)
“Tendría razón el recurrente al indicar que RAMIRO N. no necesariamente debía ser él, sin embargo, dicho informe revela elementos que permiten colegir la paridad entre RAMIRO N y el apelante, pues sería muy casual que ambos ‘RAMIROS’ conocieran tan a fondo los negocios de CUERVO y la situación con ZAMBO, respecto del perjuicio ocasionado por éste a las finanzas de CUERVO ROCHA “RAMIRO apellido desconocido informó que ZAMBO (TIMOTHY NOEL HEATH) robó y se está escondiendo de ellos ahora mismo, RAMIRO apellido desconocido y CUERVO van a decidir si envían a alguien a St. Kitts para recoger el dinero adeudado a ellos por HEATH o visitarlos personalmente”; pero más azaroso resulta ser que uno y otro hayan estado secuestrados con CUERVO ROCHA, ‘RAMIRO apellido desconocido dijo que PERALTA hacía lo que quería mientas CUERVO y él eran secuestrados… RAMIRO apellido desconocido informó que estuvo secuestrado más de 20 días por la transacción de cocaína con HEATH y CUERVO estuvo secuestrado por 30 días’ (fIs. 246-247 c.o.12). Repárese en el hecho que la interceptación de esta llamada por parte del gobierno norteamericano, es posterior a la fecha en la cual, RAMIRO GONZÁLEZ asegura que fue retenido -agosto de 2002-.
“Así las cosas, resulta evidente que la relación de RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA con ALBERTO CUERVO ROCHA se extiende al terreno de lo ilícito, advirtiéndose el grado de confianza que existe entre ambos, así como el compromiso de éste con los negocios de CUERVO ROCHA en los cuales se verifican también las maniobras para efectuar el blanqueo de capitales.
“En este orden de ideas, tampoco se puede desconocer los enlaces de Ramiro González Segura con la organización delictiva, pues éste a través de su socio Alberto Cuervo Rocha, conoció a María Del Carmen Carvajal, Alonso Marmolejo Henao, Federmán Hernández Rodríguez, Rodrigo Gil y Juan Carlos Ávila Henao, entre otros, destacándose que con Hernández Rodríguez, Ávila Henao y Marmolejo Henao efectuó diversas negociaciones de bienes inmuebles ubicados en la costa Caribe y la ciudad de Cali, y que sus frecuentes visitas a María del Carmen Carvajal, se debían al cobro de unos cheques que ésta emitió sin fondos, por concepto de una deuda que la precitada adquirió con Carlos Plata, y cuyo recaudo estaba a cargo de CUERVO ROCHA (fi. 56-ss, 90 c.o.5).
“Respecto al cobro de los títulos valores a la co-implicada MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL, esta Colegiatura encuentra inconsistencias que permiten establecer la ilegalidad de sus convenios, encontrándose que PAN AIRLINES CARGO S.A., era una fachada para manejar sus fraudulentas transacciones, véase la conversación interceptada el 1 7 de junio de 2002 en el abonado telefónico No. 033-7693274 (fIs. 8-ss c. anexo 6), la cual refleja la manera cómo RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA y ALBERTO CUERVO manejaban las relaciones con la representante legal de PAN AIRLINES CARGO S.A., y como a través de esa razón social se expedían cheques para suplir las obligaciones contraídas por los negocios del procesado de autos y de Alberto Cuervo Rocha.
(…)
“En suma, de lo expresado por RAMIRO GONZÁLEZ SEGURA en su injurada y los demás medios probatorios, se colige que éste estaba asociado con ALBERTO CUERVO ROCHA y que conocía de sus actividades, a tal punto que los demás enjuiciados manifiestan que GONZÁLEZ SEGURA era el acompañante permanente de este último y que además era la persona encargada de hacer los cobros que hubiera lugar, para el efecto, recuérdese los recaudos que GONZÁLEZ SEGURA le hacía a MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL por deudas que ésta no había contraído con él y de las negociaciones de CUERVO ROCHA con alias SAMBO y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, así como su insistencia de viajar a comunicarse con BRENDA -contacto de SAMBO- para recuperar el dinero que este último le debía a CUERVO ROCHA (fIs. 56 c.o. 5 y 51, 59, 265 c. anexo 1)”.
En fin, de las anteriores consideraciones del sentenciador no se observa ningún yerro de valoración probatoria que imponga la necesaria intervención de la Corte, razón por la cual se inadmitirá la demanda presentada.
Por último, advierte la Corporación que del estudio del proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los sujetos procesales, que determine el ejercicio de la facultad oficiosa de índole legal, que al respecto le asiste, en punto de asegurar su salvaguarda.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de Ramiro González Segura, por lo anotado en la motivación de este proveído.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCIA
Secretaria