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Proceso n.º 34962
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. Luis Guillermo Salazar Otero
Aprobado Acta No. 198
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012).
ASUNTO
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga (Valle) el 19 de marzo de 2010, que al revocar la decisión absolutoria de primer grado emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá, condenó a los procesados James Guarín Vásquez y Alfredo Rebellón Franco, a las penas de seis (6) años y cuatro (4) años y nueve (9) meses de prisión, respectivamente, por los delitos de contrato sin requisitos legales y prevaricato por acción, y a Mercedes Mildred Tascón Rodríguez por prevaricato por acción a cuarenta y tres (43) meses de prisión.
HECHOS
Los antecedentes fácticos aparecen minuciosamente reseñados en el fallo impugnado y la Sala acoge esta síntesis, así:
“La actuación tuvo origen por denuncia del señor José Joaquín Montalvo Forero, representante legal de la sociedad Proyectos de Infraestructura S.A. –P.I.S.A-. La situación remonta a los Convenios Interadministrativos por medio de los cuales el Departamento del Valle del Cauca se comprometió con el Fondo Vial Nacional a construir, mantener, conservar, explotar y operar la segunda calzada de la vía Buga-Tuluá-La Paila y operar la calzada entonces existente. Esas obras se financiarían con los derechos de peaje, que fueron cedidos por el Fondo Vial Nacional al Departamento, ente que los cedió al contratista concesionario como pago por las actividades objeto del contrato. De ahí que el 30 de diciembre de 1993 el Departamento y la Sociedad Proyectos de Infraestructura S.A. celebraron contrato de Concesión de Obras Públicas No. 0001 pactándose para su pago la cesión de los derechos patrimoniales de los peajes existentes en la vía donde se ejecutaría el contrato. La vía en comento tiene 59 kilómetros de extensión y un tramo se halla en jurisdicción del Municipio de San Pedro, donde existe el peaje Betania cuyos ingresos a favor de P.I.S.A., recauda, custodia y transporta la firma Seguridad Móvil de Colombia.
El entonces Tesorero de San Pedro señor James Guarín Vásquez mediante Resolución No. 0003 del 2 de junio de 1996 expidió a nombre de P.I.S.A. liquidación oficial de aforo por el año gravable de 1995 considerando a dicha empresa pasible del impuesto de industria y comercio. Impugnado ese acto fue confirmado por el Alcalde Municipal mediante Resoluciones números 007 y 518 del 2 de septiembre y 22 de noviembre de 1996, respectivamente.
Esas Resoluciones fueron demandadas en nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, que fue decidida a favor de la firma demandante en primera y segunda instancia por el Consejo de Estado mediante decisión del 29 de octubre de 1999, en la que hizo ver que el Municipio de San Pedro no podía imponer ese tributo a la referida empresa.
Empero, el 14 de enero de 2001 el Alcalde Municipal de San Pedro, James Guarín Vásquez suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado Alfredo Rebellón Franco para adelantar procedimiento coactivo contra Proyectos de Infraestructura S.A. para el cobro de impuestos de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, aduciendo que dicha empresa realizaba actividades de comercio en su jurisdicción.
El ejercicio de la jurisdicción coactiva el Alcalde Guarín Vásquez la delegó en la Tesorera Municipal Mercedes Mildred Tascón Rodríguez, quien mediante Resolución No. 001 del 3 de febrero del 2003 ordenó registrar a la sociedad Proyectos de Infraestructura S.A. P.I.S.A. como contribuyente no exonerado del impuesto de industria y comercio; impugnado ese acto, fue confirmado por el Alcalde por Resolución No. 094 del 4 de abril del 2003.
En seguida, la Tesorera Municipal, señora Tascón Rodríguez expidió las Resoluciones 138, 139, 140, 141 y 142 de 2003 que contienen la liquidación a la firma P.I.S.A. de aforo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por los años gravables de 1998 y 2002. Estos actos fueron impugnados por la empresa, pero finalmente recibieron confirmación por el Alcalde Municipal, excepto el contenido en la Resolución No. 140.
Con base en esos actos, la Tesorera Tascón Rodríguez inició proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva contra la sociedad Proyectos de Infraestructura S.A. –P.I.S.A.- emitiendo los mandamientos de pago Nos. 001 y 002 de septiembre 19 y diciembre 3 del 2003, en su orden, y propuestas excepciones solo se resolvieron las formuladas en el primero de esos mandamientos ejecutivos, declarándolas no probadas (resolución No.235 del 27 de noviembre de 2003); además con base en el artículo 834 del Estatuto Nacional Tributario, se ordenó proseguir la ejecución y rematar los bienes embargados o por embargar. La orden de llevar adelante la ejecución se dispuso mediante resoluciones Nos. 003 y 004 del 19 de enero de 2004, en ellas decretó embargos y ordenó liquidar el crédito incluyendo sanciones, intereses moratorios y actualización del crédito. Estas órdenes se cumplieron mediante las Resoluciones Nos. 008 y 009 del 26 de enero de ese año, en las que además se incluyeron los honorarios para el abogado Alfredo Rebellón Franco y el contador Jimmy Jamith Zúñiga Aldana. Posteriormente, la tesorera Tascón Rodríguez hizo efectivas medidas cautelares contra la ejecutada, practicadas el 13 de febrero del 2004 en las instalaciones del peaje Betania y mediante comunicaciones remitidas a la firma Seguridad Móvil de Colombia y diversas entidades bancarias.
La entidad ejecutada ofreció constitución de caución sustitutiva que permitiera el levantamiento de las medidas cautelares, pero no fue admitido por la tesorera municipal, mediante auto interlocutorio No. 005 del 10 de febrero del 2004 el cual no lleva su firma; de otro lado, en febrero de ese año la tesorera expidió dos resoluciones sin número, mediante las cuales declaró en firme las liquidaciones de créditos” (fl.6 y ss c.o.10).
ACTUACION RELEVANTE
Con fundamento en la documentación anexa allegada con la denuncia e inspección judicial adelantada en la Alcaldía de San Pedro1, el 24 de febrero de 2004 la Fiscalía 2° Delegada ante la Unidad Anticorrupción dispuso apertura instructiva2, escuchándose en indagatoria a los imputados James Guarín Vásquez3, Mercedes Mildred Tascón Rodríguez4 y Alfredo Rebellón Franco5, resolviéndose su situación jurídica el 18 de marzo posterior con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los dos últimos por el delito de prevaricato por acción y absteniéndose de la misma afectación para el primero6, en decisión que fue luego repuesta el 21 de abril para no imponer medida alguna en contra de los incriminados7.
Practicada prueba de diversa índole, primordialmente documental y testimonial, previo cierre instructivo, su mérito fue valorado el 23 de junio de 2005 en que se profirió resolución acusatoria en contra de los indagados por los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por acción, así como también contrato sin cumplimiento de requisitos legales para Guarín Vásquez y Rebellón Franco y prevaricato omisivo para Tascón Rodríguez8, decisión que cobró firmeza con el auto que declaró la deserción del recurso impetrado el 12 de octubre posterior9.
Tramitada la fase del juicio se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos sintetizados previamente.
DEMANDAS
Demanda a nombre de James Guarín Vásquez y Alfredo Rebellón Franco
Son dos los cargos que hace el actor a la sentencia impugnada.
Primer cargo
Acusa nulidad por quebranto del debido proceso que dice derivado de haberse admitido como parte civil a quien no podía actuar en este trámite y proferirse la sentencia con fundamento “en pruebas y alegaciones supuestamente de hecho y de derecho ilegalmente incorporadas”, como quiera que al propio tiempo tal sujeto había iniciado acciones contencioso administrativas con el mismo cometido.
Sostiene que la parte civil actuó ilegalmente y nunca debió ser admitida, pues precisamente gracias a su intervención se modificó la sentencia absolutoria en condenatoria, preguntándose hipotéticamente qué habría sucedido si no se hubiese reconocido dentro de este proceso.
Para el actor, dado que los delitos imputados comprometían la administración pública, correspondía a otras entidades como la Contraloría actuar en el proceso pero no la empresa P.I.S.A., toda vez que la acción civil ejercida dentro del proceso penal se transformó en acción contencioso administrativa, pese a que ante autoridades de esa especialidad también la referida sociedad había incoado sus pretensiones.
Le parece inaceptable que se aduzcan finalidades de las víctimas propias del sistema acusatorio a aquellas propias de la parte civil en la Ley 600 y de acuerdo con las cuales no estaba la verdad y la justicia, siendo por demás que lo obtenido en este asunto fue una condena indemnizatoria.
Dentro del mismo acápite y por tener directa correspondencia con la irregularidad referida, aduce igualmente afectación del derecho de defensa, cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal no desató el recurso interpuesto contra la resolución de primera instancia que “resolvió no desafectar a la parte civil de este proceso penal”, a través del recurso de queja presentado, con mayor razón cuando, según su criterio, debió remitirse en el efecto diferido y no devolutivo que implicó que a pesar de no ser decidido se calificara el mérito de las pruebas.
Con respaldo en doctrina de la Corte Constitucional y esta Sala que estima pertinente, recuerda el censor que el juez a quo reconoció la irregularidad alegada, anulando lo actuado, pero al ser impugnada por la parte civil ilegalmente aceptada, el Tribunal la revocó para que se prosiguiera entonces el juicio.
Para el libelista, la nulidad debe retrotraerse hasta antes del cierre de la investigación, para que la segunda instancia se pronuncie sobre la “desafectación de la parte civil” deprecada.
A manera de “nulidad subsidiaria”, alega el actor que al revocar el Tribunal la nulidad decretada por el a quo en el juicio, lo hizo con fundamento en jurisprudencia (C-454 de 2006) que no era aplicable, desatendiendo las pautas fijadas (C-899 de 2003) que si procedía para dilucidar la controversia propuesta.
Segundo cargo
Aduce en este caso violación directa de la ley sustancial “en cuanto se refiere a los delitos por los cuales” se condenó a los procesados.
Referido al de prevaricato por acción, desestima el actor que la sentencia del 29 de octubre de 1999 proferida por el Consejo de Estado fuera lo suficientemente clara para concluir que la empresa P.I.S.A. no era objeto del impuesto de industria y comercio, pues según su criterio abría espacio a otras discusiones relacionadas con actividades tales como la construcción, la reparación de las vía a su cargo dentro del municipio.
Rechaza que los imputados hayan contrariado la Ley Tributaria Nacional por aplicar el Estatuto Tributario Municipal, ya que este también era una herramienta constitucional, e igualmente que se desconozca que en la interpretación de las distintas normas se actuó de buena fe, no siendo en todo caso las decisiones cuestionadas manifiestamente contrarias a la ley, como lo exige la descripción de dicho delito.
También se muestra contrario a aceptar que los imputados hayan actuado con culpabilidad, máxime cuando las pretensiones de 2003 eran distintas de aquellas expuestas en 1996, insistiendo en todo caso en que el impuesto pretendido tiene origen municipal y que, entonces, no se les podía imponer aplicar el Estatuto Tributario Nacional, para inferir de este modo el delito de prevaricato imputado (valiéndose contradictoriamente de argumentos disímiles a aquellos que les condujo a confirmar la absolución por el delito de fraude a resolución judicial), con mayor razón cuando había actos distintos a los que se concretan en el cobro de peajes, como se dijo, que justificaban el cobro de tributos.
Ahora bien, respecto del delito de contrato sin requisitos legales, discrepa con la sentencia en tanto adujo ser el objeto del mismo ilícito a partir de la decisión del Consejo de Estado que se supone descartaba el cobro del impuesto de industria y comercio a P.I.S.A., bajo el entendido que las nuevas normas municipales procuraban sustentar dicho emolumento.
En todo caso, manifiesta el actor que el derecho penal no tenía ningún espacio en una controversia que es eminentemente jurídica, menos aun cuando concurren todos los elementos contractuales sin reparo alguno desde el punto de vista de los principios que regulan la contratación estatal.
Insiste en que el Tribunal erró en la interpretación de la ley sustancial, pues no podía tener como punto de partida la sentencia del Consejo de Estado para concluir que el objeto del contrato era ilícito, cuando todo cuanto hicieron los servidores procesados fue desarrollar a través de la jurisdicción coactiva una nueva modalidad tributaria en el caso de la empresa P.I.S.A, sin que existiera una legislación precisa al respecto, máxime cuando si bien se excluía el cobro de tributo por razón de los peajes, quedaba por dilucidar si las tareas de construcción o reparación de las vías podían llegar a causar algún gravamen.
Se pregunta entonces el censor en un país cambiante qué podría suceder si los peajes llegaran a ser gravados, tomando en cuenta que ello depende de la interpretación de los jueces administrativos.
Como argumento en contra de la decisión impugnada, refuta el actor que el contrato que se aduce celebrado sin requisitos, no hubiera sido publicado, pues si bien era una exigencia, no resultaba esencial y en el defecto no se incurrió dolosamente, pues la actuación del contratista fue conocida por la empresa P.I.S.A.
Cita abundante normatividad que asume violada, exaltando el propósito del recurso en tanto orientado, entre otras finalidades, a unificar la jurisprudencia, solicitando se case el fallo y dicte el que deba reemplazarlo en el que se concluya que los imputados no incurrieron en conducta punible alguna.
Demanda a nombre de Mercedes Mildred Tascón Rodríguez
Primer cargo
Acusa error de derecho en la apreciación de las indagatorias de los procesados, derivado de “falso juicio de convicción”, que condujo a su condena por el delito de prevaricato por acción.
Sobre el particular recuerda los escasos estudios de la imputada y nunca haberse visto avocada a una investigación semejante, además de referir que fue el abogado Rebellón Franco quien “desarrolló y proyectó todo el proceso coactivo contra P.I.S.A.”, confiando en su actividad, por lo que no se puede sostener que haya obrado con dolo, con más razones cuando se trata de alguien con precaria educación y “hasta pobreza espiritual”.
Asegura que su poderdante “incurrió en insuperable error de interpretación de la situación fáctica y jurídica respectiva, con absoluta ausencia de dolo y demostrada buena fe”, por lo que solicita se case el fallo y se le absuelva por este delito.
Segundo cargo
Acusa error de hecho “por haberse dado a la prueba un sentido fáctico diverso al que naturalmente indicaba, generando un falso juicio de identidad, al tergiversar o suponer el contenido del hecho que evidencia la prueba”.
Discrepa el actor con la imputación que por el delito de prevaricato activo se hiciera a título de dolo, sobre la base que después de la sentencia del Consejo de Estado era suficientemente claro que la empresa P.I.S.A. no estaba obligada a pagar los impuestos de industria y comercio cuyo cobro coactivo procuró la Alcaldía de San Pedro, como si el aludido fallo hubiera dado dicha orden y consiguientemente no se pudiere abrir expediente alguno para el cobro de impuestos en su contra.
Reproduce en extenso sobre el tema la decisión absolutoria de primera instancia en este asunto, realzando que si el Tribunal no hubiera tergiversado la prueba la decisión debió ser absolutoria, de donde infiere la necesidad de deprecar se case el fallo.
Tercer cargo
Está postulado por vía de nulidad.
Así, acusa quebranto del debido proceso sobre la base de considerar que el delito de prevaricato se dedujo por cuanto no se acataron las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional sino el Municipal, pero encuentra notoria una “casi absoluta pobreza” en la valoración de las pruebas que conducen a la demostración del dolo, reparando en que faltó el estudio separado y conjunto de todos los elementos aportados, con fundamento en el cual, sin lugar a dudas, hubiera arribado a la absolución por ausencia de dolo.
Insiste en que su defendida carecía de preparación académica y que esa fue la razón por la cual se contrató a un asesor externo, aspecto que no fue sopesado por el juzgador, con afectación de sus derechos fundamentales y quebranto del debido proceso y las reglas de la sana crítica en la valoración de todo el conjunto de pruebas.
Solicita, así, se case el fallo y declare la nulidad de la sentencia.
Cuarto cargo
También por vía de nulidad postula el actor este reproche acusando nuevamente violación al debido proceso, en este caso con el mismo argumento acotado en el primer libelo y concerniente a que la demanda de parte civil debió ser rechazada por ya haber promovido la empresa P.I.S.A. independientemente acción indemnizatoria ante lo contencioso administrativo.
En efecto, la referida sociedad contra quien la alcaldía de San Pedro adelantaba proceso de jurisdicción coactiva tendiente al pago de obligaciones tributarias, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las diversas resoluciones de dicho trámite, pese a lo cual en la respectiva demanda se afirmó bajo juramento que no se había formulado ninguna acción orientada a reclamar los perjuicios por los mismos hechos y también, a que desde un principio en la actuación penal se conoció que dicha sociedad había instado acciones tendientes al restablecimiento de sus derechos.
Sostiene el recurrente que era deber de las autoridades judiciales declarar la nulidad una vez advirtieron la irregularidad de constituirse en parte civil la empresa P.I.S.A., no obstante haber iniciado las acciones administrativas, toda vez que estaban consolidados los supuestos del art. 52 del C. de P.P., para rechazar la demanda.
Entiende que es ostensible la vulneración del debido proceso, pues se desconoce el principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y es insubsanable por su carácter de derecho fundamental, máxime cuando las pretensiones contenciosas suponían no sólo la nulidad de los actos, sino el restablecimiento del derecho y a pesar de haberse solicitado la corrección durante el trámite del proceso, la misma fue denegada por el Tribunal, posibilitando la intervención de la parte civil en la impugnación, inclusive, de la sentencia absolutoria de primera instancia.
Con apoyo en diversa jurisprudencia que entiende pertinente, recalca que la parte civil no puede ejercer sus pretensiones dentro del proceso penal y por fuera de él, pues involucra una doble acción en la resolución de un mismo problema jurídico.
Solicita, así, se case el fallo y declare la nulidad a partir del auto admisorio de la demanda de parte civil.
Quinto cargo
Con carácter subsidiario, aduce el actor interpretación errónea de toda aquella normativa relacionada con los supuestos para la imposición de la pena y falta de aplicación del art. 38 de la Ley 599 de 2000, esto es, la prisión domicialiaria.
Observa el casacionista que el delito por el cual fue condenada la procesada comporta una pena de 3 a 8 años, por lo cual el factor objetivo concurre y en relación con sus antecedentes personales, sociales y familiares, no existe ningún reparo, luego su conducta debe calificarse de buena, razones suficientes para entender que procede la sustitutiva de prisión domiciliaria.
Acusa el censor vulnerados los arts. 13, 29 y 44 de la Carta Política, sobre la base de entender que la negativa de la prisión domiciliaria en este caso a pesar de reunirse los supuestos para su admisión, comporta desconocimiento a los principios de igualdad, debido proceso e inclusive, mediando un menor de edad que requiere la presencia de una madre, consiguientemente también de los derechos de los niños.
Insiste en que la imputada no requiere de tratamiento penitenciario dada su conducta social y no tratarse de persona proclive al delito, ni reincidente, como tampoco que haya tenido investigaciones en su contra, descartando que en orden al cumplimiento de las funciones de la pena resulte indispensable su internamiento intramuros.
Concluye así solicitando se conceda a la procesada la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, tomando en cuenta que se satisfacen los supuestos subjetivos y objetivos del art. 38 para su concesión.
Sexto cargo
Esta censura se encamina también como subsidiaria por violación indirecta que dice derivarse de errores de hecho por omisión probatoria, bajo el entendido que no fue tenido en cuenta, pese a obrar dentro del expediente, que Mercedes Mildred Tascón Rodríguez carece de antecedentes personales, familiares y sociales, con lo cual se indica su buena conducta anterior y consiguientemente que no es necesaria la ejecución de la pena intramural.
Afirma el actor haber omitido la sentencia el certificado del DAS de acuerdo con el cual la imputada no tiene antecedentes y la indagatoria que describe su situación personal y de toda índole, así como los vínculos con la comunidad y buena conducta, elementos todos que forzosamente conducían al reconocimiento de la sustitutiva reclamada, sentido en el cual solicita frente a este reparo se case parcialmente el fallo.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Demanda a nombre de James Guarín Vásquez y Alfredo Rebellón Franco
Al ocuparse del primer cargo, en criterio de la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, el aspecto referido a la admisión de la parte civil que encuentra irregular el actor, además de haber sido objeto de debate durante todo el proceso, no admite ningún reparo conocidas las diferencias de las pretensiones expresadas en cada una de las actuaciones, penal y contencioso administrativa.
En efecto, no solamente observa puestos en razón los fundamentos que llevaron tanto a la Fiscalía como al Tribunal a rechazar reparos en el mismo sentido presentados durante la actuación, sino que advierte que la administrativa procuraba dejar sin efectos los actos administrativos proferidos por los funcionarios públicos y que de esa manera se restablecieran los derechos de la empresa P.I.S.A., en forma tal que por el contenido de la decisión fechada el 31 de marzo de 2005 se conoce que no existió condena en perjuicios, en tanto que dentro del proceso penal se procuraba determinar la responsabilidad dolosa de cuantos intervinieron en la emisión de los mismos, protegiéndose al propio tiempo los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas y obteniéndose la condena indemnizatoria correspondiente.
En relación con la irregularidad que se funda en afectación del derecho de defensa por no resolverse el recurso de apelación frente a pedido de apartar a la parte civil de la actuación, recuerda que también fue materia de detenido estudio, en forma tal que el Juez de primera instancia declaró la nulidad por esa causa pero el Tribunal desechó esta consecuencia y dispuso continuar con el juicio.
En definitiva “a pesar de que tal evento podía constituir una vulneración de garantías fundamentales, fue debidamente resuelto por los funcionarios judiciales”, con lo cual “se evidencia que no sería efectivo declarar la nulidad solicitada por el recurrente, si se tiene en cuenta que el tema fue ampliamente debatido y decidido en las instancias”.
Esta censura, para la Procuradora no prospera.
En relación con el segundo cargo, hace notar la Delegada que este ataque parte de entender que si los procesados fueron absueltos por el delito de fraude a resolución judicial debieron serlo también respecto del de prevaricato por acción, cuando lo primero fue debido a reconocer que no hubo, en estricto sentido, un desconocimiento de la sentencia del Consejo de Estado, pero en cuanto a lo segundo que pese a su existencia los incriminados insistieron en hacer a la empresa P.I.S.A responsable del impuesto de industria y comercio improcedente.
Por demás, la discusión propuesta nada tiene que ver con el sentido de vulneración aducido, pues no se aceptan ni los hechos ni las pruebas que los sustentan, ya que “hace una interpretación de la normatividad que en su sentir debió ser aplicada para afirmar que la clase de impuesto, de carácter municipal, permitía la aplicación del estatuto municipal, con lo que contraría de manera evidente el argumento expuesto por el sentenciador de segunda instancia en su providencia”.
Ahora bien, respecto del delito de contrato sin requisitos legales, también discute el actor los argumentos del Tribunal en tanto consideró que ostentaba un objeto ilícito y no se cumplieron las normas para su celebración y perfeccionamiento, pero carece de un auténtico desarrollo en orden al yerro planteado que amerite viabilidad.
Demanda a nombre de Mercedes Mildred Tascón Rodríguez
Rechaza la Procuradora el primer cargo de este libelo, por cuanto parte de considerar que la ley le ha fijado un valor de apreciación a la indagatoria, cuando es el sistema de libertad probatoria y sana crítica que nos rige, en forma tal que no pueden concurrir los falsos juicio de convicción de dicha diligencia aducidos, desplazándose la censura hacia un simple juicio de valoración y sobre la credibilidad concedida a las afirmaciones de la sentenciada que, así como no es viable, encuentra menos posibilidad de éxito atendiendo a que el Tribunal se ocupó profusamente de lo expresado por los imputados realzando en contraste que por su trayectoria, la señora Tascón Rodríguez tenía un conocimiento amplio de la Alcaldía y de los procesos que allí se adelantaban, descartándose que se trate de una persona “ignorante” y con “pobreza espiritual”.
Al segundo ataque que se enfoca por falso juicio de identidad también da respuesta adversa la Procuradora. Sostiene tergiversado el contenido de la sentencia del Consejo de Estado a que alude el fallo, bajo el entendido que en esa decisión se dispuso que la empresa P.I.S.A. no podía ser pasible del impuesto de industria y comercio, lo cual para el actor no es cierto.
En realidad, los argumentos del actor se reducen a transcribir apartes de la decisión absolutoria de primera instancia eludiendo referirse a cuanto sobre el particular se consignó en el fallo impugnado y sobre todo el apego que tuvo esta decisión al proveído del Consejo de Estado, siendo evidente que el Tribunal apreció de manera debida la prueba que se cuestiona y no tergiversó su contenido.
Al ocuparse del tercer reparo que por nulidad presenta este libelo acusando falta de motivación probatoria de la sentencia, descarta la Procuraduría el fundamento de este ataque, advirtiendo que el Tribunal fue “suficientemente cuidadoso al referirse a cada uno de los tipos penales y explicar detenidamente porque debía revocarse la sentencia absolutoria”, siendo tan claros sus argumentos que posibilitaron en este caso a los actores entrar a refutarlos.
El censor aparte de “expresar su descontento con las resultas del proceso y de manera general atacar la apreciación probatoria, no entrega…un argumento que demuestre el error y evidencie la falta de apreciación de los medios de prueba”, de donde se entiende con claridad que el reproche no prospera.
Considerando que los fundamentos del cuarto reproche son los mismos expuestos en el libelo anterior para oponerse a la aceptación de la parte civil dentro de este proceso, a la respuesta adversa a las pretensiones demandadas allí dada se remite la Delegada para rechazar este cargo.
Sobre la quinta tacha que advera interpretación errónea del art. 38 del C.P. por el no reconocimiento de la prisión domiciliaria a la imputada, encuentra el concepto de la Delegada que la negativa abarcó el análisis de los diferentes requisitos demandados en dicha disposición, bajo el entendido que ciertamente no se acompasaban los supuestos del caso para su concesión, con apego estricto a los derroteros que en esta materia ha sentado la doctrina de la Sala Penal, que cita en extenso, en forma tal que ningún reparo admite, máxime cuando tampoco el actor demuestra el quebranto en el sentido acusado.
El sexto ataque asevera omisión de aquellas pruebas que para el actor demostrarían la viabilidad de conceder la prisión domiciliaria a la incriminada.
Admite la Delegada que la sentencia no se refirió a la ausencia de antecedentes de la procesada, o al hecho de ser madre de un menor de edad, sin embargo, señala que “no se evidencia del análisis de las pruebas obrantes, situaciones que evidencien abandono para el niño o especial vulnerabilidad para la mujer sentenciada”, pues la existencia de otros integrantes del núcleo familiar eluden un tal razonamiento, ni concurren los supuestos como madre cabeza de familia, a tal punto que aún bajo el influjo de los elementos a que alude el actor, no se observa quebranto de la ley ni que haya lugar a conceder la sustitutiva demandada.
CONSIDERACIONES
Demanda a nombre de James Guarín Vásquez y Alfredo Rebellón Franco
Primer cargo
1. Esta censura se ha propuesto por nulidad y comparte los mismos fundamentos expresados en el cuarto ataque del libelo aducido a nombre de Mercedes Mildred Tascón Rodríguez, esto es, la ilegalidad de la aceptación como parte civil en esta actuación de la empresa Proyectos de Infraestructura S.A. P.I.S.A., que para los actores comporta violación al debido proceso, razón por la cual la Sala abordará su estudio mancomunado, debiéndose por demás advertir, de una vez, que por carecer de razón serán desestimadas.
2. Por definición, se entiende que las nulidades son sanciones a los actos procesales cumplidos sin aquellos parámetros normativos que prescriben las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe manifestarse el ejercicio de la actividad y trámite de una actuación judicial, y están caracterizadas como un mecanismo de extremo rigor sujeto a taxativas causales, cualidad que exige y supone la existencia de un agravio sustancial para la ritualidad de las formas procesales o las garantías de los intervinientes.
Con respaldo en aquellos principios reguladores de las nulidades se conoce que tratándose del debido proceso, solamente comportan invalidación de lo actuado, aquellas hipótesis de afectación por irregularidades sustanciales en el trámite cumplido, esto es, por involucrar franco deterioro de los presupuestos que cada acto exige para ser producido en relación concatenada y de causa a efecto con el siguiente, en estricta salvaguarda de las garantías que se deben a los sujetos actores dentro del mismo.
3. Corresponde al Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, la obligación de ejercer la acción penal en relación con conductas punibles que deban investigarse de oficio, como también de aquellas de que tenga conocimiento a través de querella en los casos en que ésta sea indispensable para intervenir.
Dado que los delitos de prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por los que se investigó y condenó a los procesados, son de aquellos perseguibles de oficio, resultaba prescindible la intervención de la parte civil, es decir, que la actuación se auto justificaba en la impulsión que por ley le correspondía al Estado jurisdiccional adelantar.
Al margen de ello, una vez reconocido como parte civil un sujeto, todos los actos desarrollados en virtud de dicho status procesal tienen plena validez, esto es, pruebas aportadas, alegaciones presentadas, recursos interpuestos, etc., así como las decisiones adoptadas por razón de los mismos, no obstante hipotéticamente aceptar que el acto jurídico que lo hizo parte careciera de fundamento legal (v.g., por carecer de legitimidad), razón suficiente para advertir que el argumento de estos reproches conlleva un fundamento inidóneo para demandar la nulidad de lo actuado por quebranto del debido proceso.
4. Por lo demás, desde la perspectiva a que aluden las censuras de considerar que como sólo podía la parte civil perseguir pretensiones indemnizatorias y que estaba en razón de ellas inhibida en este proceso por ya haber demandado en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, varios reparos merece este alegato.
La parte civil tiene entre sus fines los de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado con la conducta punible, pero además a la verdad y a la justicia en los términos en que la sentencia C-228 de 2002 al declarar la constitucionalidad del art. 137 de la Ley 600 de 2000 (aplicable en este caso) lo dispuso.
En este sentido, dicha participación al margen de que el reparo se hace en referencia estricta a que P.I.S.A., sólo podía propender en sus pretensiones indemnizatorias y que éstas no podían perseguirse dentro de la actuación penal por ya haberlo intentado en acción contencioso administrativa independiente, resulta desconocedor de que diversos intereses de este sujeto tutela la ley procesal, uno cualquiera de los cuales justifica y legitima sin reparo su intervención, caso en el cual, de estar acreditado que era repudiable la constitución de parte civil o una condena de esta índole en este caso por ya haber instado acción diversa con fines resarcitorios, a todo cuanto había entonces lugar era a inhibir al juez penal de condenar por este concepto, por así disponerlo el art. 56 del C. de P.P.
5. En efecto, la parte in fine del precepto en cita dispone que “Cuando obre prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá de condenar al pago de perjuicios. En caso de hacerlo, será ineficaz la condena impuesta”.
Según queda reseñado, desde la perspectiva de los supuestos legitimadores para constituirse en parte civil no admite reparo alguno la aceptación que en el caso concreto se hizo de la firma P.I.S.A., a propósito de lo cual su intervención está autorizada por la ley.
Constata por demás la Corte que en relación con la mayoría de los actos calificados de ilegales, la nulidad y el restablecimiento del derecho exclusivamente se orientó a anular sus declaraciones y consiguientemente a enervar sus efectos, como sucede con las múltiples resoluciones (Nos. 138, 165, 180, 141, 142, 211, 212, del 2003, entre otras) que ordenaron el registro de la Sociedad P.I.S.A. como contribuyente del impuesto de industria y comercio, o se ordenó la liquidación de dicho gravamen, profiriéndose en relación con todas ellas decisiones favorables tanto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y su ratificación por el Consejo de Estado.
Es decir, que en todos esos casos, las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solamente procuraron se declarara que la empresa P.I.S.A., no estaba obligada de acuerdo con la ley a pagar al Municipio de San Pedro el impuesto de industria y comercio por los referidos períodos y nada más.
Pero, al demandarse la nulidad y restablecimiento del derecho del mandamiento de pago No. 001 de 19 de septiembre de 2003, base del proceso coactivo adelantado después de rechazarse las excepciones propuestas por P.I.S.A. mediante Resolución 235 del 27 de noviembre de dicho año, a través de sentencia del 25 de septiembre de 2009 (fl.758 del Cdno. “Solicitudes dentro del proceso”), fija con claridad el Tribunal Contencioso Administrativo que entre las pretensiones aducidas por la citada sociedad está que “se ordene el pago de los perjuicios causados, en la cuantía que resulte determinada al momento de proferir sentencia, con base en las pruebas aportadas con la demanda y las que se alleguen al expediente en la medida que se van causando con posterioridad a la presentación de esta, junto con las que sean decretadas de oficio en el proceso”, en forma tal que dicha autoridad en el numeral tercero ordena:
“Condenar al Municipio de San Pedro Valle, a pagar a la PISA s.a., TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE, LA SUMA DE DINERO QUE RESULTE DE APLICAR EL INTERÉS ANUAL DEL 7% A LA SUMA DE $5.642.500.600 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos millones quinientos mil seiscientos pesos), desde el 16 de febrero de 2004 hasta la fecha en que fuera ordenada su devolución por parte de la Fiscalía General de la Nación…”.
Manifiesto, pues, que la parte civil dentro de este proceso ejerció la acción civil con propósitos indemnizatorios independientemente del mismo, por lo que la Sala casará la sentencia y dejará sin efectos la condena en este sentido proferida por el Tribunal.
6. En relación con la nulidad que aduce por no haberse dado oportuno trámite al pedido de desvinculación de la parte civil, se tiene que a través de resolución calendada el 18 de marzo de 2004 la Fiscalía rechazó tal solicitud y aun cuando fue impugnada por la defensa, de este recurso se desistió en abril de ese año. Posteriormente, en decisión del 5 de enero de 2005, ante nueva solicitud se rechazó la nulidad impetrada, por cuanto nada inhibía la aceptación como parte civil de la empresa P.I.S.A., y si bien la misma fue impugnada, sobrevino la calificación sumarial sin que la Delegada ante el Tribunal Superior de Buga hubiera desatado esa impugnación, es lo cierto que en desarrollo de la audiencia pública volvió a insistirse sobre el tema a tal punto que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá decretó la nulidad de lo actuado a través de proveído del 2 de noviembre de 2006 siendo revocado por el Tribunal el 26 de enero de 2007, haciéndose reiterada petición en el mismo sentido que fue rechazada en primera instancia el 6 de junio de dicho año y ratificada por el Tribunal el 28 de septiembre postrer.
Como es elocuente, ningún menoscabo al derecho de defensa puede afirmarse, visto que el tema de la legitimidad de la parte civil dentro de este proceso fue recurrentemente tratado por las autoridades judiciales en primera y segunda instancia, en forma profusa y ya quedó visto por la contundencia de sus motivaciones que estaba la empresa P.I.S.A. plenamente legitimada para intervenir dentro del mismo.
Segundo cargo
1. Se adujo quebranto directo en tanto el actor desestima la típica concurrencia de los delitos de prevaricato por acción y contrato sin requisitos legales.
Todo cuanto en relación con la primera de las conductas punibles imputadas hace el actor es expresar que de la sentencia proferida por el Consejo de Estado no surge el imperativo de excluir a P.I.S.A. como empresa pasible del impuesto de industria y comercio que el Municipio de San Pedro procuró cobrar, así como también que los sindicados hubieran actuado dolosamente.
2. Aun cuando la sentencia impugnada destacó de manera enfática el carácter vinculante de la aludida decisión contenciosa, que servía de antecedente interpretativo de las normas tributarias en orden a conocer si la empresa P.I.S.A. estaba sujeta al deber de tributar por el aludido concepto (rechazándolo en múltiples de sus apartes, como luego, según se verá se hizo en desarrollo de la totalidad de pronunciamientos derivados de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho impetradas contra los actos prevaricadores), es lo cierto que tanto el fallo, como la acusación, hacen notar que la conducta típica del delito de prevaricato en la modalidad activa imputado, proviene de las decisiones y actuación cumplida por los inculpados en sus distintos roles, así James Guarín Vásquez, Alcalde del Municipio de San Pedro, Mercedes Mildred Tascón Rodríguez, Tesorera delegada para actuar en el caso concreto como primera instancia y Alfredo Rebellón Franco “como servidor público por asimilación, atendiendo que su actuación en los hechos configurativos del tipo penal en estudio, la realizó en cumplimiento de contrato de prestación de servicios a través del cual adelantó transitoriamente funciones eminentemente públicas”.
Es decir, que la adecuación típica de la conducta incriminada, no proviene de haber desapercibido el carácter vinculante de la sentencia del Consejo de Estado que frente a pretensiones análogas existía en sentido absolutamente adverso sobre el cobro de impuesto en contra de P.I.S.A., por el mismo motivo o causa que a pesar de ella se intentó a través de los actos redargüidos de prevaricadores, sino por cuanto el fundamento legal para su proferimiento era exactamente el mismo con que contaron las autoridades municipales en esta nueva oportunidad, surgiendo con claridad absoluta que este nuevo intento de cobro sólo podía tener fundamento ilegal.
3. La imputación no lo fue, sin embargo, por un concurso de decisiones manifiestamente contrarias a la ley, en tanto se consideró que se trató de “un conjunto de actos ejecutivos encaminados a lograr un mismo fin o único designio criminoso, el que imponía el cumplimiento de varios pasos o trámites realizados por una pluralidad de sujetos”, como lo era alcanzar por el mecanismo persuasivo o coactivo, el recaudo de una suma multimillonaria, pero lo hicieron con visos de legalidad, aplicando el Estatuto de Industria y Comercio Municipal y el Estatuto Único Tributario Municipal, pese a que la Ley 383 de 1997 imponía la obligación de atenerse al Estatuto Tributario Nacional y así lo había interpretado la Corte Constitucional en sus sentencias C-177 de 1996, C-521 de 1997 y C-232 de 1998, a través de las cuales se conocen las restricciones para las entidades municipales en materia impositiva, pero también sobre el propio trámite con sujeción al cual emergía imperativo su notificación y cobro.
Tanto en las decisiones adoptadas como funcionaria de primera instancia por parte de la Tesorera Tascón Rodríguez, como en su ratificación por parte del Alcalde Guarín Vásquez (todas ellas proyectadas por el abogado Rebellón Franco), se desecha en forma paladina las condiciones que debían cumplirse acorde con el Estatuto Tributario Nacional, en materia de recursos, términos y alcances de cada acto, así como los mecanismos de publicidad y contradicción que fueron flagrantemente ignorados.
4. Las diversas sentencias adoptadas por las autoridades de lo contencioso administrativo, en desarrollo del control que frente a las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho incoara la sociedad P.I.S.A., se ocupan detenidamente en realzar la ilegalidad de cada una de las cuales dispuso registrar a esa sociedad como pasible del impuesto de industria y comercio para los períodos 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la liquidación de aforo por los mismos, o la orden de librar mandamiento de pago y luego seguir adelante previo embargo de miles de millones de sus cuentas.
Pero en forma sintética, por traducir la fase última del mandamiento de pago y recoger así el conjunto de irregularidades connotadas de ilegales, la sentencia fechada el 25 de septiembre de 2009 y aportada a los autos, proferida fuera por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, exalta la anormal denegación del recurso interpuesto contra el acto de notificación del mandamiento de pago, así como el que resolvió las excepciones y la propia declaración de su extemporaneidad, todo infundado por adoptar pretendidamente para explicarlo normas municipales e ignorar los preceptos del orden Nacional aplicables, advirtiendo después de anticipar la nulidad de todos esos actos que:
“ No se condenará en costas al Municipio de San Pedro pues tal pretensión no aparece en el libelo demandatorio, no obstante al tenor de lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., la conducta asumida por éste resulta desafiante por lo evidente de la ilegalidad de la actuación administrativa la cual raya con el dolo, superando ampliamente la culpa grave, toda vez que ni siquiera podría ser estimada como producto de una actitud altamente negligente, ya que a todas luces se infiere la intención de utilizar la potestad de cobro coactivo a su favor para un propósito desviado, calificación que hace la Sala para efectos de la Acción de Repetición a la que habría lugar en caso de condena al Municipio al pago de perjuicios, asunto éste del cual se ocupará enseguida”.
Inconducente es también el argumento de seguir el delito de prevaricato activo la misma suerte del de fraude a resolución judicial, toda vez que precisamente el Tribunal desechó la concurrencia de éste último bajo el correcto entendido que el antecedente del Consejo de Estado no constituía “resolución judicial” cuyo desacato tuviera poder vinculante en orden a su tipificación, aspecto que desde luego no es dable considerar respecto del de prevaricato que se basa en lo manifiesto de las decisiones infundadas legalmente que se adoptaron, sirviendo en este caso de punto de reflexión sobre la debida motivación de las mismas las premisas que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional habían sentado sobre la materia, por ser plenamente conocidas por los incriminados, todo lo cual ratifica su férrea decisión de contravenir los mandatos legales.
5. Por ello, discrepar que los servidores juzgados hayan actuado con dolo es entronizar un argumento deleznable, dada la vía directa postulada, como que carece un alegato semejante del debido acatamiento al fundamento probatorio de la sentencia, desplazando la propia discusión sobre la entidad típica de la conducta hacia el propósito urdido y la reprochabilidad de ese actuar por estar fundado en pleno conocimiento y voluntad de infringir la normativa reguladora de la materia, cuyos parámetros se habían sentado por la máxima autoridad en lo contencioso administrativo y a pesar de ello, dispuestos como estuvieron a proferir multiplicidad de actos contrarios a la ley.
6. En lo concerniente con el delito de contrato sin requisitos legales, ningún reparo cabe. La imputación delictiva hizo notar que el Alcalde contrató de manera directa a Rebellón Franco, ignorando ostensiblemente los principios en materia contractual de legalidad e interés general, economía, planeación, transparencia y selección objetiva, supuestos todos inconsultos en el caso concreto en que sin parámetro de idoneidad, el Alcalde simplemente acogió el nombre de la primera persona que se dice se le presentó bajo el pretexto de ser capaz de llevar adelante el cobro de impuestos a la empresa P.I.S.A., pero sin que el burgomaestre hubiera constatado la idoneidad y experiencia del abogado, ni las condiciones del servicio a prestar, o la propia necesidad de contratarlo, máxime cuando ya se contaba con un especialista en derecho administrativo, a lo cual se agrega, conforme es resaltado por el Tribunal, que en el caso concreto el contrato celebrado tenía causa y objeto ilícitos, como que traducía un paladino cobro de lo no debido.
Aducir que desde la perspectiva del actor carecían de connotación penal los hechos denunciados, implica un alegato genérico, visto que por las características de la modalidad contractual no puede válidamente sostenerse que se cumplieron la totalidad de supuestos contractuales contenidos en la Ley 80 de 1993 en el caso concreto.
Esta censura no es viable.
Demanda a nombre de Mercedes Mildred Tascón Rodríguez
Primer cargo
Está postulado bajo el supuesto de concurrir error de derecho en la apreciación de las indagatorias de los procesados, derivado de “falso juicio de convicción”. Basta para refutar la propia idoneidad de una tal censura con recordar que el sistema de libre apreciación de las pruebas bajo los parámetros de la sana crítica rechaza cualquier alternativa de discrepar con el grado de credibilidad o convicción concedido en la sentencia a los diversos elementos aportados, o lo que es igual, que un reproche encaminado por este motivo emerge inepto, máxime cuando en el caso concreto procura simplemente atribuir algún grado de responsabilidad en los demás inculpados, o negar el dolo sobre la base de calificar a la procesada de tener “pobreza espiritual”, como si una tal aceptación le permitiera eludir el juicio penal sobre el contenido de sus actos, o mencionar una eventual excluyente de inculpabilidad por error que dados los supuestos del cargo no solo es impertinente, sino que carece de cualquier desarrollo.
Esta tacha no procede.
Segundo cargo
Acusa error de hecho “por haberse dado a la prueba un sentido fáctico diverso al que naturalmente indicaba, generando un falso juicio de identidad, al tergiversar o suponer el contenido del hecho que evidencia la prueba”, resultando palmario, como se verá, que enmascara el verdadero cometido del reproche, esto es, discrepar con el juicio de mérito dado por el Tribunal a la prueba acopiada al proceso, en un esfuerzo por crear las condiciones aptas para deliberar y ser admitido su propio criterio en favor de los intereses de la imputada.
Así, no es claro que al presentar el ataque por error de hecho derivado de la propia identidad revelada por la prueba, que se supone falseada en el análisis del sentenciador, simplemente se muestre inconforme con la atribución dolosa del delito de prevaricato, o que discuta, pese a la multiplicidad de decisiones de la jurisdicción contenciosa que ratifican el contenido y alcance de los supuestos legales para el cobro del impuesto de industria y comercio en casos como el de la firma P.I.S.A., y en concreto en relación con la misma, que se trata de materia enteramente discutible; máxime cuando, por el contrario, la totalidad y sin excepción de tales pronunciamientos, anteriores a la iniciativa de volver a intentar su cobro, pero también en aquellos que se ocuparon de fijar la legalidad de los actos prevaricadores acá censurados, se encuentran en el mismo sentido y fijan o reiteran parámetros que no dan lugar a dubitaciones en torno a la correcta aplicación de la ley en materia tributaria reiterada.
Es cierto que la sentencia de primera instancia abrió espacio a considerar que el tema podía ser discutible, sin embargo, endeble resulta para refutar el fallo del Tribunal que es el recurrido extraordinariamente, con acoger el parecer del juez de primera instancia y buscar argumentos en el mismo, sabido no solo que la presunción de acierto y legalidad por desvirtuar es el contenido en la sentencia impugnada, sino que es un método inconducente para evidenciar errores manifiestos de hecho, como el anunciado por el actor.
Tercer cargo
Esta censura afirma nulidad por una pretendida falencia de motivación por parte del Tribunal.
Entiende el libelista que para demostrar el dolo frente al delito de prevaricato, ha debido relacionarse en forma más detallada la prueba allegada, sin reparar en que dado el carácter esencial y exclusivamente doloso de esta clase de conductas y el concretarse en su descripción típica que el acto debe ser “manifiestamente contrario a la ley”, en orden a evidenciar el dolo con el que procedieron los imputados, el ad quem no incurrió en ninguna falencia, toda vez que partió de destacar que conforme a las indagatorias de los incriminados se denota sin dificultad alguna, que conocían la ley aplicable y la doctrina del Consejo de Estado sobre la materia, como que había dirimido litigio análogo entre las mismas partes, por hechos iguales y pretensiones similares, pero se distribuyeron estratégicamente para estructurar un cobro coactivo sirviendo la Tesorera Tascón Rodríguez como primera instancia, el Alcalde Guarín Vásquez como segunda instancia y el abogado Rebellón Franco como quien proyectó la totalidad de actuaciones y resoluciones proferidos en desarrollo del proceso ilegal adelantado.
El actor se queda en una simple expresión de inconformidad inconsulta de los términos de la sentencia, en donde, a espacio y detalle, el Tribunal destaca que los tres imputados sabían de la exención tributaria de P.I.S.A., por concepto del impuesto de industria y comercio (Ley 14 de 1983 y Decreto 1313 de 1986), así como también que era imperativo en desarrollo de toda la actuación sujetarse a las normas del Estatuto Tributario Nacional contenido en la Ley 383 de 1997 y Ley 788 de 2002, aspecto que mereció destacarse dada la antigüedad en el cargo de secretaria y ahora tesorera de la Alcaldía de San Pedro, por más de diez años.
Contrariando cuanto el actor refiere en orden a demeritar el actuar doloso de la procesada, la propia sentencia hace notar que sobre su capacidad y familiaridad con el cobro de impuestos fue la Tesorera Tascón Rodríguez, quien se mostró preparada e idónea en desarrollo de esos trámites y procedimientos, emergiendo como notablemente impertinente la alegación en este caso expresada sobre el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en “la valoración de todo el conjunto probatorio” que, al margen de la infundada solicitud de nulidad como supuesto de esta censura, conduciría a reclamar un eventual error de hecho por falso raciocinio derivado de conculcar los presupuestos de análisis sin atinencia a los principios orientadores de ese sistema de apreciación que, no fue, como es muy claro, presentado.
Carece de fundamento este reparo.
Quinto y sexto cargos
Ambas censuras son presentadas como subsidiarias y procuran por las vías directa e indirecta, el reconocimiento de la prisión domiciliaria negada a la procesada.
Acusa inicialmente interpretación errónea del art. 38 del C.P. Sin embargo, desapercibe el actor que tratándose de violación directa, la importancia de precisar el sentido del quebranto en orden a demostrar que se desfasó el contenido y alcance de los requisitos legales para la prisión domiciliaria, le imponía señalar en qué consistió dicho desacierto jurídico por parte del Tribunal, pero no argumentar desde su interesada perspectiva la procedencia de la sustitutiva en este caso.
El Tribunal rechazó la prisión domiciliaria, bajo el siguiente criterio:
“Respecto de la prisión domiciliaria, si bien los delitos por los que se declaran responsables a los acusados tienen prevista en la ley sanción mínima no superior a 5 años de prisión, empero el Tribunal advierte que no reúnen el factor valorativo referido a su desempeño personal, laboral, social y familiar, pues varias esas (sic) facetas de su forma de obrar indican que deben pagar la pena en establecimiento carcelario en orden a que en ellos se hagan efectivas las funciones de prevención especial y reinserción social, al igual que la pena a ellos impuesta cumpla la función de prevención general, esto es, que los asociados y funcionarios públicos en actividad no pretendan emular el proceder ilícito de los procesados, siendo que acarrea gran daño social, vulneración de los principios que regulan la función pública y atentado a principios fundantes del Estado Social de derecho como la solidaridad, el trabajo, la dignidad humana y la prevalencia del interés general.
Conforme al artículo 38 del Código Penal, la prisión domiciliaria resulta procedente siempre que el desempeño personal, social, laboral y familiar del sentenciado permita suponer que no colocará en peligro a la comunidad.
En este caso el desempeño laboral de los procesados, se muestra bastante cuestionable pues utilizaron o se ampararon en la función pública a su cargo para realizar las conductas punibles, mismas que denotan gravedad mayor por el impacto negativo en la comunidad y en la administración municipal a su cargo, que en lugar de transitar por sendas transparentes, acordes con la legalidad, la publicidad y los postulados que rigen la función pública (art. 209 C. Pol.) pervirtieron esos principios para desarrollar de consuno y con propósito proclive evidente, todo un procedimiento que conllevó desprestigio para la administración y para los intereses colectivos del municipio, con daño adicional a sus intereses patrimoniales, en la medida que lo abocaron a sostener litigios administrativos signados por el fracaso, dada la causa proterva y el objeto ilícito del procedimiento fiscal de marras.
Esas connotaciones del desempeño laboral de los procesados, tienen relación con su forma de conducirse social y personalmente, pues muestra que son indolentes a los intereses colectivos, que los sacrifican de manera fácil y venal para hacer prevalecer sus personales intereses, que en este caso merced a la mayor intensidad del dolo de su actuar, bien pueden considerarse inconfesables, más aún cuando la pretensión final que intentaron agotar toda costa era hacer ingresar ilícitamente a las cuentas del municipio suma superior a cinco mil seiscientos millones de pesos”.
Como es evidente, aludió a los supuestos que de orden objetivo y subjetivo contempla el precepto 38 en mención, sin que pueda afirmarse que hubiera desbordado los presupuestos en orden a definir la concesión o rechazo de la prisión domiciliaria.
Tampoco el alegato de acuerdo con el cual la incriminada carece de antecedentes, que se afirma omitido, pese a obrar certificación del DAS en dicho sentido, desdice de los fundamentos tomados en consideración por el sentenciador para rechazar la viabilidad de sustituir la pena de prisión y su cumplimiento intramural, por la domiciliaria, visto que se exaltó la condición de servidora pública de la imputada, la protección de intereses colectivos que por tanto estaban bajo su responsabilidad y la traición de los mismos que, a todo cuanto conduce es a reprochar con rigor absoluto y drasticidad su conducta y así a que se entienda por toda la sociedad que los delitos cometidos por esta clase de actores en donde se lesionan intereses de la comunidad representada en instituciones por antonomasia expresión de la representatividad que debe tenerse de los mismos como una alcaldía, no pueden verse favorecidos con medidas intermedias en orden al cumplimiento de la sanción que les ha sido impuesta.
En dicho sentido se ha expresado la doctrina de la Corte, entre otras, en la sentencia 17772 de 2004, en que se observó:
“Exige igualmente la norma que “el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena”, conclusiones que no pueden obtenerse sin estudiar los fines de la pena.
El artículo 4° del Código Penal señala que la pena cumplirá funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado y que la prevención especial y la reinserción operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.
La Corte interpreta que cuando allí se declara que las funciones de prevención especial y reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión (sea esta domiciliaria o carcelaria) no se excluyen las demás funciones como fundamento de la misma pena, sino que impide que sean la prevención especial y la reinserción criterios incidentes en la determinación o individualización de la pena privativa de la libertad.
Significa lo anterior que tanto para imponer, como para ejecutar la prisión domiciliaria en sustitución de la prisión carcelaria deben tenerse en cuenta también las funciones de la pena que tienen que ver con la prevención general y la retribución justa.
Independientemente de las afinidades teóricas que se tengan sobre los conceptos básicos que integran las funciones de la pena, la decisión de política criminal del Estado colombiano en cuanto a los principios y los fines de la pena es la adoptada en los artículos 3 y 4 del Código Penal. Desde esa óptica, la función de “retribución justa” puede abordarse de manera general en dos estadios claramente diferenciados del proceso penal. Como criterio que influye en la determinación judicial de la pena, en cuanto es en tal momento que se define la medida de la retribución y se determina su contenido de justicia, de mano de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y, como función vinculada a la ejecución de la pena que no puede ser dejada de sopesar cuando vaya a enjuiciarse la adopción de providencias que anticipen material y condicionalmente una parte de la privación efectiva de la libertad o la subroguen por un periodo de prueba.
Igual cosa ocurre con la función de “prevención general”, a través de la cual se advierte a la sociedad de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera que incurra en una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve compelido a proteger la sociedad mediante la amenaza a los individuos que la componen. Porque el orden jurídico es un sistema que opera bajo la formula acción – reacción, supuesto – consecuencia jurídica. Ese fin de “prevención general” es igualmente apreciable tanto para la determinación judicial de la pena como para el cumplimiento de la misma, pues se previene no solo por la imposición de la sanción, sino y sobretodo, desde la certeza, la ejemplarización y la motivación negativa que ella genera (efecto disuasivo), así como desde el afianzamiento del orden 2jurídico (fin de prevención general positiva)”.
Estas censuras tampoco son prósperas.
En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Casar parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de dejar sin efectos el numeral cuarto de la sentencia impugnada, para en su lugar abstenerse de condenar a los procesados por concepto de perjuicios.
En lo demás, el fallo se mantiene incólume.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ
AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO E. SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCIA
Secretaria
1 fl.253
2 fl.1 c.2
3 fl. 58 y 95 c.2
4 fl.72 c.2
5 fl.112 y 124 c.2
6 fl.105 c.3
7 fl.114 c.4
8 flo.15 c.7
9 fl.185 c.7