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Proceso n.º 34564
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Aprobado acta Nº 267
Bogotá D.C., veinticinco de agosto de dos mil diez.
La Sala define la competencia para adelantar el juzgamiento de WILFRIDO FONTALVO HERNANDEZ, ISAIT EDUARDO HERNANDEZ MEDRANO, FEDERICO SANTODOMINGO HERRERA Y DEIVIS GABRIEL OLAYA, acusados de hurto agravado y calificado, ante manifestaciones de incompetencia formuladas tanto por el Juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla con Funciones de Conocimiento como del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
Del escrito de acusación se puede extractar que por medio de una transacción bancaria realizada el 28 de mayo de 2009, originada desde la ciudad de Barranquilla, de manera ilícita y superando barreras electrónicas, se trasfirió a varios destinos bancarios (nueve cuentas) la suma de ciento nueve millones de pesos ($ 109.000.000.oo) que estaban en una cuenta de Bancolombia, de la Oficina ubicada en el Centro Comercial Campanario de la ciudad de Popayán, de propiedad del mismo Centro Comercial.
Como consecuencia de la investigación coordinada por la Fiscalía Séptima Seccional Adscrita ante la URI de Barranquilla, se logró la individualización de WILFRIDO FONTALVO HERNANDEZ, ISAIT EDUARDO HERNANDEZ MEDRANO, FEDERICO SANTODOMINGO HERRERA, DEIVIS GABRIEL OLAYA y EMIGDIO CORRO CASTAÑEDA a quienes se les imputó hurto calificado (por haberse cometido superando seguridades electrónicas según lo dispuesto en el artículo 240.4 del Código Penal) con circunstancia de mayor punibilidad (por cuanto fue cometido en coparticipación criminal).
Por tal razón se radicó escrito de acusación ante los juzgados penales del circuito de Barranquilla en atención a la cuantía del ilícito, toda vez que el valor de lo apropiado superaba ampliamente los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Fue así como el proceso llegó al despacho del Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, para que allí se adelantara la etapa de juzgamiento.
La Fiscalía 46 presentó ante el Juzgado de conocimiento un escrito en el que promovía el incidente de definición de competencia, fundamentada en los siguientes argumentos: a) como el delito se consumó en la ciudad de Popayán, es la autoridad judicial de tal distrito judicial la llamada a juzgarlo; y, b) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1273 de 2009 el delito corresponde a la denominación de “hurto por medios informáticos y semejantes”, es un juez penal municipal el que tiene la competencia funcional para su conocimiento, por disposición expresa de la misma ley, que adicionó un numeral al artículo 37 de la Ley 906 de 2004, en tal sentido.
Ya en la audiencia de formulación de acusación, adelantada el 31 de mayo de 2010, el Juzgado de Barranquilla resolvió enviar el proceso al Tribunal Superior de Popayán para que fuera dicha autoridad la que determinara cuál era el juez competente para conocer de los hechos contenidos en el escrito de acusación, Corporación que a su vez reenvió el proceso a esta Sala con el mismo objetivo.
CONSIDERACIONES
La Corte es la llamada a resolver la definición de competencia formulada por el Juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla con Funciones de Conocimiento, de acuerdo con lo normado en los artículos 32 numeral 4º, y 341 de la Ley 906 de 2004.
La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 para precisar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces es el indicado para presidir el juzgamiento de determinado asunto, de acuerdo con los factores que la determinan.
Es claro que este instituto previsto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, responde a la intención del legislador por hacer del trámite de la escogencia del juez llamado a conocer del proceso una actividad expedita, razón por la cual modificó el viejo sistema de la colisión de competencias; mecanismo respecto del cual la Corte precisó1:
“Con la expedición de la Ley 906 de 2004, conocido como el sistema acusatorio, se encuentra una nueva figura en el contexto procesal que propende por la definición del juez natural de conocimiento luego de que se presenta el escrito de acusación.
Esta figura es la “definición de competencia” de que trata el artículo 54 de dicho estatuto de procedimiento penal2
que, dicho sea de paso, difiere de la colisión de competencias de que trataba la Ley 600 de 2000, en la cual el juez que se declaraba incompetente se lo remitía a quien estimara que era el competente, proponiéndole colisión negativa de competencias, para que éste se pronunciara y en caso de que no compartiera el criterio lo enviaran a quien debía resolver el conflicto.
De manera general, acorde con las características del procedimiento penal colombiano señaladas en la Ley 906 de 2004, puede decirse que estableció esta figura con el objeto de que en el trámite judicial se determine de manera célere, ágil, pero especialmente, definitiva, el juez competente para conocer de la fase procesal de juzgamiento, es decir, la que se inicia con la presentación del escrito de acusación.
Igualmente, esa determinación debe entenderse que abarca la fijación del juez que ha de conocer de la preclusión de la investigación de que tratan los artículos 331 y siguientes, pues esta posibilidad de darle término al proceso compete en exclusiva al juez de conocimiento.”
Para efectos de la determinación de competencia, indica el artículo 42 de la Ley 906 de 2004 que el territorio nacional se divide en distritos, circuitos y municipios.
A su turno, el artículo 43 de la misma normatividad, dispone:
“Competencia: Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito.
Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios lugares, o en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.
Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación.
Para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá lo señalado anteriormente. Su escogencia no determinará la del juez de conocimiento.”
Por tanto, en punto de definir cuál es la autoridad competente por el factor territorial para conocer del hurto del que fueron acusados WILFRIDO FONTALVO HERNANDEZ, ISAIT EDUARDO HERNANDEZ MEDRANO, FEDERICO SANTODOMINGO HERRERA Y DEIVIS GABRIEL OLAYA, es pertinente resaltar que la afectación del bien jurídico del patrimonio económico particular, ciertamente se produjo en la ciudad de Popayán, toda vez que fue allí donde se realizó el despojo del dinero objeto del apoderamiento ilícito, sin importar desde dónde se haya originado la maniobra que transfirió el dinero y cuál su destino final.
Es evidente que el Centro Comercial Campanario está ubicado en la ciudad de Popayán y es el propietario de los ciento nueve millones de pesos que fueron a parar a manos de extraños; y que dichos dineros estaban depositados en una cuenta de una entidad bancaria con sede en el mismo centro comercial; y en consecuencia, lógico resulta concluir que fue allí donde se consumó el delito contra el patrimonio económico y por tanto, es en esa capital donde debe adelantarse el juzgamiento de tal conducta.
El desarrollo tecnológico facilitó el vertiginoso avance de las comunicaciones, creando un escenario casi universal, -o global, si se quiere- en el que se puede desplegar un creciente número de actividades, pero también brindando nuevos espacios para el delito, por tal razón el ejercicio de los derechos en los sistemas informáticos, como la propiedad, la intimidad, la información deben ser resguardados y protegidos.
Esa nueva dimensión de la relación entre el tiempo y el espacio que se ha sido determinada a partir de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fue regulada por nuestro legislador a través de la Ley 1273 de 2009, la cual fue promulgada en el Diario Oficial 47.223 de 5 de enero de 2009, que creó en el Código Penal el Título II Bis, dedicado a la “Protección de la información y de los datos”, con dos capítulos, en el primero de los cuales tipificó “los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos”; y en el segundo, “los atentados informáticos y otras infracciones”, en el que se incorporaron, entre otros, los delitos de “hurto por medios informáticos y semejantes” y “Transferencia no consentida de activos”.
Pues bien, dicha normatividad, vigente para la fecha -28 de mayo de 2009- en que de manera ilegal se transfirió una gruesa suma de dinero de propiedad del Centro Comercial Campanario de su cuenta bancaria a nueve cuentas de particulares; adicionó el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, asignando a los jueces penales municipales la competencia para el conocimiento de los delitos contenidos en el Título VII Bis del Código Penal.
Así las cosas, huelga concluir que el llamado a presidir el juzgamiento de tales hechos atribuidos a WILFRIDO FONTALVO HERNANDEZ, ISAIT EDUARDO HERNANDEZ MEDRANO, FEDERICO SANTODOMINGO HERRERA Y DEIVIS GABRIEL OLAYA es un juez penal municipal de la ciudad de Popayán, a donde se enviará el proceso para la correspondiente asignación.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
R E S U E L V E
1. DECLARAR que la competencia para adelantar el juzgamiento correspondiente a esta actuación procesal corresponde a un Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Popayán; por lo que se remitirán las diligencias al Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad para el correspondiente reparto.
2. Envíense copias de esta decisión al Juez Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, para su conocimiento.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese y cúmplase.
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Decisión de 30 de mayo de 2006, radicación 24964.
2 “CAPÍTULO VI Definición de competencia Artículo 54. Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa.”.