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Proceso No 31559
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil nueve (2009).
V I S T O S
De conformidad con los lineamientos consagrados en el artículo 7° de la Ley 1095 del 2 de noviembre 2006, el despacho resuelve la impugnación interpuesta contra la providencia dictada, el 17 de marzo de 2009, por un Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta, mediante la cual negó el amparo de hábeas corpus presentado por el apoderado del señor CARLOS ALFREDO SANDOVAL VILLA, quien se encuentra privado de la libertad.
FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN
Refiere el apoderado del accionante Carlos Alfredo Sandoval Villa que, luego de varias contingencias procesales, la Fiscalía Cuarta Especializada de Santa Marta, el 27 de febrero de 2008, profirió resolución de apertura de instrucción, diligenciamiento dentro del cual su defendido, Sandoval Villa, y Adrián Muñoz Muñoz fueron privados de la libertad el 19 de junio de dicho año.
Afirma que hasta el 16 de marzo de 2009 el sumario no había sido calificado, situación que ha originado una ostensible violación del numeral 4° del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), preceptiva que establece la causal de libertad provisional “cuando vencido el término de 120 días de privación efectiva de la libertad no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Es de resaltar que el término anterior se duplica en tratándose de los procesos correspondientes a la Fiscalía Especializada, significando que en este caso el término para hacerse acreedor a la libertad provisional es de 240 días…”.
Además, asevera que, de conformidad con el artículo 329 ibidem, el término máximo de instrucción es de 24 meses, lapso que, en su criterio, también ha sido superado.
En esas condiciones, concluye que desde que su poderdante fue privado de la libertad, esto es, el 19 de junio de 2008, hasta la fecha, han transcurrido mucho más de “240 días” sin que se haya calificado el mérito de la instrucción, situación que le permite colegir que la causal de liberación provisional hace tiempo se materializó.
Asevera que solicitó la libertad provisional de Carlos Alfredo Sandoval Villa ante el Fiscal Quinto Especializado de Santa Marta, funcionario judicial que conoce del proceso, petición que fue atendida de manera negativa, argumentando que “el suscrito ha dilatado el proceso”, consideración que estima “draconiana” y desconocedora de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en la ley, pues, en su criterio, en manera alguna ha incurrido en dicha dilación y, por el contrario, lo único que ha hecho es ejercer la defensa acudiendo a los instrumentos y recursos legales.
Agrega que contra dicha decisión interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, encontrándose aún pendiente que la segunda instancia desate la alzada, luego de no haber prosperado la reposición.
En síntesis, solicita el actor al juez constitucional la libertad de su representado a través de la acción de hábeas corpus, pues la misma se ha prolongado de manera ilegal.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal Superior de Santa Marta, en providencia del 17 de marzo de 2009, luego de referirse sobre los alcances jurídicos de la acción constitucional de hábeas corpus y teniendo en cuenta la información allegada a este trámite, la cual fue obtenida a través de una inspección judicial realizada al proceso que se adelanta contra Sandoval Villa, concluye que la solicitud elevada por el apoderado del peticionario es improcedente.
En efecto, considera que el amparo pretendido no tiene vocación de éxito a través del habeas corpus, toda vez que la libertad sólo puede ser dispuesta dentro del mismo proceso, ya que es en él donde se debe plantear la petición liberatoria, como así sucedió en este caso, pues la defensa técnica, mediante escrito del 4 de marzo del año en curso, así lo hizo, la que le fue negada por resolución del 5 de marzo siguiente, decisión contra la cual interpuso el recurso de apelación, impugnación que aún se encuentra “sin resolver”.
Recuerda que al interior del proceso se cuenta con medios de defensa como son los recursos ordinarios y extraordinarios, cuya utilización permite la protección de los derechos fundamentales como el de la libertad.
Además, estima que el apoderado del libelista pasó por alto el contenido del artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, el cual prevé que para efectos de la procedencia de la libertad provisional, los términos previstos los numerales 4° y 5° del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal se deben suplicar, situación que aquí encaja, en la medida en que esta actuación se adelanta contra tres procesados contra quienes se encuentra vigente la detención preventiva.
Por consiguiente, refiere que al aplicar el mencionado artículo 15 transitorio, el término “se convierte automáticamente en 360 días de privación efectiva de la libertad, siendo objetivamente improcedente la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos, por cuanto desde la privación de la libertad de SANDOVAL VILLA a la fecha de presentación de la solicitud han trascurrido 270 días”.
En consecuencia, concluye el Tribunal negando la acción de habeas corpus instaurada por el apoderado de Carlos Alfredo Sandoval Villa.
L A I M P U G N A C I Ó N
El accionante, luego de hacer una breve referencia sobre la recusación que presentó contra el funcionario instructor que conoce del proceso, dice que el Tribunal se equivocó al acudir al artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, toda vez que, en su criterio, cuando la norma menciona a tres o más procesados, estos deben estar privados de la libertad, evento que en este asunto no se presenta, ya que son dos los que se encuentran en dicha situación, mientras que la tercera sindicada, señora Adalides Castro, contra quien se dictó detención preventiva, es una persona declarada ausente.
Por ello, después de citar a un doctrinante y de afirmar que el a quo incurrió en una errónea interpretación de la norma, concluye que el citado artículo transitorio no es aplicable en este caso.
A su vez, sostiene que en la providencia apelada se guardó silencio respecto del vencimiento del término máximo de instrucción, siendo claro que los 24 meses que ofrece la ley como duración de la investigación se encuentran superados, ya que no se ha calificado el mérito del sumario.
Reitera que, en este caso, se dan todos los presupuestos legales para que su defendido se haga acreedor a la libertad provisional por razón del vencimiento de los términos establecidos en el numeral 4° del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal.
Por lo expuesto, solicita a la Corte proceda a revocar la decisión impugnada y, en su lugar, decrete la libertad inmediata de Carlos Alfredo Sandoval Villa.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. En primer lugar, cabe precisar que el suscrito Magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la providencia del 17 marzo de 2009, mediante la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta negó la solicitud de hábeas corpus presentada, a través de apoderado, por el ciudadano Carlos Alfredo Sandoval Villa, según así lo dispone el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006.
2. De otra parte, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de hábeas corpus, acción reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
De igual modo, el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4° de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria sobre Estados de Excepción), contempla el hábeas corpus dentro de los derechos intangibles.
Así, entonces, el hábeas corpus es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política y reconocido, además, en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.
En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Cata Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
Ahora bien, el derecho a la libertad, pese a su indiscutible consagración constitucional, no es un derecho absoluto, según se desprende de lo previsto en el citado artículo 28 de la Constitución, pues si bien el hábeas corpus es el medio por excelencia para su protección, como así venía considerándose tradicionalmente por la legislación y la jurisprudencia, la naturaleza ius fundamental de este derecho devela que dicha acción es una garantía no solo del derecho a libertad, sino que igualmente lo es de otros derechos fundamentales de la persona privada de la libertad como son los de la vida y la integridad personal.1
Por ello, el derecho a la libertad no es absoluto, pues este afronta su restricción cuando el ciudadano es objeto de un proceso penal adelantado con base en el respeto del debido proceso y del derecho de defensa también constitucionalmente reglados.
3. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el hábeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:
3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2° y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000) y la captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007).
3.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley para que el servidor público: a) lleve a cabo la actividad a que está obligado (verbo y gracia: escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o b) adopte la decisión correspondiente al caso (por ejemplo: definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras).
4. De otra parte, debe reiterarse que dirigida la acción constitucional a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o su indebida prolongación, es claro que al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales.
En otros términos, como de manera reiterada lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, la procedencia de esta acción se encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad o con su ilícita prolongación haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, se reitera, lo contrario conllevaría a una ingerencia indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce de la causa.
Al respecto la Corte ha dicho:
“Evidentemente la acción de hábeas corpus fue concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en principio demanda el estudio de cualquier situación de hecho que indique la privación de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso indiscriminado, esto es, la pretermisión de las instancias y los mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como la última garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho que le ha sido conculcado.
“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en determinar que la procedencia excepcional de la acción de hábeas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto éste por acudir primariamente a dicha acción desechando los medios ordinarios a través de los cuales es posible reclamar la libertad con fundamento en alguna de las causales contempladas en la ley, aquella resulta inviable”. 2
Sobre el mismo tema, la jurisprudencia de la Sala indicó:
“El núcleo del hábeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de este ámbito y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”.3
De igual manera, respecto del mismo asunto, la Corte volvió a referirse así:
“Cuando la libertad personal, que se considera violada, ha sido afectada en virtud de una decisión judicial dentro de un proceso penal, conforme a criterio de esta Sala, el cual igualmente fue indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-301 de 1993, la acción de Hábeas Corpus se torna improcedente, ateniendo que es el mismo proceso penal el que provee de mecanismos a las partes para restablecer este derecho, entre los que se menciona el control de legalidad, si se trata del procedimiento previsto en la ley 600 de 2000, la interposición de recursos contra la decisión que impone la privación de la libertad o su limitante, e igualmente y cuando de vulneración la debido proceso, la solicitud de nulidad que se invoca ante el Funcionario judicial que adelanta el proceso, en los términos previstos en el artículo 306 y siguientes de la ley aludida, a menos que se incurra en una vía de hecho”.4
A similar conclusión llegó la Corte respecto de los procesos adelantados conforme a la Ley 906 de 2004:
“Acorde con lo expuesto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de Hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.
“Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:
“El núcleo del hábeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de este ámbito y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”5.
“Es que resulta inaceptable la existencia de dos medios judiciales alternativos para controvertir las decisiones que afectan la libertad, cuando tal como se ha venido insistiendo, existen los recursos legales ordinarios que garantizan la protección del derecho fundamental dentro del proceso penal.
“Así lo planteó la Corte Constitucional en la sentencia C-301 de 1993 al estudiar la exequibilidad de la Ley 15 de 1992:
“En suma, los asuntos relativos a la privación judicial de la libertad, tienen relación directa e inmediata con el derecho fundamental al debido proceso y la controversia sobre los mismos debe, en consecuencia, respetar el presupuesto de este derecho que es la existencia de un órgano judicial independiente cuyo discurrir se sujeta necesariamente a procedimientos y recursos a través de los cuales puede revisarse la actuación de los jueces y ponerse término a su arbitrariedad. De este modo no se restringe el hábeas corpus, reconocido igualmente por la Convención Americana de derechos humanos, pues se garantiza el ámbito propio de su actuación: las privaciones no judiciales de la libertad. En lo que atañe a las privaciones judiciales, el derecho al debido proceso, desarrollado a nivel normativo a través de la consagración de diversos recursos legales, asegura que la arbitrariedad judicial pueda ser eficazmente combatida y sojuzgada cuando ella se presente. Lo anterior no excluye la invocación excepcional de la acción de hábeas corpus contra la decisión judicial de privación de la libertad cuando ella configure una típica actuación de hecho”.6
En decisión más reciente, la Corte reiteró:
“(ii) El derecho – acción de habeas corpus es de carácter fundamental y de aplicación inmediata. También el derecho al debido proceso tiene tales características.
“Por tanto, en la tensión entre los referidos derechos fundamentales, se impone reconocer que los procesos judiciales deben ser adelantados con “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, de manera que la referida acción constitucional no puede de ningún modo sustituir o desplazar los mecanismos dispuestos por el legislador al interior de cada trámite.
“(iii) No es viable confundir la naturaleza jurídica de la petición de libertad provisional con el ejercicio de la acción de habeas corpus, pero lo cierto es que, precisamente dentro de la comprensión del derecho fundamental al debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica permiten colegir que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o legales de protección de los derechos, su reclamación debe efectuarse, siempre que ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, todo lo cual dota al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su progresividad y a la vez, proscribe la posibilidad de eventuales decisiones contradictorias de la jurisdicción sobre una misma temática”.7
5. En esas condiciones, teniendo en cuenta la información allegada a este diligenciamiento, no cabe duda que la providencia impugnada y a través de la cual el Tribunal Superior de Santa marta negó la solicitud de hábeas corpus que elevó el apoderado del ciudadano Carlos Alfredo Sandoval Villa, se ajusta a derecho.
En efecto, es indiscutible que el defensor del procesado, fundado en el numeral 4° del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal y al interior del proceso, solicitó la libertad provisional de su defendido, petición que fue negada por la Fiscalía Quinta Especializada de Santa Marta, según providencia del 5 de marzo de 2009, decisión que, por ser adversa a los intereses de la defensa, fue objeto del recurso de apelación.
Siendo ello así, el juez constitucional competente para atender la acción de hábeas corpus no puede inmiscuirse en las específicas funciones que son propias del juez natural del proceso, siendo éste, en primera y segunda instancia, el llamado a resolver la petición de libertad.
Por ello, si la petición de libertad negada en primer grado es, en este momento, objeto de estudio en sede de segunda instancia por virtud del recurso de apelación interpuesto por quien hoy apodera al ciudadano que acudió a la acción constitucional, mal puede ahora y de manera paralela el juez de hábeas corpus resolver el mismo asunto, pues, como se ha indicado, dicha acción excepcional responde al principio de subsidiaridad, en la medida que, como sucede en este caso, los peticionarios cuentan con las alternativas de defensa que la ley prevé para el proceso penal, como son, entre otras, los recursos ordinarios.
De lo anterior se concluye que resulta improcedente acudir a la acción constitucional de hábeas corpus cuando al interior del proceso penal están dados los instrumentos legales previstos para la defensa del derecho a la libertad.
En otros términos, el ejercicio del hábeas corpus sólo permite el examen de los elementos extrínsecos (fuera del proceso) de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos (dentro del proceso) porque éstos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez natural.
De otra parte, observa el Despacho que la resolución del 5 de marzo de 2009, a través de la cual la Fiscalía Quinta Especializada de Santa Marta negó la solicitada libertad provisional del procesado Sandoval Villa, contiene una motivación argumentada, razonada, jurídica y lógica que le permitió concluir que el mérito de la instrucción no se ha podido calificar por causas atribuibles a la defensa técnica, consideraciones de las cuales no se vislumbra un comportamiento caprichoso y arbitrario por parte del funcionario judicial que implique una posible vía de hecho y, por lo mismo, que imponga la necesidad de intervención del juez constitucional.
En fin, advirtiendo que el reclamo realizado por el apoderado del accionante procura discutir un asunto que en la actualidad es objeto de estudio en segunda instancia por virtud del recurso de apelación, se impone concluir que el Tribunal Superior de Santa Marta en su providencia obró acertadamente al negar la acción pública de hábeas corpus, razón por la cual se confirmará integralmente.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
CONFIRMAR la decisión del 17 de marzo de 2009 a través de la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta negó el amparo de hábeas corpus presentado por el apoderado del ciudadano CARLOS ALFREDO SANDOVAL VILLA, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Magistrado
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria
1 Así lo ilustró la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 2006, a través de la cual efectuó el control previo de constitucionalidad de la ley 1095 de 2006.
2 Radicación 28747, sentencia del 15 de noviembre de 2007
3 Radicación 14153, sentencia del 27 de septiembre de 2000. Ver también rad. 27577, auto del 29 de mayo de 2007; rad. 28065, auto del 8 de agosto de 2007; rad. 28142, auto del 15 de agosto de 2007; rad. 28228, auto de 29 de agosto de 2007, entre otros.
4 Rad. 28598, auto del 23 de octubre de 2007.
5 Sentencia de segunda instancia, radicado No. 14153 de septiembre 27 de 2000.
6 Sentencia C-301del 2 de agosto de 1993.
7 Rad. 28993. sentencia del 19 de diciembre de 2007.