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Proceso n° 31448
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Aprobado Acta No. 038.
Bogotá D.C., febrero diez (10) de dos mil diez (2010)
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre las solicitudes presentadas por la defensora del sentenciado MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, y por él mismo, quien ostenta la condición de abogado, orientadas a “corregir el yerro involuntario en que se incurrió” por no haber dispuesto la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal derivada de los delitos de peculado por apropiación en cuantía superior a doscientos salarios mínimos legales mensuales, por los cuales se lo condenó en calidad de determinador.
Al unísono citan el fallo de casación proferido el 29 de julio de 2009 (Rad. 31743), en el cual se dijo:
“Es necesario precisar que los límites punitivos para la conducta de peculado, agravada por la cuantía (artículo 133 del Decreto 100 de 1980 modificado por la Ley 190 de 1995, inciso tercero) van de 6 a 22.5 años. (270 meses), y que de conformidad con el artículo 83 inciso primero de la Ley 599 de 2000, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley… sin que en ningún caso exceda de veinte años”.
“En relación con el interviniente que no reúne las calidades exigidas en el tipo penal, la pena se rebajará en una cuarta parte, luego, los límites punitivos para el caso de MARTÍNEZ DE LA HOZ van de 54 meses a 202.5 meses (16 años, 10 meses, 15 días) por manera que esa última condición afecta los límites de contabilización de la prescripción de la acción penal, de conformidad con el artículo 83 inciso primero”.
“En el evento que la fiscalía lograre interrumpir la prescripción de la acción penal por la ejecutoria de la resolución de acusación, un nuevo término –para el caso del interviniente sin las calidades especiales exigidas en el tipo penal- se contabilizaría por la mitad del término máximo de la pena prevista para la conducta (8 años, 5 meses, 7 días)” (subrayas contenidas en la petición).
Además de la cita anterior, la defensora también sustenta su solicitud en lo dicho por esta Colegiatura en fallo casacional del 3 de diciembre de 2009 (Rad. 32763), para lo cual transcribe el siguiente fragmento:
“Como bien lo señaló el Tribunal, la pena de seis (6) a quince (15) años se debe aumentar hasta en la mitad cuando lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para un total de 22 años y 6 meses de prisión. Si este monto se fija en las tres cuartas partes, por razón de la tentativa, la pena máxima queda en 16 años, 10 meses y 15 días, término que a su vez se reduce a la mitad por disposición del artículo 83, para un total de 8 años, 5 meses y 7 días”.
Con base en lo anterior concluyen, que si el término de prescripción del delito de peculado por apropiación para el determinador es el indicado en precedencia, tal fenómeno extintivo tuvo lugar el 26 de febrero de 2009, motivo por el cual deprecan se profiera la correspondiente cesación de procedimiento.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Sería del caso entrar a conocer sobre las solicitudes de la defensora y el sentenciado MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, de no ser porque se observa que son manifiestamente improcedentes e imponen su rechazo.
En efecto, habida cuenta que los fallos de casación adquieren ejecutoria cuando son suscritos por la Sala (artículo 187 Código de Procedimiento Penal), no es procedente su adición porque esta tiene lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 412 del mencionado ordenamiento dentro del término de ejecutoria, del cual carecen.
Por tanto, si la sentencia proferida en este trámite no cuenta con término de ejecutoria, aunque precise de notificación para efectos de dar cabal cumplimiento al principio de publicidad de las decisiones (sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002), palmario resulta concluir que careciendo de aquella, no hay oportunidad para la adición ni para la reforma solicitada.
Ahora bien, de conformidad con las reglas del artículo 412 de la legislación procesal penal, la adición de la sentencia procede ante omisiones sustanciales en su parte resolutiva, las que no se advierten en este asunto, pues precisamente la temática relacionada con la prescripción de la acción penal de algunos comportamientos por los que aquí se procedía, fue resuelta por esta Sala, junto con la respectiva redosificación punitiva, mediante auto del 1º de abril de 2009, oportunidad en la cual se dispuso la cesación de procedimiento de las conductas de peculado por apropiación en grado de tentativa.
No sobra expresar que la adición del fallo “por omisiones sustanciales en la parte resolutiva”, procede cuando en la motivación se realizó un pronunciamiento sustancial, y no obstante, la consecuencia lógica y concreta de lo decidido no se plasmó en la parte resolutiva, no así, cuando, como en el asunto objeto de estudio, la Sala no adoptó decisión alguna sobre el tema ahora propuesto por los peticionarios, y por tanto, ninguna omisión se advierte en lo resuelto. Lo dicho es así, si se tiene en cuenta que la “adición” no puede conducir a quebrantar el principio de inmutabilidad del fallo por el mismo órgano que lo profirió, y es por ello que con el pretexto de adicionar, no es posible introducir modificación alguna a lo ya definido.
Es claro que si los solicitantes consideran que la acción penal derivada de los delitos de peculado por apropiación en cuantía mayor a doscientos salarios mínimos legales por los cuales se condenó a MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ en condición de determinador se encontraba prescrita para cuando se profirió el fallo de casación, les corresponde así invocarlo acudiendo a la acción de revisión.
Baste finalmente señalar que resulta por lo menos curioso e inapropiado citar el fallo de casación del 29 de julio de 2009 (Rad. 31743), el cual se refiere a la figura del “interviniente que no reúne las calidades exigidas en el tipo penal” (inciso 3º del artículo 30 de la Ley 599 de 2000), no a la del determinador (inciso 1º del artículo 30 ejusdem), por la cual se condenó en este asunto a MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, y cuyo tratamiento punitivo es, desde luego, sustancialmente diverso.
Tampoco es pertinente traer a colación la sentencia de casación del 3 de diciembre de 2009 (Rad. 32763), en la cual se fija el término de prescripción frente a un delito de peculado por apropiación “por razón de la tentativa”, temática que como ya se dijo, fue abordada por esta Colegiatura en auto del 1º de abril de 2009.
Las razones expuestas son suficientes para rechazar por improcedes las peticiones del condenado JIMÉNEZ SÁNCHEZ y de su defensora.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL,
RESUELVE
Rechazar por improcedentes las solicitudes del sentenciado MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ y de su defensora, conforme a las razones atrás consignadas.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase,
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANES YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria