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Proceso No 30008
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta No. 233
Bogotá, D.C., veinte de agosto de dos mil ocho.
V I S T O S
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado PASTOR VILLALOBOS ROMERO contra el fallo de segundo grado del 11 de febrero de 2008, proferido por el Tribunal Superior de Neiva, mediante el cual se confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad condenado al procesado en cita a la pena principal de 28 años de prisión y multa por 5.000 salarios mínimos legales mensuales, como autor del delito de secuestro extorsivo agravado.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
Según se reseñó en el fallo demandado, en horas de la tarde del 19 de marzo de 2003, cuando el señor Agustín Urueña Pascuas se dedicaba a sus labores agrícolas en un lote de terreno ubicado entre las veredas La Víctoria y Potosí, del municipio de Villavieja, Huila, hicieron presencia dos sujetos en moto que se lo llevaron contra su voluntad, con rumbo desconocido. Días después, los familiares de la víctima recibieron un escrito a través del cual se exigía $60.000.000 a cambio de la libertad del secuestrado, dinero que fue efectivamente entregado, permitiendo ello la inmediata liberación del plagiado.
En su denuncia, la víctima del secuestro aseguró estar en condiciones de reconocer a sus plagiarios, y fue así como en diligencia realizada el 12 de noviembre de 2003 reconoció a Bernabé Silvestre Oyola como coautor de su secuestro, personaje éste que al ser capturado y vinculado al proceso, admitió la autoría que se le endilgó, señalando a PASTOR VILLALOBOS ROMERO como el autor intelectual del ilícito.
Después de su infructuosa búsqueda, mediante proveído del 16 de enero de 2006, la Fiscalía declaró persona ausente a VILLALOBOS ROMERO, a quien se le acusó en resolución del 2 de mayo de 2002 como presunto autor del delito de secuestro extorsivo, materializándose su captura el 19 siguiente.
La sentencia de primera instancia, como ya se advirtió, fue dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de la misma ciudad.
LA DEMANDA
El defensor del procesado PASTOR VILLALOBOS ROMERO presenta dos cargos contra la sentencia demandada, cuya fundamentación puede resumirse de la siguiente manera:
Primer cargo. Nulidad
Al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el defensor alega la nulidad de la sentencia porque se violó el principio de investigación integral, dando lugar a la indebida aplicación del artículo 234 ibidem.
En orden a la demostración del cargo, esgrime el censor que del informe de policía que obra al folio 320, se infiere que al momento de su captura PASTOR VILLALOBOS residía en un predio rural de la vereda Santo Domingo, en jurisdicción del municipio de Acevedo, Huila, en completa miseria, situación en la que el ente investigador no ahondó para establecer qué solvencia económica tenía para ese entonces, pues si dirigió la empresa criminal y fue quien se quedó con la mayor parte del botín, según las manifestaciones de Bernabé Silvestre, esa circunstancia debía estar reflejada en su patrimonio, lo cual era necesario clarificar con el fin de establecer la realidad histórica de los hechos.
Sostiene que el recaudo de la prueba favorable y desfavorable al procesado es una obligación del funcionario investigador -en el sistema de la Ley 600 de 2000- y no una mera potestad discrecional, razón por la cual la omisión de averiguar las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia, se convierte en una irregularidad de carácter sustancial que afecta el debido proceso.
En el presente evento, insiste, nunca se recaudó prueba relacionada con la capacidad socio-económica, ni la situación personal, familiar y social de VILLALOBOS, pruebas que habrían cambiado el sentido del fallo.
De tal forma, concluye, se violó por exclusión evidente el artículo 20 de la Ley 600 de 2000, y por aplicación indebida el 234, configurándose así la causal de casación invocada.
Pide, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada, y en su lugar se absuelva a PASTOR VILLALOBOS ROMERO de los cargos que le vinculan.
Segundo cargo
Acusa la sentencia de haber violado indirectamente la ley sustancial, por exclusión evidente del principio universal del in dubio pro reo, contenido en el inciso 2º del artículo 7º del C. de P.P., “en correlación” con el artículo 9º del Código Penal y el artículo 238 de la primera normatividad.
En orden a fundamentar su pretensión, esgrime que a pesar de las falencias probatorias de que adolece el proceso, no se reconoció a favor de su representado el in dubio pro reo, pues era imposible que con el simple señalamiento de Bernabé Silvestre se le “estigmatice” como coautor de la conducta punible, sin tener en cuenta que los restantes involucrados no lo relacionan o vinculan con el hecho. En pleno derecho, agrega, un solo testigo no es prueba de acuerdo con la máxima “Testis unus, testis nullus”.
Sostiene que la certeza como forma de acceder a la verdad objetiva, no es una simple operación subjetiva de eliminación de dudas o el simple convencimiento de la existencia de errores procesales, sino que ella debe surgir de manera natural y ser asimilada por el funcionario a través de los medios de prueba.
Después de citar el concepto de un tratadista sobre la certeza, señala que el convencimiento en este caso surgió de un medio material probatorio sin verificar y con probabilidad de duda.
Hace algunas disertaciones sobre el in dubio pro reo y concluye señalando que de no haberse incurrido en el error denunciado, se habría absuelto a PASTOR VILLALOBOS ROMERO.
Pide, en consecuencia, que se case el fallo impugnado, y en su lugar se absuelva a su defendido por insuficiencia probatoria que conduce a la duda que debe resolverse a su favor.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primer cargo. Nulidad
El artículo 20 de la ley 600 de 2000, que regula este asunto, en punto del principio de investigación integral contiene la siguiente previsión:
“Investigación integral. El funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado.”
De tal precepto ha derivado la jurisprudencia de la Sala, que la garantía procesal de la investigación integral impone al funcionario judicial, entre otras, la obligación de ordenar y practicar las pruebas que se ofrezcan indispensables en orden a verificar las citas y las afirmaciones que en ejercicio de su derecho material de defensa realice el sindicado a través de sus intervenciones procesales, desde luego siempre que las mismas se ofrezcan conducentes y pertinentes a los fines de la defensa y de la investigación y su práctica resulte razonable en términos de su allegamiento y posterior cotejo.
Por lo tanto, cuando a la luz de la sistemática procesal de la Ley 600 de 2000, se propone en casación la causal de nulidad por quebranto del principio de investigación integral, el censor debe tener en claro que no es suficiente la indicación de los elementos probatorios que se dejaron de allegar a la actuación, así como su fuente, sino señalar que eran necesarias, conducentes y pertinentes, con el ejercicio adicional de confrontar lógicamente su hipotético contenido a las pruebas que fueron valoradas por los juzgadores como sustento de la decisión atacada, para demostrar de esa forma que de haber sido recopiladas la sentencia habría sido favorable al procesado.
Es decir, por virtud del principio de trascendencia, se debe acreditar que la prueba o pruebas echadas de menos al ser confrontadas con aquellas que sirvieron de fundamento o pilar para edificar el fallo atacado, tienen aptitud suficiente para variar la declaración de justicia allí contenida y, por tanto, la única forma de subsanar el yerro advertido es a través de la invalidación de la actuación surtida, desde el momento procesal que permita la aducción del medio o medios de prueba omitidos y su ulterior ponderación en la decisión de fondo.
En torno a la trascendencia del vicio denunciado, tiene definido la Sala que:
“…ésta no deriva de la prueba en sí misma considerada, sino de la confrontación lógica de las que sí fueron tenidas en cuenta por el sentenciador como soporte del fallo, para a partir de su contraste evidenciar que las extrañadas, de haberse practicado, derrumbarían la decisión, erigiéndose entonces como único remedio procesal la invalidación de la actuación censurada a fin de que esos elementos que se echan de menos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso”.1
En el presente evento, el censor se duele de que no se haya verificado la situación económica del procesado, pero no especifica con exactitud qué pruebas habrían conducido a ese fin, ni qué vocación demostrativa tendrían ellas al confrontárseles con la valoración que los juzgadores hicieron del conjunto probatorio en que se sustenta la condena, para señalar que no podría sostenerse.
Apenas se limita a sostener que si PASTOR VILLALOBOS ROMERO dirigió la empresa criminal que ejecutó el secuestro y fue quien posteriormente se quedó con la mayor parte del botín, esa situación debía estar reflejada en su patrimonio, pero, ello no acredita la relación de causa-efecto entre el hecho que no se indagó y el sentido del fallo, porque la demostración de esa circunstancia no tiene la contundencia suficiente para desacreditar la prueba que lo señala como autor intelectual del secuestro juzgado, en la medida en que no es un regla irrefutable que las ganancias obtenidas de actividades ilícitas se vean reflejadas en el patrimonio del autor, cuando, por el contrario, en la mayoría de los casos se busca ocultar el producto del ilícito.
De otro lado, debe recordarse que un proceso mixto, con tendencia acusatoria, como el regulado en la Ley 600 de 2000, demanda la intervención de las partes, y en ese orden de ideas, si la defensa consideraba que la prueba sobre la situación socio-económica del procesado era relevante, debió solicitarla en curso de la investigación. Y si en dicho estadio procesal no lo hizo, aún quedaba la audiencia preparatoria como un escenario adicional para su solicitud.
De allí entonces que no puede discutirse ahora la propia omisión, como quiera que la investigación integral no implica un absoluto recaudo probatorio oficioso, sino que, como lo ha dicho la Sala, en el propósito de materializar el derecho a la igualdad, investigando tanto lo favorable como lo desfavorable, juega importante papel la labor defensiva.
Así las cosas, no acreditada la existencia de vicio alguno, el cargo no puede ser admitido.
Segundo cargo
Reiteradamente ha sostenido la Sala que cuando el recurrente plantea la violación indirecta de la ley sustancial por desconocimiento del principio in dubio pro reo, no basta afirmar que la prueba es insuficiente para condenar, sino que es necesario demostrar que los juzgadores, en la apreciación que hicieron de ella, incurrieron en errores de hecho por falsos juicios de existencia, falsos juicios de identidad o falso raciocinio; o de derecho por falsos juicios de legalidad o convicción, y que estos desaciertos los llevaron a declarar que existía certeza de la responsabilidad del procesado en el delito, sin estar aquélla acreditada.
El demandante no asume esa tarea, sino que evitando contrastar los argumentos expuestos en la sentencia, desde su propia perspectiva de valoración, se orienta a cuestionar que la condena se sustentó en el único testimonio de Bernabé Silvestre, olvidando que por la vía del método de la sana crítica, así se tratara de un testimonio único, la jurisprudencia de la Sala tiene dicho que esa circunstancia no constituye razón suficiente para descartarlo, pues si se trata de un medio de prueba libre de vicios y coherente, que ofrece mérito al examinarlo bajo los postulados de la sana crítica, nada se opone para que tenga carácter conclusivo:
“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos o deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta purificación. El legislador, y también la doctrina, han abandonado aquello de tesis unus, tesis nullus. La declaración del ofendido tampoco tiene un definitivo y apriorístico demérito. Si así fuera, la sana crítica del testimonio, que por la variada ciencia que incorpora a la misma y mediante la cual es dable deducir cuándo se miente y cuándo se dice la verdad, tendría validez pero siempre y cuando no se tratase de persona interesada o en solitario. Estos son circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivos de recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en el estudio de declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al principio de tenerse en menor estima y de no alcanzar el beneficio de ser apoyo de un fallo de condena”. 2
El demandante no enfrenta la valoración que sobre el testimonio del mencionado Bernabé Silvestre asumió el fallador, de manera que no concreta un ataque contra la sentencia, porque nada hace por identificar el error en que pudo incurrir el juzgador al conceder el valor probatorio que cuestiona en su demanda.
Así las cosas, ante los insalvables defectos de fundamentación que la Corte no puede enmendar por virtud del principio de limitación que gobierna la casación, se inadmitirá la demanda, advirtiendo que no se observa a simple vista violación a garantía fundamental alguna que en virtud del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal conduzca a la Sala a actuar oficiosamente.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
R E S U E L V E
Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor del procesado PASTOR VILLALOBOS ROMERO, por las razones expuestas en la anterior motivación.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Auto marzo 12 de 2001, rad. 16.463.
2 Fallo de casación del 16 de febrero de 2005, radicado No. 22.163